El 1,3% de subsidios entregados en los últimos cinco años fue destinado a población inmigrante:

Se estima que hoy hacen faltan más de 700 mil hogares, cifra que no se registraba desde hace más de 25 años, ya que había rondado en torno a los 400 mil y 500 mil.

El debate en torno al déficit habitacional en el país ha tomado protagonismo en las últimas semanas, pues ha estado presente en la campaña presidencial. Sobre todo por las propuestas que han esbozado algunos candidatos respecto de las tomas de terrenos privados.

Así, por ejemplo, en el programa del abanderado presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, se afirma que no se usará la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, ‘lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada’. También, el postulante a La Moneda del Frente Amplio, Gabriel Boric, señaló que es partidario de ‘desalojos conversados que tengan una solución habitacional‘. Ambos han afirmado que la magnitud del déficit habitacional es responsabilidad del actual Gobierno.

Sin embargo, las cifras muestran que el número de viviendas que hacen falta viene al alza desde 2015, año en que gobernaba la Nueva Mayoría y que permaneció en La Moneda hasta 2018, coalición de la que formaba parte el Partido Comunista.

Acceso a un techo

Hoy son cerca de 700 mil viviendas las que se necesitan en Chile, entre las que deben construirse y las que deben repararse, para enfrentar el déficit habitacional. Número que se basa en mediciones de distintas organizaciones, ya que la última cifra oficial en la materia es de la Encuesta Casen 2017, que en esa oportunidad cifró en 497.615 las familias que requerían de una solución.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) coincide en este cálculo. El ministro Felipe Ward plantea que ‘es muy probable que a raíz de la crisis económica y social, profundizada por la extensión de la pandemia, este número haya aumentado en torno a los 700 mil’.

Lo anterior significa que Chile tendría el déficit habitacional más alto desde, al menos, 1996, cuando ascendía a las 563 mil familias sin una vivienda.

El problema está lejos de ser controlado, con miles de familias habitando como allegadas, muchas de ellas en condiciones de hacinamiento; o bien, en contextos aún más precarios, en asentamientos informales como campamentos o tomas de terreno.

Además de la crisis económica, social y sanitaria a causa de la pandemia, que agudizó la vulnerabilidad en miles de familias, también se observa el aumento de población inmigrante, que en los últimos años ha presionado esa falta de viviendas.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, al 31 de diciembre de 2019 había 1.492.522 extranjeros en Chile, un aumento de 19,4% respecto de 2018. Como antecedentes, en el Censo de 2002 fueron registrados 184.464 (1,2% de la población nacional) y en el de 2017 alcanzaron los 746.465 (4,4%).

Con el avance de su regularización en el país, cada vez más familias podrán acceder a los subsidios que entrega el Estado en materia habitacional.

Un estudio de acceso a la vivienda de la población extranjera en Chile, realizado por el Servicio jesuita a Migrantes (SJM) y Techo, calculaba que a inicios de 2020 los inmigrantes representaban un porcentaje no menor del déficit habitacional: 14%, principalmente por el factor del allegamiento.

Así, la medición detalla que de los hogares que presentan allegamiento (8%) 22% correspondería a hogares de personas foráneas.

Carlos Figueroa, director de Incidencia Pública y Estudios del SJM, plantea que la población inmigrante enfrenta una disparidad frente al acceso a la vivienda, ya que ‘falta acceso a la información de los procesos de postulación o eventuales beneficios, lo que los va dejando supeditados a enfrentar posibles abusos de arriendo y subarriendo’.

Ya desde 2019 el Minvu preveía que la migración generaría un fuerte impacto en materia habitacional, pues estimaba que se requerirían alrededor de 250 mil subsidios para esta población. E incluso utilizó el término ‘terremoto’, teniendo en cuenta que para el 27-F se necesitaron unas 220 mil soluciones habitacionales.

Con todo, el ministro Ward señala que en los últimos cinco años, entre 2016 y 2021, se han entregado alrededor de 1,2 millones de subsidios, y poco más de 15 mil han sido para población inmigrante: ‘Solo un 1,3% del total de subsidios ha sido destinado a personas extranjeras’. Esto refleja un aumento respecto al 0,8% de los que fueron adjudicados a ese segmento entre 2002 y 2018, según información oficial.

Multifactorial

El ministro Ward enfatiza que la migración es solo uno de los factores que han presionado el déficit habitacional durante el último tiempo: ‘La pandemia ha develado problemas urgentes que son de larga data, como el hacinamiento, el allegamiento y la falta de equipamiento en barrios’.

Junto con esto, dice que la emergencia también visibilizó nuevos fenómenos que han dificultado el acceso a la vivienda. ‘Cambios demográficos, las preferencias de las personas por vivir en lugares más centrales y el aumento sostenido de los precios de las viviendas’, puntualiza.

A inicios de mayo comenzó a sesionar la mesa de trabajo de una treintena de actores, entre académicos, centros de estudio, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y otras organizaciones para abordar la problemática social que se agudizó tras 2019. La instancia se encuentra en proceso y se espera que entregue sus primeros resultados la próxima semana.

Así, el impacto de la pandemia en materia habitacional ha hecho que el Minvu cuente con el presupuesto más abultado en su historia, con un aumento del 21,2% respecto del año anterior. Con ello, el secretario de Estado adelanta que se iniciará la construcción de 74 mil viviendas, de las cuales 50 mil serán entregadas durante este año.

‘Y a través del plan ‘100+100′, se priorizará el cierre de 100 campamentos y la realización de obras para asegurar umbrales mínimos de habitabilidad en otros 100′, detalla Ward.

El director ejecutivo de Techo y Fundación Vivienda, Sebastián Bowen, advierte que el déficit cuantitativo incluso podría ser superior, ya que deja a familias fuera.

‘No incluye ciertas categorías de familias que también necesitan una vivienda, pero que están hoy viviendo en una. Por ejemplo, aquellas familias de segmento más vulnerable que arriendan una vivienda gastando más del 50% de sus ingresos’, detalla.

Bowen agrega que ‘la meta debe ser el déficit cero, y apuntar hacia que todas las familias en Chile que necesitan una vivienda puedan acceder a una digna’.

Recuadro

“El aumento de la migración no es el único factor responsable del déficit habitacional. La pandemia ha develado problemas urgentes que son de larga data, como el hacinamiento, el allegamiento y la falta de equipamiento en barrios’.
Felipe Ward. Ministro de Vivienda y Urbanismo

Más que preguntarnos cuántas viviendas hay que construir, debemos resolver de qué manera hacer más accesibles a la población las soluciones habitacionales’.
Sebastián Bowen. Director ejecutivo de Techo y Fundación Vivienda

RECURSOS

El Minvu cuenta con el presupuesto más abultado en su historia, con un aumento del 21,2% respecto del año anterior.

497 mil viviendas es la última cifra oficial de la Encuesta Casen sobre el déficit habitacional, en 2017.

391 mil viviendas fue el déficit habitacional más bajo, registrado en la Encuesta Casen 2015.

Fuente: El Mercurio. Foto: El Mercurio

Este jueves, el gobierno ejecutó una nueva expulsión colectiva de personas migrantes en el país, coincidente con una sesión especial en el Senado para repasar las políticas migratorias del Ejecutivo y las múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos que estas contemplan, según han relevado organizaciones expertas en la materia. En conversación con El Desconcierto, el Director de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Carlos Figueroa, repasó esta acción que “no solamente contraviene los principios básicos de los derechos humanos, sino que también contribuye en la criminalización de muchas de las personas que están siendo expulsadas”.

72 personas migrantes fueron expulsadas del país este jueves, según alertó ayer el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), información posteriormente confirmada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde donde aseguraron que el proceso se debió a “irregularidades administrativas y causas judiciales”. Por su parte, el SJM ha sido enfático en relevar el carácter ilegal de estas expulsiones colectivas, hecho secundado por los reiterados fallos de la Corte Suprema.

