“Es una crisis humanitaria la que se está viviendo en este norte”, señaló la encargada del Servicio Jesuita a Migrantes en Arica y Parinacota.
La jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Arica y Parinacota, Javiera Cerda, explicó que si se ponen mayores trabas en las fronteras, como el control de las Fuerzas Armadas, solo hará que “la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando”.
Tras la publicación del decreto 265, que faculta a las Fuerzas Armadas en la ayuda del control fronterizo, se comenzaron las acciones por parte del Gobierno para ordenar la migración en la zona norte del país, específicamente en Colchane, donde se duplicó la dotación de Carabineros y de personal del Ejército.
La jefa regional del SJM señaló que “si uno pone más requisitos” en las fronteras “va a aumentar que la migración sea más peligrosa para las personas que vienen ingresando”.
Además, cuestionó la construcción de mayores trabas en la frontera, como zanjas o muros, ya que estas situaciones “no la va a detener en su totalidad” y que “que vaya Fuerzas Especiales (de Carabineros) lo hace un poco más relacionarse que la migración se puedan criminalizar las fronteras, que tampoco es la idea”.
“Lo hemos visto a nivel mundial, la migración no se paraliza sino que agrava más los procesos“, reflexionó.
Cerda también detalló lo que se vive en la zona de Tarapacá: “es una crisis humanitaria” y no solo migratoria, debido a la situación social y sanitaria en Venezuela y agregó que actualmente no cuentan con cifras oficiales, pero que el número de extranjeros que están en la zona actualmente puede llegar a 4.000.
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En pleno altiplano chileno, a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, se encuentra una pequeña comuna de unas 1.700 personas, cuya población se ha duplicado en los últimos años.
Pero el súbito crecimiento poblacional no se debe a una explosión de natalidad, sino a una crisis migratoria sin precedentes en una zona conocida como “la gran tierra de los Aymaras”.
El detonante de la crisis que afecta a la localidad de Colchane fue la llegada repentina de cientos de migrantes el 1 de febrero, y la misma fue agudizada por la muerte de dos migrantes -un venezolano y una colombiana- en la madrugada del miércoles.
Se baraja que ambos murieron como consecuencia de las bajas temperaturas de la zona.
La frontera que divide a Colchane de Pisiga, en Bolivia, es una zona que se encuentra a más de 3.600 de altitud y donde no es raro que los termómetros caigan a cero en esta época del año.
Pero ni las temperaturas extremas ni mucho menos la pandemia de covid-19 han detenido el flujo de migrantes, que en su mayoría proviene de Venezuela.
“Estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias. Nos encontramos hoy día con 1.800 inmigrantes. La mayor concentración se encuentra en la localidad capital de Conchane, donde habitan 300 personas”, dice a BBC Mundo el alcalde de la comuna, Javier García.
“Por tanto, se ha producido un colapso sin precedentes en el poblado. Esta ola incluye 235 niños, que están ocupando todos los espacios públicos”, prosigue.
El censo de 2017 arrojó que 1.728 personas vivían en la comuna ese año.
“Esto ya sobrepasó cualquier límite”
El alcalde señala que su municipalidad no cuenta con la infraestructura para acoger a tal cantidad de personas.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes, la mayoría de los ingresados por pasos no habilitados son venezolanos (72%).
“La comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí”.
Para David Vargas, un sacerdote familiarizado con el tema migratorio en el norte de Chile, la situación ha cambiado “muchísimo” y en los últimos días “ha dejado de ser normal”.
“Estamos ante una alerta humanitaria. Esto ya sobrepasó cualquier límite. La cantidad de venezolanos, bolivianos y hasta peruanos que ingresan por pasos no habilitados es enorme”, le dice a BBC Mundo desde Calama, en la región vecina de Antofagasta.
“La situación en sus países es tan compleja que prefieren pasar por más situaciones inhumanas para llegar a Chile y así tratar de mejorar su calidad de vida”, prosigue.
Xenofobia
A mediados de enero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, y el mismo fue publicado en el Diario Oficial a finales de esta semana.
Y el jueves, además de anunciar la elaboración de un plan para mitigar la situación en Colchane y la inmediata duplicación del personal de Carabineros y del ejército en la zona, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, recordó que el decreto también les da a las autoridades “herramientas en materia de expulsión inmediata“.
“Hoy cruzar la frontera no está tipificado como delito, pero con la nueva ley sí está tipificado como delito”, explicó.
Delgado viajará a Colchane la próxima semana con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, para estudiar la situación y anunciar nuevas medidas.
Vargas, sin embargo, critica las decisiones anunciadas y asegura que es injusto que en “una crisis humanitaria de tal magnitud” las autoridades quieran condenar y perseguir a personas que vienen huyendo de la miseria en lugar de “verlo por el lado humanitario”.
