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Un grupo de senadores de oposición solicitó al Ejecutivo que “detenga las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño y la reunificación familiar”.

“Detener las expulsiones masivas y garantizar el debido proceso de niños, niñas y adolescentes y la reunificación familiar”, son los ejes del proyecto de acuerdo recientemente fue aprobado por la mayoría (20 votos a favor y 12 votos en contra) del Senado y que fue patrocinado por senadores de oposición. 

En concreto, se solicitó al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir al Ministro del Interior y al Subsecretario de la misma cartera detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional, así como garantizar el debido proceso en el caso de que estas se efectúen con la observancia de los principios de interés superior del niño, niña y adolescente y reunificación familiar, o en el caso de que se trate de expulsiones de padres, madres o cuidadores o cuidadoras, y, en particular, revisar la situación de los migrantes venezolanos, verificando el cumplimiento del principio de protección complementaria. 

El proyecto de acuerdo fue patrocinado por los senadores Isabel Allende, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

Los autores hicieron presente que “durante los últimos meses hemos visto cómo el Gobierno ha realizado expulsiones masivas de personas migrantes so pretexto de “ordenar la casa” en materia migratoria, expulsiones que han sido rechazadas por organismos internacionales. 

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, señalan la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. En el contexto de la pandemia por COVID 19, un grupo de Expertos de Naciones Unidas y el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU ya han realizado un llamado a los Estados a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes”.

Estas expulsiones masivas, agregan los autores del proyecto de acuerdo, “violan los derechos humanos de los inmigrantes, que en algunos casos han sido revocadas por los mismos tribunales, al acoger recursos de amparo presentados por los afectados y distintos organismos como el Servicio Jesuita a Migrantes, y las clínicas jurídicas de distintas universidades”.

Para mayor abundamiento, indican que el presidente de la Corte Suprema ha manifestado que las expulsiones masivas de migrantes son “medidas prohibidas por el derecho internacional”. Dicha situación se ha traducido en la crítica del Ejecutivo respecto de las sentencias del Poder Judicial, lo cual raya en la intromisión en las decisiones de otro poder del Estado, cuestión que lamentablemente al Gobierno parece no importarle.

“Como legisladores nos preocupa no solo el cumplimiento de la legislación y la imagen de Chile; sobre todo, nos interesa cuidar los derechos de quienes han venido a Chile con la intención de salir adelante o huyendo de situaciones precarias y de crisis. Nos inquieta que estas personas se enfrenten a una nueva separación de las familias debido a la conducta de este Gobierno, y en especial, nos alerta de qué manera esta expulsión puede afectar a niñas y niños y adolescentes”, recalcan.

Fuente: Senado de Chile.
Foto: Senado de Chile.

Una férrea crítica realizó el organismo basado en lo que ha establecido la Corte Suprema y otras instancias judiciales en el país. “Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, apuntó el abogado.

Un duro llamado al gobierno chileno hizo durante esta jornada el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El abogado pidió poner fin a las deportaciones sumarias de ciudadanos venezolanos y apunta a que en muchos casos no ha existido el debido proceso y se ha vulnerado los derechos de estas personas, basado en lo que ha establecido tanto la Corte Supremas como otras instancias judiciales en el país.

Junto con esto, y a través de un extenso comunicado, le piden al Ejecutivo asegurar que cuando se expulse a una persona se cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos. “Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, sostuvo Vivanco.

En la comunicación se profundiza y se apunta a que en estos dictámenes se ordenó en distintas ocasiones terminar con estas expulsiones administrativas, justamente, por los graves riesgos que conlleva para esas personas el retornar a un país en crisis como es Venezuela. “Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones”, señala el comunicado emitido por HRW.

Vivanco aseguró que era “contradictorio” que por una parte el gobierno de Sebastián Piñera, “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

HRW estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en territorio chileno y aunque la mayoría está de manera legal, desde 2019 en adelante, cuando se endurecieron las políticas migratorias, es cada vez más difícil para ellos regularizar su situación.

“En abril, el gobierno anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gobierno había deportado a 294 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial. La mayor parte eran venezolanas. El gobierno deportó a otras 125 personas de distintas nacionalidades en junio. El 6 de junio, las autoridades chilenas deportaron a 53 venezolanos, incluidos 34 deportados de forma sumaria durante el fin de semana, cuando las cortes de apelaciones estaban cerradas. Los otros 19 venezolanos habían sido condenados por algún delito, lo cual puede ser base para una deportación en Chile como medida sustitutiva a la pena de prisión”, dice el documento viralizado por el organismo.

La institución apunta, basados en datos aportados por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, que además “algunos tenían familiares en Chile, un dato que debió haber sido tomado en cuenta para suspender la deportación; no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación; incluso algunos tenían apelaciones en trámite en contra de sus órdenes de deportación”.

Para hacer esta petición, HRW, examinó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación; entrevistó a activistas del ámbito humanitario y de derechos humanos; y documentó en profundidad dos casos ilustrativos de deportaciones que se produjeron en el vuelo del 6 de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.

Fuente: La Tercera

La vacunación de las personas migrantes, es un desafío que aún se encuentra pendiente y que implica un cambio de mirada hacia aquellos grupos, que por motivos culturales, idiomáticos o desconfianza, aún no son parte del proceso.

“Tenemos que pensar un enfoque desde la interculturalidad y no desde una sociedad que impone sus visiones”, comenta la Directora social del Servicio Jesuita a Migrantes, Valentina Latorre, en una nueva edición de Podcast Colmed Santiago.

