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Los extranjeros avecindados en Chile representan el 3,4% del padrón electoral, es decir 514.623 personas. De acuerdo a las nacionalidades, los países que lideran la lista con mayor cantidad de votantes son Perú (167.348 personas) y Colombia (68.432), aunque la población que más ha crecido está integrada por venezolanos y haitianos.

Son 514.623 los electores extranjeros que se encuentran habilitados para votar en el plebiscito de salida por una nueva Constitución, el próximo 4 de septiembre. Según el Servicio Electoral (Servel), se evidencia un notorio aumento de 64.704 ciudadanos extranjeros que deberán sufragar para elegir si habrá o no una nueva Carta Fundamental, respecto del proceso eleccionario de noviembre de 2021.

Actualmente, los extranjeros representan el 3,4% del padrón total. De acuerdo a las nacionalidades, los cinco países que lideran la lista son Perú, con 167.348 personas; Colombia, con una representación de 68.432; Bolivia, con 54.409; Venezuela, con 34.605, y Argentina, con 31.375.

Si bien el electorado migrante ha aumentado durante los últimos tres años, no ha sido igual con su participación, puesto que de los más de 300 mil extranjeros habilitados para votar en el plebiscito de entrada en 2020, solo 79.212 acudieron a las urnas, lo que equivale a un 20,91% del padrón extranjero, versus un 51,55% de los nacionales.

Según Cristián Doñas, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, la poca participación electoral de las personas migrantes en Chile puede darse por factores de educación, edad, género y acceso a medios de comunicación. “Pero aparte de eso, influye el país de origen, el tiempo en el país, las relaciones que tengan en Chile, la proyección futura y las razones de por qué eligieron salir de su país”, sostiene.

El investigador fue parte de un estudio realizado en 2016 sobre los inmigrantes como votantes y su participación política en comunas de Santiago. Doñas recalca que no es posible deducir si la población migrante votará por el Apruebo o por el Rechazo. Esto, porque la población extranjera vota al azar, incluso más que los chilenos.

“En 2016 entrevistamos a los venezolanos que llegaban de forma masiva a Chile y ellos comentaban que no tenían intención de votar, porque solo les interesaba trabajar. Eso pasaba cuando el voto era voluntario, pero ahora que es obligatorio uno puede pensar que el tema de la estabilidad económica es lo que influirá en su decisión. Una hipótesis puede ser que un inmigrante laboral que salió den su país porque tenía problemas de empleo y acceso al trabajo estaría más predispuesto a votar Rechazo que Apruebo (…), porque sus argumentos se basan en que si gana el Apruebo, Chile se podría convertir en una pequeña Venezuela; una de las principales razones que los llevaron a emigrar en primer lugar”, explica Doñas.

Usted, ¿aprueba o rechaza?

Rodolfo Noriega (56) es peruano, miembro de la Defensoría Migrante en Chile y vocero de la Asociación Fuerza Inmigrante. Cuenta que llegó desde Perú en 1995 como refugiado político y para él este es un momento histórico. “Al ser parte de una de las comunidades más antiguas en Chile, hemos planteado siempre la necesidad de un cambio de Constitución, porque hay temas trascendentales que afectan a la comunidad migrante, por ejemplo, la nacionalidad de los hijos de extranjeros, situación que ha sido muy dolorosa para algunos de nosotros”, asevera.

Frente a este escenario, Noriega cuenta que los miembros de la asociación -que agrupa principalmente a peruanos, bolivianos, colombianos y venezolanos- son personas comprometidas por la esfera política. Debido a eso, desde la agrupación han hecho campañas informativas sobre la propuesta de nueva Constitución, a través de conversatorios e intervenciones realizadas en la Plaza de Armas, en el centro de Santiago.

“Nuestra tarea es combatir la desinformación que se ha generado dentro de algunas comunidades, pues si bien gran parte de los migrantes estamos a favor de una nueva Constitución y hemos participado abiertamente en campañas por el Apruebo, hay otras comunidades que, en parte, la rechazan, como cubanos o venezolanos (…), principalmente por el país del que vienen y su vivencia personal”, asegura.

De acuerdo a la legislación, los extranjeros avecindados por más de cinco años en Chile podrán ejercer el derecho a sufragio, que consagra el Artículo 14 de la Constitución Política. Por su parte, el Artículo 174 de la nueva Ley de Migración y Extranjería establece que el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal.

Ignacio Eissmann, director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), expresa que como organización también han levantado proyectos informativos en torno a la nueva Constitución, en conjunto con comunidades migrantes en Chile, como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y la Asociación Nacional Venezolana en Chile (Asoven).