El sacerdote David Vargas considera que las acciones gubernamentales han generado maltratos y xenofobia.
El sacerdote también denuncia que la decisión ha contribuido a que se generen maltratos y actos de xenofobia.
“Ahorita estoy viendo mucha xenofobia en contra de los migrantes que están llegando. El ataque hacia los migrantes es alarmante. Yo mismo he tratado de ayudar a los venezolanos y me han agredido, pero al final ya estoy acostumbrado a esto”, dice.
“Esta gente ahora necesita la solidaridad de todos nosotros”.
Buscando un mejor nivel de vida y seguridad
Según Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, lo vivido las últimas semanas en Colchane y otros puntos del norte de Chile no es nuevo.
“Ahora se ha agravado el fenómeno del ingreso por paso no habilitado, pero esto viene dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19″, explica en entrevista con BBC Mundo.
Ureta destaca que los migrantes que han llegado en los últimos años poseen perfiles bastante diversos en cuanto a formación y origen socioeconómico.
“Lo que los unifica es la urgencia de encontrar un mejor nivel de vida y seguridad”, añade.
Ni las temperaturas extremas ni la pandemia de covid-19 han detenido el flujo de migrantes, que en su mayoría proviene de Venezuela.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el 2019 los principales colectivos de extranjeros residentes en Chile provenían de Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%).
Coronavirus
Por otra parte, registros del Servicio Jesuita a Migrantes apuntan que la mayoría de los ingresados por pasos no habilitados tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia son venezolanos (72%).
La mayoría de los recién llegados acampa en plazas o vive a la intemperie y el alcalde Javier García indica que una de sus grandes preocupaciones es precisamente el avance del coronavirus.
“Estamos frente a un posible y eventual foco de infecciones, ya que los inmigrantes están aglomerados en masa, sin las condiciones mínimas. También con las bajas temperaturas es más posible que se propaguen enfermedades respiratorias, lo cual pone en peligro la salud de los pobladores”, precisa.
El secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, asegura que el coronavirus es precisamente “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar pasar a los migrantes.
Al alcalde de la localidad le preocupa que las aglomeraciones de migrantes se conviertan en focos de coronavirus.
“Ellos quisieran avanzar hacia el centro o hacia el sur de Chile pero están contenidos ahí por las autoridades chilenas con el pretexto del covid y luego con la excusa de que no los pueden llevar a otros lugares. Eso por supuesto ha generado conflictos en la zona con los locales”, dice en conversación telefónica con BBC Mundo.
“Los venezolanos son las verdaderas víctimas”
Noriega alega que si bien todos los Estados son soberanos y están en su derecho de establecer restricciones este tema debería ser manejado de manera diferente.
“Estamos hablando de niños que quieren reunirse con sus familias, de mujeres desamparadas. El Estado tiene que desmilitarizar la frontera. Ellos mismos se dan cuenta de que han retenido probablemente con medios bélicos a grupos de migrantes y que la situación no es acorde con el derecho interno chileno“.
El alcalde de Colchane le pide a las autoridades centrales que trasladen de manera urgente a los 1.800 migrantes que se encuentran varados a ciudades con mejores condiciones y que inicien “de inmediato” un diálogo a través de las cancillerías con países vecinos como Bolivia, Perú y Ecuador para controlar el fenómeno migratorio.
Por su parte, Waleska Ureta, del Servicio Jesuita a Migrantes, explica que el tráfico de personas migrantes debe enfrentarse no solo a través de medidas migratorias, sino que la respuesta, ante todo, debe ser humanitaria.
“Chile y América Latina hoy enfrentan una verdadera crisis humanitaria derivada de la migración forzada de miles de personas, sobre todo venezolanos, que son las víctimas de verdaderas bandas dedicadas al tráfico, en un drama que debe enfrentarse a nivel continental”, afirma.
“Igualmente es fundamental privilegiar la reunificación familiar de las personas migrantes; aumentar multas y castigos a las bandas de ‘coyotes’ que coordinan redes de tráfico y sensibilizar e informar a la ciudadanía respecto a la situación que las personas migrantes están viviendo”, concluye.
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Por mientras, Gobierno prepara un despliegue militar para tratar de ayudar en la frontera norte y en la situación humanitaria.
Un despliegue de personal militar en la frontera norte del país se espera en los próximos días para tratar de ayudar con la crisis migratoria y eventualmente inhibir el tráfico ilícito de personas, luego de que ayer la Contraloría tomara razón del decreto que amplía la colaboración de las Fuerzas Armadas para prestar apoyo logístico, tecnológico y de transporte en el control de las fronteras.
