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Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes hizo una radiografía sobre la situación de movilidad fronteriza. Señalaron que solo un 17% de extranjeros que ingresó por paso no habilitado se autodenunció ante las policías.

El pasado viernes el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicó el informe “Dinámicas Fronterizas en el norte de Chile año 2020: Pandemia, medidas administrativas y vulnerabilidad migratoria”. Material que se presentó a través de un seminario online, donde Pablo Roessler, coordinador del estudio, explicó que el objetivo del documento fue exponer las movilidades fronterizas que se han generado en el extremo norte del país durante este año, centrándose en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

En ese orden de ideas, hicieron una radiografía de la actual situación migratoria que vive la región, donde indicaron que la mayoría de los ingresos corresponden a venezolanos entre 18 y 30 años, los que están en situación de movilidad por tres razones: la situación económica que están atravesando países como Perú, Bolivia, Ecuador; el mayor control en la frontera Tacna-Arica, impulsado por ambos países; y motivados por el apoyo que le ofrecen familiares, que ya están radicados en Chile.

En el informe, elaborado en base a datos de la Policía de Investigaciones y entrevistas a distintos actores regionales, precisaron que se empezó a formar una “infraestructura” de movilidad ilegal por parte de terceros, que ayuda a ingresar de forma irregular a Chile, haciendo ruta por Perú, luego pasando la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, y después a pie a Colchane y Huara. Solo un 17% de indocumentados se autodenunció una vez llegados a territorio nacional.

“Es frecuente que no se cumpla lo acordado y los transportistas los abandonen en distintos puntos del desierto (…) las y los entrevistados señalan que son testigos de cientos de caminantes que llegan a pie a Huara, muchos de ellos con altos niveles de deshidratación y en estado de shock”, detalló el estudio dado a conocer el viernes.

CRÍTICA

Desde el Servicio Jesuita aseguraron que las respuestas de las autoridades regionales frente a esta situación “han sido débiles” en soluciones de mediano y largo plazo. No así la de los jefes comunales.

“El Gobierno ha mantenido un enfoque securitista y criminalizador de los ingresos irregulares, sin comprender que se trata de una situación de crisis humanitaria, donde se juegan elementos de DD.HH”, acusaron. Emplazaron al Gobierno a apuntar a un trabajo colaborativo entre países de la región, expresaron la posibilidad de otorgar refugio o generar visas humanitarias para residir de manera regular de estas personas, hicieron un llamado a trabajar con la comunidad “respuestas solidarias”, ya que afirmaron que vieron expresiones de rechazo hacia la migración en ciudades como Iquique, La Paz y Lima. Por último, instaron al Gobierno a que refuercen iniciativas de cooperación intersectorial, ya que para ellos “un municipio no puede responder por sí solo a una política de Estado”. En referencia a las situación a la que han estado expuestos los gobiernos comunales de la capital regional y Huara.

El alcalde de Colchane, Javier García, comuna donde estos extranjeros hacen el primer ingreso a nuestro país, criticó que hasta el momento no ve ninguna medida concreta del Gobierno en la frontera. “Hemos visto más bien una campaña comunicacional más bien adversa a la realidad, sin visualizar a la fecha ningún efecto, o ninguna medida que tienda a controlar el ingreso de extranjeros por el costado del Complejo Fronterizo de Colchane, estando aún cerrado, para el tráfico de personas. A la fecha solo he visto en los medios de comunicación anuncios por parte del Gobierno, sin que a la fecha haya información o comunicación de alguna medida hacia este gobierno comunal”, declaró.

El intendente regional, Miguel Ángel Quezada, no desconoció que la situación de migración en la región ha sido compleja, pero garantizó que durante la pandemia el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para lograr llevar a los migrantes a residencias transitorias y así -según él, resguardar la salud de ellos y la salud de los residentes.

“Ha sido muy importante en este tiempo la participación de las distintas instituciones y organismos (…) nos reunimos con ONU Migrantes, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, que ha estado coordinando distintas acciones con el Gobierno, a través de sus representantes en nuestro país”, remarcó.

Desde esta organización indicaron que han estado realizando acciones de asistencia humanitaria, como entregar alimentación en Colchane y alojamiento temporal en Huara.

Fuente: La Estrella de Iquique.

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El documento refleja las dinámicas de movilidades fronterizas del norte de Chile en 2020, centrándose en las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Pese a que los flujos migratorios hacia Chile bajaron, se incrementaron los ingresos irregulares y sobre todo los abusos derivados de esta situación, afectando sobre todo a personas venezolanas.

Coincidiendo con el Día Internacional de Migrante, hoy viernes 18 de diciembre, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó este jueves el Informe Dinámicas Fronterizas en el norte de Chile año 2020: Pandemia, medidas administrativas y vulnerabilidad migratoria. Ello se hizo por medio de un Seminario online con presencia de sobre 500 asistentes.

El material, que se encuentra disponible en la web www.migracionenchile.cl, “tuvo como objetivo exponer las dinámicas de movilidades fronterizas que se han dado en el extremo norte de Chile en 2020, centrándose en las Regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, todo ello dentro de un año que ha sido complejo, producto de la pandemia del Covid-19 y en que han jugado un rol importante también las medidas administrativas del Gobierno y la discusión del proyecto de Ley de Migraciones. A la información, que se extrajo por medio de análisis estadístico de información solicitada por Ley de Transparencia a organismos públicos, se le sumó la experiencia práctica de trabajo de nuestra oficina de Arica y al apoyo del equipo liderado por la académica de la Universidad Mayor y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, Carolina Stefoni que realizó entrevistas en la II Región, en localidades como Colchane y Huara”, explicó Pablo Roessler coordinador del Informe y responsable de Estudios del SJM.

De cara a los principales resultados, Roessler señaló que ”desde 2018 los flujos migratorios hacia Chile bajaron y en 2019 los ingresos de extranjeros disminuyeron en un 12% con relación a 2018, y si comparamos los ingresos entre enero y septiembre 2019 con los del mismo período 2020, estos disminuyeron en un 66% a nivel nacional. No obstante los ingresos por paso no habilitado se han incrementaron ya que entre enero 2018 y septiembre 2020 se concentra el 61% de los notificados desde 2010. Además, desde 2018 se han elevado visiblemente los correspondientes a personas venezolanas, pasando de ser 9 en 2017, a 4.226 en 2020. En este último año, constituyen el 72% de los registros totales de ingresos por paso no habilitado”.