Coincidentemente, durante esta jornada se desarrolló en la Cámara Alta una Sesión Especial de Sala, en la que se abordó la política del gobierno frente a las recientes expulsiones masivas de personas migrantes y el respeto a sus DD.HH., repasando la actual ley migratoria del país, con la intervención de senadoras y senadoras, además de diversas agrupaciones expertas en la materia.

Ante el Senado expuso el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien en representación del Ejecutivo enfatizó que “la voluntad del gobierno es hacer cumplir la ley”, asegurando que se atienen a ella al expulsar a las personas migrantes, en defensa del principio de la no criminalización de la migración. Según Galli, los extranjeros debían, por ley, haber “cumplido penas privativas de libertad en Chile”, por tanto sustituir dichas penas por la expulsión del país resultó “muy beneficioso” para ellos.

En la cita también intervino el Servicio Jesuita a Migrantes, a través del Director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, quien reiteró que la mayoría de las expulsiones dictadas y ejecutadas durante este año por el gobierno, calificadas como “vuelos del terror”, son ilegales, colectivas y no han respetado estándares mínimos de debido proceso.

“Lo que buscamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil es no repetir la historia reciente que hemos visto con las expulsiones. Tres vuelos, con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile. El gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso, pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están”, manifestó ante el Congreso.

De acuerdo con Figueroa, el Ejecutivo falta a la verdad “porque no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico (u otro delito), que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, donde no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse”.

A juicio del vocero del SJM, “el gran y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (el gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado no es causal suficiente para expulsar a alguien del país”.

“Le pedimos al gobierno que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo”, sentenció Figueroa.

“Señal política”

Mismo sentimiento expresó el representante del Servicio Jesuita a Migrantes en conversación con El Desconcierto, enfatizando en que “la única razón por la cual el gobierno insiste en ejecutar estas expulsiones colectivas es porque quiere dar una señal política. Una señal política para quienes están fuera de Chile, y también para quienes están dentro de Chile”.

“Lamentablemente, ocupar la dignidad de las personas para dar señales políticas es claramente contrario a los derechos humanos, y es muy difícil que nosotros podamos comprender las razones que llevan a un gobierno a tratar de esta manera a personas que no necesariamente han estado involucradas en actos delictuales”, indicó.

“Hay un error conceptual muy importante que ha confundido a la opinión pública: se ha metido en el mismo saco a personas que han cometido delitos y a personas que no han cometido ningún delito, y que ingresaron por un paso no habilitado”, explicó el Director de Incidencia Pública y Estudios del SJM a renglón seguido.

Para el especialista, “ocupar a personas migrantes para dar señales políticas no solamente contraviene los principios básicos de los derechos humanos, sino que también contribuye en la criminalización de muchas de las personas que están siendo expulsadas, que llegan honradamente a Chile escapando, muchas veces, de situaciones extremas en otros países que no les han permitido vivir con seguridad. Hoy en Chile estamos con las fronteras cerradas, y por lo tanto para personas que están buscando refugio, que están buscando una alternativa, la única forma que les está quedando, dado que no estamos dando otra alternativa, es cruzar por pasos no habilitados”.

Sky Airlines

De todas formas, recalcó que para el SJM, “buscar una migración que sea segura para las personas que migran, que sea ordenada y que sea por la vía regular, es fundamental. Pero para que eso se pueda lograr, el gobierno tiene que avanzar en la vía de eliminar restricciones para las personas que vienen de países como Venezuela, y comprender que la situación en esos países es muy grave, y en segundo lugar dejar de hacer gestos políticos ocupando a personas migrantes para establecer señales comunicacionales hacia personas que están en el exterior”.

Así también, se refirió al contrato suscrito entre la aerolínea Sky Airlines y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destinado a efectuar vuelos de expulsiones colectivas, con la empresa presidida y controlada por Holger Paulmann asegurándose vuelos por un plazo de 12 meses por un monto que asciende a $1.500 millones, o sea “cinco veces más caro que lo que había señalado Galli hace cuatro meses”, recalcó Figueroa.

Al respecto, el personero del Servicio Jesuita a Migrantes relevó que lo central, a su modo de ver, es la ilegalidad del acto de las expulsiones colectivas. “Que la ilegalidad de este acto sea más caro es secundario a la ilegalidad del acto que están realizando” desde el gobierno, consideró.

Sin perjuicio de lo anterior, Carlos Figueroa interpeló de todas formas a la empresa, instándola a tomar acciones en pos de las personas migrantes que han sido, y serán, expulsadas del país: “queremos hacerle un llamado a la aerolínea Sky Airline a que no sea copartícipe de este acto ilegal y arbitrario -porque así lo han llamado las Cortes- y que desista del contrato que firmó con el gobierno”.

El subsecretario Galli, en defensa de la posición del Ejecutivo frente a las políticas migratorias, ha asegurado que se han revisado las expulsiones de personas migrantes de manera individualizada, descartando así la “masividad” de las mismas. En ese sentido, Figueroa desmintió las aseveraciones del personero de gobierno, indicando que “basta con ver las resoluciones administrativas de expulsión que ellos hacen para cada una de las personas, que son todas iguales”.

“Cómo van a hacer una investigación caso a caso si es que todas las resoluciones de expulsión son iguales. Desisten de establecer lo que el proceso legal les requiere, que es iniciar una querella que permita investigar si a las personas les permitieron defenderse en un proceso que está establecido en la ley. De mala manera uno podría decir que existe una investigación, cuando son todas las órdenes de expulsión iguales, y cuando no existe, y nosotros lo hemos constatado en terreno, una revisión pormenorizada de las situaciones de las personas que están expulsando”, afirmó.

Continuó señalando que “nos han tocado situaciones puntuales de personas que, en otras expulsiones anteriores, han sido separadas de sus hijos sin investigación previa, personas que habían estado al cuidado de personas en situación de discapacidad, y nosotros hemos presentado muchos amparos que, si no se hubieran visto en las cortes, hubiéramos llegado tarde y probablemente hubieran expulsado a personas que tenían situaciones mucho más dramáticas. Es muy difícil que lo que dice el subsecretario sea correcto”.

Siete migrantes colombianos ‘abandonados’

Además, Figueroa se refirió a la situación de los siete ciudadanos colombianos que fueron abandonados por la Policía de Investigaciones en Chañaral, luego de que se acogieran recursos de amparo a su favor. Esta mañana, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto inspector José Ortiz, señaló que los oficiales se aseguraron “que tuviesen conectividad transversal, tanto en redes sociales como de transporte, y sin dejarlos abandonados”.

Sin embargo, el vocero del SJM desmintió esta información, entregando su versión de los hechos. Después de acogerse los recursos a favor de los migrantes, “la Policía de Investigaciones no encontró nada mejor que dejarlos abandonados en la carretera a la altura de Chañaral”, indicó.

“Esto, obviamente, provocó un grado de desesperación importante en ellas porque no tenían dinero para volver a Arica, el bus siguiente de vuelta salía este sábado, plata tenían muy poca y carga del celular muy poca, por lo tanto en redes de solidaridad de organizaciones sociales pudimos otorgarles algo de ayuda, pero el desamparo y la falta de humanidad que tuvo la Policía de Investigaciones y el procedimiento que están ocupando, es realmente lamentable”, cerró.

Fuente: El Desconcierto

Director de Incidencia Pública y Estudios de SJM dijo que  “el GRAN y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (El Gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado NO ES causal suficiente para expulsar a alguien del país”.

Este jueves 24 de junio se desarrolló en la Cámara Alta una Sesión Especial de Sala en la que se abordó la política del Gobierno frente a las recientes expulsiones masivas de personas migrantes y el respeto a sus DDHH. La sesión coincidió con la expulsión de cerca de 60 personas migrantes (de nacionalidades colombiana y argentina), detenidas en Arica y Santiago.

En la cita, que contó con la asistencia del subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli y de representantes de Unicef y de la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones pro migrantes; el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también intervino, a través del Director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, quien reiteró que la mayoría de las expulsiones dictadas y ejecutadas durante este año por el gobierno, y ya conocidas como “vuelos del terror”, son ilegales, colectivas y no han respetado estándares mínimos de debido proceso.