“Desde fines de 2021 hasta comienzos de 2022 hemos desarrollado talleres, cabildos y grupos de discusión con la población extranjera para discutir los temas relacionados a asilo, residencia y trabajo, donde han participado más de 500 personas de todas las nacionalidades. Pero ahora, durante los últimos meses, nuestro trabajo se ha enfocado en el voto informado: qué se vota, cómo se vota y quién está habilitado para sufragar, para que de esta forma la mayor cantidad de electores acuda a las urnas este 4 de septiembre”, plantea Eissmann.

Según el Servel, el padrón electoral de la población venezolana creció en un 384,1% en dos años, mientras que en caso de Haití, el padrón tuvo un incremento de 412,8%.

El exdiputado Pepe Auth plantea que en la historia electoral de Chile nunca se tuvo un padrón electoral con tanto extranjero habilitado para sufragar. “Ahora la inscripción es automática y los migrantes ya no tienen que inscribirse de forma voluntaria”, recalca.No obstante, explica que tales cifras no tendrían tanta incidencia en el resultado del plebiscito de septiembre, puesto que si bien la población se incrementó en los últimos años, el número sigue siendo menor frente al padrón total de extranjeros y chilenos. “Creo que su voto será más importante en las próximas elecciones municipales, donde seguramente tendremos a más de un concejal extranjero, porque la población migrante puede que no sea determinante a nivel nacional, pero sí determinante en algunas comunas, como Estación Central”, concluye.

Fuente: La Tercera.

La jornada que dio cierre al Ciclo de Conversatorios sobre Migración y Nueva Constitución contó con una alta convocatoria y con las exposiciones de la Subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez y de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otros expositores.

El pasado viernes 05 de agosto, se realizó en el Centro Cultural Palacio La Moneda el Conversatorio sobre Infancia Migrante, el cual forma parte del Ciclo de Conversatorios “Migración y Nueva Constitución” organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en colaboración con el Observatorio de Migración y Movilidad Humana y Acción Solidaria.

Esta iniciativa, que venía desarrollándose desde junio de 2022, abordó los lineamientos que incluye la propuesta de Nueva Constitución para garantizar derechos para las personas migrantes en relación a diversos ámbitos, tales como el acceso a vivienda, perspectivas de género, infancia migrante, etc.

Precisamente, esta última temática puso punto final a la iniciativa a través de un evento presencial que contó con una alta asistencia de instituciones educativas y profesionales en la temática. Mientras que, la conversación se dividió en dos paneles para abordar diferentes aristas en relación a la infancia migrante. Al respecto, Waleska Ureta, Directora Nacional del SJM señaló : “la niñez migrante es algo que nos preocupa y nos ocupa. Sentimos que hoy más que nunca con todo lo que está sucediendo con los procesos migratorios, tenemos que estar pendientes y avanzar en conjunto”.

El primer panel expositor, abordó los sistemas de protección a la infancia con los que cuenta la institucionalidad chilena y estuvo compuesto por Iskra Pavez, Académica e Investigadora del Centro de Investigación en Educación (CIE) de la Universidad Bernardo O´Higgins; Mía Mendoza y Fátima Peramas, Voceras de Colectivo Sin Fronteras; y Rocío Faúndez, Subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En esta oportunidad, la Subsecretaria Faúndez destacó la reciente implementación de la Nueva Ley de Migraciones y de la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez. “Tenemos una ventana de oportunidad significativa, porque las dos nuevas leyes establece una serie de compromisos para el Estado respecto de la niñez y adolescencia donde además se especifica que el Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez se aplica para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el Estado de Chile con total independencia de su situación migratoria, o la de sus padres, madres o cuidadores”.

En la misma línea, Faúndez agrega: “La deuda que existe como Estado con la niñez migrante es muy grande y no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Sin embargo, si bien las nuevas leyes no resuelven los problemas por si solas, nos permiten invocar que hay un acuerdo de Estado respecto de ciertas materias. De hecho, vamos a tener un Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas y adolescentes, que va a ser el órgano al cual el Presidente una vez al año le va a rendir cuenta pública, y esperamos que quede instalado como hito republicano”.

Además, la Subsecretaria anunció la creación de una unidad especializada dentro del Servicio Nacional de Migraciones para abordar la temática de casos de regularización de menores de edad, y un piloto de enrolamiento para que las familias migrantes puedan acceder al registro social de hogares (RSH) sin tener el RUT.

Por otra parte, el segundo panel del Conversatorio abordó el Derecho a la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes a través de Daniela García, Activista de la Plataforma Tremendas; Trinidad Del Río, Jefa Regional del SJM; Sahory Vera y Anthony Izquierdo, Vocera y Vocero de Colectivo Sin Fronteras; y Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

“Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, tal y cual lo somos los adultos. Eso implica que nosotros -los adultos- somos los responsables de jamás permitir que ellos y ellas, por el hecho de ser niños, se sientan insignificantes o sientan que no valen” señaló Patricia Muñoz en una de sus intervenciones.

