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La migración es uno de los fenómenos sociales más importantes del último tiempo, no solo en Latinoamérica sino en el mundo. A pesar de que generalmente se visibiliza la realidad de las personas que dejan todo en su país en busca de nuevas oportunidades, poco se habla los derechos de los miles de niñas y niños que se ven obligados a enfrentar esta realidad. A pesar de que hay diversos tratados internacionales sobre sus derechos, estos, al parecer, están fuera del alcance de los problemas migratorios.

Las imágenes que dejó el boom migratorio en el extremo norte de Chile fueron reflejo de la crisis que se vive hoy en día. Extranjeros acampando en el centro de Colchane, otros tomándose ilegalmente viviendas o incluso durmiendo en el suelo demostraron la grave crisis humanitaria que enfrenta la inmigración.

A pesar de que muchos de ellos eran personas jóvenes en busca de mejores oportunidades que en su país no consiguieron, varios llegaron con sus hijas e hijos al no tener otra opción. Esos menores, que poco entienden, viven una etapa la cual está marcada por la formación de su identidad, proceso que se ve alterado por la constante vulneración de sus derechos en el proceso, el cual está exento de la seguridad necesaria.

“Hablar de la niñez y adolescencia migrante significa situarnos automáticamente en un plano que conlleva un triple nivel de vulnerabilidad: por ser niño o niña, por ser migrante y, en su caso, por ostentar -ya sea él y/o sus progenitores- un estatus migratorio irregular”, afirmó Isaac Ravetllat, abogado y director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cedia) de la Universidad de Talca.

En esta línea, según el abogado, esas transgresiones significan, sin duda, una limitación a la posibilidad de acceder a derechos esenciales y también dificultan el ejercicio de otros derechos básicos, ya sea en materia económica, social o cultural.

Waleska Ureta, directora nacional de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, expresó que las niñas, niños y adolescentes “ya vienen con una vulneración de derechos de sus países, ellos no vienen por gusto. Están puesto en jaque sus derechos fundamentales, en un grupo, especialmente vulnerable por lo que se ven muy afectados”.

Además, agregó que los niños entran en una situación migratoria irregular, pero no tienen sanciones a diferencia de los adultos. A ellos no se les dicta la expulsión. “Es necesario mirar esto desde un punto de vista humanitario, en donde se considera que hay una crisis donde las personas huyen en busca de protección”, concluyó.

Normativa de interna y externa
Actualmente existen una serie de tratados internacionales que buscan garantizar los derechos de los más pequeños, los cuales están todos vinculados con normativas de Derechos Humanos.

Algunas de los más importantes son la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y, por último, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Estos tratados lo que quieren es hacer valer los derechos de los niños y adolescentes, estableciendo que las decisiones que se tomen con respecto a ellos estén sustentadas bajo una lógica del bien superior del niño.

Chile, por su parte, está suscrito a las tres normativas. Sin embargo, harto distan de la realidad que se ha visto durante el último tiempo. Estos reglamentos establecen la prohibición de este grupo de ser expulsados, ya que, en definitiva, prima su condición de niña o niño y no de migrante, según Isaac Revetllat. No obstante, esto no es así.

“Esos tratados internacionales marcan una serie de principios genérico, de tal manera que luego de que los Estados los ratifican, en su normativa interna nacional tienen que concretarlos. El problema es que en la práctica no hay una adaptación de estos tratados, por ende, en el devenir diario nos encontramos que hay un vacío normativo”, agregó el abogado.

La preocupación de una nueva Ley
Tras la deficiente ley nacional que establecía las normas migratorias y que no contemplaba el problema de la niñez como parte de ella, se anunció la nueva Ley de Migración y Extranjería, la cual se estima que será promulgada en marzo de este año.

Con respecto a la inclusión de la niñez en esta, en su artículo cuatro incorpora el interés superior del niño, lo que es positivo. Sin embargo, la gran inquietud es que esa declaración quede solo en la teoría y no se lleve a la práctica, como ha ocurrido siempre con las normas mundiales.

Estos días se llevó acabo el “El Plan Colchane”, donde más de 100 inmigrantes fueron expulsados hacia su país. Algunas denuncias apuntan a que incluso hubo algún caso donde hijos y padres fueron separados. El estado chileno no se hizo responsable de los perjuicios de las niñas, niños y adolescentes, a quienes solo les quedó una opción: acatar la decisión de nuestro gobierno de devolverlos a su país de origen, mismo lugar del cual sus papás quisieron salir para tener mejor calidad de vida. Una oportunidad que en Chile no pudieron encontrar.

Fuente: El Mostrador.

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BBC Mundo

Ricardo Melendez es venezolano y es uno de los 138 deportados el pasado miércoles por el gobierno de Chile en medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre ese país y Bolivia.

Eran las 2 de la mañana del pasado miércoles cuando a Ricardo Melendez, un joven venezolano de 19 años, lo despertaron en un refugio sanitario de Iquique, en el norte de Chile, lo obligaron a subir a un autobús y lo llevaron al aeropuerto para deportarlo.

Él formó parte del vuelo de las Fuerzas Armadas chilenas en el que unas 138 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, fueron enviados a su país de origen, por incumplir con las leyes migratorias chilenas.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte (de Chile) y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el miércoles Rodrigo Delgado, ministro del Interior de Chile.

