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Con el objetivo de mostrar la relevancia de la participación de las y los personas migrantes en el proceso constituyente que vive Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes(SJM) expuso ante la Convención Constitucional con propuestas que la garanticen, atendiendo a las especiales condiciones y diversidad de la población que en Chile asciende a 1.462.103 de personas.

Esta mañana la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, junto al director de Incidencia Pública y Estudios, Carlos Figueroa, intervinieron en la Comisión de Participación Popular y Equidad territorial de la Convención Constitucional, exponiendo sobre la realidad de las personas migrantes y la necesidad de promover su inclusión y participación ciudadana. 

Según las cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración a 2020 en Chile viven 1.462.103 personas migrantes. Es necesario escuchar estas voces, generando espacios e instrumentos especiales que atiendan las condiciones de exclusión, condición migratoria (con o sin permanencia definitiva en Chile), barreras idiomáticas en el caso de la población haitiana, entre otros aspectos, para hacer efectiva su inclusión. “Queremos ampliar el concepto de ciudadanía, que independiente del estatus migratorio, sus voces puedan ser escuchadas” dijo la directora del SJM.

Hay baja participación de la población migrante en las elecciones que ha enfrentado el país en los últimos años y una de las razones es la falta de inclusión de sus problemas en los discursos políticos, la falta de promoción de la participación por parte del Estado y un fuerte componente de temor al exponerse en cualquier espacio institucional que los registre. “Las madres no llevan a sus hijos a control sano (en los consultorios o Cesfam) por temor, menos van a ir a participar donde si les piden sus antecedentes, porque temen quedar fichados para una posterior expulsión colectiva del país. Expulsiones colectivas que son ilegales y arbitrarias”, dijo Waleska Ureta ante los y las convencionales de la Comisión de Participación Popular y Equidad territorial.

Asimismo desde el SJM reafirmaron el daño que causan en las personas migrantes las orquestadas expulsiones colectivas, que transgreden los derechos de un debido proceso y trato justo, aportando aún más a una fuerte campaña de estigmatización y criminalización de las autoridades que terminan por fracturar la cohesión social y la integración. En este sentido, Carlos Figueroa, invitó a los y las convencionales a ser parte, si así lo estiman, de una declaración de rechazo a estas expulsiones iniciadas por el Gobierno en febrero de este año. 

“No hay ciudadano de primera y segunda categoría, todos los y las que estamos en este territorio somos sujetos de derechos, tiene que ser explícito en esta Convención”, subrayó Ureta y a renglón seguido, explicó que en Chile hay personas que son invisibles frente al acceso a derechos, “si no tienes rut no existes. Estas personas están en nuestro país, existen y están invisibilizadas”. 

“Luchar por una sociedad más humana, acogedora e intercultural, en la que nos reconozcamos como iguales en dignidad y derechos”, es la inspiración de las acciones del Servicio Jesuita a Migrantes, por eso ponemos  genuina y profundamente todo nuestro trabajo y capacidad a disposición de la Convención”, dijo la directora de la institución.

Propuestas del SJM en la Convención Constituyente

Las propuestas entregadas son fruto del proceso “TodxsParticipamos” que SJM realizó el 2020 junto a otras organizaciones, donde se escucharon las voces de más de 150 personas migrantes en distintas partes del país. 

·      Generar mecanismo especial de participación para personas con o sin permanencia definitiva en Chile. No limitar la residencia el derecho a participar y ser escuchado en la convención.

·      Existe una gran cantidad de personas migrantes regulares e irregulares a las que no es fácil llegar por canales digitales.  La Convención debe asegurar que no habrán consecuencias por su participación en esta convención y que su estatus migratorio tampoco es un impedimento para hacerlo.

·      Incluir en la difusión de la participación en la convención a las organizaciones migrantes y pro migrantes, y entidades estatales más cercanas a las poblaciones más excluidas (municipios, colegios, CESFAM)

·      Cuestionar la noción restringida de la participación política y social derivada de la idea de nacionalidad, y radicalizar el principio de la residencia como fundamento para el ejercicio de los derechos políticos a todas las personas que residen en el territorio nacional independiente de su lugar de nacimiento.

·      Establecer mecanismos concretos de participación que se adapten a la realidad de las personas migrantes y refugiadas, especialmente en lo que respecta al idioma y la integridad de las personas bajo protección especial (Ej: la no publicación de sus datos).

·      Asegurar que esta Convención rechazará actitudes o dichos racistas por parte de cualquier organización o Convencional que puedan inhibir la participación legítima de las personas migrantes en este proceso.