“Lo que buscamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil  es no repetir la historia reciente que hemos visto con las expulsiones. Tres vuelos, con cerca de 55 pasajeros cada uno, en los que se expulsó a migrantes fuera de Chile. El Gobierno tiene razón al decir que algunas de esas expulsiones están apegadas al debido proceso. Pero falta a la verdad al decir que todas ellas lo están. Porque no es lo mismo la expulsión de un ciudadano que conmuta una pena por microtráfico (u otro delito), que la de un ciudadano que es expulsado por medio de un acto administrativo, donde no ha tenido ninguna posibilidad de defenderse.”, explicó el vocero de SJM.

A juicio de Carlos Figueroa, “el GRAN y gigantesco error en todos estos procesos administrativos de expulsión, es que ustedes (El Gobierno) han sido indiferentes frente a la ley y hacen caso omiso a su obligación de investigar cada caso. Porque ya lo dijo la Corte Suprema hace poco: ingresar por un paso no habilitado NO ES causal suficiente para expulsar a alguien del país”

“Le pedimos al Gobierno que detenga las expulsiones colectivas de carácter administrativo por el concepto de ingreso por paso no habilitado. Pero también queremos pedirle humanidad en estos procedimientos aun cuando estemos en desacuerdo con sus medidas. No es digno el trato que se les está dando a estas personas y eso también está en su poder revertirlo”, sentenció Figueroa.

El análisis legal

Hay que subrayar igualmente que debido a la situación política y sanitaria de nuestra región, la migración responde en muchos casos a una medida desesperada. Las personas dejan sus países y familias de forma abrupta en busca de un lugar donde puedan estar seguros, trabajar y subsistir. En este escenario, las personas que hoy migran a Chile lo están haciendo forzosamente, muchos de ellos y ellas no toman esta decisión voluntariamente y muchos de ellos podrían ser calificados como refugiados.

Macarena Rodríguez de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, que junto su símil de la Universidad Diego Portales, trabajan mano a mano en la defensa de las personas migrantes con SJM, indicó que “la autoridad ha señalado que lo que hace en estas expulsiones es aplicar la ley, entonces le pedimos que efectivamente lo haga. Chile tiene una Ley de Refugio y un procedimiento al cual muchas de las personas expulsadas podrían acogerse, pero por el contrario, hoy se les niega esta posibilidad. A diferencia de lo que han resuelto otros países de la región, que precisamente les han otorgado un estatus regular atendida su condición y del llamado que han hecho los organismos internacionales, la autoridad les impide acceder a la Ley de Refugio”.

Con la misma perspectiva de análisis jurídico, se puede explicar además que en estos casos, se lleva a cabo una resolución exenta de expulsión por persona, pero todas ellas son iguales, limitándose a detallar las normas jurídicas aplicables y el actuar de la policía e Intendencias; tras ello, se resuelve la expulsión de la persona. Por lo tanto, no se contemplan las razones que llevaron a la persona a ingresar por un paso no habilitado al país, tampoco se estudia la situación de arraigo de la persona en Chile, la existencia de niños/as u otros vínculos en el país, y menos se examinan los riesgos asociados al retorno forzoso a su país de acuerdo al principio de no devolución, consagrado en numerosos tratados internacionales ratificados por Chile.

A su turno, Francisca Vargas, por parte de la Clínica Jurídica Migrante y Refugiada de la Universidad Diego Portales, sentencia que “estas expulsiones transgreden directamente el artículo 8 transitorio de la nueva Ley de migraciones (21.235), que suspende las expulsiones del país de personas que hayan entrado por un paso no habilitado, pues se indica que se da un plazo de 180 días a las personas que hayan ingresado de esta manera, para que salgan del país sin sanción alguna, lo que permite que desde fuera puedan tramitar un visado sin quedar con prohibición de ingreso. Es necesario que la autoridad detenga las expulsiones ilegales y colectivas y que los tribunales del país paralicen estas situaciones tan nefastas para nuestro Estado de derecho y los derechos humanos de las personas.”

El Servicio Jesuita a Migrantes denunció una nueva expulsión colectiva de personas, que involucra a cerca de treinta extranjeros y extranjeras, todos mayores de edad, que fueron detenidos y trasladados hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago.

Además, la organización reveló que otras siete personas fueron detenidas en Arica, y mientras eran trasladadas a la capital se conoció que la Corte de Apelaciones de esa ciudad acogió un recurso de amparo, por lo que habrían sido abandonadas en Chañaral.

Cristián Bravo, yerno de una de las detenidas, reveló que en 2014 la ciudadana intentó ingresar ilegalmente a Chile, pero fue devuelta, volviendo a entrar en 2019, por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“Nos dijeron que ella estaba con orden de expulsión porque en 2014 ingreso por paso no habilitado, pero en ese momento, fue retenida, le retuvieron el pasaporte, le fue roto y la expulsaron en el mismo momento. En 2019 volvió con la hija, el 11 de diciembre, pero ingresa por el Aeropuerto, o sea legalmente”, dijo Bravo.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, pidió terminar con las expulsiones masivas y llamó a la empresa Sky Airlines a desechar el convenio que tiene con el Gobierno para concretar las deportaciones.

“Hacemos un llamado al Gobierno a escuchar a los distintos poderes del estado, el poder judicial ya se pronunció sobre esto. Hacemos un llamado a que se detengan las expulsiones de una vez por todas. Éstas son contrarias al derecho internacional, están violando el debido proceso. Y hacemos llamado a la línea Sky Airlines a desistir del contrato con el Gobierno”, señaló la vocera del SJM,

El pasado viernes, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, abordó las expulsiones masivas y sostuvo son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general; y por la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”

Fuente: Biobio.

El acuerdo, que se extiende durante un año, establece que la compañía deberá transportar vía aérea a -al menos- 2.700 personas fuera de las fronteras de Chile. Es decir, al finalizar el contrato, si la compañía dirigida por Holger Paulmann -sobrino del fundador de Cencosud- cumple con el mínimo de expulsiones, habrá recibido $555.555 por cada extranjero deportado.

“El servicio a bordo debe proporcionar alimentación e hidratación durante el vuelo para los pasajeros. En tal punto, no debe incluir cubiertos metálicos u otro objeto susceptible de ser utilizado como arma cortopunzante, tampoco se debe considerar bebidas alcohólicas o calientes”.

“El servicio a bordo debe proporcionar alimentación e hidratación durante el vuelo para los pasajeros. En tal punto, no debe incluir cubiertos metálicos u otro objeto susceptible de ser utilizado como arma cortopunzante, tampoco se debe considerar bebidas alcohólicas o calientes”.

A la fecha, la compañía presidida y controlada por Holger Paulmann -sobrino del fundador de Cencosud- ha efectuado dos vuelos con un total de 108 pasajeros deportados. El último traslado -efectuado el 6 de junio pasado- despegó desde Santiago y tuvo que hacer una escala en Iquique, subiendo a la aeronave otros expulsados para continuar su viaje a Caracas, Venezuela.

A través de una petición de Ley de Acceso a la Información Pública se accedió al contrato que sirve de base para fundar las masivas deportaciones aéreas en el marco del “Plan Colchane”. El acuerdo, no sólo establece cláusulas que debe cumplir la línea aérea a cabalidad, sino que también disposiciones legales a las que se obliga la secretaría de Estado.

El contrato consignó que “debido al aumento en el ingreso clandestino de extranjeros a Chile, principalmente por pasos no habilitado y que han permanecido en forma irregular en el territorio nacional, se generó un importante incremento en el número de expulsiones administrativas por parte de las intendencias regionales”, y en consecuencia una gran acumulación de ciudadanos extranjeros que se encuentran a la espera de ser expulsados a travesee un procedimiento administrativo.

El documento establece el precio de los servicios. “El monto que irroga el presente contrato asciende a un monto máximo de $1.500.000.000 incluidos todos los impuestos que puedan corresponder para los 12 meses que dura el contrato. Dicha suma será pagada de manera mensual, por los vuelos efectivamente programados dentro del mes”, consignó el escrito que cuenta con 12 páginas. El acuerdo establece que el contratista deberá realizar al menos 15 vuelos y cada uno de ellos con hasta 180 pasajeros.