“Tenemos que ordenar el flujo migratorio en nuestras fronteras. Y las personas que quieren venir a Chile lo tienen que hacer por las vías correspondientes, es decir sacando la visa”, agregó Delgado en un mensaje a periodistas antes de que el vuelo despegara.

La decisión del gobierno chileno fue ampliamente criticada por opositores del gobierno de Venezuela y por organismos de derechos humanos.

“Las autoridades dicen que ingresan de forma ilegal, sin visa, pero ellos no tienen manera de entrar de manera legal porque Chile les exige un visado que las personas hoy día no pueden conseguir”, aseguró la presidenta del Servicio Jesuita a Migrantes Macarena Rodríguez, en una entrevista con TVV Venezuela.

Melendez junto a otros miles de migrantes se habían concentrado la pasada semana en la localidad de Colchane, ubicada al norte del país y fronteriza con Bolivia, con el objetivo de ingresar a territorio chileno.

Él lo había logrado, pero el sueño de ver a su hermano y sobrina en Santiago, la capital chilena, se desmoronó a las pocas horas.

“Me sentí como un delincuente (?) Me arrancaron el corazón”, le cuenta a BBC Mundo en una conversación telefónica desde Caracas.

BBC Mundo solicitó al gobierno chileno un comentario sobre las críticas que recibió por estas deportaciones pero hasta la publicación de este artículo no recibimos respuesta.

Lo que sigue es un relato en primera persona de Melendez, quien cuenta su odisea al atravesar cuatro países a pie para reencontrarse con su familia.

Estuve un año viviendo en Medellín, Colombia. El 8 de enero salí rumbo a Chile.

Empecé viajando con un amigo, pero él decidió quedarse en Lima y yo seguí hacia Bolivia.

Parte del viaje fue caminando. A veces me daban un aventoncito, me montaba a una gandola (camión) o mi hermano me ayudaba con algo del pasaje.

Llegué a las 8 de la noche el 30 de enero a Colchane, en la frontera entre Bolivia y Chile. Y allí me encontré con más venezolanos. Más de 300 personas.

Estaba solo y decidí cruzar irregularmente como todos lo hacían. Fueron tres horas caminando por el desierto hasta una parada de bus.

Ahí pasé la noche, pero no pude dormir porque el frío era insoportable, aunque llevaba puestas dos franelas (camisetas), dos chaquetas, un pantalón y dos monos (pantalones deportivos).

Como a las 5 o 6 de la mañana pasó otro grupo de personas que decidieron también caminar por el desierto. Había muchos venezolanos y los carabineros estaban apoyándolos, supuestamente.

Yo caminé otras siete horas por ese desierto, desde las 5 hasta las 12, sin agua, sin comida, sin nada. Encontré un racimo de uvas y eso es lo que tenía para comer.

Estaba cansado, no había dormido nada y durante el día el sol era insoportable. No encontré ni una sombra para descansar.

En el camino me encontré con una gandola que venía de regreso. Paró y me ofreció un refresco.

Me preguntó dónde iba. Le dije a Huara, el próximo pueblo. Me dijo que no había forma de que yo llegará, que aún me faltaban tres horas en carro y caminando como casi dos días.

Si seguía caminando en ese desierto a lo mejor no podría sobrevivir.

Me subí a la gandola y me llevó de regreso a Colchane.

“Triste y preocupado”

Cuando llegué a Colchane vi una enorme cantidad de venezolanos.

Me dijeron que uno se podía “autodenunciar” con los carabineros y ellos te daban el apoyo para llamar un autobús y llevarte a un refugio.

Decían que era la manera legal para las personas que estuvieran entrando de forma irregular el país.

Entonces me autodenuncié el lunes pasado. Entregué los documentos y firmé un libro donde quedaba registrado.

Estuve cinco días en Colchane, sin comer, durmiendo en el piso, esperando que llegara mi turno de que me llamaran.

Desafortunadamente, en esos días murió una persona de la tercera edad y otra señora de hipotermia, por el frío.

Desagradablemente me tocó verlos. Estaban en una plaza.

Yo estaba triste y preocupado porque pensaba que ese podría haber sido yo. Si seguía allí, me podía pasar a mí.

Finalmente me tocó número en la lista para el autobús. Primero subían madres e hijos, después las mujeres solteras y por último los hombres solteros.

Pasamos por la aduana, nos revisaron las maletas y nos dirigimos hacia Iquique (en el noroeste de Chile), a un refugio sanitario.

Llegamos y nos hicieron otra vez el control, el papeleo, nos dividieron por persona y por familia y nos metieron a cada uno en una sala. En la mía éramos 22 hombres.

“No entendíamos nada”

Después de los dos días en ese refugio, inició la primera prueba de PCR para el covid. Yo di negativo y ese mismo día me llevaron a mí y a otro grupo a otro refugio.

Ahí llegó la Policía de Investigación de Chile (PDI) y nos dijeron que iban a crear un registro de los venezolanos para darnos el pasaporte sanitario y un carné de movilidad para que no tengamos problemas con migración.

Entonces pensamos que allí estaba la ayuda. Íbamos a hacer todo legal como ellos decían para no tener problemas.

