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En Chile se desarrolló el Evento Ministerial del Proceso Cartagena +40 para conocer la hoja de ruta de los próximos 10 años en relación a la protección a las personas desplazadas, refugiadas y apátridas en América Latina y el Caribe.

La abogada del Servicio Jesuita a Migrantes, Constanza Castillo, expuso en representación de las organizaciones de la sociedad civil de Chile y de las Redes regionales: Coalición LAC RMD, GAR-PAB, Red Clamor y Red Jesuita con Migrantes.

Excelentísimos representantes de los Estados, delegados de la Cancillería de Chile, Secretaría Técnica, agencias de Naciones Unidas, academia y organizaciones lideradas por personas refugiadas, reciban un cordial saludo en representación de las vocerías de las organizaciones de la sociedad civil de Chile y de las Redes regionales: Coalición LAC RMD, GAR-PAB, Red Clamor y Red Jesuita con Migrantes. Agradecemos este espacio de interlocución que fortalece el espíritu de cooperación y corresponsabilidad que define el Proceso de Cartagena desde hace 40 años.

Para nosotros la Declaración y el Plan de Acción de Chile son una oportunidad para impactar positivamente la vida de millones de personas en la región. Esperamos se mantenga el apoyo y voluntad política para la implementación efectiva del PAC, con el apoyo de los diversos actores que hemos hecho parte de este proceso.     

Celebramos los logros alcanzados hasta esta etapa y entre ellos quisiéramos destacar:

1. La promoción de la descentralización de los sistemas de asilo y la articulación de unidades móviles en zonas fronterizas o de difícil alcance donde haya afluencia de personas solicitantes de asilo.
2. El reconocimiento de la importancia de los procedimientos prima facie en la simplificación de procesos para los Estados y las garantías para las personas que requieren protección internacional.
3. La ampliación y flexibilización de las medidas dirigidas a asegurar el principio de unidad familiar a través de mecanismos de reunificación familiar accesibles, y procesos acelerados y eficaces.
4. La inclusión de las comunidades de acogida y las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en el diseño e implementación de las políticas de integración para identificar los retos que enfrentan y las vías idóneas para abordarlos.
5. La posibilidad de acceso a territorio y procedimientos de refugio para las personas desplazadas por los efectos adversos del cambio climático y desastres socioambientales.

Estos avances reafirman el compromiso de los Estados y de las distintas partes interesadas para asumir de manera coordinada los desafíos que enfrentan las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en nuestra región.

A pesar de estos logros significativos, no queremos desaprovechar la ocasión de compartir las áreas de oportunidad en las que consideramos que nuestro apoyo como sociedad civil puede ser diferencial:

1. Protección integral: persisten barreras en el acceso a derechos básicos como documentación, salud, educación y empleo formal​​. Nuestro conocimiento y vinculación con las comunidades nos permite adoptar respuestas más oportunas e integrales mediante un enfoque transfronterizo.
2. Coordinación regional: aunque se han articulado mecanismos regionales, es preciso una mayor articulación para evitar la duplicación de esfuerzos y optimizar los recursos disponibles​. El ritmo de trabajo entre los diversos mecanismos debe ser proporcional al contexto dinámico del desplazamiento que vive nuestra región.
3. Seguimiento y rendición de cuentas: es indispensable articular un mecanismo que permita sostener los esfuerzos que actualmente estamos retomando cada 10 años. Para ello sugerimos definir indicadores de resultados que hayan sido construidos con la participación sustantiva de todos los actores, especialmente de las personas desplazadas y ONG, basados en estándares de derechos humanos, para tener un seguimiento transparente e integral del Plan de Acción de Chile.

Finalmente, nos complace especialmente la incorporación de un mecanismo de seguimiento y coordinación en el Plan de Acción como lo hemos transmitido en las diferentes consultas. Consideramos indispensable este instrumento para habilitar un rol activo y significativo de las organizaciones lideradas por personas refugiadas, desplazadas y apátridas y de la sociedad civil en la toma de decisiones.

En ese sentido, quisiéramos compartir algunas contribuciones para garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de seguimiento:

1. Incorporar de manera permanente a las organizaciones lideradas por personas refugiadas y de la sociedad civil dentro de su estructura de gobernanza desde la planificación hasta la evaluación, garantizando que sus aportes sean considerados en la implementación y seguimiento de políticas y conservar el carácter público, democrático y progresivo del espíritu de protección del Proceso.
2. Trascender el seguimiento y actualización de políticas de planes de acción ejecutados anteriormente mediante la agenda de localización y rendición de cuentas a las comunidades afectadas. Este enfoque supone eliminar las barreras existentes para la participación significativa de las organizaciones lideradas por personas refugiadas, desplazadas y apátridas incluyendo su formalización.
3. Incorporar capítulos país en el mecanismo de seguimiento para disponer de información basada en evidencia sobre las buenas prácticas, desafíos y lecciones aprendidas en la implementación efectiva de la Declaración de Cartagena.

Este aniversario nos invita a renovar el compromiso de Cartagena y adaptarlo a los desafíos actuales. Desde la historia, experiencia y acompañamiento a personas desplazadas, refugiadas y apátridas, las organizaciones y redes de sociedad civil, tenemos el gusto de informar a los Estados que estamos interesados en apoyar y participar activamente en el mecanismo de seguimiento, en línea con el whole-of-society approach, el cual orienta otros procesos como el del Pacto Mundial de Refugiados y presentaremos una propuesta para su funcionamiento en los próximos días, para continuar este diálogo tan fructífero que mantenemos desde hace ya 40 años.

Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos nuestra disposición a trabajar junto a ustedes para construir un futuro en el que la dignidad, la protección y la inclusión sean garantizadas para todas las personas desplazadas, refugiadas y apátridas. Es nuestra responsabilidad histórica transformar este plan en acciones concretas y sostenibles para que Cartagena+40 sea un referente global de solidaridad y corresponsabilidad.