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SANTIAGO (26 de marzo de 2021) – El 24 de marzo, el Representante para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, se reunió con representantes del Servicio Jesuita a Migrantes – Chile (SJM), encabezados por su Directora Nacional, Waleska Ureta, para abordar la situación de personas migrantes y refugiadas en el país.

En la reunión, las y los representantes del SJM informaron sobre las consecuencias que ha generado el cierre de fronteras en Chile a personas migrantes y refugiadas, en su mayoría venezolanas. Asimismo, profundizaron sobre las expulsiones por decisión de la autoridad administrativa ocurridas en febrero pasado, detallando la forma en que se realizaron estos procedimientos.

Al respecto, se analizaron las recientes decisiones de la Corte Suprema en esta materia en el marco de acciones de amparo, donde también destacan varias sentencias dictadas a inicios de marzo donde el máximo tribunal confirmó las decisiones de la Corte de Apelaciones de Iquique, dejando sin efecto las actas de expulsión emitidas por la Intendencia de Tarapacá.

Por su lado, el Representante del ACNUDH valoró el trabajo del SJM en materia de protección de los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, y expresó su preocupación por los hechos descritos en la reunión.

Además, Jarab destacó la importancia que los Estados implementen de manera efectiva procedimientos para identificar a las personas que tienen necesidades de protección.

Fuente: ACNUDH

La cifra representa la mitad de los registros de 2019, en un contexto de mayor flujo migratorio irregular, que aumentaría el riesgo de este tipo de hechos.

La crisis migratoria de la frontera norte, con un alza sostenida de ingresos por pasos no habilitados, surge como un factor que propicia el delito de trata de personas. Este hallaría un entorno favorable para expandir sus redes en la vulnerabilidad de grupos migrantes, advierten expertos.

Este tipo de transgresión a la ley, que abarca los delitos de trata sexual y laboral, durante 2020 registró tres formalizaciones, según datos del Ministerio Público. La cifra representa la mitad de los seis casos registrados en 2019, en un contexto de alta dificultad para avanzar en este tipo investigaciones, según sostiene Karen Guzmán Valenzuela, abogada asesora de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (Uldecco) del Ministerio Público.

“Creo que hubo un impacto importante de la pandemia en las formalizaciones, porque generó cuarentenas y esto hizo que prostíbulos que podían estar funcionando, y varios de los cuales estaban siendo investigados, dejaron de tener movimiento y muchas mujeres dejaron esos lugares (.) La pandemia afectó las diligencias en nuestro territorio y también las internacionales“, explicó.

Según describe Guzmán Valenzuela, entre las dificultades para avanzar en estas indagatorias figuran la baja cantidad de denuncias por amenazas, en el contexto de irregularidad migratoria de los afectados. Además de la necesidad de alojamientos y de intérpretes para atender a víctimas extranjeras o de pueblos originarios, como la urgencia de estas por retornar a sus países de origen luego de haber sido rescatadas y en medio de las investigaciones. “Son casos complejos y de largo aliento. La tramitación de una causa de trata de personas es de un año en la etapa desformalizada, en promedio, y otro año más cuando está formalizada la investigación”, dice.

Para Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), resulta clave enfrentar la problemática de la trata de personas sin dejar de lado una perspectiva de género. “Hay una mayor proporción de mujeres que son víctimas de este negocio ilícito, y con ello quedan más expuestas a diferentes vejaciones. Todo por subsistir; muchas son de contextos vulnerados y excluidos“, dijo.

“Es importante igualmente conocer con más detalles la situación de la población venezolana que ha migrado en estos últimos meses. Ello pues, yendo al tema del tráfico de personas, con datos solicitados a la Policía de Investigaciones por el SJM, en 2020, casi la mitad (42%) de las víctimas registradas fueron de dicha nacionalidad. Por ello también es relevante conocer la situación de quienes son víctimas de trata”, agregó.

Según registros del Ministerio Público, durante el año pasado hubo 29 investigaciones por trata sexual y 16 por trata laboral en el país.

Para la abogada Guzmán Valenzuela muchas de estas denuncias terminan finalmente desestimadas al no configurar este delito.

– “Subrayamos la importancia de avanzar en la mejora continua en la gestión de la información relacionada con trata y tráfico de personas migrantes en Chile“. Waleska Ureta. Directora Servicio Jesuita a Migrantes

– “A casi 10 años de la entrada en vigencia de la Ley N{+o} 20.507 que tipifica delito de trata, ha habido avances pero aún queda mucho trabajo por hacer”. Karen Guzmán Valenzuela. Abogada asesora Uldecco

– TÉRMINO

Entre 2019 y 2020 se registran 62 causas por trata de personas; 35 finalizaron con archivo provisional.

Fuente: El Mercurio

• El lugar cuenta con 65 camas, distribuidas en 31 habitaciones con baño privado.

• Operará como filtro para separar a las personas sanas de quienes están positivas.

Una nueva residencia sanitaria transitoria entró en funcionamiento en Antofagasta, cuyo objetivo es albergar a todos los extranjeros que sean sorprendidos ingresando ilegal al pais, mientras se corrobora su estado de salud.