Todos estábamos contentos, madres, hijos, abuelos dando todos los requisitos, todos los datos que ellos te pedían.

Dijeron que en dos días volvían con el pasaporte sanitario y con el certificado móvil. No vinieron.

Aparecieron al tercer día a las 2 de la mañana. Nos pareció un poco raro.

Nos llamaron a todos, nos sentaron y nos pidieron los documentos. Nosotros los entregamos voluntariamente porque pensábamos que era para el certificado.

Cuando me llamaron a mí, apenas me dejaron leer y decía: acta de expulsión.

En medio de la oscuridad, no te dejaban ver la hoja, no te dejaban nada. A algunas personas les decían: aquí tienes que poner que “no” o que “sí”. Eso fue un engaño.

El papel decía que estabas de acuerdo y que no ibas a apelar. Si no firmabas, te esposaban.

Todos firmamos. Ellos nos dijeron que los documentos estaban retenidos hasta el día siguiente. Entonces todo estábamos preocupados, preguntándonos qué sucedería.

Cuando todos terminaron, uno de los agentes de la PDI nos dijo con sarcasmo: ‘Felicidades, ya pueden regresar a su país’. Y empezaron a aplaudir.

No entendíamos nada.

Comenzamos a preguntar y nos dijeron que podíamos apelar el caso, que teníamos 24 horas para llamar a un abogado.

¿Pero cómo vamos a llamar a un abogado si nos tienen retenidos en el refugio? ¿Cómo vamos a salir para apelar el caso? No nos decían nada, eran puras mentiras.

“La gente empezó a llorar”

Un abogado llegó al refugio y nos dijo que teníamos hasta cinco días para apelar el caso. Que no nos preocupáramos, que no nos iban a deportar porque iba a ser ilegal, que él ya estaba haciendo el recurso de amparo para todos.

Las cosas se calmaron un poco y comenzamos a no tener tanto miedo.

Luego llegó otra abogada de una ONG y nos llevó una hoja que firmamos con una apelación para la orden de deportación.

Pero a las 2 de la madrugada del día siguiente, las enfermeras del refugio nos sacan a todos diciendo que tenían que dar de alta a unas personas tras haber salido negativo de la segunda prueba de covid.

Y como a las 4 de la mañana, llegaron los del PDI con cuatro autobuses y con la notificación de que seríamos deportados a nuestro país.

Entonces la gente empezó a llorar.

Comenzamos a explicarles que nosotros teníamos un recurso de amparo. En mi caso yo tenía una carta de invitación de mi hermano, que él se hacía responsable de mí.

A ellos no les importó nada de eso.

Entonces comenzaron a montar a las personas en los autobuses. Hubo un niño que fue separado de su mamá. A él lo deportaron, pero a la mamá no y a ella le agarró una crisis de nervios.

Otro hombre, que tenía a su mujer embarazada, también lo deportaron.

Lo que hicieron fue separar familias.

Todo lo hicieron bajo la cortina para que nadie se enterara. Por eso lo hicieron a esa hora.

El abogado llegó indignado al refugio. Estaba muy molesto diciendo que había un recurso de amparo, que las cosas no se podían hacer así.

Pero nada importó.

Desde el autobús llamé a mi hermano, llorando. Le expliqué que no lo podía ver, que no importaba si tenía carta de invitación, un recurso de amparo, nada.

Nos iban a deportar igual.

“Me sentí como un delincuente”

Nos llevaron a la Fuerza Aérea de Chile y nos dieron un traje blanco (un equipo de protección personal). Agarramos nuestras cosas y cuando salimos estaba la prensa.

Prácticamente, yo me sentí como un delincuente, como si hubiera hecho algo malo.

La verdad es que yo intenté hacer las cosas bien. Me autodenuncié que era la forma legal para regularizar el ingreso al país.

Pero nos subieron a todos en el avión. Los sueños de todos se habían acabado.

Cuando el avión despegó, yo sentí como que me arrancaban el corazón. Los sueños no los cumplí, no pude ver a mi hermano.

Fuimos a Bogotá primero porque habían deportado a colombianos y luego el viaje siguió al aeropuerto de Caracas.

Llegamos a las 4 de la tarde del miércoles. Pero salí del aeropuerto a las 3 de la mañana del día siguiente, luego de que Interpol nos hiciera preguntas y nos diera nuestros documentos, los pasaportes.

Afuera me encontré con mi hermana y mi tía. Estaban preocupadas, llorando y yo no pude aguantar y empecé a llorar también.

“Cuatro países caminando”

Ahorita ya estoy un poco mejor, asimilando todo lo que pasó, aceptando que no puede ver a mi hermano. No pude conocer a mi sobrina de meses.

Llevo 3 años sin verlo y prácticamente él es como como un padre para mí.

Me llené de valor para realizar esta aventura de cruzar cuatro países caminando. No fue fácil, pero logré llegar a Chile, lo que no logré es encontrarme con él.

Tengo que salir adelante y buscar la forma de movilizar los papeles para la visa y ver si me pueden dejar entrar a Chile.

El año pasado había pedido la cita en el consulado para la visa pero por problema de la pandemia, las citas se habían postergado.

Si no encuentro otra forma, probablemente vuelva a hacerlo caminando.

