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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) manifiesta la necesidad de que el Estado de Chile adopte medidas desde una perspectiva humanitaria y de protección respecto de las personas venezolanas llegadas a la zona fronteriza de la región de Tarapacá. Se trata, tal como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos internacionales, de personas cuya situación se enmarca dentro de la definición de refugiados y en consecuencia se les debe otorgar la protección que de acuerdo a la ley corresponde aplicar

El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma. 

La autoridad llama a utilizar cauces regulares para ingresar a Chile, sin embargo, estos casi no existen hoy para la población venezolana. Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%. 

Las expulsiones en 24 horas que se han anunciado, no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa, y así lo han sostenido los tribunales de justicia nacionales en innumerables ocasiones. 

Las personas cruzan el continente, entre ellas niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. Ponen en riesgo su vida, porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia, su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir.

Ejemplos como el dado ayer por el Presidente de Colombia, Iván Duque, que lejos de expulsar a las personas venezolanas les otorga un Estatuto de Protección Temporal, debe llevarnos a dimensionar la gravedad de esta crisis y sobre todo la manera en que ella debe ser enfrentada.

Waleska Ureta Cañas 

Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes

En Esto no es Plaza Italia hablamos de la compleja situación migratoria que se vive en el norte de Chile.

Esta mañana viajó rumbo a Colchane el ministro del Interior Rodrigo Delgado, en compañía de sus pares de Defensa y Relaciones Exteriores. La visita oficial se enmarca dentro de crisis humanitaria que vive la ciudad producto de la llegada masiva de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, por pasos no habilitados.

Marco Silva conversó con Waleska Ureta, director del Servicio Jesuita a Migrantes, quien se refirió a este tema.

“Las personas salen y buscan donde poder subsistir, y mientras no se resuelva la crisis en Venezuela esto va a seguir ocurriendo”.

Ureta, indicó que “es relevante que se asuma y se reconozca que esta es una crisis humanitaria que trasciende al tema migratorio. Solamente con dispositivos o con medidas en línea migratoria o control de fronteras, esto no se va a resolver”.

Agregó que “nosotros hemos venido planteando que dado que es un crisis migratoria que está viviendo Venezuela, los países de acogida o receptores de este flujo, debiesen tener una respuesta humanitaria, acorde a lo que está sucediendo en el país de origen”. En ese sentido, enfatizó que “es importante reconocer que nadie por gusto transita el desierto, con la geografía que tiene, con el clima, para poder llegar a otro país por gusto o por turismo”. “Más allá de las cifras, hay personas detrás de esto, que lo están pasando mal”.

Escucha la entrevista completa, acá:

Fuente: Radio Oasis

“Esta migración va a seguir mientras no se resuelvan los problemas en ese país (Venezuela)”, advirtió Waleska Ureta.

La directora del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la psicóloga Waleska Ureta, se refirió a la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile.

“La información que tenemos nosotros hoy es que ha evolucionado en términos de la acogida y de poder instalar ciertas condiciones mínimas para recibir a estas personas, desde organismos internacionales como la OIM”, dijo en ADN Hoy.

Asimismo, sostuvo: “Si se endurecen las medidas no se resuelve el problema. Venimos diciendo hace tiempo que esta es una crisis humanitaria y no se puede resolver solo desde el punto de vista migratorio“.

“Esta migración va a seguir mientras no se resuelvan los problemas en ese país (Venezuela). La respuesta no solamente es desde Chile, debe ser mancomunada, planificada regionalmente, con los países donde está llegando este flujo alto de personas desde Venezuela“, indicó.

“También hay que entender que son personas que no quieren salir de sus lugares de origen“, destacó, señalando que “no es por gusto que deciden dejar a sus familias, colegios, trabajos, casas, amigos, vida entera en tu país, por querer cruzar cinco o cuatro países en la frontera, pasarlo pésimo (…) Es una migración forzada, muy desesperada”.