El lugar cuenta con 65 camas distribuidas en 31 habitaciones con baño privado, registrando su primer ingreso este jueves, un ciudadano colombiano.

La seremi de Salud, Rossana Díaz, manifestó que “nuestra expectativa con este nuevo recinto es mejorar la atención de salud y aislar efectivamente los casos positivos entre quienes ingresaron ilegalmente al país”.

Diaz explicó que “vamos a recibir a todas estas personas, a quienes se les practicará un examen PCR. En el caso de resultar positivos serán derivados a una residencia definitiva y los que no, terminarán su cuarentena preventiva obligatoria de ingreso al país en este mismo recinto”.

El recinto contará permanentemente con personal administrativo, un coordinador clínico, dos técnicos en enfermería y funcionarios del hotel.

Rodrigo Salvatierra, coordinador regional de residencias sanitarias, indicó que “los extranjeros que ingresen ilegalmente al país serán derivados por nuestras aduanas sanitarias y por personal policial o de Fuerzas Armadas hasta este recinto y operará como una especie de filtro para separar a las personas sanas de quienes están positivas“.

En tanto, el Servicio Jesuita a Migrantes valoró esta iniciativa que va en directo apoyo de las familias migrantes refugiadas que están de paso por esta región .

“Creíamos que era súper necesario generar este mecanismo de pesquisa de personas que pudieran venir con Covid positivo y que vinieran ingresando a nuestro país. No necesariamente por paso regular, pero que tuvieran derecho a esta atención y a esta primera acogida me parece una tremenda iniciativa y creo que de la mano de esta pueden hacer otras“, afirmó Lizza Aravena, directora regional del organismo.

En la Región de Antofagasta, la Seremi de Salud administra actualmente 10 residencias sanitarias, cuatro en la capital regional, dos en Calama y en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal y San Pedro de Atacama, hay una con número total de camas que bordea las 800.

Fuente: Radio Cooperativa

El pasado jueves 18 de marzo se desarrolló un encuentro online a través de Zoom, al que asistieron 26 voluntarios y voluntarias de la aplicación. En la hora y media de esta reunión hubo intercambio de experiencias y se presentaron próximos pasos en la ejecución de la plataforma de ayuda y orientación para este año. 

Por Tamara Zamorano

La aplicación del SJM, MigrApp, que brinda asistencia social, acompañamiento y orientación jurídica, convocó a sus voluntarios y voluntarias a un espacio de interacción en que pudieron conocerse virtualmente, en el marco de organizar el presente año y el avance de esta. 

Fernando Guzmán, Responsable Proyecto MigrApp, señaló que en esta instancia “el equipo pudo verse los rostros, compartir sus experiencias en el trabajo y desarrollar sentido de pertenencia. Se realizó una dinámica en que cada participante se presentó, hubo buena asistencia. Fue valioso por el significado que tiene para cada uno formar parte del equipo y también para canalizar la indignación que genera el mal trato que se le da a las personas migrantes en el país”.

Los voluntarios/as de MigrApp tienen dos grupos de WhatsApp que cuentan con alrededor de 40 miembros cada uno, integrado por voluntarios y asesores del Comité de Cultura Organizacional (conformado por las voluntarias María Eugenia Pedraza y Paola Guerrero) que sirven como red para la presentación de propuestas e ideas para la generación del sentido de pertenencia, para la consulta de dudas, así como para agendar reuniones cada dos meses. Como asevera Guzmán “es un espacio de confianza”, pues quienes tienen mayor experiencia acompañan y guían a los nuevos voluntarios/as que se suman al equipo.

Actualmente la aplicación cuenta con 60 voluntarios activos, quienes provienen de Chile, América Latina y de Europa. No obstante, la diversidad no se aplica sólo a las nacionalidades. “En MigrApp somos un ejemplo de la sociedad que soñamos para Chile, hay una gran diversidad en todos los sentidos, en términos de nacionalidades, por ejemplo, hay personas provenientes de casi todos los países de América Latina, como Argentina y México, e incluso voluntarios chilenos que apoyan desde Europa. Son de todas las edades, puesto que tenemos estudiantes universitarios pero también hay profesionales de diversas áreas, entre sociólogos, trabajadores sociales, educadores, antropólogos, cientistas políticos, ingenieros, administradores y abogados. Somos un equipo muy diverso que tenemos como misión promover una sociedad más justa, más humana y que garantice los derechos humanos”, destaca el responsable del proyecto.

En Chile los voluntarios y voluntarias se distribuyen en distintas ciudades a lo largo del territorio, hay quienes viven en Antofagasta, Arica, Puerto Montt y Santiago.

En cuanto a los temas que más consultas concentran, según la experiencia de los voluntarios/as, son en primer lugar la regularización de la situación migratoria, “recibimos casos de personas con sus visas vencidas y quieren saber cómo regularizarse, quienes tienen a sus niños y niñas en situación irregular y necesitan acceder a las escuelas”. También consultan “por los visados de turista y residencia, por los ingresos por pasos no habilitados, se presentan dudas sobre el acceso a la atención de salud pública, consultas de personas que buscan empleo. Nos llegan muchas preguntas de personas que son solicitantes de refugio”, subraya Guzmán.