Fuente: Teletrece

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La presidenta del directorio de la organización, Macarena Rodríguez, explicó que las leyes chilenas establecen que los refugiados no pueden ser sancionados por ingresar por un paso no habilitado. También recordó que en dos años solo 5% de las Visas de Responsabilidad Democrática fueron aprobadas.

La expulsión de 138 migrantes venezolanos y colombianos de Chile se llevó a cabo sin un debido proceso, afirmó el Servicio Jesuita a Migrantes de Chile.

“Eso es evidente. Las autoridades se niegan a reconocer lo que hay detrás, y es lo que ya han señalado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otras autoridades internacionales: lo que se vive en Venezuela sin lugar a dudas entra en nuestra ley de refugiados”, explicó la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, en entrevista a TVV Venezuela.

Rodríguez indicó que la Ley de Refugiados de Chile establece que los refugiados no pueden ser sancionados por ingresar por un paso no habilitado.

“Las autoridades dicen que ingresan de forma ilegal, sin visa, pero ellos no tienen manera de entrar de manera ilegal porque Chile les exige un visado que las personas hoy día no pueden conseguir”, subrayó.

En dos años, continuó, apenas 5% de las Visas de Responsabilidad Democrática solicitadas fueron aprobadas por Chile. “La autoridad dice que no ingresan de manera legal, como si pudiesen hacerlo”, criticó.

Chile expulsó este miércoles a un grupo de 138 migrantes venezolanos y colombianos que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia, una zona que desde hace días vive una fuerte ola migratoria que ha llevado al límite a pequeñas localidades fronterizas.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el ministro de Interior Rodrigo Delgado desde la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia.

La tensión en dicho paso fronterizo se agravó la semana pasada con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano.

Fuente: El Nacional (Venezuela)

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  • “Nos oponemos terminantemente al turismo vacuna”, aseguró el titular de Salud.
  • Planteó que los extranjeros que se encuentran en el país serán vacunados siguiendo el calendario diseñado por el Minsal.

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que todos los ciudadanos extranjeros que viven en el país serán parte del proceso de vacunación contra el Covid-19, aunque rechazó la posibilidad de que se habilite un “turismo médico”, ante la polémica suscitada por un reportaje de la televisión peruana.

En el balance de esta jornada, Paris dijo que “unos días atrás, un canal extranjero, de un país vecino, anunciaba en forma muy insidiosa y muy negativa, desde mi punto de vista, que Chile habría adquirido 80 millones de dosis de vacunas para estimular la venida de turistas a Chile y que este viaje de turismo estaba asociado a la posibilidad de vacunarse y obviamente a que la gente gastara mucho dinero en Chile”.

“Negamos tajantemente esa noticia falsa, le pedimos a ese canal extranjero que aclare esta situación porque es una noticia que confunde a la opinión pública y que además, como repito, es falsa. Nosotros nos oponemos terminantemente al turismo vacuna, como lo hemos llamado, no hay ningún plan para vacunar a los turistas y menos aún que con eso haya una actividad lucrativa”, agregó.

El ministro indicó que “vacunaremos a los migrantes, nunca hemos dicho lo contrario, como corresponde hacerlo. ¿Cuándo? Según el calendario que todo el mundo conoce y va a ir conociendo a medida que pasen los días (…) cuando a ellos les corresponda vacunarse, ya sea por edad, por patología, comorbilidad, es decir, igual que todos los compatriotas”.

“Es una razón muy importante de salud pública vacunar a todos aquellos que habitan en Chile, sean chilenos o extranjeros, lo dije desde el primer momento, así que quiero despejar esas dudas y darle seguridad a la población, de que los extranjeros serán vacunados igual que los chilenos cuando vayan cumpliendo la etapa dentro del calendario de vacunación”, sostuvo.

Previo a las palabras del ministro, desde el Servicio Jesuita a Migrantes, su directora Waleska Ureta dijo que “restringir su aplicación, según el estatuto migratorio, no estaría garantizando los derechos de las personas nacionales ni de las personas migrantes refugiadas y expone a la sociedad en su conjunto, tanto nacional como extranjero. Es una responsabilidad del Estado asegurar también la inmunidad de rebaño”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las organizaciones de la salud, han sostenido la necesidad del acceso universal a las vacunas y de esta forma garantizar la inmunización a gran escala contra el virus”, añadió.

Fuente: Radio Cooperativa

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Aseguran que la medida atenta contra la salud de toda la población al dificultar la inmunidad de rebaño que se busca.

Fue la emisión de un reportaje en el canal peruano Willax lo que terminó de levantar las alertas del Gobierno. El canal aseguraba que una persona podría llegar hasta Chile y acceder a la inoculación contra el covid-19 de forma gratuita, ya que sostenía que en el país “hay vacunas de sobra”.

Según el mismo medio, esto formaba parte de una estrategia del Ejecutivo para reactivar la economía chilena mediante lo que en el programa denominaban “turismo médico” (ver recuadro).

Hasta el martes, en la información del plan de vacunación figuraba que todos los extranjeros, incluso “si solo están de paso por Chile” podían acceder a la inmunización, si cumplían con el calendario estipulado.

Sin embargo, ayer el Ministerio de Salud emitió una resolución que modifica las condiciones para los extranjeros que deseen ser inmunizados.

