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Con 16 páginas, este material está orientado a los profesionales de la educación, personas y organizaciones de la sociedad civil, ligados a migración y refugio e incluye una serie de recursos elaborados por SJM a partir del trabajo iniciado en 2020 por el programa Migración y Escuela.

¿Cómo ayudar a estudiantes migrantes y sus familias a regresar y permanecer en la Escuela en tiempos de Covid-19? Con este interesante y no menos desafiante título, el programa Migración y Escuela de Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanza este documento surgido desde su experiencia en la construcción de comunidades escolares interculturales. 

“A partir de la reciente reapertura gradual de las escuelas, con las modalidades presencial, virtual o híbrida, este documento nace como una propuesta de apoyo, desde la solidaridad y empatía, frente a la situación compleja que viven las comunidades escolares con presencia de familias y estudiantes de origen migrante, en tiempos en que enfrentamos a la pandemia del Covid-19”, señala Milena Collazos, Responsable Nacional Programa Migración y Escuela del SJM. 

La docente agrega que “recuperando la noción de comunidad (común-unidad), el documento entrega una serie de recomendaciones para ayudar a los estudiantes migrantes y a sus familias a volver a la rutina escolar y no abandonar este importante espacio. Para lograr esto, quisimos retomar la gran experiencia, que adquirimos durante el pasado 2020 en el programa Migración y Escuela, junto a las escuelas y familias, de los territorios de Arica, Antofagasta y Santiago, lugares donde tiene presencia el SJM y nosotros desarrollamos nuestra labor”.

Así, el documento de 16 páginas está orientado a los profesionales de la educación, personas y organizaciones de la sociedad civil, ligados a migración y refugio. E incluye una serie de recursos relacionados y elaborados por el SJM a partir de cuatro principios básicos fundamentales: No discriminación; Interés superior del niño, niña o adolescente; Derecho a la educación, y Derecho a la prevención y protección contra la estigmatización, el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia.

“Como SJM consideramos fundamental trabajar por el derecho a la educación con la participación de todas las personas que conforman la comunidad escolar, por lo que, en este documento, visibilizamos la realidad cotidiana de familias y estudiantes migrantes en las escuelas, y a partir de estas, proponemos acciones de acogida y cuidado, que conlleven a una inclusión más real de los NNA migrantes en sus establecimientos”, concluye Milena Collazos. 

Finalmente no podemos dejar de destacar que este proyecto se ha realizado gracias a la participación y respaldo de Fundación Colunga y Fundación Huneeus, instituciones dedicadas a apoyar iniciativas de alto impacto para la superación de la situación de pobreza en la que viven niñas, niños y adolescentes.

Descarga el documento en este link.

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laboral

#DerechosLaboralesParaTodasYTodos: Conoce la nueva campaña informativa para trabajadores migrantes y refugiados

El pasado 1° de mayo, coincidiendo con el mes del trabajo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a través de su área laboral estrenó la campaña #DerechosLaboralesParaTodasYTodos, iniciativa que busca explicar, a través de simples y didácticas capsulas en video, los derechos básicos que una trabajadora o trabajador debe conocer para desempeñarse con tranquilidad en el país.

Francisca Ibáñez, Responsable del Programa Laboral del SJM, explica que esta campaña “está orientada a las personas migrantes y refugiadas que trabajan de manera dependiente o les interese hacerlo. Creamos un total de cuatro capsulas de alrededor de un minuto en las que abordamos los Derechos Fundamentales de las personas, la jornada Laboral y Descanso, el Sistema previsional y sus alcances y finalmente cómo se articula correctamente el término de una relación laboral”.

“Nuestra meta apuntó a que las personas migrantes y refugiadas puedan tener un mayor conocimiento con respecto a derechos y legislación laboral en Chile, para que de esta forma, sepan evitar vulneraciones en el ámbito del trabajo”, sentencia la asistente social del SJM.

Destacamos que esta iniciativa de información ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Colunga.

Revisa aquí las dos primeras capsulas ya estrenadas:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZwRTmobmYohttps://www.youtube.com/watch?v=Js2A0NnX2t8

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La iniciativa, que favoreció a más de medio centenar de personas, fue organizada  por SJM y TECHO Chile y contó también con el apoyo de la Fundación Pro Bono, FASIC, el Proyecto Zanmi y las clínicas jurídicas las universidades Alberto Hurtado, Católica y Diego Portales. Se espera realizar ocho operativos de este tipo en la Región Metropolitana.

