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Con una invitación a dejar los prejuicios atrás y acoger a aquellos, que han tenido que dejarlo todo para salvar su vida y encontrar por un espacio seguro para su familia, el SJM busca que Chile se abra a la inclusión y la interculturalidad; además la organización busca reunir 1.000 nuevos socias y socios para financiar sus labores en cuatro sedes.

Este miércoles 20 de octubre el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanza a nivel nacional su campaña comunicacional 2021 #CambiemosLaMirada, centrada en la sensibilización frente a las personas migrantes y su realidad. Se trata de una invitación a todos quienes habitan Chile a dejar atrás los prejuicios y acoger a las personas migrantes. “Invitamos a ponerse en el lugar del otro, a pensar que las personas que migran, no lo hacen por gusto, sino por circunstancias extremas en sus países que los obligan a dejarlo todo. Ellos tienen las mismas necesidades, sueños de una vida mejor, que tú o yo podemos tener”, explica Waleska Ureta, Directora Nacional del SJM. 

Waleska es uno de los rostros de las gráficas de la campaña  que se pondrá ver en pantallas callejeras de Santiago, estaciones de Metro, insertos de prensa, prensa y serán acompañados también por frases radiales y un spot de TV.  La líder de SJM, junto a otros miembros del equipo profesional e incluso varios familiares de diversas edades, quisieron encarnar a través de sus caras, miradas, gestos negativos y ¿por qué no decirlo? de rechazo, que toca ver muchas veces cuando se habla de migración con amigos o incluso en reuniones familiares.

Para la Directora Nacional, “la actual situación de crisis humanitaria asociada a la migración y que ha dejado como saldo reciente manifestaciones violentas en contra de las personas migrantes, puso de manifiesto, aún más si cabe, la urgencia de difundir herramientas de sensibilización frente a una realidad que llegó a Chile para quedarse y donde tenemos que cambiar la mirada. Las personas migrantes que llegan a Chile buscan desesperadamente apoyo, orientación y una mano amiga para insertarse. Como SJM queremos aportar a cambiar la mirada de la sociedad chilena hacia la migración. Con la campaña Cambiemos la Mirada, invitamos a  dejar de lado los prejuicios errados sobre los y las migrantes que buscan en Chile un nuevo horizonte”. 

Esta campaña surge de una importante alianza entre SJM y CMPC, con la colaboración de la Agencia Empathia, junto a TVN como media partner. Igualmente agradecemos la colaboración del consorcio radial Ibero Americana Radio Chile (IARC) y de Publimetro.

Mil nuevos socios 

La labor que SJM realiza en sus sedes de Arica, Iquique, Antofagasta y Santiago en programas y proyectos que van desde la entrega de ayuda humanitaria, sensibilización en escuelas, instituciones públicas y empresas; representación jurídica atención y orientación social; clases de español para migrantes no hablantes del idioma o la aplicación de orientación sobre derechos, #MigrApp, se financian mayoritariamente con donaciones. 

La Directora Nacional de SJM subraya que “una meta fundamental para nosotros con esta campaña es reunir 1.000 socias y socios nuevos a fin de financiar nuestros programas y las diversas fórmulas de apoyo que entregamos a personas migrantes y también a aquellas persona que han logrado acceder a ser refugiadas.  Invitamos finalmente  a las personas a entrar a www.cambiemoslamirada.cl y hacerse socios con 1.000, 2.000, 5.000 u otro monto mensual que quieran aportar. Se trata de un gran aporte para la construcción de un Chile más rico, inclusivo e intercultural”. 

Desde CMPC, el Gerente de Asuntos Corporativos, Guillermo Turner explicó la importancia de integrar esta campaña. “Estamos presentes en 11 países a lo largo del mundo, y el intercambio de conocimientos, experiencias y talentos es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo junto a otros. La multiculturalidad es enriquecedora. Actualmente más de 400 colaboradores de CMPC son migrantes y cada año se suman más. Por eso, parte fundamental de nuestra cultura está centrada en el valor del respeto y el cuidado de las personas, sin importar nacionalidad, origen o religión, sustentado en nuestra Política de Diversidad e Inclusión. Promover espacios para la comunicación, encuentro e intercambio entre todos quienes conformamos CMPC es parte de nuestra fibra”.

En conversación con CNN Chile, el director de Estudios e Incidencia del SJM se refirió al aumento de la pobreza entre la población migrante durante 2020. “Tiene que ver con la menor entrega de ayudas estatales a estas personas”, sostuvo.

La encuesta Casen publicada en julio de este año reveló un aumento de la pobreza entre los habitantes de Chile durante 2020. Los factores que desencadenaron este incremento fueron la pandemia y la crisis socioeconómica que acompañó parte de ese período.

Uno de los grupos analizados experimentó un deterioro aún más radical en sus ingresos. “Los chilenos aumentaron los índices de pobreza de un 8% a un 10%, pero en la población migrante fue de un 10% a un 17%”, explicó Carlos Figueroa, director de Estudios e Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

A partir de los datos de la encuesta Casen, el SJM elaboró el estudio Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante, el cual profundiza en la caracterización de este segmento y las posibles causas de su difícil situación.

En conversación con CNN Chile, Figueroa sostuvo que el aumento de la pobreza en la población migrante “tiene que ver con la menor entrega de ayudas estatales a estas personas”. “Las condiciones de apoyos institucionales son menos ventajosas para ellos que para los chilenos”.

