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Los directores regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Servicio Jesuita Migrante, señalaron que si bien es entendible una mayor fiscalización policial debido a los «motochorros», esto podría afectar laboralmente al resto de migrantes que no tienen sus licencias de conducir.

Durante la jornada de este viernes 22 de julio, las direcciones regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del Servicio Jesuita Migrante (SJM) alertaron sobre una eventual desprotección en que se encuentran los trabajadores migrantes de aplicaciones de delivery en la comuna de Antofagasta.

Las últimas semanas, Carabineros aumentó la fiscalización a este tipo de vehículos, tras un incremento de robos a manos de «motochorros» que ocupan las clásicas mochilas de repartidores de plataformas digitales. Esto conllevó a diversos decomisos de motocicletas a trabajadores migrantes, debido a que no tienen licencia de conducir porque su situación irregular -ingresaron a nuestro territorio por pasos no habilitados- no les permite obtener una licencia de conducir chilena.

Así, agrupaciones de migrantes que trabajan como delivery, se han manifestado ampliamente e incluso entregaron un petitorio a la Municipalidad, para que les de un pase que les «garantice su derecho al trabajo». La polémica escaló hasta el concejo municipal de esta semana, donde la concejala Natalia Sánchez (PTR) reiteró esta solicitud que hizo el gremio -sustentando su argumento en los salvoconductos usados durante la pandemia-, y acusó supuestos robos de motocicletas por parte de Carabineros, que fueron desmentidos por la institución policial.

Sin embargo, esto trae un «complejo» problema de fondo, dice Fernando Guzmán, director regional del SJM. «Por un lado, se está limitando la posibilidad de trabajar honradamente, de subsistir, a los trabajadores de delivery. Y por otra parte, también se comunica que estas fiscalizaciones son producto de un aumento de la delincuencia y los robos por motocicleta, lo que al final provoca que la mente de las personas considere a todos los que andan en motocicleta de repartidores como potenciales asaltantes o delincuentes», explica.

Por su parte Paulo Palma, director regional del INDH, lamenta que en esta situación «pagan justos por pecadores. Ha habido una aumento del tipo delictual llamado ‘motochorro’, y se asocia obviamente a partes del delivery y otras personas, pero no es el 100%».

Polémica en la Municipalidad

A pesar de que el 8 de julio, el alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez (Ind), se reunió con representantes del gremio de repartidores migrantes que buscaban regularizar su situación, días después cortaron relaciones posterior que se difundieran videos por redes sociales donde motoristas se organizaban para no permitir los decomisos de sus instrumentos de trabajo.

Freddy Alviarez, vocero de Deliverys de Antofagasta -que asistió a la reunión con Velásquez- ha dicho en días pasado que hay más de 200 trabajadores organizados, a los que el delivery les significa su «único sustento de trabajo».

Alviarez fue quién presentó el petitorio ante el municipio, medida que fue apoyada en el Concejo Municipal de este 20 de julio por la concejala del Partido Trabajadores Revolucionarios, Natalia Sánchez. «Estoy a favor que, al igual que en la pandemia, se les permita (a los trabajadores de delivery) un pase para garantizar su derecho al trabajo porque llevan semanas sin sustento para sus familias y sepa usted que, el motivo por el que andan rápido y tienen accidentes de tránsito, es porque no tienen ninguna garantía de salud, ninguna garantía laboral, no tienen ningún derecho laboral», sostuvo.

Sin embargo, después que el alcalde Velásquez le señalara que los salvoconductos no reemplazaban a las licencias de conducir, Sánchez relegó que «el hecho que Carabineros esté robando también las motocicletas, y de eso hay videos y registros, y que hagan un abuso de poder, que constantemente estén matoneando como lo hacen no solamente con los extranjeros, también con los nativos, es la realidad de las personas migrantes». El registro de la reunión se difundió ampliamente por redes sociales, lo que motivó una respuesta de Carabineros.

La general Marcela González, jefe (s) de la Segunda Zona de Carabineros, sostuvo al día siguiente que el aumento de fiscalización «es un intento de ordenar el tránsito en la ciudad y de disminuir los robos asociados a los motochorros». Añadiendo que «esta labor está en conocimiento de la autoridad (…) para Carabineros no es relevante la nacionalidad de los conductores, si no que, los conductores cumplan con la ley, sean chilenos o extranjeros».