Al respecto, el canciller Andrés Allamand sostiene que “no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, tampoco los que estén como turistas, pero vengan de algún país a los que no se les exige visa (N. de la R: como Perú, por ejemplo). Y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.

Si bien no se registran casos de personas que hayan viajado a Chile solo para recibir la vacuna, el ministro de Salud, Enrique Paris, advierte que la polémica ha avivado el interés. Además de lo sucedido en Perú, dice que “han estado llamando de Argentina también, directamente al ministerio, preguntando si pueden viajar, vacunarse y volver. Nosotros les hemos dicho que no, obviamente”.

No obstante, el cambio realizado por el Gobierno ha generado la reacción de distintos gremios y expertos que han criticado la medida, ya que no solo deja afuera de la vacunación a los turistas, sino que a aquellos inmigrantes que no han regularizado su situación en Chile.

Carmen Castillo, exministra de Salud, señala que la medida “va en contra del Decreto Supremo N° 67, que dice que al migrante en situación irregular se le ve como beneficiario de Fonasa y se le dan todas las prestaciones”.

Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico, asegura que “es una medida que va a afectar a los migrantes, que tienen una condición de mayor vulnerabilidad y que atenta contra la salud de toda la población. Consideramos que hay otras formas, más humanitarias, de limitar el turismo de vacunas”.

A juicio de Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, “la vacuna debe ser universal y gratuita, tal como lo informó el Ministerio de Salud hace días. Creemos que la decisión de restringir su aplicación según el estatus migratorio no garantiza los derechos de personas migrantes y refugiadas, y expone a la sociedad en su conjunto, tanto nacional como extranjera”.

Fuentes del Gobierno aseguran que una de las razones por las cuales los extranjeros que están en condición irregular no puedan vacunarse es porque, al no tener muchos de ellos ningún tipo de identificación, no es posible mantener un registro. Para tenerlo, bastaría con que comiencen a realizar la solicitud de visa haciendo una autodenuncia.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, indica que “entendemos la preocupación del Gobierno por estas publicaciones incitando a las personas a que vengan a Chile a vacunarse, mas no compartimos la decisión, porque va a dejar por fuera a un conglomerado de personas importante, lo que va a generar más dificultad para poder obtener, a final de cuentas, el efecto de inmunidad de rebaño que estamos buscando”.

Para Juan Carlos Said, máster en Salud Pública del Imperial College de Londres, “el virus no distingue estatus migratorio y si un paciente se enferma grave, independientemente de su estatus migratorio, va a ser atendido en un hospital a costa del Estado. Eso es así”.

“Han estado llamando de Argentina también, directamente al ministerio, preguntando si pueden viajar, vacunarse y volver. Nosotros les hemos dicho que no, obviamente”. Enrique Paris, Ministro de Salud.

“La vacuna debe ser universal y gratuita, tal como lo informó el Ministerio de Salud hace días”. Waleska Ureta, Directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

“Creemos que es una medida que va a afectar a los migrantes, que tienen una condición de mayor vulnerabilidad y que atenta contra la salud de toda la población”. Izkia Siches, Presidenta del Colmed.

“Vacunas de sobra. en Chile”, promovía canal de la TV peruana

El martes por la noche, el canal Willax, de la televisión peruana, emitió una nota en que se proponía el “turismo médico” como una opción para que aquellos que “no pueden o no quieren esperar tanto” viajaran a Chile a recibir las dos dosis de la vacuna contra el covid-19.

Perú está muy lejos de Chile en el plan de inmunización: el domingo pasado recibió sus primeras 300 mil dosis, que corresponden a la fórmula de Sinopharm (China). Recién están siendo inoculadas la ‘primera línea’ del personal de salud y algunas autoridades.

“El exitoso programa (chileno) de vacunación en tiempo récord que ha sido reconocido en el mundo. Un plan de activación económica que incluye la vacunación de turistas extranjeros que deseen transitar por el vecino país. Un turismo médico que puede salvarle la vida en medio de toda esta catástrofe”, se planteó en la nota emitida por el programa ‘Beto a saber’.

Los requisitos, el costo, la ruta hacia Chile y cómo acceder a la “vacuna chilena completamente gratis” fueron algunos de los elementos que se dieron a conocer en la emisión, seguidos de palabras del conductor del espacio, Beto Ortiz, quien incluso aventuró que “en Chile tienen 90 millones de vacunas”.

El presentador continuó su argumentación comentando que a Chile “le sobran vacunas” y que la población chilena llega solo a 15 millones de personas.

El reportaje también detalló la existencia de paquetes turísticos de USD$ 500, que incluirían vuelo, hospedaje, alimentación y seguro médico, entre otros servicios.

El texto inicial que difundió el Ejecutivo

Hasta este lunes, en la sección ‘Yo me vacuno’ de la página gob.cl se detallaba la incógnita “¿Los extranjeros pueden vacunarse en Chile?” en la pestaña de ‘Preguntas frecuentes’. En ese caso, la respuesta era que “todos los extranjeros que estén en Chile, independiente si son o no residentes, o si solo están de paso por Chile, pueden vacunarse siguiendo las fechas del Calendario de Vacunación disponibles en www.gob.cl/yomevacuno. Deben presentar documento de identificación que puede ser pasaporte, documento provisorio o cédula de identidad”. No obstante, esta pregunta ya no está disponible en la sección mencionada.