“Otras razones tienen que ver con la situación vivida en la zona norte, donde la pobreza de la población migrante es mucho mayor que la de la población chilena, llegando casi un 37%. Eso requiere una atención especial, porque es evidente que no solo tiene que ver con el acceso a trabajos formales”,

La situación de niños, niñas y adolescentes

Entre los migrantes, un grupo se encuentra entre los más castigados por la falta de ingresos: los niños, niñas y adolescentes. “Uno de cada cuatro vive en situación de pobreza, lo cual es mucho más que los niños chilenos, y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad”, afirmó Figueroa.

“Una situación de mayor vulnerabilidad afecta el desarrollo psicomotor de una manera que no lo hace cuando uno está en la adultez. Es de particular atención esta situación, ya que la extrema vulneración de derechos que produce esta pobreza requiere políticas públicas específicas”.

Situación migrante en el contexto político

Este año comenzó a regir la nueva Ley de Migración y Extranjería como respuesta a la llegada masiva de personas al país durante la última década. A ello se suma la campaña presidencial, donde la situación migrante ha sido objeto de intensos debates y polémicas.

Para el director de Estudios e Incidencia del SJM, su nuevo estudio “es importante porque entrega evidencias”. “Algunos candidatos presidenciales no se basan en la evidencia para hablar de políticas migratorias y eso es lamentable porque, sin evidencia, es muy fácil generar políticas que no sirvan”.

“La evidencia que genera este tipo de análisis permite abordar mejor los problemas sociales y, al mismo tiempo, es un llamado de atención para que los candidatos se enfoquen en políticas migratorias que efectivamente puedan servir (…) y estén basadas en estudios e información científica”, finalizó.

Ver la entrevista completa:

Fuente: CNN Chile.

Convencionales y académicos que han estudiado la materia entregan sus miradas sobre cómo tratar la migración en la Constitución. El tema deberá ser discutido en la comisión sobre Derechos Fundamentales según la lista de tópicos a tratar aprobada por el pleno.

Más de cinco mil kilómetros separan Caracas del paso fronterizo de Colchane en la Región de Tarapacá. La crisis política en Venezuela ha generado que 457 mil migrantes venezolanos llegaran a Chile hasta diciembre del 2020. Pero no son los únicos. Los datos entregados hasta esa fecha por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que hay 1.462.103 migrantes en el país, de los cuales el 30,7% provienen de Venezuela, el 16,3% de Perú y 12,5% de Haití.

Así, los migrantes en Chile representan el 7,3% de la población nacional —en países OCDE el promedio es de 9,8%—, mientras que en 2010 era solo un 1,8% (estimaciones DEM). Es por ello que hay quienes plantean la necesidad de abordar el tema en la Constitución.

Los conceptos ‘migración’ o ‘migrantes’ aparecen en los programas de 55 de los 155 convencionales electos, aunque con distintas miradas, según los documentos disponibles en el Servicio Electoral.

Por ejemplo, quienes postularon por Evópoli establecieron que ‘nos parece central incorporar mecanismos que fomenten la participación de grupos vulnerables, migrantes y otros que habitualmente no son considerados por contar con un bajo nivel de organización’.

En el caso del Partido Socialista, sus candidatos proponían ‘reconocer la existencia de grupos o colectivos históricamente excluidos, oprimidos o discriminados (personas en situación de discapacidad, migrantes, LGTB+, entre otros) estableciendo el deber de los órganos del Estado de adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de quienes los integran en condiciones de igualdad real y efectiva’.

Pero desde esas propuestas a la actualidad, la situación ha cambiado y las protestas en Iquique hace unas semanas lo dejaron de manifiesto. En este contexto, el pleno de la Convención aprobó que ‘migrantes’ sea uno de los temas que deberá abordar la comisión sobre Derechos Fundamentales.

Según la Organización Internacional para la Migración (OIM), se entiende por migración ‘el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales’.

La convencional Carolina Videla (PC) plantea que este ‘es un tema ineludible y urgente. Creemos fielmente en el derecho a migrar, en la movilidad humana, y en los derechos para todos quienes habitan en el territorio; por lo tanto, desde esa base es como vamos a abrir la discusión’.

Una visión distinta tiene Pablo Toloza (UDI): ‘Como principio general, la migración tiene que ser regulada y ordenada, lo que debe establecerse en el ordenamiento jurídico y no creo que sea la Constitución el lugar donde se tenga que regular’.

En tanto, Álvaro Jofré (RN) sí cree que es un tema al cual la Convención ‘tendrá que referirse. Yo voy por ese término de que tiene que ser una migración ordenada y segura, y va a ser un tema nuestro, de los convencionales del norte, de traspasar toda esta información’. No obstante, advierte que ‘no todas las cosas, por más que no se cumplan el día de hoy, tienen que llevarse a rango constitucional’.

Benito Baranda (INN) enfatiza que ‘la realidad de Chile en torno a la migración ha cambiado durante los últimos años. Hay que pasar el derecho al asilo dentro de la Constitución y tener claridad sobre lo que vamos a definir por ciudadanía’.

Por su parte, María José Oyarzún (RD) dice que es ‘importante asegurar el derecho de las personas para ingresar y poder establecerse, cumpliendo todos los requisitos legales y estándares que tenemos en materia de derecho internacional’ y añade que ‘lo fundamental es que hay que asegurar los derechos de las personas migrantes en condiciones de igualdad’.