El equipo de MigrApp, la aplicación de orientación y ayuda creada por el Servicio Jesuita a Migrantes- (SJM), se sumó el sábado 8 de mayo a un importante operativo de asesoría realizado en el Campamento Luna de Haití ubicado en la comuna de Maipú. La actividad fue organizada por TECHO Chile y SJM, contó también con el apoyo de la Fundación Pro Bono, FASIC, Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, Clínica Jurídica de la Universidad Católica, Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y el Proyecto Zanmi del Centro de Espiritualidad Ignaciano de la Universidad Alberto Hurtado.

Hay que destacar que este es el primer operativo se benefició a un total de 66 personas principalmente de la comunidad haitiana y participaron 15 voluntarios y voluntarias de las diferentes organizaciones ya mencionadas. Además, se contó con traductores al creole del equipo de voluntarios/as y de la misma comunidad beneficiaria. Asimismo se realizará un total de ocho operativos a lo largo y ancho de campamentos, cites y villas de blocks ubicados en la Región Metropolitana.

Macarena Medel, gestora de MigrApp, señala que “en esta primera instancia de encuentro, pudimos entregar asesoría en relación a la situación migratoria de las personas y a la vez difundir el uso de la aplicación entre la comunidad haitiana”.

“Las consultas fueron principalmente en torno a dudas sobre los trámites de permanencia definitiva (cuánto demora el trámite, cómo puedo verificar el estado de mi trámite, qué debo hacer si aún no he recibido respuesta de Extranjería y cómo postular a la permanencia definitiva); también nos consultaron por las dificultades que enfrentan las personas de nacionalidad haitiana para conseguir sus certificado de antecedentes penales y se identificaron los problemas que dificultan la regularización, tales como la barrera idiomática y la brecha digital”, agrega la experta de SJM.

El equipo SJM subrayó la gran motivación y disposición de los voluntarios que se sumaron a esta actividad solidaria y de inclusión, además del gran interés que la iniciativa despertó entre las personas del campamento.

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La organización afirmó que 36 extranjeros fueron detenidos, con este fin, en Calama, Santiago y Los Ángeles.

Nos preguntamos si se dará a estas personas la posibilidad de que sus causas pasen por la justicia”, planteó.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció que la PDI ha detenido a grupos indeterminados de migrantes en tres ciudades del país y preparan su expulsión.

Según antecedentes preliminares, las detenciones se realizaron en CalamaSantiago y Los Ángeles, y se trataría de 36 inmigrantes -principalmente venezolanos- que cruzaron de manera irregular hacia nuestro país.

“Como país no podemos seguir tolerando procesos de expulsión que no respeten los marcos normativos establecidos ni den garantías mínimas para las personas detenidas en torno al debido proceso“, señaló Waleska Ureta, directora nacional del SJM.

Hoy PDI ha detenido a personas migrantes para su expulsión en al menos tres ciudades del país -Calama, Santiago, Los Ángeles-“, señaló la representante, agregando: “Nos preguntamos si se dará a estas personas la posibilidad de que sus causas pasen por la justicia“.

“Como Servicio Jesuita a Migrantes, junto a las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales, presentaremos todos los recursos de amparo que haya que presentar“, cerró.

“PRESENTAREMOS LOS RECURSOS DE AMPARO CORRESPONDIENTES”

Carlos Bellei, abogado y vocero INDH, señaló que los equipos del instituto se encuentran desplegados a nivel regional para intentar aplicar recursos de amparo a los afectados.

“Como INDH nos encontramos desplegados con nuestros equipos regionales en distintas zonas del país, especialmente en el norte, entrevistando a personas migrantes en su mayoría de nacionalidad venezolana con órdenes de expulsión vigente“, señaló Bellei.

“Se trata de personas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados, migrando desde Venezuela debido a la crisis política y social que vive ese país -explicó el jurista- Se trata además de personas que han establecido vínculos con Chile, que tienen familia, hijos pequeños, trabajo estable“.

“El regresar a Venezuela les significa un enorme riesgo. En aquellos casos que resulte procedente por vulnerarse los derechos fundamentales, estamos como instituto interponiendo los respectivos recursos de amparo“, cerró.

Fuente: Cooperativa

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El día 6 de mayo de 2021 se reunieron los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Antofagasta,  Arzobispo Ignacio Ducasse y los Obispos Moisés Atisha, Guillermo Vera y Oscar Blanco, que congrega a las diócesis de Antofagasta, Arica, Iquique y Calama respectivamente, en conjunto con Javiera Cerda y Javier Hernández SJ, jefa regional y abogado de la oficina en Arica de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.  