Es decir, al finalizar el contrato el Estado de Chile habrá pagado a Sky Airlines un total de $555.555 por cada uno de los 2.700 expulsados. Esto, si la aerolínea cumple con el mínimo de pasajeros transportados.

Frente a estas cifras, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli explicó que “esta no fue una decisión económica, porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”.

Multas

El contrato también fijó sanciones en caso de incumplimientos que no fueran sujetas a “fuerza mayor o casos fortuitos”. A modo de ejemplo: se establece la obligación a Sky Airlines de pagar una multa de hasta el 5% del total de la facturación del vuelo, en caso de verificarse cambios sin previo aviso, que alteren las condiciones de fecha, horario o itinerario del vuelo.

“En a eventualidad que exista un retraso de más de una hora en el despegue del vuelo por razones que sean de única y exclusiva responsabilidad del contratista, se multará con un monto equivalente de hasta 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo afectado”, agregó el documento. En esa lógica, si se retrasa el vuelo tres horas, el viaje deberá ser validado por el Departamento de Extranjería y Migración.

Por otro lado, si el vuelo se debe aplazar por “desperfectos mecánicos de la aeronave”, el contratista se verá obligado a gestionar en un máximo de 18 horas el reemplazo del avión, “sin costo para la Subsecretaría del Interior”. En caso de que exceda este tiempo, se multará con un monto equivalente al 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo.

Sin embargo, el acuerdo también establece una serie de condiciones que podrían poner término al contrato. Entre ellas está la insolvencia del contratista, la aplicación de más de seis multas en el periodo de un año o tres multas en un periodo de tres meses consecutivos.

Críticas y respuesta

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (ASOVEN) calificó como un gasto de recursos innecesario el costo que implica la expulsión de migrantes irregulares en Chile en el contexto de la pandemia. “Son recursos que pudieran utilizarse para asistir a las personas que realmente necesitan una asistencia social. El Ministerio del Interior en todo lo relacionado con la migración y la nueva Ley de Migraciones ha sido muy oscuro. Además, decimos que es mucho más económico para el país regularizar a estas personas que andar persiguiéndolas como si fueran delincuentes”.

“Como Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) volvemos a subrayar que la Corte Suprema ya le advirtió al gobierno, esta misma semana, que lo que hacen al expulsar colectivamente a personas migrantes es ilegal. Que nos enteremos que la ilegalidad es más cara de lo que creímos, sólo agrava un problema que es, a estas alturas, intolerable”, señaló Carlos Figueroa, Director de Incidencia Pública y Estudios del SJM.

Francisca Vargas Rivas, Directora de la clínica jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales añadió que “la política gubernamental de expulsar colectivamente a personas extranjeras del país no tiene ninguna posibilidad de ser una respuesta real frente a la problemática de la migración irregular”. “Es sólo una medida populista, porque no ataca la raíz del problema”, acotó.

“Los venezolanos están huyendo de su país en el éxodo más grande de la región en los últimos 50 años producto de la crisis que vive ese país. Llegan a Colombia, Perú, Ecuador y una porción menor llega a Chile. Estas personas llegarán igual. Una opción es decir: no no quiero que vengan y pongo políticas migratorias restrictivas que provocará una migración irregular y la otra: es decir, estas personas vendrán y démosle las opciones para que la vía regular sea factible”, sostuvo a la académica.

Ante las críticas a la política de expulsiones masivas, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli respondió: “Entiendo que las críticas vertidas no aplican a personas que son expulsadas mediante condenadas ejecutadas por tribunales. Me imagino que la crítica va por las expulsiones administrativas, pero lo que corresponde es que nosotros como administración del Estado cumplamos la ley”.

“La Ley contempla la expulsión para aquellos que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria y una de las infracciones más graves que se cometen es el ingreso por pasos no habilitados. Hemos estado en conversaciones con lo que resuelva el Servicio Jesuita del Migrante y estamos muy atentos a lo que resuelvan las cortes para ir ajustando los procedimientos para llevar adelante las expulsiones, pero esto no implica detenerlas”, remató.

Fuente: La Tercera PM

Solo 20,91% del padrón de migrantes habilitados para votar ejerció su derecho en el plebiscito de octubre, las últimas elecciones sobre las cuales hay datos disponibles. Pero la población migrante en Chile está pendiente de la Nueva Constitución. The Clinic conversó con expertos y distintos miembros de agrupaciones en que están organizadas las personas migrantes para conocer cómo sienten y están viviendo el proceso histórico de la Convención.

“Nos tomamos la típica foto cumpliendo con nuestros derechos constitucionales ejerciendo el voto”, cuenta Richard Romero, ecuatoriano residente en Chile, sobre el fin de semana de las votaciones de gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes.

La historia era repetida. Antes, para el plebiscito del 25 de octubre, fue con su esposa a votar a un colegio en la Avenida Bernardo O’Higgins en Estación Central. Esa vez apoyó el Apruebo.

“El plebiscito yo siempre dije que era re contra necesario. Necesitamos un rotundo cambio acá, se tiene que hacer una transformación política y tenemos esta oportunidad única. No creo que el país vaya para peor, vamos a mejorar para grandes cosas”, afirma.

Romero fue uno de los 378.829 extranjeros que estaban habilitados para votar en el plebiscito, de acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel).

De acuerdo a las nacionalidades de los extranjeros que podían votar el 25 de octubre, entre las cinco más numerosas estaban los peruanos (138.381 votantes, equivalentes al 36,5% del padrón), bolivianos (43.440), colombianos (42.048), argentinos (28.563) y ecuatorianos (15.993).  

La información del voto extranjero correspondiente a la votación del 15 y 16 de mayo aún no está desglosada, entre otras cosas, porque a la fecha solo está calificada la elección de constituyentes y gobernadores.

Romero fue candidato a concejal en Estación Central, pero no resultó electo. Sobre el proceso constituyente, dice que “no tengo temores, al contrario, estoy súper emocionado, porque voy a seguir a todo rigor la lectura, los diálogos, las participaciones, me gusta aprender”. 

Baja participación

De los más de 300 mil extranjeros habilitados para votar en el plebiscito acudieron 79.212, lo que equivale a un 20,91% del padrón, versus un 51,55% de los nacionales. Mientras que, en las elecciones presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales de 2017, de los 267.116 extranjeros habilitados para votar sufragó un 19,17%, contrario al 47,9% de los chilenos y chilenas que sí votaron en esa ocasión.

¿Las razones de por qué la participación de los extranjeros es menor? Cristián Doña, Investigador Asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, realizó en 2016 el estudio Los inmigrantes como votantes: Participación política de inmigrantes recientes en comunas seleccionadas del Gran Santiago.

Entre sus hallazgos encontró la falta de información: “El Estado no se preocupa de hacer una promoción de estos derechos”, afirma. De acuerdo con sus entrevistados, también dudan de alguien que no proviene del gobierno, como podría ser una ONG, les diga que tienen derechos.

Otro factor es que antes de la migración venezolana, los migrantes que llegaban a Chile lo hacían principalmente por razones laborales. “El proyecto migratorio de estas personas no es político, aun cuando hayan sido políticas económicas surgidas del proyecto político de sus gobiernos lo que les hayan llevado a emigrar. Los inmigrantes tienen así una mirada distanciada de lo político, a diferencia de los exilios, lo que los lleva a no tener intenciones de participar políticamente en el país de acogida”, explica el experto.

Sobre todo, y esta es una tercera razón, cuando no se sienten representados por los discursos de los candidatos, ya que hasta 2016 la migración no era un tema relevante en las campañas y candidaturas de los políticos chilenos.

En otra investigación, realizada en 2017, se indagó en las intenciones de voto y cuáles son las variables que influyen. Una de ellas tiene que ver con la antigüedad de la persona migrante en el país y la intención de quedarse en Chile durante los próximos cinco años. A su vez, era más probable que fuesen a votar aquellos que tenían pareja chilena, los que formaban parte de organizaciones de personas migrantes, los que ya tenían la nacionalidad chilena o los que se habían sentido discriminados por alguna situación.