“Seguimos y seguiremos demandando que los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes se aseguren porque son iguales a los de todas y todas, y porque son tan dignos o iguales como cualquier persona que nace en este país” complementó la Defensora de la Niñez.

El evento forma parte del Ciclo de Foros organizado por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, y es una iniciativa impulsada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Universidad Arturo Prat (UNAP), la Universidad de Santiago (USACH), y la Universidad Alberto Hurtado (UAH), y en colaboración con la Coordinadora Comunal de Migrantes Quilicura Color.

El pasado 23 de julio en la Parroquia Juan Pablo II de Quilicura, se realizó un Foro de difusión de los mecanismos de protección que contiene la ley chilena, y de orientación en materia de acceso a derechos con vecinos y vecinas migrantes de la comuna.

La jornada, contó con la participación de más de 20 personas, entre ellas residentes/as migrantes de Quilicura, y representantes de organizaciones y comunidades migrantes. “El hecho de que el SJM haya llegado a la comuna, y nos haya permitido participar en esta instancia de capacitación y orientación con respecto a los derechos que nos protegen nos parece muy positivo. Además, estas instancias nos permiten generar asociatividad entre nosotros y poder desarrollarnos en conjunto. Por lo tanto es una iniciativa tremendamente importante, la cual destacamos y expresamos nuestra voluntad para desarrollarla en otras oportunidades”. señala Giovanni Pacheco, Vocero de la Coordinadora Comunal de Migrantes Quilicura Color.

Precisamente, uno de los objetivos del Ciclo de Foros es continuar desarrollando estos espacios, para lo cual, existe una apertura hacia la participación de más territorios y comunidades migrantes.

La compañía supermercadista y filiales -Unimarc, Mayorista 10, Super10 y Alvi-, lanzaron nuevamente la campaña solidaria que busca apoyar a cuatro fundaciones: Fundación Las Rosas; Comida para Todos; Servicio Jesuita Migrantes y la Corporación Nuestra Casa – Chef por Chile.

En las cajas de supermercados Unimarc, Mayorista 10, Super10 y Alvi a lo largo de todo Chile, los clientes podrán sumarse a una nueva campaña solidaria lanzada por SMU y sus filiales. Se trata de una nueva versión de la GiftCard Unidos, y que tiene como objetivo recaudar fondos que vayan en apoyo de Fundación Las Rosas; Comida para Todos; Servicio Jesuita Migrantes y la Corporación Nuestra Casa – Chef por Chile.

Del total recaudado entre el 28 de junio y el 5 de agosto, SMU contribuirá con el equivalente al 10% de las ventas de dicha GiftCard, el que será distribuido en partes iguales entre las 4 organizaciones beneficiarias para la compra de alimentos y artículos de aseo e higiene.

Marcela Salas, gerente de Sostenibilidad en SMU destaca que “Somos una compañía presente en todas las regiones del país, y como parte de nuestro sello cultural CERCA buscamos vincularnos de forma estrecha con cada una de ellas. Desde aquí nace la Campaña Unidos, que hoy volvemos a impulsar, como una iniciativa que busca contribuir con la comunidad en todos los lugares en que estamos presentes, articulando una red de ayuda entre clientes, la compañía y la comunidad”.

Esta nueva versión de la GiftCard Unidos se suma a la campaña convocada en 2020 en plena pandemia, la que recaudó fondos que beneficiaron a más de 150 organizaciones sociales a lo largo de todo Chile.

Testimonio de las entidades beneficiarias:

Paula Tejeda, directora (S) de Sostenibilidad en Servicio Jesuita a Migrantes valoran la iniciativa solidaria de SMU, sus filiales y clientes, destacando que “las giftcards serán un gran apoyo para la labor que realizamos, ya que estamos acompañando a familias migrantes y refugiadas en situaciones muy precarias. El formato de giftcard favorece la autonomía de las familias migrantes, al poder administrarlas directamente y hacer uso de ellas en sus comunas de residencia, y siendo más fácil la elección de mercadería según sus necesidades”.

Mientras que Isabel Lacalle, directora Ejecutiva de Corporación Nuestra Casa, estableció que “para las rutas que nosotros hacemos en la calle esta campaña es clave, nos permite fortalecer nuestros recorridos, poder entregar una colación a más personas y por ende cumplir con nuestro desafío institucional. En la corporación también contamos con 25 viviendas y esta ayuda a través de giftcard promueve la autonomía, independencia e intimidad de las personas que viven en ellas, que vivan la experiencia de ir de compras, diseñar un menú semanal o decidir qué necesitan para su hogar”.

