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Según experto, las actuales condiciones climáticas podrían empeorar como consecuencia del fenómeno de La Niña.

Las travesías de migrantes por el desierto de Atacama, en marchas de hasta tres días para cruzar por algún paso no habilitado, presentan condiciones extremas que hoy se agravan con la crudeza del denominado “invierno altiplánico”.

Un ciclo de altas precipitaciones en zonas interiores del norte del país, que se extiende de diciembre a marzo. “En esta época estival hay mucho transporte de humedad desde Bolivia e incluso Perú a sectores altiplánicos chilenos, con abundantes nubes convectivas que descargan mucha lluvia en poco tiempo”, sostiene Arnaldo Zúñiga, experto de la Dirección Meteorológica de Chile.

Según relatos de migrantes venezolanos, la travesía de la frontera norte presenta como desafíos acceder a sitios no habilitados por rutas de tercera categoría o ‘huellas’, con riesgos de minas antipersonales, quebradas y poca luminosidad que propician los accidentes durante marchas nocturnas.

A esto se agrega el abandono de ‘coyotes’ en zonas despobladas y las fuertes variaciones climáticas del desierto, con fríos extremos en esta época del año como en el caso de Ollagüe (a 3.695 metros de altitud). Esta pequeña localidad fronteriza con Bolivia, en la Región de Antofagasta, ha registrado un progresivo aumento de migrantes que ingresan a la localidad por pasos no habilitados.

“Las personas llegan muy descompensadas por la altura y debido al frío, en algunos casos con hipotermia. Porque si bien durante el día las temperaturas son soportables, en las noches son extremas”, dice Nicol Cuevas, enfermera de la posta de Ollagüe, localidad que en las últimas jornadas ha registrado hasta -4,2 °C, y quien además advierte de los riesgos de tormentas eléctricas.

A su vez, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Antofagasta, sostiene que el invierno altiplánico en regiones del norte impacta aún más en la “cruzada migratoria” en sectores que se empinan por sobre los 5 mil metros de altura. “Estamos hablando de descampados donde no hay nada, con cinco y hasta 10 horas sin ver rastros humanos“, afirma.

El enfrentarse al invierno boliviano (altiplánico) pone en riesgo la vida de las personas, que desconocen que puede llover en el desierto de manera torrencial y los caudales pueden aumentar muy rápido. Además, hay nevazones en sectores de la cordillera”, agrega Aravena.

Javier García Choque, alcalde de la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, reconoce el clima extremo en este poblado andino. “Es una zona con temperaturas que cambian del día a la noche de manera drástica, con -8 ºC durante la noche y que en el día puede llegar a los 30 ºC”, detalla. Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), solo en enero pasado se registraron 4.271 extranjeros denunciados a la autoridad administrativa por ingresos clandestinos al país.

Para Arnaldo Zúñiga, el actual fenómeno de La Niña potencia los riesgos de precipitaciones intensas, crecidas de ríos, aluviones y remociones en masa en sectores del Altiplano. “Si bien en el día aumentan las temperaturas, en la noche, como son sectores muy altos, estas bajan a cerca de 0 grados. Ellos (los migrantes) cruzan por sectores muy fríos, que sumado a las precipitaciones, los hace muy peligrosos”, recalcó.

“Las lluvias estivales, en los flujos migratorios, generan un riesgo mayor para quienes intenten pasar por aluviones, el frío o, incluso, por áreas con minas antipersonales”.

Gerardo Espíndola, Alcalde de Arica

“Hay tormentas eléctricas y los rayos caen al lado del pueblo. También se arriesgan (los migrantes) a ese tipo de cosas. Es difícil, porque cruzan bebés y adultos mayores”.

Nicol Cuevas, Enfermera de la posta de Ollagüe

81% de las denuncias de la PDI por ingresos ilegales en enero correspondieron a venezolanos.

92% bajaron ingresos por pasos no habilitados de Colchane con el aumento del control fronterizo.

Fuente: El Mercurio

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La resolución del tribunal de alzada considera casos de extranjeros deportados del país la semana pasada desde la Región de Tarapacá, en operativo del Gobierno.

Los representantes de colectivos extranjeros y de organizaciones promigrantes expresaron su conformidad con la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, que acogió cinco recursos de amparo en favor de 102 venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados y ordenó dejar sin efecto sus órdenes de expulsión del territorio nacional. En fallos unánimes, el tribunal de alzada estableció que las resoluciones administrativas impugnadas, adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, carecen de fundamento legal.

“Antes de aplicar la sanción de expulsión, la Intendencia Regional de Tarapacá debió, en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, exigido para el juzgamiento de toda persona a quien se imputa la comisión de un delito”, dice parte de la resolución.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la U. Alberto Hurtado (UHA) presentaron los amparos en favor de 52 venezolanos, gran parte de los cuales formaban parte de los 86 extranjeros deportados desde Iquique por el Gobierno, la semana pasada, vestidos con overoles blancos. “En lo que ocurrió en Iquique, en un plazo tan breve en que se notifica la expulsión a las dos de la mañana y a las cuatro de la mañana siguiente se les sube al bus para materializar la expulsión (.), no se les dio a las personas la oportunidad de presentar sus descargos ni explicar las razones que les llevaron a cruzar las fronteras. No tuvieron derecho a contar con un abogado o solicitar refugio”, dijo Macarena Rodríguez, presidenta del directorio de SJM.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, espera que ante una eventual apelación de la Intendencia de Tarapacá la sentencia de la Corte Suprema resulte favorable. “De ninguna manera esto quiere decir que incentivemos el ingreso de personas por pasos no habilitados a Chile, pero a pesar de que hayan infringido la Ley de Migración, estas personas son sujetas a derecho. Estamos contentos con la decisión”, dijo.

Según datos de la PDI, en enero pasado se registraron 4.271 denuncias por ingreso clandestino al país, mientras que a mediados de semana desde el Gobierno se informó que tras aumentar la vigilancia en la frontera norte, en el marco del Plan Colchane, entre el 9 y 16 de febrero pasados bajaron en 92% los ingresos clandestinos al poblado.

Ante los recursos de amparo que rechazaron las expulsiones administrativas debido a ingresos por pasos no habilitados, el intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, afirmó que consideran haber adoptado una línea correcta. “Defenderemos en todas las instancias pertinentes legales respecto de nuestra actuación administrativa”, dijo ante una eventual apelación en la Corte Suprema.

En estado inconsciente


A su vez, como una nueva evidencia de la ola migratoria en el norte del país, desde el municipio de Colchane informaron ayer sobre el hallazgo de un migrante (23) de nacionalidad peruana en estado inconsciente, después de haber cruzado la frontera entre Chile y Bolivia por un sector próximo al poblado, con un destino final a la comuna de Puente Alto en la Región Metropolitana. Luego de ser atendido en el Centro Médico de Colchane se le trasladó al Hospital Regional de Iquique.