En otros países, han abordado el tema de distintas maneras. En Argentina, por ejemplo, se establece en su artículo 20 que ‘los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos’. En el caso de México, el capítulo III de la Constitución se refiere a los extranjeros exclusivamente y señala que ‘gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución’ y que se podrá ‘expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley’.

Por su parte, la Constitución colombiana explicita que ‘disfrutarán de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles’.

Propuestas

Hace un mes, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, recibió el documento ‘Constitución y Pobreza’, elaborado por nueve instituciones de la sociedad civil y que entrega propuestas sobre población excluida. Uno de los temas desarrollados es la migración, de la cual se plantea que es necesario explicitar elementos básicos, como por ejemplo, que no existen ‘personas ilegales’.

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del Servicio jesuita a Migrantes —organización que elaboró ese apartado del documento— señala que ‘hay aspectos que debiesen potenciarse en la nueva Constitución’, como es el caso de las personas apátridas. Esto, porque en la actual Carta Magna se establece en el artículo 10 que son chilenos ‘los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes’.

Figueroa explica que ‘si bien es una figura que pretende excluir a quienes están de paso por el país y han tenido hijos, en la práctica se ha utilizado de manera errónea, haciéndola extensiva a niños, niñas y adolescentes que nacen dentro del territorio, pero que son hijos de personas migrantes en situaciones irregulares’.

Tomás Pascual, abogado, académico de la U. Alberto Hurtado e integrante de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, elaboró una propuesta en la que plantea, entre otras cosas, que se debe consagrar el principio de igualdad y no discriminación ‘que abarque una perspectiva para el contexto de movilidad humana’, para así ‘impedir un tratamiento desigual con base exclusiva en el origen nacional’. Agrega que también se debiese incorporar el principio de no devolución ‘como un derecho fundamental’.

Dicho principio está recogido en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica en 1969, y explicita que ‘en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas’.

Por su parte, el abogado constitucionalista de la U. Diego Portales Jaime Gajardo señala que la nueva Carta Fundamental ‘debiera partir con aspectos que ya están regulados en la Constitución y que han sido un avance para los derechos de todas las personas, más allá de su estatus migratorio’. Ejemplo de ello, dice, es el sufragio activo de las personas extranjeras (artículo 14) y la manera de reglamentar los derechos fundamentales para todas las personas (artículo 19), pero que debiesen precisar algunos elementos.

Gajardo añade que se ‘debería regular las especificidades relativas al debido proceso con el que deben contar las personas migrantes, independiente del estatus migratorio; como la posibilidad de acceder a un intérprete, de que puedan tener contacto consular, y permitir un debido proceso tanto administrativo como judicial’.

Fuente: El Mercurio

GOBIERNO. Desde ONGs reconocen el aporte de medidas anunciadas, pero sostienen que se requieren soluciones de fondo a la crisis migratoria.

La crisis humanitaria en la frontera norte del país, causada por el masivo ingreso de migrantes -principalmente venezolanos- por pasos no habilitados, llevó al Gobierno a anunciar esta semana una serie de medidas para afrontar esta contingencia. La determinación del Ejecutivo surge tras las jornadas de protestas contra la migración en lquique, que incluyó la quema de pertenencias de ciudadanos extranjeros en espacios públicos, hechos condenados a nivel nacional e internacional.

Según afirmó la ministra de Desarrollo y Familia, Karla Rubilar, el miércoles en Antofagasta, las medidas adoptadas consideran la implementación de un Centro de Primera Estadía para familias migrantes en el sector sur de la comuna, el reforzamiento del programa Ruta Calle para brindar asistencia a migrantes en condición de alta vulnerabilidad, además de sistemas de apoyo de alojamiento y traslados para migrantes en Tocopilla, entre otras medidas.

Una labor que surge como un desafío, considerando que actualmente en la ciudad solo existe un improvisado albergue para unas 20 familias migrantes, que opera en una capilla del Arzobispado de Antofagasta próxima al terminal de buses, según comentan desde la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) en Antofagasta.

Patricio Martínez, seremi de Desarrollo Social en la región, detalló que el Centro de Primera Estadía que se habilitará en horario diurno en la zona centro sur de la ciudad estará a cargo de una fundación sin fines de lucro. “Existe el lugar en la zona sin. de Antofagasta donde podemos implementarlo a la brevedad. Estamos esperando el trámite administrativo para la reasignación de recursos. La idea es que se puedan asistir a unas 30 familias con sus hijos, para luego reconducirlos a las zonas donde se dirigen y se encuentran sus familias”, dijo.

“Estamos hablando de una crisis en que hemos detectado que las personas que llegan a Antofagasta están en tránsito. En ese contexto, tienen unos tres días de estadía en la región con el fin de lograr la reunificación familiar.

Nuestro objetivo es que en esas 72 horas, en promedio que permanecen en la región, como en el caso de la comuna de Antofagasta y Tocopilla, los niños, niñas y adolescentes puedan tener un lugar donde pernoctar, para que no estén durmiendo en la calle y puedan contar con baños. La gran mayoría de los migrantes que llegan a la región quieren seguir su viaje, pero tienen que cumplir con la toma de PCR y conseguir pasajes. Algunos tienen dificultades económicas, y cuando ocurra aquellos también los queremos apoyar con buses con características humanitarias para que continúen hacia sus destinos”, agregó Martínez.