Finalmente, Carla Sedán, coordinadora de Alianzas y Recursos en Chef por Chile que participa junto a Nuestra Casa, argumenta que “nos encanta que SMU y sus filiales lancen esta campaña comenzando el invierno, estamos contentos de ser una de las cuatro organizaciones participantes. Nuestro desafío es llegar con un plato de comida caliente para personas y familias que viven en la calle. Gracias a las giftcards, Chef por Chile y Nuestra Casa, podrán tener mayor alcance y contribuir a la seguridad alimentaria en nuestra región”.

Fuente: El Austral de Osorno.

La iniciativa, ejecutada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), apoyada por Antofagasta Minerals y el Gobierno Regional, busca contribuir a dar respuesta a la crisis humanitaria en la región de Antofagasta, promoviendo la dignidad y derechos de las personas.

A 6 meses del inicio de su ejecución, el proyecto del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), “Por un Chile más justo para todos y todas”, ya ha beneficiado a 5 mil 312 personas, pertenecientes a 1.328 familias que ingresaron a Chile el último tiempo. La iniciativa es impulsada por Antofagasta Minerals y el Gobierno Regional, como una forma de buscar soluciones reales a la situación migratoria en la región de Antofagasta.

Según explicó el gobernador regional, Ricardo Díaz, este programa se hace cargo de “una falta de orden en el proceso migratorio, que tuvo un auge al inicio de nuestro mandato y que, con iniciativas como ésta, hemos podido ayudar a descomprimir lugares críticos en donde se concentraba buena parte de las personas migrantes que se encuentran de paso en nuestra región. Aquí debemos ser claros, muchas de las y los migrantes, mujeres y niños sobre todo, no pidieron migrar, y nuestra región que siempre ha tenido una riqueza desde su diversidad no puede quedar ajena a ello. Espero que este aporte ayude a incentivar políticas públicas que ordenen y regulen la migración”.

En busca de un mejor futuro

Entre las 1.300 familias migrantes beneficiadas hasta la fecha se encuentra Claudia Morales, ciudadana venezolana que llegó al país el año pasado junto a sus tres hijos.

“Hace siete meses llegué de mi país sola con mis tres hijos (10, 7 y 4 años), por lo que la ayuda del SJM fue muy positiva, porque no tengo redes de apoyo acá en Chile (…) Nos entregaron una canasta de mercadería, apoyo económico para pagar la mitad del arriendo y, sobre todo, orientación para la escolaridad de mis hijos y para regularizar nuestra situación migratoria”, expresó Claudia.

María González, quien también llegó desde Venezuela y ha recibido el apoyo y orientación del SJM, comentó que “nos enteramos del SJM por mi hermano que ya estaba acá en Antofagasta. Él nos orientó para hacer las consultas sobre el apoyo en trámites jurídicos y también con las canastas familiares. Estamos muy agradecidos porque con la ayuda del personal del SJM mi hijo actualmente está matriculado en una escuela”.

Sobre los avances del proyecto “Por un Chile más justo para todos y todas”, el gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, comentó que “nuestro compromiso con la región de Antofagasta es en todo sentido. La situación migratoria es un desafío que no podemos dejar de lado, pues es una de las temáticas que la afecta actualmente. De este modo, con esta alianza colaborativa, buscamos dar respuesta en parte a las necesidades de miles de familias migrantes en situación de vulnerabilidad”.

Frentes de acción

La iniciativa tiene dos grandes líneas de apoyo a las y los migrantes en situación de vulnerabilidad: atenciones sociales y jurídicas y la entrega de ayuda humanitaria.

A las familias se les brinda orientación y apoyo para iniciar la regularización de su estado migratorio, por ejemplo, para solucionar las situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes que ingresan por pasos no habilitados. De la misma manera se orienta a las personas para recopilar documentos, presentarse en los organismos policiales y civiles correspondientes y se les presta asistencia administrativa y/o judicial, en caso de ser necesario.

La otra línea de trabajo es la entrega de ayuda humanitaria traducida en canastas familiares de mercadería y pasajes para la reunificación familiar, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los datos del SJM, más del 80% de los beneficiarios de las canastas familiares son mujeres y/o madres solteras que tienen la responsabilidad completa del hogar.

El director del SJM en la región de Antofagasta, Fernando Guzmán, explicó que “además de trabajar con enfoque de género, debemos tomar en cuenta que ningún ser humano tiene por qué estar pasando hambre. Esto es empatía mínima y en especial con las familias y madres solteras. La situación en los otros países es tan grave, tan crítica, que la entrega de estas canastas es vital, a pesar que pudiera significar algo menor. Es fundamental para las familias y en especial para las y los niños, por tanto, la repartición de mercadería como las asistencias jurídicas, son aspectos fundamentales de nuestra ayuda”.