La aplicación creada gracias al apoyo de ACNUR y Let’s Talk, ha colaborado para favorecer la inclusión social y el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas en Chile, a través de una exitosa experiencia de trabajo, que ha logrado atender en 2 años a casi 20 mil personas.

MigrApp, la plataforma virtual interactiva para Migrantes y Refugiados, creada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) celebró sus dos años de trabajo, en que ha realizado un total de 18.850 atenciones de orientación y ayuda a personas migrantes y refugiadas en Chile.  El festejo online reunió a los profesionales y voluntarias y voluntarios de la app, con el equipo SJM, amigos y representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la empresa Let’s Talk, quienes junto al aporte de privados, como Fundación Luksic, han hecho posible la existencia de esta herramienta. 

Valentina Latorre, Directora Social del SJM, dio el vamos a la fiesta, comentando que “Migrapp es para nosotros una joya. Cuando se promulgó la nueva Ley Migraciones y la demanda por información migratoria se acrecentó muy por sobre nuestra capacidad de respuesta, Migrapp fue la  clave para enfrentar ese desafío. Y es que Migrapp es la posibilidad de amplificar la entrega de orientación a muchas más personas que las que apoyábamos antes de su llegada; es también la entrega de una respuesta que entiende a las personas migrantes como sujetos de derechos y con una escucha activa más allá de la virtualidad; Migrapp igualmente es acogida, pues para muchos personas es la primera línea con la que se encuentran en la búsqueda de que sus derechos sean garantizados. Además es la posibilidad de crear redes, ya que contamos con más de 100 voluntarias y voluntarios, quienes junto al equipo profesional hacen un trabajo de excelencia. Migrapp nos permite hacer realidad nuestro propósito de caminar hacia una sociedad intercultural y más acogedora”. 

Empatía y Esperanza 

A continuación, Fernando Guzmán, Responsable de Migrapp, abordó los resultados de la labor colectiva tras esta StartUp. “Mientras en 2018 atendíamos a 5.227 personas en solo tres regiones, en 2020 ya con Migrapp funcionando la cifra creció hasta las 14.437 atenciones en 10 regiones. Por otra parte, a julio de este año 2021 contabilizamos 12.114 atenciones en las 16 regiones del país. Estas cifras son un ejemplo claro de cómo la tecnología y el voluntariado se ponen al servicio de  la inclusión de las personas migrantes, orientándolas en temas como acceso a visas, salud, educación, regularización migratoria de personas que ingresaron por pasos no habilitados y todo lo que se requiere para iniciar adecuadamente una vida en el país”, explicó Guzmán. 

“En cuanto al perfil de quienes han sido atendidos en estos últimos dos años, se trata de un 65% de personas venezolanas, seguidas de un 10% de colombianos y un 6,3% de peruanos. Asimismo nos consultan un poco más de mujeres (56%) que hombres, entre 18 y 59 años y que proceden de la Región Metropolitana, más que de otras regiones. En cuanto a la situación migratoria, hemos recibido 8.248 casos de personas en situación irregular, de las que 5.740 corresponden a consultas de personas que hicieron ingresos por paso no habilitado”, agregó el responsable de Migrapp. 

Datos que a juicio del profesional del SJM, “nos llevan a proyectarnos metas desafiantes como brindar información 24/7 con el desarrollo del ChatBot “Esperanza”; potenciar más la vinculación con organismos públicos como el Servicio Nacional de Migración, municipalidades, gobernaciones, centros de Salud, escuelas, etc; fortalecer la difusión de MigrApp entre la comunidad haitiana; difundir la app con mayor fuerza en otras regiones de Chile con alta tasa de población migrante como son Valparaíso, Tarapacá, O’Higgins, Bío Bío, entre otras y apostar por la búsqueda de financiamiento y aliados estratégicos para implementar MigrApp en América Latina”. 

“A diario durante nuestras salidas a terreno, podemos ver que, por diversos motivos, las personas refugiadas y migrantes muchas veces no cuentan con información clave sobre sus propios derechos y deberes en el país, así como tampoco sobre los servicios a los que podrían acceder y que harían un gran cambio en sus vidas. Desde ACNUR estamos muy felices de apoyar esta iniciativa que brinda información oportuna y orientación a la comunidad, pero también estamos orgullosos de que Migrapp no sea solo una Startup tradicional, sino que un espacio de encuentro y de acogida, que se caracteriza por el trato cálido, humano y de excelencia que entregan los y las voluntarias”, destacó Delfina Lawson, Jefa de Protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La cita también contó con la intervención de Abel Zicavo, músico del conjunto La Moral Distraída, quien quiso saludar a los profesionales y voluntarios de Migrapp con la interpretación de algunas canciones. Finalmente, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, sentenció que “Migrapp nos permite estar con las personas migrantes y refugiadas cuando más lo necesitan.  Es empatía, esperanza, la forma más cercana de acoger y orientar a quienes han llegado a Chile en medio de la crisis social y la posterior pandemia, que vivimos.  Con esta herramienta, aportamos a que la vida sea más justa e igualitaria para muchas y muchos. Para nosotros es una joya y también un milagro de la tecnología”. 