En la instancia realizada el jueves pasado se planificó el desarrollo de MigrApp durante este año y además, “sobre la pronta captación de voluntarios que será anunciada y difundida prontamente”, concluye el responsable del proyecto.

Entre las acciones judiciales que esta área de trabajo ha llevado recientemente destacan los recursos para revocar las órdenes de expulsión de las personas migrantes que han ingresado al país por pasos no habilitados. Una labor que se realiza desde las oficinas que el SJM tiene en Arica, Antofagasta y Santiago.

Por Tamara Zamorano

El Área Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) tiene como principal meta brindar atención y orientación jurídica a las personas migrantes y refugiadas que lo requieran y se articula a través de una labor conjunta realizada desde las oficinas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Santiago, pues en cada una de ellas existe una responsable a cargo.

De acuerdo con Constanza Salgado, abogada de la oficina del SJM Santiago, “el trabajo del área en las tres regiones se dedica en gran parte a la atención jurídica de casos, existe un protocolo interno para trabajarlos. En primer lugar, las personas son atendidas por el Área Social y desde ahí se derivan al área jurídica, así como nosotros podemos informarnos sobre quienes llegan al área social y captar casos relevantes con los que podamos trabajar”.

Como señala la abogada, al SJM llegan “los llamados ‘casos de laboratorio’, esos que ninguna otra entidad quiere representar porque son complejos. Así, por ejemplo, nos llegan solicitudes que no se han resuelto en mucho tiempo, por demoras en Extranjería. Antes teníamos solo casos de migración, pero desde el 2018 vemos además casos de solicitantes de refugio”.

Otra labor importante que realiza esta área son las charlas tanto a personas migrantes como a la población de acogida sobre derechos laborales. “Y en este último período estamos dando charlas a las personas que ingresan de manera irregular para que sepan qué significa haber ingresado por un paso no habilitado”, agrega Salgado. 

Casos y aliados 

En el SJM se atienden casos ligados a vulneración de derechos sostenida en el tiempo, “principalmente por parte del Estado, ahí es que trabajamos en acciones que se puedan estar tomando y que vulneran los derechos de las personas, esto lo realizamos en conjunto con otras instituciones para incidir en las políticas públicas y con el objetivo final de cambiar las políticas migratorias”, afirman desde la oficina de Santiago.

Actualmente y en contexto del ‘Plan Colchane’ el mayor foco de los casos está concentrado en “el ingreso por paso no habilitado de niños, niñas y adolescentes (NNA), en estos tenemos que analizar qué hacemos, si es que se pueden crear mesas de trabajo para estudiar acciones judiciales, o nos unimos con otras organizaciones, pues este tipo de casos está siendo un punto fundamental para nuestra área”, asevera Salgado. 

La profesional explica que debido a las medidas sanitarias por el Covid-19 “los casos llegan al SJM a través de la plataforma MigrApp y por medio de instituciones con las que tenemos un convenio y que puedan derivar algún caso. Trabajamos de la mano con otras instituciones como Pro Bono, el estudio jurídico Guerrero Olivos y estamos en constante comunicación con otras entidades a las cuales derivamos casos que no son de nuestro conocimiento”.

Además de contar con convenios con otros estudios jurídicos, la oficina de Santiago del SJM es miembro de la Mesa de Litigio Estratégico en Movilidad Humana, conformada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las Clínicas Jurídicas de las universidades Diego Portales (UDP) y Alberto Hurtado (UAH), y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana en la que permanentemente se levantan problemáticas que se puedan llevar de manera conjunta.  

Los procesos de regularización y más

El tipo de representación que entrega el área jurídica del SJM “depende de lo que necesite la persona. A alguien que ingresa por paso no habilitado se le dicta una orden de expulsión, que luego debe revocar ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) para poder comenzar su proceso de regularización y  tramitar la solicitud de refugio. Entonces, una vez que se revoca esta orden de expulsión la persona tiene dos alternativas la tramitación de un visado o iniciar el proceso de solicitud de refugio, esto dependerá netamente de lo que requiera el caso”, recalca la abogada.

Las solicitudes de refugio son otro tipo de caso relevante que llega al SJM, pues este es un proceso difícil para quienes vienen de países en que se vulneran los derechos humanos. Para la organización este también es un trabajo importante que consta de acompañar a las personas, de orientarlas y darles representación jurídica.

Como parte de la labor del SJM igualmente, se incluye la presentación de acciones administrativas y judiciales. “En el último tiempo las acciones judiciales son nuestro fuerte, estamos constantemente haciendo alegatos en las Cortes de Apelaciones en la zona norte de Chile y en Santiago y en la Corte Suprema, que son quienes han ayudado a resolver los casos de las personas migrantes y refugiadas más que el DEM”, indica Constanza Salgado.

La profesional explica que las acciones administrativas son aquellas a las que se recurre, previo a la instancia judicial, a la entidad correspondiente ya sea al DEM, a alguna Intendencia o Gobernación, para que se analice el caso de regularización y este  se pueda resolver. Por lo que, si estas instituciones no resuelven favorablemente, se acude a las acciones judiciales de representación, por medio de recursos de amparo y protección.