Si bien se espera que el personal uniformado también ayude con la difícil situación humanitaria -especialmente en Colchane, donde han ingresado cerca de 1.800 personas desde el lunes-, es claro que el tema de fondo está lejos de solucionarse, más aún cuando el Gobierno carece de un cuerpo legal que le permita enfrentar la situación. Menos aún servirían iniciativas como la construcción de ‘zanjas’ en el límite norte, tal como lo planteó el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Aparentemente el tema de fondo pasa por establecer una coordinación y una colaboración efectiva con países como Perú y Bolivia para que tomen medidas en contra de traficantes de personas y también para que no presionen a migrantes venezolanos a abandonar sus territorios.
A juicio del abogado y exministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera (RN), la solución pasa por un acuerdo político. ‘Pensar en instalar puestos militares o policiales puede paliar en algo esta situación, pero en los hechos la distancia en la frontera es tan larga que se requiere llegar a una colaboración, a un modus vivendi, con el gobierno boliviano’, señaló, por ejemplo.
Ribera agregó que ‘así como la Unión Europea negocia con las autoridades de Libia y Marruecos, nosotros tenemos necesariamente que tener un diálogo constructivo con Bolivia para ejercer controles previos que nos permitan disminuir la presión en nuestras fronteras’.
‘Hay que trabajar con las autoridades bolivianas’, dijo también el también excanciller y actual precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, en declaraciones Chilevisión, donde también agregó que ‘la raíz’ del problema es la crisis de Venezuela.
La exdirectora del Instituto de DD.HH., Lorena Fries (ex PS y hoy dirigenta de Unir), señaló que ‘una de las cosas que plantea el Acuerdo de Marrakesh, que Chile impulsó, pero no suscribió, es que los fenómenos migratorios actuales requieren acuerdos multilaterales de cooperación. No se pueden enfrentar de manera aislada, requieren coordinaciones, políticas comunes’.
Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, dijo que hace tiempo vienen planteado que ‘esta crisis es de carácter humanitario y no sólo debe resolverse con control de fronteras, que es lo que le corresponde al Estado. Hay que ir más allá del enfoque securitista y establecer coordinación entre los organismos a nivel local, comunal y entre nuestras regiones; y también con los países vecinos para coordinar ayuda humanitaria’.
¿Ayuda la nueva ley?
Aunque el Gobierno puede comenzar a desarrollar un plan de emergencia, gracias al decreto que amplió el margen de colaboración de las FF.AA., uno de los problemas es que mientras más se dilate la publicación de la nueva Ley de Migración, se retrasan también las medidas que podrían restringir el ingreso irregular de extranjeros.
No obstante, también hay dudas de que un cuerpo legal sea suficiente para frenar el flujo migratorio.
Según la abogada y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la nueva ley no soluciona la crisis migratoria. ‘Lo que la nueva ley hace es la «devolución en caliente». Permite que la autoridad sin ningún procedimiento, devuelva a las personas, que se encuentren en la frontera, a su país de origen. Si bien le da una herramienta importante, la devolución inmediata, no soluciona el problema de fondo’.
En esa línea, la jurista coincide en que ‘esta es una crisis a nivel de continente’ y la forma de enfrentarla es de manera coordinada con otros países.
En todo caso, con la nueva legislación, el Gobierno podrá exigir, en ciertas situaciones excepcionales, una visa extendida previamente a ciudadanos de ciertos países, por ejemplo a quienes provengan de Venezuela.
Sin embargo, la nueva norma, que aún depende del fallo que está redactado el Tribunal Constitucional, establece un período de gracia de 180 días, para que los migrantes irregulares resuelvan su situación.
Por ello, mientras no se publique la nueva ley, todo extranjero que ingrese al país por estos días, puede acogerse a ese período de gracia.
-“Puestos militares pueden paliar en algo la situación, pero la frontera es tan larga que se requiere colaboración con el gobierno boliviano”, Teodoro Ribera, abogado RN y excanciller.
-“Esta crisis no solo debe resolverse con control de fronteras. Hay que establecer coordinación también con países vecinos”, Waleska Ureta, Dir. del Servicio Jesuita a Migrantes
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En conversación con Cooperativa la representante señaló “que esta situación se viene procovando hace un rato extenso. Se magnificó con la primera ola de la pandemia dado el cierre de fronteras“.
“Tenemos que considerar que Venezuela está en una crisis humanitaria importante, sociopolítica económica, y que las personas como tal la están pasando muy mal -explicó- están sufriendo hambre, persecución, vulneración de derechos y en ese sentido se debe entender que esta es una migración forzada, obligada, dada la imposibilidad de subsistencia en el país de origen“.