La aplicación está disponible en español, inglés, francés y creole, y se puede descargar gratis en Android, iOS o desde esta web, está disponible en todo Chile y algunos países de la región. 

El Servicio Jesuita a Migrante (SJM) denunció ante la Contraloría General de la República a la Policía de Investigaciones (PDI), Al Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables, por dejar abandonadas a siete personas migrantes en la carretera cerca de la localidad de Chañaral, en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia. La situación se dio en medio del operativo coordinado por el Gobierno en junio pasado, que culminó con la expulsión de otros 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.

La denuncia dirigida a la PDI y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por “actuaciones ilegales y arbitrarias de funcionarios” y solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras que se encontraban bajo su custodia al momento en que la Corte de Apelaciones de Arica dictó una orden de no innovar  solicitada a su favor, dando la instrucción de dejarlos libres. La orden fue recibida por la Policía de Investigaciones mientras iban en viaje en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas; los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las 7 personas que trasladaban con escasa vestimenta, sin dinero,  a pocas horas de oscurecer, en pleno desierto, abandonándolas a su suerte. 

La acción emprendida por SJM, busca evitar el trato vejatorio a las personas y que se respeten sus derechos en cualquier lugar.  “El Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado”, señala Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

Estas acciones “revisten caracteres de especial gravedad”, señala la denuncia interpuesta configurando “una evidente infracción al respeto de los derechos de las personas afectadas por ellos, y que deben ser tutelados por los órganos de la Administración del Estado”. Asimismo, según el escrito, se habrían violado normas internacionales que se encuentran incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que obligan al Estado de Chile, en relación con el trato que debe dispensar a las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos administrativos y policiales de expulsión. 

La denuncia también considera que se trata de una “afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto”. El documento, además especifica explícitamente que los funcionarios de la PDI, tras una orden de la Corte de Apelaciones de Arica, debían cumplir con su deber, señalando que en tanto funcionarios públicos, la gestión y costo del traslado a su ciudad de residencia debe  “ser de responsabilidad de los mismos órganos públicos que estaban a cargo del procedimiento, que en ningún caso podían desentenderse de él”. 

El abandono 

El día 22 de junio de 2021, en horas de la tarde, funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a diez personas de nacionalidad colombiana en la ciudad de Arica, XV Región, con la finalidad de ejecutar medidas de expulsión que habían sido dictadas en su contra, tras ser sancionados administrativamente por ingresar al país por paso no habilitado.

El SJM interpuso acciones de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Arica el mismo día, para impugnar la ilegalidad y arbitrariedad de las órdenes de expulsión que las afectaban, acompañada de una orden de no innovar mientras se resolvía el arbitrio, con el fin de suspender la ejecución de las sanciones y se detuviera la expulsión.  

El 23 de junio la Corte de Apelaciones de Arica se pronunció a favor de la orden de no innovar sobre 7 de las personas, y pasadas las 11.00 horas fue comunicada la decisión. Los funcionarios policiales, que los trasladaban en bus hacia Santiago, al recibir la notificación se encontraban a la altura de Chañaral, detuvieron el bus pasadas las 17:00 horas y los bajaron sin explicación, en plena autopista Panamericana Norte, abandonándolas a su suerte en medio del desierto, sin medios para retornar a Arica, sin dinero suficiente para pasajes y señalando que su traslado y cuidado ya no era responsabilidad de la Policía de Investigaciones.

Fuente: La Red.

En Chile existen 2,1 millones de personas que están en situación de pobreza (última encuesta Casen), personas invisibles que necesitan ser vistas en la nueva Constitución. Por eso, decidimos crear los #AnteojosParaVerAlOtrx, para este #MesdelaSolidaridad2021

#AnteojosParaVerlAlOtrx nace desde la Fundación Padre Hurtado como campaña para el Mes de la Solidaridad 2021, en conjunto con distintas obras sociales (Hogar de Cristo, Universidad Alberto Hurtado, INFOCAP, TECHO, Servicio Jesuita a Migrantes SJM) buscando asegurar en el proceso constituyente justicia y dignidad para aquellas personas en situación de pobreza, vulneradas y excluidas.