PROBLEMA DE FONDO

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, las personas en situación de calle a nivel país pasaron de 13.391 en mayo de 2018 a 16.572 en marzo pasado. Un registro en el que la Región de Antofagasta aumentó de 706 a 726, en el mismo período. No obstante, desde organizaciones sociales vinculadas a labor de apoyo a personas en situación de calle, comentan que estas cifras habrían registrado un fuerte aumento tras el estallido social y la pandemia.

Para Hugo Altamirano, coordinador de FASIC en Antofagasta, la ayuda humanitaria anunciada por el Gobierno resulta valiosa, aunque reconoce como tardía ante la actual crisis migratoria. “Lo que se necesita con urgencia es que lo que proponga se realice, porque se han propuesto muchas medidas de contención, pero pasan por un montón de evaluaciones, que son lentas, porque se requiere que se firme un documento, luego que este baje, y un montón de cosas que hacen que esto se ralentice. Se requiere una acción rápida, porque las propuestas están bien hechas, pero son lentas y la migración está en camino”, dijo.

“Las medidas son humanas, pero un profesor, un arquitecto un ingeniero (migran-tes) quieren una oportunidad en el país, no un voucher para estar alojando un rato en un hotel y para que luego lo estén expulsando. Es más de raíz y de fondo esta emergencia”, agrega Altamirano.

Previo al anuncio del gobierno, organizaciones sociales y entidades como el FASIC, Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Cruz Roja, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Servicio jesuita a Migrantes (SJM), entre otras, coordinaron respuestas de carácter humanitario para la caravana de migrantes que avanza por la región.

SOLUCIONES ESPECIALES

Fernando Guzmán, director del SJM en Antofagasta, considera que las medidas de asistencia humanitaria adoptadas por el gobierno surgían como necesidades urgentes.

“Esperamos que este tipo de soluciones sean permanentes mientras se resuelven temas más estructurales, que pueden ser las coordinaciones a nivel de Estado. Porque estamos viviendo una situación muy compleja en América Latina y no puede estar cada país enfocándose en reforzar fronteras y abordar esta situación únicamente con perspectiva de seguridad del Estado. Sin duda, se requiere que se brinden soluciones para grupos que requieren una solución especial, como niños y niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que están en situación de calle en la Región de Antofagasta. Eran urgentes estas medidas y nos alegramos que se estén tomando finalmente”, sostuvo.

“Hemos estado haciendo monitoreo en el terminal de buses y lo que hemos visto es un cambio y dinamismo en los flujos migratorios. Antes quien migraba era un integrante de la familia, pero ahora hemos observado que son personas de distintas nacionalidades, mayoritariamente venezolanos, que viajan en grupos familiares. La situación es más compleja, porque están cruzando muchas personas por pasos no habilitados y poniendo en grave riesgo su propia seguridad. Esto nos dice mucho sobre el nivel de urgencia y desesperación que deben tener estas familias”, agrega Guzmán.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

·     A partir de datos de la Encuesta Casen 2020, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanzó el estudio “Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante”.

·   Entre el 2017 y el 2020 la pobreza en Chile afectó más a las personas migrantes, alcanzando a un 17% de dicha población en el 2020, sin embargo, entre ellos hay tres grupos aún más castigados: mujeres; niños, niñas y adolescentes; y quienes viven en la zona norte del país. El estudio profundiza en la caracterización de ese segmento y sus posibles causas.

La Encuesta Casen publicada en julio de 2021 apuntó el aumento de pobreza en general para la población que vive en Chile en el 2020, y los factores de este incremento se relacionaron con la Pandemia por Covid-19 y la crisis social y económica que acompañaba parte de ese período. Sin embargo, hay un grupo -dentro de los estudiados- que sufrió un deterioro aún más radical en sus ingresos: las y los migrantes.

El estudio “Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante”, elaborado por el Área de Estudios del Servicio Jesuita a Migrates a partir de los datos de la Encuesta Casen, profundiza en la caracterización de este segmento y las posibles causas de su compleja situación, alertando que entre ellos, hay grupos todavía más castigados por la pobreza entre los migrantes: mujeres, niños, niñas y adolescentes y quienes viven en la zona norte del país.

De la población migrante en situación de pobreza, están más afectados quienes se encuentran en la zona del norte grande del país (Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) donde la tasa de pobreza de los extranjeros alcanza el 28% y la de informalidad laboral llega a un 35%.

También se detectaron índices que exponen una brecha de género en  la población migrante:  Las mujeres tienen menor participación en el mercado laboral, puesto que un 78% de los hombres extranjeros posee empleo, mientras que esto es de un 60% en las mujeres. Además es mayor el porcentaje de mujeres ocupadas en empleos informales (25%) en relación a los hombres (22%). “Es relevante destacar que las mujeres en ambos grupos (chilenos y migrantes) tienen mayores porcentajes de ocupación informal que los hombres, existiendo también acá una brecha de género, donde las mujeres estarían ingresando a trabajos más precarios y con menor seguridad social”, dice el Informe en su página 12.

A ello podemos añadir que la pobreza en general afecta más a niños, niñas y adolescentes (NNA) nacidos fuera de Chile, donde un 26%, es decir, uno de cada cuatro, se encontraba en situación de pobreza en el 2020. El informe también señala que el 15% de los NNA nacidos en Chile está bajo la línea de pobreza, pero dentro de este grupo, cuando un NNA que nace en el país tiene al menos uno de los padres migrante, la cifra es de 22% debajo de la línea de pobreza. 