“Es un desafío que como país vamos a tener que enfrentar, el elevado número de irregularidad. Esto no va a cesar mientras la crisis no se resuelva (…) Es relevante que la ley esté a la altura. Las leyes de migración deben ser dinámicas también, para ir enfrentando las distintas coyunturas que van sucediendo”, concluyó.

Fuente: Radio ADN

“Es una crisis humanitaria la que se está viviendo en este norte”, señaló la encargada del Servicio Jesuita a Migrantes en Arica y Parinacota.

La jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Arica y Parinacota, Javiera Cerda, explicó que si se ponen mayores trabas en las fronteras, como el control de las Fuerzas Armadas, solo hará que “la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando”.

Tras la publicación del decreto 265, que faculta a las Fuerzas Armadas en la ayuda del control fronterizo, se comenzaron las acciones por parte del Gobierno para ordenar la migración en la zona norte del país, específicamente en Colchane, donde se duplicó la dotación de Carabineros y de personal del Ejército. 

La jefa regional del SJM señaló que “si uno pone más requisitos” en las fronteras “va a aumentar que la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando”.

Además, cuestionó la construcción de mayores trabas en la frontera, como zanjas o muros, ya que estas situaciones “no la va a detener en su totalidad” y que “que vaya Fuerzas Especiales (de Carabineros) lo hace un poco más relacionarse que la migración se puedan criminalizar las fronteras, que tampoco es la idea”.

“Lo hemos visto a nivel mundial, la migración no se paraliza sino que agrava más los procesos“, reflexionó. 

Cerda también detalló lo que se vive en la zona de Tarapacá: “es una crisis humanitaria” y no solo migratoria, debido a la situación social y sanitaria en Venezuela y agregó que actualmente no cuentan con cifras oficiales, pero que el número de extranjeros que están en la zona actualmente puede llegar a 4.000.

Fuente: Radio Cooperativa

En pleno altiplano chileno, a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, se encuentra una pequeña comuna de unas 1.700 personas, cuya población se ha duplicado en los últimos años.

Pero el súbito crecimiento poblacional no se debe a una explosión de natalidad, sino a una crisis migratoria sin precedentes en una zona conocida como “la gran tierra de los Aymaras”.

El detonante de la crisis que afecta a la localidad de Colchane fue la llegada repentina de cientos de migrantes el 1 de febrero, y la misma fue agudizada por la muerte de dos migrantes -un venezolano y una colombiana- en la madrugada del miércoles.

Se baraja que ambos murieron como consecuencia de las bajas temperaturas de la zona.

La frontera que divide a Colchane de Pisiga, en Bolivia, es una zona que se encuentra a más de 3.600 de altitud y donde no es raro que los termómetros caigan a cero en esta época del año.

Pero ni las temperaturas extremas ni mucho menos la pandemia de covid-19 han detenido el flujo de migrantes, que en su mayoría proviene de Venezuela.

“Estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias. Nos encontramos hoy día con 1.800 inmigrantes. La mayor concentración se encuentra en la localidad capital de Conchane, donde habitan 300 personas”, dice a BBC Mundo el alcalde de la comuna, Javier García.

“Por tanto, se ha producido un colapso sin precedentes en el poblado. Esta ola incluye 235 niños, que están ocupando todos los espacios públicos”, prosigue.

El censo de 2017 arrojó que 1.728 personas vivían en la comuna ese año.

“Esto ya sobrepasó cualquier límite”

El alcalde señala que su municipalidad no cuenta con la infraestructura para acoger a tal cantidad de personas.

“La comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí”.

Para David Vargas, un sacerdote familiarizado con el tema migratorio en el norte de Chile, la situación ha cambiado “muchísimo” y en los últimos días “ha dejado de ser normal”.