“Defenderemos en todas las instancias pertinentes legales respecto de nuestra actuación administrativa (ante eventual apelación en la Corte Suprema)”.
MIGUEL ÁNGEL QUEZADA, INTENDENTE DE TARAPACÁ.

“Ya es momento de comenzar a tratar esta crisis humanitaria con altura de miras y con responsabilidad, humanizando el tema y no manipulándolo. Se trata de familias”.
BENJAMÍN CRUZ, PRESIDENTE DE COLECTIVIDAD COLOMBIANOS RESIDENTES ANTOFAGASTA.

Fuente: El Mercurio

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21 de Febrero, 2021

La crisis migratoria cerró la semana pasada con la imagen de 87 extranjeros expulsados en un avión Fach, en una puesta en escena con la que el gobierno quería mandar un mensaje. Uno que Yerkin Cardozo, un venezolano separado de su madre, y el de su compatriota Siul Huerta, que regresó derrotado donde su familia, experimentaron en carne propia.

Milagros Montero almuerza media manzana, porque dice que la comida que le dan pareciera estar mal cocida. Si come algo más, la mujer de 54 años lo vomita. Su malestar estomacal comenzó la mañana del 10 de febrero, cuando leyó un mensaje que le llegó en la madrugada, mientras dormía. “Mami, me deportaron”. Era Yerkin Cardozo (21), su hijo menor y uno de los 87 migrantes devueltos a su país de origen en un avión Fach la semana pasada. Regresó a Venezuela solo, porque Milagros Montero debió cumplir una cuarentena preventiva en una residencia sanitaria en Iquique.

Madre e hijo vivían en Santa Rita, en el estado venezolano de Zulia, hasta enero de este año. Montero cuenta que, a pesar de las dificultades de su país, podían vivir bien. Eso, hasta que el 29 de diciembre del año pasado la mujer recibió un video que mostraba a un grupo de hombres armados amenazando con matar a su hijo si no les enviaba dos mil dólares. “Allá hay bandas que se dedican a extorsionar. Tengo dos hermanos en el exterior y se querían valer de eso para quitarnos plata”, cuenta Cardozo.

Tras enterarse de las amenazas, el hermano mayor de Cardozo, José Manuel Manzanero, les insistió en que se fueran a Chile. Manzanero vive en Copiapó hace tres años junto a su pareja y ahí tiene una barbería: “Yo tomé la decisión de que vinieran a Chile de manera ilegal, soy consciente de eso. Pero me iba a hacer cargo de ellos”, cuenta hoy. Madre e hijo contactaron a un “coyote” que les cobró cerca de 1.600 dólares por llevarlos a Chile. El hermano mayor les entregó el dinero y Milagros Montero y su hijo dejaron Venezuela el 12 de enero.

En Tacna conocieron a Siul Huerta (33), otro venezolano de Zulia que iba rumbo a Chile. Migraba por segunda vez. Vivió en Colombia, pero allí su situación económica no mejoró. Uno de sus primos, que vive en Chile, lo convenció de entrar al país de forma irregular.

Lo más duro del viaje fue cruzar la frontera entre Bolivia y Chile la madrugada del 30 de enero. Les costaba respirar, sentían que podían desmayarse. No fueron los únicos. El 2 de febrero, y tras 11 días de viaje desde Valencia, en el estado de Carabobo, Néstor (38), Raquel (28) -no quisieron dar sus apellidos- y su hijo de dos años pasaron ilegalmente por la misma frontera hasta llegar a Colchane.

“No migramos porque queremos -aclara Raquel-. Estamos huyendo de Venezuela”.

El espejismo en Colchane

Ya en Colchane, Montero, Cardozo y Huerta entraron a un edificio abandonado, donde había migrantes. Sabían que el próximo destino en la ruta era Iquique, pero no encontraron transporte para llegar allá.

Al mediodía, entre los migrantes comenzó a correr la voz de que la única forma de salir de Colchane sería a través de una autodenuncia en Carabineros. El investigador migratorio de la Universidad Arturo Prat, Daniel Quinteros, explica que para este grupo la autodenuncia representó la vía de bajar a Iquique, salir del frío y alojarse en una residencia sanitaria. Sin embargo, advierte que “nadie les explicó que esto podía terminar en un proceso de expulsión”. De cifras de la PDI, en enero de 2021 se registraron 1.869 denuncias por ingreso irregular en la Región de Tarapacá: 59 de ellas fueron autodenuncias.

Tras denunciarse, los tres venezolanos fueron trasladados por policías hasta el Liceo Centenario, en Iquique, usado como residencia sanitaria. Cardozo recuerda que en el lugar los demás migrantes comentaban que cuando se completara el período de cuarentena, podrían movilizarse libremente. Pero el martes 9 de febrero, a la medianoche, Siul Huerta notó que llegaron muchos oficiales de la PDI al liceo. Los policías reunieron a 120 extranjeros en el área de la cancha y los comenzaron a llamar hasta un mesón. “Estábamos nerviosos, porque entendíamos que no era parte del proceso”, recuerda Huerta. Cuando llegó su turno, cerca de las 2.00, el hombre se dio cuenta de que sus compañeros firmaron una notificación de expulsión del territorio chileno. “No quería firmar, porque no entendía. Los policías me decían que tenía que firmar rápido, porque había más personas que tenían que firmar. Había que poner si estaba de acuerdo o no con la notificación. Y si iba a apelar”, recuerda. Después de que todos firmaron, los policías les hicieron saber que tenían 24 horas para apelar o serían expulsados.

La directora regional de Tarapacá del INDH, Lorena de Ferrari, recuerda que el primer llamado de los migrantes a sus oficinas recién pudo concretarse a las 11.00 del martes 9 de febrero. El instituto logró identificar a 23 de ellos como sujetos de amparo. “Se llegó a ese número porque no fue posible seguir entrevistando más personas”, cuenta De Ferrari. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también ofreció representar a un grupo de personas, pero enfrentaron las mismas dificultades. “Tienes plazos irreales. No pueden acceder a un abogado especializado en 24 horas. Sobre todo si en seis de esas horas no había luz de día”, afirma Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del SJM.

Raquel y su familia esperaban correr otra suerte. Por tener un niño pequeño, los trasladaron en bus a la residencia sanitaria montada en el colegio Unap de Iquique. Allí, los monitorearon por 10 días para cuidar que no estuvieran contagiados con coronavirus. Durante todos esos días sufrieron la misma duda: no saber si los aceptarían en el país.

Adiós, mamá
Tras pedirles ayuda a sus hermanos para que contactaran a un abogado, Cardozo y Montero no podían hacer nada más. Pasaron la tarde conversando en el colchón que compartían. Alrededor de las 20.00, funcionarios de la PDI se acercaron a la mujer y le explicaron que la persona que dormía en el colchón contiguo dio positivo a coronavirus y que ella calificaba como contacto estrecho. Por esa razón, debían aislarla en el Liceo Comercial de Iquique. “Yo les comenté que si la tenían que aislar, que me llevaran con ella. Pero no me dejaron”, agrega Cardozo.