Un problema que persiste

El concejal Camilo Kong, consultado por The Clinic acerca de esta polémica, señaló que cree que «ahí hay una confusión, tanto de parte de ellos (trabajadores de delivery) como de la concejala. Hablan de un pase como el que existía durante la pandemia respecto a que cumplían servicios esenciales, pero la verdad es que eso no significa que no deban tener papeles. Todos tenemos que tener la licencia para poder conducir vehículos».

Una obligación de la que que el director del INDH es consciente y le hace sentido con la actuación de la fuerza policial. «El orden publico tiende a la fiscalización porque es la única forma práctica y real de pesquisar motocicletas que están denunciados por estas acciones delictivas», dice Palma. Sin embargo, Guzmán relega las consecuencias que tienen estas medidas.

«Carabineros ahí, cumpliendo sus funciones de fiscalización, les confiscan las motocicletas, y es lo mismo que pasa con la venta informal. Cuando fiscalizan y encuentran una persona que está vendiendo un jugo de naranja con un carrito, les quitan todo a las personas. Y eso para quien es afectado por esa fiscalización, es una tragedia porque es su herramienta de trabajo. Una motocicleta no cuesta $50 mil: invierten un millón, se endeudan, y además con préstamos informales que tienen que devolver. Es un círculo muy vicioso donde hay una necesidad», explica el director regional del SJM.

Freddy Alviarez, en conversación con el medio Timeline de Antofagasta, sostuvo el 13 de julio que «el único pecado que estamos cometiendo es no tener licencia, pues las motos están al día y pagan impuestos. Pero tienen razón, estamos en Chile y las leyes hay que respetarlas, estamos conscientes de eso. Pero en el caso especial de los delivery que somos extranjeros sin documentos, si existiera la posibilidad que Carabineros bajara un poco la guardia con nosotros y nos dejan trabajar (…) Tienen derecho a requisarnos y revisarnos para ver que efectivamente trasladamos comida y medicamentos. El 90% somos padres de familia».

Rol de deliverys en reactivación económica

La agrupación que representa Alviarez se acercó al INDH con sus propuestas, para hacer una consulta genérica, donde los ayudaron en términos jurídicos. En esa reunión, dice Palma, le hicieron salvedades a los trabajadores acerca de que «el salvoconducto no puede asimilarse a un permiso especial de trabajo», y también de que «la Municipalidad no es el ente institucional que ve estas normas».

«Sí les hicimos ver que eran un servicio necesario, ya que los comercios locales han sobrevivido gracias al trabajo de los delivery. Gran parte de la economía y puestos de trabajo que se han recuperado, precisamente son en restoranes, cafés, y lugares de comida rápida que han podido seguir funcionando», agrega el director regional del INDH.

Por su parte, la autoridad de la organización jesuita señala que «las familias no llegan acá esperando que el Estado se haga cargo de darle ayuda. Lo que ellos quieren es encontrar oportunidades laborales».

«Acá se logra empatar, digamos, una necesidad que existe de reactivación económica ya que los deliverys han aportado en la solución de la misma, porque acá hay muchos restaurantes, farmacias y comercios de distintos tipos que necesitan vender para poder recuperarse de estos años de pandemia en que todo estuvo cerrado», añade.

El director regional del SJM, Fernando Guzmán, concluyó que «los deliverys están jugando un papel en la reactivación económica local, pero Carabineros está cumpliendo con su función. Tampoco el alcalde puede hacer mucho, porque no puede pasar sobre la ley, lo que indica el Servicio Nacional de Migraciones y sus políticas, etc. Está bien engorroso, realmente no tienen mucho que hacer (los trabajadores) en términos de como están formulados los reglamentos de Extranjería hoy por hoy».

The Clinic consultó a Camila Cortés, Seremi del Trabajo y Previsón Social de la región de Antofagasta, sobre su postura frente a este conflicto. «Como Gobierno siempre vamos a velar por el trabajo decente, lo que implica que todas y todos los trabajadores tengan seguridad laboral y condiciones dignas para desarrollar sus funciones. Es por ello, que la formalidad en el trabajo permite otorgar garantías legales correspondientes a lo que exige nuestro país», respondió.

También acudimos al alcalde, Jonathan Velásquez, para que comentara la situación. Sin embargo, y a pesar de la insistencia con su asesor de comunicaciones, no respondió nuestros llamados.

Fuente: The Clinic.

Esta semana, en Arica se dio inicio al proyecto “Atención y formación para el acompañamiento socio jurídico de NNA y familias migrantes y refugiadas” , que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto al apoyo de UNICEF.