Para Fernanda Stang, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU), Universidad Silva Henríquez, la persona migrante vota cuando se siente integrado e incluido en una comunidad política.

Pero también concuerda en que hay otras formas de participación, la que han aumentado desde el estallido social de octubre de 2019, el movimiento feminista y ahora con la construcción de una nueva Constitución.

“La dirigencia social migrante está transformando desde abajo lo que se entiende por ciudadanía. En el trabajo en terreno he visto una participación protagónica de las mujeres en estos nuevos liderazgos”, relata.

Además, la académica recalca que “los derechos políticos no debiesen hacer distinción entre nacionales y no nacionales”, y habla del “derecho a residir con derechos”, como un símil a la frase de la filósofa Hannah Harendt, “el derecho a tener derechos”.

Fabiola Vásquez, abogada del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), señala que esto tiene que ver con la falta de representación que tienen de los distintos sectores: “Con el proyecto de ley de migración ellos sentían que ya estaban siendo excluidos, llaman a ‘ordenar la casa’ y lo ven como una restricción de la entrada para evitar la llegada masiva de migrantes. No van a votar, porque a pesar de que vayan a dar su opinión sienten que no es algo que vaya a influir o mejorar la condición para ellos”.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), su directora, Waleska Ureta, indica que muchas veces las personas migrantes internalizan un sentimiento que los lleva a considerarse como “visita” y como un “externo”. “Bajo esas condiciones se sienten menos ciudadanos, y se desincentiva su participación”, dice.

A esto se suma el acceso a información, ya que muchas y muchos no saben que forman parte del padrón electoral. Por ello, “hemos integrado y liderado múltiples actividades y proyectos de difusión como la campaña Todxs Participamos, en la previa al plebiscito del año pasado, con el objetivo de que las personas supieran con qué requisitos administrativos y de tiempo de residencia en el país, pueden sufragar”.

Distintos extranjeros consultados por este medio confirman la desinformación en cuanto a sus derechos y la dificultad de no tener recursos por ser organizaciones autogestionadas.

También influye el lenguaje, ya que se habla de chilenos y chilenas, pero no de habitantes del territorio en general. A esto se suman, dicen, discursos “criminalizadores” en torno a la migración la demora en los procesos de regularización en que sienten que la institucionalidad no los toma en cuenta.

Red de organizaciones

Desde 2017 a la fecha, la cantidad de votantes de otras nacionalidades distintas a la chilena aumentó de manera histórica en 41,8% (111.713 votantes) y la cifra en los próximos años seguirá creciendo.

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de 1980, pueden votar los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que sean mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.

Y a medida que se van incorporando personas migrantes al padrón, la organización política de las mismas también se ha articulado con más fuerza en los últimos años.

En septiembre de 2020, por ejemplo, se realizó el quinto encuentro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, en el que participaron, de manera virtual, 77 delegados de 42 organizaciones migrantes y pro migrantes. Los temas que se abordaron fueron el proyecto de ley de migraciones y el proceso constituyente.

En este mismo contexto, se formó la organización Migrantes x el Apruebo, considerada como “una articulación de personas extranjeras residentes en Chile que apostamos por una Nueva Constitución”.

Entre los candidatos a constituyentes, también hubo dos impulsados por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes: la peruana Catalina Bosch en el distrito 9, por la lista Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes, y el cubano Manuel Hidalgo en el distrito 10 por la lista Movimientos Sociales: Unidad e Independientes.

Pese a que estos candidatos no alcanzaron a ser elegidos, sí se levantó desde la plataforma Chilemigra una carta firmada por 195 candidatos a constituyentes, entre los que se comprometían a defender el derecho a migrar en la Convención Constituyente y representar las demandas de las personas migrantes en Chile. De los firmantes, 40 fueron electos y el sábado pasado participaron de un conversatorio online.

Migrantes y la Constitución

Eduardo Cardoza es uruguayo, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante y llegó en la década de los 90 a Chile. Para él, este es un momento histórico porque además las condiciones en las que se escribirá la nueva Constitución son únicas: con paridad y participación de los movimientos sociales.

“Lo importante de este proceso es la participación de las personas en la vida pública, que las personas tengan la posibilidad de llegar a estos constituyentes que surgieron de instancia sociales y no pierdan el contacto, que sea un proceso tan participativo que las personas se lo apropien y permitan cambiar las decisiones”, afirma.

Para él, los principales intereses de la comunidad migrante en la esfera política tienen que ver con la regularización de la condición migratoria. Luego, vienen las preocupaciones que tendría cualquier chileno: derechos sociales, trabajo, situación económica.

Dentro de la constituyente, considera que hay una serie de planteamientos que se debiesen incluir, como el derecho a migrar, también el derecho de vinculación de las personas en el exterior en el país de origen, y que todos los tratados que Chile firmó y ratificó en Derechos Humanos estén considerados constitucionalmente.

David Arboleda es colombiano y vocero de comunicaciones de la Coordinadora Nacional de inmigrantes. Las demandas levantadas por esta organización incluyen ciudadanía plena, ya que actualmente solo se consideran ciudadanos a los nacionales chilenos; que Chile se reconozca como un estado intercultural; que las personas nacidas en Chile puedan acceder a la nacionalidad independiente de la condición administrativa de los padres; y que se reconozca el derecho a migrar en la nueva Constitución.

En sus palabras, el proceso que vive Chile sirve para “darle continuidad a la historia de solidaridad con los movimientos sociales, demandas de pueblos originarios, afro chilenos y trabajadores. Creemos que es necesario que sean incluidas nuestras voces, de los pueblos que migran y también migrantes en el exterior”.

A esto se suman otras preocupaciones, como salud, vivienda, y conflictos socio ambientales como la escasez de agua.

A Yvenet Dorsainvil, integrante de la Plataforma de Organizaciones Haitianas, el estallido social le hizo cuestionarse muchas cosas. Vive hace 10 años en Chile y cuenta que solía escuchar la frase de que “la gente es pobre porque es floja”.

“Este es un país que está avanzando, pero veo que en una cuadra hay casas bonitas y edificios, pero al lado hay una persona que está durmiendo debajo de una tela o en un basural. Siempre he visto la injusticia, pero presentí que la gente lo pensaba como algo normal”, señala.

Y agrega: “Ahora la mente cambia, se dan cuenta que no todos empezamos de la misma barra de la escalera, que no tiene nada que ver con ser flojo o no, sino que no todos tienen las mismas oportunidades”.

Dorsainvil dice que ahora está en un proceso de ordenar, de identificar la forma en que piensan las personas y sus discursos, a ubicarse dónde se encuentra en la sociedad.

Para la comunidad haitiana, cuenta, el proceso constituyente les genera el temor de no tener a ningún representante electo que pueda saber cuáles son sus problemas, más allá de informarse de lejos, sobre todo después de que se rechazó el escaño reservado para afrodescendientes en la convención constitucional por falta de quórum. “Nos preocupa, porque en este país nos dimos cuenta de que las personas no es común que se metan en el zapato del otro”.

Walter Liewald es chileno-venezolano y dirige la fundación Consulado Cívico de Venezuela. Él vivió en los años 90 el proceso constituyente de dicho país y ahora mira con algo de preocupación el chileno.

“Si bien me parece que es un proceso necesario, me preocupa mucho la forma en cómo se está llevando, el poco interés de las personas en informarse adecuadamente”, afirma, pero no cree que se pueda vivir un proceso de desintegración social como el de Venezuela: “El resto de la institucionalidad chilena sí funciona, a pesar de que algunos sectores del gobierno estén haciendo mal el trabajo”.