“Estamos ante una alerta humanitaria. Esto ya sobrepasó cualquier límite. La cantidad de venezolanos, bolivianos y hasta peruanos que ingresan por pasos no habilitados es enorme”, le dice a BBC Mundo desde Calama, en la región vecina de Antofagasta.

“La situación en sus países es tan compleja que prefieren pasar por más situaciones inhumanas para llegar a Chile y así tratar de mejorar su calidad de vida”, prosigue.

Xenofobia

A mediados de enero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, y el mismo fue publicado en el Diario Oficial a finales de esta semana.

Y el jueves, además de anunciar la elaboración de un plan para mitigar la situación en Colchane y la inmediata duplicación del personal de Carabineros y del ejército en la zona, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, recordó que el decreto también les da a las autoridades “herramientas en materia de expulsión inmediata“.

“Hoy cruzar la frontera no está tipificado como delito, pero con la nueva ley sí está tipificado como delito”, explicó.

Delgado viajará a Colchane la próxima semana con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para estudiar la situación y anunciar nuevas medidas.

Vargas, sin embargo, critica las decisiones anunciadas y asegura que es injusto que en “una crisis humanitaria de tal magnitud” las autoridades quieran condenar y perseguir a personas que vienen huyendo de la miseria en lugar de “verlo por el lado humanitario”.

El sacerdote también denuncia que la decisión ha contribuido a que se generen maltratos y actos de xenofobia.

“Ahorita estoy viendo mucha xenofobia en contra de los migrantes que están llegando. El ataque hacia los migrantes es alarmante. Yo mismo he tratado de ayudar a los venezolanos y me han agredido, pero al final ya estoy acostumbrado a esto”, dice.

“Esta gente ahora necesita la solidaridad de todos nosotros”.

Buscando un mejor nivel de vida y seguridad

Según Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, lo vivido las últimas semanas en Colchane y otros puntos del norte de Chile no es nuevo.

“Ahora se ha agravado el fenómeno del ingreso por paso no habilitado, pero esto viene dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19″, explica en entrevista con BBC Mundo.

Ureta destaca que los migrantes que han llegado en los últimos años poseen perfiles bastante diversos en cuanto a formación y origen socioeconómico.

“Lo que los unifica es la urgencia de encontrar un mejor nivel de vida y seguridad”, añade.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el 2019 los principales colectivos de extranjeros residentes en Chile provenían de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).

Coronavirus

Por otra parte, registros del Servicio Jesuita a Migrantes apuntan que la mayoría de los ingresados por pasos no habilitados tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia son venezolanos (72%).

La mayoría de los recién llegados acampa en plazas o vive a la intemperie y el alcalde Javier García indica que una de sus grandes preocupaciones es precisamente el avance del coronavirus.

“Estamos frente a un posible y eventual foco de infecciones, ya que los inmigrantes están aglomerados en masa, sin las condiciones mínimas. También con las bajas temperaturas es más posible que se propaguen enfermedades respiratorias, lo cual pone en peligro la salud de los pobladores”, precisa.

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, asegura que el coronavirus es precisamente “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar pasar a los migrantes.

“Ellos quisieran avanzar hacia el centro o hacia el sur de Chile pero están contenidos ahí por las autoridades chilenas con el pretexto del covid y luego con la excusa de que no los pueden llevar a otros lugares. Eso por supuesto ha generado conflictos en la zona con los locales”, dice en conversación telefónica con BBC Mundo.

“Los venezolanos son las verdaderas víctimas”

Noriega alega que si bien todos los Estados son soberanos y están en su derecho de establecer restricciones este tema debería ser manejado de manera diferente.

“Estamos hablando de niños que quieren reunirse con sus familias, de mujeres desamparadas. El Estado tiene que desmilitarizar la frontera. Ellos mismos se dan cuenta de que han retenido probablemente con medios bélicos a grupos de migrantes y que la situación no es acorde con el derecho interno chileno“.

