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Lo que ocurrió la semana pasada “nos tiene con mucha preocupación y muy atentos, con mucha indignación”, dijo a Cooperativa la directora de la organización, Waleska Ureta.

Expuso el Anuario 2020 del SJM, que constató que pese a la baja de ingresos de personas migrantes, se duplicó por pasos no habilitados: “La manera de migrar cambió”.

El Servicio Jesuita a Migrantes criticó como “fuera de la ley” la expulsión colectiva de migrantes que llevó a cabo la semana pasada el Gobierno, en Iquique, cuando envió de vuelta a Caracas a 55 ciudadanos venezolanos por estar de manera “irregular” en el país o supuestamente por haber cometido delitos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, planteó que el procedimiento no se ajustó la nueva Ley de Migraciones, promulgada este mismo mes por el Ejecutivo tras más de siete años y medio de tramitación en el Congreso.

“Lo que ocurrió la semana pasada, las expulsiones colectivas, nos tiene con mucha preocupación y muy atentos, con mucha indignación”, manifestó.

“Para nosotros no está dentro del marco legal actual (…) porque la nueva ley de migraciones les da la posibilidad a quienes entraron por pasos no habilitados la salida del país a obtener la visa en el consulado chileno en su país de origen, sin ser sancionados“, expuso.

Igualmente “nos preocupa que el estatus migratorio no va a poder ser dentro de Chile (la obtención), con algunas excepciones, (porque) van a tener que volver (a su país de origen), pero hoy en pandemia los consulados están prácticamente cerrados, hay mucha demora”, apuntó.

“Todos queremos que la migración sea idónea, regulada, las personas quieren insertarse, trabajar”, enfatizó, “pero -cuestionó- si uno mira los datos, la obtención de visas es de menos del 20% en los últimos años; están los insturmentos, está la voluntad de las personas migrantes de hacerlo, pero no hay obtención de visa“.

Además, “es importante que desmitificar y educar, entre otras cosas, sobre la penalización de la migración“, subrayó: “Más del 80% de las detenciones de personas migrantes fueron por infringir las medidas sanitarias y esto tiene un relato en que tenían la necesidad de salir a trabajar (…) en empleos informales”.

“LA FORMA DE MIGRACIÓN CAMBIÓ”

Ureta también comentó el “Anuario 2020” del Servicio a Migrantes, que reveló una baja del 70% en los ingresos de migrantes el último año, “que coincide con el cierre de fronteras por la pandemia”; pero que a la vez se duplicaron las entradas por pasos no habilitados, de 8.048 en 2019 a 16.848 en 2020.

De hecho, “encontramos que de enero de 2018 a enero de 2021 se han registrado 35.400 ingresos por pasos no habilitados, que concentran el 79% de la última década“, de los cuales los mencionados más de 16.000 fueron sólo en 2020.

Si bien existe esta baja de ingresos, la manera de migrar cambió: no significa que las personas hayan dejado de migrar, sino que cambia la forma, dado el cierre de fronteras y las medidas administrativas”, sostuvo.

“Continúan las crisis comunitarias, sociopolíticas y económicas en países de la región (…) y las personas se ven forzadas a la migración, la migración forzada, no por calidad de vida sino por subsistencia, sigue siendo una realidad (…) y se suma la pandemia; las personas no dejan de migrar porque las crisis siguen afectando su subsistencia, y la migración se vuelve más precaria y vulnerable”, complementó.

En ese sentido, en esta época de pandemia, debido al cierre de fronteras, ante “la imposibilidad de entrar por pasos habilitados, regulares, se entra por pasos no habilitados”, y -advirtió- “mientras más aumentan los ingresos por pasos no habilitados y este cambio en la forma de migrar, se hace más precaria (…) y se empieza a producir el aumento del tráfico de personas, donde hay estafas, abusos“.

Detalló que “los tres primeros flujos migratorios en Chile son desde Venezuela, Perú y Haití (…)y venezolanos y haitianos tienen más salidas que ingresos regulares, y también lideran ingresos por pasos no habilitados”, lo cual “tiene un correlato directo con lo que se vive en ambos países (…) y coincide con las medidas administrativas que se establecen tanto para personas de Haití como de Venezuela, como la visa de responsabilidad democrática y la visa de turismo consular, y se suma la pandemia”.

Fuente: Cooperativa.

Con el cierre de las fronteras a propósito de la crisis sanitaria, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) revela en su informe 2020 que mientras en 2019 se registraron 8.048 casos de ingresos informales, el año pasado la cifra llegó a 16.848. La directora de la entidad, Waleska Ureta, señala que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más precaria y vulnerable”.