“Principal atención requieren los niños, niñas y adolescentes migrantes, donde además muchos y muchas, según pudimos ver en nuestro trabajo cotidiano, tuvieron problemas para acceder a educación por falta de dispositivos tecnológicos idóneos para la educación online durante la pandemia. Estar atentos también a la necesidad de regularización migratoria en dicho grupo y sus familias, cuidando que algunas medidas migratorias puedan afectar el interés superior del niño. Este es un problema que debemos resolver los adultos rápidamente”, señaló Carlos Figueroa, Director de Incidencia Pública y Estudios del SJM

Las causas 

El estudio “Casen y Migración: Una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante” encontró que el mayor aumento de las tasas de pobreza en la población migrante frente a la población chilena, entre 2017 y 2020, no se debe a un tema de inserción ni de formalidad laboral, como tampoco a las características del patrón migratorio actual (que lleva pocos años de asentamiento en Chile). Lo que más explica este incremento es una carencia en el acceso a seguridad social, como también por la situación que viven las personas migrantes en la zona del Norte Grande del país, donde habita un no menor 14% de la población extranjera y se ubica un 11% de la fuerza laboral extranjera.

En relación a lo anterior, este estudio señala como la causa más significativa para este mayor efecto en la población migrante la menor presencia de apoyo monetario estatal durante la pandemia. En dicha línea, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), uno de los apoyos más relevantes durante la pandemia, que fue recibido en menor medida en hogares migrantes (22%) que en chilenos (32%), lo cual se replica, con diferencias significativas, en los distintos deciles de ingreso. Entonces, señala el trabajo de SJM, el mayor aumento de la pobreza en la población migrante que en la nacional entre el 2017 y el 2020, más que a un tema de inserción y formalidad laboral, o de las características del patrón migratorio actual, se debe a una menor presencia de redes de apoyo institucionales.

“Si la falta de redes de apoyo institucional es un factor en la profundización de la pobreza de la población migrante, a nuestro juicio cobra aún mayor importancia los esfuerzos de regularización de los personas migrantes, como también en la existencia de canales formales que los guíen en el acceso a derechos como salud, vivienda y educación. También es imperante ver la migración desde una perspectiva regional, donde ningún país por separado puede abordar este fenómeno social”, sentencia Carlos Figueroa, Director de Incidencia Pública y Estudios del SJM.

Descarga aquí el Estudio completo, incluyendo resumen ejecutivo de dos páginas, ubicado al inicio. 

Los nacionales en situación de pobreza aumentaron un 2% en un periodo de tres años, mientras que los extranjeros en estas condiciones subieron casi un 7%. Según un informe del Servicio jesuita Migrantes que profundiza estas cifras, se debe a un menor acceso a la seguridad en el último tiempo.

Desde la encuesta Casen 2017 que son más los inmigrantes en situación de pobreza que los chilenos, y con el tiempo esto se intensificó. Según el índice de pobreza por ingreso total en ese año, un 10,4% de los extranjeros residentes en Chile estaban en estas circunstancias y el 2020 este número aumentó a 17%. Mientras que en la población local durante el mismo periodo pasó de 8,4% a 10,4%.

El informe “Casen y migración: una caracterización de la pobreza, el trabajo y la seguridad social en la población migrante”, hecho por el Servicio jesuita Migrantes (SJM) a partir de los datos de la encuesta Casen, analiza las razones detrás del aumento.

Pablo Roessler, responsable de estudios de SJM, afirma que “dentro de las razones que fuimos observando esto se debe a un tema de redes de apoyo. Por ejemplo, uno de los apoyos fundamentales que hubo el año pasado para sortear la pandemia fue el IFE y lo recibieron en menor medida los inmigrantes”

Los grupos más perjudicados

Según el estudio, el Ingreso Familiar de Emergencia fue recibido en menor medida en el caso de las familias inmigrantes, pues solo un 22% de ellas lo obtuvieron. Mientras que los beneficiados con nacionalidad chilena representan un 32%.

Roessler atribuye esta falta de apoyo estatal como la ayuda económica anterior a un problema de desinformación y a uno administrativo: “Las personas pueden no saber cómo hacerlo o no saber que existe y esto se intensifica cuando hay brecha idiomática, como la población no hispanohablante. Por otro lado, las personas que están de forma irregular y no han podido regularizar su situación quedan fuera de estos beneficios”.

La investigación descarta otras causas, como la inserción laboral o la informalidad, porque en estas áreas tienen mejores indicadores que la población local. Por ejemplo, el número de extranjeros en trabajos informales corresponde a un 24%, mientras que en el caso de los chilenos esta cifra asciende a un 28%. Tampoco se puede atribuir al patrón migratorio actual, pues su tiempo aquí no influye en los indicadores.

Según el estudio, de la población inmigrante los grupos más afectados son el de niños y adolescentes, y el de las mujeres, de acuerdo a sus tasas de pobreza y a su inserción sociolaboral durante el 2020.

Los menores de 18 años que llegan a Chile y están en situación de pobreza representan un 26%, es decir, uno de cada cuatro viven en estas condiciones. Por otra parte, los niños y jóvenes chilenos representan un 15%, que se traduce en uno de cada siete.

Frente a esto, Claudio Castillo, académico del Inta de la Universidad de Chile, señala que “la pobreza es un estresor para los padres, para los cuidadores, pero también para los niños y las niñas. Esto sumado a otros factores de estrés, como en algunos casos es la falta de alimentación, de redes de apoyo, de educación o incluso algunos casos asociados a la inseguridad alimentaria hace que sean más vulnerables, de ahí que se precisen políticas públicas que les aseguren que se van a garantizar sus derechos sin importar la situación migratoria en que se encuentren”.