Para esto se firmaron los compromisos junto a las familias que serán acompañadas por el proyecto, y que al mismo tiempo, serán asistidas de manera individual, familiar y grupal en materia de regularización, acceso a derechos y otros.

Makarena Salvatierra, responsable del Área de Intervención Social del SJM señaló: “Estamos muy felices y relevamos la importancia no sólo de poder acompañar e informar en estos procesos donde buscamos favorecer la inclusión de NNA y sus familias, sino que además, generar espacios socioeducativos para los padres, madres y cuidadores para la promoción del buen trato hacia la infancia y buscando así generar entornos protectores y garantes de derechos.”

Pablo Roessler, sociólogo y jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, explicó que casi seis mil notificaciones de ingresos irregulares de menores fueron realizadas en la Región de Tarapacá, y en el trimestre del año 2022, ya suman tres mil las notificaciones, según la información que fue entregada por Carabineros.

Emigrar en medio de la precariedad ha sido una de las luchas que se han propuestos cientos de migrantes que han ingresado por pasos no habilitados por las fronteras del país en los últimos años, en medio de esa decisión, está la convicción de muchas familias que buscan un mejor futuro para sus hijos, niños y niñas, quienes de la mano de sus padres atraviesan el desierto y desde muy pequeños viven la experiencia de ser “migrantes irregulares” en Chile.

Pablo Roessler, sociólogo y jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), analizó en SoyTV el fenómeno migratorio y el aumento de los ingresos irregulares de niños y niñas migrantes por pasos no habilitados, por la zona fronteriza del Colchane.

Roessler precisó, que la forma emigrar se transformó en los últimos años y de una manera “más precaria”, “en 2019 eran muy bajos los ingresos, en el 2020 se notificaron con datos de Carabineros que casi dos mil niños ingresaron por pasos no habilitados con estas dificultades, en el año 2021, con un principal énfasis de notificaciones en la Región de Tarapacá, casi el 100%, llegaron a las seis mil notificaciones de ingresos de niños, niñas y adolescentes, lo que nos preocupa por las dificultades que esto trae para ellos, la vulnerabilidad en una etapa importante en el desarrollo de las personas, la experiencia que les toca vivir con sus familias”.

“Muchas veces al merced de tráfico de migrantes, de la trata de personas. Los ingresos de niños y niñas se han triplicado entre los años 2020-2021, y hasta el mes de marzo, en este primer trimestre del año 2022, según los datos entregados por Carabineros, suman tres mil, por lo que este año podría ser más elevados, no se ha visto una baja”, indicó.

Irregularidad migratoria

La situación actual en el norte de Chile genera preocupación tanto para los migrantes, como también por las comunidades receptoras, el jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, aseguró que uno de los desafíos “es trabajar en terreno, escuchar a las comunidades migrantes, así como también a las comunidades chilenas que los reciben”.

El sociólogo también se refirió a la irregularidad migratoria, “al estar irregular a las personas se le cierran las puertas, al no tener estas llaves, los papeles, sí las personas no logran regularizar su situación, en el ámbito laboral, sobre todo los que vienen con familias y necesitan generara ingresos, (…) las personas pernoctan en las calles y trabajan en lo que se pueden, deja a las personas migrantes con un grado de vulnerabilidad y crea conflictos territoriales entre los que llegan y reciben”.

Roessler mencionó las fallas en las políticas migratoria, puntualizó “que los consulados de Chile no tenían la capacidad para procesar todas la solicitudes de visados, en los países de origen, donde se solicitan documentos como en Venezuela, habían demoras para poder obtenerlos, lo que causaba que se veían forzados a ingresar por pasos no habilitados, traídos por agencias dudosas que le prometían visas y ofertas laborales, y al final lo que ocurría es que los dejaban en la frontera”.

Por último, puntualizó que uno de los desafíos para hacerle frente a la realidad de la irregularidad migratoria, es la coordinación internacional entre diferentes países, “Chile podría iniciar con una vanguardia de búsqueda incesante de diálogo y cooperación internacional”.

Fuente: SoyChile.cl

Según el informe ‘Balance de Movilidad Humana 2018-2022’, este aumento ‘es exponencial’ desde 2018 y tiene un epicentro: la región de Tarapacá.

Cerca de 6.000 niños y adolescentes, en su mayoría procedentes de Venezuela, ingresaron de forma clandestina a Chile durante 2021, el triple que en 2020, aseguró ayer lunes el Servicio Jesuita Migrante (SJM). Según su informe ‘Balance de Movilidad Humana 2018-2022’, al que tuvo acceso Efe, este aumento ‘es exponencial’ desde 2018 y tiene un epicentro: la región septentrional de Tarapacá, fronteriza con Bolivia.