Son principalmente ciudadanos venezolanos, pero también haitianos, peruanos, colombianos y bolivianos. Así se compone, a grandes rasgos, el flujo migratorio de Chile, si se analiza el período 2010 a 2020. Y esa es una de las conclusiones del “Anuario 2020″ del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que en esta edición analizó los efectos de las regulaciones migratorias estatales en la población migrante y, en contexto de pandemia, las vulnerabilidades que se pueden haber intensificado a partir de la crisis sanitaria y las restricciones vigentes.

Así, y teniendo en cuenta el cierre de fronteras decretado a fines de marzo de 2020, la variación de ingresos migratorios a Chile cayó un 70% el año pasado respecto de 2019, lo que representa la mayor caída del período analizado en el estudio (2016-2020). Sin embargo, y según explica la directora de la entidad, Waleska Ureta, “las crisis sociopolíticas y humanitarias del continente, sumadas a la pandemia, han dado paso a una migración más precaria”. En ese escenario, los ingresos por pasos no habilitados se duplicaron durante 2020.

Si en 2019 se registraron 8.048 de estos casos, la cifra de migrantes detectados en esa condición creció a 16.848 el año pasado, ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia en comisarías. Con estos números, Ureta asevera que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más vulnerable: cruzando el desierto, caminando, una forma mucho más riesgosa para las personas”.

En mayor proporción, y atendiendo a la crisis humanitaria y política del país, son los venezolanos quienes lideraron durante 2020 las entradas por pasos no habilitados (12.935), seguidos por ciudadanos haitianos (1.089). “Los primeros pasaron de nueve registros en 2017 a un total de 12.935 en 2020, lo que implica un aumento del 143.622% en tres años (…). Los segundos pasaron de 12 registros en 2017 a 1.089 en 2020, lo que trae un aumento de un 8.975%”, detalla el informe.

Sin embargo, y según se analiza en el documento, con las medidas administrativas del gobierno y las expulsiones, la población haitiana en Chile registró en 2019, por primera vez, un saldo migratorio negativo -es decir, más salidas que entradas- cifrado en 2.963 habitantes menos. Y en 2020 ocurrió lo mismo con la colectividad venezolana, registrando una caída de 4.200 casos. En los números, entre 2018 y 2020 se emitieron 18.725 órdenes de expulsión, y en cuanto a nacionalidades, comienza a tener preponderancia la venezolana, constituyendo el 43% de estas en 2020.

Este es un aspecto que preocupa, señala Ureta. “La autoridad ya ha anunciado expulsiones en el contexto del Plan Colchane, ya ha habido en el verano, y lo han dicho públicamente: tienen pensada la expulsión de 3.800 a cuatro mil personas y hay 15 vuelos comerciales para ello”.

El profesor de la Escuela de Gobierno UC y experto en migración, Miguel Yaksic, precisa que “la evidencia en el mundo muestra que las políticas restrictivas que no comprenden la migración integralmente y que no la abordan regionalmente como un fenómeno que tiene que ser asumido junto a otros países terminan por producir efectos no deseados. Los cierres de fronteras bajan los números generales, pero son caldo de cultivo para ingresos ilícitos y trata de personas”.

Asimismo, añade que “las personas que migran a Chile lo hacen forzadamente, no hay libertad en su decisión de migrar, muchas de ellas son personas refugiadas. Y no tienen libertad para decidir: no son migrantes económicos y laborales, no tienen tiempo y posibilidades para obtener una visa. Su intención no es burlar la ley ni cometer un delito, su intención es salvar o mejorar la vida”.

En ese contexto, también se ha reducido de manera brusca la condición de refugiados de quienes entran al país. Así, mientras en 2019 se dieron 16.933 ingresos a Chile de personas que señalaban en la frontera intención de solicitar refugio, esta cifra bajó a 10 en todo 2020. “En 2020 aumentaron las solicitudes formalizadas ante el Estado de Chile en relación a 2019, llegando a 1.629, pero solamente se reconocieron siete personas como refugiadas: el número más bajo desde 2010. Finalmente, se rechazaron más de dos mil solicitudes de refugio en 2020″, añade el reporte.