Estadísticas

La tendencia de movilidad de los flujos migratorios hacia Chile sigue siendo desde países latinoamericanos. De acuerdo con el último informe del SJM, el 50% de las ayudas humanitarias corresponde a familias de Venezuela; 42% a colombianos; casi un 4% a ciudadanos de Bolivia y otro 4% a familias peruanas. Todas ellas en situación de extrema vulnerabilidad y, en su mayoría, con hijos.

Las orientaciones y atenciones jurídicas a familias migrantes se realizan en el Centro Comunitario Bonilla de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (Av. Bonilla 9198) y se extenderán durante todo este segundo semestre.

Fuente: Madero.cl

Por otro lado, en las regiones del sur, el plan propuso producción de viviendas más bajas, debido a que son zonas donde la demanda habitacional es menor respecto al resto del país.

A inicios de julio, el Gobierno presentó su Plan de Emergencia Habitacional para hacer frente a la grave crisis de vivienda que existe en el país, y que contiene metas regionales específicas, que buscan atender el déficit local a través de la implementación de los distintos subsidios habitacionales que entrega el Estado.

De acuerdo a un análisis realizado por Déficit Cero, el plan priorizaría algunas regiones del norte, aumentando la entrega de subsidios, mientras que en el sur bajarán considerablemente.

En Antofagasta -la cuarta región con el mayor porcentaje de déficit habitacional- habrá un aumento de un 330% en la producción de viviendas, mientras que en Arica y Parinacota y Tarapacá, se triplicará la edificación de viviendas. Otras regiones que también verán un incremento serán Valparaíso y la Región Metropolitana, con un 57% y 66% más de soluciones habitacionales.

De acuerdo a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, la priorización de estas regiones responde a que “el número de viviendas terminadas y subsidios pagados durante el periodo de 2018 y 2022 fue mucho más bajo en comparación al nivel de demanda en esas zonas”.

En el sur, en tanto, la construcción de viviendas bajará considerablemente, sobre todo en las regiones que en años anteriores tuvieron una respuesta más rápida a la demanda. Así, desde O’Higgins al sur, las edificaciones bajarán entre un 20% y un 30%, a excepción de Los Ríos (+11%) y Magallanes (-47%).

Sobre esto, Bowen explicó que el plan prioriza la oferta habitacional donde antes no se hacía “sin embargo, algo tan importante como responder a la emergencia actual, es prevenir las futuras crisis, por eso, al mismo tiempo de implementar un plan de emergencia, necesitamos una nueva política de vivienda que enfrente los nudos estructurales del problema”.

El plan, que fue valorado por organizaciones como Techo-Chile, Hogar de Cristo, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y Nuestra Casa, propone soluciones diversas para enfrentar la crisis habitacional, como la construcción de viviendas para arriendo. Sin embargo, muchas organizaciones creen que falta extender más esta idea, pensando en el arriendo como una solución para la población más excluida, como las personas que viven en situación de calle o los adultos mayores

Aumento de producción

El plan presenta la cantidad de subsidios por programa -DS19, DS 49 y DS 01- entre periodos de Gobierno y, de acuerdo al análisis, se estima un aumento de construcción de viviendas de un 24% en comparación al periodo presidencial anterior (2018-2021), lo que se explica por el aumento en los programas DS 49 y DS 19 -58% y 27% respectivamente- por otro lado, habría una baja de un 65% respecto a los subsidios DS 01.

Con todo, el aumento en la producción de viviendas terminadas por DS 19 no se debe a soluciones que comenzarán en este periodo, ya que un 78% de ellas están en ejecución desde la administración pasada. Así, las nuevas viviendas que contempla el plan se concentran en un 68% en el programa DS 49.

Fuente: Emol.cl

Los directores regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Servicio Jesuita Migrante, señalaron que si bien es entendible una mayor fiscalización policial debido a los «motochorros», esto podría afectar laboralmente al resto de migrantes que no tienen sus licencias de conducir.

Durante la jornada de este viernes 22 de julio, las direcciones regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Servicio Jesuita Migrante (SJM) alertaron sobre una eventual desprotección en que se encuentran los trabajadores migrantes de aplicaciones de delivery en la comuna de Antofagasta.

Las últimas semanas, Carabineros aumentó la fiscalización a este tipo de vehículos, tras un incremento de robos a manos de «motochorros» que ocupan las clásicas mochilas de repartidores de plataformas digitales. Esto conllevó a diversos decomisos de motocicletas a trabajadores migrantes, debido a que no tienen licencia de conducir porque su situación irregular -ingresaron a nuestro territorio por pasos no habilitados- no les permite obtener una licencia de conducir chilena.