El estudio, que se basa en estadísticas proporcionadas por el cuerpo de Carabineros, advierte que es posible que esta cifra ‘sea más baja de lo que realmente es’ y establece en 5.983 el número de menores de edad que entraron de manera irregular a Chile durante 2021, de los cuales 5.130 serían de nacionalidad venezolana. Además, se subraya que los datos recabados en 2022 apuntan que la tendencia alcista se mantiene, ya que hasta la fecha se han contabilizado casi un millar de menores, casi la mitad de los ingresos totales en 2020.

‘Esto refleja que en 2022, si el ritmo sigue igual, con total seguridad se superará la cifra de 2021’, alerta el informe.

DESDE VENEZUELA A CHILE A TRAVÉS DEL ALTIPLANO

Desde febrero de 2021, la zona de Colchane, ubicada en pleno altiplano a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, es la principal ruta de entrada de migrantes irregulares a Chile, país que vive una verdadera ‘crisis migratoria’, con un aluvión de llegadas desconocidas hasta la fecha.

La crisis atravesó uno de los momentos más crudos en septiembre del año pasado, cuando una marcha antimigración terminó con la quema de carpas y pertenencias de familias venezolanas que pernoctaban en la calle. Al menos una veintena de personas han muerto en los últimos 12 meses intentando ingresar a través del altiplano, emplazado entre montañas y marcado por un clima hostil, con fuertes ráfagas de viento durante los días calurosos y temperaturas bajo cero grados durante la noche.

La magnitud del éxodo venezolano, sin precedentes en el cono sur, alcanza más de seis millones de personas, la mayoría de las cuales migran de forma irregular a través de los distintos países de la región sin que hasta la fecha se haya establecido una estrategia coordinada para frenar una problemática común. Según el Departamento de Extranjería y Migración, en Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.

Fuente: El Día.

La antropóloga calificó como deficientes los actuales mecanismos y planteó la necesidad de asumir la condición de refugiada de gran parte de estas personas. Además, reiteraron los expertos, dejar de vincular la migración con la seguridad del país.

De acuerdo a registros de la PDI fue que el gobierno informó 127 mil migrantes en condición irregular desde 2018 hasta la fecha, cuyo factor principal se debe a la crisis humanitaria de Venezuela.

En conversación con La Tercera, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer se refirió a la idea de establecer mecanismos ordinarios de regularización en la Política Nacional de Migraciones, anunciada por el gobierno en mayo pasado.

Sin embargo, la autoridad aseguró que dicha política se conocería en octubre y descartó de momento un proceso de regularización masivo. Mientras tanto, el Ejecutivo trabajaría en criterios que podrían incluir como causales la reunificación familiar, víctimas de trata de personas y la necesidad de enfrentar el déficit de fuerzas de trabajo.

Al respecto, la antropóloga y fundadora de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Nanette Liberona, calificó como deficientes los actuales mecanismos de regularización, toda vez que la documentación que se les exige a las personas no la pueden obtener “debido a que las instituciones de sus países de origen son disfuncionales o están en crisis”.

En ese sentido, afirmó que “el problema que tenemos actualmente de este alto número de población irregularizada es que está en una situación de extrema vulnerabilidad y, además, que una vez que pueden acceder a una regularización muy fácilmente pueden caer nuevamente en una irregularidad. Pueden acceder tal vez por períodos muy cortos, de un año, en el que cumplen ciertos requisitos, pero que los pueden volver a perder y caen en un proceso que se llama irregularidad cíclica”.

Para Liberona “los estados debieran reconocer el desplazamiento forzado de esta población y, por tanto, generar mecanismos no ordinarios de regularización. Entonces, creo que el gobierno en este momento está al debe en este escenario”.

De todos modos, apuntó que “creo que acá hay un problema grave que tiene que ver con cómo los organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), están haciendo recomendaciones al Estado para que no se asuma que esta población es refugiada, se le debería otorgar el estatus de refugiados por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos que están viviendo en su país de origen, en los países de tránsito y en este país”.

El representante de la Defensoría de Migrantes en Chile, Rodolfo Noriega, planteó que “hay actitudes que demuestran voluntad de algunas personas dentro del gobierno que claramente van en la línea de tener una administración que le de gobernanza al tema de las migraciones, hablo del reconocimiento y participación de los sectores migrantes, que son los incumbentes en estas materias. Veo un esfuerzo de Thayer y su equipo en ese sentido”.