Mayor “arraigo” al país

Ureta señala que la intención de arraigo en el país se ha elevado: existe un 36% más de solicitudes para residencias definitivas que en 2019. ¿La razón? La directora del SJM explica que “tiene que ver en los últimos años con lo que Chile representa: un país estable, que tiene posibilidades laborales”. Y aquello se ve reflejado: para 2020, el porcentaje de afiliados extranjeros al Sistema de Administración de Fondo de Pensión (AFP) llegó al 9,6%.

Sin embargo, la situación contrasta con la cantidad de visados definitivos entregados en los últimos dos años. “Entre 2018 y 2020 se ha entregado casi la mitad de visas temporales (46%) y permanencias definitivas (45%) concedidas desde 2010. Ello se explica por el proceso de regularización extraordinaria de 2018, siendo ese año donde más permisos entregó Extranjería, bajando en 2019 y luego nuevamente en 2020″, se lee en el documento.

Detenciones sanitarias

Durante este año el reporte también señala un fuerte aumento en la detención a personas migrantes por parte de Carabineros, pasando de 23.066 en 2019 a 62.390 en todo 2020. De estas personas, un 63% fueron aprehendidas por infringir normas sanitarias en el contexto de pandemia. “Ello puede deberse a la necesidad generalizada de salir a trabajar en contextos de desprotección”, se explica.

El abogado de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, aborda que “definitivamente la pandemia ha afectado a la población migrante multidimensionalmente. Pero hay algunas particularidades que tienen que ver con el área laboral de los extranjeros que ya se encuentran en el país: en el área formal fueron de los primeros en ser desvinculados con la crisis sanitaria. Y con esto, la informalidad laboral campea. Ni siquiera pueden contar con la cédula vigente ni con el permiso para desplazarse, porque la irregularidad migratoria va de la mano con la informalidad laboral”.

Fuente: La Tercera

POLÉMICA. Ayer salieron en un vuelo desde Iquique. La mayoría de los expulsados habían ingresado por pasos clandestinos, pero buscaban regularizar su situación.

“La PDI entró en la residencia que habito en Antofagasta, gritando, golpeando ventanas y partiendo puertas. Todo porque estaban buscando a mi hermana con una orden de expulsión. Mi hermana salió y se la llevan detenida a las 2:30 de la madrugada de ayer (el sábado). Aún nosotros no sabemos si ha comido, si tiene agua. Ella se fue con una sola ropa, ya no tiene familia en Venezuela. Ya apelamos su caso, pero por motivo de tribunales no atienden los domingos y no pueden dar respuesta, pero aun así la PDI se la llevó para Iquique, ayer a las 10 PM”, relata Michael, uno de los tantos venezolanos que entraron durante febrero al país y que hoy sufre la incertidumbre de no saber que pasara con su familia y sobre todo con su hermana.

“No hemos podido tener contacto con ella ya que igual estamos irregulares acá en el país, pero mi familia y todos estamos acá, no tenemos nada allá en Venezuela, huimos (…) sabemos que entramos de una manera inadecuada pero no lo hacemos porque no queremos, lo hacemos porque nos vimos obligados”, relató. Este domingo, la hermana de Michael junto a otros 54 extranjeros, fueron expulsados del país desde el aeropuerto de Iquique. Se trataba principalmente de personas de origen venezolano, quienes habían entrado de manera irregular a Chile. El operativo estuvo encabezado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien explicó que fue “un grupo de 55 personas (las expulsadas), está compuesto por 15 personas que han sido expulsados en virtud de una orden judicial, el Poder Judicial ha decidido sustituir sus penas privativas de libertad por la expulsión con la prohibición de volver a Chile en un periodo determinado. Asimismo, se suman 40 ciudadanos extranjeros que están siendo expulsados administrativamente como consecuencia de haber incumplido gravemente nuestra normativa migratoria. La gran mayoría de ellos ciudadanos extranjeros que entraron clandestinamente a nuestro país”. El subsecretario añadió que podrían volver a hacer ingreso a nuestro país una vez hayan regularizado su situación migratoria, según lo que dicta la nueva ley.

CRÍTICAS

La acción no estuvo exenta de polémicas, ya que diversas organizaciones migrantes y de derechos humanos, la catalogaron como ilegal y arbitraria, de acuerdo a lo que dicta la misma nueva Ley de Migración y Extranjería, actualizada el pasado 20 de abril. Asimismo, se cuestionó la forma con la que se están llevando a cabo este tipo de operativos en el norte del país. La presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, comentó que una parte de los venezolanos deportados ayer fueron detenidos al ir a autodenunciarse en la PDI, con el fin de regularizar su situación migratoria. Sin embargo, al acudir al lugar no solo quedaron privados de libertad, sino que también “se les privó del derecho a la defensa, al principio de no devolución (que se encuentra consagrado en el Derecho Internacional) y no se cumplió con la prohibición de expulsiones colectivas de personas extranjeras”.