Durante la conversación, la magíster en Políticas Públicas y Estudios de Género, aseguró que es necesario desarrollar desde la autoridad central una nueva estrategia de vacunación, dirigida especialmente a los sectores migrantes más vulnerables.

“Se topan con barreras que no han sido definidas desde el marco legal, como por ejemplo les piden una auto denuncia. Y ese no es uno de los requisitos que se necesita para vacunarse. Barreras así nos hace cuestionarnos cuál es la relevancia que se le da a esta temática desde el Gobierno”, asegura Valentina Latorre.

La conversación, además, contó con la participación del médico de origen haitiano, Dr. Bradley St. Aud, quien actualmente ejerce funciones en el SAR de Constitución. Según su opinión, la clave del proceso, es generar mecanismos de comunicación acordes a la realidad de cada grupo migrante.

“Falta alguien que les explique. No sólo que traduzca”, asegura a Podcast Colmed Santiago. “La gente no es que  no quiera vacunarse, cuando uno les explica, ellos mismos acceden y luego convencen a su familia. Todo está en cómo abordamos el tema”.

Escucha la nueva edición del programa, con la conducción del Dr. Fernando Araos, secretario técnico del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico de Santiago, en este link.

Fuente: Colmed Regional Santiago.

Las víctimas habían ingresado a Chile por pasos no habilitados y fueron llevados contra su voluntad a una casa.

El OS9 de Carabineros detuvo a una persona por el delito de secuestro, al encontrar a 32 personas encerradas al interior de una vivienda en Pozo Almonte.

La investigación se inició luego de una denuncia realizada en Santiago, en la que una mujer venezolana aseguró que su hijo de 17 años se encontraba secuestrado en el norte del país.

Según los antecedentes aportados por la denunciante, su hijo habría ingresado al país por un paso no habilitado, siendo posteriormente trasladado hasta un domicilio, ubicado en calle Las Guancas, comuna de Pozo Almonte, donde lo mantenían retenido contra su voluntad.

Tras varias diligencias realizadas por la policía, Carabineros halló el inmueble donde estaba el joven de 17 años, además de otras 23 personas adultas y 8 menores de edad.

En el lugar se detuvo al encargado del inmueble, identificado como L.A.U.C., de nacionalidad venezolana, por el delito de secuestro.

Asimismo, se identificó a una mujer de 32 años, de nacionalidad venezolana, que habría sido sindicada por las víctimas como la persona que los habría ingresado de forma ilegal al país, procediendo a su detención por tráfico de migrantes.

Ambos imputados pasarán a control de detención.

Las víctimas estaban retenidas y fueron trasladadas hasta la 2ª Comisaría de Carabineros de Pozo Almonte, donde los funcionarios les entregaron alimentos e hidratación.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que este hallazgo “es de la mayor gravedad. Lo hemos dicho y hemos insistido en por qué es tan relevante desincentivar el ingreso clandestino a nuestro país”.

“El riesgo de vida e integridad física es tremendo, han fallecido personas. El segundo riesgo es ser víctima de redes de tráfico de personas (…) Ciudadanos extranjeros que lucran con el sufrimiento de sus compatriotas y en este caos, aún más grave, incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Secuestrándolos para exigirles un pago“, agregó.

Por último, respecto de los niños, niñas y adolescentes que fueron encontrados, Galli manifestó que serán protegidos por el Estado.

Fuente: 24 Horas TVN.

Durante este 2021, se ha expulsado de manera administrativa y colectiva a 132 personas migrantes sin antecedentes penales, sólo por el hecho de ingresar al país por pasos no habilitados. 

Como SJM tenemos la obligación de informar y aclarar cómo esta política ha sido utilizada por el Gobierno de manera ilegal, arbitraria y desproporcionada, separando en algunos casos a familias y obligando a individuos a abandonar Chile sin haber cometido delito alguno, sin la posibilidad de defenderse.

1. ¿Qué es una expulsión colectiva?

Cuando se obliga a un grupo de personas extranjeras a que abandonen un país o se les prohíbe su ingreso:

• Sin un análisis previo y objetivo de las circunstancias individuales.
• Sin garantías para que puedan recurrir a la justicia.
• Con citaciones y/o detenciones de personas de manera simultánea.
• Con una ejecución de la medida rápida y sorpresiva. 
• En contextos políticos que fomentan y mediatizan el proceso.

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

2. ¿Por qué son ilegales las expulsiones colectivas?

Tres razones las hacen ilegales:

Razón Nº1: No cumplen e ignoran tratados internacionales suscritos por Chile 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• La Convención para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
• La Convención de los Derechos del Niño y Niña.

Razón Nº 2: Contravienen disposiciones de la nueva Ley de Migración y Extranjería

• El artículo 8 transitorio dice que quienes ingresaron por un paso no habilitado, tienen derecho a salir del país sin ser sancionados siempre que lo hagan dentro de los 180 días siguientes a la publicación de la ley. 
• Estos 180 días se cumplen en enero del año 2022
• Durante este período, no se puede impedir  que las personas opten por esta alternativa.

Razón Nº 3: Impide a los afectados acceder a la justicia de manera efectiva

• En el tiempo entre la notificación y expulsión, las personas están en residencias sanitarias o cuarteles de la PDI, en las que se impide el acceso de abogados/as que las puedan representar.
• En la notificación no se informa sobre cómo acceder a representación legal.
• Se requisan celulares, dificultando el contacto con abogados.
• Las detenciones se han hecho los fines de semana y las expulsiones los domingos.

3. ¿Entre las personas migrantes expulsadas (febrero y junio), hay quienes no tenían antecedentes penales?