Para eso, la campaña les habla a todos los ciudadanos que elegimos a nuestros constituyentes, y a los mismos constituyentes que hoy tienen una gran responsabilidad, para que entre todos y todas declaremos que la nueva Constitución debe asegurar los derechos sociales de los más desvalidos.

¿Qué deben hacer en RRSS?

1. A partir del 4 de agosto, día de comienzo de la campaña, busca el filtro de #AnteojosParaVerAlOtrx en el siguiente link: https://www.instagram.com/ar/2033355796818243/
2. Ponte los lentes y graba un breve video señalando qué harás para reducir la situación de pobreza en Chile, y subirlo a las Historias de Instagram.
3. Mención: ¡Hola! Soy (nombre) Necesitamos que esta nueva constitución, se escriba mirando la realidad de las personas más pobres de Chile.  Por eso, creamos los Anteojos para ver al otro. Diseñados para que Chile entero en conjunto con nuestros constituyentes no pierdan de vista a las personas más vulnerables a la hora de redactar el futuro de Chile.  Busca el filtro y etiqueta a tu constituyente para recordarle que, si hay algo que puede transformar el mundo, es ver el mundo del otro.  
4. Etiqueta a @padre_hurtado y usa el hashtag #AnteojosParaVerAlOtrx.

¡Es muy fácil este Challenge! ¿Te animas a realizarlo con nosotros?

El terremoto que devastó la nación caribeña en 2010 originó un éxodo que sigue en movimiento, con decenas de miles de migrantes atascados en Colombia o México que provienen de Brasil y Chile

La migración haitiana deambula desde hace una década por América Latina y ha vuelto a hacerse visible en un lugar inhóspito: la selvática frontera entre Colombia y Panamá. Miles de migrantes atascados han convertido el municipio colombiano de Necoclí en un embudo antes de adentrarse en el istmo por el Tapón del Darién y seguir su trayecto por Centroamérica hacia el norte, con Estados Unidos como el destino anhelado y México como nuevo territorio de acogida para el éxodo de esa nación caribeña. Esta crisis con números inéditos ha puesto en evidencia la peregrinación de una población que atraviesa el continente, mientras Haití se mantiene sumido en otro pico de inestabilidad, uno más, luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse.

Tanto Colombia como Panamá son solo países de tránsito, coinciden las autoridades. Aunque el número de haitianos en esa frontera palidece frente a la diáspora venezolana, que se cuenta por millones, constituye un flujo constante de decenas de miles de migrantes irregulares que llegan no desde el Caribe sino desde el sur del continente, principalmente de Brasil y de Chile, adonde huyeron después del terremoto de 2010. En esa ruta riesgosa a través del Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo, son acompañados en menor medida por cubanos, asiáticos y africanos, la llamada “migración extracontinental”.

Llegan desde la porosa frontera con Ecuador, y Migración Colombia insiste en que no es un fenómeno nuevo sino un flujo histórico que ha tenido picos de más de 35.000 personas en un año. Sin embargo, la dependencia reconoce como “alarmantes” los números actuales, que superan por mucho esos antecedentes. En lo que va del año, las autoridades panameñas registraron a 46.000 personas por esa frontera, 18.000 solo en julio. Más de 20.000 aparecen como haitianos, de lejos en primer lugar, seguidos por 8.000 cubanos. Pero la proporción en realidad es mayor: en los registros figuran 1.500 ciudadanos brasileños y cerca de 3.000 chilenos que en realidad corresponden a hijos de haitianos nacidos en esos países, que acogieron las primeras oleadas del éxodo posterremoto, presumiblemente menores de 11 años.

La tupida selva panameña tiene una época seca, de octubre a marzo, y es lluviosa el resto del año. Los migrantes suelen atravesar el Darién en la temporada seca para evitar peligros adicionales como la crecida de los ríos y los terrenos fangosos, explica desde Panamá Santiago Paz, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Este año, aún en esta época lluviosa en que nos encontramos, se siguen incrementando los flujos”, advierte.

El terremoto migratorio

Aunque la inestabilidad es recurrente en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, el éxodo tiene un disparador claro: el devastador terremoto del 12 de enero de 2010. Desde entonces, los haitianos han migrado a Sudamérica, principalmente a Brasil, que en aquel momento estaba sediento de mano de obra para construir las infraestructuras del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Al gigante sudamericano llegaron principalmente por los Estados de Acre y Amazonas, en el norte del país. Hasta agosto de 2020, eran más de 143.000, con fuerte presencia en São Paulo y Rio Grande do Sul, en la frontera con Argentina. La mayoría obtuvo residencia permanente por razones humanitarias y los haitianos se convirtieron en una de las mayores comunidades de inmigrantes y refugiados hasta que fueron sobrepasados por los venezolanos en 2018.