Las soluciones se deben buscar “reconociendo y asumiendo que hay una crisis humanitaria, que no es un tema netamente migratorio“, señaló Ureta, agregando: “Esto no se va a resolver solo mirándolo del punto de vista del control de fronteras o control migratorio. Esto va a seguir ocurriendo“.
La directora del SJM advirtió que “la crisis de Venezuela no tiene luces de que va a resolverse, ese es un tema que va a seguir ocurriendo y necesitamos medidas que reconozcan la magnitud de este problema“.
“Que se proteja a las personas en su paso por el tema del tráfico de personas es algo que es un deber del Estado, pero no es suficiente“, cerró.
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La ciudad situada en la frontera con Bolivia en la II Región, sigue siendo el epicentro de la crisis humanitaria generada por la presión migratoria y que revela la incapacidad del Estado para buscar soluciones, tal como señalan expertos quienes predicen un escenario cada día más complejo.
Desde el 1 de febrero hemos observado cómo la población flotante de Colchane, en Tarapacá, ha aumentado exponencialmente esta última semana. Sólo el lunes cerca de mil 600 inmigrantes ingresaron clandestinamente por el costado del paso fronterizo con Bolivia, que hoy está cerrado. Dos de ellos, de nacionalidades venezolana y colombiana, fallecieron mientras realizaban la travesía.
El alcalde de esa localidad, Javier García, denuncia que lo que está ocurriendo allí es la peor crisis humanitaria que han vivido. Y junto con él, parlamentarios de la zona critican la falta de coordinación entre Cancillería, el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional, exigiendo una respuesta concreta para enfrentar la situación en la región.
“Esto está produciendo un colapso en cuanto a la atención médica, también a los servicios básicos, dado que Colchane no cuenta con los servicios como alcantarillado, luz eléctrica las 24 horas, no contamos con supermercado. Cada día vemos el aumento considerable de inmigrantes que ingresan a Chile sin control alguno“, denuncia García.
De parte del Gobierno respondieron enfáticamente a los dichos del alcalde de la zona, argumentando que no solamente es una situación que ocurre en las fronteras de Chile, sino en varias partes más de la región.
“El problema no es solamente nuestro, en el mismo problema que está Bolivia, Perú y un poco más al norte y pensar que este es solo un tema del Gobierno y que el alcalde le cargue los dardos al Gobierno, esto no es tan fácil. Quisiéramos que esta situación no existiera“, respondió el Ministro de Defensa, Alfonso Vargas.
Vargas también mencionó que prontamente los ministros del Interior y Defensa, Rodrigo Delgado y Baldo Prokurica, arribarán a Iquique durante la próxima semana, donde harán anuncios relacionados a la crisis migratoria.
Por su parte Rodrigo Delgado, también salió a dar declaraciones sobre el tema, argumentando que si bien es una situación de la que hay que preocuparse, las cifras de migrantes que han llegados a las fronteras, siguen siendo aún menores a las informadas en años anteriores.
“Uno cuando ve en perspectiva las cifras de ingresos irregulares al país, uno puede determinar que las cifras mayoritariamente se dieron los años 2018, 2019. Es por esto que a principios de este gobierno se tomaron medidas administrativas importantes justamente para frenar el ingreso de migrantes, ingreso que pudo haber sido regular, pero obviamente lo que hacían era entrar como turista y después cambiaban su estatus migratorio, eso hizo que las cifras hoy en día sea menores a las cifras del año anteriores, no obstante que por supuesto hay una situación importante hoy en Colchane que tenemos que atender”, comentó el ministro Delgado.
Si bien el año pasado, el Congreso despachó una nueva ley migratoria, aún esta ley no es promulgada ya que se le hicieron varios reparos por parte de los congresistas.
Es a raíz de esto que el principal llamado de parte de los especialistas en temas migratorios es a seguir con el consejo dado por organismos internacionales, pues el apremio por resolver esta situación es urgente. Al menos eso es lo que manifiesta la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la U. Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, quien mencionó que la mejor estrategia es abordar esta crisis de forma regional.
“Yo miraría lo que han hecho las organizaciones internacionales, el llamado que han hecho en el ámbito internacional; precisamente en el pacto de migración que es el último instrumento acordado en esta materia, llama a la coordinación entre los países después de los importantes análisis que se ha hecho se ha logrado concluir que ante un fenómeno global como éste, la única posibilidad de enfrentarlo es la través de la corresponsabilidad de los Estados”, afirma la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita.