El joven recuerda que policías de la PDI le dijeron que la separación de su madre era una medida temporal. Con esa idea, Milagros Montero ni siquiera se llevó con ella el bolso que compartía con su hijo. Metió ropa suficiente para dos días en una bolsa y las demás pertenencias las dejó en manos del joven. Ella pensaba que Cardozo quedaría libre en un par de días y que podrían reencontrarse cuando terminara su cuarentena. Cuando se despidieron, la mujer lo abrazó llorando. No se quería despegar de él. Lo último que ella escuchó de él fue: “Mami, cuídate. Te amo”.

Aquella noche fue la última vez que Montero vio a su hijo. Solo horas después de que se llevaran a la mujer, cumplido el plazo de las 24 horas para apelar, los policías les pidieron a Cardozo y a los demás migrantes que se preparan porque, por orden de la Intendencia de Tarapacá, los deportarían en la mañana del miércoles. El joven le envió un mensaje a su mamá para avisarle, pero Montero a esa hora dormía y su celular estaba apagado. Luego, él intentó volver a dormir. Pero no pudo. En la mañana del 10 de febrero, el traslado hacia el aeropuerto fue tan veloz, que Cardozo no tuvo tiempo para vestirse y fue hasta allá en bermudas y pantuflas. Una vez ahí, cubrió su ropa con el overol blanco que le pasaron.

Efecto overol
En el gobierno sabían que la imagen iba a generar impacto. Aunque dicen que los overoles blancos debían usarse por protocolo Covid y que el hecho de que cada expulsado fuera del brazo de un policía también era parte del procedimiento. “Una persona puede tirar algo y romper una turbina, por ejemplo”, dice una fuente de La Moneda. Y esa imagen fuerte tenía destinatarios claros: en primer lugar, los migrantes que querían venir a Chile en forma ilegal y, en segundo lugar, a los propios chilenos. En el gobierno, eso sí, descartan que esto obedezca a motivos políticos, como alimentar un discurso que rinde en la derecha.

Por otra parte, hacen notar que en Chile vive medio millar de venezolanos, de los cuales la mitad pasó por el plan de regularización que puso en marcha el gobierno durante los años 2018 y 2019.

El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, asegura que “la PDI hizo una serie de entrevistas en Colchane. (…) Fundamentalmente tenían como objetivo el debido cuidado de no separar familias, que no hubiese una relación de parentesco en Chile”, explica. Sin embargo, Huerta, Cardozo y Montero niegan haber sido entrevistados para conocer su situación.

Lorena de Ferrari explica que normalmente las expulsiones que se hacen son judiciales, de personas que cometieron delitos. Las expulsiones del 10 de febrero “encendieron las alarmas” del INDH, porque en su mayoría eran administrativas. Es decir, dictadas por el Ministerio del Interior o intendencias regionales por motivos como el ingreso clandestino o la residencia irregular. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, de las 147 expulsiones de este año, el mayor motivo de ellas ha sido el ingreso clandestino (73), que representa el 49,7% del total. Lo siguen las expulsiones relacionadas a la ley de drogas (62). Además, el 49% de los expulsados es de nacionalidad venezolana.

El abogado y exjefe del Departamento de Extranjería Matías Torrealba indica que “tomar a un grupo de personas y someterlos a la misma infracción tiene características de una expulsión colectiva o masiva, cuestión que está prohibida en el derecho internacional”, señala.

En fila, los migrantes se subieron al avión de la Fach que haría una parada en el aeropuerto El Dorado, en Colombia, para finalmente arribar a Caracas, Venezuela. Era la primera vez que Yerkin Cardozo viajaba en avión. Eso le gustó. Sin embargo, admite que se sintió como un criminal: cada una de las filas tenía a un PDI en cada esquina, quienes, según cuenta el venezolano, incluso lo acompañaban al baño durante el vuelo.

Siul Huerta sostiene que, ya en el aire, el trato por parte de policías cambió: “Dejaron un poco al lado el protocolo y comenzaron a socializar con nosotros. Hubo uno que en nombre de Chile me pidió disculpas”. Aunque las ocho horas de vuelo favorecieron las conversaciones, Yerkin Cardozo dice que dentro del avión se sentía un ambiente de decepción. “Muchos de los compañeros que viajaron allí vendieron todo lo que tenían en sus hogares para salir adelante, para tener el sueño chileno”, comenta. “Yo no pude aguantar las ganas de llorar y lo hice. Muchos lo hicieron”.

Volver a escapar
El jueves 18 de febrero, a ocho días de la expulsión, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió cinco recursos de amparo, presentados por el INDH, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares, dejando sin efecto la expulsión de 52 venezolanos. En los fallos se estableció que las resoluciones administrativas impugnadas, adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, carecían de fundamento legal. En el fallo quedó establecido que la expulsión no permitió que los amparados pudieran “controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimaren procedentes ante la pretensión de expulsión”.

En el gobierno la explicación es la siguiente. En palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el delito de ingreso clandestino “hace mucho tiempo que no tiene abdicación (…). Por eso lo que se hace es que, cuando estas personas se autodenuncian, el Ministerio del Interior o la intendencia, presenta una denuncia, pero luego la retira y lleva adelante únicamente un procedimiento administrativo. Es decir, no persigue la responsabilidad penal del migrante”. En consecuencia, señala Galli, “la corte dice que si se ha iniciado un proceso penal de esta persona, debe dársele derecho a defensa, pero nosotros no llevamos adelante un proceso penal, sino que simplemente un proceso administrativo”.

A Raquel y a su familia sí les permitieron el ingreso. Llegaron a Concepción después de viajar en bus desde Iquique. “Queremos sacar nuestros documentos y buscar la vía de legalizarnos. Lo único que queremos es trabajar y poder optar a una mejor calidad de vida”, dice.

Tras llegar a Venezuela, Siul Huerta regresó a la casa de sus padres. Ahí lo esperaban sus tres hijos. Para justificar su ausencia les dijo que estuvo afuera, trabajando. Huerta aún quiere salir de Venezuela. Solo que ahora no ve a Chile como una opción.

Mientras, para Milagros Montero el viernes 19 de febrero se cumplieron los 11 días de cuarentena en el norte de Chile. Un día antes, su hijo Yerkin hacía un viaje en bus de 23 horas con destino a Bogotá. Ahí lo recibió su tío, a quien no veía desde hace dos años. Durante el viaje, la mujer le contó por chat varias cosas: que al día siguiente ella también se subiría a un bus para reunirse con su otro hijo en Copiapó, que aún no se sentía mejor del estómago y que se quejaba por la comida que le daban en el liceo de Iquique. Durante la mañana del viernes, cuando Montero iba en camino al terminal, recibió un mensaje de Cardozo. Ella estaba triste, pero su hijo intentó animarla. Le escribió: “Pero mami, estarás con José. Luego, si se puede, yo me iré”.