• El 60% (132) de las 220 personas que han sido expulsadas, no tienen antecedentes penales y se vieron sometidas a la expulsión sólo por ingresar por pasos no habilitados.

4. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre estas expulsiones?

• Que todas las expulsiones deben ser el resultado de un proceso individual donde se evalúen las circunstancias personales. 
• Todas las personas migrantes tienen la oportunidad de ejercer su derecho a ser oídas y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
• El ingreso por paso no habilitado no es causal suficiente para una expulsión si no es antecedido de un debido proceso.
• Si las personas además tienen hijos/as en Chile, no pueden ser expulsadas y separadas de ellos/as.

El fenómeno de las expulsiones colectivas son medidas prohibidas por el Derecho Internacional de los DD.HH

5. ¿Qué es el principio de no devolución y por qué no se está cumpliendo en el caso de las expulsiones colectivas?

• Es la piedra angular del sistema de protección de personas refugiadas y solicitantes de asilo y está consagrado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
• Exige tomar en cuenta los riesgos asociados al retorno forzoso al país de origen, lo que hoy no se está cumpliendo en el caso de las personas migrantes venezolanas.

6.- ¿Pueden las autoridades chilenas expulsar a una persona por haber ingresado por paso no habilitado?

• Sí. Siempre y cuando, según la Ley de Extranjería y Migración aún vigente, la persona migrante haya cumplido una condena con antelación.
• Según nuestros estudios y experiencia el ingreso por pasos no habilitados aumenta cuando se cierran u obstaculizan las vías legales para entrar al país.
• Es el caso de ciudadanos de países que se les exige una visa consular: República Dominicana, Haití y Venezuela desde 2012, 2018 y 2019, respectivamente. 
• La demora en la gestión de estos trámites, su baja tasa de aprobación y el cierre de fronteras por la pandemia fomentan este tipo de ingresos, llegando a cifras sin precedentes: Desde enero 2018 a abril 2021 se concentra el 78% de todos los registros de ingresos por paso no habilitado desde 2010.

7. ¿Por qué el gobierno insiste en realizar expulsiones colectivas?

• Lo que hace el Gobierno es impedir que ingresen por la vía formal y regular personas que buscan llegar a Chile. No solo por el cierre de fronteras debido a la pandemia, sino también por la imposición de visados o permisos que deben obtener en sus país de origen, como los venezolanos, y que son escasamente otorgados.
• En su mayoría se trata de personas honradas que huyen de un conflicto y buscan una vida digna, quienes se autodenuncian para declarar que entraron por un paso no habilitado porque saben que no es lo correcto y con la esperanza de iniciar de esa forma su regularización migratoria.   
• Estas son las personas migrantes que el Gobierno está expulsando, a través de un procedimiento, que como lo ha señalado la justicia, es ilegal y arbitrario. 

Contrario a los dichos del Presidente Piñera, la nueva Ley de Migraciones no está en plena vigencia, sin embargo, sí opera hoy el artículo octavo transitorio de la ley, que exige dejar Chile en menos de 180 días. Una política pública que, en la práctica, resulta inviable para quienes no tienen los medios para retornar a sus países.}

“Yo no quería ser invisible”

Eran las diez de la noche cuando Antonieta Armas y su familia decidieron atravesar la oscuridad por el desierto. Hace tres meses habían dejado Venezuela a pie con la esperanza de establecerse en Ecuador y dar a luz su tercer hijo allí. Sin embargo, la sombra del hambre les pisaba los talones y su peregrinación debió continuar durante el mes de abril por Perú, Bolivia, hasta llegar el dieciocho de ese mes a Chile. 

“Crucé el desierto, con asma en el pecho y mi madre en brazos. Ella decía que no podía más, que se iba a morir. Mi pareja llevaba al pequeño de un añito. Los dos chicos de nueve y cuatro iban solitos, bien valientes. Al rato se escucha un llanto, un alarido de dolor. Era mi bebé que le dio mal de páramo. Cuando le quitamos los guantes y los calcetines, estaba con los deditos tan hinchados que no los podía ni mover.”

Antonieta (26), junto a su pareja, Gustavo Malave, apenas salieron del desierto, a eso de la media noche, fueron a Carabineros a autodenunciarse por entrar de manera ilegal al país: “Yo leí que era mejor que el gobierno supiera de mí, yo no quería ser invisible”. Luego de pasar la aduana, la familia, junto a otros detenidos en la frontera, fueron trasladados en un bus al Estadio Cavancha, en Iquique. Mientras recibían atención médica, comida y artículos de aseo, Antonieta conoció a Carolina, la psicóloga a quién llamaría cuando, cinco días después, llegase la PDI pronunciando a viva voz los nombres de quienes serían forrados en overoles blancos y subidos en un vuelo en dirección a Venezuela. “Fue una locura, llegaron tan de repente, sin decir nada, solo con una lista llamando a firmar. Entraron y dieron vuelta todo, buscando si quedaba alguien escondido. Se los llevaron en plena noche. No tenían ni PCR hecha, nada.” Cuando Antonieta la llamó para preguntarle por qué ninguno de los que andaban con menores fue notificado, la sicóloga le respondió: “En algún momento dado, a todos les va a llegar, porque lo que ustedes hicieron es un delito”. Y así fue. Al poco tiempo, Antonieta recibió su carta de expulsión: tenía 180 días para irse.