La pandemia, sin embargo, redujo ese flujo. Sin oportunidades de trabajo y con la economía parada, muchos han tratado de moverse a otros países y el número de pedidos de residencia y refugio cayó, según datos del Departamento de Inmigración del Ministerio de Justicia brasileño. En 2020 se registran 6.613 pedidos de refugio, 40% menos que el año anterior.

Chile, con una economía dinámica —al menos en números macroeconómicos—, se convirtió en el siguiente destino de muchos de ellos. Pero en la última década, los haitianos que emigraron al país austral han comenzado a abandonarlo también rumbo al norte. Aunque no existen datos oficiales, Carlos Figueroa, del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), confirma el éxodo. “Hemos estado conversando con organizaciones en Chile y en otros lugares de Latinoamérica. Reportes del Gobierno de Nicaragua indican que el 76% de la población haitiana que llega a ese país proviene de Chile. Es un hecho”, asegura Figueroa, quien trabaja en la promoción de la dignidad y los derechos de migrantes y refugiados.

Es una tendencia que se advierte en la misma comunidad haitiana. Jean Claude Pierre-Paul, un trabajador social haitiano que llegó a Chile en 2008, antes que comenzara la llegada masiva en 2014-2015, asegura: “Mis compatriotas se dirigen a la frontera de México y Estados Unidos. Hacen una ruta Chile, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras hasta llegar a México”, explica Pierre-Paul, activista por los derechos humanos y miembro del Espacio de Reflexión Haití-Chile. Pierre-Paul denuncia que hoy los migrantes tardan de tres a cuatro años en obtener una permanencia definitiva en el país. “En Chile, ninguna otra institución del Estado se toma tanto tiempo en responder una solicitud”, asegura.

De acuerdo con datos oficiales, en Chile residen más de 1,4 millones de extranjeros. La comunidad haitiana representa el 12,5% y se ubica en tercer lugar luego de la venezolana (30,7%) y la peruana (16,3%). Según el Servicio Jesuita a Migrantes, los haitianos que han salido del país representan un mayor número que los que entraron tanto en 2019 y 2020 como en los primeros cuatro meses de 2021. Es una tendencia que no se había registrado desde 2010.

La socióloga María Emilia Tijoux, académica de la Universidad de Chile, asegura que durante años los extranjeros lo consideraron un lugar interesante para vivir, pero actualmente “hay personas que se están yendo, porque el país produce miedo”, según las entrevistas que han realizado y la información que obtienen de la misma comunidad haitiana. Para Tijoux, “la sociedad chilena en general evalúa negativamente a las personas migrantes” y “la comunidad haitiana ha sido especialmente castigada y sometida a maltratos y abusos de todo tipo”. Los que se quedan, dice, “saben que deben resistir a un modo de ser nacional y racista”, afirma.

Entre los factores que han obstaculizado la inclusión de los haitianos en la sociedad chilena, Figueroa, el investigador del Servicio Jesuita, apunta a la discriminación, a las dificultades para conseguir un trabajo digno ­—consiguen empleos que suelen ser precarios en comparación con otras nacionalidades— y a los problemas para regularizar sus papeles, porque el Gobierno pide un documento de antecedentes penales que resulta especialmente complejo de conseguir para los haitianos.

El nuevo flujo migratorio hacia el norte parece impulsado por amigos y parientes que les hablan de las bondades de vivir en países desarrollados como EE UU o Canadá. Pero nadie les explica los enormes riesgos del trayecto. Además de miles de kilómetros de carretera, el recorrido abarca grupos armados, trata de personas y días caminando en una selva húmeda plagada de animales e insectos. La OIM prepara una campaña regional en creole, “parle verité” (habla con la verdad), con testimonios que alertan sobre los peligros a los que se enfrentan.

⇲ Menores, en aumento

El paso de Darién, entre Colombia y Panamá, es el cuello de botella por el que cruzan tarde o temprano una mayoría de los migrantes de origen haitiano que se dirigen a los Estados Unidos. A medida que el inicio de la pandemia quedaba atrás, el tráfico irregular por esta frontera se ha ido recuperando hasta alcanzar niveles que rondan las 300 detenciones diarias. De las más de 28.000 que se cuentan desde el primero de enero, alrededor de 20.000 vienen de Haití; 8.000, de Cuba. Como se ha visto anteriormente, además, una buena parte de los que transitan desde Sudamérica (Brasil o Chile) tienen en última instancia un origen haitiano. Y, cada vez más, son menores de edad.