Fue el último mensaje que Milagros Montero pudo recibir antes de quedarse sin batería.

Fuente: La Tercera

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“Las personas en el ámbito de una expulsión tienen derecho a ser oídas, a señalar cuál es la situación particular en la que se encuentran, a presentar pruebas, a contar con asesoría jurídica especializada. Nada de eso ocurrió”, señaló la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Macarena Rodríguez, al comentar lo resuelto por el tribunal de alzada iquiqueño, que acogió una serie de recursos de amparo a favor de los extranjeros expulsados. La corte estableció en forma unánime que las resoluciones administrativas de expulsión adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, “carecen de fundamento legal”. Además, “en este caso la autoridad realizó la expulsión con una gran cobertura mediática, y eso a nuestro juicio agrava aún más la situación”, dijo Rodríguez aludiendo a la puesta en escena de los deportados que fueron embarcados vistiendo “overoles blancos”.

Un golpe a las políticas de expulsión de migrantes irregulares emprendida por el Gobierno dio la Corte de Apelaciones de Iquique al acoger una serie de recursos de amparo interpuestos a favor de unos 52 ciudadanos venezolanos deportados del país.

El tribunal de alzada acogió los recursos interpuestos por organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares, estableciendo que las resoluciones administrativas de expulsión adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá, “carecen de fundamento legal”.

Este recurso lo interpusimos porque estamos seguros de que se han cometido infracciones muy graves a los derechos fundamentales de los migrantes que fueron expulsados“, dijo Macarena Rodríguez, quien agregó que “hay una satisfacción con la decisión adoptada”.

Para Rodríguez, si bien esta resolución de la Corte no sienta un precedente, sostuvo que “me parece que es un llamado de atención muy importante, porque en este caso la autoridad realizó la expulsión con una gran cobertura mediática, y eso a nuestro juicio agrava aún más la situación“, señaló aludiendo a la puesta en escena de los deportados -en su mayoría venezolanos, pero también colombianos- que fueron embarcados vistiendo “overoles blancos”.

Las personas en el ámbito de una expulsión tienen derecho a ser oídas, a señalar cuál es la situación particular en la que se encuentran, a presentar pruebas, a contar con asesoría jurídica especializada. Nada de eso ocurrió”, agregó.

En su resolución, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Marilyn Fredes Araya y Moisés Pino Pino– estableció que “la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión, transgrediéndose con ello su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada, toda vez que la Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida”.

Plan de protección

Por otra parte, la presidenta del directorio del SJM aclaró que si bien “no existe ningún impedimento para que las personas puedan ingresar al país, el tema es que a partir del año 2019, se le exige a la población venezolana un visto consular previo o la Visa de Responsabilidad Democrática”.

Complementó diciendo que “creemos que lo que correspondería es que exista un canal a través del cual se pueda restablecer el imperio del derecho respecto de estas personas que se encontraban en el territorio nacional, y que podían haber sido solicitantes, por ejemplo, de refugio“.

Para Macarena Rodríguez, la mirada de las autoridades ante la migración debería estar enmarcada en un plan de protección y no en una postura de persecución y condena. “Nosotros creemos que frente a la migración, más que una postura de persecución y de condena, creemos que debe haber es un plan de protección de estas personas”.

En esta línea, citó el caso de Colombia, país que “acaba de establecer una residencia temporaria para toda la población venezolana, que es muchísimo mayor que la que existe en nuestro país”. También mencionó lo sucedido en Brasil, donde se reconoce “la calidad de refugiados en decisiones colectivas”.

Creemos que la situación que vive hoy día Venezuela es tan particular y peligrosa para la vida y seguridad de las personas, que nos parece que la mirada que debiera ser es más de protección“, cerró.

Fuente: El Mostrador

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  • La Intendencia de Tarapacá las impuso sin investigación previa, lo que viola las garantías constitucionales, determinó el tribunal de alzada.
  • La mayoría de los extranjeros que considera el fallo ya fueron deportados: sólo unos cinco continúan en territorio nacional.
  • Considerando que la Justicia ha fallado de manera similar en causas anteriores, el Servicio Jesuita Migrante pidió “un cambio en el proceder” del Ejecutivo.

La Corte de Apelaciones de Iquique dejó sin efecto las resoluciones de expulsión impuestas por el Gobierno en contra de al menos 52 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos deportados en el vuelo que despegó la semana pasada desde la capital de Tarapacá, y unos cinco que siguen en el territorio nacional.

El tribunal de alzada lo determinó tras revisar un recurso de protección impuesto por el Servicio Jesuita Migrante (SJM), en razón de que la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados pudieran controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa, ni exponer los antecedentes que estimara precedentes ante la pretensión de expulsión.

La resolución también alude a que la Intendencia de Tarapacá lo dispuso sin que se concluyera una investigación en contra de los afectados, valiéndose solo de actuaciones administrativas carentes de fundamento, y vulneradoras del derecho a la defensa constitucionalmente protegida.

En esa línea, el fallo indica que no corresponde que la recurrida, como autoridad administrativa, imponga una sanción de carácter tan gravoso sin contar con el necesario fundamento legal y, más aún, en este caso donde la responsabilidad penal de los amparados, que podría motivar una decisión como esta, nunca fue establecida por el Poder Judicial.

De acuerdo a la presidenta del directorio del SJM, Macarena Rodríguezesta postura de la Justicia no es nueva, y por lo tanto, “esperamos un cambio en el proceder” del Ejecutivo en materia migratoria.

“Ellos son la autoridad, son los primeros llamados a garantizar y a respetar los derechos fundamentales de las personas, entonces un objetivo político, la idea de hacer un levantamiento muy mediático de esta situacióncon las autoridades que viajan al norte y todono puede pasar por sobre los derechos de las personas“, enfatizó.

Asimismo, Rodríguez opinó que detrás de este caso “hay una situación más de fondo, que tiene que ver con entender cuál es la realidad que vive Venezuela”.

Es posible que la causa llegue a la Corte Suprema, algo que podría definir en esta jornada el Gobierno mediante la Intendencia de Tarapacá.

Fuente: Radio Cooperativa

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Las localidades visitadas fueron Iquique, Pozo Almonte, Huara y Colchane, en las que se pudieron observar los alcances de la situación de crisis humanitaria, también se llevó ayuda a esas personas migrantes y se constató la falta de información que enfrentan.

Por Tamara Zamorano

Karina O’Ryan, representante de SJM

En el marco de la crisis humanitaria que se vive la zona norte de nuestro país, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) participó, junto a World Vision, Fasic Iquique y ACNUR, en una misión dirigida a varias localidades de la frontera norte.