De acuerdo a los índices existe una brecha de género en la población inmigrante. Las mujeres tienen más presencia que los hombres en los trabajos informales, 25% y 22%, respectivamente. Ellas también tienen menos participación en el mundo laboral, con una tasa de ocupación de 60% versus un 78% .

Martina Cociña, docente UOH e investigadora de migración internacional, explica que “las mujeres terminan haciéndose cargo de otros trabajos y cuidados, como las labores del hogar y cuidados de niños pequeños o adultos mayores. También por el tema de la pandemia y el cierre de las escuelas han tenido que hacerse cargo del cuidado, siendo que antes de la crisis sanitaria tenían ese apoyo, en términos que podían salir a trabajar y contaban con que su hijo o hija fuera a la escuela”.

Además, la tasa de desocupación de los extranjeros que están en la zona austral tuvo un incremento mayor que el resto, pasaron de 6,5% el 2017 a 16,2% en 2020. Le sigue el sector del Norte Grande, con un aumento del 9%, pues de una cifra de 4,0% se llegó al 13,4%.

Fuente: La Tercera.

Las protestas y violencia en el norte ante la proliferación de migrantes ilegales, sobre todo desde Venezuela, abre la interrogante. ¿Hay solución para este problema? Y si bien ha habido una modernización de la institucionalidad y ‘más orden’ a largo plazo, siguen siendo más las preguntas que las respuestas.

‘Algún dato, algún trámite. Consulte por ayuda’. Es lo que vocean tres venezolanas en el centro de Santiago. Justo en la puerta del Servicio de Extranjería y Migraciones.

Pocos son los que se acercan. A los que sí lo hacen, los toman de la mano y los llevan a una oficina, antigua, donde en el vidrio se lee: ‘Pasaportes, visas, fotos, certificados’.

Minutos después, salen. Y es que casi ninguno de los trámites se hace ahí. Los migrantes, legales, entran, y después de recibir información, salen a buscar un computador.

Es un gran contraste con lo que pasaba hace cinco años, cuando las filas de extranjeros daban la vuelta a la manzana.

Pero también es un gran contraste con lo que ocurre hoy a pocas cuadras, más cerca de Ahumada. Ahí abundan los extranjeros vendiendo mercadería. Incluso se ven en los semáforos, donde caminan entre los autos, pidiendo ayuda. O en Tarapacá, donde acampan en las plazas y recorren cientos y hasta miles de kilómetros a pie.

¿La diferencia? Estos últimos son, en su mayoría, migrantes ilegales.

Representan hoy el gran desafío de este gobierno, y de los que vienen, en la materia. Esto, pues, si bien desde 2010 ha habido un proceso de modernización de la institucionalidad –con hitos destacados y otros polémicos–, hay una pregunta básica abierta: ¿Qué quiere hacer el país, la sociedad, con quienes ingresan desde otras naciones?

Es una interrogante que tiene carácter social, jurídico y hoy, incluso, electoral.

ORIGEN COMPLEJO

Por estos días, el director del Servicio de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, se prepara para, lo que se anticipa, será una pelea para aumentar el presupuesto del sector.

Todo esto bajo un lema común, casi una letanía: ‘Hay que ordenar la casa’.

La idea tiene más de diez años. De cuando el Presidente Piñera le encargó al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al comienzo de 2010, que creara una ley de migraciones que reemplazara la vigente –de 1974– y ‘ordenara’ el sistema. Un sistema que, dicen, consistía en una acumulación infinita de solicitudes y papeles que, muchas veces, terminaban extraviados o incluso, como recuerdan funcionarios, ‘comidos por ratones’.

Ese proceso llegaría a puerto 11 años después, en abril de este año, con la promulgación de la ley. ‘Una de las pocas leyes que estaban en el programa y que salió bajo nuestros términos’, dice Bellolio.

Pero, entremedio, pasó mucha agua bajo el puente. Todo un océano se podría decir.

La primera ola comenzó en 2017, cuando atraídos por el buen pasar económico de Chile y, de acuerdo al gobierno actual, por la ‘desidia’ de la administración anterior llegaron al país miles de haitianos.

Luego vendría la crisis venezolana. Y Chile no estaba preparado.

En concreto, entre 2017 y 2018 llegaron 130 mil haitianos y 300 mil venezolanos. El sistema colapsó.

Uno de los hitos en este período fue el famoso ‘Cucutazo’ en el que, de acuerdo a la oposición, al asistir y apoyar a la disidencia venezolana en la frontera con Colombia, el Presidente Piñera dio la señal de que las puertas estaban ‘abiertas de par en par’.

Hoy el Gobierno dice que eso no es cierto y que la mayor parte del flujo ya había llegado antes. Lo que sí consta, según cifras oficiales, es que en 2018, luego que se estableciera la Visa de Responsabilidad Democrática, esta se les otorgó a 70 mil migrantes venezolanos. Tras eso, han ingresado 80 mil más.

Hoy, en el Gobierno dicen que, dentro de todo, hay un poco más de orden. Por ejemplo, no se ingresa sin ellas, o con visa de turismo. Asimismo, cuando la ley comience a funcionar, los que hayan ingresado como turistas y estén trabajando deberán regularizarse o podrían ser expulsados.

En lo referente a los ilegales, el panorama es distinto.