A juicio del experto, “las explicaciones son multidimensionales y se vinculan con las medidas administrativas aplicadas por el Gobierno con un enfoque securitista, a la crisis humanitaria que afecta a Venezuela y al cierre de fronteras que se impuso en 2020”.

“Por otro lado, también se vio que desde junio 2019 (fecha de inicio del requisito de ingreso con Visa Consular de Turismo a población venezolana) hasta septiembre 2020, solamente la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota registró 390 víctimas de tráfico ilícito, donde 9 de cada 10 (89%) fueron venezolanas”, agrega Pablo Roessler.

Desde Arica, la jefa de la Sede Regional de la región de Arica-Parinacota del SJM, Javiera Cerda, complementó apuntando que “la pandemia nos obligó a cerrar nuestra oficina y la atención presencial, pero las personas migrantes igualmente fueron atendidas a través de nuestra plataforma MigrApp de mensajería instantánea, que da respuestas a distintas necesidades de la población migrante y refugiada, entregando ayuda humanitaria y monetaria. Así hemos realizado 21.516 atenciones a personas migrantes. El 56,3% de ellas son venezolanas, el 16,4% ingresó por paso no habilitado y de ellos más del 67,9% son de nacionalidad venezolana”.

Igualmente se destacó entre los resultados del Informe que, pese a la crisis humanitaria que enfrenta la región, se observó una disminución en la cantidad de personas que han ingresado al país señalando que solicitarán refugio (siendo 16.900 el primer semestre de 2019, 33 el segundo semestre de ese año, y solo cuatro entre enero y septiembre de 2020).

“La pandemia ha agudizado la vulnerabilidad de los migrantes que ingresan a Chile. En este marco se subraya la necesidad de dar una respuesta regional, que trascienda lo nacional y vaya más allá de una óptica securitista para apuntar a instrumentos adecuados de asilo y refugio; no se trata de criticar a un Estado en específico, sino de enfrentar la situación de grave crisis humanitaria que afecta a toda la región, a través del reforzamiento de iniciativas de cooperación internacional e intersectorial, junto a la entrega de más información sobre el tráfico y trata”, sentenció Pablo Roessler.  

Una mirada analítica

En este contexto, Marcela Tapia, Directora del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat, comentó que “el norte de Chile históricamente ha sido un lugar de migraciones, incluso antes que surgieran los Estados Nacionales actuales, pero a partir de su instalación muchos movimientos se han dificultado, más aún con el giro securitista que se han adquirido en muchas fronteras”. La académica también mencionó que “el Informe amplía la noción de migración ligándola no sólo con quienes deciden salir de sus países por razones económicas, pues hoy vemos que las personas aplican al refugio y éste no se les otorga, dando cuenta de que un fenómeno forzado de movimiento que debiera alertar a la autoridad para que dé un giro a la integración más que a la seguridad”.

A su turno, Teresita Rocha, Profesora Asistente de Investigación, Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, apuntó que “la situación  que vive Chile también se da en otros lugares del mundo como la frontera entre México y EE.UU, donde han aumentado las políticas restrictivas desde los 90 para disuadir el ingreso de migrantes, pero ello no se ha logrado. Muchos estudios internacionales han documentado por años que estas políticas más que evitar ingresos, rompen la circularidad migratoria entre ambos países, aumenta el costo del mercado de tráfico, y los peligros al migrar. Se ve así con el reporte que hoy presentamos y en otros estudios, el fracaso de estas políticas migratorias restrictivas y el impacto negativo para la vida y los derechos humanos de los migrantes, y para la economía de los países receptores: quienes de igual manera ingresan por paso no habilitado, enfrentan problemas de integración por falta de documentos, laborales, culturales y acceso a servicios sociales. Ello se ha exacerbado con la pandemia.”

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«Quienes defendemos los DD.HH. no somos ‘buenistas’»: Organizaciones migrantes rechazan dichos «inmorales» del jefe de Extranjería

El diario La Tercera publicó este lunes una entrevista al jefe de Extranjería de Chile, Álvaro Bellolio, quien respondió a las declaraciones de la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, dirigenta que criticó directamente la Ley de Migraciones, asegurando entre otras cosas que no ayudará a solucionar la falta de regularización de extranjeros en Chile.

Esto, debido a que quienes ingresaron después del 18 de marzo por pasos no habilitados y que no mantienen antecedentes penales, quedarán excluidos del proceso regulatorio, como consignó Ureta. Además, la directora se refirió a la «estigmatización brutal» que existe de la migración, sosteniendo que «cuando se muestra en la prensa cuando se deporta a la gente que ha cometido delitos, que es el 0,01% de la comisión de delitos a nivel nacional, entonces tú dices, ¿por qué no muestran el 99% de las experiencias exitosas de personas migrantes? Que trabajan, que están esperando regularizarse y que vienen a buscar oportunidades laborales».

«El Estado tiene derecho a hacer las deportaciones de las personas que no han cumplido la ley, pero ahí meten en un saco a personas que entraron (a Chile) huyendo de sus países y que no tienen antecedentes penales. Hay que ser precisos y rigurosos a nivel comunicacional», pidió la lideresa de la organización. Sin embargo, el jefe de Extranjería fue todo menos cuidadoso con sus declaraciones en los medios.

En este contexto, Bellolio afirmó al matutino que «el materializar la expulsión de extranjeros que cometieron delitos, ya sean ingresos clandestinos como robo con violencia, trafico de drogas u otros, es fundamental para mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros. Este mínimo grupo de extranjeros que son expulsados generan problemas de convivencia en el país, por lo que visibilizar su expulsión ayuda a generar confianzas en que el extranjero que está en Chile, no tiene antecedentes, y si llega a cometer delitos, va a ser expulsado. Poco ayuda la visión buenista de que nuestro país sea el centro de la rehabilitación de migrantes delincuentes, porque genera tensión entre nacionales y extranjeros debido a la impunidad de que cometer delitos, si eres extranjero, no tiene consecuencias».

