Tribunal acogió recurso de amparo de Servicio jesuita a Migrantes (SJM) y la Corporación de Asistencia Judicial en favor de implicados que habían ingresado por pasos no habilitados en la frontera con Perú.

En una de las primeras sentencias judiciales de su tipo en el país, luego que el Presidente Sebastián Piñera promulgara el 11 de abril pasado, en Iquique, la nueva Ley de Extranjería —N° 21.325 y que fue tramitada durante ocho años en el Congreso—, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Arica, en un fallo dividido, acogió un recurso de amparo y dejó sin efecto la expulsión de 26 extranjeros que habían ingresado a territorio chileno por pasos fronterizos no habilitados.

La acción judicial fue interpuesta por el Servicio jesuita a Migrantes (SJM) y la Corporación de Asistencia Judicial en favor de un grupo de ciudadanos dominicanos, venezolanos y colombianos, en su mayoría mujeres.

La Intendencia Regional de Arica y Parinacota emitió decretos de expulsión del país, entre el 19 de diciembre de 2014 y el 15 de abril de 2021, pero el grueso del grupo había ingresado en forma ilegal durante los casi 15 meses de emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. Durante ese período, las fronteras con los países vecinos han permanecido cerradas.

El fallo de la Corte de Arica indica que ‘hay que distinguir lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al país de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten con un ingreso regular’ y agregó que ‘la resolución de expulsión atacada deviene en ilegal por ausencia de fundamentos, además de desproporcionada, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ser acogida al afectar la libertad ambulatoria de cada uno de los amparados, sujetos a la medida de expulsión del territorio nacional’.

Plazo de 180 días

La resolución del tribunal de alzada también añade que ‘la Ley N° 21.325 concede a las personas que hubieren ingresado al país por pasos no habilitados, que es lo acaecido en la especie, un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de la ley —fue publicada el 20 de abril en el Diario Oficial— para que hagan abandono del país, lo que hace ineficaz el decreto de expulsión cuestionado, toda vez que la ley referida otorga un derecho a los amparados, por lo que en cumplimiento del mandato que establece el artículo 21 de la Carta Magna se debía proceder a restablecer el imperio del derecho y se guardaran las formalidades legales, lo cual no acaecería de llevarse a efecto cada una de las expulsiones en comento, encontrándose vigente un plazo establecido por el legislador’.

Según registros de la fiscalía y de ambas policías, todas las semanas hay casos de ingresos a pie al país de personas que eluden los controles migratorios formales al norte de Arica, cerca del paso Chacalluta, la línea del tren Arica-Tacna y el borde costero.

– En Chile: Se informó que en 14 de los 26 extranjeros no se acreditó que cuenten con arraigo familiar en alguna región del país.

– En zonas cercanas al borde costero y al hito 1 han sido detectados en los últimos meses los grupos de migrantes más numerosos, incluso con menores.

Fuente: El Mercurio

Expulsión de Migrantes durante fines de semana: Presidente del máximo Tribunal instruye a cortes del país que se reúnan en horario inhábil ante presentación de recursos de amparo urgentes

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gudenlach, instruyó a las cortes de apelaciones del país para que dispongan de las medidas necesarias para reunirse en horas inhábiles ante la interposición y resolución de admisibilidad de recursos de amparos que requieran urgente atención.

En un comunicado, el Poder Judicila informó que la resolución se dictó considerando que en algunos casos se detectó que las cortes de apelaciones diferían para el día hábil siguiente la resolución de la admisibilidad de recursos de amparo. Esto tiene relación con las expulsiones de migrantes durante los fines de semanas.

“Con la cuenta dada de la situación constatada en Cortes de Apelaciones del país que, ante la interposición de recursos de amparo en favor de personas que denuncian actos a materializarse en días y horas determinados, pero inhábiles, han diferido su admisión a tramitación hasta el siguiente hábil; y teniendo en consideración que dichos tribunales se encuentran investidos de las atribuciones destinadas a mantener incólume el principio de supremacía constitucional, y obligados actuar con prontitud en la salvaguarda los derechos esenciales que emanan de la dignidad humana ante su eventual puesta en peligro al margen del ordenamiento jurídico, se instruye a las Cortes de Apelaciones que deben arbitrar un sistema que permita que se pronuncien oportunamente ante la interposición de recursos de amparo en días o en horas inhábiles, disponiendo las medidas necesarias para que el tribunal sesione oportunamente, aun en día inhábil, si resulta imprescindible”, dice la instrucción.

Descarga fallo completo en este link.

Fuente: En Estrado

“El trabajo de esta Red demuestra que es posible tener empresas, organizaciones y finalmente, una sociedad inclusiva, que respete la diversidad y además valore la riqueza de todas las personas independientemente de cualquier otra característica”, comentó la Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta.