“Asumen una responsabilidad y una tarea en medio de muchas complejidades. La administración anterior fue totalmente ineficiente o deliberadamente ineficiente, no reguló las migraciones, tiene un saldo de gestión muy negativo con más de medio millón de personas pendientes de resolver sus casos migratorios, de gente que está en situación regular, pidiendo residencias o permanencia definitiva o nacionalización o solicitudes de refugio que están paradas”, expresó.

Sin embargo, cuestionó que sobre la negativa del Ejecutivo a avanzar en procesos generalizados obedece a “un reproche previo. Ahí veo cierta coincidencia en alguna parte del lenguaje de este gobierno con el anterior, que es que no deslinda claramente el tema de la migración con el tema de la seguridad del país (…) Yo no dejo de desconocer que ha habido avances, pero todavía son muy incipientes. Se necesita una actitud más clara en el tema del deslinde de seguridad-migración y la gestión migratoria tanto acá como la que está llevando el país hacia fuera”.

Mientras en una línea similar, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Ignacio Eissmann, afirmó que en la organización “miramos con preocupación el número de personas en condición de irregularidad que hay hoy día en Chile, lo cual se debe a la gestión migratoria deficiente que se realizó en el gobierno anterior, pero por otra parte estamos muy optimistas y celebramos la apertura que tiene el Servicio Nacional de Migración a iniciar en un futuro próximo el proceso de regularización a través de una Política Nacional”.

“Los datos que hemos recabado así como la experiencia de nuestros equipos en terreno nos muestran que la regularización en la práctica es una puerta de entrada para que muchos puedan tener un muy buen proceso de inclusión en Chile. Si tomamos en cuenta los procesos recientes en el 2019 se otorgaron 96.257 visas, que equivale a un 62% del total, mientras que las rechazadas alcanzaron un 11%. En el último proceso, para el 28 de febrero se registraron 25.534 visas otorgadas frente a solo 2.433 rechazos. Esto nos indica que la mayoría de los postulantes a estas visas cumple con los requisitos establecidos en la resolución N°1.769 y no presentarían antecedentes penales”, complementó Eissmann.

En ese marco, señaló que “nos parece muy positivo que se dé prioridad también a los niños, niñas y adolescentes, pero hay que recordar en este sentido que hay que incluir a sus cuidadores. Por esto, un proceso regulatorio no solo debe considerar a los niños, sino que también a los adultos y a estos ayudarlos a acceder a un trabajo estable y seguro para poder mantener una buena condición de vida en las familias”.

Fuente: Radio U. de Chile.

En 2021 hubo cerca de 6 mil ingresos de este segmento etario por accesos no oficiales. Las temperaturas extremas que se registran durante el invierno son la principal amenaza.

El frío extremo de las noches en zonas desérticas y precordilleranas en la frontera norte, a lo que se agregan fuertes ventiscas durante esta época del año, golpea con mayor fuerza a menores de edad que integran caravanas o grupos familiares que siguen intentando ingresar al país por pasos no habilitados, particularmente por la zona de Colchane (Región de Tarapacá).

Un flujo migratorio que no se ha detenido pese al invierno, según reconocen en la localidad fronteriza con Bolivia, que ha sufrido por más de dos años la llegada de miles de extranjeros con situación migratoria irregular. En el poblado esta semana se registraron intensos vientos de hasta 85 km/h y una temperatura promedio de -7 ºC.

Como evidencia de esta crisis humanitaria, de acuerdo al Balance de Movilidad Humana en Chile 2018-2022 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), durante 2021 un total de 5.983 niñas, niños y adolescentes (NNA) registra ingresos por pasos no habilitados (IPNH). Del total, 5.130 corresponden a nacionalidad venezolana (86%). Un alza que triplica los registros de 2020, cuando se reportaron 1.975 casos, y aumenta de manera exponencial al considerar los 82 ingresos de menores de edad notificados en 2019.

No obstante, desde el SJM sostienen que las cifras podrían ser aún mayores debido a que los datos de Carabineros corresponden a una aproximación del número de ingresos, ya que esta institución no actúa como autoridad fronteriza y, además, los registros de la Policía de Investigaciones (PDI) no incluyen a menores de 18 años.

‘Todos los años entre 2017 y 2022, la mayoría de los ingresos son por parte de niños/as de 0 a 13 años, quienes, entre este período, conforman el 85% de los ingresos por pasos no habilitados de NNA y solo el 15% ha sido por adolescentes de 14 a 17 años’, agrega el informe.

Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, esta contingencia se originaría en la política migratoria impuesta por las autoridades chilenas, que dificulta el acceso a las visas de reunificación familiar. ‘Esto no debe sorprender a nadie, en Chile hay padres y madres que han solicitado algún tipo de visa consular para la reunificación familiar, pero no han tenido acceso a estas solicitudes. Debido a la desesperación de haber pasado cuatro a cinco años sin haber visto a sus hijos, los padres están viendo la opción de ingresar a sus hijos por pasos no habilitados en la zona norte’.

Según el informe, los datos disponibles entre el 1 de enero al 6 de marzo de este año indican que ya han entrado 990 menores de edad por pasos no habilitados. Este registro representa casi la mitad de ingresos irregulares de este segmento etario reportados en todo 2020.

‘Las cifras analizadas nos muestran una alta presencia de NNA menores de 14 años, quienes pasan por situaciones extremadamente graves para ingresar al país. A través del trabajo de nuestros equipos de atención directa en Santiago, Iquique, Antofagasta y Arica, sabemos que la situación en la frontera hoy es muy peligrosa, y que los niños y niñas están en un riesgo permanente de sufrir abusos y daños, lo que tiene graves consecuencias en su bienestar (…). Es por esto que, en nuestras propuestas, subrayamos la importancia de implementar una red de servicios de emergencia que acoja sobre todo a niños, niñas y adolescentes con una mirada de respeto y garantía de los derechos humanos desde un enfoque interseccional, que permita iniciar un proceso de inclusión efectivo’, comenta Ignacio Eissmann, director del Área de Incidencia y Estudios del SJM.

Fuente: El Mercurio.

En su reciente encuentro mensual de julio, la Red de Empresas Interculturales (REI), surgida a alero del Servicio jesuita a Migrantes (SJM), dialogó en torno a una serie de propuestas para la inclusión de personas migrantes en el mundo del trabajo chileno. 

“Representantes de 12 empresas, entre las que se cuenta a SB, Bupa, Ripley, SMU, Arcos Dorados y WOM, abordaron y comentaron con nosotros algunos de los nodos críticos que marcan hoy al empleo migrante, como la informalidad afecta tanto a trabajadores chilenos como a migrantes, pero en los últimos se vincula directo con la falta de papeles; las brechas de género muy ligadas a mujeres migrantes y madres, y el subempleo, es decir, cómo los migrantes acceden a trabajos de menor calificación por no poseer regularidad migratoria ni convalidación de estudios”, explica Waleska Ureta, Directora Nacional del SJM, quien moderó el encuentro.

En este marco, las ejecutivas y ejecutivos destacaron algunas de propuestas presentadas por el equipo SJM, y coincidieron al subrayar que las nuevas categorías de visas son fundamentales para la inclusión de las personas migrantes, ya que hoy uno de los grandes problemas para incorporarlos a puestos de trabajo es que tengan este trámite al día, cuestión que avanza muy lento, por lo que para las empresas es clave agilizar los procesos.  

Las visas consulares son otra preocupación, para empresas nacionales y transnacionales incluso. Y es que las empresas de REI apuntan diversas “trabas administrativas” como por ejemplo que un representante de la empresa debe presencialmente para el trámite de visado del futuro colaborador, pues ya no vale el poder notarial, y éste debe ir al consulado en otros países para que se pueda empezar a tramitar las visas.  A juicio de los asistentes, las visas consulares detienen el impulso de contratar gente extranjera, ya que se hace insostenible acompañarlos en el proceso. 

La generación de incentivos para las empresas que tienen programas de interculturalidad e inclusión por parte del Estado es algo que se debe potenciar. Los representantes de las firmas mencionadas comentaron que, asimismo, el sello migrante es un reconocimiento que se debería incorporar en las licitaciones para que dé más puntaje, y que esto generaría más incentivos a las empresas, las cuales verían la contratación de personas migrantes como un aporte al negocio y su sostenibilidad, además de una acción solidaria.

Apoyo al trabajo migrante 

Los representantes de REI reiteraron su compromiso para construir prácticas para lograr empleos inclusivos e interculturales, manifestando que el ámbito laboral podría constituir un mecanismo de apoyo para la regularización de personas migrantes en búsqueda de oportunidades de trabajo. También se señaló la existencia de riesgos de precarización laboral, ya que hay procesos de inclusión laboral complejos en nichos económicos de menor calificación, por lo que -a su juicio- se debiera tender a una política multidimensional, acompañada por sólidos mecanismos de protección laboral.  