«Existen dos visiones. Los que creemos que el ingreso clandestino perjudica a nacionales y extranjeros, y los deja vulnerables, por lo que no hay que incentivar estos ingresos prometiéndoles visas y regularizaciones automáticas, o la propuesta del Frente Amplio y el SJM, donde no importa como entren, ya sea clandestino o no, sino que lo importante es que todos puedan llegar a Chile, y para evitar que ingresen clandestinamente, dejar pasar a cualquiera sin preocuparse de las implicancias en la cohesión e integración en nuestro país», dijo la autoridad, aludiendo a que la oposición y la asociación migrante buscan una política «sin restricciones».

«Racista, xenófobo y falaz»

A raíz de esta entrevista, El Desconcierto se comunicó con organizaciones de extranjeros y extranjeras residentes en el país, cuyas vocerías expresaron al medio su rechazo hacia Álvaro Bellolio como referente de Extranjería y a sus declaraciones, que calificaron de «falaces» y «racistas».

«Repudiamos estas nefastas declaraciones del jefe de extranjería que, inmoralmente, pretende relacionar la migración a la delincuencia», constata Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

«Con un Presidente que tiene denuncias serias y fundadas, por temas de desfalco de dinero, como el Banco de Talca y otros casos, ¿con qué autoridad moral se levantan para poder plantear esto? Está demostrado que la migración no tiene nada que ver con la delincuencia. Si hay un ingreso irregular al país, es porque no hay forma de ingresar regularmente. Porque le pusieron visa consular a los haitianos, venezolanos y varios más, que les impide entrar de manera regular al país», establece el dirigente.

«Hoy los consulados chilenos de República Dominicana y Haití, rechazan visas a menores de edad, que tienen que ingresar de manera irregular al país», cuenta Noriega, agregando un último comentario hacia la persona del jefe de Extranjería.

«Este señor es simple y llanamente uno más de la orquesta de payasos que aplauden la política anti migratoria del gobierno de Chile. Nosotros denunciamos que la política de hostilidad a migrantes, no solo le hace daño a los migrantes, sino al país entero. Generar migración irregular le hace daño al país», concluye.

Por su parte, Eduardo Cardoza, representante del Movimiento de Acción Migrante (MAM) y de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, expresa a este medio que lo sucedido con la entrevista de La Tercera es «una manipulación comunicacional demasiado importante».

«Se atribuye una serie de condiciones a quienes defendemos los derechos humanos de las personas migrantes. se refieren a los Derechos Humanos como a las personas que los defienden, señalando que es un ‘buenismo’ que le hace daño al país, y eso es gravísimo», alerta Cardoza.

«La defensa de los Derechos Humanos es una obligación que tiene el Estado, y que debe cumplir para con quienes viven en su territorio. En vez de mostrarse a la altura de eso, el jefe de Extranjería se muestra como un ejecutor de aspectos comunicacionales que no se condicen con la realidad. No creo que las instituciones de las que él habla (Servicio Jesuita a Migrantes), ni otras instituciones como la nuestra, estén por que Chile sea un centro de rehabilitación de delincuentes, porque, lamentablemente, ya hemos visto que Chile no rehabilita a sus reclusos, los maltrata con hacinamiento y condiciones carcelarias que son inhumanas. Entonces el desprecio que contiene esa frase, no es solo a nuestros postulados, sino a cualquier concepto de humanidad», acusa.

«Ser racista, xenófobo y falaz lo que hace es que se generen malas políticas migratorias, pero además una comunicación hacia la sociedad que, en lugar de fomentar la interculturalidad y la inclusión, lo que hace es amenazar la cohesión», dice el representante.

«Lo que está haciendo es generar odio desde la población hacia los migrantes, y generar miedo con relación a que en este país entra cualquiera, y no es así. Nunca en este país han entrado personas que no cumplieran los requisitos que el país plantea. Cuando se tratan de generar imágenes con respecto a descontrol migratorio en el país, es una falacia. En todos los países, cuando se establecen políticas con rigideces enormes, lo que se hace es incentivar la irregularidad migratoria. Es lo que está pasando acá y lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo», asegura el ciudadano extranjero.

«Quienes defendemos los Derechos Humanos no somos ‘buenistas’, defendemos un estándar que desgraciadamente no se respeta, y que quisiéramos que se respetara porque eso le hace bien al país. Nosotros estamos preocupados por una migración segura, ordenada y regular, pero no en las palabras, sino en los hechos. Para nosotros es gravísimo que para no cumplir una política migratoria de fondo, lo que se plantea es descalificar a todos quienes defienden los Derechos Humanos en este país», finaliza.

Respuesta del SJM

El Desconcierto también se contactó con la dirigenta aludida, Waleska Ureta, quien desmiente y rechaza categóricamente las palabras de Bellolio. «Jamás hemos propuesto una migración sin restricciones y no apoyamos como institución la entrega de visas automáticas o en la frontera. Es informarse sobre lo que se ha propuesto, no ser buenista».

«Se confunden y banalizan las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. No estamos en contra de todas las deportaciones, sino de hacer de ellas un show mediático. Igualmente en nada ayuda que un funcionario público infantilice la discusión señalando que se busca que Chile sea centro de rehabilitación de migrantes delincuentes. Debemos elevar el debate y dialogar en base a la evidencia, eso es lo que ha hecho el SJM en sus 20 años de trabajo directo con población migrante», señala.

Respecto a la posibilidad de regularización para quienes ingresaron al país por pasos no habilitados, Ureta acota que «bajo este mismo gobierno, se regularizó a personas migrantes que habían ingresado de esta manera y no tenían antecedentes penales. Es un criterio que se ha usado en las últimas tres regularizaciones que ha realizado el Estado chileno. Es mirar la historia y las buenas prácticas en política migratoria».

«La política del gobierno hacia la migración venezolana (creación de Visa de Responsabilidad Democrática, imposición de una visa consular de turismo, negativa sistemática a dar acceso al procedimiento de asilo y retraso injustificable en la tramitación de Visas de Responsabilidad Democrática) ha tenido un efecto adverso claro, que es el crecimiento exponencial de los ingresos por paso no habilitado de dicha población. Si en 2017 hubo nueve ingresos por paso no habilitado de personas venezolanas, este año a septiembre se registraban 4.226. Eso es evaluar una política pública basándose en la evidencia», le responde la representante al Jefe de Extranjería. 