El alcalde de Colchane le pide a las autoridades centrales que trasladen de manera urgente a los 1.800 migrantes que se encuentran varados a ciudades con mejores condiciones y que inicien “de inmediato” un diálogo a través de las cancillerías con países vecinos como Bolivia, Perú y Ecuador para controlar el fenómeno migratorio.

Por su parte, Waleska Ureta, del Servicio Jesuita a Migrantes, explica que el tráfico de personas migrantes debe enfrentarse no solo a través de medidas migratorias, sino que la respuesta, ante todo, debe ser humanitaria.

“Chile y América Latina hoy enfrentan una verdadera crisis humanitaria derivada de la migración forzada de miles de personas, sobre todo venezolanos, que son las víctimas de verdaderas bandas dedicadas al tráfico, en un drama que debe enfrentarse a nivel continental”, afirma.

“Igualmente es fundamental privilegiar la reunificación familiar de las personas migrantes; aumentar multas y castigos a las bandas de ‘coyotes’ que coordinan redes de tráfico y sensibilizar e informar a la ciudadanía respecto a la situación que las personas migrantes están viviendo”, concluye.

Fuente: BBC Mundo.

Por mientras, Gobierno prepara un despliegue militar para tratar de ayudar en la frontera norte y en la situación humanitaria.

Un despliegue de personal militar en la frontera norte del país se espera en los próximos días para tratar de ayudar con la crisis migratoria y eventualmente inhibir el tráfico ilícito de personas, luego de que ayer la Contraloría tomara razón del decreto que amplía la colaboración de las Fuerzas Armadas para prestar apoyo logístico, tecnológico y de transporte en el control de las fronteras.

Si bien se espera que el personal uniformado también ayude con la difícil situación humanitaria -especialmente en Colchane, donde han ingresado cerca de 1.800 personas desde el lunes-, es claro que el tema de fondo está lejos de solucionarse, más aún cuando el Gobierno carece de un cuerpo legal que le permita enfrentar la situación. Menos aún servirían iniciativas como la construcción de ‘zanjas’ en el límite norte, tal como lo planteó el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Aparentemente el tema de fondo pasa por establecer una coordinación y una colaboración efectiva con países como Perú y Bolivia para que tomen medidas en contra de traficantes de personas y también para que no presionen a migrantes venezolanos a abandonar sus territorios.

A juicio del abogado y exministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera (RN), la solución pasa por un acuerdo político. ‘Pensar en instalar puestos militares o policiales puede paliar en algo esta situación, pero en los hechos la distancia en la frontera es tan larga que se requiere llegar a una colaboración, a un modus vivendi, con el gobierno boliviano’, señaló, por ejemplo.

Ribera agregó que ‘así como la Unión Europea negocia con las autoridades de Libia y Marruecos, nosotros tenemos necesariamente que tener un diálogo constructivo con Bolivia para ejercer controles previos que nos permitan disminuir la presión en nuestras fronteras’.

‘Hay que trabajar con las autoridades bolivianas’, dijo también el también excanciller y actual precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, en declaraciones Chilevisión, donde también agregó que ‘la raíz’ del problema es la crisis de Venezuela.

La exdirectora del Instituto de DD.HH., Lorena Fries (ex PS y hoy dirigenta de Unir), señaló que ‘una de las cosas que plantea el Acuerdo de Marrakesh, que Chile impulsó, pero no suscribió, es que los fenómenos migratorios actuales requieren acuerdos multilaterales de cooperación. No se pueden enfrentar de manera aislada, requieren coordinaciones, políticas comunes’.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, dijo que hace tiempo vienen planteado que ‘esta crisis es de carácter humanitario y no sólo debe resolverse con control de fronteras, que es lo que le corresponde al Estado. Hay que ir más allá del enfoque securitista y establecer coordinación entre los organismos a nivel local, comunal y entre nuestras regiones; y también con los países vecinos para coordinar ayuda humanitaria’.

¿Ayuda la nueva ley?