“Tome, señora, pa’ que se ayude”

“Yo le pedí tanto a Dios que me ayudara a cruzar la frontera, ese desierto terrorífico”, recuerda Ángela Castro (45), cuando envuelta en un frío de cuatro grados, se enjugó los ojos, despertó a sus dos hijos de seis y trece años, tomó las mochilas y se zambulló en lo que creía era el fin del éxodo. Los niños se quejaban del frío y, sin embargo, no se detuvieron una sola vez durante las siguientes cuatro horas de caminata. Y es que la odisea, como le llama Ángela, había comenzado un mes atrás en su ciudad natal, Barquisimeto, en el Estado de Lara, Venezuela. Fue el 25 de enero del 2021, cuando, por amenazas de secuestro, decidieron abandonar todo y reencontrarse en Chile con los demás del clan: su pareja (50) e hijo (16).

Salieron a pie desde Venezuela, atravesaron Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia: transitaron alrededor de seis mil kilómetros, bajo lluvias húmedas y soles incandescentes, sin guías ni coyotes. Simplemente se incorporaban a las caravanas de migrantes que encontraban en el trayecto y Ángela les susurraba a sus hijos: “Agárrense de las manos o péguense mío”. 

Cuando se le pregunta cómo sabían el camino correcto, ella, de tez oscura como la canela y su pelo café cobrizo, señala hacia al frente, donde se escucha que merodea su hijo de trece años: – Él venía con un mapita y de repente soltaba “¡Mira, mami, venimos por aquí!”–. 

A las cuatro de la mañana llegaron a Colchane. Muchos migrantes llegan en estado de shock, deshidratación severa o desorientación luego de las largas distancias transitadas a pie. Los tres caminantes comenzaron a hacer señas a los camiones para que los llevasen. Nadie los subía a riesgo de cometer un delito:– De pronto nos pasaban cositas y decían “Tome, señora, pa’ que se ayude”–. 

Durante la madrugada de aquella noche, Ángela y sus hijos fueron vistos por dos carabineros. Cuando ambos agentes se les acercaron, les informaron que debían autodenunciarse porque de todas formas serían expulsados tarde o temprano. Aun así, les permitieron seguir adelante solos y eso hicieron. Un boliviano les ofreció transportarlos hasta Huara, por cien dólares cada uno. Allí estuvieron durmiendo en la calle hasta que la mujer logró conseguir un teléfono y llamar a su marido, quien le envió un amigo de confianza a recogerlos que les cobró 250 mil pesos por cada uno, dinero que hoy, tres meses después, aún no terminan de pagar. “Pagamos, yo sé que fue una locura, pero era el desespero total, estábamos mal, hambrientos, sedientos y solos, solos en ese desierto”.

Según cifras del INE, durante el 2020 aumentó un 19%  la población de extranjeros viviendo en Chile, llegando a un total de 1.492.522 personas. El Servicio Jesuita Migrante (SJM), a través de una solicitud de transparencia a la PDI, consultó la cifra de ingresos clandestinos reportados hasta la fecha. En el informe, se observa un total 16.848 ingresos durante el 2020 y 13.648 el 2021. Estos datos han sido recopilados solamente a partir de las autodenuncias presentadas. Antonieta Armas y Ángela Castro pertenecen a esa cifra y hoy, ambas tienen en sus manos la amenaza de expulsión que les concede un plazo de 180 días para abandonar el país.

“Si vuelvo a Venezuela me matan”, afirma Ángela Castro, que se desempeñaba como profesora en una escuela pública en Lara y hoy como empleada doméstica en Puerto Varas. “Mi jefa me dice que no me puede tener porque es ilegal, y yo no puedo volver porque soy opositora al régimen”. Según relata, desde diciembre del 2020  llegaban frecuentemente hombres del gobierno a su casa para hacer allanamientos, sabiendo sus datos personales y preguntando sobre el sueldo de su marido, quien se había radicado hace un tiempo en Chile. 

El vigor de la Ley

En la Cuenta Pública 2021, el presidente Piñera se refirió a la Nueva Ley de Migración y Extranjería o Ley 21.325 y aseguró que hoy se encuentra en plena vigencia. Sin embargo, si bien esta fue promulgada el pasado 11 de abril, aún falta la publicación del Reglamento de Migraciones para ser implementada. Para esto, según la propia norma en su artículo décimo, se establece un plazo de un año. Actualmente, el único artículo vigente es el octavo transitorio, el cual ha despertado suspicacias entre organizaciones pro migrantes y expertos. 

Esta nueva Ley de Migraciones y Extranjería, fue promulgada luego de casi 8 años de tramitación en el Congreso y los principales cambios que plantea son: la eliminación del Departamento de Extranjería por el Servicio Nacional de Migraciones y sus Direcciones Regionales. Luego, la prohibición del ingreso a Chile con Visa Turista para luego cambiarla por una Visa de Residencia. Se implementó también, la Visa Consular. Por último, advierte que quienes hayan cometido delitos o hayan ingresado por pasos no habilitados están sometidos a riesgo de expulsión administrativa. A esto se le suma la ejecución de un programa extraordinario de regularización de migrantes, para quienes ingresaron a Chile hasta el 18 de marzo de 2020.

¿De qué trata el único artículo vigente?

El artículo octavo transitorio de la Nueva Ley de Migración permite a las personas migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados antes del 18 de marzo del 2020, solicitar un visado de residencia temporal sin sanción en un plazo de 180 días.  

Con solicitud en mano, podrán obtener un permiso temporal de trabajo durante el tiempo que demore su tramitación.  Además, sin que se les aplique sanción, se permite la salida de migrantes en situación irregular dentro de 180 días desde la publicación de la norma (11 de abril 2020). 