En enero de 2021 apenas 204 menores fueron identificados en tránsito irregular por Darién. En febrero eran 364. Pero en julio la cifra rozó los 3.000. Más de 1 de cada 5 de los pasos no regulares corresponden a menores de edad, reproduciendo un patrón que ya se ha observado en otras fronteras latinoamericanas (particularmente, en las mexicanas), y con un detonante original igualmente complejo.

México, un nuevo destino

En el cada vez más difícil camino para llegar a Estados Unidos, México se está convirtiendo en un nuevo lugar de acogida. Según las estadísticas de la Comisión de Ayuda al Refugiado de México (Comar), a finales de julio 13.253 haitianos habían pedido asilo, a los que se suman, de nuevo, más de 1.700 personas registradas en las estadísticas como chilenas y más de 1.000 como brasileñas que, en realidad, son hijos de haitianos nacidos en esos dos países.

“Pensamos que al final del año vamos a tener cifras impresionantes de haitianos”, le dice a EL PAÍS Andrés Ramírez, titular de la Comar. “Yo hubiera pensado que con el magnicidio del presidente Moïse iba a haber una salida importante de haitianos. Pero la gente que sigue llegando a México no llega de Haití. Son los que estaban en Chile, los que estaban en Brasil. Con los recursos que lograron tras haber estado varios años trabajando y viviendo en estos países tienen más posibilidades de poder salir y fluir hacia el norte en momentos en que la economía brasileña y la situación en Chile han empeorado considerablemente”, explica.

En 2019, México pasó de ser casi exclusivamente un país de tránsito de migrantes hacia EE UU a convertirse también en uno de acogida. Este año, las autoridades mexicanas esperan superar la cifra inédita de las 100.000 solicitudes de asilo, algo que Ramírez achaca a las políticas más restrictivas de Washington de los últimos años y a las redes de apoyo que van estableciendo para los migrantes en México. Los haitianos son la segunda nacionalidad de origen de los que piden protección, solo superados por los hondureños.

Según Dana Graeber, jefa de la misión en México de la OIM, muchos tienen familiares o amigos ya establecidos en el país, si bien EE UU sigue siendo el objetivo final para buena parte de ellos. Su organismo comenzó a detectar un incremento en la llegada de haitianos en mayo, cuando “coincidieron menos restricciones en las fronteras con una perspectiva un poco más positiva [hacia los migrantes] por la llegada de la administración de Biden” y el empeoramiento de la situación de los países donde estaban viviendo en los últimos años.

México se convirtió en país de destino para los haitianos en 2017. A finales de 2016, Washington levantó una exención de deportaciones para los migrantes de ese país que había establecido después del terremoto de 2010 y que hacía que los que llegaban indocumentados no pudieran ser expulsados. Eso provocó que muchos se quedaran varados en la frontera norte de México, especialmente en Tijuana, donde con los años se ha establecido una nutrida comunidad haitiana que encuentra oportunidades de empleo en la industria maquiladora. Pero este año, la Comar está detectando la llegada sin precedentes de haitianos a buscar refugio en la frontera sur, en Tapachula, en Chiapas, el Estado “más pobre” de México y con menos capacidad para recibir a esta población. “La situación es muy difícil porque los albergues o están cerrados o están en baja capacidad y todos están sobresaturados”, explica Graeber. Otro nudo crítico en América Latina.

Fuente: El País.

El gobierno chileno nuevamente concreto la expulsión de migrantes peruanos y bolivianos en un vuelo charter y que obedece a la estrategia para desmotivar la migración al país, tal como viene sucediendo en las últimas semanas.

Según se informó se trató de 77 extranjeros que fueron devueltos a sus países de origen por ingresar por pasos clandestinos o por haber cometido delitos relacionados con drogas, robo, tráfico de migrantes y delitos sexuales.

Hasta la fecha, 547 personas ya han sido deportadas en cinco vuelos rentados por el gobierno gracias a una nueva y estricta ley de migración impulsada por Sebastián Piñera y que se promulgó en abril bajo el concepto de “ordenar la casa”. La norma obliga a los extranjeros a obtener la documentación de ingreso a Chile, en sus países de origen.

Al respecto, Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes,señaló que en tras la expulsión de personas migrantes de este miércoles han vuelto a observar irregularidades ejemplificadas en personas que a pesar de no tener antecedentes, el gobierno insiste en expulsar sin un debido proceso. “Este hecho sigue confundiendo a la opinión pública y lleva a una opinión incorrecta a la ciudadanía. Como SJM, hemos presentado un recurso de protección por una persona sin antecedentes penales y que lleva en Chile 15 años trabajando de forma honrada y manteniendo a su familia en Perú”, señaló Ureta. Agregó la directora de SJM que como servicio les surgen dudas respecto de la información oficial del gobierno, donde se indicó que 66 personas expulsadas provenían de cárceles y que cumplían condenas. Sin embargo, aseguró que persisten dudas respecto de cuáles fueron las condiciones que se dieron para la expulsión de las 11 restantes que no tenían antecedentes penales.