En la primera parte de esta suerte de gira de trabajo, SJM se reunió en Arica con la organización World Vision (WV), con quienes mantenemos una red de trabajo conjunto. Karina O’Ryan, Responsable del Área de Educación e Interculturalidad de la sede Arica de nuestra fundación, quien fue como representante a esta misión explica que “el viaje junto a WV partió el viernes, nos detuvimos en Huara y después nos dirigimos a Pozo Almonte, donde ya pudimos ver focos de reunión de personas migrantes . Hacia la tarde llegamos a Iquique y fuimos a la Plaza Brasil para ver la situación en ese lugar. El sábado estuvimos en Colchane y vimos más de 130 personas. Luego, en la mañana del domingo estuvimos nuevamente en Pozo Almonte y en Huara. Y ese mismo día y el lunes visitamos regresamos a la Plaza Brasil de Iquique a ver a quienes se reúnen allí”.  

Los objetivos 

O’Ryan explica que la misión Colchane, tuvo como metas, “en primer lugar observar en terreno las condiciones en que están las personas migrantes, conocer sus historias, necesidades, las problemáticas que se están dando en el lugar, y recabar información sobre los motivos que los llevaron a venir a Chile. El segundo objetivo era entregar ayuda humanitaria, con la que contábamos y que pudimos repartir en las tres localidades visitadas en la frontera y en Iquique. Se trató de kits de higiene con jabón, toallas húmedas, pasta de dientes, protectores faciales, alcohol gel, entre otras cosas. Y el tercer objetivo de la misión fue reunirnos con actores clave del territorio, para poder conocer qué necesidades tienen y en qué los podemos apoyar desde el SJM”. 

“De esta forma, fortalecimos nuestros vínculos con otras organizaciones que están activamente en Tarapacá, como Fasic Iquique, la oficina de Migración de la Municipalidad de Iquique, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Fundación Madre Josefa y la Cruz Roja, quienes ya estaban también entregando ayuda humanitaria y asistiendo a las personas migrantes. De hecho, la Cruz Roja tiene un punto fijo en Colchane, con el que asisten médicamente a las personas y entregan kits con productos preventivos del Covid-19”, añade Karina O’Ryan.

Otra tarea fundamental, fue la difusión de MigraApp, nuestra aplicación de ayuda y orientación social y jurídica para personas migrantes y refugiadas: “Compartimos con nuestra organización aliada, Fasic Migración, afiches y volantes con código QR para que ellos también nos ayuden a informar y así las personas que lo necesiten, puedan descargar fácilmente la aplicación”, comenta la representante del SJM.

La travesía por el desierto sin información 

Gracias al recorrido por distintos lugares se pudo comprobar que “hay mucha desinformación de las personas respecto a su estatus migratorio; por ejemplo a las personas que ingresaron por Colchane les pedían autodenunciarse para poder llevarlos a una residencia sanitaria, por lo que muchos entendieron que autodenunciándose estaban regularizando su situación; otras personas creían que  tras autodenunciarse la expulsión era inmediata, entonces muchos lo evitaban y se iban caminando para no ser llevados a una residencia sanitaria. También hay desconocimiento en cuanto a los cuidados sanitarios, las aduanas, los controles, los documentos que son requeridos para trasladarse de una ciudad a otra, el proceso de solicitud de refugio, así como su propia situación migratoria. La presencia de ACNUR fue clave, porque estuvieron entregando información sobre cómo acceder a la solicitud de refugio”, señala O’Ryan.

En esta misma línea y tal como relata Karina O’Ryan, la condición física y de salud de las personas es “hoy compleja, porque son personas que vienen caminando desde Venezuela, se exponen a quemaduras de piel por las altas temperaturas y a la deshidratación por la falta de agua. Nos llamó mucho la atención la presencia de niños y niñas, de todas las edades incluso guaguas de meses, y también de mujeres embarazadas. La situación específica de estas mujeres es complicada, pues llevan meses sin asistir a controles, no pueden tener una buena alimentación, y enfrentan el gran esfuerzo físico exigido para los traslados de una ciudad a otra. El acceso a la atención de salud para ellas está garantizado, pese a que estén en situación migratoria irregular”.

Tras haber participado en la Misión Colchane, O’Ryan comenta a modo de epílogo: “Es una tremenda travesía para estas personas caminar y trasladarse de un lugar a otro, más aún si están con niños pequeños. En sus países están en situaciones económicas críticas, lo que los obliga a salir por esa necesidad. Por ningún motivo se puede esbozar que vienen por gusto, sino porque necesitan urgentemente mejores condiciones de vida, que sus países hoy ya no les ofrecen. Pese a que Fasic y la OIM están llevando un catastro para dar alojamiento a estas personas, los recursos son pocos y los cupos son limitados para las familias. Hay mucho por hacer”.  

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Colchane, con 1.300 habitantes, llegó a albergar en enero a 2.000 migrantes por el «embotellamiento» debido a las restricciones frente a la pandemia.

Daniel huyó de Venezuela con su mujer hace tres años, dejando atrás a sus cinco hijos. Hasta hace tres semanas estuvieron en Perú, donde nació el sexto. Pero la crisis causada por la pandemia los empujó a cruzar a Bolivia, con destino Chile. Como otros muchos compatriotas en los últimos años, llegaron en bus y taxis colectivos hasta uno de los últimos pueblos bolivianos antes de la frontera, e hicieron unos 30 kilómetros a pie por un paso no habilitado. En plena zona desértica de alta montaña de los Andes, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, «tuvimos problemas porque no podíamos respirar bien». 

Muchos venezolanos creen que en Chile encontrarán un mejor nivel de vida, y se dirigen allí directamente o después de pasar temporadas en países intermedios para ganar dinero para la siguiente etapa. En la zona hay principalmente dos pasos fronterizos: Arica, en la frontera con Perú, y Colchane, con Bolivia. Este segundo es el más difícil, por la altura, las temperaturas (ahora, en el verano austral, bajan de cero por la noche) y la lluvia o la radiación solar extrema de día. Dos migrantes han fallecido en lo que va de año por problemas respiratorios poco después de llegar a su destino.

Un pueblo desbordado

Brayan hizo el mismo camino en noviembre con su mujer y sus tres hijos pequeños y aunque la altura no les molestó («habíamos estado un tiempo en Potosí, Bolivia, a 4.000 metros»), a medio camino «tuve que juntar lo imprescindible en una mochila y dejar las otras dos y la maleta que llevábamos». Tanto él como Daniel aseguran que cruzaron solos. Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile ASOVEN, explica que la mayoría lo hacen con ayuda de organizaciones de tráfico de personas, que cobran unos 650 euros por cabeza. 

Cuando la familia de Brayan llegó a Colchane, no les fue difícil trasladarse hasta una localidad costera. Allí solicitaron asilo porque salió de Venezuela tras recibir amenazas por participar en manifestaciones contra el Gobierno. «Me han dicho que es un proceso de cuatro o cinco años y hasta entonces no me dan ningún papel porque las oficinas para conseguirlo están cerradas». Por ello, vive de forma clandestina, «jugando al ratón y al gato con la Policía» por miedo a que le deporten. 