El Área Jurídica de la oficina de Santiago presentó el jueves 18 de marzo un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica para revocar la expulsión de 16 personas, de las que 13 son ciudadanos venezolanos, dos dominicanos y un ciudadano cubano, “fue un amparo colectivo. En paralelo llevamos dos acciones de representación vinculadas a solicitudes de regularización ante el Ministerio del Interior que no han sido resueltas en un año, por lo que decidimos recurrir a la corte frente a la falta de respuesta del DEM”, subraya Salgado.

Cabe destacar que en lo que va de este mes, “como área jurídica, del SJM Santiago, hemos presentado tres recursos de amparo para revocar órdenes de expulsión, todos resueltos favorablemente. Desde que iniciamos esas acciones judiciales en el año 2019 hemos tenido un buen resultado”, cierra la abogada.         

El trabajo de Arica y Antofagasta

Desde la puerta norte de Chile, Daniella Brondi, Responsable Área Jurídica de la sede de la región de Arica y Parinacota del SJM, explica que en el actual contexto de ingreso de personas migrantes por la frontera, “el SJM es la única institución que brinda asesoría y representación jurídica en la región, por medio de la presentación de recursos de amparo por los ingresos a Chile por paso no habilitado”.     

De igual forma, las políticas migratorias y sus consecuencias “que son vividas por quienes acaban de llegar al territorio nacional son explicadas por el SJM”, agrega Brondi.

Es así como las acciones, como los recursos de amparo “que tienen la finalidad de dejar sin efecto las órdenes de expulsión, se suman a otras labores importantes como la observación, la asesoría jurídica en la frontera y a nuestra participación en los procesos de repatriación en contexto del Covid-19, así como a la colaboración, por parte de nuestra oficina a la elaboración del Informe de Frontera del SJM en los últimos dos años y la asistencia y representación judicial a los solicitantes de asilo en Chile”, subraya la abogada del SJM Arica. 

A su turno Camila Banda, Responsable Área Jurídica de la sede de la región de Antofagasta del SJM, destaca la el trabajo de interposición de acciones judiciales para los casos de solicitantes de refugio, pues “desde el 20 de marzo de 2020 las oficinas del DEM de la Gobernación Provincial de Antofagasta están cerradas, lo que está imposibilitando el ingreso al procedimiento de la condición de refugiados en nuestro país”.

Lo anterior, a juicio de la experta provoca que “se deba cumplir un rol informador hacia nuestros usuarios, como también la judicialización de aquellos casos donde la propia autoridad no da cumplimiento al procedimiento establecido en la ley”. 

Banda también releva otra labor realizada por la oficina de la II Región que corresponde a “la convocatoria a la Mesa Jurídica de Migración y Refugio de la Región, que reúne a instituciones como el INDH, la Fundación Apoyo a las Iglesias Cristianas (FASIC), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Defensoría Penal Pública (DPP), la Corporación MigrAcción, la Casa de la Diversidad y la Clínica Jurídica de la Universidad Católica del Norte (UCN), con quienes nos juntamos una vez al mes para discutir estrategias jurídicas y buenas prácticas en nuestras entidades, como también los desafíos que nos presenta el actuar de la autoridad migratoria en la región”, cierra la responsable del SJM Antofagasta.

El Servicio Jesuita a Migrantes anunció, que junto las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de las expulsiones decretadas por el gobierno en el denominado Plan Colchane.

“Hemos solicitado una medida cautelar en favor de un grupo de personas venezolanas contra quienes se dictaron órdenes de expulsión en el contexto del Plan Colchane. Si bien es cierto que estas personas han hecho ingreso irregular a Chile, no pueden ser expulsadas en forma colectiva y sin garantías del debido proceso, ni pueden devolverlas a un país en que el ejercicio de sus derechos está siendo amenazado”, señala el comunicado.

La temática de las expulsiones sin el debido proceso ha sido abordada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, en que se ha establecido un criterio en que si la persona es denunciada al Ministerio Público cuando ingresa ilegalmente, no basta con que el Ministerio del Interior se desista de esa denuncia para declarar la expulsión por vía administrativa. Los jueces han indicado que este sistema utilizado viola el debido proceso y el derecho a defensa. Es por esto que han acogido varios recursos de amparos de ciudadanos extranjeros.

Francisca Vargas, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP señaló en Twitter que “presentamos una solicitud de medida cautelar en favor de personas expulsadas por el #planColchane. Expulsión deshumanizada y contraria a normas de DDHH frente a una crisis humanitaria”.

Fuente: En Estrado

El tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes en situación irregular fue trascendental en el debate por la nueva Ley de Migración y, en las últimas semanas, ha motivado una campaña de regularización propuesta por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que ya lleva el registro de 400 menores de edad.