En el encuentro se abordó la actual crisis migratoria que asola a la zona norte del país, haciendo  especial énfasis en las expulsiones administrativas, deportaciones y la vulnerabilidad jurídica y  humanitaria que están experimentando las personas migrantes que se encuentran en condición  migratoria irregular. Además, se compartió sobre los trabajos que cada Iglesia realiza en favor de  los migrantes, como también los desafíos que trae aparejada la materialización de la Nueva Ley de  Migraciones.  

En la reunión se apreció un ánimo transversal de apoyo y defensa a las personas migrantes. Se  acordó: generar un plan y organización que involucre a toda la Provincia Eclesiástica de Antofagasta,  abarcando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta; la necesidad de generar  modos y vías de comunicación comunes como una voz eclesial unificada; y la importancia de la  incidencia que la Iglesia pueda hace en estas materias, a través de la contención espiritual y el  diálogo franco y fraterno entre los diferentes actores involucrados.  

Como Iglesia queremos seguir motivando a la comunidad creyentes y a todas la mujeres y hombres  de buena voluntad a tener un espíritu de acogida y fraternidad con quienes buscan convertir a Chile  en su nuevo hogar.  

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El Banco Central subió en 2019 el PIB de largo plazo proyectado debido al aumento de la fuerza de trabajo, lo que, en paralelo, estaría teniendo efectos en un menor crecimiento de los salarios. En términos fiscales, la inmigración habría contribuido a aumentar la recaudación en unos US$4.000 millones anuales, según un reporte del Servicio Jesuita a Migrantes.

—La semana pasada, el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que la inmigración “detuvo el desarrollo y el crecimiento” de Chile, generando una fuerte polémica.

En este contexto, es relevante revisar qué han dicho autoridades y expertos respecto de los efectos de la llegada de migrantes en la economía chilena, donde se ha destacado el impulso al crecimiento de largo plazo, entre otros.

CRECIMIENTO

Las autoridades y expertos han entregado varios antecedentes en los últimos años sobre el efecto que ha tenido el fuerte aumento de la inmigración sobre la economía del país. Uno de lo que más se ha referido al tema, en sus distintos Informes de Política Monetaria (Ipom), ha sido el Banco Central.

En junio de 2019 el ente rector estimó que el crecimiento tendencial del PIB para los próximos 10 años se ubicaría entre 3,25% y 3,75%. Esto implicó un aumento de 0,25 puntos porcentuales (pp) con respecto a lo estimado en los dos años previos, cuando se calculó un crecimiento de entre 3,0% y 3,5%. Lo novedoso de esa estimación fue que la principal variante que hizo aumentar, en ese entonces, la capacidad de crecimiento de la economía, fue el aumento de la fuerza de trabajo, debido al flujo migratorio.

EMPLEO Y SALARIOS

En diciembre de 2018, el Banco Central se centró también en otro efecto de la inmigración: una menor presión al alza en los salarios. “La revisión metodológica de las encuestas de remuneraciones, así como el reconocimiento de que las encuestas de empleo no están diseñadas para lidiar con cambios poblacionales sorpresivos, lleva a reconocer un mayor dinamismo en el mercado laboral en los últimos años. En particular, este ha sido capaz de absorber un importante flujo inmigratorio, el cual podría explicar, en principio, la desaceleración salarial mostrada por diversos indicadores.

Esta explicación es coherente con la información cualitativa que se recoge en el Informe de Percepciones de Negocios, donde se reconocen menores presiones salariales por efecto de la mayor oferta laboral”. Estos datos son clave para que la autoridad monetaria anticipe el desarrollo de la inflación.

En la misma línea, un documento de trabajo publicado en diciembre de 2019 por el Banco Central, de los economistas Agustín Arias y Juan Guerra-Salas, titulado “Immigration in Emerging Countries: A Macroeconomic Perspective”, señala que en sus simulaciones “una ola inmigratoria aumenta la oferta de trabajo, generando presión a la baja en los salarios del sector formal. Los trabajadores, especialmente aquellos con menor nivel de habilidad, responden reasignando trabajo hacia el sector informal, lo que les permite mitigar la caída en el consumo por trabajador asociada a los salarios más bajos en el sector formal. De este modo, el modelo constituye un marco para el análisis cuantitativo de la inmigración en países emergentes”.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Productividad en 2018 dijo que, en ese momento, no había evidencia de que la mayor inmigración hubiese afectado la evolución de los salarios.