El Colchane que recibió a Daniel era bien distinto. En enero, esta pequeña localidad de 1.300 habitantes ha llegado a albergar a 2.000 migrantes, en su mayoría venezolanos. Todo estaba desbordado. Rojas explica que después de años de un flujo constante de personas solo de paso, ahora se ha producido un «embotellamiento» porque la zona es una de las áreas del país más afectadas por la COVID-19 y está cerrada. Antes «podían autodenunciarse ante la Policía en cualquier parte» e iniciar así los trámites para obtener alguna documentación. Muchos optaban por hacerlo en su destino final. «Ahora les obligan a hacerlo aquí». 

Foto: AF / Ignacio Muñoz

«Los canales legales se han ido cerrando»

Por eso los recién llegados empezaron a acumularse en las calles. Hasta el 5 de febrero estuvieron a la intemperie, y se empezó a generar malestar entre la población local. Luego la Organización Internacional para las Migraciones instaló carpas y tiendas, y se inició el traslado a albergues de otras localidades cercanas para hacer cuarentena. Es el caso de Daniel y su mujer, después de pasar más de una semana «durmiendo en cualquier rincón». 

Ellos han tenido suerte. La semana pasada, el Gobierno chileno deportó en aviones y buses a 138 migrantes, a los que devolvió a Colombia y a la misma Venezuela. «Eso contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe las expulsiones masivas» y estipula que, «si hay una expulsión, esta no se produzca a un país donde la vida de la persona corre peligro», denuncia Rojas. Entidades como el Servicio Jesuita a Migrantes también han criticado duramente esta decisión. 

El Ejecutivo se escuda en que son personas que han entrado ilegalmente en el país. «Es que los canales regulares se han ido cerrando», responde Rojas. Para entrar con un visado de turista, se necesita pasaporte. Algo «prácticamente imposible» de lograr en Venezuela. En 2018, se implementaron además los visados de responsabilidad democrática, creados especialmente para acoger a los venezolanos. Pero el SJM denuncia que solo «pudieron ser efectivamente utilizados» en el 5 % de los casos. Y en noviembre, añade Rojas, «todas las solicitudes se cerraron de manera arbitraria e ilegal». 

«Existen herramientas»

A pesar de haber entrado ilegalmente en el país, los venezolanos podrían pedir asilo. En este caso, legalmente no pueden ser castigados. La presidenta de ASOVEN explica que bastantes no lo hacen por desconocimiento, y porque «en la frontera, los funcionarios no mencionan» esta posibilidad; «solo les dicen que se autodenuncien para intentar una regularización». De hecho, se han dado casos de funcionarios que cuando, a pesar de todo, los migrantes solicitaban asilo, intentaban disuadirlos. Tras una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Contraloría General de la República, se puso fin a esta práctica.

«Solicitamos al Gobierno que cumpla con los debidos procesos y ponga el foco en los derechos humanos de estas personas», no en la política migratoria, exhortan desde ASOVEN. «Tenemos un escenario complejo, pero existen herramientas» para poner a disposición de estas personas todos los recursos legales a los que tienen derecho al tiempo que se cumplen los protocolos sanitarios. 

Fuente: Alfa & Omega España

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La migración es uno de los fenómenos sociales más importantes del último tiempo, no solo en Latinoamérica sino en el mundo. A pesar de que generalmente se visibiliza la realidad de las personas que dejan todo en su país en busca de nuevas oportunidades, poco se habla los derechos de los miles de niñas y niños que se ven obligados a enfrentar esta realidad. A pesar de que hay diversos tratados internacionales sobre sus derechos, estos, al parecer, están fuera del alcance de los problemas migratorios.

Las imágenes que dejó el boom migratorio en el extremo norte de Chile fueron reflejo de la crisis que se vive hoy en día. Extranjeros acampando en el centro de Colchane, otros tomándose ilegalmente viviendas o incluso durmiendo en el suelo demostraron la grave crisis humanitaria que enfrenta la inmigración.

A pesar de que muchos de ellos eran personas jóvenes en busca de mejores oportunidades que en su país no consiguieron, varios llegaron con sus hijas e hijos al no tener otra opción. Esos menores, que poco entienden, viven una etapa la cual está marcada por la formación de su identidad, proceso que se ve alterado por la constante vulneración de sus derechos en el proceso, el cual está exento de la seguridad necesaria.

“Hablar de la niñez y adolescencia migrante significa situarnos automáticamente en un plano que conlleva un triple nivel de vulnerabilidad: por ser niño o niña, por ser migrante y, en su caso, por ostentar -ya sea él y/o sus progenitores- un estatus migratorio irregular”, afirmó Isaac Ravetllat, abogado y director del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cedia) de la Universidad de Talca.

En esta línea, según el abogado, esas transgresiones significan, sin duda, una limitación a la posibilidad de acceder a derechos esenciales y también dificultan el ejercicio de otros derechos básicos, ya sea en materia económica, social o cultural.

Waleska Ureta, directora nacional de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, expresó que las niñas, niños y adolescentes “ya vienen con una vulneración de derechos de sus países, ellos no vienen por gusto. Están puesto en jaque sus derechos fundamentales, en un grupo, especialmente vulnerable por lo que se ven muy afectados”.

Además, agregó que los niños entran en una situación migratoria irregular, pero no tienen sanciones a diferencia de los adultos. A ellos no se les dicta la expulsión. “Es necesario mirar esto desde un punto de vista humanitario, en donde se considera que hay una crisis donde las personas huyen en busca de protección”, concluyó.

Normativa de interna y externa
Actualmente existen una serie de tratados internacionales que buscan garantizar los derechos de los más pequeños, los cuales están todos vinculados con normativas de Derechos Humanos.

Algunas de los más importantes son la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y, por último, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Estos tratados lo que quieren es hacer valer los derechos de los niños y adolescentes, estableciendo que las decisiones que se tomen con respecto a ellos estén sustentadas bajo una lógica del bien superior del niño.

Chile, por su parte, está suscrito a las tres normativas. Sin embargo, harto distan de la realidad que se ha visto durante el último tiempo. Estos reglamentos establecen la prohibición de este grupo de ser expulsados, ya que, en definitiva, prima su condición de niña o niño y no de migrante, según Isaac Revetllat. No obstante, esto no es así.

“Esos tratados internacionales marcan una serie de principios genérico, de tal manera que luego de que los Estados los ratifican, en su normativa interna nacional tienen que concretarlos. El problema es que en la práctica no hay una adaptación de estos tratados, por ende, en el devenir diario nos encontramos que hay un vacío normativo”, agregó el abogado.

La preocupación de una nueva Ley
Tras la deficiente ley nacional que establecía las normas migratorias y que no contemplaba el problema de la niñez como parte de ella, se anunció la nueva Ley de Migración y Extranjería, la cual se estima que será promulgada en marzo de este año.