Esto era sobre la base de la resolución exenta Nº 1.138 del Ministerio de Salud, aprobada en diciembre de 2020, que contenía los ‘lineamientos técnico-operativos de la vacunación SARS-CoV-2’. En ella se leía que entre los objetivos específicos de la campaña de inoculación 2021 está “vacunar a la población definida como grupo objetivo que vive en Chile con vacuna contra SARS-CoV-2”. Fueron justamente las palabras ‘vive en Chile’ las que el Minsal precisó ayer, donde finalmente se considerará a aquellos que tienen “nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una visa de solicitud temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista”, según señala el nuevo escrito.

Fuente: El Mercurio

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Ambas instituciones presentaron recursos de amparo durante la madrugada de hoy para impedir que abordaran el avión que el gobierno dispuso para su salida en Iquique. En tanto, en el marco del Plan Colchane, Carabineros dispondrá de 100 uniformados para potenciar vigilancia en pasos fronterizos.

“Corresponde dar una potente señal de que quienes quieren venir a Chile tienen que sacar la Visa sincerando los motivos por los cuales quieren venir a Chile”. De esta manera el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, materializó hoy la expulsión de 138 extranjeros que estaban en el país de manera irregular.

Sin embargo, hubo un intento para que el vuelo que salió de Iquique no partiera con todos los extranjeros que el gobierno finalmente expulsó. Tanto el Instituto de Derechos Humanos (INDH) como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) interpusieron dos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique para frenar la salida de 77 foráneos.

En el caso del INDH, abogaron por 23 ciudadanos venezolanos, presentando sus casos ante la corte durante esta madrugada, a solo horas de concretarse la expulsión impulsada por el gobierno. El Instituto señaló que el motivo de desplazamiento de estas personas fue “buscar protección, atendida la crisis cívica, política y económica por la que atraviesa su país de origen, Venezuela, a lo cual se suma la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, que agudizó sus problemas gravemente”.

Los migrantes estaban pernoctando en el Colegio Centenario de Iquique, en la Región de Tarapacá, donde realizaban una cuarentena preventiva y obligatoria, debido a la crisis sanitaria. Según INDH, las órdenes de expulsión “no sólo amenazan, perturban y limitan arbitraria e ilegalmente la libertad personal de las personas amparadas, al derivar de ellas un impedimento de ingreso al territorio nacional en el evento de ejecutarse el acto de expulsión, sino que atentan, además, en contra del principio de inocencia y del justo y racional proceso, de la reunificación de la familia y otros derechos fundamentales”.

En el caso del SJM también, el recurso fue por 54 personas que eran parte del proceso de expulsión. “Pretender frenar expulsiones que se realizan en 24 horas desde que son informadas o donde han transcurrido solo cinco días desde el inicio del procedimiento es algo muy complejo. Lo que las acciones judiciales buscan es que sean los Tribunales de Justicia, tal como lo han señalado reiteradamente, los que declaren que las expulsiones así practicadas no respetan las garantías mínimas de debido proceso y se trata de expulsiones colectivas, prohibidas por el Derecho Internacional”, señaló Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la U. Alberto Hurtado.

Los recursos, sin embargo, no alcanzaron a ser vistos por la corte.

Refuerzo en la vigilancia

El “Plan Colchane” del gobierno incluye aumentar la coordinación entre las policías y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), donde cada institución tendrá un rol específico: la PDI investigar, las FF.AA. apoyar la fiscalización y Carabineros controlar y vigilar los pasos habilitados e ilegales que hay en la zona.

La policía uniformada enviará refuerzos a la zona para doblar el contingente en la comuna. Durante las próximas semanas, Carabineros aumentará la dotación en más de 100 uniformados, para así aumentar los patrullajes en los distintos puntos de acceso al país por la zona norte.

Además, se enviarán dos drones a Colchane para poder tener una visión panorámica del lugar y así coordinar acciones fiscalizadoras más focalizadas, en conjunto con funcionarios del Ejército.

Fuente: La Tercera

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La directora del SJM agregó que “esperamos que la autoridad pueda revisar esta acción de manera que no se empañe proceso de vacunación ya iniciado. Es una responsabilidad del Estado asegurar también la inmunidad de rebaño”.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, emplazó al Gobierno a que revise la restricción de vacunas contra el covid-19 para extranjeros en Chile, y señaló que esta “debe ser universal y gratuita tal como lo informó el Ministerio de Salud hace unos días”.

Ureta sostuvo que “como SJM creemos que la decisión de restringir su aplicación, según el estatuto migratorio, no estaría garantizando los derechos de las personas nacionales, ni las personas migrantes ni refugiadas, y expone a la sociedad en su conjunto, tanto nacional como extranjera”.

La directora del SJM agregó que “esperamos que la autoridad pueda revisar esta acción de manera que no se empañe proceso de vacunación ya iniciado. Es una responsabilidad del Estado asegurar también la inmunidad de rebaño”.

por último, Waleska Ureta dijo a Radio ADN que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las organizaciones de salud, han sostenido la necesidad de dar acceso universal a las vacunas y de esta forma garantizar la inmunización a gran escala frente al virus como una forma de prevenir, contener y detener la transmisión para frenar la pandemia”.