En tanto, un libro publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en agosto de 2019 -previo a la crisis social- muestra, con datos principalmente de la Encuesta Casen 2017 y el Censo 2017, varios hallazgos al respecto. En primer lugar, que los principales “damnificados” en términos de salarios con la llegada de más inmigrantes son los propios inmigrantes. En 2006, el ingreso promedio de los inmigrantes en el país era de $ 530.167, mientras los chilenos promediaban $ 305.796. En 2017, la media de los inmigrantes tenía ingresos por $ 547.223 y los locales, por $ 531.417. Estos datos son en términos nominales, por lo que si se descuenta la inflación, se ve una caída de 29,7% en los salarios de los extranjeros en ese período. Además, el reporte muestra que los inmigrantes trabajan, en promedio, más horas que los chilenos.

Otro estudio, del economista Juan Bravo e incluido en el libro “Migración en Chile: Evidencia y mitos de una nueva realidad”, señala que “la percepción respecto a los impactos perniciosos que podría tener la migración en el empleo o los salarios de los trabajadores nativos suele basarse en una creencia equivocada, conocida como la falacia de los empleos fijos. Ella consiste en asumir que en la economía existe un número fijo de empleos, por lo tanto, la llegada de personas migrantes implicaría que cuando estos obtienen un empleo, necesariamente debe perderlo un trabajador local. Esto supone que la situación es un juego de suma cero, donde para que uno gane, el otro debe perder. Sin embargo, el número de empleos en la práctica no es fijo, y existen varias vías por las cuales la migración en realidad puede aumentar el empleo”.

De hecho, puntualiza que si bien los inmigrantes aumentan la oferta de trabajadores disponibles, también hace crecer la demanda por bienes y servicios, que exige un aumento de la producción y, por ende, de los puestos de trabajo.

INGRESOS FISCALES

Otro aspecto que se ha analizado es su contribución fiscal. De acuerdo con un estudio del Servicio jesuita a Migrantes, el ingreso fiscal aumentó del orden de 0,5% del PIB anual promedio entre el 2014 y el 2017 gracias a la inmigración. Esta contribución positiva se calcula utilizando estimaciones del ingreso directo que generan los migrantes a través del pago de impuestos directos y multas, como también del ingreso indirecto que producen al pagar el IVA y otros impuestos indirectos. Pero ese no es el único factor favorable, ya que el estudio afirma que “si se considera que la población migrante representa el 8% de la fuerza laboral, su contribución al PIB es del orden del 4%. Asumiendo una tributación media del 20% sobre el ingreso, aporta anualmente el 0,8% del PIB adicional al 0,5% promedio por concepto de aumento del PIB, lo que aumenta su contribución fiscal neta en 1,3% anual, lo que equivale a US$4.000 millones”.

Ese trabajo además precisa que para el cálculo se dejan fuera todas las externalidades positivas que producen los migrantes a lo largo del tiempo al aumentar el producto y, por ende, la recaudación, al generar mayor crecimiento de la fuerza laboral y de la productividad del país con su capital humano. Por lo que esta contribución fiscal neta podría, además, estar subestimada.

SALUD Y DELITOS

Respecto del sistema de salud, un estudio del CEP indica que los inmigrantes hacen menor uso del sistema en momentos de necesidad. Según la Encuesta Casen 2017, mientras el 93,6% de los locales dijo que se atendió cuando lo necesitó, ese porcentaje cae a 90,6% en el caso de los inmigrantes. Además, hay menos inmigrantes afiliados.

En materia de seguridad, otro estudio del CEP, publicado el año pasado, señala que “los extranjeros participan poco en delitos y, más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos arios”. El documento, escrito por los autores Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega, utilizó datos facilitados por la Defensoría Penal Pública (DPP) para causas cerradas entre los años 2006 y 2018.

De todas formas, otra de las conclusiones del estudio es que la excepción a la baja participación de inmigrantes en delitos son aquellos relacionados con la Ley de Drogas. “Los extranjeros están sobrerrepresentados en delitos de drogas, en casi tres veces entre las imputaciones y en más de cuatro veces en el caso de las condenas“, afirman los autores. Con todo, esa alza no sería mayor al aumento de la población extranjera, es decir, se mantiene en proporción.

Fuente: La Tercera.

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El Proyecto Aprende Español desde casa surgió en 2020 desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) como una respuesta alternativa a la enseñanza y aprendizaje de la lengua debido a la imposibilidad de realizar clases presenciales, incluso a través de plataformas como zoom por las limitaciones que impuso en sus inicios el contexto de la pandemia del Covid-19 en Chile y el mundo.