Por su parte Carolina Stefoni, docente del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM), manifiesta que si bien es un problema que abarca más que solo a nuestra nación, sí le parece que los esfuerzos de coordinación de parte del Gobierno han sido escasos y sus soluciones no han sido las más apropiadas, sobre todo porque la cantidad de peticiones de acogida supera la cantidad de visas que se entregan.
“Hay iniciativas a nivel regional, pero Chile la única que implementó, fue la visa de responsabilidad democrática, con una aplicabilidad que la verdad es un chiste, porque son tan pocas las visas de responsabilidad que entregan el Estado, y tanta la demanda que la verdad no es una solución real”, aclaró Carolina Stefoni.
La académica de la UAH hizo énfasis en el nivel de criminalización y prejuicio que hay tanto hacia los migrantes como a quienes les ayudan a pasar. Ya que ella se cuestiona que si Chile no recibe a todas esas personas que buscan y arriesgan su vida por protección ¿dónde se irán?, si ningún otro país quiere hacerse cargo, pues no existe un real compromiso regional para resolver esta crisis humanitaria:“Hay intentos, Colombia, Brasil, ahora Argentina, han ocupado estrategias más resolutivas ante esta situación”, pero aún así no es suficiente.
A esto se suman los términos confusos que empiezan a generar estas realidades, pues se habla de que coyotes están ayudando a cruzar a los migrantes las fronteras, y pues hay algunos, pero la mayoría de ellos no lo son.
“La figura del coyote hay que verla con cuidado, porque se tiende a criminalizar mucho esta acción, yo he estado haciendo varias entrevistas allá y en su mayoría son transportistas, taxistas que trabajan y que trasladan a gente; que ven en esto una oportunidad de negocio. Entonces que suben Colchane y los traslados desde ahí hacia Huara, Pozo Almonte o Iquique si es que pueden, y por lado boliviano es gente que lo va a dejar desde Pisiga al cruce. Entonces no es en la figura del coyote que está dominando absolutamente todo el tránsito de las personas”, concluyó la directora del programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM).
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Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que por la edad de uno de los fallecidos (69 años) “nos hace pensar que ya no son solo jóvenes los que vienen a esta arriesgada acción”.
Un migrante venezolano y una colombiana perdieron la vida, la madrugada de ayer, mientras intentaban llegar a la localidad fronteriza de Colchane (Tarapacá) tras ingresar a Chile por pasos no habilitados desde Bolivia. Estos hechos ocurren en medio de una intensa ola migratoria en la frontera norte, con el ingreso de hasta 1.600 extranjeros en los últimos días.
El primer fallecido, identificado como Ricardo Godefroy Araujo (69), murió a la 1:30 horas de ayer, en el sector del exvertedero de Colchane. De acuerdo al relato de su acompañante, su nuera Érica Barrios, Godefroy ya presentaba problemas respiratorios en Colombia, desde donde pretendían llegar a Santiago. “Entrando a Chile dijo que no podía respirar, que no sentía las piernas y se desplomó. La gente que venía con nosotros le hizo maniobras de reanimación y respiración boca a boca, hasta que se dieron cuenta de que no vivía. Ahí todos se fueron”, explicó Barrios.
El fiscal del Ministerio Público Hardy Torres detalló que “cuando los carabineros estaban atendiendo el procedimiento del ciudadano venezolano, recibieron información de que había una ciudadana colombiana, de 35 años de edad, fallecida en la vía pública, frente al gimnasio municipal”. Según testigos, la mujer, no identificada, también tenía problemas para respirar.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó que “lo ocurrido ratifica algo que venimos diciendo hace tiempo, porque las condiciones en las que llegan estas personas son un riesgo para su salud. Detrás de esos traslados hay quienes lucran con la desesperación de las personas y las abandonan en condiciones adversas”. Agregó que por la edad de una de las víctimas, “nos hace pensar que ya no son solo jóvenes los que vienen a esta arriesgada acción”.
Los dos fallecidos se suman al deceso de una mujer, a fines de 2020, quien se desplomó en la frontera, también con problemas respiratorios a causa de enfermedades crónicas.
El alcalde de Colchane, Javier García, lamentó los decesos y llamó a los gobernantes de Latinoamérica, “que tienen en sus manos la responsabilidad de esta migración, a no hacerse los ciegos cuando miles de seres humanos atraviesan cinco países, como mínimo, para llegar a un destino que suponen mejor”.
García también hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para reforzar el personal de salud municipal que ‘se encuentra colapsado’. Desde el Colegio Médico de Iquique apuntaron a que “actualmente Colchane están en medio del invierno altiplánico’, por lo que las temperaturas oscilan bastante y hay riesgo de hipotermia”.