Las integrantes de la REI podrán acceder a espacios para adecuar los procesos de reclutamiento, voluntariado corporativo con comunidades migrantes y a mediciones como parte del ranking de empresas interculturales.

La Red de Empresas Interculturales (REI) del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) llevó a cabo recientemente un evento de lanzamiento de su trabajo para 2021 con presencia e intervenciones de varias de las empresas que la integran. Esta organización, nacida en 2018, busca generar un impacto real y colectivo de la inclusión en el mundo laboral chileno, a través de espacios de encuentro, reflexión, capacitación e incidencia en torno a la interculturalidad e inclusión de personas migrantes en el ámbito laboral.

Este primer encuentro del año contó con la presencia de representantes de firmas de diversos sectores y gran importancia como son Walmart, Deloitte, CMPC, Ripley, Sodimac, Samsung, Arcos Dorados, Empresas SB, VTR y Grupo Altura. 

Junto con dar la bienvenida al encuentro, la Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, destacó que “el inicio de este nuevo año de trabajo es fruto de los avances logrados en los anteriores, gracias a un trabajo de co construcción con varias de las personas hoy presentes, agradecemos en especial a María José Fuentealba de Salcobrand, Ema Yoshikawa de Walmart; Pamela Jamarne de Deloitte, quienes han acompañado cada paso de este proceso de constante aprendizaje conjunto. 

Ureta luego destacó que “en el actual escenario, tan complejo para las personas migrantes, las empresas que integran la REI son una verdadera luz de esperanza que demuestran que es posible tener empresas, organizaciones y finalmente, una sociedad inclusiva, que respete la diversidad y además valore la riqueza de todas las personas independientemente de cualquier otra característica”, sentenció. 

A continuación, fue el turno de la Gestora de diversidad e inclusión de Caja Los Andes, Josseline Pimentel, quien subrayó que “es muy enriquecedor participar de la Red de Empresas Interculturales, pues nos ha permitido abordar la diversidad como tal, incluyendo a todas y todos, pero específicamente la gestión de personas migrantes era algo que  teníamos un poco débil, por lo que la participación en la REI, haber realizado en 2020 el Índice de Interculturalidad nos permitió visualizar nuestras oportunidades de mejora, junto a las mentorías del SJM, nos permitieron darnos cuenta del potencial que tenemos para seguir avanzando, siempre centrados en las personas”.

La Académica Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado, experta en Reclutamiento y selección de personal, Pamela Frías, entregó consejos de cara a procesos de manera que “recojan el enfoque intercultural, respetando los derechos del postulante y vulneraciones (de diversidad integridad o la honra) o incluso injusticias en los procedimientos, ya que la ética nunca puede dejarse de lado en estos procesos. Esto tiene un impacto psicológico alto que no muchas veces no es visible para quienes están a cargo de la selección;  y como señalan las investigaciones recientes, afecta en particular a grupos como las mujeres o personas extranjeras, a quienes se tacha de minoritarios, pero son personas como todos y finalmente deben enfrentar estas malas prácticas”. 

Para cerrar la cita, la responsable del Área Laboral del SJM, Francisca Ibáñez comentó que “este año queremos realizar distintas actividades que permitan fortalecer el trabajo realizado anteriormente. Queremos facilitar espacios para adecuar los procesos de reclutamiento y selección a la nueva normativa, generar instancias de voluntariado corporativo con comunidades migrantes y además de medir de forma transversal a las empresas participantes a través de un ranking de empresas interculturales”.

Sumándonos a la preocupación por lo que está pasando en el país en cuanto a la expulsión de personas de distintas nacionalidades –específicamente ciudadanos venezolanos– a quienes se les acusa de haber cometido delitos, cuyos juicios y resoluciones están en entredicho, en nuestro matinal estuvo la directora del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta.

Como una política impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, referente al control de extranjeros en el país, han ocurrido diversas y polémicas expulsiones de migrantes.La última de ellas se llevó a cabo este domingo, donde salieron del país 53 ciudadanos venezolanos en un vuelo hacia Caracas. Tanto el Servicio Jesuita de Migrantes como la Defensoría de la Niñez criticaron al Ministerio del Interior por la deportación y han acusado irregularidades en el proceso.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, manifestó esta mañana en nuestro programa que “las detenciones de las cuales nosotros tuvimos información, dentro de esas personas detenidas habían padres de familia. No tenemos la lista oficial de las personas que se subieron a ese avión. Lo que sí sabemos, es que de los casos que pesquisamos, habían tres personas (que fueron deportados) que tenían temas con hijos”.