“La ley ofrece una alternativa que suena bien, pero no es factible”

Según el abogado constitucionalista, Martín Canessa, también patrocinante del requerimiento en contra de la nueva Ley de Migraciones del gobierno, la situación de quienes ingresan por paso no habilitado es especialmente grave, “porque la ley les ofrece una alternativa que suena bien, pero que no es factible: salir del país, sin sanción administrativa, y solicitar su visa una vez que se encuentren fuera. Es problemático porque no se les ofrece un horizonte de certidumbre: ¿qué visa podré pedir? ¿voy a poder entrar nuevamente a Chile si sigue limitada la movilidad por coronavirus? ¿cuánto tiempo se demorarán en tramitar mi visa y cuánto tiempo tendré que estar fuera? ¿me recibirá el país al que migre? Ante todas estas interrogantes, lo más probable es que esa gente opte por mantenerse en el país en vez que por salir… y quedará condenada a la irregularidad eternamente.”

En la misma línea, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, criticó el artículo hasta ahora implementado, alegando que “perpetúa la irregularidad y criminaliza la migración”, dado que “las personas, para poder cumplir lo que requiere el artículo octavo transitorio, necesitan de recursos que quienes vienen de dictaduras como la de Venezuela no tienen, pues han dejado su vida, familias trabajos desde la desesperación y en medio de una crisis sanitaria.”

Kilómetro Cero se puso en contacto con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se había recibido respuesta.

Fuente: El Mostrador.

Por metro cuadrado, arriendos informales pueden llegar hasta 0,5 UF el metro cuadrado para extranjeros en comunas céntricas cercanas a puestos de trabajo, similar a lo que pagan en comunas del sector oriente. El arriendo protegido asoma como una de las alternativas. El Minvu compró seis terrenos para construcción de viviendas sociales -no solo para extranjeros- que partirían en diciembre.

Juan es trabajador peruano que vive en Santiago hace algunos años. Arrienda una pieza en una división informal en la comuna de San Bernardo. Paga $180 mil al mes por 19,7 metros cuadrados. Un compatriota destina $140 mil por 9 metros cuadrados en Independencia, debido a que está más cerca de su fuente laboral. En Cerro Navia, una pareja junto a la madre de uno de ellos tomó una habitación de 25 metros cuadrados, con baño privado, por $250 mil mensuales. A ello se agregan los gastos de luz y agua, que el dueño de las subdivisiones cobra por cada pieza, que pueden ir entre $10 mil y $15 cada 30 días. Desde ahí la mayoría se moviliza hacia Lo Barnechea, Las Condes, Providencia o, los que pagan más, se quedan en las mismas comunas donde duermen.

Esta es la realidad de un porcentaje no menor del mundo migrante en Chile. Realidad que se visibilizó más con la irrupción de mediados de esta década, la que en medio de la pandemia también ha sufrido algunas modificaciones. La Casen 2020 permitirá evaluar el subarriendo migrante en tiempos de pandemia.

Al aplicar un estándar de medición formal, se obtiene que los pagos pueden fluctuar entre 0,3 UF y 0,5 UF por metro cuadrado, un nivel similar a las de comunas pudientes de la Región Metropolitana, o incluso superior. Según un ranking elaborado por Arenas y Cayo, el arriendo por metro cuadrado fluctúa entre 0,21 UF en Puente Alto y 0,31 UF en Las Condes.

Esta realidad ya había sido puesta en evidencia por el estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en el libro “Vivienda adecuada para migrantes vulnerables en áreas de alta accesibilidad a empleos. Bases para la discusión de un sistema de arriendo protegido”.

“Este proyecto apuntó en su génesis a llenar un vacío de instrumentos específicos de acceso a vivienda adecuada para miles de migrantes internacionales que llegaban a nuestro país y debían subarrendar una diversidad de tipologías de vivienda, muchas de ellas bajo condiciones muy precarias de materialidad y seguridad (conventillos, cités, galpones industriales, casonas antiguas), o bien viviendas en altura con materialidad adecuada, pero conformando guetos verticales, bajo condiciones de hacinamiento y precios abusivos”, introduce el libro editado por Camilo Arriagada y Tamara Jeri.

En especial, comentan en ese ejemplar, interesaba investigar y caracterizar en detalle el fenómeno del subarriendo “precario e informal de viviendas antiguas subdivididas por sus propietarios, especialmente ofertadas para migrantes, las cuales reportan condiciones de marginalidad sanitaria, inseguridad y hacinamiento bajo precios de arriendo excesivos, amparados en la necesidad de los migrantes de localizarse cerca de fuentes de trabajo, careciendo muchas veces de condiciones normativas para acceder a la oferta de arriendo regular”.

De la investigación concluyen que frecuentemente, los migrantes son víctimas de abusos por sus condiciones precarias e informales iniciales, y consiguen arriendos en lugares que les hacen pagar sumas altas por condiciones de alojamiento muchas veces denigrantes, en condiciones de hacinamiento, que incluso pueden atentar contra sus vidas.

“Muchas de estas familias, al no tener documentos, caen en un mercado negro absolutamente abusivos”, reconoce el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.

Para hacerse una idea, la publicación caracteriza varios tipos de vivienda. Acá, una al costado del Parque Forestal. “Tiene un comercio en primer piso. En 10 habitaciones, 3 compartidas, viven 14 extranjeros y dos chilenos, 16 personas en total. Tiene cuatro baños en total, dos de los cuales son compartidos. Tiene tres cocinas, dos de ellas son compartidas. A pesar de ello, algunas habitaciones tienen artefactos como cocinillas, refrigerador, microondas, hervidor, etc. Las habitaciones son ‘piezas redondas’, es decir, estas ventilan y se iluminan natural y exclusivamente a través de sus puertas que dan a la galería del patio. Esto incrementa los problemas de ventilación, particularmente en las cocinas y los baños”.