Alfredo Núnez, vocero de los venezolanos residentes en Tarapacá, aseguró que “el flujo actual se mantendrá hasta, por lo menos, el 10 de febrero. Son personas que esperaban llegar a Chile antes del 3 de febrero, ya que se anunció la militarización de la frontera, pero muchos se van demorando. Además, hay personas que están mal económicamente en Colombia, Perú y Bolivia producto de la pandemia y que decidieron viajar a Chile”.
Ante el escenario que se vive en la frontera norte, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lamentó la muerte de las dos personas en Colchane y en un comunicado expresó que “creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria. Esos son los elementos primordiales, pero además hay que entender que esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también”. Por ello, el SJM destaca “las recientes iniciativas de control de la frontera, como un deber del Estado (chileno) en pos del freno a la trata y tráfico (de personas)”.
– “Son personas que esperaban llegar a Chile antes del 3 de febrero, ya que se anunció la militarización de la frontera”.
ALFREDO NÚNEZ Vocero de los venezolanos residentes en Tarapacá
– “Es una cruzada migratoria a pie, sin alimentación y muy poco conocimiento del terreno al que van (.). Además, el invierno altiplánico’ es un tremendo riesgo”.
LIZZA ARAVENA Jefa del Servicio Jesuita a Migrantes en Antofagasta
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Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), manifestamos nuestra preocupación frente a la compleja situación que se vive en la frontera norte de Chile y en particular en las localidades de Colchane y Huara, en la I Región, las que han mostrado un alto número de personas migrantes que han ingresado a través de pasos no habilitados. Desde la experiencia en terreno que nos entrega el trabajo que realizamos en el norte del país, podemos afirmar que la situación que hoy enfrenta la zona y la región de Tarapacá no es nueva, pero si se ha visto sumamente magnificada por la crisis sanitaria ligada al Covid-19.
Esto lo corroboramos con nuestro trabajo a través de la entrega de ayuda humanitaria en la región en la primera ola de la pandemia el año pasado.
Los graves problemas políticos y sociales que afectan a países como Venezuela, han generado, como hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, una crisis humanitaria sin precedentes, en la que millones de personas migran forzadamente para salvar sus vidas o en busca de una mejor existencia para sus familias. Estas personas se arriesgan a cruzar el desierto, con niños y adultos mayores, exponiéndose a los peligros del tráfico y la trata dada la desesperación por encontrar una vida segura.
Es por ello que como Servicio Jesuita a Migrantes creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria. Esos son los elementos primordiales, pero además hay que entender que esta situación es continental, por lo que la respuesta debe ser continental también. En este sentido, relevamos las recientes iniciativas de control de la frontera, como un deber del Estado en pos del freno a la trata y tráfico en coordinación con países vecinos. Esperamos que esto sea un aliciente para firmar el Pacto Mundial sobre Migración, que Chile aún no ha suscrito, para ir más allá de un enfoque securitista.
Es urgente además, que se hagan esfuerzos mancomunados e intersectoriales en todos los niveles (local, provincial, regional, y nacional) en conjunto con la sociedad civil, para proteger la dignidad y la salud tanto de personas nacionales como de las personas migrantes.
Como país tenemos el desafío de avanzar a convertirnos en una sociedad de acogida sensibilizada con estas situaciones que afectan de manera tan dolorosa la biografía de tantas personas, una sociedad que promueva y proteja los derechos de todas y todos quienes habitan en nuestro país.
Waleska Ureta Cañas
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En la mañana de ayer, cerca de 100 migrantes venezolanos esperaban frente a la subcomisaría de Colchane para autodenunciarse por ingreso clandestino a Chile. Mientras, por las calles de la localidad fronteriza ubicada a 3.760 metros de altitud deambulaban otros compatriotas que los habían antecedido.
Según el catastro de la Gobernación del Tamarugal, 1.600 personas llegaron a Colchane en los últimos días, en Huara hay 450 personas en un albergue dispuesto por la municipalidad y en Pozo Almonte hay 250 migrantes. En total, hay 2.300 extranjeros en la Provincia del Tamarugal.
El alcalde de Colchane, Javier García, sostuvo que “como comuna no damos abasto, somos una comuna pequeña que está sobrepasada”.
En paralelo, el gobernador (s) del Tamarugal, Fernando Chiffelle, dispuso el servicio de buses en que fueron trasladados, entre el lunes y ayer 624 extranjeros a “residencias sanitarias” de Iquique. El resto será trasladado en la medida que se generen cupos en el puerto.
Álvaro Jorquera, secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, sostuvo que por la gestión del Gobierno ha bajado el número de migrantes en la comuna, “pero las personas que aún están acá siguen en diferentes lugares públicos. Unas 250 personas siguen deambulando y acampando fuera de nuestro liceo”.