Sobre incluir a los migrantes en la constituyente, es tajante: “Me parece que todas las personas que viven en el país tienen derecho a voz y, en la medida de la ley, derecho a voto”

Fuente: The Clinic

Las instituciones emplazaron a organismos internacionales a pronunciarse sobre las expulsiones colectivas y solicitar al Gobierno de Sebastián Piñera que respete los DDHH y “se haga cargo de las violaciones cometidas por agentes del Estado, en el marco de las expulsiones ilegales y colectivas de personas migrantes”. En la misiva se argumenta que del total de expulsiones colectivas, el 66% fue de tipo administrativo y sólo el 34% restante se ligó con sentencias de un tribunal, lo que a juicio de los firmantes “se yergue como una muestra más de la naturaleza contraria al derecho internacional de las mismas”. Las organizaciones también subrayan que algunos de los migrantes expulsados eran padres y madres de niños migrantes, quienes se encuentran en el país, privados de protección, “por lo que el gobierno no ha respetado el principio de unidad familiar y el interés superior de NNA” [ACTUALIZADA]

A través de una misiva dirigida a los relatores y relatoras del sistema universal y sistema interamericano de derechos humanos, un total de 33 organizaciones de la sociedad civil pidieron exigir al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera detener las expulsiones colectivas realizadas a lo largo de este año de ciudadanos extranjeros.

Instituciones como la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM); Clínica Jurídica de Migrante y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Bicicultura; Colegio de Sociólogos y Sociólogas; Fundación Ojos de Chile; Movimiento Acción Migrante; Londres 38, espacio de memorias; Colectividad Peruana “la flor de la canela” y el Servicio Jesuita a Migrantes emplazaron a organismos internacionales a pronunciarse sobre este tema y solicitar al Gobierno que respete los DDHH y “se haga cargo de las violaciones cometidas por agentes del Estado, en el marco de las expulsiones ilegales y colectivas de personas migrantes”.

De acuerdo a los datos de estas organizaciones, el 25 de abril, el Gobierno expulsó colectivamente a 55 migrantes de nacionalidad venezolana, durante mayo se deportó a otros 56 migrantes y el 6 de junio a otros 25 más.

Además, enfatiza que “esta vulneración de derechos se ha mantenido constante e invariable en el tiempo, sin importar críticas, sentencias judiciales o pronunciamientos internacionales en contra de la práctica discriminatoria y vulneratoria que son las expulsiones colectivas”.

Las organizaciones recuerdan declaraciones de otros organismos nacionales e internacionales ligados a la migración y señalan en la misma línea que las expulsiones realizadas en el país, “son ilegales, colectivas y  no han respetado estándares mínimos de debido proceso, protección a grupos vulnerables y no discriminación”.

• Revise la carta enviada a los organismos internacionales acá

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile emitieron una declaración en la que si bien reconocen la soberanía que tiene el Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso a suelo nacional, al mismo tiempo manifiestan “la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados”.

El Gobierno ha defendido su política de expulsiones, señalando que se trata de casos de “expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina y de “personas condenadas por tráfico de drogas, por robo con violencia (…) y van a conmutar sus penas en sus respectivos países”, como ha declarado el ministro de Interior Rodrigo Delgado.

Sin embargo, en la misiva se argumenta que del total de expulsiones colectivas, el 66% fue de tipo administrativo y sólo el 34% restante se ligó con sentencias de un tribunal, lo que a juicio de los firmantes “se yergue como una muestra más de la naturaleza contraria al Derecho Internacional de las mismas, por no haber el Estado chileno cumplido su deber de evaluar cada caso de manera particular, asegurando un proceso racional y justo”.

Además, desde las organizaciones cuestionan que los procedimientos de expulsión se realicen “durante los fines de semana y en las madrugadas, con pleno conocimiento de que dicho proceder no se condice con los tiempos de funcionamiento de las Cortes de Apelaciones para resolver las acciones de amparo interpuestas en favor de las y los afectados por organismos como el Servicio Jesuita de Migrantes en conjunto con Clínicas Jurídicas o el Instituto Nacional de Derechos Humanos”. De hecho, a raíz de estos casos, la Corte Suprema instruyó a las cortes de apelaciones para que se reúnan en horario inhábil, vale decir los fines de semana, ante interposición de recursos de amparo urgentes

De acuerdo a las organizaciones firmantes, para agravar la situación, “además algunos de los migrantes expulsados eran padres y madres de niños migrantes, quienes  se encuentran en el país, privados de protección, por lo que el gobierno no ha respetado el principio de unidad familiar y el interés superior de NNA”.

Para Francisca Vargas, directora de la Clínica jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, “un país democrático y con plena vigencia del derecho no puede aplicar las normas jurídicas para unos y no para otros. Recordemos que el debido proceso aplica antes, durante y después de la aplicación de una sanción, y no depende de la nacionalidad de la persona. Sobre la base de lo anterior, es necesario que nuestras autoridades migratorias dejen de expulsar ilegal y colectivamente a personas migrantes, y con ello dejen de vulnerar derechos humanos y separar familias, haciendo pleno el estado de derecho para todas y todos”.

En tanto, Consuelo Navarro, directora de la Comisión DD.HH. de ABOFEM expresó que “las expulsiones son siempre una medida final  y no pueden, contravenir sentencias judiciales y derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Además estas medidas afectan desproporcionadamente a niños, niñas, adolescentes, y  mujeres, vulnerando el interés superior del niño, y los principios de reunificación familiar.  Nuestra misiva busca generar un cambio en las políticas migratorias del Gobierno y restaurar el efectivo goce los DDHH de las personas migrantes”, señaló.

Fuente: El Mostrador.

“O el asilo contra la opresión”. Con esta frase que se repite varias veces, subrayando su valor, culmina nuestro Himno Nacional. A lo largo de este 2021, Chile, nuestra “Dulce Patria” ha vivido la llegada de personas migrantes. Muchas de ellas, guiadas por la desesperación ante la falta de seguridad y recursos en sus países de origen, han recorrido a pie largas y riesgosas rutas por el desierto, muchas veces junto a sus hijas e hijos y adultos mayores. Seis han muerto sin lograr su objetivo.

Un ejemplo son las personas de nacionalidad Venezolana, pues recordemos que más de 5 millones han huido de  Venezuela, en el éxodo masivo más grande de la región en los últimos tiempos, siendo comparado incluso con la diáspora provocada por la Guerra en Siria.

La realidad de las personas que llegan a Chile solicitando asilo no es fácil. Pese a que Chile posee desde 2010 una Ley de protección de refugiados  que establece un procedimiento  de reconocimiento de la condición de refugiado de una persona. Esta normativa además estipula que las personas necesitadas de protección internacional no pueden ser sancionadas por ingresar por un paso no habilitado ni por estar en situación de irregularidad migratoria.

A través de nuestra labor diaria como instituciones preocupadas de la movilidad humana y los derechos humanos de las personas que migran, adultas y niños y niñas, observamos cómo la Ley de Refugio parece ser letra muerta, pues no se informa a las personas migrantes adecuadamente de su existencia o se obstaculiza el procedimiento, solicitando trámites que no están en la normativa vigente -como ya lo detectó Contraloría el 2018-.  Y quienes la conocen, y ejerciendo su derecho a buscar y recibir, asilo solicitan el reconocimiento de su condición de refugiado/a, se les deniega la posibilidad de ingresar al procedimiento, o bien se les rechaza el reconocimiento.

En relación al primer problema, es numerosa la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia que ha dado cuenta de esta situación y que, velando por la protección de los derechos de las personas, ha exigido a las autoridades migratorias dar curso a las solicitudes de asilo. Al respecto, tenemos a la vista más de 70 causas en que ello es así.

En cuanto al segundo problema, las tristes cifras sobre asilo en Chile solo lo evidencia: entre los años 2010 y 2020, han existido 17.982 solicitudes de asilo, se han rechazado 4.224 y solo se han otorgado 681. Es decir, de cada 26,4 solicitudes de asilo en dicho período, sólo 1 se reconoció. Asimismo en el año 2020, ya en plena pandemia de Covid-19, solo se reconoció como refugiadas a 7 personas (cuatro de nacionalidad colombiana y tres de nacionalidad venezolana), en un año donde existieron 1.629 solicitudes, y se rechazaron 2.057 (cifra que incluye rechazos de solicitudes hechas en años anteriores).