En la práctica, “este ciclo de clases online (disponible a través de la web de SJM Migración en Chile, sección Cursos Español y en nuestro canal de YouTube) permite que los interesados accedan –semana a semana- a material práctico para aprender español fácilmente en el horario, lugar y tiempo que estimen conveniente. El año pasado partimos con la enseñanza del nivel elemental (A1), llegando a compartir ese material con casi 150 personas que se inscribieron a través de un formulario, además hicimos llegar los vídeos a 26 instituciones que forman la Red Cursos de Español y que trabajan la temática de enseñanza de ELE (Enseñanza de Lengua Española como Lengua Extranjera). Y este año continuamos con el nivel más avanzado (A2)”, explica la responsable de la iniciativa en SJM, Alexandra Fontilus.

La profesional de SJM agrega que “los cursos fueron creados por un equipo de voluntarias y voluntarios en el programa Cursos de Español, participantes en la comisión de ELE (Enseñanza de Español como Lengua Extranjera), quienes se encargaron de crear contenidos y guías para los cursos de español que realiza la Fundación. También participaron estudiantes antiguos, que aprendieron español con nosotros en años anteriores, lo que nos pone muy orgullosos”.

“El material está  pensado para hablantes de creole, pues incluye algunos elementos en esa lengua. Sin embargo, otras personas no hispano hablantes y que manejen otro idioma, también pueden usarlo”, subraya Alexandra.

¿Cómo participo?

Para un mejor seguimiento del aprendizaje, las y los interesados pueden inscribirse a través de este formulario o escribirnos un correo a cursosespanol@sjmchile.org. Cada semana compartirán videos de las clases de español, donde aparecerán las distintas voces de personas voluntarias que han  puesto su tiempo, cariño y dedicación para  colaborar con el Servicio Jesuita a Migrantes con el fin de apoyar  el proceso de aprendizaje del español. Al finalizar las trece clases, la o el alumno será evaluado/a y recibirá un certificado online de participación con el sello de la institución.

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Lo que ocurrió la semana pasada “nos tiene con mucha preocupación y muy atentos, con mucha indignación”, dijo a Cooperativa la directora de la organización, Waleska Ureta.

Expuso el Anuario 2020 del SJM, que constató que pese a la baja de ingresos de personas migrantes, se duplicó por pasos no habilitados: “La manera de migrar cambió”.

El Servicio Jesuita a Migrantes criticó como “fuera de la ley” la expulsión colectiva de migrantes que llevó a cabo la semana pasada el Gobierno, en Iquique, cuando envió de vuelta a Caracas a 55 ciudadanos venezolanos por estar de manera “irregular” en el país o supuestamente por haber cometido delitos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, planteó que el procedimiento no se ajustó la nueva Ley de Migraciones, promulgada este mismo mes por el Ejecutivo tras más de siete años y medio de tramitación en el Congreso.

“Lo que ocurrió la semana pasada, las expulsiones colectivas, nos tiene con mucha preocupación y muy atentos, con mucha indignación”, manifestó.

“Para nosotros no está dentro del marco legal actual (…) porque la nueva ley de migraciones les da la posibilidad a quienes entraron por pasos no habilitados la salida del país a obtener la visa en el consulado chileno en su país de origen, sin ser sancionados“, expuso.

Igualmente “nos preocupa que el estatus migratorio no va a poder ser dentro de Chile (la obtención), con algunas excepciones, (porque) van a tener que volver (a su país de origen), pero hoy en pandemia los consulados están prácticamente cerrados, hay mucha demora”, apuntó.

“Todos queremos que la migración sea idónea, regulada, las personas quieren insertarse, trabajar”, enfatizó, “pero -cuestionó- si uno mira los datos, la obtención de visas es de menos del 20% en los últimos años; están los insturmentos, está la voluntad de las personas migrantes de hacerlo, pero no hay obtención de visa“.

Además, “es importante que desmitificar y educar, entre otras cosas, sobre la penalización de la migración“, subrayó: “Más del 80% de las detenciones de personas migrantes fueron por infringir las medidas sanitarias y esto tiene un relato en que tenían la necesidad de salir a trabajar (…) en empleos informales”.

“LA FORMA DE MIGRACIÓN CAMBIÓ”

Ureta también comentó el “Anuario 2020” del Servicio a Migrantes, que reveló una baja del 70% en los ingresos de migrantes el último año, “que coincide con el cierre de fronteras por la pandemia”; pero que a la vez se duplicaron las entradas por pasos no habilitados, de 8.048 en 2019 a 16.848 en 2020.

De hecho, “encontramos que de enero de 2018 a enero de 2021 se han registrado 35.400 ingresos por pasos no habilitados, que concentran el 79% de la última década“, de los cuales los mencionados más de 16.000 fueron sólo en 2020.