Así, agrupaciones de migrantes que trabajan como delivery, se han manifestado ampliamente e incluso entregaron un petitorio a la Municipalidad, para que les de un pase que les «garantice su derecho al trabajo». La polémica escaló hasta el concejo municipal de esta semana, donde la concejala Natalia Sánchez (PTR) reiteró esta solicitud que hizo el gremio -sustentando su argumento en los salvoconductos usados durante la pandemia-, y acusó supuestos robos de motocicletas por parte de Carabineros, que fueron desmentidos por la institución policial.

Sin embargo, esto trae un «complejo» problema de fondo, dice Fernando Guzmán, director regional del SJM. «Por un lado, se está limitando la posibilidad de trabajar honradamente, de subsistir, a los trabajadores de delivery. Y por otra parte, también se comunica que estas fiscalizaciones son producto de un aumento de la delincuencia y los robos por motocicleta, lo que al final provoca que la mente de las personas considere a todos los que andan en motocicleta de repartidores como potenciales asaltantes o delincuentes», explica.

Por su parte Paulo Palma, director regional del INDH, lamenta que en esta situación «pagan justos por pecadores. Ha habido una aumento del tipo delictual llamado ‘motochorro’, y se asocia obviamente a partes del delivery y otras personas, pero no es el 100%».

Polémica en la Municipalidad

A pesar de que el 8 de julio, el alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez (Ind), se reunió con representantes del gremio de repartidores migrantes que buscaban regularizar su situación, días después cortaron relaciones posterior que se difundieran videos por redes sociales donde motoristas se organizaban para no permitir los decomisos de sus instrumentos de trabajo.

Freddy Alviarez, vocero de Deliverys de Antofagasta -que asistió a la reunión con Velásquez- ha dicho en días pasado que hay más de 200 trabajadores organizados, a los que el delivery les significa su «único sustento de trabajo».

Alviarez fue quién presentó el petitorio ante el municipio, medida que fue apoyada en el Concejo Municipal de este 20 de julio por la concejala del Partido Trabajadores Revolucionarios, Natalia Sánchez. «Estoy a favor que, al igual que en la pandemia, se les permita (a los trabajadores de delivery) un pase para garantizar su derecho al trabajo porque llevan semanas sin sustento para sus familias y sepa usted que, el motivo por el que andan rápido y tienen accidentes de tránsito, es porque no tienen ninguna garantía de salud, ninguna garantía laboral, no tienen ningún derecho laboral», sostuvo.

Sin embargo, después que el alcalde Velásquez le señalara que los salvoconductos no reemplazaban a las licencias de conducir, Sánchez relegó que «el hecho que Carabineros esté robando también las motocicletas, y de eso hay videos y registros, y que hagan un abuso de poder, que constantemente estén matoneando como lo hacen no solamente con los extranjeros, también con los nativos, es la realidad de las personas migrantes». El registro de la reunión se difundió ampliamente por redes sociales, lo que motivó una respuesta de Carabineros.

La general Marcela González, jefe (s) de la Segunda Zona de Carabineros, sostuvo al día siguiente que el aumento de fiscalización «es un intento de ordenar el tránsito en la ciudad y de disminuir los robos asociados a los motochorros». Añadiendo que «esta labor está en conocimiento de la autoridad (…) para Carabineros no es relevante la nacionalidad de los conductores, si no que, los conductores cumplan con la ley, sean chilenos o extranjeros».

Un problema que persiste

El concejal Camilo Kong, consultado por The Clinic acerca de esta polémica, señaló que cree que «ahí hay una confusión, tanto de parte de ellos (trabajadores de delivery) como de la concejala. Hablan de un pase como el que existía durante la pandemia respecto a que cumplían servicios esenciales, pero la verdad es que eso no significa que no deban tener papeles. Todos tenemos que tener la licencia para poder conducir vehículos».

Una obligación de la que que el director del INDH es consciente y le hace sentido con la actuación de la fuerza policial. «El orden publico tiende a la fiscalización porque es la única forma práctica y real de pesquisar motocicletas que están denunciados por estas acciones delictivas», dice Palma. Sin embargo, Guzmán relega las consecuencias que tienen estas medidas.

«Carabineros ahí, cumpliendo sus funciones de fiscalización, les confiscan las motocicletas, y es lo mismo que pasa con la venta informal. Cuando fiscalizan y encuentran una persona que está vendiendo un jugo de naranja con un carrito, les quitan todo a las personas. Y eso para quien es afectado por esa fiscalización, es una tragedia porque es su herramienta de trabajo. Una motocicleta no cuesta $50 mil: invierten un millón, se endeudan, y además con préstamos informales que tienen que devolver. Es un círculo muy vicioso donde hay una necesidad», explica el director regional del SJM.