El director de la organización Migra Chile, Diego Persico, catalogó como ilegal la expulsión. “Éstas personas fueron detenidas una vez que estaban cumpliendo con sus firmas semanales, en virtud de la autodenuncia que llevaron a cabo, también tenemos conocimiento de personas que fueron detenidas en sus domicilios a partir de allanamientos, otras en residencias sanitarias (…) Sin embargo el gobierno a través de su plan Colchane decide expulsarlas de manera ilegal”, dijo. Persico también sostuvo que “para poder expulsar a un extranjero de este país se debe someter a un procedimiento penal, procedimiento que por supuesto no se ha realizado. Lo que es arbitrario e ilegal, y se llevó por vía administrativa, la cual transgrede nuestra normativa vigente en el decreto de ley 1.094, y así las disposiciones transitorias de la nueva Ley 21.325, que les da un plazo holgado a las personas para que pudieran salir del país y regresar de manera regular”.

RECURSOS DE AMPARO

Por su parte, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio jesuita Migrante, comentó que “nosotros vamos a seguir trabajando por la protección y los derechos de las personas, ayer la Corte de Iquique acogió la orden de no innovar, a partir de los recursos de amparo que presentamos en conjunto con las clínicas jurídicas de la Universidad Alberto hurtado y la Universidad Diego Portales, más de 25 personas pudieron salir liberadas de esa expulsión, en tanto se analizan los recursos de amparo”.

“Queremos recordar que la nueva ley de migración tiene un proceso ya abierto de regularización extraordinaria y también un procedimiento para que las personas que hicieron acceso (al país) por paso no habilitado, tengan un plazo de 180 días para abandonar Chile sin ser sancionados. Entonces en ese sentido, tampoco entendemos porque eso no se está respetando”, añade Ureta.

EN LA REGIÓN

A nivel regional, Hugo León, defensor migrante de la Defensoría Regional Pública, comentó que les tocó ver uno de los 12 casos de inmigrantes expulsados de Antofagasta y Calama. “A ella le había llegado el decreto de expulsión, nosotros como Defensoría acogidos a la nueva ley de migración, revisamos el decreto y presentamos un recurso de amparo. Desde la Defensoría mantenemos la tesis de que fue expulsada de manera arbitraria, ya que la causal por la que ella fue expulsada -y me imagino que lo mismo sucede con los demás extranjeros expulsados- era que había ingresado de manera irregular por paso no habilitado.

Resulta que eso hasta el 20 de abril dejo de ser delito, entiéndase el ingreso clandestino por paso no habilitado. Resulta que el delito que cometió dejo de ser un delito, por la nueva ley”, argumenta León. A su vez, el defensor comenta que “lamentablemente esto no es nuevo, son procesos que se llevan a cabo de manera escondida, arbitraria, engañando la gente, los días viernes a última hora, se les va a buscar a la casa, se les embarca en un avión. Porque como sabemos, las instituciones los fines de semana están cerrados y tienen poca capacidad de reacción. Entonces es complejo actuar frente a este escenario”.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

El Servicio jesuita a Migrantes (SJM) emitió ayer una declaración en la que denuncia que personas de nacionalidad venezolana, que se autodenunciaron tras ingresar al país por pasos no habilitados en la frontera norte, en los últimos días, fueron retenidas y que luego serían expulsadas por las autoridades locales. Al respecto, el SJM presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Arica, la que paralizó el proceso de expulsión, que se realizaría hoy.

Mediante una declaración pública, Waleska Ureta (directora del SJM), Macarena Rodríguez y Francisca Vargas -directoras de las clínicas jurídicas de la U. Alberto Hurtado y U. Diego Portales, respectivamente-, señalaron que ‘se han efectuado revisiones corporales indebidas’ en medio de estas retenciones.

Hace una semana se anunció que la nueva Ley de Migraciones y Extranjería abriría un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que quienes hicieron ingreso irregular puedan salir del territorio y pedir una visa en el exterior, sin ser sancionadas. En esa línea, el SJM señaló que ‘no se entiende que, al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas de este modo, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso’.