Si bien existe esta baja de ingresos, la manera de migrar cambió: no significa que las personas hayan dejado de migrar, sino que cambia la forma, dado el cierre de fronteras y las medidas administrativas”, sostuvo.

“Continúan las crisis comunitarias, sociopolíticas y económicas en países de la región (…) y las personas se ven forzadas a la migración, la migración forzada, no por calidad de vida sino por subsistencia, sigue siendo una realidad (…) y se suma la pandemia; las personas no dejan de migrar porque las crisis siguen afectando su subsistencia, y la migración se vuelve más precaria y vulnerable”, complementó.

En ese sentido, en esta época de pandemia, debido al cierre de fronteras, ante “la imposibilidad de entrar por pasos habilitados, regulares, se entra por pasos no habilitados”, y -advirtió- “mientras más aumentan los ingresos por pasos no habilitados y este cambio en la forma de migrar, se hace más precaria (…) y se empieza a producir el aumento del tráfico de personas, donde hay estafas, abusos“.

Detalló que “los tres primeros flujos migratorios en Chile son desde Venezuela, Perú y Haití (…)y venezolanos y haitianos tienen más salidas que ingresos regulares, y también lideran ingresos por pasos no habilitados”, lo cual “tiene un correlato directo con lo que se vive en ambos países (…) y coincide con las medidas administrativas que se establecen tanto para personas de Haití como de Venezuela, como la visa de responsabilidad democrática y la visa de turismo consular, y se suma la pandemia”.

Fuente: Cooperativa.

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Con el cierre de las fronteras a propósito de la crisis sanitaria, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) revela en su informe 2020 que mientras en 2019 se registraron 8.048 casos de ingresos informales, el año pasado la cifra llegó a 16.848. La directora de la entidad, Waleska Ureta, señala que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más precaria y vulnerable”.

Son principalmente ciudadanos venezolanos, pero también haitianos, peruanos, colombianos y bolivianos. Así se compone, a grandes rasgos, el flujo migratorio de Chile, si se analiza el período 2010 a 2020. Y esa es una de las conclusiones del “Anuario 2020″ del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que en esta edición analizó los efectos de las regulaciones migratorias estatales en la población migrante y, en contexto de pandemia, las vulnerabilidades que se pueden haber intensificado a partir de la crisis sanitaria y las restricciones vigentes.

Así, y teniendo en cuenta el cierre de fronteras decretado a fines de marzo de 2020, la variación de ingresos migratorios a Chile cayó un 70% el año pasado respecto de 2019, lo que representa la mayor caída del período analizado en el estudio (2016-2020). Sin embargo, y según explica la directora de la entidad, Waleska Ureta, “las crisis sociopolíticas y humanitarias del continente, sumadas a la pandemia, han dado paso a una migración más precaria”. En ese escenario, los ingresos por pasos no habilitados se duplicaron durante 2020.

Si en 2019 se registraron 8.048 de estos casos, la cifra de migrantes detectados en esa condición creció a 16.848 el año pasado, ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia en comisarías. Con estos números, Ureta asevera que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más vulnerable: cruzando el desierto, caminando, una forma mucho más riesgosa para las personas”.

En mayor proporción, y atendiendo a la crisis humanitaria y política del país, son los venezolanos quienes lideraron durante 2020 las entradas por pasos no habilitados (12.935), seguidos por ciudadanos haitianos (1.089). “Los primeros pasaron de nueve registros en 2017 a un total de 12.935 en 2020, lo que implica un aumento del 143.622% en tres años (…). Los segundos pasaron de 12 registros en 2017 a 1.089 en 2020, lo que trae un aumento de un 8.975%”, detalla el informe.

Sin embargo, y según se analiza en el documento, con las medidas administrativas del gobierno y las expulsiones, la población haitiana en Chile registró en 2019, por primera vez, un saldo migratorio negativo -es decir, más salidas que entradas- cifrado en 2.963 habitantes menos. Y en 2020 ocurrió lo mismo con la colectividad venezolana, registrando una caída de 4.200 casos. En los números, entre 2018 y 2020 se emitieron 18.725 órdenes de expulsión, y en cuanto a nacionalidades, comienza a tener preponderancia la venezolana, constituyendo el 43% de estas en 2020.

Este es un aspecto que preocupa, señala Ureta. “La autoridad ya ha anunciado expulsiones en el contexto del Plan Colchane, ya ha habido en el verano, y lo han dicho públicamente: tienen pensada la expulsión de 3.800 a cuatro mil personas y hay 15 vuelos comerciales para ello”.