Freddy Alviarez, en conversación con el medio Timeline de Antofagasta, sostuvo el 13 de julio que «el único pecado que estamos cometiendo es no tener licencia, pues las motos están al día y pagan impuestos. Pero tienen razón, estamos en Chile y las leyes hay que respetarlas, estamos conscientes de eso. Pero en el caso especial de los delivery que somos extranjeros sin documentos, si existiera la posibilidad que Carabineros bajara un poco la guardia con nosotros y nos dejan trabajar (…) Tienen derecho a requisarnos y revisarnos para ver que efectivamente trasladamos comida y medicamentos. El 90% somos padres de familia».

Rol de deliverys en reactivación económica

La agrupación que representa Alviarez se acercó al INDH con sus propuestas, para hacer una consulta genérica, donde los ayudaron en términos jurídicos. En esa reunión, dice Palma, le hicieron salvedades a los trabajadores acerca de que «el salvoconducto no puede asimilarse a un permiso especial de trabajo», y también de que «la Municipalidad no es el ente institucional que ve estas normas».

«Sí les hicimos ver que eran un servicio necesario, ya que los comercios locales han sobrevivido gracias al trabajo de los delivery. Gran parte de la economía y puestos de trabajo que se han recuperado, precisamente son en restoranes, cafés, y lugares de comida rápida que han podido seguir funcionando», agrega el director regional del INDH.

Por su parte, la autoridad de la organización jesuita señala que «las familias no llegan acá esperando que el Estado se haga cargo de darle ayuda. Lo que ellos quieren es encontrar oportunidades laborales».

«Acá se logra empatar, digamos, una necesidad que existe de reactivación económica ya que los deliverys han aportado en la solución de la misma, porque acá hay muchos restaurantes, farmacias y comercios de distintos tipos que necesitan vender para poder recuperarse de estos años de pandemia en que todo estuvo cerrado», añade.

El director regional del SJM, Fernando Guzmán, concluyó que «los deliverys están jugando un papel en la reactivación económica local, pero Carabineros está cumpliendo con su función. Tampoco el alcalde puede hacer mucho, porque no puede pasar sobre la ley, lo que indica el Servicio Nacional de Migraciones y sus políticas, etc. Está bien engorroso, realmente no tienen mucho que hacer (los trabajadores) en términos de como están formulados los reglamentos de Extranjería hoy por hoy».

The Clinic consultó a Camila Cortés, Seremi del Trabajo y Previsón Social de la región de Antofagasta, sobre su postura frente a este conflicto. «Como Gobierno siempre vamos a velar por el trabajo decente, lo que implica que todas y todos los trabajadores tengan seguridad laboral y condiciones dignas para desarrollar sus funciones. Es por ello, que la formalidad en el trabajo permite otorgar garantías legales correspondientes a lo que exige nuestro país», respondió.

También acudimos al alcalde, Jonathan Velásquez, para que comentara la situación. Sin embargo, y a pesar de la insistencia con su asesor de comunicaciones, no respondió nuestros llamados.

Fuente: The Clinic.

Esta semana, en Arica se dio inicio al proyecto “Atención y formación para el acompañamiento socio jurídico de NNA y familias migrantes y refugiadas” , que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto al apoyo de UNICEF.

Para esto se firmaron los compromisos junto a las familias que serán acompañadas por el proyecto, y que al mismo tiempo, serán asistidas de manera individual, familiar y grupal en materia de regularización, acceso a derechos y otros.

Makarena Salvatierra, responsable del Área de Intervención Social del SJM señaló: “Estamos muy felices y relevamos la importancia no sólo de poder acompañar e informar en estos procesos donde buscamos favorecer la inclusión de NNA y sus familias, sino que además, generar espacios socioeducativos para los padres, madres y cuidadores para la promoción del buen trato hacia la infancia y buscando así generar entornos protectores y garantes de derechos.”

Pablo Roessler, sociólogo y jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, explicó que casi seis mil notificaciones de ingresos irregulares de menores fueron realizadas en la Región de Tarapacá, y en el trimestre del año 2022, ya suman tres mil las notificaciones, según la información que fue entregada por Carabineros.

Emigrar en medio de la precariedad ha sido una de las luchas que se han propuestos cientos de migrantes que han ingresado por pasos no habilitados por las fronteras del país en los últimos años, en medio de esa decisión, está la convicción de muchas familias que buscan un mejor futuro para sus hijos, niños y niñas, quienes de la mano de sus padres atraviesan el desierto y desde muy pequeños viven la experiencia de ser “migrantes irregulares” en Chile.

Pablo Roessler, sociólogo y jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), analizó en SoyTV el fenómeno migratorio y el aumento de los ingresos irregulares de niños y niñas migrantes por pasos no habilitados, por la zona fronteriza del Colchane.