Fuente: El Desconcierto.

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A través de una reunión virtual, alrededor de 30 de los casi 400 voluntarias y voluntarios que nuestra organización tiene de Arica a Puerto Montt, compartieron sus vivencias y aprendizajes, al tiempo que recibieron agradecimiento de los directivos de nuestra fundación. 

Con la presencia de más de treinta voluntarias y voluntarios desde Arica a Puerto Montt, el pasado sábado 12 de diciembre, el Servicio Jesuita a Migrantes(SJM), realizó un encuentro virtual para agradecerles, intercambiar experiencias y preparar con energía el 2021. 

La cita, en la que intervinieron activamente representantes de los cerca de 400 voluntarios que el SJM ha tenido a lo largo de 2020 en los proyectos de Ayuda Humanitaria, MigrApp, Protagonistas sin Fronteras y el Programa de Atención Territorial ), comenzó con el saludo de la nueva Directora Nacional del SJM, Waleska Ureta, quien se declaró “muy feliz de poder participar porque soy una fan del voluntariado. Me alegra mucho conocerlos y escuchar de sus vivencias y aportes, pues ustedes son vitales para el SJM. En un año tan complejo personal y laboralmente, cada uno de ustedes se ha volcado a ayudar a otras y otras, transformándose en nuestros principales embajadores y voceros. Gracias y seguimos adelante juntos”. 

Por su parte, el sacerdote jesuita y nuevo Capellán del SJM, José Tomás Vicuña, comentó que “desde este nuevo rol les quiero acompañar, invitándolos a no perder la mística, algo clave en ONGs como el SJM, pues nuestro cansancio es el alivio de otros. Por otro lado, los datos no llegan a los corazones, son las historias que ustedes acogen las que nos permiten aprender y profundizar nuestra misión solidaria. Así lo hicimos este 2020, facilitando la vida de familias migrantes con 5.500 transacciones en 70 comunas y10 regiones a lo largo del país, este logro fue gracias a ustedes. Llegamos donde el Estado no llega, a los más excluidos. Sabemos del rechazo a la migración, pero también juntos conocemos muchas más experiencias positivas de convivencia en que construimos puentes y no muros”.

Construyendo puentes y vivencias 

Las voluntarias y voluntarios, cuyos perfiles incluyen a personas jóvenes y adultas, estudiantes y profesionales junto a diversas nacionalidades, también tomaron la palabra para comentar el significado del voluntariado para ellos y ellas. Ariel Mesias (Migrapp) dijo que “sé que mi aporte puede ser pequeño, pero unido al de mis otros compañeros, porque cada vez somos más, hacemos la diferencia. No olvido los casos críticos de personas que han ingresado por paso no habilitado, haber podido orientarlos o al menos entregarles algo de tranquilidad, sin ningún interés de por medio, para mi es un logro muy importante a nivel personal”.

Verónica Carreño (Ayuda Humanitaria y Atención Social) compartió:  “siempre he estado interesada en la migración, por lo que fue muy importante para mí poder ser un puente para que las personas accedieran a diversas ayudas. En los días de encierro de la pandemia, también me impactó mucho un caso de una persona venezolana, a la que no le aprobaban solicitud de refugio, es impactante, eso no se olvida. Espero seguir ayudando el próximo año junto al SJM”. 

Finalmente, Sara Cox (Protagonistas Sin Fronteras) recordó que “nosotros como grupo Scout San Gabriel llegamos al SJM con la idea de trabajar con niños de Estación Central y tuvimos una gran recepción, sumándonos al trabajo en la Población La Palma. Dedicamos todas las mañanas de los sábados a acompañar a las niñas y niños migrantes, compartirles nuestros valores y que ellos y ellas tomen  conciencia de su rol protagónico,  que pueden ser agentes de cambio para una mejor sociedad. Fue muy desafiante aprender a trabajar a distancia, pero lo que recibimos nos ha hecho crecer mucho, más allá de nuestras diferencias de origen. Todos los scout hemos disfrutado y aprendido mucho, por lo que recomendamos esta experiencia de vida”.  

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Pese a valorar aspectos de la nueva normativa, la psicóloga cuestiona los cambios que hizo el gobierno, ya que, dice, “va a seguir promoviendo que haya muchos migrantes irregulares en el país”. Por Javiera Matus.

El pasado miércoles asumió por primera vez una mujer el cargo de directora nacional del Servicio Jesuita Migrante (SJM). Se trata de Waleska Ureta, psicóloga y exdirectora social de América Solidaria. En conversación con La Tercera, la profesional analiza la nueva Ley de Migración y Extranjería despachada por el Senado el 3 de diciembre, y cuestiona que el gobierno excluya a extranjeros de una “regularización masiva”.

¿Cómo evalúa esta nueva ley?

Es una ley que viene del 75. Nosotros como SJM creemos que es bueno que se haya llegado a un acuerdo después de tanto tiempo. Esta debe ser una política de Estado que ahora se volvió a mirar, ya era hora, y mira al largo plazo y no solo a la contingencia.

¿Qué aspectos valora de la ley?

Crea un Servicio Nacional de Migraciones y esto implica que va a haber servicios en todas las regiones del país, por lo tanto, va a agilizar y hacer más eficientes las tramitaciones y todo lo que implica regularización migratoria. También, que se crea un Consejo de Política Migratoria y eso está muy bueno, porque está compuesto por distintos ministerios, por lo que es un trabajo intersectorial y la política migratoria se va a mirar desde distintas perspectivas. Además, se crean 13 tipos de visas, lo que refleja la diversidad de los motivos por los que las personas migran. Y se incrementa la cantidad de universidades donde se pueden convalidar los títulos.

¿Y qué defectos ve?

Hay aspectos que deben ser revisados, como el Artículo 8 transitorio de la ley, que señala que las personas que entraron antes del 18 de marzo van a poder regularizar (su situación), pero no podrán hacerlo quienes entraron después de esa fecha por pasos no habilitados y que no tengan antecedentes penales. Hoy nos preguntamos por qué (el gobierno) cambió de criterio y deja a gente fuera de esa regularización masiva que sería muy buena para ordenar la casa. Eso va a seguir promoviendo que haya muchos migrantes irregulares en el país. Además, hay algunos artículos que no respetan el debido proceso y el resguardo del interés superior de los niños, sobre todo los que están relacionados con ingreso por pasos no habilitados y en el caso de los niños que no vienen acompañados por sus padres o tutor. Esto está dentro de la ley migratoria y no se va a considerar dentro de los Tribunales de Familia. Eso hará que los niños que vengan sean deportados dentro de la lógica de ordenar. No podríamos decir que es una buena ley y nos quedamos tranquilos.

¿Qué expectativas tiene de la aplicación de esta norma?

Lo clave es cómo se va a implementar la política y esto tiene que ser un proceso súper participativo, que no se cometan los mismos errores, que se tomen los aciertos.

¿Qué análisis hace sobre regularización migratoria en Chile?

En los últimos tres años han entrado 21 mil personas por pasos no habilitados, la mayor parte de ellos son personas que vienen de Venezuela. Nos preocupa que en Venezuela está sucediendo una crisis humanitaria y creemos que se están tomando solamente medidas migratorias de cuidado de fronteras frente a una crisis humanitaria de un país. Además, se requiere de una respuesta regional, no solo de Chile. Y lo que pasa con la regularización finalmente es que no va a parar el ingreso por pasos no habilitados, entonces es muy grave que esto no esté zanjado, porque va a seguir pasando. Las personas de Venezuela no están migrando, están huyendo de su país.

¿Cómo ve que nuestro país aborda la migración?

Hay una estigmatización brutal de la migración. Cuando se muestra en la prensa cuando se deporta a la gente que ha cometido delitos, que es el 0,01% de la comisión de delitos a nivel nacional, entonces tú dices ¿por qué no muestran el 99% de las experiencias exitosas de personas migrantes? Que trabajan, que están esperando regularizarse y que vienen a buscar oportunidades laborales.

¿Qué lectura hace sobre las declaraciones de Álvaro Bellolio sobre que las expulsiones televisadas muestran que eso le pasa al extranjero que comete delito?

Esas afirmaciones meten en el mismo saco a todas las personas. El Estado tiene derecho a hacer las deportaciones de las personas que no han cumplido la ley, pero ahí meten en un saco a personas que entraron (a Chile) huyendo de sus países y que no tienen antecedentes penales. Hay que ser precisos y rigurosos a nivel comunicacional.

Varios alcaldes de la Región Metropolitana están alertando por el aumento de campamentos con fuerte participación de migrantes. ¿Cómo ve la situación?

Chile es un país muy desigual y cuando la población migrante no se puede regularizar se va generando la necesidad de buscar espacios donde vivir. Esto es el síntoma de algo más profundo y los alcaldes lo están viendo, pero recordemos que en Chile tenemos campamentos previo a las grandes olas migratorias, entonces no es algo que es solamente atribuible a que las personas migrantes están en situación de pobreza hoy en Chile.

¿Cuáles son sus metas como la nueva directora del SJM?

Llego muy contenta, esperanzada y con buena energía para enfrentar este desafío. Creo que es un hito dentro de la fundación que vaya a ser la primera mujer y llegó una mujer también como presidenta del directorio. Mis desafíos vienen cargados de intervención territorial, nosotros somos una organización que nos caracterizamos por estar en la incidencia, porque conocemos las historias de quienes las están viviendo.

REGULARIZACIÓN

‘En los últimos tres años han entrado 21 mil personas por pasos no habilitados; la mayor parte de ellos son personas que vienen de Venezuela’

MIGRACIÓN EN CHILE

‘Hay una estigmatización brutal de la migración (.). Se muestra en la prensa cuando se deporta a la gente que ha cometido delitos’.

Fuente: La Tercera

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Esta semana dejó su cargo como director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) para asumir como capellán de esta organización. Desde su rol evalúa los alcances de la Nueva Ley de Migración y Extranjería y habla de los aspectos que la legislación debiera considerar. Por Carolina Méndez.

La voz calma de José Tomás Vicuña (38) se acelera por un momento. Hace pocos minutos presenció una “dantesca pelea” en su barrio, la población Los Nogales de Estación Central. “Estaba en una feria y un hombre borracho comenzó a amenazar a una mujer; llegaron unos hombres a defenderla. Ante lo cual el agresor tomó una botella, se las tiró y cayó sobre un auto. Ahí salió el dueño y sacó una pistola cargada para amenazarlo”.

-Debe ser fuerte protagonizar escenas diarias así.

-He visto con perplejidad como niños y niñas se mezclaban caminando entre la violencia. En medio de esa pelea la gente seguía como si nada. Nadie escapó o gritó. Fue casi una escena kafkiana, donde la violencia se hace cotidiana en medio de una feria donde todos transitaban.

Hace dos años Vicuña asumió como director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), organización católica que protege los derechos de quienes llegan y residen en Chile acompañándolos en su proceso de inclusión social. Desde entonces vive en Estación Central junto a seis miembros de su congregación.  Entre sus vecinos hay chilenos y migrantes que habitan cités. “Es un barrio que está capturado por las drogas. Donde los fuegos artificiales y las balas locas se escuchan todas las semanas”.

Esta semana el sacerdote dejó su cargo en la organización jesuita para asumir como Capellán de la misma entidad. En su reemplazo asumió Waleska Ureta quien es la primera mujer en liderar el SJM en sus veinte años de historia. “Contamos con oficinas en Arica, Antofagasta y Santiago. Este año hemos atendido a más de 22 mil personas y se ha entregado ayuda humanitaria a más de seis mil migrantes. Recién estuve donde un matrimonio que vive en cité con seis hijos. Tienen dos piezas para los ocho. Cuando estás así la calle tiene más seguridad que tu casa. Por eso el anuncio del retroceso de la región metropolitana a la fase 2 será muy duro para la población migrante. Un estudio que realizamos reflejó que el hacinamiento entre los migrantes  es mayor que la chilena”, explica.

El SJM es financiado por aportes privados y fondos públicos (su presupuesto es de un millón de dólares anuales). “Creemos que la Nueva Ley de Migración constituye un paso relevante en la adecuación de una regulación que era insuficiente. Sin embargo, nos preocupa la aplicación de ciertas disposiciones”.

-Este proyecto, que hace siete años se presentó en la primera administración de Sebastián Piñera, contempla la creación del Servicio Nacional de Migraciones, además de 13 nuevos tipos de visa para los extranjeros que ingresen al país, ¿Cuáles son sus aprensiones?

-Hay un punto que debería evaluarse que tiene que ver con el artículo 8 transitorio. Éste permitirá regularizar a quienes estaban en situación irregular y que hayan ingresado por pasos habilitados antes del 18 de marzo, pero no a quienes lo hicieron por pasos fronterizos no permitidos. El ideal es que se cumpla la ley, pero la realidad contrasta la teoría. Cuando has esperado cinco años para reencontrarte con tu familia no querrás volver al país del que huiste.  En los últimos tres procesos, incluso en 2018 con este Gobierno, el Estado chileno contempló la regularización de quienes habían ingresado por pasos no habilitados, siempre y cuando no tuvieran antecedentes penales. ¿Por qué ahora no se realiza lo que ha sido común en procesos anteriores?

“Nunca pensé ser cura”

Tras titularse como ingeniero comercial en la UC, Vicuña ingresó a la Compañía de Jesús (Congregación jesuita) en 2007. Un año antes de entrar al seminario trabajó como ingeniero en la fundación Techo. Esta organización, que está presente en 19 países de América Latina busca superar la situación de pobreza de millones de personas que habitan asentamientos. Esta experiencia fue determinante para decidirse por el sacerdocio. “Nunca (quise) pensé ser cura, pero a los 25 años mientras trabajaba en el Techo noté que algo me faltaba. Quería compartir lo que había aprendido y mi experiencia con quienes más lo necesitaban. No tanto en lo que es dar cosas. A veces muchos regalan lo que les va sobrando en clóset. Soy un convencido que eso de nada sirve si no va acompañado de justicia y cambios estructurales”, relata.

Como sacerdote jesuita le tocó vivir en Lima (entre 2010 y 2011) y trabajar en Valparaíso (entre 2015 y 2017). Además, trabajó en las parroquias La Virgen de Nazareth de Lima (2010-2011),  El Carmen (Arica 2012-2014) y hoy hace misas en la Parroquia Jesús Obrero de Estación Central.

Ex alumno del colegio Verbo Divino, creció a pocas cuadras del colegio de Las Condes.  “Antes de ordenarme jesuita nunca participé en ningún movimiento católico, ni fui cercano a ningún sacerdote. Soy el quinto de siete hermanos. En mi familia hay practicantes, creyentes y ateos. Iba a misa los domingos, era carretero, tuve polola y me portaba muy mal en el colegio, hasta llegué a tener una hoja extra de anotaciones”, cuenta.

-¿Por qué quiso ser sacerdote?

-Si bien en ingeniería comercial hablamos mucho de la pobreza, en el Techo escuché a los más pobres. En lugar de ver números y gráficos pude entrar a sus casas e hice amistades. Estaba ejerciendo mi profesión ahí y sentí el llamado de Jesús para vivir como cura. Para lo cual fueron fundamentales los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.

-Proviene de un sector acomodado y se insertó en sectores vulnerables, ¿Cómo asumió su nueva vida?

 -Fue un cambio grande. Mi origen proviene de las famosas tres comunas, donde está Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Las que se hicieron emblemáticas por imponer el Rechazo para una nueva Constitución. No niego mis orígenes, en parte sigo siendo de ahí. Reconozco que soy un privilegiado y que nunca me ha faltado nada. Pero soy muy agradecido. Compartir lo recibido es un acto de justicia. Una vez un amigo me dijo: “La Compañía de Jesús te lleva a lugares que ninguna agencia de viajes te muestra”. La Compañía me ha permitido ir a cárceles, campamentos, cités; a lugares de exclusión.

-¿Se sintió discriminado en las comunidades marginales?

-Por mis lugares de estudio, profesión, aspecto físico o apellidos varias veces me pre juzgaron sin conocerme. Yo también he presenciado los prejuicios en la población migrante. A los migrantes le pesa que en Chile segreguemos; que siempre preguntemos en qué colegio estudiaste o dónde vives para entender tu mapa social. A muchos migrantes por venir de un determinado país les pedimos ciertas cosas. Si es de Perú, tiene que ser bueno para la cocina, pero quizás a esa persona no le gusta cocinar.

“Me hice consciente de mis racismos

Vicuña ha visitado en varias oportunidades las fronteras nortinas chilenas. “En Arica y Tacna hay extranjeros ingresando a Chile por tren y por mar. Otros se han perdido en el desierto. Nuestras fronteras se están pareciendo cada vez más a las de Estados Unidos. Hay redes de tráfico; niños y niñas que entran por pasos no habilitados. Ha habido muertes los últimos años. He escuchado el testimonio de mujeres que han sido violadas. Cruzar por el desierto o el mar, quiere decir que eso es menos peligroso que vivir en el país de origen”.

-El subsecretario del interior Juan Francisco Galli informó que entre enero y agosto de este año más de cinco mil personas ingresaron al país por pasos fronterizos no autorizados. Además, en estos tres últimos años aumentó el número de venezolanos que entraron por esta vía. ¿Cómo ve la situación?

-Es más, solo entre 2018 y 2020 ha habido más de 21 mil ingresos por pasos no habilitados. La mayoría son venezolanos. En 2017 hubo nueve ingresos de venezolanos y este año van casi 4500. Esto pasa porque la situación en Venezuela es cada vez más grave. Esto hará que las entradas a Chile por pasos fronterizos no autorizados sigan aumentando. Si uno evalúa que la gran mayoría que ingresa por esos accesos son venezolanos, hay que levantar una alerta y evaluar las medidas. Se está haciendo caso omiso a lo que la realidad muestra. Venezuela vive una crisis humanitaria y se está abordando desde una perspectiva migratoria. Pero esto requiere medidas regionales con perspectivas humanitarias. ¡Los venezolanos no están migrando a Chile,  están huyendo!

-Con esta ley los migrantes podrán acceder a beneficios fiscales cuando tengan 24 meses de residencia. Sobre lo cual varias organizaciones migrantes no están de acuerdo. ¿Cuál es su postura?

-En el proceso de tramitación se logró un gran paso, que fue excluir a niños, niñas y adolescentes en este artículo. Pero ¿por qué alguien que está desde el día uno con rut, contribuyendo con impuestos deberá esperar dos años de residencia? ¿Te imaginas que a un chileno le exijan 24 meses de trabajo para recién poder acceder a un beneficio?

-¿Qué rescata de la nueva legislación de migración?

-Hay varios aspectos. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones que tendrá mayores recursos para ser más eficiente. Hoy un extranjero se puede demorar hasta más de dos años en renovar sus documentos. Un chileno, en cambio tarda días en obtener su cédula de identidad. Existirán trece tipos de visas lo que refleja la diversidad de opciones por las cuales las personas pueden migrar. Habrá un Consejo de Política Migratoria compuesta por ministerios y municipios, lo que dará una mirada más amplia. Además, más universidades tendrán la posibilidad de convalidar o revalidar títulos.

-¿Cuál es la lección que le dejó estos dos años a cargo del SJM?

-Me hice más consciente de mis racismos. Crecí en un contexto mirando a personas de ciertos países desde un puesto de poder. Además, he sentido mucha angustia viendo como cientos de venezolanos dormían en carpas en Chacalluta y Tacna. Me dolió saber que Chile fue el único país que devolvió migrantes a Haití. Se fueron más de mil. El Gobierno lo mostró como un hito, pero para mí eso fue una vergüenza. Deberíamos aprender por qué no fuimos capaces de hacer un plan de inclusión para ellos. ¡Eran menos de 1500! Esos años se habló mucho de ordenar la casa, pero no de construir un hogar. Recientemente se realizó un punto de prensa para mostrar la deportación de un grupo de extranjeros que representó el 0,01% (por ciento) de la población. ¿Por qué no hacer puntos informativos con el inmenso aporte que hace al país el 99% restante?

Fuente: La Segunda.

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El Programa Laboral del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) está implementando dos líneas de trabajo para apoyar personas migrantes y  para la generación de ingresos, bajo los formatos independiente y dependiente. La iniciativa incluye a 60 personas de Estación Central y fue financiada por el Fondo de Desarrollo de Economía Popular (FODEP) y la Fundación Luksic. 

Para los trabajadores independientes una de las iniciativas implementadas ha sido “Recetas con sabor a historia”, en la  que los mismos participantes han compartido en una Cocina Comunitaria recetas, que se vinculan con sus historias familiares y que, al mismo tiempo permiten fortalecer vínculos y compartir saberes significativos.

Francisca Ibáñez, Responsable del Programa Laboral del SJM, explica que “quisimos trabajar en torno a las recetas que nuestras mismas beneficiarias y beneficiarios conocían para que las intercambiaran en talleres, generando con esto un bonito vínculo entre ellos, debido a que han podido compartir parte de sus historias, recuerdos y saberes. Ya realizamos con gran éxito un taller en el que preparamos ceviche y otro sobre pan de pascua”.

Para los trabajadores independientes también existen espacios de capacitación en temáticas de emprendimiento realizadas por equipos del Banco de Chile, Duoc UC y la Fundación Más, esto incluye igualmente apoyo personalizado por parte de una profesional de acompañamiento y la entrega de un fondo para el financiamiento de un negocio. 

Trabajadores dependientes 

De cara a los trabajadores dependientes, el SJM está realizando un conjunto de talleres de capacitación realizados por Fundación Emplea y de apresto laboral, éstos últimos incluyen la confección de currículums y cómo enfrentar entrevistas. Además implementamos procesos de intermediación laboral y vinculación con empresas ofertantes. Para ello realizamos tres gestiones laborales, ofreciéndoles opciones de empleo concretas para que las personas definan si las toman o no en función de su conveniencia. 

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La psicóloga Waleska Ureta Cañas asume como Directora Nacional, mientras la abogada y académica, Macarena Rodríguez Atero llega al cargo de Presidenta del directorio de nuestra organización. Por su parte, José Tomás Vicuña Undurraga SJ, asumirá el rol de Capellán.

Este miércoles 9 de diciembre, en medio de la celebración de los 20 años de existencia en Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) vive una jornada marcada por importantes hitos. La psicóloga Waleska Ureta Cañas asume como la nueva Directora Nacional en reemplazo de José Tomás Vicuña Undurraga SJ, quien, a su vez, desde hoy se hará cargo del rol de Capellán de nuestra organización.

 “Llegar al SJM para mí implica, continuar con una lucha llena de convicción que durante 20 años se ha mantenido férreamente por los derechos y la dignidad de las personas que migran, en especial, en este tiempo en que la pandemia ha develado aún más que éstos no están garantizados para todos y todas y en que las desigualdades se nos presentan con una crudeza que no nos puede dejar indiferentes. En este escenario es imprescindible seguir desafiandonos como país y avanzar en contar con una Ley migratoria y una cultura social que acoja con apertura, aprendizaje, amabilidad y justicia”, manifestó nuestra nueva Directora Nacional.

Waleska Ureta Cañas es Psicóloga de la Universidad de Chile con más de 15 años de trabajo en el ámbito social, ha liderado equipos y proyectos interculturales e interdisciplinarios en torno a la superación de la desigualdad y exclusión, tanto en Chile como en otros países de América. Recientemente ha cumplido labores como Directora Social en la ONG América Solidaria.

Nueva presidenta de directorio

En esta misma línea de renovación, la abogada y académica, Macarena Rodríguez Atero, asume como Presidenta del Directorio del SJM. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad de Notre Dame (EE.UU) y Directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado.

Por su parte, José Tomás Vicuña SJ, resumió sus casi tres años a la cabeza de nuestra Fundación comentando que “han sido años en que el SJM se ha fortalecido gracias no sólo al equipo que lo compone, sino también gracias a las miles de personas que se han sumado a la causa por una sociedad inclusiva e intercultural. Mediante la inserción, reflexión e incidencia, hemos demostrado un trabajo serio pudiendo llegar sobre todo este año a lugares donde no llega el Estado. En lugar de muros, hemos podido construir puentes y fomentar una cultura de acogida mediante la atención, escucha y compañía de personas migrantes y refugiadas”.

Recién despachada del Congreso la nueva Ley de Migraciones y en medio de un país que sueña un marco social que favorezca la inclusión, la llegada de Waleska y Macarena nos llena de orgullo y esperanza.

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Las organizaciones de extranjeros coinciden en que la nueva norma es un avance, pero que ‘se quedó corta’.

Con la aprobación de la Ley de Migraciones, la semana pasada en el Congreso, las asociaciones de inmigrantes coinciden en que la normativa representa un avance, pero afirman que requiere varias mejoras. Aunque el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó hace unos días que ‘Chile va a tener una legislación moderna, una política migratoria que apunte a una migración ordenada y regulada’, la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas, resume el marco legal como ‘una ley que se quedó corta en avanzar hacia la observancia de los DD.HH. de las personas migrantes’, pero reconoce que es un avance en ‘institucionalidad en los procesos migratorios’. Y destaca, entre otras medidas, que se amplíe a todas las universidades estatales con más de cinco años acreditadas la gestión de convalidaciones y homologaciones de títulos extranjeros; así como la implementación de una visa para mujeres en situación especial de protección, que incluye a embarazadas, víctimas de trata o de violencia de género.

Rojas dice que ‘la ley es mejorable’ y establece sus expectativas en tres focos: la agilización de los trámites, la reunificación familiar y la regularización de ciudadanos que mantienen un estatus irregular. En este último punto, afirma que ‘mientras más restrictiva sea la política migratoria, más irregularidad vamos a tener’.

Según la nueva Ley de Migraciones, aquellos extranjeros que actualmente están irregulares, pero ingresaron al país antes del 18 de marzo por pasos habilitados, podrán regular su estatus migratorio. Sin embargo, quienes entraron por pasos no habilitados no podrán hacerlo y deberán salir para tramitar su visa de forma consular. En eso último repara el vocero de la comunidad haitiana, Widner Darcelin, quien pide que los planes de regularización incluyan a todos los irregulares y critica que el proceso de 2018 fue ‘una pésima gestión; de hecho, todavía hay miles de personas que aún no pueden obtener esa visa’. Eso sí, afirma que ‘ya se necesitaba una nueva ley’.

En tanto, el representante de la comunidad colombiana, Yesid Castaño, tiene ‘esperanza de que se agilicen todos los trámites con la creación del Servicio Nacional de Migraciones’. Asimismo, espera que se prioricen los trámites de visa definitiva, porque ‘actualmente se demoran hasta 18 meses esperando una visa definitiva’.

Además de estos puntos, la presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, apunta sus preocupaciones a ‘la necesidad de garantizar los derechos de los niños y el cambio de categoría migratoria en el país’, que actualmente es posible. Y culmina: ‘El desafío más importante viene con la implementación y cómo se va a llevar a la práctica’.

Fuente: El Mercurio.

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Las estadísticas del Departamento de Extranjería y Migraciones (DEM) del Ministerio del Interior, reflejan el alto impacto que el fenómeno migratorio ha tenido en la región los últimos quince años.

Según tales datos, entre los años 2005 y 2019 se otorgaron un total de 63.365 permanencias definitivas a extranjeros en la Región del Antofagasta, es decir casi cinco veces la población total de Mejillones y el 16% de la población antofagastina.

Eso sí, cabe indicar que los proceso de obtención de residencias definitivas bajaron durante el 2019, cuando se otorgaron 5.522 permisos, lo que representa una disminución del 27% con respecto al año 2018. Respecto a los principales países de origen, se observa que Bolivia concentra el 39,9% de las personas que recibieron permiso definitivo, seguido de migrantes de Colombia con 29,8 % y Perú con 19,8 %.
Migrar en pandemia

El fenómeno de la pandemia también se refleja fuertemente en las estadísticas migratorias del DEM.

Si en el año 2018 se otorgaron 27.680 visas, en el presente año el número alcanza solo a las 8.248 visados, es decir, una disminución del 70%.

A nivel comunal el mayor número de visas otorgadas, entre el 2018 y 2020, corresponde a Antofagasta con 31.394 (58%), seguido de Calama con 16.979 visados (31%) y en tercer lugar, Mejillones con 1.808 (3%).

Cabe indicar que a nivel nacional, la región ocupa el tercer lugar en número de visados entregados, solo superada por la Región de Valparaíso, con 75,559, y la Región Metropolitana, con 487.185.

Para Pablo Rojas, vocero de la Red Nacional de Migrantes, el nuevo mecanismo de regularización a través de los consulados que establece la ley ha mostrado inconvenientes en experiencias pasadas con poblaciones dominicanas y venezolanas lo que estimularía la migración irregular.

“Son mecanismos restrictivos y en una situación post pandemia, donde la movilidad va aumentar en todo el mundo, y en particular en el cono sur, lo único que puedes hacer con la migración es gestionarla de manera adecuada y esta ley va aumentar la irregularidad, el tráfico, la trata y muerte de gente en fronteras”, indicó.

Si bien se destaca la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la creación de 13 tipos de visas para fines laborales, estudios y otros, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), agrega que el Estado debería considerar situaciones excepcionales para aquellas personas que deban renovar sus permisos definitivos en medio de la crisis económica.

“Hay miles de familias que están buscando la reunificación que la visa de responsabilidad democrática no pudo lograr. Habrá que ver si el Estado podrá responder a dicha realidad. La propuesta debiera ir más en la línea de acciones conjuntas y coordinadas a nivel regional, tomando en cuenta la crisis humanitaria que se agrava en Venezuela, en lugar de tener sólo medidas migratorias y que cada país actúe de manera solitaria, como ha sido la tónica hasta ahora”, indicó.

No obstante su aprobación en el Congreso, el cuerpo legal deberá esperar la promulgación luego que la diputada Catalina Pérez (RD) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunciaron una reserva de constitucionalidad por considerar que se transgreden normas esenciales, por lo que enviarían el texto al Tribunal Constitucional.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

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