En este contexto, mujeres, hombres, niños, niñas y recién nacidos, siguen huyendo de sus países y arribando a “la copia feliz del Edén”. Niños, niñas y adolescentes han sido de los y las más vulnerados (as) en este tránsito, en un país que además no considera su protección especial, su interés superior, ni el cumplimiento de sus derechos básicos en salud o identidad, para brindar las condiciones mínimas para su desarrollo.

Las autoridades no les han brindado la protección que buscan, y nuestro Gobierno, aquel del país que “promete futuro esplendor”, echa mano -una y otra vez- a expulsiones ilegales y colectivas de personas migrantes, criminalizando la migración y vulnerando sus derechos humanos.

Ad portas del Día del Refugiado que se conmemora este domingo 20 de junio, queremos enfatizar que estas personas son parte de los  casi 80 millones de seres humanos que en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, dejando sus pertenencias, familias y amigos, a causa de la guerra, la violencia y la persecución. De ellos, solo 26 millones han logrado acceder al estatuto de refugiados, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las instituciones abajo firmantes buscamos con afán que quienes lleguen a Chile sean acogidas y acogidos con humanidad, teniendo, además, especial consideración con la pandemia que aún nos azota. Esperamos que se respete el derecho humano a buscar y recibir asilo y se cumpla, como como corresponde, con lo estipulado en la Ley 20.430 sobre protección de refugiados, otorgando amparo a las personas en necesidad de protección internacional, y que así hagamos realmente gala en nuestro himno al dar asilo antes de ejercer la opresión.

FIRMAN

Servicio Jesuita a Migrantes.

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, Universidad Diego Portales.

World Vision Internacional Chile.

Asociación Venezolana en Chile.

Rizoma Intercultural.

La jornada se realizará el próximo lunes y fue impulsada por el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, quien ha pedido invitar a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, entre otros.

A partir de las 16:00 horas del próximo lunes el Senado realizará una sesión especial de la Sala para analizar la política de Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias. Así lo indica la circular N°173 que se emitió hoy respondiendo a la solicitud hecha por el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien contó con la firma de todos los comités de la oposición.

Así lo indica la circular N°173 que se emitió hoy respondiendo a la solicitud hecha por el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien contó con la firma de todos los comités de la oposición.

Si bien en el documento se señala que los invitados serán definidos en los próximos días, el parlamentario del Frente Amplio ya hizo una petición respecto de a quiénes quiere ver hablando del tema.

Ahí están los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, su par de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Al mismo tiempo a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz y al director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco.

Al mismo tiempo, solicitó la presencia de representantes del Servicio Jesuita Migrantes y de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entre otros.

El frenteamplista pidió esta sesión aludiendo a las últimas expulsiones de migrantes y al actuar de la Corte de Apelaciones de Santiago que en sesión especial el domingo 6 de junio acogió por fallo unánime el recurso presentado por una ciudadana venezolana que estaba en la nómina para salir del país. Situación que se ha ido replicando en otros casos actualmente.

“En razón, por una parte, de los compromisos que Chile mantiene en materia de Derechos Fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, y teniendo presente los principios de no discriminación e interés superior del Niño, como también por la necesaria y legítima participación de los NNA en las decisiones que les afecten; y por otra, por el compromiso del Senado con el pleno respeto de aquellos derechos”, sostiene el senador Latorre en su escrito.

Fuente: El Mercurio.

El experto en Derecho Internacional de Derechos Humanos afirma que la crisis migratoria “no se va a resolver con medidas como la militarización o un enfoque inclinado de manera desmesurado hacia la seguridad en perjuicio de los Derechos Humanos”

Apenas contesta el teléfono, Felipe González (chileno, 60 años) comenta: “Espero que el gobierno recapacite sobre las deportaciones de migrantes”. Se refiere a la expulsión de 56 personas migrantes la semana pasada, algunos acusados de haber ingresado de forma irregular al país y otros de haber cometido delitos. La acción fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos, por producirse un fin de semana -cuando las cortes están cerradas- y por no realizarse una evaluación personal de sus casos. A fines de abril, el gobierno ya había deportado a otros 55 migrantes.

Se trata de un tema que González ha visto de cerca y que le preocupa en particular, en su rol de relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, cargo que ocupa desde 2017.

“El gobierno había dicho en abril que las deportaciones iban a ser todos los fines de semana. Vinieron las elecciones y yo pensé que como ya había una serie de organizaciones internacionales cuestionando las iniciativas, el gobierno había retrocedido, pero se ve que no”, dice el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Diego Portales, donde también dirige la Maestría en Derecho Internacional de DD.HH.

La nueva ley de migraciones, que comenzó a regir el 20 de abril pasado, sólo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, cuando Chile cerró por primera vez las fronteras producto de la pandemia. Quienes entraron de manera clandestina, tienen un plazo de 180 días para abandonar el país.

González, quien entre 2008 y 2015 se desempeñó como Comisionado y Relator sobre Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que fue presidente entre 2010 y 2011, comenta en conversación con The Clinic que el endurecimiento de las medidas no es la respuesta a la crisis migratoria a la que se enfrenta -y seguirá enfrentándose- el país. De acuerdo con datos del Servicio Jesuita a Migrantes, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, los extranjeros aumentaron de 305.000 en 2010, a casi 1.500.000 personas en 2020.

-El gobierno ha insistido que ha cumplido con el Derecho Internacional al momento de deportar a los migrantes. Pero la migración involucra una serie de derechos, incluyendo el de asilo, el de los niños, entre otros. ¿Qué es lo que debería cumplir el Estado chileno en un marco de Derecho Internacional de DD.HH.?

-Lo primero que hay que señalar es que las deportaciones deben ser una medida de último recurso y no un aspecto central de una política migratoria. El componente de seguridad es legítimo, el problema es cuando se exacerba y cuando se lo utiliza en detrimento de los DD.HH. Y eso en materia de migración ocurre mucho. A menudo se habla del ejercicio de la soberanía del Estado como si los migrantes estuvieran realizando una suerte de ataque militar al Estado y no lo están. A la hora de decidir si deportar o no, hay una serie de consideraciones que se tiene que hacer persona por persona, individualmente. Ver si esa persona merece refugio internacional, por ejemplo. Hay que hacer una determinación individual. Si no se hace, la deportación será colectiva. Se les mete a las personas en un mismo paquete y se las echa. Entonces el Estado no puede deportar a las personas siempre que quiera.

-El ingreso irregular tampoco confiere automáticamente el derecho a deportarlos…

-Exacto. Además, el ingreso irregular, de acuerdo con el Derecho Internacional, no es un delito. No puede ser un delito y no debiera serlo. Cuando el gobierno chileno pone en un mismo paquete o en un mismo avión, a personas que lo que han hecho es, a lo sumo, incurrir en una falta administrativa por ingresar irregularmente a Chile, con una persona que ha cometido delitos en Chile, en el fondo está arrojando un manto de sospecha sobre todos. Ahí hay un elemento de criminalización que es muy serio.

-Y esos grandes aparatajes, además de estigmatizar a los migrantes, parecieran exacerbar posiciones políticas…

-Sí, ése es el problema. Una deportación, incluso cuando es justificada, la manera como se la conduce, si se estigmatiza, también viola el derecho internacional.

“Cuando el gobierno chileno pone en un mismo paquete o en un mismo avión, a personas que lo que han hecho es, a lo sumo, incurrir en una falta administrativa por ingresar irregularmente a Chile, con una persona que ha cometido delitos en Chile, en el fondo está arrojando un manto de sospecha sobre todos”.

-Pero a la vez los Estados que deportan insisten en que se trata de un tema de soberanía…

-Pero eso tiene limitaciones. La situación especial de niños y niñas, que requiere de una forma de protección especial, sus vínculos familiares, etc. Está el tema del acceso a la justicia, que también está en controversia a propósito del tema de las deportaciones en Chile porque la forma en que se están realizando, de manera exprés y los fines de semana, en los hechos, lo que ha hecho es obstaculizar el acceso a la Justicia. Hay una serie de procesos que el Estado chileno no está respetando.

-En ese sentido, ¿hay negociaciones por parte de los organismos internacionales para que el Estado chileno detenga esas deportaciones?