Por otra parte, la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales (UDP), Francisca Vargas, comentó que “no pueden utilizarse como incentivos para temas migratorios situaciones relacionadas con la salubridad pública”.

“Tú inicias el trámite enviando tu solicitud por carta, por correo electrónico o por el sistema online, depende de dónde estés y qué tipo de permiso de residencia estés solicitando, y para que ingrese a trámite, en el caso de las visas temporales sujetas a contrato demora meses”, detalló.

“Es decir, cinco meses en que te ingrese a trámite, entonces, no puedes tener a las personas cinco meses esperando para vacunarse”, agregó.

Fuente: El Mostrador

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“Nunca antes en la historia de este país se había utilizado un método y cobertura que denostase a las personas” manifestó la presidenta del directorio del SJM sobre expulsión de migrantes.

La mañana de este miércoles un total de 86 migrantes abordaron el primer vuelo de expulsión desde la base de la Fuerza Aérea de Iquique.

Por otro lado, 52 ciudadanos extranjeros fueron también deportados vía terrestre a través de buses con destino a Perú y Bolivia. Entre ellos 11 fueron devueltos por procesos judiciales, mientras que el resto por administrativos.

La presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, expresó en conversación con Mañana Será Otro Día (MSOD) que todo el proceso ocurrido estas semanas, “culmina con este show mediático”, donde “nunca antes en la historia de este país se había utilizado este método y cobertura que denostase a las personas”.

También hizo énfasis en las medidas tomadas por otros países como Colombia: “quienes tampoco tienen una situación fantástica y reciben una cantidad aún mayor de personas”, pero son “capaces de mirar en una lógica de protección” hacia los migrantes, quienes “arriesgan su vida” para buscar una realidad mejor de laque viven en su país”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quién se encontraba en el lugar, manifestó que “las personas que quieran venir a Chile lo deben hacer por las vías correspondientes” y que todas aquellas que piensan ingresar por pasos clandestinos deben pensarlo antes, ya que, “el destino de ellos va a ser la expulsión”.

En ese hilo Rodríguez afirmó que “no es posible ingresar de manera regular por vía terrestre”, y que “sobre todo para Venezuela” es aún más burocrático el ingreso. Una visa especial de responsabilidad democrática, la cual a dos años de su implementación “sólo un 5% del total de las solicitudes han sido efectivamente utilizadas”.

Plan Colchane

Luego de que este martes el canciller Andrés Allamand, junto a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Defensa, Baldo Prokurica, llegaran a la comuna de Colchane, los secretarios de Estado dieron a conocer algunas medidas que contempla el Plan Colchane, entre ellas, la expulsión de personas que ingresen al país por pasos no habilitados y un plan de difusión internacional para advertir las medidas que adoptará Chile en esta materia.

“La migración venezolana se ha transformado en una emergencia regional”, recalcó el canciller, junto con señalar que se está trabajando con autoridades de Bolivia y Perú para enfrentar de manera coordinada el movimiento ilegal de personas.

“Estamos en contacto directo con las autoridades políticas y a través de ellas con las autoridades policiales de Perú y Bolivia, estableciendo distintas coordinaciones, que tienen que ver, por ejemplo, con solicitar controles más estrictos en los países de la ‘cadena’ en la que vienen bajando los venezolanos”, indicó.

Fuente: Radio Concierto

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Ingresos entre el sábado y ayer fueron por pasos no habilitados cerca del volcán Ollagüe y el complejo fronterizo, la mayoría venezolanos. Entre las 14 personas sorprendidas ayer, venía un lactante. El proceso: migrantes quedan detenidos, pasan a control de detención y luego a residencias sanitarias. SJM monitoreó residencias y detectaron a niños con problemas de desnutrición.

Por un paso no habilitado cercano al volcán Ollagüe, en el límite de la región con Bolivia, ingresaron ayer a Chile 14 personas de nacionalidad venezolana. De acuerdo a lo informado por la Gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia, se trató de 4 hombres, 4 mujeres y 6 menores, entre ellos un lactante. Carabineros los detuvo y posteriormente se esperaba su entrega a funcionarios de la PDI para ser apercibidos y luego ser ingresados a una residencia sanitaria.

Los ingresos clandestinos de ayer se sumaron a las 22 personas -también venezolanas- que ingresaron cerca del volcán Ollagüe el domingo (habían 6 menores), y 16 por el complejo fronterizo de la comuna, quienes fueron interceptados por Carabineros. El alcalde (s) de la comuna, Jorge Berríos, dice que se ha notado un “aumento considerable” en la cantidad de personas que están pasando por la frontera, indicando que con el endurecimiento de la frontera en Colchane, “puede que (los migrantes) opten por venirse por Ollagüe para ingresar al país”.

“Para nosotros es bastante complicado porque no contamos con albergues, no tenemos los servicios necesarios para entregarles alimentación”, dice el alcalde de la comuna de 317 habitantes, cinco veces menos que Colchane. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el pueblo de la región de Tarapacá, en Ollagüe no hay gente acampando. “Ellos demandan seguir camino”, cuenta.