Aunque el Gobierno puede comenzar a desarrollar un plan de emergencia, gracias al decreto que amplió el margen de colaboración de las FF.AA., uno de los problemas es que mientras más se dilate la publicación de la nueva Ley de Migración, se retrasan también las medidas que podrían restringir el ingreso irregular de extranjeros.

No obstante, también hay dudas de que un cuerpo legal sea suficiente para frenar el flujo migratorio.

Según la abogada y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la nueva ley no soluciona la crisis migratoria. ‘Lo que la nueva ley hace es la «devolución en caliente». Permite que la autoridad sin ningún procedimiento, devuelva a las personas, que se encuentren en la frontera, a su país de origen. Si bien le da una herramienta importante, la devolución inmediata, no soluciona el problema de fondo’.

En esa línea, la jurista coincide en que ‘esta es una crisis a nivel de continente’ y la forma de enfrentarla es de manera coordinada con otros países.

En todo caso, con la nueva legislación, el Gobierno podrá exigir, en ciertas situaciones excepcionales, una visa extendida previamente a ciudadanos de ciertos países, por ejemplo a quienes provengan de Venezuela.

Sin embargo, la nueva norma, que aún depende del fallo que está redactado el Tribunal Constitucional, establece un período de gracia de 180 días, para que los migrantes irregulares resuelvan su situación.

Por ello, mientras no se publique la nueva ley, todo extranjero que ingrese al país por estos días, puede acogerse a ese período de gracia.

-“Puestos militares pueden paliar en algo la situación, pero la frontera es tan larga que se requiere colaboración con el gobierno boliviano”, Teodoro Ribera, abogado RN y excanciller.

-“Esta crisis no solo debe resolverse con control de fronteras. Hay que establecer coordinación también con países vecinos”, Waleska Ureta, Dir. del Servicio Jesuita a Migrantes

Fuente: La Segunda

• La directora nacional Waleska Ureta analizó en Cooperativa la crisis que se vive en el norte del país.

• “Esto no se va a resolver solo mirándolo del punto de vista del control de fronteras. Esto va a seguir ocurriendo”, advirtió.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, analizó la crisis migratoria que se vive en el norte de nuestro país.

Durante esta semana más de 1.600 migrantes cruzaron a nuestro país desde Bolivia y se posicionaron en la localidad de Colchane, Región de Tarapacá. Esta masiva llegada estuvo marcada por la muerte de dos personas que fallecieron mientras cruzaban a Chile a través de un paso ilegal. 

En conversación con Cooperativa la representante señaló “que esta situación se viene procovando hace un rato extenso. Se magnificó con la primera ola de la pandemia dado el cierre de fronteras“.

“Tenemos que considerar que Venezuela está en una crisis humanitaria importante, sociopolítica económica, y que las personas como tal la están pasando muy mal -explicó- están sufriendo hambre, persecución, vulneración de derechos y en ese sentido se debe entender que esta es una migración forzada, obligada, dada la imposibilidad de subsistencia en el país de origen“.

Las soluciones se deben buscar “reconociendo y asumiendo que hay una crisis humanitaria, que no es un tema netamente migratorio“, señaló Ureta, agregando: “Esto no se va a resolver solo mirándolo del punto de vista del control de fronteras o control migratorio. Esto va a seguir ocurriendo“.

La directora del SJM advirtió que “la crisis de Venezuela no tiene luces de que va a resolverse, ese es un tema que va a seguir ocurriendo y necesitamos medidas que reconozcan la magnitud de este problema“. 

“Que se proteja a las personas en su paso por el tema del tráfico de personas es algo que es un deber del Estado, pero no es suficiente“, cerró.

Fuente: Radio Cooperativa

La ciudad situada en la frontera con Bolivia en la II Región, sigue siendo el epicentro de la crisis humanitaria generada por la presión migratoria y que revela la incapacidad del Estado para buscar soluciones, tal como señalan expertos quienes predicen un escenario cada día más complejo.