El Departamento de Extranjería y Migraciones señaló que ‘los casos han sido minuciosamente analizados y contaron con amplios plazos para recurrir al procedimiento, ya que fueron informados al momento de la autodenuncia y al momento de notificar presencialmente la expulsión y, pese a ello, decidieron mantenerse en su condición irregular’.

Los retenidos fueron dejados libres, luego de que, durante la tarde de ayer, la Corte de Arica acogiera una orden de no innovar para resolver la situación de los inmigrantes.

Fuente: El Mercurio

Manifestamos nuestra preocupación por la situación que se está viviendo desde el día de ayer en la macrozona norte, donde se ha detenido y retenido a un grupo de personas migrantes para su expulsión mañana domingo 25 de abril. En este escenario, hemos presentado recursos de amparo, por personas que se encuentran en Arica y en Iquique, todas de nacionalidad venezolana.

La detención de estas personas se encuentra plagada de irregularidades: se han efectuado revisiones corporales indebidas, se ha impedido el ingreso de abogados del Servicio Jesuita a Migrantes al cuartel de la Policía de Investigaciones, se está reteniendo a personas que requieren protección internacional y a otras que están acompañadas de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ambas situaciones impiden que se las expulse; la detención se extiende por más de 24 horas, por sobre el límite legal, fundado en una aparente e ilegal decisión de la autoridad.

La nueva Ley de Migraciones y Extranjería abrió, con su publicación esta semana, un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que quienes hicieron ingreso irregular al país puedan salir de él y pedir una visa en el exterior, sin ser sancionadas. No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas de este modo, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso.

Hace sólo unos días, el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CMW) manifestó su preocupación porque en Chile se están efectuando expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional y llamó a que se haga un análisis individual de la situaciones y que se les permita el acceso a la justicia, precisamente lo que no está ocurriendo en este caso.
Hacemos un llamado claro y directo a la autoridad a respetar y cumplir el marco legal de debido proceso que debe existir antes de expulsar a una persona del país, así como aplicar los principios de unidad familiar y de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema debe respetarse el principio de no devolución de personas cuya vida e integridad corre peligro si son expulsadas, como hoy ocurre con muchas personas venezolanas, que deben huir de su país para salvar sus vidas y las de sus familias, y cuya situación se complejiza aún más en un escenario global de pandemia.

Nos mantendremos comprometidos con la defensa irrestricta de las personas, continuaremos trabajando porque sus derechos sean respetados, y seguiremos reiterando nuestra disposición a colaborar para que como país, seamos una comunidad de acogida efectiva y para que la migración sea realmente segura, regular y ordenada.

Macarena Rodríguez Atero, Directora Clínica Jurídica Universidad Alberto Hurtado.

Waleska Ureta Cañas, Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes.

Francisca Vargas Rivas, Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados Universidad Diego Portales.

Arica y Antofagasta: Entregamos tablets a niños y jóvenes refugiados y migrantes junto a ACNUR y World Vision

En el marco de un importante trabajo conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la ONG World Vision, y gracias al auspicio de WOM, las sedes de Arica y Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) accedieron a entregar recientemente 40 tablets, con el objetivo de favorecer la inclusión social y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes, aportando además a la disminución de la brecha digital.

Desde Arica, se detalló que los beneficiarios correspondieron a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad, quienes se encuentran escolarizados .

La actividad de entrega se llevó a cabo en la sede ariqueña del SJM, bajo todos los cuidados que impone la pandemia por el COVID-19, y contando con la presencia de adultos responsables, junto a cada uno de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de las tablets. Las entregas estuvieron a cargo del equipo de profesionales del Área Intervención Social del SJM Arica.

“Esta actividad fue muy importante para todos, pues trajo mucha alegría a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes beneficiados. Y es que estas herramientas les permiten mejorar el acceso a internet, logrando por fin buenas conexiones que optimizan sus posibilidades de estudio y contacto a nivel general, algo que -sin duda- contribuirá en la educación a distancia en estos tiempos de crisis sanitaria”, sentenció, Makarena Salvatierra, Responsable del Área de intervención Social de Arica.

Antofagasta destaca apoyo de escuelas de la Bonilla

En la capital de la región de Antofagasta, la entrega de estos kits de inclusión escolar, estuvo a cargo del equipo de profesionales del Área de Educación con apoyo el Área Social del SJM y tuvo como escenario el centro comunitario de la Fundación. Se favoreció a 20 niños, niñas y jóvenes migrantes y refugiados en edad escolar que no contaban con dispositivos electrónicos ni acceso a internet suficiente para asistir a sus clases. 