En Iquique se prepara la instalación de un nuevo albergue con capacidad para dos mil personas en el sector sur de la capital regional.
“Estamos entrando en la desesperación, si bien ha bajado el número aún tenemos 450 albergados”, complementó el alcalde de Huara, José Bartolo Vinaya.
La Región de Antofagasta por su condición limítrofe con Tarapacá, en especial el puerto de Tocopilla, también enfrenta una intensa oleada migratoria de venezolanos.
“Es necesario colocar una cantidad importante de buses para trasladar gente indocumentada a Santiago, a donde ellos van. La razón es evitar que estén en cuarentena en cada una de las ciudades a las que llegan, creando una situación delicada, porque no respetan el protocolo de sanidad, duermen en lugares no habilitados”, dijo Luis Moyano, alcalde de Tocopilla.
Según Lizza Aravena, directora regional del Servicio Jesuita a Migrantes en Antofagasta, el viaje “lo hacen en las peores condiciones y se han convertido en caminantes. Entre Iquique y Antofagasta lo único que se encuentra son familias completas caminando”.
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Entre los planteamientos tratados se incluyó el panorama migratorio en la zona norte y el trabajo de la #PlataformaR4V en Chile, además se informó sobre los estándares que existen en cuanto a la protección a niños, niñas y adolescentes y se anunció el traspaso de la organización de las próximas citas a la Municipalidad de Arica y al SJM.
Por Tamara Zamorano
Créditos imagen: INDH Tarapacá
La Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) participó del segundo encuentro de la macrozona norte, realizado el pasado jueves 28 de enero con el objetivo de tratar la situación migratoria de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Iquique y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y congregó a cerca de 50 actores de la sociedad civil y a gobiernos locales que trabajan en torno a la migración.
En la cita se abordó el funcionamiento de la plataforma nacional de respuesta frente a los refugiados y migrantes venezolanos, R4V, desarrollada por ACNUR, que contiene las cifras actualizadas en torno al otorgamiento de refugio a las personas migrantes provenientes de Venezuela y los estándares nacionales e internacionales sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana.
Javiera Cerda, Directora de SJM Arica, explicó: “Este encuentro macrozonal se inició entre septiembre y octubre de 2020. Tuvo el objetivo de compartir experiencias desarrolladas por algunas organizaciones que estábamos convocadas, entre ellas OIM, ACNUR y SJM de Arica y Antofagasta, y que pudieran ser útiles para enfrentar la situación migratoria de la región”.
Cerda subraya que, en este segundo encuentro, “además de informarse del trabajo de la Plataforma R4V de ACNUR, se abordó lo que está sucediendo en todo el norte y en las localidades de Huara, Arica, Pozo Almonte con el ingreso de las personas migrantes”.
Trabajo junto a Municipio de Arica
“La idea es poder continuar con estos encuentros para divulgar nuestro conocimiento y el de organizaciones de derechos humanos.En este segundo encuentro se nos otorgó al SJM junto a la Municipalidad de Arica la responsabilidad de realizar dos encuentros en el año para compartir más información, experiencias y divulgar acciones concretas respecto a la temática migratoria en la macrozona norte”, agregó Javiera Cerda.
Los encuentros de 2021 bajo la coordinación del SJM junto a la Municipalidad de Arica “serán desarrollados en marzo y en junio, y abordarán los derechos humanos de las personas migrantes. Luego las siguientes instancias serán realizadas en septiembre y en diciembre de 2021”, sentenció la directora regional de Arica del SJM.
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Migrantes recorren kilómetrosa pie por el desierto de Atacama y exponen sus vidas. ONGs lamentan que ‘coyotes’ se aprovechen de esta necesidad.
Maletas, bolsos y ropa. Parte del equipaje que los migrantes deben dejar en medio del desierto para poder seguir su camino. Una peligrosa travesía en la que tienen que superar varios obstáculos, poniendo en riesgo sus vidas al ingresar por pasos no habilitados.
Yoseidys Díaz, es una de ellas. Esta venezolana de 25 años, ingresó a Chile hace tres meses por Colchane. En su caso, lo hizo acompañada por su esposo y sus dos hijos de 3 y 7 años de edad.
Lo que más recuerda, comenta, es el frío intenso que sintieron mientras intentaban ingresar al país.
“Para pasar a Chile dormimos tres días en Colchane donde hace mucho frío y con niños es más difícil. Fue un proceso muy fuerte”, indicó.
Díaz relata que estuvieron tres días durmiendo en el desierto y que cuando se entereraron que si se autodenunciaban podían llevarlos a un refugio por el covid, decidieron hacerlo.