Un caso emblemático fue el conocido en el Censo de 2017, cuando en un galpón se encontraron entre 200 y 300 personas en 100 habitaciones, principalmente de nacionalidad haitiana.

Situación empeora

El libro publicado en 2020 sigue totalmente vigente, e incluso podría haberse agravado la situación durante esta pandemia. Camilo Arriagada, editor del libro, dice que la pandemia generó expulsiones de arrendatarios por mora que se vieron en la condición de calle y, hubo un brote de campamentos que los ocupantes varios venían de arriendos impagables.

De hecho, cifras del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) muestran que existen a 2021 81.643 familias en campamentos, de las cuales el 30% corresponde a extranjeros. En 2019 el total de familias era 41.050 y 30% migrantes.

Pero, adicionalmente, se produjo un cambio. Por el teletrabajo, más inmigrantes pudieron migrar hacia comunas periféricas en busca de un canon menos oneroso. “Datos más nuevos de migrantes por comuna muestran movimientos de comunas centrales a periféricas. Además, las ventajas de localización para fines de empleo informal que tenía el centro – y era lo que pagaban además de la informalidad arriendo – se modificó bastante. También creo están apareciendo opciones de arriendo en comunas periféricas que antes no habían, porque la gente de esas comunas necesita liquidez”, enfatiza Arriagada.

De acuerdo los números elaborados por Arriagada en base a Extranjería y el INE, algunas comunas que más que duplicaron el número de migrantes entre 2017 y 2019 fueron Puente Alto (128,9%), Quinta Normal (112,6%), San Miguel (150%), San Bernardo (134,5%), La Cisterna (115%).

No obstante, la misma fuente de datos indica que las comunas con mayor número de extranjeros también evidenciaron un fuerte dinamismo. Santiago, con 221 mil migrantes en 2019 lidera el ranking, con un alza de 91% en dos años. La segunda del listado es Independencia que con un incremento de 83% alcanzó más de 55 mil migrantes.

¿Solución?

Encontrar una salida a esta situación, más aún después de conocidas las cifras de la encuesta Casen, que evidenció un incremento en la pobreza 10,8%, es relevante, coinciden los expertos.

Los autores del libro proponen la compra y rehabilitación de inmuebles para arriendo protegido público, lo que se ha aplicado –cuentan- en Barcelona y Nueva York, y en paralelo una reforma de una ley de arriendo que califican de “muy antigua y obsoleta”.

Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del SJM, coincide. Dice que es fundamental impulsar políticas de intermediación que fomenten el arriendo de viviendas o habitaciones bajo estándares mínimos de formalidad y habitabilidad. “En ello, los gobiernos locales pueden cumplir un rol central como articuladores entre eventuales arrendadores y arrendatarios. Los municipios han sido un actor fundamental en la respuesta del Estado a la población migrante, dada su cercanía territorial y el conocimiento de las características de las comunas. Estos programas, a su vez, pueden establecer incentivos concretos para promover arriendos que cumplan con determinadas características de habitabilidad, formalidad y precio justo”.

También subraya la importancia de establecer mecanismos legales efectivos para fiscalizar las condiciones de arriendo.

Acciones del Minvu

En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya están tomando algunas medidas, aunque reconocen que son limitadas.

En esta pandemia, detectaron un conjunto de familias viviendo en una especie de caballerizas con altos cobros. “Sacamos a 360 familias y le pedimos ayuda a las comunas para lograr traslados a departamentos con subsidios de arriendo, dice el subsecretario Guillermo Rolando.

Agrega que si bien no es una política exclusiva para inmigrantes, existe un programa de arriendo que consta de un subsidio de hasta $133 mil al mes para arriendos de hasta $330 mil. Hay disponibilidad de unos 14 mil arriendos todos los años. Cerca del 5% son familias migrantes, quienes pueden acceder solo teniendo su carnet de identidad en la página del Minvu.

También durante este año se iniciará una inédita construcción de viviendas sociales públicas destinadas exclusivamente a arriendos protegidos. “Por eso compramos suelos bien ubicados. En el plano de Valparaíso, cerca de la plaza de Valdivia y de Talca, más otros terrenos en Santiago. Compramos seis terrenos a nivel nacional y licitaremos la construcción de viviendas”.

Fuente: La Tercera

El indicador en el primer grupo subió casi 7 puntos en cuatro años, y en el segundo se redujo en torno a un 1% en el mismo período, pero cerca de 30% en 15 años.

Los datos de la encuesta entregan una foto hasta principios del 2021, y según el Gobierno, ayudas como el IFE Universal “deberían estar atacando la pobreza”.

La última encuesta Casen arrojó que en Chile hay cerca de 2,1 millones de personas en situación de pobreza, indicador que en términos porcentuales subió hasta un 10,8% de la población, dos puntos más que en el 2017, cifra preocupante que ha sido impulsada por la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias.

Asimismo, la extrema pobreza pasó de un 2,3% a un 4,3%.

Y al desagregar los datos, estos también dan cuenta de otras realidades preocupantes, como la de la población extranjera en el país, en la cual el nivel de pobreza llegó al 17%, marcando un incremento relevante desde el 2017 (10,8%); en comparación, en la población nacida en Chile es del 10,4%.

En cuanto a la pobreza extrema, el 7,9% está en esa condición en el primer grupo, mientras que el 4% en el segundo.

Esto preocupa al Servicio Jesuita a Migrantes, que planteó la necesidad de que el Estado promueva procesos de regularización e integración para las personas migrantes.