Con respecto a la inclusión de la niñez en esta, en su artículo cuatro incorpora el interés superior del niño, lo que es positivo. Sin embargo, la gran inquietud es que esa declaración quede solo en la teoría y no se lleve a la práctica, como ha ocurrido siempre con las normas mundiales.

Estos días se llevó acabo el “El Plan Colchane”, donde más de 100 inmigrantes fueron expulsados hacia su país. Algunas denuncias apuntan a que incluso hubo algún caso donde hijos y padres fueron separados. El estado chileno no se hizo responsable de los perjuicios de las niñas, niños y adolescentes, a quienes solo les quedó una opción: acatar la decisión de nuestro gobierno de devolverlos a su país de origen, mismo lugar del cual sus papás quisieron salir para tener mejor calidad de vida. Una oportunidad que en Chile no pudieron encontrar.

Fuente: El Mostrador.

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BBC Mundo

Ricardo Melendez es venezolano y es uno de los 138 deportados el pasado miércoles por el gobierno de Chile en medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre ese país y Bolivia.

Eran las 2 de la mañana del pasado miércoles cuando a Ricardo Melendez, un joven venezolano de 19 años, lo despertaron en un refugio sanitario de Iquique, en el norte de Chile, lo obligaron a subir a un autobús y lo llevaron al aeropuerto para deportarlo.

Él formó parte del vuelo de las Fuerzas Armadas chilenas en el que unas 138 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, fueron enviados a su país de origen, por incumplir con las leyes migratorias chilenas.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte (de Chile) y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el miércoles Rodrigo Delgado, ministro del Interior de Chile.

“Tenemos que ordenar el flujo migratorio en nuestras fronteras. Y las personas que quieren venir a Chile lo tienen que hacer por las vías correspondientes, es decir sacando la visa”, agregó Delgado en un mensaje a periodistas antes de que el vuelo despegara.

La decisión del gobierno chileno fue ampliamente criticada por opositores del gobierno de Venezuela y por organismos de derechos humanos.

“Las autoridades dicen que ingresan de forma ilegal, sin visa, pero ellos no tienen manera de entrar de manera legal porque Chile les exige un visado que las personas hoy día no pueden conseguir”, aseguró la presidenta del Servicio Jesuita a Migrantes Macarena Rodríguez, en una entrevista con TVV Venezuela.

Melendez junto a otros miles de migrantes se habían concentrado la pasada semana en la localidad de Colchane, ubicada al norte del país y fronteriza con Bolivia, con el objetivo de ingresar a territorio chileno.

Él lo había logrado, pero el sueño de ver a su hermano y sobrina en Santiago, la capital chilena, se desmoronó a las pocas horas.

“Me sentí como un delincuente (?) Me arrancaron el corazón”, le cuenta a BBC Mundo en una conversación telefónica desde Caracas.

BBC Mundo solicitó al gobierno chileno un comentario sobre las críticas que recibió por estas deportaciones pero hasta la publicación de este artículo no recibimos respuesta.

Lo que sigue es un relato en primera persona de Melendez, quien cuenta su odisea al atravesar cuatro países a pie para reencontrarse con su familia.

Estuve un año viviendo en Medellín, Colombia. El 8 de enero salí rumbo a Chile.

Empecé viajando con un amigo, pero él decidió quedarse en Lima y yo seguí hacia Bolivia.

Parte del viaje fue caminando. A veces me daban un aventoncito, me montaba a una gandola (camión) o mi hermano me ayudaba con algo del pasaje.

Llegué a las 8 de la noche el 30 de enero a Colchane, en la frontera entre Bolivia y Chile. Y allí me encontré con más venezolanos. Más de 300 personas.

Estaba solo y decidí cruzar irregularmente como todos lo hacían. Fueron tres horas caminando por el desierto hasta una parada de bus.

Ahí pasé la noche, pero no pude dormir porque el frío era insoportable, aunque llevaba puestas dos franelas (camisetas), dos chaquetas, un pantalón y dos monos (pantalones deportivos).

Como a las 5 o 6 de la mañana pasó otro grupo de personas que decidieron también caminar por el desierto. Había muchos venezolanos y los carabineros estaban apoyándolos, supuestamente.

Yo caminé otras siete horas por ese desierto, desde las 5 hasta las 12, sin agua, sin comida, sin nada. Encontré un racimo de uvas y eso es lo que tenía para comer.

Estaba cansado, no había dormido nada y durante el día el sol era insoportable. No encontré ni una sombra para descansar.

En el camino me encontré con una gandola que venía de regreso. Paró y me ofreció un refresco.

Me preguntó dónde iba. Le dije a Huara, el próximo pueblo. Me dijo que no había forma de que yo llegará, que aún me faltaban tres horas en carro y caminando como casi dos días.

Si seguía caminando en ese desierto a lo mejor no podría sobrevivir.

Me subí a la gandola y me llevó de regreso a Colchane.

“Triste y preocupado”

Cuando llegué a Colchane vi una enorme cantidad de venezolanos.

Me dijeron que uno se podía “autodenunciar” con los carabineros y ellos te daban el apoyo para llamar un autobús y llevarte a un refugio.

Decían que era la manera legal para las personas que estuvieran entrando de forma irregular el país.

Entonces me autodenuncié el lunes pasado. Entregué los documentos y firmé un libro donde quedaba registrado.

Estuve cinco días en Colchane, sin comer, durmiendo en el piso, esperando que llegara mi turno de que me llamaran.

Desafortunadamente, en esos días murió una persona de la tercera edad y otra señora de hipotermia, por el frío.

Desagradablemente me tocó verlos. Estaban en una plaza.

Yo estaba triste y preocupado porque pensaba que ese podría haber sido yo. Si seguía allí, me podía pasar a mí.

Finalmente me tocó número en la lista para el autobús. Primero subían madres e hijos, después las mujeres solteras y por último los hombres solteros.

Pasamos por la aduana, nos revisaron las maletas y nos dirigimos hacia Iquique (en el noroeste de Chile), a un refugio sanitario.

Llegamos y nos hicieron otra vez el control, el papeleo, nos dividieron por persona y por familia y nos metieron a cada uno en una sala. En la mía éramos 22 hombres.

“No entendíamos nada”

Después de los dos días en ese refugio, inició la primera prueba de PCR para el covid. Yo di negativo y ese mismo día me llevaron a mí y a otro grupo a otro refugio.

Ahí llegó la Policía de Investigación de Chile (PDI) y nos dijeron que iban a crear un registro de los venezolanos para darnos el pasaporte sanitario y un carné de movilidad para que no tengamos problemas con migración.

Entonces pensamos que allí estaba la ayuda. Íbamos a hacer todo legal como ellos decían para no tener problemas.

Todos estábamos contentos, madres, hijos, abuelos dando todos los requisitos, todos los datos que ellos te pedían.