En Iquique, dice, estuvieron 15 días en un albergue y luego de reunir algo de dinero con la venta de dulces viajaron a Antofagasta, pues el pasaje a Santiago era muy costoso.
Aquí si bien no ha sido fácil, al menos cuentan con un lugar para alojar y su esposo está trabajando en una construcción.
Díaz salió de Venezuela el año 2018, por lo que ha vivido varias veces la experiencia de cruzar por un paso no habilitado. Antes de llegar a Chile, residía en Perú, donde comenta que existe mucha discriminación hacia los venezolanos.
“Todo fue difícil. Cruzar los países, la gente tampoco es tan buena con uno por los venezolanos que han venido a hacer cosas que no deberían. Pagamos justos por pecadores. Se no hizo difícil buscar trabajo, se nos ha hecho muy complicado todo. Tenemos que conformarnos con lo que nos pagan, porque no nos pagan el sueldo como tal por ser extranjeros, entonces hay mucha xenofobia”, indicó.
Transporte irregular
La historia de Yoseidys es similar a la vivida por otros extranjeros que buscan ingresar al país en busca de una mejor vida, quienes deben soportar condiciones extremas.
Esta semana, por ejemplo, fue interceptado un furgón en el kilómetro 190 de la ruta 1 Norte, en el cual viajaban 18 ciudadanos venezolanos hacinados al interior del vehículo no habilitado para el transporte de pasajeros.
Este tipo de hallazgos según han informado las autoridades, ha ido en aumento en los últimos meses.
De Venezuela
El jefe de la oficina Antofagasta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Víctor Flores, indicó que si en un principio la migración venezolana eran mayoritariamente de personas con más ingresos y profesionales, con el paso del tiempo y ante la mayor dificultad para el acceso a derechos fundamentales como la alimentación o salud, comienzan a salir personas con menos recursos.
Victor Flores justamente compartió en sus redes la foto principal de esta nota, la cual tomó cerca de Colchane. También tomó una de maletas abandonadas cerca de la desembocadura de El Loa.
Una de las características de la actual migración no es solo económica, según Flores, sino que también de reunificación familiar o también de redes de amigos.
También señala que en Chile teníamos antes de la pandemia, según las estimaciones del Ministerio del Interior, a diciembre del 2019 más de 450 mil venezolanos. Esta cifra ha aumentado sustancialmente.
“Muchos de estos venezolanos que ya estaban residiendo en Chile tenían familia en otros países como Colombia, Ecuador, Perú o en Venezuela y en la medida que en su país de origen o en otros países en los cuales habían migrado han visto agravada sus condiciones de vida en el marco de los efectos económicos del covid, entonces estas personas buscan lugares donde puedan mejorar esta situación y particularmente dónde tienen algún un tipo de red”, indicó.
Flores lamentó que ante situaciones como éstas surjan personas que busquen lucrar a propósito de la necesidad de estos migrantes.
“Hemos podido observar no solo en Chile, en otros países que existen personas que facilitan el transporte a través de medios informales de las personas de manera que con eso les permitan ingresar a otros países o desplazarse dentro de los países y lamentablemente en muchas ocasiones se hace eso entregando información que no es correcta. Por lo tanto, con información falsa generan un atractivo a los ofrecimientos que hacen estas personas”, indicó.
Por eso, destaca que la OIM está trabajando al igual como los hacen los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en informar a las personas de tal forma que conozcan lo que implica que las fronteras estén cerradas y realizar estos procesos de migración irregular.
Éxodo violento
La directora del Servicio Jesuita Migrante de Antofagasta, Lizza Aravena, indicó que existe una arista que lo hace diferente a un proceso migratorio normal, relacionado con aquellas personas que quieren venir a Chile a estudiar o iniciar una nueva vida.
“Este ha sido un éxodo violento porque las personas deben salir sí o sí de su país de origen. Porque primero hay escasez de productos básicos como lo son alimentos, medicinas y una persona no puede vivir con dos dólares al mes. Entonces, se han visto forzados a salir”, indicó.
Aravena agregó que la ruta que hacen los migrantes venezolanos es muy larga.
“Vienen por Lima, después pasan a Bolivia, bajan a nuestro territorio nacional e ingresan a pie y caminan en promedio más de 30 horas y mucha gente desconoce la realidad del altiplano y se han encontrado con que está nevado. Las temperaturas son extremas en el día y noche, están ingresando mayoritariamente por Colchane porque es uno de los pasos menos complejos de atravesar y resulta que al llegar ahí está saturado, no hay un lugar dónde pernoctar. Y eso quiere decir que estas familias deben enfrentar la noche y el día a la intemperie con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o enfermos”, declaró.
“Estas familias deben enfrentar la noche y el día a la intemperie con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o enfermos”
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