Cabe mencionar que hace algunos días Human Rights Watch solicitó al gobierno de Chile que ponga fin a las deportaciones masivas de ciudadanos venezolanos, aduciendo en muchos casos la falta de un debido proceso, antes de cada expulsión.

Fuente: La Red.

A fines de julio pasado, los 19 niñas y niños de entre 8 y 12 años, dieron por cerrada esta experiencia en que compartieron sus historias de vida y procesos migratorios en un espacio seguro, cuidado y respetuoso.  

Exploradores, iniciativa estrenada en mayo pasado, se desarrolló de forma online a través de un encuentro semanal en que los participantes se dividieron en cuatro grupo más pequeños, a ello se sumó un encuentro quincenal presencial, dónde todos ellos y ellas pudieron reforzar conceptos como identidad, familia, territorio, mientras se afianzaban sus lazos de amistad. 

“Esta experiencia fue muy importante para mí porque me pude expresar sin miedo y sin todas las reglas que hay en las escuelas. Me sentí libre de ser quien soy y feliz de conocer a mis nuevos amigos”, dijo Michelle, de 11 años, que viene de Venezuela.   

Para la responsable del Área de Educación en SJM Antofagasta, Claudia León,  “el proyecto piloto de Exploradores resultó ser muy enriquecedor, no sólo en cuanto al encuentro y espacios de diálogo generados entre niños y niñas migrantes, sino en cuanto a la validación de los procesos de aprendizajes desde el juego y el arte. Los y las niñas se sintieron muy cómodos y valoraron mucho el aprender en un espacio divertido y con pares, que viven en su día a día la diversidad cultural. Hay que destacar además que este proyecto nos permitió realizar un trabajo conjunto entre las áreas Social y de Educación, desarrollando un labor integral con las familias de los niñas y niños”.  

Exploradores superó el desafío de la pandemia, al generar relaciones significativas para cada uno de los niños, niñas y adolescentes que participaron, tras este buen resultado el equipo del SJM de Antofagasta tiene confianza en replicar la experiencia en el 2022.

Para el desarrollo de las actividades contamos con la colaboración de cuatro voluntarias y cuatro estudiantes de Psicología y Trabajo Social de las universidades de Antofagasta, Católica del Norte y CEDUC, quienes realizan su práctica profesional con nosotros.  

“La experiencia de ser mediador dentro del proyecto Exploradores fue estimulante frente al trabajo con las habilidades sociales, además de revelador en relación a las vivencias de las familias, y en especial de los niños, niñas y jóvenes participantes. El proyecto nos otorgó la oportunidad de poder aportar al desarrollo socioemocional de los y las niñas y su entorno familiar, además de enriquecernos a nosotros mismos como seres humanos, a través de la capacidad de empatizar con la vivencia migrante”, comentó Juan Álvarez, practicante CEDUC.   

Exploradores se enmarca en el programa Niñez Migrante Protegida que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) desarrolla junto a la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Lee también:
– Proyecto de SJM y Subsecretaria de la Niñez: Los Exploradores comienzan sus aventuras en Antofagasta

Fuente: SJM Antofagasta.
Foto: SJM Antofagasta.

El director de estudios e incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes explica que un artículo transitorio vigente de la nueva ley de migración dice que personas sin antecedentes penales que hayan ingresado por pasos no habilitados a Chile tienen 180 días para salir sin sanción, y el gobierno hace caso omiso de ello.

Por Rodrigo Alcaíno Padilla

Respecto a las expulsiones colectivas de migrantes que ha realizado el gobierno, y que fueron criticadas por Human Rights Watch, Carlos Figueroa, director de estudios e incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes sostuvo que “la nueva ley de migración, que no ha entrado en vigencia, sí tiene un artículo transitorio vigente y que dice que todas las personas sin antecedentes penales que hayan ingresado por pasos no habilitados a Chile van a tener 180 días para salir del país sin sanción. Y el gran problema es que el gobierno está haciendo caso omiso a esa ley, los está expulsando (es una sanción expulsar) y por lo tanto está haciendo un acto arbitrario e ilegal“.

En diálogo con Sin Tacos Ni Corbata agregó que “estamos frente a un gobierno que está siendo indolente frente a la situación humanitaria que viven muchos venezolanos, por ejemplo que vienen escapando un conflicto, pero también un gobierno al borde de estar cometiendo una violación importante a los derechos humanos de cientos de migrantes que están en Chile y que tienen la oportunidad legal de salir del país, y que el gobierno no se la está dando”.