Roessler precisó, que la forma emigrar se transformó en los últimos años y de una manera “más precaria”, “en 2019 eran muy bajos los ingresos, en el 2020 se notificaron con datos de Carabineros que casi dos mil niños ingresaron por pasos no habilitados con estas dificultades, en el año 2021, con un principal énfasis de notificaciones en la Región de Tarapacá, casi el 100%, llegaron a las seis mil notificaciones de ingresos de niños, niñas y adolescentes, lo que nos preocupa por las dificultades que esto trae para ellos, la vulnerabilidad en una etapa importante en el desarrollo de las personas, la experiencia que les toca vivir con sus familias”.

“Muchas veces al merced de tráfico de migrantes, de la trata de personas. Los ingresos de niños y niñas se han triplicado entre los años 2020-2021, y hasta el mes de marzo, en este primer trimestre del año 2022, según los datos entregados por Carabineros, suman tres mil, por lo que este año podría ser más elevados, no se ha visto una baja”, indicó.

Irregularidad migratoria

La situación actual en el norte de Chile genera preocupación tanto para los migrantes, como también por las comunidades receptoras, el jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, aseguró que uno de los desafíos “es trabajar en terreno, escuchar a las comunidades migrantes, así como también a las comunidades chilenas que los reciben”.

El sociólogo también se refirió a la irregularidad migratoria, “al estar irregular a las personas se le cierran las puertas, al no tener estas llaves, los papeles, sí las personas no logran regularizar su situación, en el ámbito laboral, sobre todo los que vienen con familias y necesitan generara ingresos, (…) las personas pernoctan en las calles y trabajan en lo que se pueden, deja a las personas migrantes con un grado de vulnerabilidad y crea conflictos territoriales entre los que llegan y reciben”.

Roessler mencionó las fallas en las políticas migratoria, puntualizó “que los consulados de Chile no tenían la capacidad para procesar todas la solicitudes de visados, en los países de origen, donde se solicitan documentos como en Venezuela, habían demoras para poder obtenerlos, lo que causaba que se veían forzados a ingresar por pasos no habilitados, traídos por agencias dudosas que le prometían visas y ofertas laborales, y al final lo que ocurría es que los dejaban en la frontera”.

Por último, puntualizó que uno de los desafíos para hacerle frente a la realidad de la irregularidad migratoria, es la coordinación internacional entre diferentes países, “Chile podría iniciar con una vanguardia de búsqueda incesante de diálogo y cooperación internacional”.

Fuente: SoyChile.cl

Según el informe ‘Balance de Movilidad Humana 2018-2022’, este aumento ‘es exponencial’ desde 2018 y tiene un epicentro: la región de Tarapacá.

Cerca de 6.000 niños y adolescentes, en su mayoría procedentes de Venezuela, ingresaron de forma clandestina a Chile durante 2021, el triple que en 2020, aseguró ayer lunes el Servicio Jesuita Migrante (SJM). Según su informe ‘Balance de Movilidad Humana 2018-2022’, al que tuvo acceso Efe, este aumento ‘es exponencial’ desde 2018 y tiene un epicentro: la región septentrional de Tarapacá, fronteriza con Bolivia.

El estudio, que se basa en estadísticas proporcionadas por el cuerpo de Carabineros, advierte que es posible que esta cifra ‘sea más baja de lo que realmente es’ y establece en 5.983 el número de menores de edad que entraron de manera irregular a Chile durante 2021, de los cuales 5.130 serían de nacionalidad venezolana. Además, se subraya que los datos recabados en 2022 apuntan que la tendencia alcista se mantiene, ya que hasta la fecha se han contabilizado casi un millar de menores, casi la mitad de los ingresos totales en 2020.

‘Esto refleja que en 2022, si el ritmo sigue igual, con total seguridad se superará la cifra de 2021’, alerta el informe.

DESDE VENEZUELA A CHILE A TRAVÉS DEL ALTIPLANO

Desde febrero de 2021, la zona de Colchane, ubicada en pleno altiplano a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, es la principal ruta de entrada de migrantes irregulares a Chile, país que vive una verdadera ‘crisis migratoria’, con un aluvión de llegadas desconocidas hasta la fecha.

La crisis atravesó uno de los momentos más crudos en septiembre del año pasado, cuando una marcha antimigración terminó con la quema de carpas y pertenencias de familias venezolanas que pernoctaban en la calle. Al menos una veintena de personas han muerto en los últimos 12 meses intentando ingresar a través del altiplano, emplazado entre montañas y marcado por un clima hostil, con fuertes ráfagas de viento durante los días calurosos y temperaturas bajo cero grados durante la noche.

La magnitud del éxodo venezolano, sin precedentes en el cono sur, alcanza más de seis millones de personas, la mayoría de las cuales migran de forma irregular a través de los distintos países de la región sin que hasta la fecha se haya establecido una estrategia coordinada para frenar una problemática común. Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

Fuente: El Día.