La irregularidad migratoria ha sido un término popularizado en los últimos meses, principalmente por los acontecimientos ocurridos en la comuna de Colchane. Sin embargo, pese a que el tema está aún lejos de resolverse, algunas organizaciones hacen cálculos y dimensionan el impacto que podría tener esta crisis en un grupo mucho más acotado y vulnerable: los niños, niñas y adolescentes.

El tema no es desconocido para el Ejecutivo, e incluso, jugó un papel trascendental en el debate por la nueva Ley de Migraciones, incluyendo un artículo rechazado por el Tribunal Constitucional y que proponía la implementación de un plan de retorno asistido para menores de edad que ingresen al país de forma irregular.

Dicho artículo, tal como lo han aseverado diversas organizaciones, incluida la Defensoría de la Niñez, significaba un peligro porque creaba un sistema de expulsiones administrado por el Sename, dejando de lado el actuar de los tribunales de familia. No obstante, consultada por nuestro medio, la directora del Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, insistió en lo perjudicial del proyecto para la niñez migrante, recordando otros artículos aprobados que continúan vulnerando derechos fundamentales.

“Hay una restricción respecto de los años que se les pide a las personas, antes de incorporarles a algunas políticas de subsidios, que son directamente sostenidas por el Estado. Es un retroceso, porque actualmente el único requisito que hay para que las familias, incluyendo a los niños que son parte de estas familias, accedan al Registro Social de Hogares, es que las personas tengan algún tipo de visa, y ahora a eso se le ha puesto un piso más alto”, explicó.

En el artículo 16 del proyecto al que se refirió Loredo, se mencionan las limitaciones, tanto en materia de seguridad social y beneficios fiscales, a los que se verán expuestos algunas personas migrantes que no cumplan con el tiempo de permanencia estipulado. Esto mismo, en el caso de niños, niñas y adolescentes en situación irregular, resulta ser aún más complejo puesto que ni siquiera en temas tan básicos como la salud o la educación el Estado ha podido garantizar el cumplimiento total de sus derechos.

Así, por ejemplo, en el caso de la salud, Loredo explicó que si bien el acceso para este grupo está garantizado gracias al Decreto 67, que regula la inscripción de las personas extranjeras residiendo en Chile, en los últimos meses se ha podido conocer de casos en los que la norma no se ha cumplido a cabalidad.

“En el último tiempo se ha agudizado una restricción que ha impuesto Fonasa, un nuevo requisito que, la verdad, no está respaldado en ningún documento ni decreto, que es que las personas deban presentar un documento de PDI que acredite su situación migratoria. Es un requisito totalmente ilegal, porque no está respaldado en ninguna normativa y es un tema que en los últimos días queremos visibilizar, porque es un procedimiento que no se ajusta a la norma”, indicó.

Pese a que Loredo ha solicitado información al respecto a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, sin obtener respuesta alguna, a partir de casos como éste es posible analizar el uso de los identificadores provisorios como mecanismo temporal para que niños, niñas y adolescentes en situación irregular puedan acceder a sus derechos. En el caso de la educación, por ejemplo, el llamado Identificador Provisorio Escolar (IPE) está cercano a cumplir 5 años desde que reemplazó al RUT 100 en el año 2016.

Sin embargo, aunque este cambio fue impulsado gracias a la presión de diversas organizaciones migrantes, el balance sobre sus beneficios no es del todo aprobatorio, según la directora social del Servicio Jesuita a Migrantes, Valentina Latorre.

“Si bien tienen acceso a educación, no tienen acceso a instrumentos tan fundamentales como el Registro Social de Hogares o a los beneficios que otorga la Junaeb. Entonces, por un lado decimos en el discurso que los derechos de los niños y niñas son prioridad, pero en la práctica esto queda relegado al estatus migratorio. Tenemos este IPE, pero no estamos dando garantías de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación”, señaló Latorre en conversación con nuestro medio.

Según agregó la profesional, el IPE planteado por el Mineduc no es hoy una garantía para una regularización migratoria una vez que un niño, niña o adolescente termina la etapa escolar, y más bien lo deja relegado de becas y créditos para la continuidad de sus estudios. A este régimen, según cifras del Colectivo Sin Fronteras, han accedido 30 mil menores de edad solo en último año, los cuales muy probablemente quedaron fuera de los planes de contingencia implementados por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

Por tal motivo, si bien podría ser un tema para discutir pausadamente en la Convención Constituyente, y para la cual las organizaciones ya preparan protocolos para garantizar los derechos de la población migrante, son conscientes de que una solución más efectiva sería plantear un proceso de regularización migratoria inmediata para niños, niñas y adolescente en situación irregular.

Con un equipo conformado por el Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, se ha tomado el registro ya de 400 mil menores de edad que se encuentran en dicha condición, cifras con las que se pretende trabajar para promover mecanismos de regularización, así como también orientar y favorecer la inclusión en el ámbito educacional y de salud.

Fuente: Radio U. de Chile.

Este ciclo de talleres fue íntegramente organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes, en una iniciativa que se comenzó a gestar en enero. El proceso de planificación estuvo divido en desarrollar las  metodologías, realizar un diagnóstico y en último lugar, la ejecución de la propuesta.