Figueroa señaló que se han reunido con el subsecretario Galli, “y le hemos dicho innumerables veces ya que el gobierno está incumpliendo la ley al generalizar y al generar expulsiones colectivas de migrantes. Esto lo ha hecho ver no solamente Human Rights Watch, sino también lo hizo ver el Alto Comisionado de DDHH, la Corte Interamericana de DDHH, la Corte Suprema chilena, el INDH, la Defensoría de la Niñez”.

Según los datos que compartió Figueroa, las políticas restrictivas hacia migrantes de Venezuela y Haití han aumentado los ingresos de migrantes por pasos no habilitados, que han ido de 8 mil a 16 mil el año pasado, cifra esta última que se repite en lo que va de 2021.

Fuente: Radio Usach

El Instituto Nacional de Estadísticas cifró en 1,4 millones la población de extranjeros residentes en Chile hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto representa un aumento del 0,8% en el último año, liderado principalmente por la población migrante proveniente de Venezuela con más del 30,7%, transformándola, por segundo año consecutivo, en la mayor colonia residente en Chile

Frente a eso, este jueves en Conexión Tele13, Ramón Ulloa y Kike Mujica conversaron con Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), quien aseguró que “la migración no solamente ha aumentado en cantidad el último año, sino que en las diversidades de los flujos migratorios”.

En cuanto a las expulsiones de los migrantes que ingresan a Chile de forma irregular, Ureta lamentó que el Gobierno no haya revertido la medida y aseguró que se trata de un hecho “ilegal dado que contraviene el derecho internacional. Las expulsiones colectivas como se han dado hasta ahora no consideran el debido proceso, y eso para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional es ilegal”.

En esa línea, la directora del SJM aseguró que es importante distinguir el perfil de las personas que hoy están siendo expulsadas y la legislación debe analizar los casos de forma individual, ya que “las personas tienen el derecho a ser defendidas por abogados, también de demostrar que haya vínculos familiares”.

“Lo que debieran hacer los países de la región que reciben altos flujos migratorios, deberían mancomunar esfuerzos”, afirmó Ureta. Esto, porque a su juicio, “nadie deja colegios, trabajo amigos, familias, sus vidas enteras, sus biografías por transitar por el desierto, cruzar cinco países y exponerse a todos los riesgos, por gusto”.

“Hay un drama humano detrás que hay que considerar”, cerró.

Fuente: T13 Radio.

«Se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy la ley vigente”, dijo el subsecretario del Interior tras el emplazamiento de Human Rights Watch para terminar con las expulsiones de migrantes venezolanos del país, una respuesta que fue cuestionada desde la ONG.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), respondió al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien este jueves sostuvo que terminar con las deportaciones de migrantes venezolanos “sería renunciar a cumplir la ley en Chile”.

“Se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día la ley vigente”, dijo el funcionario de La Moneda.

Galli complementó sus declaraciones asegurando que también es importante acoger la normativa que pronto estará operativa. “La ley nueva, que va a entrar vigencia dentro de poco tiempo. Establece la expulsión como un resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, Vivanco a través de su cuenta de Twitter sostuvo que “el subsecretario Galli no ha leído correctamente nuestro informe sobre deportaciones de Chile”.

“No estamos pidiendo terminar con las deportaciones de extranjeros de Chile, sobre todo en el caso de condenados por un delito, como prevé la legislación. Pedimos terminar con las deportaciones sumarias que violan el debido proceso”, agregó.

Asimismo, Vivanco detalló que algunas violaciones al debido proceso que se consignan en el informe son: Autodenuncias usadas como la principal prueba para deportar; No se examinan circunstancias individuales en cada caso; Órdenes de expulsión tienen un lenguaje idéntico; Deportaciones en fines de semana, lo cual limita los recursos judiciales; Separación de familias.

Adicionalmente, el representante de HRW argumentó que “la Corte Suprema y numerosas cortes de apelaciones chilenas e instancias de la ONU, como ACNUR, OIM, UNICEF y el Relator sobre los DDHH de los Migrantes, también han criticado estos procedimientos”.

“Además, ayer el Senado chileno solicitó al Presidente Piñera instruir al ministro del Interior a ‘detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel internacional y promover el debido proceso en esta materia’”, complementó.

Finalmente, Vivanco valoró “que el subsecretario Galli dijera que ‘si hay que corregir, lo haremos’. Hay que corregir. Estamos a disposición para dialogar con las autoridades para impulsar políticas públicas que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos en temas migratorios”, aseguró.

Fuente: El Desconcierto / Agencia Uno