“Es fundamental que podamos mejorar la comunciación y acceso a información por parte del Estado, de manera de poder orientar a las personas que están en situación migratoria en torno a los derechos que tienen y ampliar las políticas que favorecen la regularidad migratoria de estas personas. Es fundamental que podamos abrir procesos de regularización, especialmente para quienes vienen a nuestreo país escapando de realidades complejas, que les permitan a las familias acceder a viviendas dignas, a empleos dignos y a un trato digno por parte del Estado”, sostuvo Valentina Latorre, directora social del SJM.

Por otra parte, en los pueblos indígenas de Chile, el nivel de pobreza alcanza al 13,2%, cifra que aunque es alta, sigue disminuyendo: se redujo respecto al 2017 (14,5%) y al 2006 (44%). En paralelo, en la población no indígena, es del 10,5%.

POBREZA AFECTA MÁS A MUJERES Y HOGARES MONOPARENTALES

En otras aristas de la encuesta, la pobreza por sexo arrojó que en las mujeres el 11% está en esa condición, mientras que en los hombres alcanza el 10,6%.

Asimismo, es mayor en hogares monoparentales, que son generalmente liderados por una mujer, de los cuales el 15,2% está en situación de pobreza; por sobre los hogares unipersonales (6%) y biparentales (9,2%).

Para Andrea Repetto, presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, “lo que sucedió fue una pérdida de empleo que no habíamos visto en ninguna recesión previa, fue del orden de 20 puntos porcentuales, un 20% de la fuerza de trabajo perdió su empleo en el peor minuto (de la actual crisis); en la crisis del 2008-2009 y la crisis asiática fue de un 1%, 1,5%”.

La afectación en el contexto de la pandemia “es mucho más grande lo que estamos acostumbrados a ver, y con un efecto muy distinto a las recesiones anteriores; no fue la construcción y manufactura como suele ser, fueron sectores con contacto social, turismo, enseñanza, trabajo en casa particular, en restoranes, comercios, donde trabajan las mujeres”, analizó la economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez.

GOBIERNO DICE QUE AYUDAS ESTÁN “ATACANDO” LA POBREZA

En el Gobierno enfatizan que las cifras de la Casen representan una foto de la realidad hasta principios de este año -la encuesta se realizó entre el 31 de octubre del 2020 y el 4 de febrero del 2021-, por lo que plantean que el panorama debiera estar mejorando gracias a las nuevas ayudas sociales, como el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia que ahora es prácticamente universal.

“Lo que mostró esa foto es que las ayudas que en ese momento existían también permitieron que la pobreza no aumentara tanto, y hoy estamos dando ayudas sociales mucho más intensas, y desde ese punto de vista creemos que ya tenemos un instrumento que definitivamente debería estar atacando de forma importante la pobreza“, apuntó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Además, remarcó, “sí es muy relevante que tengamos empleos de calidad, ojalá formales y que sean el principal sustento que nos permita tener tranquilidad hacia adelante”.

Por otra parte, la pobreza en área urbana saltó del 7,4% en el 2017 al 10,4% en esta encuesta, mientras que se redujo en las zonas rurales: pasó del 16,5% en 2017 al 13,8% en 2020-2021.

Fuente: Cooperativa

“La PDI debe responder ante la Corte, explicando si ha cumplido o no con dar instrucciones a sus funcionarios y funcionarias para que abogados/as accedan a sus cuarteles a entregar la defensa que requieren las personas migrantes que enfrentan una expulsión administrativa”, explica la directora del Servicio Jesuita a Migrantes. 

A partir de una solicitud presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las Clínicas Jurídicas de Migrantes y Refugiados de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el viernes 2 de julio la Corte de Apelaciones de Iquique ofició a la Jefatura Nacional de Policía de Investigaciones (PDI) para que dé cuenta sobre cómo está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema en la que se ordena garantizar el derecho de asesoría legal a cualquier persona detenida en sus cuarteles a nivel nacional. En el fallo del 13 de mayo de este año, el Máximo Tribunal de la República ordenó que se “asegure la permanente asesoría jurídica —sin ninguna distinción— de las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias”. 

La solicitud, presentada el miércoles pasado, cuestionaba que hasta el momento la PDI haya dado cumplimiento la orden del Tribunal, pues parece no haber instruido a sus funcionarios y funcionarias para asegurar que abogados y abogadas puedan ingresar a sus dependencias a lo largo del país para ofrecer asesoría jurídica de manera permanente a las personas extranjeras que se encuentren en ellas, procedimiento necesario para su cumplimiento. 

Lo anterior dado que el pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de personas migrantes del territorio nacional realizado por la PDI, la abogada Constanza Salgado Boza, del Servicio Jesuita a Migrantes, y la abogada Marjorie Dinamarca Jofré, de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, solicitaron ingresar al cuartel policial ubicado en calle San Francisco N° 253 de Santiago para entrevistarse con las personas detenidas, pero la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno de la PDI.

Un avance 
Es así como, a través de un oficio, la Corte de Apelaciones de Iquique solicitó a la Jefatura Nacional de la PDI que exhiba evidencia escrita donde consten las instrucciones directas dadas a todas las unidades del país, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema en su sentencia rol 32840-2021.  

Desde el SJM, su Directora Nacional, Waleska Ureta, explica que “ahora la PDI debe responder ante el tribunal, explicando si ha cumplido o no con dar instrucciones a sus funcionarios y funcionarias para que abogados/as accedan a sus cuarteles a entregar la defensa que requieren las personas migrantes que enfrentan una expulsión administrativa. Es fundamental que la PDI comprenda que es un derecho constitucional el que están vulnerando”.