‘CHILE DE ELEGIR’

Era diciembre de 2018 cuando surgió a gran escala la polémica por las diferencias entre los conceptos de migración. Ese mes, a última hora, el Gobierno decidió no firmar el Pacto de Migraciones de la ONU que inicialmente iba a aprobar con reparos.

La principal razón fue que la declaración no diferenciaba entre migrantes en regla de los que no.

De ahí en adelante, se transformó en un tema político, aún no resuelto.

Mientras, el tipo de migración cambió. Si antes los extranjeros que llegaban a Chile eran profesionales, buscando trabajo, hoy son gente pobre que busca sobrevivir.

‘La sociedad venezolana migra con la promesa de traducirse en oportunidades de trabajo, en remesas que pueden aliviar la precaria situación económica familiar, en posibilidad de comer tres veces al día y recibir alguna atención a la salud’, dice Mariela Ramírez, líder de la ONG venezolana Foro Cívico.

Al mismo tiempo, y más con la pandemia, los ingresos ilegales aumentaron, sobre todo de familias venezolanas que cruzan a diario por pasos no habilitados de Tarapacá y se instalan en las plazas de Huara, Colchane e Iquique. Una crisis humanitaria que, para muchos, no está bien resuelta.

‘Las políticas migratorias, las herramientas y los tipos de visados que ha implementado este gobierno son tan restrictivos que de una u otra manera fuerzan a las personas que salen por necesidad a optar por otras vías que son irregulares’, dice Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, quien además critica la tardanza en la entrega de visas que haría que miles de migrantes ‘trabajen de forma clandestina’.

‘Se requiere que las personas que han ingresado en estas situaciones vulnerables tengan acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, y que estos espacios sirvan para generar redes de apoyo. Dado que son personas que requieren protección internacional, es esencial que se inicie un proceso de regularización para ellas’, dicen desde el Servicio jesuita a Migrantes.

‘Justamente, por tratarse de una migración reciente, no lograron establecer las redes, soportes necesarios para enfrentar los efectos socioeconómicos del covid-19’, dice Víctor Flores, coordinador de la OIM para la Macrozona Norte.

Es una opinión que varios comparten, como por ejemplo los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste, así como buena parte de los parlamentarios de oposición.

En el Gobierno, piensan distinto.

‘¿Les vamos a prometer visa a todos los que entren? ¿Tenemos que recibir a todos los que no tengan trabajo? Porque si es así, vamos a tener que adaptarnos, a que bajen los salarios, a que haya menos empleo. A que haya más conflictos. Ahí hay una decisión país que tomar, que no corresponde solo al Gobierno, sino que se debe ver en la campaña presidencial, en la Convención Constitucional y en los tribunales. Y los chilenos deben elegir’, dice Bellolio.

En este contexto, se propone trabajar, desde un punto de vista comunicacional, una política que ‘regule las expectativas’ de los migrantes, pues, según creen varios en el Gobierno, Chile ‘ya no da abasto’.

La oposición y las organizaciones sociales no son, eso sí, las únicas que piden que cambie el sistema. Fuentes de gobierno que piden reserva cuentan que desde el mundo del agro hay mucha presión para facilitar la entrada de irregulares, con el objetivo de ‘tener más mano de obra’.

Es en este contexto en que, desde el Ejecutivo, son varias las voces que creen que lo indicado sería motivar un ‘acuerdo nacional’ sobre migraciones, para no dejar las decisiones al arbitrio de cualquiera sea el próximo gobierno.

Sin embargo, los problemas no son solo de índole política.

UN CONTINENTE SIN COORDINACIÓN

Tras más de 3 años de espera, en 2021, el Gobierno logró sortear el obstáculo del Poder Legislativo en materia de migración y aprobar la ley. Sin embargo, hoy sigue chocando con el Poder Judicial.

Lo anterior, dado que la Corte Suprema, específicamente la Segunda Sala, ha dictado varios fallos que han paralizado procesos de expulsión de migrantes que han entrado de forma ilegal, y esto, debido a que han considerado que los acusados ‘no han tenido debido proceso’, ‘no han tenido condiciones para presentar una buena defensa’ o ‘no tienen antecedentes penales en el país’.

Pero hay otra dificultad: la casi total ausencia de coordinación internacional.

Sobre esto, fuentes de Cancillería relatan que la mayoría de los países del continente no tiene interés en tratar el tema en los foros internacionales. De hecho, recientemente Chile asumió la presidencia pro tempore en la Conferencia Sudamericana de Migración y ha tratado de poner varias veces en agenda una discusión sobre el éxodo venezolano. Hasta ahora, no ha sido aceptado.

Sí ha habido conversaciones con las autoridades de Perú y Bolivia. Pero si bien en el caso de los primeros hay una coordinación que ‘ha funcionado’, el segundo país no ha tomado medidas concretas. ‘Simplemente pasan’, dicen desde Teatinos 180.

¿Se puede así evitar que aumente aun más la migración?

En La Moneda no están muy convencidos.

Fuente: El Mercurio

Waleska Ureta enfatizó en la importancia de “que el Estado reconozca que estamos en una crisis humanitaria” y, a partir de esa afirmación, tomar acciones en las que –si es necesario– se discuta “la detención de las expulsiones colectivas e ilegales”.

El Ejecutivo anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis migratoria en el norte de Chile, entre las cuales se contempla el levantamiento de domos y la apertura de módulos transitorios de estadía. 