Desde el 1 de febrero hemos observado cómo la población flotante de Colchane, en Tarapacá, ha aumentado exponencialmente esta última semana. Sólo el lunes cerca de mil 600 inmigrantes ingresaron clandestinamente por el costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. Dos de ellos, de nacionalidades venezolana y colombiana, fallecieron mientras realizaban la travesía.

El alcalde de esa localidad, Javier García, denuncia que lo que está ocurriendo allí es la peor crisis humanitaria que han vivido. Y junto con él, parlamentarios de la zona critican la falta de coordinación entre Cancillería, el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional, exigiendo una respuesta concreta para enfrentar la situación en la región.

“Esto está produciendo un colapso en cuanto a la atención médica, también a los servicios básicos, dado que Colchane no cuenta con los servicios como alcantarillado, luz eléctrica las 24 horas, no contamos con supermercado. Cada día vemos el aumento considerable de inmigrantes que ingresan a Chile sin control alguno“, denuncia García.

De parte del Gobierno respondieron enfáticamente a los dichos del alcalde de la zona, argumentando que no solamente es una situación que ocurre en las fronteras de Chile, sino en varias partes más de la región.

“El problema no es solamente nuestro, en el mismo problema que está Bolivia, Perú y un poco más al norte y pensar que este es solo un tema del Gobierno y que el alcalde le cargue los dardos al Gobierno, esto no es tan fácil. Quisiéramos que esta situación no existiera“, respondió el Ministro de Defensa, Alfonso Vargas.

Vargas también mencionó que prontamente los ministros del Interior y Defensa, Rodrigo Delgado y Baldo Prokurica, arribarán a Iquique durante la próxima semana, donde harán anuncios relacionados a la crisis migratoria.

Por su parte Rodrigo Delgado, también salió a dar declaraciones sobre el tema, argumentando que si bien es una situación de la que hay que preocuparse, las cifras de migrantes que han llegados a las fronteras, siguen siendo aún menores a las informadas en años anteriores.

“Uno cuando ve en perspectiva las cifras de ingresos irregulares al país, uno puede determinar que las cifras mayoritariamente se dieron los años 2018, 2019. Es por esto que a principios de este gobierno se tomaron medidas administrativas importantes justamente para frenar el ingreso de migrantes, ingreso que pudo haber sido regular, pero obviamente lo que hacían era entrar como turista y después cambiaban su estatus migratorio, eso hizo que las cifras hoy en día sea menores a las cifras del año anteriores, no obstante que por supuesto hay una situación importante hoy en Colchane que tenemos que atender”, comentó el ministro Delgado.

Si bien el año pasado, el Congreso despachó una nueva ley migratoria, aún esta ley no es promulgada ya que se le hicieron varios reparos por parte de los congresistas.

Es a raíz de esto que el principal llamado de parte de los especialistas en temas migratorios es a seguir con el consejo dado por organismos internacionales, pues el apremio por resolver esta situación es urgente. Al menos eso es lo que manifiesta la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, quien mencionó que la mejor estrategia es abordar esta crisis de forma regional.

“Yo miraría lo que han hecho las organizaciones internacionales, el llamado que han hecho en el ámbito internacional; precisamente en el pacto de migración que es el último instrumento acordado en esta materia, llama a la coordinación entre los países después de los importantes análisis que se ha hecho se ha logrado concluir que ante un fenómeno global como éste, la única posibilidad de enfrentarlo es la través de la corresponsabilidad de los Estados”, afirma la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita.

Por su parte Carolina Stefoni, docente del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM), manifiesta que si bien es un problema que abarca más que solo a nuestra nación, sí le parece que los esfuerzos de coordinación de parte del Gobierno han sido escasos y sus soluciones no han sido las más apropiadas, sobre todo porque la cantidad de peticiones de acogida supera la cantidad de visas que se entregan.