Por Tamara Zamorano

Este miércoles 17 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento del ciclo de talleres Mujeres migrantes a cargo del Programa Comunitario del Servicio Jesuita a Migrantes, SJM Arica, los que se extenderán hasta el mes de junio y será realizada vía Zoom. Este espacio, que se originó a través del Proyecto de Apoyo Territorial (PAT) efectuado en el año 2020, tendrá como protagonistas a la comunidad de mujeres de esta ciudad nortina. 

Makarena Salvatierra, Responsable Área de Intervención Social y del Programa Comunitario del SJM Arica, detalla: “Es una iniciativa que nace a partir del trabajo que realizamos el año pasado con las familias del PAT, donde en su gran mayoría trabajamos con mujeres. Cuando ese proyecto finalizó, no quisimos terminar ahí porque se generó una cohesión muy bonita con las participantes, por lo que les pedimos que nos respondieran una encuesta para saber cómo poder comenzar este año de trabajo con las familias”.

Como explica la Responsable del Programa Comunitario, “el taller está orientado a mujeres que tengan entre 25 a 45 años de edad, ya sean migrantes o chilenas, que hayan participado en el proyecto de Apoyo Territorial”. Además subraya que “sería ideal sumar a nuevas participantes, por lo que iremos viendo en el camino cómo va resultando el ciclo y si se puede replicar nuevamente para el segundo semestre”, asevera Salvatierra.

La convocatoria para este primer ciclo incluyó a 23 mujeres, pero se partió con solo 10 por lo que se espera que más se sumen.

Las metas del proyecto

Mujeres migrantes contiene tres elementos relevantes.“Éstos nacen del diagnóstico que ellas mismas contestaron y apuntan a compartir experiencias, potenciar habilidades y también con adquirir conocimiento sobre microemprendimiento. Lo que queremos con este ciclo de talleres es generar un espacio de encuentro y de diálogo para crear vínculos comunitarios”, precisa Makarena Salvatierra.

Sin embargo, los talleres tienen como objetivo desarrollar espacios de diálogo entre las mujeres, “principalmente para propiciar la generación de vínculos a nivel comunitario y el reconocimiento de sus virtudes. En lo específico, otro propósito que tiene es generar espacios grupales interculturales donde veamos elementos más interpersonales a nivel emocional”, comenta la experta. 

Salvatierra afirma que “tendremos mensualmente dos espacios en los que estaremos acompañados de una voluntaria psicóloga para cuando existan espacios de desborde emocional, así podremos tener de parte de ella, orientaciones que nos permitan contener y acompañar”. Además agrega que la clave de estos encuentros es poder fomentar  el vínculo entre las participantes, “porque hay muchas mujeres que solo tienen vínculo con sus familias y no conocen a otras mujeres. A partir de eso, las mujeres que participen del taller van a saber que van a tener dos veces al mes la posibilidad de compartir experiencias y generar nuevos vínculos”.

En cuanto a cómo se planificaron estos encuentros, la profesional explica que “se contemplan siete sesiones, se realizarán dos sesiones cada 15 días. Por lo que el cierre de este ciclo será en la quincena del mes de junio”.

La responsable del proyecto destaca que cuando se realizó el lanzamiento del ciclo de talleres Mujeres Migrantes “les mostramos la propuesta a las participantes y nos dijeron que les interesaba mucho, están muy entusiasmadas por empezar y poder compartir”.

En el evento en que se dio a conocer esta instancia estuvo presente el equipo del SJM de la oficina de Arica “estuvimos con Susana, pues somos las encargadas de este proyecto y nos acompañó la voluntaria psicóloga que estará en algunas sesiones del taller con nosotras y las participantes, para que las mujeres que son parte de Mujeres migrantes pudieran conocerla y comenzar a formar lazos”, finaliza Salvatierra.      

Tras las deportaciones que realizó el gobierno en el marco del masivo arribo de extranjeros al norte del país, las cortes de Apelaciones y la Suprema declararon ilegales una serie de procedimientos. Frente a esto, Rodríguez explica que la decisión se fundó en dos razonamientos: “La falta de debido proceso y la falta de oportunidad a una defensa propiamente tal”.

A comienzos de febrero, más de mil migrantes, en su mayoría venezolanos, arribaron a Colchane. Muchos de ellos lo hicieron caminando, cruzando el Desierto de Atacama, mediante pasos no habilitados con la frontera de Bolivia. A raíz de eso, el pasado 9 de febrero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, viajaron a la Región de Tarapacá para presentar el “Plan Colchane”, que consiste en una serie de medidas para frenar el flujo migratorio, con el refuerzo de la dotación policial y del Ejército.

Al mismo tiempo, grupos de extranjeros fueron trasladados desde el altiplano hacia un liceo en Iquique, para cumplir allí una cuarentena. Durante esa misma semana, la Policía de Investigaciones (PDI) fue a visitarlos para que pudieran autodenunciarse, y dos días después, regresaron para avisarles que el gobierno había decretado una orden de expulsión en su contra. Solo 24 horas después y en la madrugada, más de cien migrantes fueron sacados del país por vía aérea y terrestre.