“La instrucción entregada por la Corte da cuenta que en el actuar de la PDI hay una vulneración de los derechos más básicos y elementales que existen en el ámbito judicial para cualquier persona, como es poder entrevistarse con un abogado/a para su defensa, más aún cuando sólo hay algunas horas previas a la expulsión. Negar el ingreso a los cuarteles policiales a los abogado/as no tiene justificación alguna, es una práctica ilegal y esperamos que la jefatura de la PDI instruya al respecto, considerando además que la nueva Ley de Migración les impondrá exigencias adicionales y específicas sobre las condiciones en que las personas migrantes deben permanecen en dichos lugares y cómo debe garantizarse el acceso a un abogado/a”, señaló la abogada de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez.

A ojos de Francisca Vargas, Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, “el derecho a la asistencia jurídica es parte fundamental del derecho a la defensa y a un debido proceso. Lo que ocurrió con las abogadas de nuestras instituciones el pasado 23 de junio es inexplicable, pues privar a las personas de acceder a conversar con un abogado o abogada las deja en una situación de vulnerabilidad e indefensión grave, contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a nuestra propia Constitución Política de la República. Esperamos que la PDI pueda dar cuenta de las acciones que está ejerciendo para cumplir con lo mandatado por la Corte de Apelaciones y también con las normas jurídicas que nos rigen a todas y todos, y que las lleve efectivamente a cabo”.

Fuente: En Estrado

El 17% de los extranjeros en el país son pobres, mientras que el 7,9% está en extrema vulnerabilidad. Promedios nacionales son 10,8% y 4,3%.

Un salto en los niveles de pobreza, por sobre el promedio nacional, exhibió la población migrante residente en el país. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), un 17% de ellos se encuentra en condición de pobreza, lo que significó un avance de 6,2 puntos respecto a la consulta de 2017.

Con esto, de los 2.112.185 de personas pobres que dejó la pandemia en el país, poco más de 200 mil son extranjeros lo que se distancia de la foto de la Casen anterior cuando llegaron a unos 84 mil.

En cuanto al momento de llegada al país, la proporción de personas que registran ingresos por debajo de la línea de pobreza de $ 174.131 para hogares de un integrante aumentó severamente entre quienes llegaron hace más de cinco años al país pasando de 9,3% a 18,3%.

En paralelo, según la información de la consulta realizada entre fines de octubre de 2020 y febrero de 2021 entre los que llegaron hace menos de cinco años la tasa de pobreza se incrementó 4,6 puntos al ubicarse en 16,1%.

‘Los resultados reflejan que hoy los migrantes viven momentos difíciles en materia socioeconómica a raíz de la crisis social y sanitaria que hemos enfrentado el último año’, señaló la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

Una visión que encuentra mayor eco en el hecho de que aquellos en condiciones de pobreza extrema son el 7,9%. Con ello, quienes califican con ingresos por debajo del umbral de $ 116.087 equivalen a unas 94 mil personas, superando a las 32 mil que se constataron en 2017.

Entre quienes llegaron hace más de cinco años, la pobreza subió desde 3% a 9,4%, mientras que entre quienes lo hicieron hace menos se elevó dos puntos al situarse en 6,8%. En el análisis, Candia manifestó que este cuadro se explica en gran medida por la fuerte caída de los ingresos del trabajo.

Por país, en base a los resultados de la Casen, la proporción de migrantes provenientes desde Venezuela creció desde 24,3% a 41,3%.

Redes y empleo

La directora nacional del Servicio jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, plantea que la menor presencia de redes de apoyo que poseen los migrantes en Chile y, con ello ‘de información para la búsqueda de mejores oportunidades en momentos de crisis económica’, sería uno de los factores que explica el deterioro del bienestar. Ureta también indica que aunque los extranjeros han tenido mayor participación laboral que chilenos -antes y durante la pandemia- según la Encuesta Nacional de Empleos, es posible que estén insertándose en sectores de menores ingresos económicos.

En línea con ello, la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza – Servicio País, Catalina Littin, dice que probablemente el salto para los migrantes siga el patrón de la pobreza general, o sea que gran parte del aumento se deba al shock en el mercado laboral.

Eso sí, precisa que el incremento es mucho más agudo debido al golpe tanto en el empleo formal como en el informal, ‘del que subsisten muchas personas migrantes’. Littin recuerda que debido a las cuarentenas no se pudieron comercializar productos en ferias, vía pública, o trabajar en la temporada agrícola, así como tampoco en construcción y servicios, ‘donde suelen emplearse’ los migrantes.

Ureta hace hincapié en que ‘no existe ningún estudio ni evidencia que señale que la presencia de migrantes en Chile aumente la pobreza en Chile. Tampoco existe evidencia de que aumenten la pobreza en ciertos sectores del país’, denominados bolsones de pobreza.

La directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo, Pía Palacios, avala lo anterior con los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, el cual dio cuenta de un aumento de casi 74% en la cantidad de familias que habitan en campamentos, pero dentro del que los hogares migrantes y chilenos aumentaron en igual proporción.

En 2019 había un 30,3% de hogares de migrantes según el instrumento, y en 2020 el grupo subió solo a 30,6%, lo que quiere decir que poco más de 10.700 familias de inmigrantes se sumaron a campamentos, junto con 23.800 hogares de chilenos.

Recuadro

No existe ningún estudio ni evidencia que señale que la presencia de migrantes en Chile aumente la pobreza en Chile’, dice Waleska Ureta.

Fuente: DF