“Hay iniciativas a nivel regional, pero Chile la única que implementó, fue la visa de responsabilidad democrática, con una aplicabilidad que la verdad es un chiste, porque son tan pocas las visas de responsabilidad que entregan el Estado, y tanta la demanda que la verdad no es una solución real”, aclaró Carolina Stefoni.

La académica de la UAH hizo énfasis en el nivel de criminalización y prejuicio que hay tanto hacia los migrantes como a quienes les ayudan a pasar. Ya que ella se cuestiona que si Chile no recibe a todas esas personas que buscan y arriesgan su vida por protección ¿dónde se irán?, si ningún otro país quiere hacerse cargo, pues no existe un real compromiso regional  para resolver esta crisis humanitaria:“Hay intentos, Colombia, Brasil, ahora Argentina, han ocupado estrategias más resolutivas ante esta situación”, pero aún así no es suficiente.

A esto se suman los términos confusos que empiezan a generar estas realidades, pues se habla de que coyotes están ayudando a cruzar a los migrantes las fronteras, y pues hay algunos, pero la mayoría de ellos no lo son.

“La figura del coyote hay que verla con cuidado, porque se tiende a criminalizar mucho esta acción, yo he estado haciendo varias entrevistas allá y en su mayoría son transportistas, taxistas que trabajan y que trasladan a gente; que ven en esto una oportunidad de negocio. Entonces que suben Colchane y los traslados desde ahí hacia Huara, Pozo Almonte o Iquique si es que pueden, y por lado boliviano es gente que lo va a dejar desde Pisiga al cruce. Entonces no es en la figura del coyote que está dominando absolutamente todo el tránsito de las personas”, concluyó la directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM).

Fuente: Diario y Radio Uchile

Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que por la edad de uno de los fallecidos (69 años) “nos hace pensar que ya no son solo jóvenes los que vienen a esta arriesgada acción”.

Un migrante venezolano y una colombiana perdieron la vida, la madrugada de ayer, mientras intentaban llegar a la localidad fronteriza de Colchane (Tarapacá) tras ingresar a Chile por pasos no habilitados desde Bolivia. Estos hechos ocurren en medio de una intensa ola migratoria en la frontera norte, con el ingreso de hasta 1.600 extranjeros en los últimos días.

El primer fallecido, identificado como Ricardo Godefroy Araujo (69), murió a la 1:30 horas de ayer, en el sector del exvertedero de Colchane. De acuerdo al relato de su acompañante, su nuera Érica Barrios, Godefroy ya presentaba problemas respiratorios en Colombia, desde donde pretendían llegar a Santiago. “Entrando a Chile dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo maniobras de reanimación y respiración boca a boca, hasta que se dieron cuenta de que no vivía. Ahí todos se fueron”, explicó Barrios.

El fiscal del Ministerio Público Hardy Torres detalló que “cuando los carabineros estaban atendiendo el procedimiento del ciudadano venezolano, recibieron información de que había una ciudadana colombiana, de 35 años de edad, fallecida en la vía pública, frente al gimnasio municipal”. Según testigos, la mujer, no identificada, también tenía problemas para respirar.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que “lo ocurrido ratifica algo que venimos diciendo hace tiempo, porque las condiciones en las que llegan estas personas son un riesgo para su salud. Detrás de esos traslados hay quienes lucran con la desesperación de las personas y las abandonan en condiciones adversas”. Agregó que por la edad de una de las víctimas, “nos hace pensar que ya no son solo jóvenes los que vienen a esta arriesgada acción”.

Los dos fallecidos se suman al deceso de una mujer, a fines de 2020, quien se desplomó en la frontera, también con problemas respiratorios a causa de enfermedades crónicas.