La Red de Empresas Interculturales de SJM surgió en 2018 con el propósito de generar un espacio para compartir buenas prácticas en torno a la interculturalidad en los espacios laborales. El primer año fue de creación, gestión, diseño y posicionamiento. Hoy la organización ya cuenta con 14 empresas socias, entre las que se cuentan firmas nacionales y trasnacionales de importancia como Deloitte, CMPC, Ripley, Falabella, Motorola Solutions, Arcos Dorados, Empresas SB, AHA Inclusión, Scotiabank, SMU, Caja los Andes, Bupa, Teck.  

En las cajas de supermercados Unimarc, Mayorista 10, Super10 y Alvi a lo largo de todo Chile, los clientes podrán sumarse a una nueva campaña solidaria lanzada por SMU y filiales. Se trata de una nueva versión de la GiftCard Unidos, y que tiene como objetivo recaudar fondos que vayan en apoyo de cuatro organizaciones: Fundación Las Rosas; Comida para Todos; Servicio Jesuita a Migrantes y la Corporación Nuestra Casa – Chef por Chile.

Del total recaudado entre el 28 de junio y el 5 de agosto, SMU contribuirá con el equivalente al 10% de las ventas de dicha GiftCard, el que será distribuido en partes iguales entre las 4 organizaciones y fundaciones beneficiarias para la compra de alimentos y artículos de aseo e higiene.

Marcela Salas, gerente de Sostenibilidad en SMU destaca que “Somos una Compañía presente en todas las regiones del país, y como parte de nuestro sello cultural CERCA buscamos vincularnos de forma estrecha con cada una de ellas. Desde aquí nace la Campaña Unidos, que hoy volvemos a impulsar, como una iniciativa que busca contribuir con la comunidad en todos los lugares en que estamos presentes, articulando una red de ayuda entre los clientes, la compañía y la comunidad”.

Esta nueva versión de la GiftCard Unidos se suma a la campaña convocada en 2020 en plena pandemia, la que recaudó fondos que beneficiaron a más de 150 organizaciones sociales a lo largo de todo Chile.

Testimonio de las entidades beneficiarias:

Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas explica que desde la organización «agradecemos la motivación, apoyo y el cariño que SMU entrega a las personas mayores; también agradecemos a sus clientes y colaboradores que participan en esta innovadora campaña, iniciada en los tiempos más difíciles de la pandemia y que ha servido para dar mayor seguridad y afecto a quienes más lo necesitan, como son las personas mayores que viven en Fundación Las Rosas«.

Por su parte, Paula Tejeda, directora (S) de Sostenibilidad en Servicio Jesuita a Migrantes valoran la iniciativa solidaria de SMU, sus filiales y clientes, destacando que «las giftcards serán un gran apoyo para la labor que realizamos, ya que estamos acompañando a familias migrantes y refugiadas en situaciones muy precarias. El formato de giftcard favorece la autonomía de las familias migrantes, al poder administrarlas directamente y hacer uso de ellas en sus comunas de residencia, y siendo más fácil la elección de mercadería según sus necesidades”.

Asimismo, Rafael Rincón, director de Comida Para Todos, releva el momento en que llega la campaña solidaria Unidos. “Todo el apoyo que recibamos para seguir protegiendo la seguridad alimentaria de las personas más vulnerables siempre será de gran ayuda. Creemos que este tipo de alianzas son el camino a llevar para ayudar a la gente. Esta campaña llega en un momento clave viendo el contexto país que se vive, es contingente para el momento económico de Chile”, señala.

Mientras que Isabel Lacalle, directora Ejecutiva de Corporación Nuestra Casa, estableció que «para las rutas que nosotros hacemos en la calle esta campaña es clave, nos permite fortalecer nuestros recorridos, poder entregar una colación a más personas y por ende cumplir con nuestro desafío institucional. En la corporación también contamos con 25 viviendas y esta ayuda a través de giftcard promueve la autonomía, independencia e intimidad de las personas que viven en ellas, que vivan la experiencia de ir de compras, diseñar un menú semanal o decidir qué necesitan para su hogar«.

Finalmente, Carla Sedán, coordinadora de Alianzas y Recursos en Chef por Chile que participa junto a Nuestra Casa, argumenta que “nos encanta que SMU y sus filiales lancen esta campaña comenzando el invierno, estamos contentos de ser una de las cuatro organizaciones participantes. Nuestro desafío es llegar con un plato de comida caliente para personas y familias que viven en la calle. Gracias a las giftcards, Chef por Chile y Nuestra Casa, podrán tener mayor alcance y contribuir a la seguridad alimentaria en nuestra región”. 