El Servicio Jesuita de Migrantes denunció que parte de los afectados no tuvo el debido proceso para la expulsión, que no fueron notificados y además que los recursos de amparo que presentaron en favor de estas personas no pudieron ser vistos, porque las Cortes no sesionan los fines de semana.

Fuente: La Voz de los que sobran

SANTIAGO, Chile – La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, expresan su preocupación frente al nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras (venezolanas), llevado a cabo el 6 de junio 2021.

En este sentido es importante considerar que, al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución en los tribunales correspondientes. Asimismo, en algunos casos no se tuvo en consideración su situación humanitaria y vínculos familiares.

Reconociendo y respetando la soberanía del Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso al territorio, las agencias señalan al mismo tiempo la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. Cabe mencionar que en el contexto de pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes.

Las agencias resaltan que todas las personas sujetas a una medida de expulsión tienen derecho a una evaluación individual de su caso, incluyendo la de sus necesidades de protección internacional y del riesgo que implicaría la expulsión para su vida, libertad o integridad.  Asimismo, resulta esencial que el Estado cuente con procedimientos que garanticen la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña o adolescente en las expulsiones de padres, madres y/o cuidadores, considerándose preservación de la unidad familiar como un estándar de la mayor relevancia para tales efectos.

Las agencias consideran que los procesos de expulsión en donde se mezclan tanto personas con órdenes de expulsión administrativas como judiciales, requieren un protocolo de gestión diferenciado. A su vez, la combinación de perfiles puede producir un aumento en las manifestaciones de xenofobia y discriminación en las comunidades de acogida al asociar a las personas expulsadas por faltas administrativas con la comisión de delitos.

Finalmente, las agencias firmantes reiteran su máxima disposición para colaborar con las autoridades en este asunto.

Fuente: Web ACNUR.

Luego que el ministro del Interior Rodrigo Delgado asegurara que el procedimiento “se ajustó a derecho”, la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales se unieron para reiterar que en el caso de las personas expulsadas hoy, y por cuarta vez consecutiva, no se respetó el debido proceso, los tratados internacionales suscritos por Chile ni el reciente llamado humanitario de la ONU. El director del INDH, Sergio Micco, se sumó a las críticas y señaló que hay específicamente cuatro casos en los que presentaron un recurso de amparo, puesto que las detenciones fueron “ilegales” y “se basaban en motivos administrativos y no penales”. La comisión de migraciones de Convergencia Social también rechazó las detenciones a ciudadanía venezolanos así como “la política de expulsiones masivas que ha instalado el Gobierno”

En las afueras del Cuartel de la PDI de calle San Francisco en Santiago, líderes y representantes de organizaciones migrantes y pro migrantes se unieron para exigir conjuntamente al Gobierno que frene definitivamente las expulsiones colectivas por vía aérea que este domingo volvieron a darse, desde la ciudad de Iquique, con la salida del país de un total de 56 personas de origen venezolano; 37 de las cuales recibieron expulsiones administrativas, mientras las 19 restantes fueron expulsadas por sentencia de un tribunal.

“Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Chile está deteniendo sorpresivamente a personas para expulsarlas colectivamente del país sin respetar el debido proceso. Todas las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria. A este cuartel de la PDI y a otros del país llegaron personas que no tienen antecedentes penales como ha dicho el Gobierno”, señaló Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales.

Waleska Ureta, directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestó en un comunicado titulado “vuelos del terror” que “junto a organizaciones migrantes y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, hemos recabado antecedentes e interpuesto recursos de amparo por 12 personas que han sido detenidas, y que hoy están siendo expulsadas. Y finalmente logramos que cinco personas fueran bajadas del vuelo de hoy, lo que demuestra que no estaban todos los antecedentes para expulsarlos, lo mismo podría haber ocurrido con más si hubieran tenido acceso a representación. Hace una semana la ONU emplazó al gobierno de Chile a detener estas expulsiones inmediatamente. Exigimos a la autoridad que frene las expulsiones y que las cortes sesionen los domingos para que  revise todos los recursos presentados”.

“Hay que subrayar además que han detenido a padres y madres de familia y esto no debiera ser, pues genera desarraigo en niños, niñas y adolescentes (NNA) y no atiende a su interés superior. Anoche fuimos testigos directos de cómo madres, padres y niños pequeños ingresaban a este cuartel a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas, en una drama cruel e injusto”, agregó Ureta.

En la misma línea, Benigna Zambrano, Directora de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) apuntó que “reiteramos el llamado al Gobierno chileno a cumplir y honrar los tratados en materia de DDHH y personas migrantes y refugiadas. Las personas de nacionalidad venezolana necesitan de protección internacional, no que se les devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna. Este es un llamado al Estado chileno independientemente del Gobierno de turno y esperamos que, en este momento histórico que vive Chile, se tengan en cuenta los derechos de las personas migrantes  con un enfoque intercultural y como parte del pueblo chileno; y que el próximo presidente o presidenta se siente en una mesa con las personas migrantes y deje de violar sus derechos”, enfatizó,

“El Gobierno de Chile debe detener las expulsiones colectivas de migrantes que, como ya han dicho mis compañeras, son arbitrarias e ilegales. Exigimos a todas las instancias que detengan esta verdadera campaña del terror, de persecuciones y detenciones de personas migrantes y sobre todo de indocumentados con mayor vulnerabilidad. Los migrantes no están solos, estamos con ellos en un frente de unidad, permanente en el territorio nacional. Porque migrar debe ser considerado un derecho humano más aún en estos tiempos”, sentenció Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que lo sucedido la mañana de este domingo con los ciudadanos venezolanos se trató de una “expulsión administrativa” y sujeta a derecho por haber ingresado al país de forma clandestina y sin haber hecho nada en un año. En horas previas, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) denunciaba la expulsión y llamaba al Gobierno a frenar la acción, respetando el acceso a justicia y el debido proceso.

La reunificación familiar es un principio humanitario

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, señaló en un comunicado que hay específicamente cuatro casos en los que llegaron a la conclusión que se debía presentar un recurso de amparo, puesto que las detenciones fueron “ilegales”. Estas “se basaban en motivos administrativos y no penales”.

Micco precisó que hubo migrantes que señalaron que tenían vínculos familiares con Chile “y es un principio humanitario el de la reunificación familiar”.

“Son venezolanos y todos sabemos la crisis que ahí se vive. Llegaron huyendo de una situación en que incluso organismos internacionales han asegurado que se violan los derechos humanos. La vuelta a su país puede acarearles represalias. El gobierno debe adoptar medidas para acoger a estas personas “, explicó el titular delINDH.

Según los datos solicitados y analizados por el Servicio Jesuita a Migrantes, en los últimos años la cantidad de expulsiones decretadas ha aumentado considerablemente. Entre 2018 y 2020 se decretaron 18.725 órdenes de expulsión, lo que concentra el 45% de las expulsiones decretadas desde 2010. Por su parte, el año con más órdenes de expulsión fue 2019, cuando se superaron las 8 mil.

Asimismo, las órdenes de expulsión a personas venezolanas han crecido exponencialmente desde 2019 en adelante. Así pasaron de sólo 43 en 2018, a superar las 2 mil en 2019 y 2020. La mayoría de las 5.185 expulsiones decretadas en 2020 fueron a venezolanos/as (43%), llegando a las 2.231, de las cuales el 97% fue de índole administrativa.

Comisión de migraciones de Convergencia Social rechaza detenciones

Convergencia Social rechazó las detenciones a ciudadania venezolanos así como “la política de expulsiones masivas que ha instalado el Gobierno”.

A través de un comunicado, recalcaron que la ley obliga a notificar a tribunales de cada expulsión y aseguran que esto no está ocurriendo, “con lo cual se vulnera el derecho igualitario de acceso a la justicia”.

“El gobierno se afirma en acciones administrativas saltándose la posibilidad de dar derecho a un debido proceso, sobre todo en aquellos casos en que los detenidos tienen familia en el país y en que no tenían antecedentes penales previos”, sentenciaron.

Asimismo, señalaron que las medidas del Gobierno “vulneran el derecho de niños/as a vivir con sus familias al ordenar expulsar a personas que tienen hijos/as en Chile. La separación de NNAs de adultos/as responsables es una vulneración de derechos por parte del Estado. Se vulnera además con ello el principio de reunificación familiar”.

Cabe mencionar que la nueva ley de migraciones establece un periodo de 180 días desde el 20 de abril para que las personas salgan voluntariamente del país sin ninguna sanción, lo que, según denuncia Convergencia Social, “actualmente se está vulnerando”.

“El gobierno hace caso omiso al llamado que diferentes organizaciones sociales migrantes y de la sociedad civil, además de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que frene las expulsiones colectivas de migrantes. Las detenciones colectivas están prohibidas en el derecho internacional”, explicaron.

Apuntan a que “esta política de explusiones del gobierno además promueve una lógica selectiva respecto de quienes son considerados/as como posibles residentes migrantes en Chile y quienes son marginados de residir en el territorio nacional, haciendo un uso mediático de la expulsión, lo que sólo favorece la criminalización y discriminación de este colectivo social”.

Y concluyen con “un llamado a que el gobierno detenga su política de expulsiones que vulnera los Derechos Humanos, respete la ley vigente y las normas internacionales ratificadas por nuestro país, y garantice el debido proceso a todas las personas. Además llamar a evidenciar y detener la xenofobia institucional y estructural presente el día de hoy maquillada como política pública gubernamental”.

Fuente: El Mostrador

Inmigración | ¿El fin del “sueño chileno”?: los migrantes que luchan por permanecer en un país que les cierra las puertas

Fernanda Paúl
BBC News Mundo

“Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada”.

Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.

Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.

Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.

Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.

“No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar”, le dice a BBC Mundo.

“Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura”, añade.

Nueva ley

Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.

La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.

En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción.

“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.

“Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, agregó.

Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.

Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.

Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolana (pasando de una comunidad de 8 mil en 2012 a 500 mil en 2020) y haitiana (que aumentó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185 mil en 2019).

Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).

La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.

También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.

“Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta”, le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.

“Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello”, agrega.

Pasos no habilitados

Los expertos coinciden en que América Latina sufre una profunda crisis de desplazamiento provocada por la precaria situación económica, política y social que se vive en varios países.

En ese contexto, muchos optan por emigrar, incluso a pie, buscando un mejor futuro, sin importarles si tienen o no permiso de entrada en las naciones a las que se dirigen.

Y Chile, pese a las fallas estructurales que dejó en evidencia el estallido social que se inició en octubre de 2019, sigue siendo uno de los destinos más atractivos.

Así, en los últimos años ha habido un fuerte aumento de las personas que entran a este país por pasos no habilitados.

Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 de estos ingresos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010, según datos de SJM con información de la Policía de Investigaciones (PDI).

Un ejemplo de sus consecuencias es lo que sucedió en Colchane en febrero de este año, cuando los servicios del pequeño pueblo altiplánico colapsaron luego de la llegada de miles de migrantes que ingresaron a Chile de forma clandestina, a pesar de las bajas temperaturas y el clima inhóspito de la zona                             

Pero hay otro factor que es determinante en el aumento de los migrantes “ilegales”: en los últimos tres años, Chile comenzó a exigir un “visto consular” a las personas provenientes de Venezuela y Haití, requisito que la nueva ley de migraciones extendió a todos quienes quieran instalarse en el país, con el fin de evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.

Para Macarena Rodríguez, presidenta de SJM y académica de la facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, esto puede significar un grave problema.

“Los visados previos son muy difíciles de conseguir, imagínate en Venezuela. Y cuando tienes personas desesperadas, que ven esto como vía de supervivencia, el ingreso por pasos no habilitados se abre como una posibilidad”, le explica a BBC Mundo.

La misma opinión tiene el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer.

“Las personas que no tienen oportunidades en otros países van a venir igual a Chile porque los va a mover el trabajo, la posibilidad de conseguir recursos, entonces todas las normas nuevas chilenas lo que van a terminar haciendo es incentivar el ingreso clandestino”, le señala a BBC Mundo.

Sin embargo, el subsecretario del ministerio del Interior, Juan Francisco Galli, afirma que el país sudamericano tenía que tomar una decisión.

“¿Qué es mejor, 250 mil ingresando como turistas y quedando en irregularidad o 24 mil ingresando clandestinamente? Creo que los números hablan por sí solos; redujimos a un décimo el problema. Aunque sigue siendo un problema”, le dice a BBC Mundo.

“Chile le está cerrando las puertas a la migración clandestina, sí. Pero para aquellos que declaren, desde su país de origen, que vienen a Chile a vivir, a trabajar o a estudiar, las puertas están abiertas”, agrega.

Expulsiones administrativas

Para intentar controlar la migración ilegal, aparte del requerimiento de visados consulares, la nueva ley de facilita las “expulsiones administrativas”.

Ahora, para que un migrante sea expulsado ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra (lo que suponía una demora en el trámite). Desde el 20 de abril, la simple constatación de que una persona ingresó de manera irregular es argumento suficiente para que sea expulsada.

Es el caso de Daniela, quien cuando pisó territorio chileno se autodenunció con la esperanza de que podría optar a una regularización de sus papeles. Sin embargo, no fue así y, al contrario, se le cursó una orden de expulsión.

El gobierno de Piñera ha sido enfático en que hará cumplir la ley y para ello contrató 15 aviones comerciales que, según han adelantado las autoridades, se usarán para devolver a sus países a un total de 1.500 personas en 2021.

El primero de ellos despegó a fines de abril con 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco para evitar el contagio de covid-19. ¿El destino? Caracas.

“Desprecio a los derechos humanos”

Organizaciones pro migrantes han criticado fuertemente la acción, señalando que es una “humillación” para los deportados.

El 19 de mayo expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno chileno a “detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes” pues, afirmaron, tienen “derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.                                             

El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, le aseguró a BBC Mundo que “hay un mal entendido que a veces se da en los Estados respecto a las deportaciones: dicen que tienen derecho soberano a deportar y lo cierto es que hay una gran cantidad de limitaciones para hacerlo”.

“El principio de no devolución, el arraigo en el país, las relaciones familiares y problemas de tipo sanitario, son algunas de ellas”, explica.

El académico señala además que “cuando se hace gran aparataje de las deportaciones, se estigmatiza a los migrantes”.

“Puede haber una connotación de interés político porque se trata de mandar un mensaje a costa de los derechos de la población migrante. Y es muy complicado usar a los migrantes como moneda de cambio para satisfacer otros intereses”, asegura.

En la misma línea, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, ha insistido en que los expulsados no son “propiamente migrantes”, sino personas que buscan “protección internacional” dada la fuerte crisis que atraviesan algunas de estas naciones, como Venezuela.

Frente a estas críticas, el subsecretario Galli le señaló a BBC Mundo que “en Chile no hay expulsiones masivas ni colectivas”.

“Cada caso de expulsión es analizado en sí mismo. Aquí no hay una voluntad del Estado de expulsar a cualquier costo o a cualquier persona, pero el Estado tiene que dar señales claras respecto de que el ingreso clandestino no está permitido en Chile, que es malo para el migrante y es malo para el país“.

Sobre los cuestionamientos a los derechos humanos, Galli asegura: “El desprecio por los derechos a las personas está dado por aquellos que incentivan el ingreso clandestino”.

La abogada Pilar Hazbun, en tanto, indica que el Estado tiene “el derecho de normar la forma en que ingresan, los requisitos para que permanezcan y en qué casos se pueden expulsar”.

“No puedes tener una ley de apertura ciega a la migración sin hacerte cargo de los temas”, señala.

El caso de Colombia

La postura de Chile contrasta con las políticas migratorias que otros países de la región han tomado con el fin de proteger a los migrantes, especialmente a los venezolanos.

De acuerdo con ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, hay 5,4 millones de venezolanos refugiados en distintos continentes, una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo.

El principal destino en Latinoamérica es Colombia, donde actualmente residen más de 1 millón 700 mil venezolanos.

Gran parte de ellos —cerca de 1 millón— está en una condición migratoria irregular. Pero a principios de mayo el gobierno decidió comenzar a implementar un Estatuto Temporal de Protección con el fin de resguardar a la población migrante venezolana que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Quienes se acojan a este beneficio podrán permanecer de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años.

El trámite, completamente gratuito y en línea, ha sido catalogado por expertos como un “avance histórico” hacia los derechos humanos de los venezolanos, pues permitirá tener un registro universal de esta población y focalizar adecuadamente las ayudas estatales.

Para Felipe González Morales, Chile debería tomar una actitud similar.

“Tiene que buscar formas de establecer mecanismos de regularización de la población migrante. La crisis en Venezuela es real, entonces no es una cuestión de que te guste o no; es una crisis que afecta a la gente y por eso han salido 5 millones de personas en los últimos seis años. Lo otro es tapar el sol con un dedo”, dice.

Cabe recordar que Chile es de los pocos países latinoamericanos que decidió rechazar el pacto mundial sobre migración de la ONU en diciembre de 2018, al cual adhirieron 164 gobiernos. La razón que se entregó en ese momento fue que el pacto chocaba con las normas chilenas para tener una migración “segura, ordenada y regular”.

 

“Es una olla de presión”

Hay otra cifra que hay que tener en cuenta al momento de analizar el tema migratorio en Chile: de acuerdo con el Departamento de Extranjería y Migración de este país, el número de visas otorgadas para extranjeros ha disminuido considerablemente en los últimos tres años.

En 2018, por ejemplo, se otorgaron más de 438 mil mientras que en 2020, poco menos de 200 mil. Las permanencias definitivas también han disminuido, de aproximadamente 93 mil en 2018 a 74 mil en 2020.

Según el subsecretario Galli, esto se explica por el proceso de regularización que vivió Chile en 2018, pero también porque las solicitudes han disminuido. Si bien Macarena Rodríguez coincide en que hay una “baja importante” en las solicitudes, afirma que esto no es por “falta de interés” sino por “dificultades” en el proceso.

“Tapar la realidad y devolver a los migrantes a sus países no es sostenible en el tiempo”, advierte.

“Esta es una olla de presión; hay personas que van a quedar en Chile sin posibilidades de regularizarse porque algunas van a ser expulsadas pero no todas. Y la irregularidad les hace muy mal, las metes en un círculo de informalidad que genera dinámicas complejas”, agrega.

Para Luis Eduardo Thayer, las autoridades chilenas están “errando el foco” con estas nuevas restricciones.

“Están mirando el modelo neozelandés, australiano y canadiense. Pero nosotros estamos en la región de donde provienen los migrantes y no es posible tener un control tan selectivo e ideal en términos de ideología”, indica.

“Su aplicación carece de realismo y visión de contexto”, añade, “y hay un aumento de la precariedad que es evidente en los sectores más marginales”.

Discriminación y estigmatización

Según una encuesta de la empresa de opinión pública Cadem, el porcentaje de chilenos que en febrero de este año creía que la llegada de extranjeros es “mala” para su país alcanzó un 60%.

Este número representa un aumento de 16 puntos desde julio de 2019 (44%) y es el porcentaje más alto desde diciembre de 2016.

De acuerdo con el análisis de expertos, estos resultados reflejan algo que está incubándose en la sociedad chilena desde hace un buen tiempo: la discriminación hacia el migrante.

“En Chile existe discriminación y racismo“, afirma Thayer.

Para el académico, Chile está poniendo por delante una política migratoria de frontera, descuidando la política de integración de los migrantes, que debería considerar un sistema educacional, de salud y territorial adecuada a los tiempos.

“Se ha dejado de lado algo muy importante para evitar que nos convirtamos en una sociedad que odia a los inmigrantes”, dice.

“Ver a los migrantes como una amenaza nos va a convertir en una sociedad sin cohesión social y menos igualitaria. Y ese es un problema que en este momento se está desconociendo”, agrega.

Por su parte, Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile, afirma que existe una “campaña mediática para culpar a la migración de los problemas estructurales del país”. “Y eso, desde hace un año, vemos que ha calado en la psiquis de los chilenos”.

“Si tú le dices a las personas que el migrante viene a quitarles los puestos de trabajo, que estresa los servicios de salud, que no paga impuestos, que se dedica al comercio ambulante, los estigmatizas”, le indica a BBC Mundo.

Para ella, las expulsiones de cientos de personas están ayudando a que aumente esta discriminación y que, incluso, se “criminalice” a los migrantes, pues en un mismo avión mezclan a quienes son expulsados por razones administrativas con quienes lo son por razones penales.

Con todo, está por verse si con estas medidas el gobierno de Chile logrará su objetivo de “ordenar la casa” y desincentivar la migración ilegal.

Alejandra*, una venezolana que ingresó al país de manera clandestina el 31 de enero junto a su marido y sus dos hijos, es escéptica.

“Creo que las medidas que se están tomando son preventivas, pero se les va a ser muy difícil sacar a todos los venezolanos que hay aquí”, dice.

A pesar de su condición de ilegal, ya consiguió un trabajo como reponedora de un supermercado en la capital, Santiago, que le permitió arrendar una casa para ella y su familia, algo a lo que nunca imaginó que podría acceder tan rápido.

“Aquí sí hay oportunidades. Estuve en Perú antes y, aunque es un país que te abre las puertas para salir de la crisis en Venezuela, no te hace progresar, el título universitario no te sirve y la educación no es buena”, señala.

Aunque reconoce que tiene miedo a que la expulsen, asegura que ella y muchos venezolanos están dispuestos a hacer lo que sea por permanecer en esta nación.

“Todavía hay muchísima gente cruzando. Yo, por ejemplo, estoy esperando a mi mamá, a mi hermana y a mis cuatro sobrinos”.

*Daniela y Alejandra solicitaron el anonimato de sus nombres completos.

Fuente: BBC Mundo.

Para el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) el trabajo con voluntariado digital no es nuevo. La exitosa labor que desarrolla desde 2019 la plataforma de orientación #MigrApp con más de 60 voluntarias y voluntarios, impulsó a la organización a generar una nueva instancia liderada por voluntarios: la primera Colecta Digital #NadieMigraParaNoSerFeliz, cuyo propósito es recaudar fondos para seguir trabajando por todos y todas las personas migrantes, que se han visto muchas veces forzadas a migrar en busca de mejores oportunidades.

“Sabemos que muchos, sobre todo jóvenes, hoy buscan espacios de voluntariado, para conectar y solidarizar más allá de las pantallas. Nuestra colecta digital es una excelente forma para hacerse parte de un movimiento inclusivo, sin dejar de cuidarse, en el contexto de pandemia que enfrentamos.  Y es que una de las misiones más importantes de los voluntarios/as, que se nos unan es donar su voz, generando un potente eco para nuestro mensaje, lo que nos permitirá acercarnos a nuestra meta, y a la vez, avanzar hacia la construcción de un Chile mucho más abierto, inclusivo e intercultural” afirma la Directora Nacional del SJM, Waleska Ureta.

Todas las claves para participar

La colecta digital del SJM, parte este miércoles 26 de mayo y se extenderá hasta el martes 1 de junio. SJM busca compartir su labor diaria en favor de las personas migrantes a lo largo de solo siete días; al tiempo que se subraya la urgencia de llegar a su meta para seguir apoyando a estas personas y a sus familias.

“Con el llamado y hashtag #NadieMigraParaNoSerFeliz, queremos mostrar que por más complejo que pueda ser un proceso de migración, nunca debe perderse la humanidad al mirarlo. No olvidemos que todos en algún momento de nuestras vidas hemos migrado de algún lugar a otro, con la esperanza de obtener una mejora en nuestras vidas”, sentencia Waleska Ureta.

Aportar es muy sencillo, con un solo click podrás aportar entrando a www.sjmchile.org/dona o también puedes transferir a:

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes

65.030.892-1

Banco de Chile

Cuenta Corriente n°90580-01

colecta@sjmchile.org

Fuente: El Mostrador

El material incluye 35 ofertas en las áreas de gastronomía a belleza y estética, pasando por manualidades. Las y los emprendedores responsables son de Estación Central e integran el Proyecto de Fomento a la generación de ingresos de microemprendedora/es migrantes.

El Área Laboral del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) se encuentra dando a conocer un novedoso Catálogo de Emprendimientos protagonizados por personas Migrantes de la comuna de Estación Central (Región Metropolitana).

“Este material de 22 página y que incluye a 35 emprendimientos diversos, nace en el marco del Proyecto de Fomento a la generación de ingresos de microemprendedoras y microemprendedores migrantes. Nuestra meta es que las personas migrantes o refugiadas fortalezcan sus habilidades para la generación de ingresos y la empleabilidad en el contexto de crisis de la pandemia covid-19 de manera independiente. Y al mismo tiempo, buscamos difundir y poner en valor los productos y servicios de los microemprendedores migrantes que participan en el programa laboral”, explica la responsable del área, Francisca Ibáñez.

Gracias al apoyo de la Fundación Los Cedros a este proyecto, dentro de cada ciclo de emprendimiento, quisimos trabajar en una dinámica centrada en co-construir un producto que recogiera la esencia del trabajo realizado: En enero pasado lanzamos nuestro  recetario “Recetas con sabor a Historia” y ahora llega el catálogo.

No podemos dejar de subrayar igualmente el apoyo de la Universidad de Chile, institución que apoyó a las y los emprendedores con espacio formativos.

Para construir el catálogo, que incluye desde gastronomía a belleza y estética, pasando por manualidades, se invitó a participar voluntariamente a todos las personas migrantes que integran el proyecto, quienes se animaron, compartieron fotografías y todos los datos para establecer contacto con sus negocios. 

Puedes descargar el Catálogo completo aquí en este link.

Solo durante el mes de abril, 55 personas fueron expulsadas del país sin mayor revisión de los casos individualmente y sin poder solicitar protección de acuerdo con lo pactado por el derecho internacional a los derechos humanos y los refugiados.

De los migrantes deportados, en su totalidad eran venezolanos que desde su detención, estuvieron en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.

El sociólogo y académico de la Universidad Católica, Eduardo Thayer, calificó las acciones del país ante la situación migrante como humillante

“Al mismo tiempo a las personas se las está humillando públicamente con estos espectáculos que se montan en las fronteras con las personas vestidas de blanco y con chalecos reflectantes que es algo, que a nivel internacional, es un escándalo que es un país del mundo se expulse con un espectáculo humillante, transmitido por televisión”.

Naciones Unidas realizó un llamado a detener inmediatamente las expulsiones colectivas realizadas por Chile y Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes apoyó la medida.

“Coinciden con las declaraciones que, como SJM, hemos realizado desde el inicio estos tristes espectáculos que además han sido televisados en lamentables puntos de prensa. A nuestro juicio, las expulsiones masivas van en contra del marco legal del debido proceso que debe existir antes de expulsar a una persona del país”, dijo Ureta.

Según el secretario general del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, las detenciones son realizadas los días viernes para así, inhabilitar la ayuda legal dado que las oficinas que reciben reclamos están cerradas los fines de semana.

Regularizar el ingreso de los migrantes, más que prohibir la entrada al país es el camino correcto para detener las expulsiones y poder entregar ayuda humanitaria correctamente, según las asociaciones y fundaciones que velan por los derechos de los extranjeros.

Fuente: Radio Biobio.