El alcalde de Colchane, Javier García, lamentó los decesos y llamó a los gobernantes de Latinoamérica, “que tienen en sus manos la responsabilidad de esta migración, a no hacerse los ciegos cuando miles de seres humanos atraviesan cinco países, como mínimo, para llegar a un destino que suponen mejor”.

García también hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para reforzar el personal de salud municipal que ‘se encuentra colapsado’. Desde el Colegio Médico de Iquique apuntaron a que “actualmente Colchane están en medio del invierno altiplánico’, por lo que las temperaturas oscilan bastante y hay riesgo de hipotermia”.

Alfredo Núnez, vocero de los venezolanos residentes en Tarapacá, aseguró que “el flujo actual se mantendrá hasta, por lo menos, el 10 de febrero. Son personas que esperaban llegar a Chile antes del 3 de febrero, ya que se anunció la militarización de la frontera, pero muchos se van demorando. Además, hay personas que están mal económicamente en Colombia, Perú y Bolivia producto de la pandemia y que decidieron viajar a Chile”.

Ante el escenario que se vive en la frontera norte, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lamentó la muerte de las dos personas en Colchane y en un comunicado expresó que “creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria. Esos son los elementos primordiales, pero además hay que entender que esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también”. Por ello, el SJM destaca “las recientes iniciativas de control de la frontera, como un deber del Estado (chileno) en pos del freno a la trata y tráfico (de personas)”.

– “Son personas que esperaban llegar a Chile antes del 3 de febrero, ya que se anunció la militarización de la frontera”.

ALFREDO NÚNEZ Vocero de los venezolanos residentes en Tarapacá

– “Es una cruzada migratoria a pie, sin alimentación y muy poco conocimiento del terreno al que van (.). Además, el invierno altiplánico’ es un tremendo riesgo”.

LIZZA ARAVENA Jefa del Servicio Jesuita a Migrantes en Antofagasta

Fuente: El Mercurio

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestamos nuestra preocupación frente a la compleja situación que se vive en la frontera norte de Chile y en particular en las localidades de Colchane y Huara, en la I Región, las que han mostrado un alto número de personas migrantes que han ingresado a través de pasos no habilitados. Desde la experiencia en terreno que nos entrega el trabajo que realizamos en el norte del país, podemos afirmar que la situación que hoy enfrenta la zona y la región de Tarapacá no es nueva, pero si se ha visto sumamente magnificada por la crisis sanitaria ligada al Covid-19.

Esto lo corroboramos con nuestro trabajo a través de la entrega de ayuda humanitaria en la región en la primera ola de la pandemia el año pasado.

Los graves problemas políticos y sociales que afectan a países como Venezuela, han generado, como hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, una crisis humanitaria sin precedentes, en la que millones de personas migran forzadamente para salvar sus vidas o en busca de una mejor existencia para sus familias. Estas personas se arriesgan a cruzar el desierto, con niños y adultos mayores, exponiéndose a los peligros del tráfico y la trata dada la desesperación por encontrar una vida segura.

Es por ello que como Servicio Jesuita a Migrantes creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria. Esos son los elementos primordiales, pero además hay que entender que esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también. En este sentido, relevamos las recientes iniciativas de control de la frontera, como un deber del Estado en pos del freno a la trata y tráfico en coordinación con países vecinos. Esperamos que esto sea un aliciente para firmar el Pacto Mundial sobre Migración, que Chile aún no ha suscrito, para ir más allá de un enfoque securitista.

Es urgente además, que se hagan esfuerzos mancomunados e intersectoriales en todos los niveles (local, provincial, regional, y nacional) en conjunto con la sociedad civil, para proteger la dignidad y la salud tanto de personas nacionales como de las personas migrantes.

Como país tenemos el desafío de avanzar a convertirnos en una sociedad de acogida sensibilizada con estas situaciones que afectan de manera tan dolorosa la biografía de tantas personas, una sociedad que promueva y proteja los derechos de todas y todos quienes habitan en nuestro país.

Waleska Ureta Cañas

Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes