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El Senado despachó la norma que establece 13 tipos de visas para residencia temporal. También exige que los ciudadanos extranjeros postulen a permisos en los consulados. Algunos parlamentarios opositores acudirán al TC.

Cerca de ocho años estuvo en discusión en el Congreso el proyecto para una nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza a la actual norma, de 1975. Y ayer la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, luego de que el Senado aprobara por 38 votos a favor y dos en contra el informe de la comisión mixta, donde se reformularon 10 artículos.

El cuerpo legal contempla, entre los principales cambios, la creación de un nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la obligación de que personas deban postular a las respectivas visas en los consulados de Chile. Sin embargo, la diputada Catalina Pérez (RD) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunciaron una reserva de constitucionalidad, por lo que enviarían el texto al Tribunal Constitucional para revisar algunos artículos.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “es un hito histórico. Estamos hablando de una ley que se esperó por mucho tiempo. A mi juicio, hace décadas debimos tener una ley que se hiciera cargo de la migración de una manera segura, ordenada y regular. Y, además, que recogiera los nuevos tiempos, con respecto a los flujos migratorios”.

Cómo funcionará el nuevo Servicio de Migraciones

La ley crea un Servicio Nacional de Migraciones y da un año de plazo para implementarlo, desde su promulgación. Por primera vez se crearán direcciones regionales (hoy las gobernaciones están a cargo). Y los ciudadanos extranjeros que estén fuera del país y quieran venir, deberán hacer sus trámites en el consulado respectivo y seguirlos online. Esta institución será la encargada de entregar las visas temporarias solicitadas en Chile y en el extranjero, con un sistema automatizado de solicitudes de prórrogas de visa y permanencias definitivas.

¿Qué visas temporales se entregarán?

Álvaro Bellolio, director del Departamento de Extranjería, explica que la principal diferencia que genera esta ley es que el extranjero deberá “sincerar” las razones por las que viene al país. Si quiere venir como residente, se establecen 13 categorías, entre las que se cuentan trabajo, estudios, reunificación familiar, trabajo temporal (labores estacionales) y razones humanitarias, además de otra visa destinada a buscar oportunidades laborales. También se incluye una especial para pacientes bajo tratamiento médico. Los postulantes deberán tramitar su visa y RUT antes de venir a Chile. “El 90% de quienes ingresaron en los últimos años eran turistas, pero ahora, tal como sucede en países desarrollados, primero se debe pedir la visa de residencia”, detalla Bellolio. Agrega que la norma actualmente permite que las personas ingresen a Chile como turistas y postulen en el mismo país a una visa. Ahora deberán llegar con la solicitud aprobada. El director añade que la idea es que las personas tengan su documentación legal, con el fin de que estén “protegidas” y no sean “abusadas laboralmente o en cuanto a la vivienda”. Por ejemplo, muchos no podían postular a arriendos, pues no tenían sus permisos.

¿Qué pasará con los migrantes que ingresaron por pasos clandestinos?

La ley establece que las personas que ingresaron antes de la promulgación de la ley tendrán seis meses para abandonar Chile y solicitar la visa en los consulados chilenos en el exterior, donde deberán hacer el trámite completo (no pueden pedir visa en Chile).

Macarena Rodríguez, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), estima que “la ley es insuficiente y no se hace cargo de los migrantes que entraron por pasos irregulares”. Según el SJM, la mayor parte de los extranjeros que ingresaron al país en los últimos años lo hicieron por pasos no habilitados, lo que se debe -según Rodríguez- “a la política de visas que se impuso para Venezuela o Haití, que impide que ingresen legalmente. Esto llevó a que las personas busquen formas de llegar de todos modos”. Según Extranjería, solo este año han entrado a Chile cerca de 10 mil personas por pasos no habilitados.

¿Por qué delitos se impedirá ingresar a Chile?

En la nueva ley se aumenta la lista de delitos establecidos en el Código Penal por los cuales no se podrá ingresar a Chile. Se incluye a personas condenadas por tráfico ilícito de estupefacientes, femicidio, secuestro de menores y robo con violación, entre otros.

Protección especial a la mujer

La norma incluye en las visas humanitarias una especial destinada a mujeres víctimas de tráfico, a la cual también se debe postular. El texto indica que “las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por parte del Estado”.

Nueva norma sería enviada al TC por parlamentarios

La diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre anunciaron una reserva de constitucionalidad respecto de una serie de artículos de la ley. Latorre dijo que, a su juicio, se contravienen principios básicos, como la Convención sobre Derechos del Niño y de los trabajadores migrantes. Para ello, requieren 39 firmas en la Cámara o bien 11 en el Senado. Con ello, el TC deberá revisar el texto legal e incluso podría establecer cambios. Tras su paso por el TC, quedará en condiciones de ser promulgado el texto y luego publicado.

Fuente: La Tercera

Hoy el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la Ley de Migraciones. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes creemos que esto constituye un paso importante en la adecuación de una regulación ya insuficiente. Confiamos en que la nueva institucionalidad migratoria, el Servicio Nacional de Migraciones, sumado a la existencia de un Consejo de Política Migratoria, sean herramientas que permitan entregar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de la población migrante y sobre todo permitan adoptar decisiones que recojan la realidad que vive el país y la región.

Sin embargo, nos preocupa también la forma en que se regularon algunos temas y la aplicación que se pueda dar a ciertas disposiciones, entre ellas, las que se refieren a quienes ingresan por pasos no habilitados; a la protección de niños, niñas y adolescentes; o a la falta de mecanismos efectivos de regularización dentro del país.  Algunas medidas administrativas tomadas estos años han repercutido en aumento sostenido de ingresos por paso no habilitado, tanto así que los últimos tres años concentran el 60% del total de la última década. Esta es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Extraño además resulta que quienes estén con su situación migratoria al día, aportando impuestos al Estado desde el día uno, sólo puedan acceder a ciertos beneficios una vez que lleven 24 meses en el país.

La Ley de Migración es un paso, pero el gran desafío es la implementación de esta nueva política pública por parte de todos los actores involucrados. La nueva Ley entrega flexibilidad al Gobierno para definir su propia política migratoria, lo que permite adecuarse a distintos contextos. Si bien la migración es una realidad dinámica, se requiere una política de Estado con mirada a largo plazo, ya que de nada sirve que las medidas sean tomadas de modo arbitrario. Esperamos que la política migratoria de Chile se haga cargo no sólo del control de fronteras sino también de la inclusión de las personas migrantes en nuestras ciudades y barrios; de entregar alternativas reales de regularización especialmente a quienes están en situación irregular porque no tuvieron otra alternativa; de promover un discurso inclusivo por sobre la discriminación o la criminalización; y de respetar los derechos humanos de las personas migrantes en toda circunstancia. Estos aspectos claramente no han sido los lineamientos centrales estos años.

Desde nuestro trabajo como una organización que promueve y protege los derechos de las personas migrantes y refugiadas continuaremos ejerciendo nuestra labor en este nuevo marco normativo, instando así por una sociedad que valora la diversidad y que integra a quienes buscan una oportunidad en el país.

La migración conlleva desafíos, las personas migrantes conllevan realidades. Necesitamos una legislación acorde a la realidad y se hará necesario ir evaluando los resultados que va teniendo en el transcurso del tiempo. En un momento en que Chile debate el marco social en que deseamos vivir, los desafíos no sólo son legales, sino también y humanos. Por ello, sobre todo en un mundo globalizado, no se trata de competir entre “ellos” y “nosotros”, sino cómo convivir entre todos y todas. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que el colectivo foráneo representa el 30,5% de la población migrante establecida en Chile, seguida por peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).

La explosiva llegada de migrantes venezolanos en los últimos años ha variado la configuración demográfica de la población extranjera en el país, situación que ha convertido a este colectivo en el más numeroso en Chile. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería a finales de 2019 se contabilizaban casi 1,5 millones de extranjeros, de los cuales el 30,5% (455.494) son venezolanos, seguidos de peruanos (15,8%), haitianos (12,5%), colombianos (10,8%) y bolivianos (8%).

Una condición que ha contribuido a que hoy los venezolanos también pasen a encabezar los registros de partidas de nacimientos con padres de esa nacionalidad y chilenos. Según cifras del Registro Civil, entre enero y octubre de 2020, los nacimientos que registran padres venezolanos y chilenos encabezan por primera vez este indicador con progenitores extranjeros y nacionales (1.380 casos) considerando datos desde 2015, cuando se incrementa la fuerte migración hacia Chile.

Una posición que ha desplazado el tradicional liderazgo que ocupaban los nacimientos de padres peruanos y chilenos, que hoy se ubican en el segundo lugar (1.041) en este registro. En la tercera plaza están los nacimientos de padres colombianos y chilenos (1.019).

Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), esta evolución tiene muy ‘contenta’ a su comunidad por la muestra de interculturalidad presente en el país. ‘De hecho, mi esposo es chileno y tengo una hija con él’, dice sobre una relación de ocho años de matrimonio. Según Rojas, hay facetas de la identidad nacional que admira: ‘Algo que les envidio es esa alegría que generan ustedes en las Fiestas Patrias. Es algo que nos llama mucho la atención y nos contagia. Distinto es para Navidad, cuando son un poco más secos’, pero hemos ido viendo cómo con los años han ido celebrando con más alegría y eso nos hace sentir un poco más en casa’, dice.

Mientras que la pareja conformada en Talcahuano por la venezolana Lireth García y José Luis Lastra reconoce que de manera paulatina han debido adaptarse a las diferencias culturales y costumbres de cada uno. ‘Empezamos con eso de las palabras (tras conocerse), porque dijo patudez’ y quedé colgada. Y él comenzó a buscar en internet los modismos de los venezolanos para entenderme’, dice, con humor, Lireth.

El INE, entre 2018 y 2019, indica que la población migrante aumentó de 1,2 millón de personas a 1,4 millón de extranjeros.

El aumento de nacimientos de padres o madres venezolanas ha ido de la mano del éxodo masivo de ciudadanos de esta nación ante la crisis social que allá se registra. Así, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida, según explica Michelle Víquez, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). ‘Es fundamental entender que, independiente de la nacionalidad de los padres, a los niños y niñas nacidos en Chile les es otorgada la nacionalidad chilena. Por tanto y en tal calidad, el acceso a derechos cubiertos por el Estado les está asegurado, tal como lo ejerce un niño o niña de padres chilenos. Igualmente, es fundamental, que, independiente de la condición migratoria de los padres, a los niños y niñas nacidos en territorio chileno se les otorgue esta nacionalidad’, afirma.

En tanto, los nacimientos de hijos de padre y madre venezolanos se ubican en segundo lugar en las inscripciones de nacimientos de progenitores extranjeros de una misma nacionalidad (4.288). Este registro lo encabezan los nacimientos de parejas haitianas (4.672).

Según Catalina Bosch, cubana radicada hace 28 años en Chile y hoy candidata a la Convención Constitucional elegida en una asamblea por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el alza de nacimientos de padres extranjeros implica un reto en cuanto a la regularización migratoria de los padres de menores chilenos con padres extranjeros. ‘Porque muchos de estos niños que están naciendo ahora pueden tener a uno o ambos padres en condiciones de irregularidad, con todo lo que esto implica. De hecho, hemos conocido casos de varias familias que han decidido, teniendo hijos chilenos, irse del país por estar en condiciones de irregularidad migratoria’, opina Bosch, quien agrega que ‘(la irregularidad migratoria) afecta el acceso a contratos de trabajo, arriendos, no tener imposiciones ni beneficio estatal y dificultades en el acceso a la salud’.

INCREMENTO

-La población de migrantes venezolanos en Chile aumentó un 57,6% respecto de 2018.

-32 mil nacimientos de niños de padres extranjeros se registraron en 2019.

-211 mil fueron los nacimientos totales inscritos registrados ese mismo año en el país.

-26 mil nacimientos de niños de padres extranjeros se registraron entre enero y octubre de este año.

Fuente: El Mercurio

Cerca de 1,5 millones de extranjeros residentes hay en el país, los que ya están presentes en el ámbito laboral, los barrios y las escuelas, entre otros. Sobre las grabaciones, el director nacional del SJM, José Tomás Vicuña, sostuvo que “es un encuentro entre personas migrantes y chilenas, quienes se fueron conociendo poco a poco y descubrieron sus cosas en común”.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), bajo la producción de AldeaSantiago y Fábula, lanzó este mes la microserie documental denominada “La Mesa De Todos”, en la que ocho personas, que habitan desde Arica a Puerto Montt, junto a una Chef, preparan comidas.

Todo esto, más la conversación de sobremesa, fue registrado en tres capítulos que, debido a la pandemia, se filmaron a través de Zoom.

El director nacional del Servicio Jesuita, José Tomás Vicuña, explicó que “ha sido un tiempo en que nos hemos tenido que quedar en casa. Acá la tecnología nos permitió salir y generar un encuentro entre personas que han tenido experiencias migratorias en sus vidas. Una vez más, pudimos constatar todo lo que nos une y cómo en esta mesa no sobra nadie”.

Así, “La Mesa de Todos” constituye espacio para que las personas se reúnan, cuenten sus historias de vida y planteen sus propios prejuicios frente a lo desconocido.

“Es un encuentro entre personas migrantes y chilenas, quienes se fueron conociendo poco a poco y descubrieron sus cosas en común. Los protagonistas coincidieron en que, al dejar de lado los estereotipos, surgieron diversas coincidencias entre ellas y ellos, que los conectaron como iguales en una mesa con lugar para todas y todos”, dijo Vicuña.

En estas conversaciones participaron personas migrantes de diversos países, como es el caso de Jafet Morales (36) quien llegó a Chile en 2015.

Plantea que él fue muy bien recibido en su primer empleo en la ONG TECHO-Chile y añade que la microserie documental “La Mesa de Todos” le permitió “compartir experiencias, y hablar de los lugares de donde venimos y que extrañamos”.

También fue parte de este encuentro, Soledad Musaja (44) quien señaló que compartió sus vivencias en el país, donde lidera la organización “Arica sin Fronteras”, la que acoge a los extranjeros inmigrantes, les brindan apoyo emocional, alimentación y asesoría jurídica.

Campaña de colaboración

La campaña es un trabajo de la productora Fábula, la directora, Marialy Rivas y la agencia de publicidad AldeaSantiago. Además contó con el apoyo y el impulso de la Fundación Luksic, Fundación Avina, las marcas CMPC, Walmart, Entel, Maggi, Ripley, junto a La Tercera y TVN como media partners.

En la web de “La Mesa de Todos” se puede revisar el tráiler, lanzado el pasado 5 de noviembre, los capítulos 1 y 2, y los perfiles de los ocho protagonistas y la Chef que los acompaña.

El capítulo 3, en tanto, se estrenará este jueves 26 de noviembre a las 21 horas a través de la web y las redes sociales del Servicio Jesuita a Migrantes.

Fuente: La Tercera.

Cada año, estudiantes y comunidades migrantes se ven expuestas a una serie de obstáculos y falta de información clara a la hora de buscar opciones para continuar con sus estudios. El principal problema radica en las escasas posibilidades de financiamiento que el Estado ofrece al estudiantado migrante a la hora de ejercer su derecho a la educación.

La migración en Chile ha experimentado cambios significativos que se han traducido en el ingreso de numerosas familias a la demografía local. Especialmente desde 2014, estas transformaciones han propiciado el ingreso de estudiantes de diversos orígenes a las escuelas públicas de todo el país, alcanzando un 19% de la matrícula hace un año, según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

“Antes la migración era principalmente femenina, pero eso empieza a cambiar con mucha fuerza en los últimos cinco años, aumentando la matrícula de estudiantes migrantes en las escuelas, sobre todo básicas. Se ha ido visibilizando muy de a poco”, explica Trinidad del Río, directora de Educación e Interculturalidad del SJM.

Sin embargo, la inserción del estudiantado migrante a la vida estudiantil en Chile no ha sido fácil. Especialmente, por las barreras que enfrentan a la hora de acceder a beneficios y ayudas estatales que garanticen su derecho a la educación. El panorama es especialmente complejo en materia de acceso a la Educación Superior a partir de este año, cuando se comenzó a exigir  haber cursado la enseñanza media completa en el país para poder obtener la gratuidad, además de la residencia definitiva en el país.

En la sección “¿Quiénes tendrán derecho a gratuidad en 2021?”, la Subsecretaría de Educación Superior sostiene que uno de los requisitos para acceder al beneficio -el más importante para el estudiantado desde su incorporación durante el gobierno de Michelle Bachelet 2017- es “tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En caso de tener residencia, el estudiante debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile”.

Según denunció el SJM, en 2017, el segundo año desde que comenzó a regir la gratuidad universitaria, 224 estudiantes extranjeros/as no pudieron estudiar con dicho beneficio, pese a tener visa de estudios y pertenecer al 50% de la población con menores ingresos. Meses más tarde, la misma entidad presentó un recurso de protección contra el MINEDUC por el derecho de igualdad ante la ley, representando a siete estudiantes migrantes a las cuales se les negó el beneficio por no contar con la permanencia definitiva vigente. Desde entonces las cosas no han cambiado.

Trinidad del Río argumenta que la regularización migratoria y la actual legislación de Chile en la materia tiene directa relación con los obstáculos que deben sortear les estudiantes: “Se les pide en este momento la residencia definitiva y eso es algo que es muy difícil de obtener y que además pone al estudiantado en una situación de mucha dependencia de sus padres, madres o tutores/as: en la medida que esas personas no tengan regularizada su situación, no pueden hacer nada para llegar a cuarto medio con su residencia definitiva”.

Nicole Ojeda, Coordinadora del área de Inclusión del Programa PACE de la Universidad Católica Silva Henríquez, enfatiza que la migración no funciona de acuerdo a los planes de estudio. “Muchas veces no se planifica en función de los ciclos de los años lectivos. No es que las familias migran para que sus hijes entren a primero medio en el nuevo país, ni siquiera la hacen planificando que lleguen a Chile antes de marzo. Se llega cuando se llega, entonces muchas veces el estudiantado que egresa se incorporan a la educación chilena en tercero medio, en segundo medio o a la mitad de primero medio”.

El escenario es más complejo si se considera que la gratuidad universitaria, junto a la Beca Juan Gómez Millas y el Crédito con Aval del Estado (CAE) -que también exige residencia definitiva- son los únicos requisitos que contemplan a estudiantes migrantes.

“No pueden optar a ninguna beca porque todas tienen como requisito ‘ser chileno’. La gratuidad es la única que no discrimina por nacionalidad, aunque sí lo hace por estatus migratorio, dejando fuera a niñas, niños y adolescentes que tienen visa temporaria y no cumplieron con los 4 años de enseñanza media en Chile”, complementa Nicole.

Actualmente y a la espera del proyecto de ley que renueva la Ley de Migraciones, el país cuenta con una de las normativas más antiguas del continente, adoptada por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet y criticada por diversos organismos de DDHH y agrupaciones migrantes. Sin embargo, la propuesta emanada del gobierno de Sebastián Piñera tampoco convence a los colectivos que trabajan el tema.

“El actual proyecto impulsado por el Gobierno empeora la situación, porque consolida el proceso en la regularización de la visa, que puede tardar hasta dos años. Muchos estudiantes están solos intentando resolver esto. Es absurdo”, explica Héctor Pujols, ex presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes.

A su juicio, la situación compleja que enfrenta el estudiantado migrante en Chile no ha sido prioridad para los últimos gobiernos ni para las instituciones. “Al Estado chileno parece no interesarle la educación del estudiantado migrante, mucho menos a la Educación Superior, que la ve como un negocio y por ende el ingreso de este estudiantado es más una carga para ellos”, sentencia.

La negativa del proyecto del gobierno al cambio de estatus migratorio es uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley. Así lo recuerda Trinidad del Río: “No quieren permitir que si una persona ingresa con un tipo de visa pueda cambiarla con el tiempo, por ejemplo, de turista a residencia. Esto va a tener muchos efectos luego en el ejercicio de derechos e todas las personas en general y por supuesto de jóvenes y su acceso a la Educación Superior”.

A la vez, complementa Caru Garzón, docente y activista de la Brigada Migrante Feminista, la propuesta del Ejecutivo sigue criminalizando las corporalidades migrantes. “Si te fijas la zancadilla es la misma: sin documentos, sin RUT no existes y sin permanencia definitiva no logras una ciudadanía ‘plena’. La regularización ya es una completa farsa, ese proceso está colapsado desde hace años negando, entre otros, un derecho fundamental, como es el derecho a la identificación. Y ahora se está convirtiendo en un completo desbarrancadero, pues si eres migrante, regularizarte implica acreditar un contrato laboral con un mínimo de 8 cotizaciones, ¿quién en este contexto y en adelante puede ahora acreditar eso?”.

En marzo de este año, la Mesa Migrante que reúne a diversas instituciones PACE de la Región Metropolitana envió una carta a Extranjería informando las complejidades del nuevo escenario de financiamiento y pidiendo colaboración entre estamentos del Estado para mejorar las condiciones de acceso al estudiantado. Hasta ahora no han obtenido respuesta.

“Hay muchos estudiantes que no lo intentan”

A inicios de noviembre, durante cada año, les jóvenes son llamados a completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) que permite postular a diversos beneficios como gratuidad, becas y créditos. Sin embargo, el estudiantado migrante enfrenta obstáculos desde el momento de la postulación, ya que el sistema sólo permite ingresar a personas con RUN de dos dígitos y el Identificador Provisorio Escolar (IPE) que se les asigna no es compatible con dicha plataforma. De este modo, les resulta imposible acreditar su situación familiar y ser calificados en el quintil que corresponde.

Los obstáculos se duplican para quienes no manejan el idioma o utilizan una lengua que no es considerada en los procesos de postulación, como ocurre con la población sorda.

Dean Durán, joven oriundo de Bolivia, postuló a la gratuidad para financiar sus estudios como contador auditor público en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y enfrentó el mismo problema. “No hice el correcto llenado del FUAS, el cual no reflejaba mi verdadera situación económica”, se lamenta. Tras recibir la mala noticia, lo primero que pensó fue en apelar, proceso que inició junto a su institución. Pero también ideó un plan en caso de no lograr un resultado favorable: “Pensé en negociar para pagar el semestre con un ahorro familiar que tenemos, devolvernos a nuestro país después de la pandemia y ver cómo convalidar el semestre estudiado, terminar mis estudios allá”.

Dean lamenta que no se considere la diversidad del estudiantado a la hora de crear las plataformas de postulación a beneficios estudiantiles: “No me parece correcto que la única forma de poder acceder a la gratuidad sea online mediante formularios sin tener comunicación o manera de expresar correctamente la situación que uno vive”, reclama.

Florence Gonasma, estudiante PACE UCSH, vivió una historia similar. Desde su llegada a Chile desde Haití y, con la ayuda de PACE, no dudó en postular al beneficio de gratuidad para acceder a la Educación Superior. Había cursado tercero y cuarto medio en territorio nacional y tenía su visa definitiva en trámite, luego de casi dos años de burocracia. A la joven le preasignaron el beneficio y decidió matricularse en la UCSH, pero tiempo después le informaron que no tendría gratuidad.

Florence dejó de hacer sus tareas y de estudiar cuando recibió la noticia. Estaba en shock ante la posibilidad de perder la que considera su única oportunidad de continuar su formación profesional. “Tengo hermanos aquí, pero no les alcanzará para ayudarme”, explica. “Mi plan b sería pagar por mis estudios pero no tengo para eso”.

Junto al equipo PACE de la UCSH, la joven apeló una vez más y terminó por obtener la gratuidad. Tras sortear una serie de obstáculos, Florence reflexiona que las autoridades “no se dan cuenta que las personas migrantes van a hacer cosas útiles para todos y que somos seres humanos iguales pero de diferentes nacionalidades al azar. En cada país hay reglas pero deberían darnos oportunidades porque necesitamos educarnos para ser útiles en cualquier sociedad, para que no solamente vean a las personas extranjeras como perdedores sin futuro”.

Las asociaciones migrantes han sido enfáticas en señalar que los múltiples obstáculos que sortea el estudiantado migrante evidencian el racismo estructural en Chile. Sin asesoría y apoyo directo de las comunidades educativas, el acceso a sus nuevas opciones de futuro académico en nuestro país se ven definidas por la falta de alternativas, financiamiento e información clara y oportuna.

Caru Garzón, de la Brigada Migrante Feminista, sostiene que se trata de un problema invisibilizado en la actualidad: “Al ser migrantes la contingencia que sorteamos como comunidad es sobrevivir, y si bien logramos organizarnos, nos la pasamos a contratiempo para poder desarrollar, proponer e incidir sobre más cosas”. A la vez, recuerda la importancia de los derechos culturales para las infancias migrantes: “Por ejemplo, el derecho de mantener comunicación con su país de origen, algo tan fundamental y que habla de que somos culturas interdependientes; más el ejercicio de las fronteras está diseñado para seguir diseccionando la resistencia colectiva que somos, la historia que representamos”, se lamenta.

El escenario de un estudiantado diverso plantea desafíos para la institucionalidad y las comunidades educativas, donde cada persona cumple un rol fundamental. Por ello, la Mesa Migrante del Programa PACE en la Región Metropolitana se ha volcado a trabajar en la educación al respecto: “El programa nos ha permitido encontrarnos con casos de estudiantes que, teniendo todas las posibilidades, quedan fuera por un hecho que depende de su situación familiar”, apunta Trinidad del Río. “Hay muchos estudiantes que no rinden la Prueba de Selección Universitaria -hoy de Transición- y no lo intentan porque piensan que no tienen posibilidad”.

El trabajo de acompañamiento y capacitación en los establecimientos cobra importancia, pese a que la pandemia sumó nuevos obstáculos. “Cuando el objetivo está en construir una escuela intercultural, el acceso a los derechos es responsabilidad de todes. Es difícil porque la escuela tiene muchas tareas y funciones que cumplir, pero en este momento es la única alternativa que hay porque es una institución muy importante para la familia”, sostiene.

A la espera del reconocimiento del Estado del derecho a la educación para todes les niñes y adolescentes en territorio chileno, las organizaciones migrantes proponen el desarrollo de políticas de cuidado en las comunidades, además de la capacitación de docentes y educadores en una mirada antirracista.

“Hacen falta referentes y espacios que ocurran desde las historias de resistencia, resignificación y lucha activa de nuestros pueblos. Para el estudiantado es clave contar con la posibilidad de participar en espacios interculturales de acogida para entender el contexto del cual vienen y con el cual se van a conectar para continuar con su trayectoria educativa. Siempre en respeto y reconocimiento de su lenguaje, expresiones e identidad”, sostiene Caru Garzón.

Cada año, diversos organismos manifiestan su preocupación por los obstáculos que enfrenta el estudiantado migrante y que podrían agudizarse debido al aislamiento que ha causado la pandemia durante este 2020. Ad portas de un nuevo proceso de admisión -esta vez a distancia- y con la postulación a FUAS en curso hasta el próximo 17 de noviembre, la incertidumbre sobre sus opciones vuelve a instalarse.

Fuente: La Voz de los que sobran.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) compartió en sus redes sociales una carta de reclamo contra Radio Carolina por los hechos que ocurrieron en la edición del pasado 18 de noviembre en el programa “Sacando la vuelta” que conduce Rodrigo González, conocido popularmente como “Pelao Rodrigo”.

Según la misiva, tras la derrota de Chile frente a Venezuela en el partido válido por las Eliminatorias a Qatar 2022, el animador “anunció un nuevo concurso llamado ‘deportando a venezolanos’. En esta instancia, se invitó a la audiencia de manera caricaturesca a llamar a la radio y contribuir con sus denuncias señalando además que tenían ‘contacto directo con la PDI’”.

“Condenamos tajantemente dicha iniciativa, la cual es una muestra fehaciente de xenofobia e incitación al odio que existe contra sectores de la población migrante residente en el país”, añaden. Además, instaron a la radio a tomar las sanciones respectivas y llamaron al Pelao Rodrigo a pedir disculpas públicas por estos hechos.

Fuente: The Clinic

En un trabajo colaborativo entre la Casa de la Diversidad de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y diversas instituciones ligadas a la migración, se confeccionó un folleto informativo que buscará mejorar la calidad de vida de los migrantes que lleguen a Antofagasta.

El material que tiene por objetivo asesorar de forma integral a los extranjeros migrantes, es parte del trabajo de la red socio jurídica migrante de la región de Antofagasta, y será distribuido entre este colectivo

El alcalde de la capital regional, Ignacio Pozo, destacó la iniciativa manifestando que “estamos muy contentos por este trabajo colaborativo con estas ocho instituciones de apoyo al migrante, hoy tenemos que ser un país de acogida, es por ello que nosotros tenemos que brindar una calidad de vida, sobre todo a los niños y niñas que llegan a la comuna de Antofagasta”.

En tanto, la Jefa Regional del Servicio Jesuita Migrante, Lizza Aravena, dio a conocer su alegría por la iniciativa agregando que “me parece una excelente iniciativa, sobre todo por la capacidad que tuvimos que gestionar este informativo, pero en unión, el trabajo colaborativo y de la mano del municipio habla de un cambio, habla de una ciudad que va en vías de ser una ciudad de acogida”, cerró Aravena.

En la ceremonia de lanzamiento estuvieron presentes representantes de las ocho instituciones que trabajan en forma colaborativa con la Casa de la Diversidad. Dentro de las sociedades que participaron se encuentran la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Servicio Jesuita a Migrante (SJM), Clínica Jurídica UCN, Fundación de ayuda social de las iglesias cristianas (FASIC), Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),Migra-acción y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR). Las organizaciones han impulsado hace años la asesoría y orientación a los ciudadanos migrantes que aterrizan a Antofagasta.

Fuente: Diario de Antofagasta.

De acuerdo a Herramientas de facilitación lingüística para funcionarios de salud en Kreyòl Ayisyen, publicado por el Minsal en 2018, el criollo haitiano es un dialecto cuya estructura está basada en el francés, combinada con lenguas de Senegal, Gambia, Ghana y Nigeria. Sólo por nombrar algunas: el wolof, el fon, ewé, kikongo, yoruba e igbo.

El mismo documento, que busca contribuir al acceso universal a la salud de las y los migrantes, estima que más del 80% de los haitianos en Chile tienen un manejo básico o nulo de la lengua castellana. Una comunidad que, de acuerdo a INE, ocupa el tercer lugar entre las comunidades de migrantes más numerosas en Chile, con 185.865 personas.

Esta es la realidad con la que se encontró la educadora de párvulos Liliana Santander (45), quien dirige un jardín infantil Raúl Silva Henríquez en Quilicura, una de las comunas con mayor presencia de la comunidad, de acuerdo al Minsal. Para Liliana fue evidente: en su primer año como directora de un jardín con sello comunitario intercultural vio que un 20% de sus usuarios eran familias haitianas, y ni ella ni su equipo entendían el kreyòl, o creole. “Sentí que era como una falta de respeto. Así nació mi motivación por aprender”, comenta.

Buscando en redes sociales, Liliana dio con la escuela Ou pale kreyòl, un proyecto de Lía Villalobos (34), licenciada en lengua y literatura inglesa. “Me acerqué al kreyòl luego de saber del caso de Joanne Florvil”, cuenta Lía. En ese momento una de sus amigas afrochilenas la presentó a la comunidad. “A través de ella comencé a conocer gente que me empezó a enseñar kreyòl sin saber cómo enseñar”, cuenta la profesora quien, por su formación como lingüista, necesitaba entender las reglas.

Así fue como comenzó a investigar. “Empecé a estudiar, y con el tiempo me emparejé con un chico haitiano que se convirtió en el otro profesor del curso, Berny Alexandre. Con mi conocimiento lingüístico empecé a preguntarle: si tengo esta palabra, ¿cómo digo esto?”.

Lía y Berny encontraron información, pero en inglés. Además de esa dificultad, Lía descubrió que el kreyòl incluso es marginal dentro de Haití. “Es difícil encontrar material, porque en Haití la lengua oficial es el francés, el kreyòl se ocupa a nivel doméstico, pero es sin duda la lengua que hablan los haitianos”, dice. A partir de eso, ella y Berny decidieron crear sus propios libros de estudios en dos niveles: básico e intermedio, y ofrecer un curso, con lo que nació el proyecto de escuela. A Ou pale kreyòl, cuyo primer curso promocionaron en Facebook, llegaron casi 40 personas. “Teníamos un tercio de trabajadores de la salud, el resto eran abogados, gente que trabajaba en servicio al cliente y personas ligadas a la educación”.

¿Qué es lo básico del kreyòl? “Nuestro curso tenía un enfoque comunicativo, que son las expresiones completas como ‘mi nombre es’. Enseñamos cómo presentarse, cómo presentar a otra persona, dar y pedir datos personales”, dice Lía.

Lía fue profesora de Liliana. Y de esa experiencia, Liliana piensa que “lo importante fue que me enseñaron a mirar esa cultura”. En lo práctico, gracias a estos conocimientos asegura que ha podido integrar el kreyòl a las aulas. “Gracias a ese puente que tendimos, la comunidad se fue a inscribir con más fuerza al jardín” dice.

La necesidad de comunicarnos

El Boletín Informativo del Departamento de Extranjería y Migración sobre Migración Haitiana en Chile (2019) dice que el número de permanencias definitivas otorgadas a ciudadanos haitianos ha presentado dos importantes crecimientos porcentuales, el último en 2014, “donde hubo un crecimiento de 162%, correspondiente a un aumento de 472 permisos”. El documento reconoce “la necesidad de disponer de acciones enmarcadas en la promoción de derechos e inclusión para esta comunidad migrante”. En su documento, Extranjería confiesa que la información registrada “describe a Chile como un país que en la práctica se podría estar constituyendo en un destino de mediano –y quizás largo aliento- para estas personas”.

Así lo ve también el profesor Yvenett Dorsainvil, vocero de la Plataforma de Comunidades Haitianas. “Nosotros vinimos a quedarnos, a insertarnos, a tener nuestra familia, tenemos que aprender español, pero en el tiempo de adaptación esperamos que los profesionales y las personas con quienes convivimos y con quienes compartimos espacio, aprendan nuestro idioma”, dice.

Yvenett presentó en julio de 2017, y con el respaldo de la Universidad de Chile, Cetoute Jean, el Diccionario kreyòl-español. A tres años de la publicación, lo evalúa como un éxito “dentro y fuera de la comunidad haitiana, ya que logró resolver muchos problemas y vino a suplir esa necesidad que teníamos de comunicarnos”.

Respecto a las herramientas de facilitación lingüística en el servicio público, Yvenett cree que “actualmente hay muchas herramientas, es más fácil encontrar documentos en los centros de salud u otras instituciones con las instrucciones en kreyòl, en español y mapudungun, donde el haitiano puede ver claramente qué es lo que tiene que hacer. Esto significa que hayan menos problemas, menos abusos y también hace más fácil atender a los usuarios haitianos”.

Para Yvenett, el caso de Joanne Florvil nos enseñó lo trágico que puede llegar a ser no poder comunicar lo que uno siente, lo que a uno le está pasando. “Por eso no veo la enseñanza del kreyòl como sólo enseñar, sino también como una forma de ayudar. Incluso de salvar vidas”.

En su informe sobre migración haitiana, Extranjería observa que las y los haitianos experimentan “procesos profundos de estrés migratorio asociados al desarraigo, a la precariedad habitacional y laboral y a la escasa inclusión intercultural que experimentan en Chile, dice el documento. “Urge, también, apoyar más iniciativas de aprendizaje del idioma castellano”.

Alexandra Fontilus, responsable del Programa Cursos de Español del Servicio Jesuita a Migrantes, dice que para las y los no hispanohablantes “se deja de respirar la libertad lingüística que uno tiene en su país de origen, donde no existe una barrera para comunicarse”. Ella es haitiana y expone algunas situaciones donde se expresa la barrera idiomática para su comunidad: “lo más complejo es en el ámbito laboral, porque el primer requisito para encontrar un trabajo muchas veces es saber el idioma. Además, no saber el español te pone en una desventaja para refutar el racismo que experimentan muchas personas afrodescendientes en el día a día. Es imposible defenderse de la violencia verbal si no se entiende lo que el otro dice”.

En ese sentido, Alexandra ve que para las y los haitianos aprender español da una “mayor autonomía para realizar los trámites personales, porque no es lo mismo poder resolver uno mismo las cosas que a uno le incumben, que tener que recurrir a la ayuda de un intérprete para facilitar la comunicación”, dice.

Desde la escuela Ou pale Kreyòl, Lía considera que aprender kreyòl implica validar la cultura del otro y, con ello, validar a la comunidad haitiana. “Es una forma de decir tú lengua es igual de importante que la mía, además de ser empáticos, y poder saludarnos en su idioma cuando compartimos en lo cotidiano, por ejemplo”.

Fuente: Paula-La Tercera