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, valoró en CNN Chile los anuncios del Gobierno, pero criticó la tardanza en el actuar.

“El tema de los albergues es una respuesta de primera entrada (…) que debe sostenerse en el tiempo”, señaló, al mismo tiempo que aseguró que la crisis humanitaria que se vive en el norte es “una de las más grandes que tiene la región”.

La directora apuntó a los inmigrantes venezolanos y la importancia de que se discuta la arista asociada al refugio, que –a su juicio– es mucho más sostenible.

“Va a resolver más profundamente el tema. (…) Necesitan tener permisos o visas y, en este caso –por la situación de Venezuela– acogerlos como personas con posibilidades de reconocerse como refugiados. Nosotros creemos que esa debiese ser una de las respuesta más resolutivas de la situación”.

Ureta enfatizó en la importancia de “que el Estado reconozca que estamos en una crisis humanitaria” y, a partir de esa afirmación, tomar acciones en las que, de ser necesario, se discuta “la detención de las expulsiones colectivas e ilegales”, que, a su juicio, han contribuido en la estigmatización de la población extranjera.

Consultada por los anuncios relativos a reforzar la frontera para contrarrestar el flujo migratorio, la jefa del SJM hizo hincapié en que “la migración va a seguir“, pues no se trata de un fenómeno turístico o de otro tipo, sino que atiende a una reacción de “subsistencia”.

Fuente: CNN Chile.

• El próximo jueves 30 de septiembre, a las 9 de la mañana, se realizará el seminario “Constitución y Pobreza”, que será inaugurado por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Miriam Henríquez.
• La experta comentará las propuestas constitucionales para garantizar los derechos de los más pobres y excluidos del país, que fueron elaboradas por nueve oenegés en el documento “Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva”, las que luego serán detalladas por sendos representantes de las organizaciones autoras del texto.
• Invitan: Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo.

Guiados por la convicción de que la pobreza en sus distintas formas es una grave vulneración de los derechos humanos y que, por lo tanto, realizar todos los esfuerzos colectivos necesarios para superarla es un deber ético ineludible, nueve importantes organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su experiencia y trabajo directo con poblaciones vulnerables, se unieron para redactar el documento “Constitución y Pobreza: Apuntes para una Constitución Inclusiva”, el que tiene como objetivo contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas  para mejorar el bienestar de los grupos de personas especialmente excluidos en Chile.

Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo pusieron a disposición de la Convención Constitucional este documento el pasado 7 de septiembre, y entregaron recomendaciones basadas en evidencia con respecto a cuáles son las disposiciones mínimas y mecanismos de garantía que debiese considerar la nueva Constitución, en términos de reconocer derechos sociales y proteger a los “grupos de especial protección constitucional”

Para analizar en profundidad estas propuestas, el próximo jueves 30 de septiembre, se realizará, a las 9 de la mañana, el seminario “Constitución y Pobreza”, que será inaugurado la decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, quien comentará las propuestas constitucionales para garantizar los derechos de los grupos más vulnerables. El evento será transmitido a través del canal de streaming de la Universidad Alberto Hurtado y se puede acceder directamente desde www.uahurtado.cl

Hay siete panelistas invitados a debatir si es posible que la nueva constitución reconozca los derechos sociales de los más vulnerables y  a qué grupos de especial protección constitucional debería contemplar: Paulo Egenau, director social de Hogar de Cristo, Danilo Núñez, director ejecutivo de INFOCAP, Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate, Pía Palacios, directora del Centro de Estudios Socioterritoriales (CES) de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, Luis Roblero sj capellán Espacio Mandela, Waleska Ureta, directora nacional Servicio Jesuita a Migrantes y Nicolás Rojas, director Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado.

Invitamos a conectarse y a seguir este importante seminario en el siguiente link: www.uahurtado.cl

En una nueva edición de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con la presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante, Macarena Rodríguez, con quien abordó la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, y la manifestación que terminó con las pertenencias de inmigrantes quemadas. 

Respecto al ataque ocurrido el sábado en la Plaza Brasil de Iquique, que terminó con 16 familias venezolanas afectadas por la quema de sus objetos personales, Rodríguez afirmó que lo ocurrido correspondía a “actos de xenofobia que no son parte de nuestra idiosincrasia y esperemos no vuelvan a repetirse”.

En esta línea, la abogada se refirió a la crisis migratoria que vive el país, señalando que “hay que enfrentar de manera local el tema, porque aquí lo que ocurre es que nos hemos tapado los ojos, (…) cuando no lo enfrentamos de manera seria es que ocurren situaciones como esta”. 

Asimismo, y luego de que diversas organizaciones civiles organizaran el traslado de inmigrantes hacia el centro del país, la presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante, afirmó que “hay que apoyar los traslados a otras regiones, pero aquí el tema de fondo es enfrentar la situación de manera seria y entregarles un estatus migratorio de manera que en Iquique o cualquier otra región, ellos puedan optar a un trabajo”.

De esta forma, Rodríguez cuestionó la gestión del Gobierno en esta materia, indicando que “el éxodo masivo de Venezuela no se administra de esta manera, y tampoco tiene efectos llamada, esto es consecuencia de la grave situación que tienen en su país de origen”.

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Escuchar la entrevista aquí:
https://www.tele13radio.cl/podcast/fm/macarena-rodriguez-presidenta-del-directorio-del-sjm-por-protesta?msvid=615300fe838d4008218021c9

Fuente: Teletrece Radio