-Yo como relator no entro en negociaciones. Pero lo puede hacer alguna de las agencias de la ONU. Yo como relator, lo que hice fue enviar una acción urgente al Estado requiriéndole que terminara con las deportaciones colectivas y que informara sobre todo lo que ha ocurrido este año respecto de las deportaciones.

-¿El Estado chileno le entregó esa información?

-No. El Estado no ha respondido todavía, pero está dentro del plazo para hacerlo.

-¿Cuándo vence el plazo?

-Faltan varias semanas. Pero lo que uno esperaría es que el Estado descontinúe su práctica sobre la cual ya se le ha llamado la atención.

-Y hasta ahora, ¿el Estado chileno le ha dado argumentos para realizar esas prácticas en un contexto tan adverso como lo es la pandemia?

-No. Me he enterado por la prensa que su gran argumento es ‘ordenar la casa’. Pero, si uno se fija bien, y hay una serie de datos que lo comprueban, la tasa de delitos cometidos por las personas extranjeras es menor que la de los chilenos. Entonces ese argumento de ‘ordenar la casa’ es completamente falaz. El otro tema es tapar el sol con un dedo, porque la situación humanitaria en Venezuela, o en otros países latinoamericanos, hace que siga llegando gente. Entonces se fortalece el tráfico de migrantes en lugar de una migración regular. Pero todo eso ha sido un tema anunciado: si se incrementan las barreras de ingreso regular o los procesos de regularización, lo que se produce es un incremento del tráfico de migrantes. Cuando se estableció el Proceso de Quito (para dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela), hace tres años, varios países, entre ellos Chile, acordaron que la crisis migratoria en Venezuela requería una respuesta multilateral. Lo que pasó, sin embargo, fue que los Estados fueron incrementando las barreras de ingreso y no fueron incrementando la regularización. En cambio, empezaron a incrementar las deportaciones, la militarización, etc.

“Hay una serie de datos que lo comprueban, la tasa de delitos cometidos por las personas extranjeras es menor que la de los chilenos. Entonces ese argumento de ‘ordenar la casa’ es completamente falaz”.

-Varios analistas internacionales y politólogos han planteado que, en general, cuando un gobierno se enfrenta a una crisis interna en su país, tiende a tratar de desviar la atención haciendo algo en el ámbito internacional, ya sea apuntando a un tercer país o realizando medidas como ésta en materia migratoria. ¿Usted diría que este es el caso?

-No puedo yo como relator atribuir intenciones al gobierno chileno en particular, pero visto de manera general, efectivamente creo que los Estados recurren a ese tipo de medidas. Como se dice, el hilo se corta por lo más delgado. Entonces como los migrantes están en una situación especialmente vulnerable, desprotegida, son un grupo que puede servir de carne de cañón. También un cambio de sentido en lo que ha sido la política migratoria internacional del Estado chileno, porque desde el año 1990 hasta fines de 2018, o sea, incluyendo el primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo una política consistente de jugar un papel de líder en el tema migratorio, de auspiciar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Y el momento de cambio, que fue muy brusco, fue el Pacto Mundial sobre Migración. Tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera habían, antes, jugado un papel de promotores del Pacto Mundial de Migración. Chile se iba a suscribir. Y a último momento vino una orden contraria desde Santiago y Chile no suscribió. Y ahí empezó a retraerse en el tema migratorio, ha tratado de encapsularse. Cuando precisamente se trata, más que nunca en la actualidad, de que haya esfuerzos multilaterales para abordar la migración.

-Además de acciones multilaterales, se requieren programas para romper con los estereotipos negativos sobre los migrantes. Como la idea de que “vienen a robar trabajo”…

-Sí, es muy importante llevar a cabo iniciativas de difusión, de capacitación, de educación de la población para que se valore a la población migrante, para que se respeten sus derechos, para que se vean cuáles son las contribuciones que los migrantes hacen en Chile. Pero no hay que generalizar, hay manifestaciones de xenofobia, pero también hay de solidaridad. Afortunadamente, no hay un rechazo masivo a los migrantes. Pero es muy fácil que prenda la mecha por cualquier cosa y ahí empiezan las reacciones xenófobas.

LA SALUD Y OTROS DERECHOS

-Un reciente informe de la ex Posta Central reveló un aumento de la tasa de intentos de suicidio, en particular entre los migrantes. ¿A qué responde eso?  

-Desde luego que la salud mental de las personas migrantes es un tema. Muchas veces la situación de las cuales están escapando, las formas como han tenido que llegar al país de destino, muchas veces dramática, y luego la integración en el país de destino… Todos esos son aspectos muy delicados y que en contextos de pandemia se vuelven particularmente serios.

-Con relación a la pandemia: Servicios de DD.HH. han denunciado que a muchos migrantes no le les ha permitido el acceso a las vacunas pese a que el Minsal ya aclaró que la vacunación es de carácter universal. ¿Por qué puede estar pasando eso?

-Se trata de un tema importante y que venimos abordando desde enero. Es algo que tiene que estar bien establecido en los protocolos. Tienen que existir protocolos claros de atención de salud universal. Se ha dicho que sí los migrantes tienen el derecho a la vacuna, como desde luego tiene que ser, sino sería una violación de derechos muy grave y además con un impacto directo sobre la salud de la población chilena. Pero el problema también se ha dado, por ejemplo, porque el migrante irregular tiene temor de ir a un centro de salud y que se notifique a la autoridad de una situación irregular. Lo que se tiene que hacer son barreras cortafuegos: un corte total entre los servicios públicos, educacionales, de salud, etc., y la agencia migratoria. Que de ninguna manera se ponga sobre aviso a la autoridad migratoria, porque eso tiene un efecto brutal. La persona no se va a vacunar, no manda el niño al colegio, etc., con temor de ser deportado.

-¿De qué otras formas los derechos de los migrantes se han visto afectado durante la pandemia? Vemos, por ejemplo, que varios países tienen las fronteras cerradas, lo que pone trabas al derecho a migrar.

-Claramente se hace mucho más difícil el desplazamiento. Pero el hecho que aun así se produzca el movimiento de personas, demuestra que no es caprichosa las razones de movilidad. Estas responden a cuestiones muy serias, de lo contrario la gente no se arriesgaría miles de kilómetros para llegar a otro país en un contexto de pandemia, de militarización. Creo que eso debería llamar la atención del gobierno. Eso es un factor que debe ser considerado por el Estado. En ese contexto, con mayor razón, debería limitarse la deportación de personas. Otro tema es el de las personas que quieren volver a su país. Eso no exime de responsabilidad al país de destino. Si alguien quiere volver, es porque las condiciones que se están dando en el país de destino no son las adecuadas. Si no, ¿para qué van a volver? Si hay integración social, si estuvieran dados los servicios, etc., el 90% de las personas no intentarían devolverse a su país en el momento sanitario más grave.

-Finalmente, entendiendo que la pandemia ha supuesto una crisis importante en los países de la región y que siempre después de las crisis se incrementa la migración, ¿qué consejos le daría usted a los Estados para recibir a los migrantes?

-Por una parte, le daría consejos de actuar de forma coordinada. Asumir que la migración y la característica que tiene actualmente, su masividad, no va a terminar con medidas de carácter militar. Los Estados tienen que buscar otra forma de acuerdos. Y no pensar que la crisis migratoria esto simplemente es algo que se va a resolver de forma aislada y con medidas como la militarización o un enfoque inclinado de manera desmesurado hacia la seguridad en perjuicio de los derechos humanos. Luego está todo el tema de la integración social de las personas migrantes. Creo que cuando concluya la pandemia, los efectos van a persistir durante largo tiempo y ahí es imprescindible que los Estados tomen medidas de protección social de la población migrante que contribuya a su integración económica y social y que se tome seriamente aquellos casos que requieren refugio o protección internacional, que son muchos en Chile.

“Los migrantes tienen el derecho a la vacuna, como desde luego tiene que ser, sino sería una violación de derechos muy grave y además con un impacto directo sobre la salud de la población chilena”.

Fuente: The Clinic