La gobernadora Jopia indica que frente a los ingresos clandestinos, se está en coordinación con la PDI y Fiscalía, “con la finalidad de que las personas que entran queden detenidas y pasen al día siguiente al control de detención”. Quienes están con menores, pasan directo a las residencias sanitarias.

Pero nadie queda en Ollagüe: los trasladan a Calama. “Las personas con control de detención igual tienen que pasar a residencias sanitarias para poder fiscalizarlos y poder resguardar la salud de la población porque ellos vienen de otros lugares, no sabemos si traen contagios”, dice la gobernadora, quien agrega que están preocupados de que los migrantes están llegando con niños pequeños, y que el clima de Ollagüe es peor que el de Colchane. Para hoy, por ejemplo, la mínima pronosticada es de cero grados. “Estamos tratando de coordinarnos de tal manera que no nos pase lo de Colchane”.

En Calama, el alcalde Daniel Agusto dice que las residencias sanitarias ya están en su máxima capacidad. “Nos preocupa enormemente, además de ser inaceptable, porque además pone en riesgo la situación sanitaria de nuestra comuna”. El edil pide que las Fuerzas Armadas también se desplieguen en Ollagüe y en otros pasos donde se esté ingresando clandestinamente al país. “Ahora lo que queda es actuar”, plantea.

Por otro lado, el alcalde Berríos cuenta que se planteó la problemática al Gore a través de la Asociación de Municipios (AMRA) y que a través de un proyecto FNDR se podrían construir albergues provisorios para los pasos fronterizos si es que el flujo aumenta. “Todavía no es necesario porque nosotros podemos manejarlo de acuerdo a la cantidad de personas que está avanzando, pero ni Dios quiera que esto surja más adelante, y se vuelva más complejo, ahí vamos a tener el problema. La idea es abordarlo antes de que estalle como ha estallado en otras partes”.

NIÑOS EN DESNUTRICIÓN

Según datos de la PDI obtenidos vía Ley de Transparencia, en la región de Antofagasta hubo 1.081 extranjeros denunciados por ingreso clandestino a la zona, casi cuadruplicando la cifra de 2019 (ver gráfico). La mayoría de los denunciados el año pasado corresponde a personas de nacionalidad venezolana (697), siguiendo la tendencia nacional: a nivel país, fueron 12.935 los venezolanos denunciados por esa razón.

Nos encontramos en un momento súper crítico“, plantea la jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Lizza Aravena. Ante el paso de extranjeros por pasos irregulares, el SJM está realizando “rutas calles” para conocer qué pasa con los migrantes que están llegando a las ciudades y cómo se están manteniendo. El jueves pasado estuvieron monitoreando en las residencias sanitarias. “Una de las situaciones más graves que se nos ha informado (.) que un gran número de niños y niñas que han ingresado a estas residencias sanitarias se encuentran con problemas de desnutrición“, cuenta. Aravena que con esta migración se ha desatado xenofobia en el norte, “y los dichos de algunos personeros contribuyen mucho (…) y eso complica más la situación”.

A juicio de Aravena, es necesario activar todos los dispositivos posibles para tener un nivel de respuesta más coordinado con otros países fronterizos, trabajar en un plan de emergencia y que tiene que haber una respuesta colectiva de todos los involucrados, tanto organizaciones migrantes, pro migrantes y el estado. La jefa regional del SJM pone por ejemplo, lo ocurrido en María Elena, en que la comuna generó un albergue. “Apelo a la humanidad, a entender esta migración (.) entenderla en términos humanitarios. Casi el 80% de las personas que ingresan al país vienen por reunificación familiar. Eso quiere decir que tienen familiares en Chile viviendo ya”.

NACIONALIDAD DE DENUNCIADOS 2020 EN LA REGIÓN

– Venezolana 697

– Boliviana 242

– Colombiana 85

– Haitiana 18

– Peruana 15

– Cubana 12

– Dominicana 4

– Ecuatoriana 3

– Alemana 2

– Belga 2

– Argentina 1

Fuente: La Estrella del Norte

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Destaca que “el ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma”.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, se refirió a la crisis migratoria que atraviesa en este momento la comuna de Colchane en el norte del país, y manifestó la necesidad de que el Estado de Chile “adopte medidas desde una perspectiva humanitaria y de protección respecto de las personas venezolanas llegadas a la zona fronteriza de la región de Tarapacá”.

En un comunicado, Ureta consideró que “se trata, tal como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos internacionales, de personas cuya situación se enmarca dentro de la definición de refugiados y en consecuencia se les debe otorgar la protección que de acuerdo a la ley corresponde aplicar”.

Destaca que “el ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma”.

Además, la directora del SJM argumenta que si bien las autoridades han llamado a ingresar a Chile a través de pasos regulares, enfatiza que estos “casi no existen hoy para la población venezolana”. Por otra parte sostiene que “las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%”.

“Las personas cruzan el continente, entre ellas niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. Ponen en riesgo su vida, porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia, su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir”.

Por último, Waleska Ureta valoró la decisión del presidente de Colombia Iván Duque, “que lejos de expulsar a las personas venezolanas les otorga un Estatuto de Protección Temporal, debe llevarnos a dimensionar la gravedad de esta crisis y sobre todo la manera en que ella debe ser enfrentada”.

Fuente: El Mostrador

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