Claudia León, Responsable de Educación e Interculturalidad en SJM Antofagasta, indicó que ” nuestro equipo de Antofagasta está muy agradecido con esta donación realizada por ACNUR y World Visión ya que sin duda es un aporte para acortar las brechas de acceso a la educación que han tenido niñas y niños migrantes y refugiados durante la pandemia.  Igualmente estamos muy agradecidas con las escuelas del territorio Bonilla, ya que nos ayudaron a identificar las familias con mayores necesidades en este sentido, para mejorar -efectivamente- la participación y acceso de los niños, niñas y adolescentes que llegaron a Chile hace poco tiempo y quienes con esta donación se sentirán más incluidos en su comunidad educativa”.

“Desde ACNUR sabemos que la pandemia ha afectado tremendamente a todas las niñas y niños del país, restringiéndoles al máximo sus posibilidades de tener espacios de distensión, entretenimiento o sociabilización con otras niñas y niños, pero también sus chances de continuar con su aprendizaje escolar. En el caso de las niñas y niños refugiados y migrantes, el impacto de esta situación ha sido aún más profundo, debido a que muchos de ellos están en una situación de vulnerabilidad extrema, sin redes de apoyo y en un país nuevo del cual poco conocen. A pesar de ello, tienen enormes ganas de salir adelante”, explicó Rebeca Cenalmor-Rejas, jefa de la Oficina de ACNUR en Chile. “Mediante esta donación quisimos beneficiar a niñas y niños refugiados, migrantes y chilenos, todos los cuales merecen una oportunidad para continuar con sus vidas a pesar del COVID-19”, agregó.

“Como World Vision siempre hemos abogado por salvaguardar a la infancia vulnerada, que es precisamente la situación en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados. La entrega de tablets es sólo un pequeño grano de arena para contribuir a su bienestar y, en concreto, apoyar su consolidación en nuestro país a través de un aspecto tan fundamental como la inclusión educativa”, enfatizó Harry Grayde, Director Ejecutivo de ONG World Vision.

La entrega de los dispositivos para niños, niñas y adolescentes migrantes o refugiados de Arica y Antofagasta también contó con el importante respaldo de la compañía de telecomunicaciones WOM, que donó simcards de 10GB para que los niños puedan acceder a internet durante el periodo de un año, garantizando que puedan acceder sin problemas a las clases telemáticas.

FENÓMENO. Fiscalía investiga seis denuncias por tráfico de personas sólo en lo que va del año

En medio de la pandemia se ha registrado un aumento exponencial de migrantes tratando de ingresar de forma irregular a Chile, y la región de Antofagasta no está exenta de esta problemática producto de su cercanía de la frontera con Bolivia, además de la gran cantidad de pasos no habilitados existentes en la zona.

Durante los últimos meses miles personas se han visto empujadas a migrar desde sus países de origen en busca de mejores oportunidades para trabajar y vivir. Sin embargo, este flujo migratorio también ha dado paso para que aparezcan grupos que se dedican a lucrar con el traslado de personas de una frontera hacia otra, aprovechándose del estado de vulneración en el que se encuentras sus víctimas.
Mafias

La semana pasada la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Calama, en conjunto con la Fiscalía Local El Loa, lograron desbaratar a una agrupación familiar que se dedicaba al tráfico de personas por pasos no habilitados en la frontera.

En este caso la banda delictual, que fue detectada por la policía tratando de ingresar a cuatro personas bolivianas (una de ellas menor de edad) desde Uyuni hasta San Pedro de Atacama, captaba a sus víctimas a través de redes sociales ofreciéndoles ingresar ilegalmente al país, previo pago de 130 dólares por persona (cerca de 91 mil pesos chilenos).

Según detalló la Fiscalía de El Loa, existen a lo menos otros cinco casos asociados al tráfico de personas en la zona.

Uno de ellos se trató de un grupo de extranjeros que intentaron ingresar a la región ocultos en el baño de un bus, situación que fue alertada por efectivos de la PDI, quienes tras interrogar a las víctimas, estas señalaron que le habían pagado el chofer para cruzar la frontera.

En otro caso registrado, un camionero ofreció ingresar de forma ilegal al país a una mujer, trasladándola en primera instancia hasta los límites de la frontera, diciéndole que la esperaría unos metros más allá, hasta que él cruzara, para llevarla luego hasta Calama. Aquí no hubo pago, porque lo haría al llegar a destino.

Desde la Fiscalía de El Loa explicaron que los puntos de ingreso a la región que están utilizando los llamados “coyotes” son las localidades de San Pedro de Atacama y Ollagüe.

“Por pandemia, los van a buscar hasta Hito Cajón y los bajan hasta San Pedro o Calama. La ruta en general es Santa Cruz, Cochabamba o Oruro y desde ahí hacia Uyuni. La mayoría de quienes realizan esta ruta son venezolanos”, se explicó.
Riesgos

Desde diversas ONGs que prestan ayuda a migrantes han advertido que el tráfico de personas en la zona norte del país es un delito que ha ido en aumento en tiempos de pandemia, incluso con consecuencias fatales.

En marzo de este año una mujer de nacionalidad venezolana, de 33 años, se trasformó en la quinta persona que muere en la frontera en lo que va de 2021 y la tercera en las últimas dos semanas en perder la vida intentando ingresar a Chile por un paso no habilitado cercano a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá.

En su caso, la víctima, con problemas de salud, fue abandonada por el “coyote” que encabezaba este ingreso irregular.

Al respecto, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (S]M), indicó que existe un número desconocido de casos de tráfico de personas que no está siendo denunciado por las víctimas, debido al temor que les provoca su condición de irregular en el país, una situación que a su juicio transforma a los migrantes en “presa fácil porque vienen desesperados”.

“El migrante igual tiene alguna información sobre el tema de la militarización de la frontera, entonces sabe que solo no va a poder entrar, y ahí recurre a estos cazadores de personas. Lo que hacen es venderles el sueño de ingresar a Chile de una manera segura, lo que no es efectivo. Si bien hay algunos que han ingresado en camiones casi como ganado, hay otros que ingresan caminado y son abandonados a la mitad del desierto si el traficante que los trae ve que existe riesgo de ser detenido”, comentó Aravena.

La asistente social de profesión dijo que hoy quienes más se ven amenazados por las mafias dedicadas el tráfico de personas son los venezolanos, quienes atraviesan todo el continente para llegar a Chile, e incluso, familias completas con menores de edad.

“Como nuestra frontera es similar a una explanada gigante eso facilita el ingreso irregular, ya que no tenemos una vigilancia fronteriza centímetro por centímetro. El tema es que las personas no vienen preparadas para la altura, no traen ropa de invierno o están preparados para caminatas extensas, porque mucha gente piensa que van a cruzar la frontera y la ciudad más cercana esta a dos horas caminado, lo que no es así”, detalló la directora regional del SJM.

En esa misma línea, Pablo Rojas, integrante de la ONG Fractal, agrupación que presta ayuda a familias migrantes, advierte que actualmente los migrantes que intentan llegar a Chile están viviendo una situación dramática ya que, por un lado, están a merced de las mafias que se aprovechan de su situación, y por otro, se exponen a los riesgos de las condiciones brutales del desierto.

“El principal riesgo tiene que ver con integridad física y psicológica. Son personas que pagan por cruzar, sin ninguna garantía de que las personas a quienes les pagan cumplan con lo pactado. Incluso, hay veces que las personas no reciben una atención adecuada y se van quedando en el camino, por lo que los riesgos son muy altos”, enfatizó el psicólogo.

Rojas agrega que es el cierre de frontera el que de alguna forma gatilla el aumento de tráfico ilegal de migrantes . “Todas vez que Chile ha puesto visas consulares. Eso pasó con los venezolanos, aumentó la irregularidad migratoria, el paso por lugares no habilitados y el tráfico. Es una cuestión casi automática. De hecho ya llevamos cinco personas muertas por esta situación”, concluyó.

“Si bien hay algunos que han ingresado en camiones casi como ganado, hay otros que ingresan caminado y son abandonados a la mitad del desierto”.

Lizza Aravena, Servicio Jesuita a Migrantes

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

Por otro lado, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU y sus familias (CMW) -compuesto por 14 expertos independientes en DD.HH. – celebró la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería.

Durante la última sesión del Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU y sus familias (CMW) se refirieron a la situación de los extranjeros en el país y manifestaron su preocupación por la expulsión de grupos de migrantes venezolanos durante el mes de febrero.

Sin embargo, la instancia acogió con satisfacción la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, que, tras ocho años de discusión, trae cambios positivos en consonancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.

Causa preocupación al comité – compuesto por 14 expertos independientes en derechos humanos – que “cientos de personas, incluídos ciudadanos venezolanos, han sido expulsados”. En ese sentido, destacaron que la convención “prohíbe las expulsiones colectivas y que cada caso de expulsión debe ser examinado y decidido de forma individual”.

Por esta razón, el grupo de expertos formuló algunas recomendaciones al Gobierno de Chile como “proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en particular el derecho a la salud, y mitigar los impactos adversos de la pandemia”.

Además recomiendan implementar medidas para “eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migrantes y sus familias”.

Por otro lado, solicitaron garantizar una protección legal y efectiva para los trabajadores migrantes y sus familias que denuncien abusos.

También el comité de expertos sugiere “proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo con medidas de gestión de fronteras que estén en consonancia con el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas; y restringir el uso de las Fuerzas Armadas en las fronteras”.

Finalmente, también solicitan “implementar una política integral para asegurar una regularización accesible y asequible para los trabajadores migrantes y sus familias en situación irregular”.

El próximo 29 y 30 de abril, el comité volverá a estudiar la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Chile y se volverán a emitir conclusiones.

Fuente: La Tercera

Advierten sobre la excesiva burocracia que ha plagado anteriores instancias similares.

La regularización solamente incluye a quienes hayan ingresado al país antes de marzo de 2020.

Diversas organizaciones de migrantes han manifestado su preocupación ante el inicio del proceso de regularización migratoria, debido a las dificultades que han enfrentado para la realización de trámites en otras oportunidades.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el proceso extraordinario de regulación migratoria empezó este martes de manera digital, permitiendo que los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes del 18 marzo del año pasado y que no tengan antecedentes, podrán acceder al visado sin ser sancionados, además de recibir un permiso temporal de un año para trabajar.

Además de esto, quienes ingresaron por pasos no habilitados podrán salir del país sin ser sancionados ni afrontar una prohibición de reingreso.

Desde la Coordinadora Nacional de Migrantes, su secretario de defensa Rodolfo Noriega planteó que “a nosotros nos preocupa mucho el proceso de regularización migratoria, porque creemos que es un proceso que en realidad no va a resolver el tema de la irregularidad”.

“Va a permitir si que algunas personas entrampadas en las marañas de trámites y la burocracia establecida -entre otras cosas- por este Gobierno, que no ha podido regularizar antes su residencia debido a las malas prácticas que ha establecido principalmente esa gente pueda en estos momentos optar por un procedimiento que, se supone, es muy simple y que debiera dar como resultado el que ellos por lo menos puedan obtener una visa temporaria o que les permita residir regularmente y poder trabajar”, sostuvo.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio de Jesuita a Migrantes (SJM), indicó que “nos parece fundamental que se haga este proceso de regularización extraordinaria, sin embargo, nos preocupa muchísimo que queden fuera de este proceso las personas que ingresaron al país después del 18 de marzo del año 2020 y que además queden excluidas las personas que ingresaron por pasos no habilitados, dado que se debe considerar que estamos en contexto de pandemia -y aún lo estamos- y las personas siguen migrando dadas las diversas crisis que se están produciendo en el continente, por lo tanto, buscando subsistir”.

Fuente: Cooperativa

Como Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) nos parece no sólo fundamental, sino necesario, el proceso de regularización extraordinaria que comienza con la publicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el día de hoy martes 20 de abril. 

Sin embargo, también creemos relevante manifestar nuestra inquietud frente a las limitaciones del proceso, pues existen elementos que no permitirán que ésta sea una respuesta efectiva para las personas que se encuentran en situación de irregularidad.

Esta medida no considera a aquello/as que ingresaron al país después del 18 de marzo de 2020; como tampoco y por primera vez, a quienes han ingresado por pasos no habilitados. Será un importante grupo de personas las que permanecerán en la informalidad y sin poder regularizar su situación en el país. Una preocupación latente y permanente y que se hará cada vez más compleja para todos, incluido el Estado. 

La salida del país, sin sanciones, para solicitar una visa en el extranjero, es hoy una medida impracticable, no sólo por la situación sanitaria que vivimos, sino también por los recursos económicos que ello implica, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos y su efectiva obtención.

Las diversas crisis que se están produciendo en nuestro continente, siguen obligando a miles de personas a huir de sus países y las visas consulares no parecen ser la herramienta más adecuada en estos momentos, de muestra solo basta seguir los indicadores de la Visa de Responsabilidad Democrática para la población Venezolana.

Todos queremos una migración segura, una migración ordenada y una migración regular, pero para que ello ocurra es necesario que las vías otorgadas a esa migración sean acordes a la realidad y a las necesidades. De otra forma, seguiremos aumentando la migración irregular.