Pero la Corte de Apelaciones de Iquique acogió cinco recursos de amparo presentados por diferentes entidades, como el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Universidad Diego Portales (UDP), coordinadoras de migrantes, abogados particulares y la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Con la resolución -luego ratificada por la Corte Suprema- se dejaba sin efecto la expulsión de al menos 52 ciudadanos venezolanos. Al respecto, la directora de dicho comité jurídico, Macarena Rodríguez, quien además es directora de la carrera de Derecho UAH y presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrante (SJM), explica que esta decisión se fundó en dos razonamientos, “en la falta de debido proceso y la falta de oportunidad a una defensa propiamente tal”.

¿Qué ocurrió luego de la expulsión de más de cien extranjeros indocumentados?

Se presentaron los recursos de amparo y la Corte de Apelaciones de Iquique acogió estas peticiones. Por lo tanto, se ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión, fundado principalmente en dos temas. Primero, que la Ley de Migraciones exige que se acredite el delito antes de la expulsión y que la persona, además, haya cumplido la condena. En esta expulsión no se había cumplido con ese requisito, aquí no se acreditó ningún delito antes de la expulsión ni hubo un juez penal que interviniera. Segundo, en estas circunstancias -tomar las autodenuncias a dos días de que los expulsen, estando todos encerrados en un lugar-, esta expulsión tampoco cumplió con los estándares mínimos del debido proceso. Estas personas no tuvieron derecho a defensa, no tuvieron derecho a hacer alegaciones ni a hacer peticiones específicas, como podría haber sido alguien que quisiera haber pedido refugio, o alguien que haya tenido un estado de salud muy complejo. Nada de eso se tomó en consideración, no se dio el espacio para eso.

¿Por qué los recursos de amparo acogidos por el tribunal de alzada es solo hacia 52 venezolanos?

Porque en ese momento estas personas no tuvieron posibilidades de salir del liceo, ni de acceder a una defensa jurídica. Entonces, en esta desesperación, solo lo lograron los que pudieron tomar contacto con alguna organización o con algún abogado que estaba afuera y que pudiera presentar un recurso en un juzgado. Por eso que algunas personas se inscribieron en distintos recursos y se repetían. Se debe también a la caótica situación que están viviendo por la pandemia y por esta expulsión.

¿Qué sucede con la Corte Suprema?

En un comienzo la Corte Suprema revocó esta decisión de primera instancia y dijo que no, porque la autoridad habría actuado dentro del ámbito de sus facultades, es decir, dentro del marco legal. Sin hacer un análisis fundamentado o razonado de por qué efectivamente actúo dentro de sus facultades. No lo detalló. Pero, al avanzar con los nuevos recursos que fueron llegando, la Corte Suprema se fue abriendo a incorporar otros criterios y ahí entonces confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de dejar sin efecto esas órdenes de expulsión. Y el argumento central que se fue instalando desde la Corte Suprema en los siguientes recursos fue que las personas que fueron expulsadas son venezolanas. Hay normas internacionales, y también normas a nivel local, que obligan a Chile a ver a estas personas bajo un prisma distinto. Es decir, no solo como migrantes, sino también como refugiados.

¿En qué consiste ser refugiado?

La Ley de Refugio establece un procedimiento para determinar la condición de refugiado de una persona. Pero la misma ley también dice que ese procedimiento es declarativo, entonces lo que hace es reconocer una situación que viene con anterioridad. El refugiado es refugiado desde el momento en que cumple con las condiciones. Es decir, son personas que salen de su país por temor a la violencia generalizada, o a la violación de sus derechos humanos, y están en busca de protección. Entonces la ley dice que hay un procedimiento para su determinación como refugiado. Para eso las personas deben iniciar ese proceso, el problema es que cuando tú no les das la oportunidad, esas personas no pueden ni siquiera empezar a ser calificadas como tales.

¿Y cómo afecta esta ley en la situación de los expulsados?

Primero, en el principio de no devolución. Es decir, a esta persona yo puedo calificarla como no refugiada finalmente, pero lo que yo no puedo hacer es devolverla a su país de origen sin antes haber verificado que no existe este riesgo que corre su vida, su seguridad o su libertad al volver a su país. Además, en este caso la Corte Suprema dijo que el ingreso por pasos no habilitados, en el marco de la Ley de Refugio, carece de importancia, porque precisamente la ley establece que el ingreso por paso no habilitado de personas refugiadas no puede ser sancionado. Entonces, si volvemos al día uno en el que estas personas ingresaron por Colchane, lo que la Corte Suprema dijo es que ese punto, que es el fundamento para la orden de expulsión, en el contexto de refugio es irrelevante.

¿Debiesen intervenir autoridades locales o nacionales?

No le puedes pedir a un poblado pequeño, como Huara o Colchane, que puedan hacerse cargo, obviamente esta es una situación que los supera. Por el contrario, lo que planteamos es que a nivel de autoridades nacionales tiene que haber un encauce de la situación de estas personas, como lo han hecho México y Brasil. La CorteSuprema, en algunas decisiones, ha dicho que pongamos atención en que estas personas pareciera ser que deben ser analizadas bajo el prisma de la Ley de Refugio, eso también es coherente con lo que se ve en resto de la región. Particularmente, Brasil y México han hecho reconocimientos colectivos de estas personas venezolanas que salen de su país por la misma razón y que están en una situación similar a las que se encuentran en Chile.