El profesor de la Escuela de Gobierno UC y experto en migración, Miguel Yaksic, precisa que “la evidencia en el mundo muestra que las políticas restrictivas que no comprenden la migración integralmente y que no la abordan regionalmente como un fenómeno que tiene que ser asumido junto a otros países terminan por producir efectos no deseados. Los cierres de fronteras bajan los números generales, pero son caldo de cultivo para ingresos ilícitos y trata de personas”.

Asimismo, añade que “las personas que migran a Chile lo hacen forzadamente, no hay libertad en su decisión de migrar, muchas de ellas son personas refugiadas. Y no tienen libertad para decidir: no son migrantes económicos y laborales, no tienen tiempo y posibilidades para obtener una visa. Su intención no es burlar la ley ni cometer un delito, su intención es salvar o mejorar la vida”.

En ese contexto, también se ha reducido de manera brusca la condición de refugiados de quienes entran al país. Así, mientras en 2019 se dieron 16.933 ingresos a Chile de personas que señalaban en la frontera intención de solicitar refugio, esta cifra bajó a 10 en todo 2020. “En 2020 aumentaron las solicitudes formalizadas ante el Estado de Chile en relación a 2019, llegando a 1.629, pero solamente se reconocieron siete personas como refugiadas: el número más bajo desde 2010. Finalmente, se rechazaron más de dos mil solicitudes de refugio en 2020″, añade el reporte.

Mayor “arraigo” al país

Ureta señala que la intención de arraigo en el país se ha elevado: existe un 36% más de solicitudes para residencias definitivas que en 2019. ¿La razón? La directora del SJM explica que “tiene que ver en los últimos años con lo que Chile representa: un país estable, que tiene posibilidades laborales”. Y aquello se ve reflejado: para 2020, el porcentaje de afiliados extranjeros al Sistema de Administración de Fondo de Pensión (AFP) llegó al 9,6%.

Sin embargo, la situación contrasta con la cantidad de visados definitivos entregados en los últimos dos años. “Entre 2018 y 2020 se ha entregado casi la mitad de visas temporales (46%) y permanencias definitivas (45%) concedidas desde 2010. Ello se explica por el proceso de regularización extraordinaria de 2018, siendo ese año donde más permisos entregó Extranjería, bajando en 2019 y luego nuevamente en 2020″, se lee en el documento.

Detenciones sanitarias

Durante este año el reporte también señala un fuerte aumento en la detención a personas migrantes por parte de Carabineros, pasando de 23.066 en 2019 a 62.390 en todo 2020. De estas personas, un 63% fueron aprehendidas por infringir normas sanitarias en el contexto de pandemia. “Ello puede deberse a la necesidad generalizada de salir a trabajar en contextos de desprotección”, se explica.

El abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, aborda que “definitivamente la pandemia ha afectado a la población migrante multidimensionalmente. Pero hay algunas particularidades que tienen que ver con el área laboral de los extranjeros que ya se encuentran en el país: en el área formal fueron de los primeros en ser desvinculados con la crisis sanitaria. Y con esto, la informalidad laboral campea. Ni siquiera pueden contar con la cédula vigente ni con el permiso para desplazarse, porque la irregularidad migratoria va de la mano con la informalidad laboral”.

Fuente: La Tercera

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POLÉMICA. Ayer salieron en un vuelo desde Iquique. La mayoría de los expulsados habían ingresado por pasos clandestinos, pero buscaban regularizar su situación.

“La PDI entró en la residencia que habito en Antofagasta, gritando, golpeando ventanas y partiendo puertas. Todo porque estaban buscando a mi hermana con una orden de expulsión. Mi hermana salió y se la llevan detenida a las 2:30 de la madrugada de ayer (el sábado). Aún nosotros no sabemos si ha comido, si tiene agua. Ella se fue con una sola ropa, ya no tiene familia en Venezuela. Ya apelamos su caso, pero por motivo de tribunales no atienden los domingos y no pueden dar respuesta, pero aun así la PDI se la llevó para Iquique, ayer a las 10 PM”, relata Michael, uno de los tantos venezolanos que entraron durante febrero al país y que hoy sufre la incertidumbre de no saber que pasara con su familia y sobre todo con su hermana.