Fuente: Sociedad Anónima.

En una jornada que contempló dos días, realizada en las dependencias de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, 25 profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial CAJTA, pertenecientes al Programa Mi Abogado, funcionarios/as del Consultorio Jurídico de Iquique, convenio Senadis, Centro de familia y postulantes de la Dirección General CAJTA, se certificaron en temas migratorios.

La capacitación estuvo a cargo del Servicio Jesuita Migrantes, con las expositoras Nicole Mellado, Karina O Ryan y Francisca Medina y se realizó en base a la vinculación directa entre la Coordinación Nacional del Programa Mi Abogado y Unicef con Servicio Jesuita a Migrantes.

En la actividad final de certificación, asistió la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, Camila Castillo y la directora general de CAJTA, Carolina Fernández.

Respecto a la capacitación, la Seremi destacó que, ‘es importante brindar una capacitación continua a las y los trabajadores de los servicios, a fin de mejorar siempre nuestra atención y las personas y que puedan acceder eficientemente a la Justicia’.

Por su parte la directora general CAJTA agregó que, ‘esta alianza entre CAJTA y el Servicio Jesuita Migrantes para capacitar a nuestras funcionarias y funcionarios, es fundamental para mejorar el acceso a la Justicia y comprender el tema migratorio, ya que somos una región trifronteriza y la migración es parte de la cotidianidad.

Fuente: Web Ministerio de Justicia.

Ministerio de Desarrollo social indicó que abrirán más albergues para personas sin hogar, tanto para chilenos como migrantes.

Las últimas semanas se ha incrementado la cantidad de personas migrantes en situación de calles, escenario que preocupa a la ciudadanía como a ONGs, quienes afirman no poder hacer frente a la gran demanda de albergues.

Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes relató que “muchas de las personas y familias que están llegando a Iquique no tienen cómo acceder a una vivienda o alojamiento temporal, o al menos no pueden hacerlo de manera permanente. De esta forma, las alternativas que le quedan son improvisar “rucos” o instalar carpas en espacios públicos o en la playa, o bien, acudir a albergues de emergencia u hospederías”.

Añadió que “cerca del 50% de las personas que usan los albergues de emergencia del Plan de Invierno para Personas en Situación de Calle en Iquique son migrantes. Esta situación obliga a que desde el Gobierno se generen medidas que no sólo apunten a la emergencia, sino que tiendan a garantizar algún tipo de solución habitacional más permanente, y a considerar que, dentro de la población en situación de calle, la presencia de personas y familias migrantes va a ir teniendo cada vez mayor presencia”.

La encargada regional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Victoria Cardemil, quienes prestan apoyo a familias migrantes en situación de calle, contó que entregan 35 cupos de alojamiento de emergencia por siete días, pero ya se quedaron sin cupos. “Hoy día había una familia en situación calle y no los pudimos apoyar”, dijo.

Agregó que “la demanda es mucho más grande que la oferta que tenemos, ayudamos a las familias pero quedamos cortos, hay personas que logran con siete Bias conseguir un arriendo e instalarse, pero hay personas que se les complica la situación”.

Para Cardemil, una solución más rápida a esto, sería prestar ayuda en torno a la reunificación familiar, “siempre cuando cumplan los requisitos, que tengan el PCR y la carta de invitación de la familia que los va a recibir porque es complicado viajar en esta fecha sin que alguien los reciba, no pueden quedar en calle”, ya que muchas buscan trasladarse a otras regiones.

Cardemil consideró que el albergue en Lobito “ha amortiguado harto la situación en comparación con el año pasado”, debido a que hay alrededor de 230 personas pernoctando en el lugar, y que estarían en la ciudad varada.

Mientras que el seremi de Desarrollo Social, Cristian Jara indicó que han “ampliado sus coberturas, para el periodo de invierno, se espera comenzar con nuevos dispositivos y a la actualidad tenemos dos albergues familiares funcionando. Se va a agregar una residencia familiar y vamos a contar con cinco nuevos dispositivos de albergues unifamiliares”.

Precisó que “todos estos dispositivos son para chilenos y migrantes, lo importante es que las personas no estén durmiendo en las calles, sobre todo con el frío que está haciendo” y detalló que están trabajando en conjunto con Unicef, con un albergue familiar con el fin de generar reunificación familiar, o ayudar a estas familias establecerse en la región.

Fuente: La Estrella de Iquique.