¿Se resolvió la situación migratoria en Colchane?

Nosotros creemos que este no es un problema que haya pasado ni que se haya solucionado, aquí hay un problema de fondo del que hay que hacerse cargo. Y desde la corresponsabilidad de todos los estados, también. Creo que en esta materia, lo mismo que respecto del ingreso por paso no habilitado de personas, me parece que el llamado que se le debiera hacer a la autoridad es a mirar estos procesos desde la compresión de que hay crisis humanitarias que se van a generar en distintos lugares y que la manera de enfrentarlos debiera ser, más bien, a través de la corresponsabilidad más que desde la mirada individual.

Fuente: La Tercera PM

El programa desarrollado por ACCIÓN Empresas fue lanzado con la finalidad de invitar a empresas a que sean parte de esta instancia que promueve el relacionamiento efectivo entre las instituciones y la comunidad.

Por Tamara Zamorano

A través de la plataforma Zoom se presentó este martes 16 de marzo el proyecto desarrollado por ACCIÓN Empresas “Participación Activa”, cuyos ejes fundamentales son la participación, la transparencia y la integración de las comunidades con las empresas.   

La iniciativa se sostiene en la estrategia empresarial de la sostenibilidad, apuntando a que  las empresas asociadas logren un relacionamiento efectivo con las comunidades y que consideren iniciativas que aborden los impactos positivos y negativos que se generan en el territorio. 

Lanzamiento del Programa 

El evento contó con la moderación de Marcela Bravo, Gerenta General de ACCIÓN Empresas y tuvo como panelistas a Valentina Latorre, Directora Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Andrea Sanhueza de Espacio Público, Venancio Coñuepan de Empresas I y Carolina Heidke, coordinadora Mesa para el Progreso Social de Cabrero. Además se sumó uno de los socios del proyecto, Luis Valenzuela, del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). 

Participación Activa es un programa creado con un enfoque de desarrollo sostenible, 26 empresas están actualmente adheridas a la iniciativa y tiene como objetivo lograr el relacionamiento efectivo con la comunidad, poner a la empresa como motor de desarrollo social y económico y forjar comunidades resilientes.

Propósitos de Participación Activa

Los principales objetivos que tiene el programa son en primer lugar, lograr que las empresas generen relación efectiva con las comunidades y que a su vez conozcan los efectos tanto negativos como positivos que desencadenan.

En segundo lugar, generar una estrategia de relacionamiento, que cada empresa deba definir una estrategia propia de acuerdo a sus capacidades y necesidades que existan en su territorio.

En tercer lugar, que las empresas trabajen en conjunto con otras comunidades y entidades en cuanto al efecto que generan, asumiendo responsabilidades con las zonas a las cuales impactan.

Por último, la instancia considera un plan de acción que se hará cargo de lo negativo, el territorio debe ser conocido desde la experiencia que permita generar evidencia, para luego ejecutar y dar seguimiento a cómo la empresa puede mejorar los impactos sobre la comunidad y el territorio.

La mirada desde el SJM

Valentina Latorre, Directora Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) afirmó: “Cuando hablamos de migración nos enfrentamos al temor, hay que avanzar por medio del territorio común, sin prejuicios. Una persona migrante en Chile es alguien que enfrenta barreras gigantes. Es importante buscar soluciones entre todas y todos”.

En este escenario, Latorre agregó que las empresas deben buscar promover una  integración de personas migrantes. “Debe haber una estrategia interna de diversidad e inclusión, que haya compromiso y se declare la diversidad como valor dentro de la propia institución”, enfatizó. 

El SJM promueve la valoración de la diversidad y se apuesta por el trabajo territorial que brinde espacios de participación para la comunidad migrante y nacional: “Hemos tenido experiencias valiosas en relacionamiento con empresas, Banco de Chile diagnosticó junto con la comunidad cuáles son los espacios de intervención, no solo con migrantes sino con todas y todos los habitantes”, aseveró la directora social. 

“Como SJM creemos que para avanzar en la valoración de la diversidad y las poblaciones migrantes, hay que trabajar territorialmente. En nuestras sedes de Arica, Antofagasta y Santiago realizamos identificación de los  actores que generan impacto directo o indirecto y abrimos espacios de participación para la comunidad. La invitación es a que todas las empresas también que puedan sumarse, la Participación Activa se juega en pensar en conjunto la sociedad que queremos construir” agregó Latorre.

Valentina Latorre cerró su exposición en el panel invitando a las empresas a apostar por una real integración de todas y todos. “Declarando y asumiendo lo que queremos construir, podemos generar distintas instancias de vinculación con la comunidad. También es indispensable diagnosticar desde el territorio, como en las comunas que son la unidad de territorio por excelencia, si no lo hacemos desde ahí no vamos a alcanzar esta comunidad intercultural y esta Participación Activa que nos convoca hoy”, sentenció.