Dijeron que en dos días volvían con el pasaporte sanitario y con el certificado móvil. No vinieron.

Aparecieron al tercer día a las 2 de la mañana. Nos pareció un poco raro.

Nos llamaron a todos, nos sentaron y nos pidieron los documentos. Nosotros los entregamos voluntariamente porque pensábamos que era para el certificado.

Cuando me llamaron a mí, apenas me dejaron leer y decía: acta de expulsión.

En medio de la oscuridad, no te dejaban ver la hoja, no te dejaban nada. A algunas personas les decían: aquí tienes que poner que “no” o que “sí”. Eso fue un engaño.

El papel decía que estabas de acuerdo y que no ibas a apelar. Si no firmabas, te esposaban.

Todos firmamos. Ellos nos dijeron que los documentos estaban retenidos hasta el día siguiente. Entonces todo estábamos preocupados, preguntándonos qué sucedería.

Cuando todos terminaron, uno de los agentes de la PDI nos dijo con sarcasmo: ‘Felicidades, ya pueden regresar a su país’. Y empezaron a aplaudir.

No entendíamos nada.

Comenzamos a preguntar y nos dijeron que podíamos apelar el caso, que teníamos 24 horas para llamar a un abogado.

¿Pero cómo vamos a llamar a un abogado si nos tienen retenidos en el refugio? ¿Cómo vamos a salir para apelar el caso? No nos decían nada, eran puras mentiras.

“La gente empezó a llorar”

Un abogado llegó al refugio y nos dijo que teníamos hasta cinco días para apelar el caso. Que no nos preocupáramos, que no nos iban a deportar porque iba a ser ilegal, que él ya estaba haciendo el recurso de amparo para todos.

Las cosas se calmaron un poco y comenzamos a no tener tanto miedo.

Luego llegó otra abogada de una ONG y nos llevó una hoja que firmamos con una apelación para la orden de deportación.

Pero a las 2 de la madrugada del día siguiente, las enfermeras del refugio nos sacan a todos diciendo que tenían que dar de alta a unas personas tras haber salido negativo de la segunda prueba de covid.

Y como a las 4 de la mañana, llegaron los del PDI con cuatro autobuses y con la notificación de que seríamos deportados a nuestro país.

Entonces la gente empezó a llorar.

Comenzamos a explicarles que nosotros teníamos un recurso de amparo. En mi caso yo tenía una carta de invitación de mi hermano, que él se hacía responsable de mí.

A ellos no les importó nada de eso.

Entonces comenzaron a montar a las personas en los autobuses. Hubo un niño que fue separado de su mamá. A él lo deportaron, pero a la mamá no y a ella le agarró una crisis de nervios.

Otro hombre, que tenía a su mujer embarazada, también lo deportaron.

Lo que hicieron fue separar familias.

Todo lo hicieron bajo la cortina para que nadie se enterara. Por eso lo hicieron a esa hora.

El abogado llegó indignado al refugio. Estaba muy molesto diciendo que había un recurso de amparo, que las cosas no se podían hacer así.

Pero nada importó.

Desde el autobús llamé a mi hermano, llorando. Le expliqué que no lo podía ver, que no importaba si tenía carta de invitación, un recurso de amparo, nada.

Nos iban a deportar igual.

“Me sentí como un delincuente”

Nos llevaron a la Fuerza Aérea de Chile y nos dieron un traje blanco (un equipo de protección personal). Agarramos nuestras cosas y cuando salimos estaba la prensa.

Prácticamente, yo me sentí como un delincuente, como si hubiera hecho algo malo.

La verdad es que yo intenté hacer las cosas bien. Me autodenuncié que era la forma legal para regularizar el ingreso al país.

Pero nos subieron a todos en el avión. Los sueños de todos se habían acabado.

Cuando el avión despegó, yo sentí como que me arrancaban el corazón. Los sueños no los cumplí, no pude ver a mi hermano.

Fuimos a Bogotá primero porque habían deportado a colombianos y luego el viaje siguió al aeropuerto de Caracas.

Llegamos a las 4 de la tarde del miércoles. Pero salí del aeropuerto a las 3 de la mañana del día siguiente, luego de que Interpol nos hiciera preguntas y nos diera nuestros documentos, los pasaportes.

Afuera me encontré con mi hermana y mi tía. Estaban preocupadas, llorando y yo no pude aguantar y empecé a llorar también.

“Cuatro países caminando”

Ahorita ya estoy un poco mejor, asimilando todo lo que pasó, aceptando que no puede ver a mi hermano. No pude conocer a mi sobrina de meses.

Llevo 3 años sin verlo y prácticamente él es como como un padre para mí.

Me llené de valor para realizar esta aventura de cruzar cuatro países caminando. No fue fácil, pero logré llegar a Chile, lo que no logré es encontrarme con él.

Tengo que salir adelante y buscar la forma de movilizar los papeles para la visa y ver si me pueden dejar entrar a Chile.

El año pasado había pedido la cita en el consulado para la visa pero por problema de la pandemia, las citas se habían postergado.

Si no encuentro otra forma, probablemente vuelva a hacerlo caminando.

Fuente: Teletrece

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La presidenta del directorio de la organización, Macarena Rodríguez, explicó que las leyes chilenas establecen que los refugiados no pueden ser sancionados por ingresar por un paso no habilitado. También recordó que en dos años solo 5% de las Visas de Responsabilidad Democrática fueron aprobadas.

La expulsión de 138 migrantes venezolanos y colombianos de Chile se llevó a cabo sin un debido proceso, afirmó el Servicio Jesuita a Migrantes de Chile.

“Eso es evidente. Las autoridades se niegan a reconocer lo que hay detrás, y es lo que ya han señalado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otras autoridades internacionales: lo que se vive en Venezuela sin lugar a dudas entra en nuestra ley de refugiados”, explicó la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, en entrevista a TVV Venezuela.

Rodríguez indicó que la Ley de Refugiados de Chile establece que los refugiados no pueden ser sancionados por ingresar por un paso no habilitado.

“Las autoridades dicen que ingresan de forma ilegal, sin visa, pero ellos no tienen manera de entrar de manera ilegal porque Chile les exige un visado que las personas hoy día no pueden conseguir”, subrayó.

En dos años, continuó, apenas 5% de las Visas de Responsabilidad Democrática solicitadas fueron aprobadas por Chile. “La autoridad dice que no ingresan de manera legal, como si pudiesen hacerlo”, criticó.

Chile expulsó este miércoles a un grupo de 138 migrantes venezolanos y colombianos que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia, una zona que desde hace días vive una fuerte ola migratoria que ha llevado al límite a pequeñas localidades fronterizas.

“Estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses”, dijo el ministro de Interior Rodrigo Delgado desde la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia.

La tensión en dicho paso fronterizo se agravó la semana pasada con el fallecimiento de dos extranjeros, un colombiano y un venezolano.

Fuente: El Nacional (Venezuela)

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