“No hemos podido tener contacto con ella ya que igual estamos irregulares acá en el país, pero mi familia y todos estamos acá, no tenemos nada allá en Venezuela, huimos (…) sabemos que entramos de una manera inadecuada pero no lo hacemos porque no queremos, lo hacemos porque nos vimos obligados”, relató. Este domingo, la hermana de Michael junto a otros 54 extranjeros, fueron expulsados del país desde el aeropuerto de Iquique. Se trataba principalmente de personas de origen venezolano, quienes habían entrado de manera irregular a Chile. El operativo estuvo encabezado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien explicó que fue “un grupo de 55 personas (las expulsadas), está compuesto por 15 personas que han sido expulsados en virtud de una orden judicial, el Poder Judicial ha decidido sustituir sus penas privativas de libertad por la expulsión con la prohibición de volver a Chile en un periodo determinado. Asimismo, se suman 40 ciudadanos extranjeros que están siendo expulsados administrativamente como consecuencia de haber incumplido gravemente nuestra normativa migratoria. La gran mayoría de ellos ciudadanos extranjeros que entraron clandestinamente a nuestro país”. El subsecretario añadió que podrían volver a hacer ingreso a nuestro país una vez hayan regularizado su situación migratoria, según lo que dicta la nueva ley.

CRÍTICAS

La acción no estuvo exenta de polémicas, ya que diversas organizaciones migrantes y de derechos humanos, la catalogaron como ilegal y arbitraria, de acuerdo a lo que dicta la misma nueva Ley de Migración y Extranjería, actualizada el pasado 20 de abril. Asimismo, se cuestionó la forma con la que se están llevando a cabo este tipo de operativos en el norte del país. La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, comentó que una parte de los venezolanos deportados ayer fueron detenidos al ir a autodenunciarse en la PDI, con el fin de regularizar su situación migratoria. Sin embargo, al acudir al lugar no solo quedaron privados de libertad, sino que también “se les privó del derecho a la defensa, al principio de no devolución (que se encuentra consagrado en el Derecho Internacional) y no se cumplió con la prohibición de expulsiones colectivas de personas extranjeras”.

El director de la organización Migra Chile, Diego Persico, catalogó como ilegal la expulsión. “Éstas personas fueron detenidas una vez que estaban cumpliendo con sus firmas semanales, en virtud de la autodenuncia que llevaron a cabo, también tenemos conocimiento de personas que fueron detenidas en sus domicilios a partir de allanamientos, otras en residencias sanitarias (…) Sin embargo el gobierno a través de su plan Colchane decide expulsarlas de manera ilegal”, dijo. Persico también sostuvo que “para poder expulsar a un extranjero de este país se debe someter a un procedimiento penal, procedimiento que por supuesto no se ha realizado. Lo que es arbitrario e ilegal, y se llevó por vía administrativa, la cual transgrede nuestra normativa vigente en el decreto de ley 1.094, y así las disposiciones transitorias de la nueva Ley 21.325, que les da un plazo holgado a las personas para que pudieran salir del país y regresar de manera regular”.

RECURSOS DE AMPARO

Por su parte, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio jesuita Migrante, comentó que “nosotros vamos a seguir trabajando por la protección y los derechos de las personas, ayer la Corte de Iquique acogió la orden de no innovar, a partir de los recursos de amparo que presentamos en conjunto con las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto hurtado y la Universidad Diego Portales, más de 25 personas pudieron salir liberadas de esa expulsión, en tanto se analizan los recursos de amparo”.

“Queremos recordar que la nueva ley de migración tiene un proceso ya abierto de regularización extraordinaria y también un procedimiento para que las personas que hicieron acceso (al país) por paso no habilitado, tengan un plazo de 180 días para abandonar Chile sin ser sancionados. Entonces en ese sentido, tampoco entendemos porque eso no se está respetando”, añade Ureta.

EN LA REGIÓN

A nivel regional, Hugo León, defensor migrante de la Defensoría Regional Pública, comentó que les tocó ver uno de los 12 casos de inmigrantes expulsados de Antofagasta y Calama. “A ella le había llegado el decreto de expulsión, nosotros como Defensoría acogidos a la nueva ley de migración, revisamos el decreto y presentamos un recurso de amparo. Desde la Defensoría mantenemos la tesis de que fue expulsada de manera arbitraria, ya que la causal por la que ella fue expulsada -y me imagino que lo mismo sucede con los demás extranjeros expulsados- era que había ingresado de manera irregular por paso no habilitado.

Resulta que eso hasta el 20 de abril dejo de ser delito, entiéndase el ingreso clandestino por paso no habilitado. Resulta que el delito que cometió dejo de ser un delito, por la nueva ley”, argumenta León. A su vez, el defensor comenta que “lamentablemente esto no es nuevo, son procesos que se llevan a cabo de manera escondida, arbitraria, engañando la gente, los días viernes a última hora, se les va a buscar a la casa, se les embarca en un avión. Porque como sabemos, las instituciones los fines de semana están cerrados y tienen poca capacidad de reacción. Entonces es complejo actuar frente a este escenario”.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

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