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En el mes de octubre de 2020, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento (N° 12.129) acerca de los hechos ocurridos en julio de 2019, en la zona del Complejo Fronterizo de Chacalluta, y respecto de los cuales el Senador Sr. José Durana Semir realizó una denuncia por supuestas irregularidades en el actuar de la abogada del Servicio Jesuita a Migrantes, Daniella Brondi Salvo, quien había acompañado, en el desempeño de su labor profesional, a un extranjero de nacionalidad venezolana que viajó a Chile a solicitar asilo, en coordinación con funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La denuncia interpuesta por el referido parlamentario y que se hizo pública en medios de comunicación local, trascendiendo a medios nacionales, provocó diversas declaraciones en redes sociales en contra de la abogada Brondi, entre ellas, algunas que la acusaban de utilizar de manera irregular un vehículo fiscal o se vinculaban a la participación en el delito de tráfico de personas.

En el documento emanado de la Contraloría, dicho ente fiscalizador no emite juicios acerca de la participación de la abogada Daniella Brondi, en los hechos denunciados, por no ser funcionaria pública. Además, da cuenta que ella nunca abordó el vehículo institucional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que se trasladó en un vehículo particular. Suma el hecho que la Contraloría refiere que las personas que acompañaron al extranjero en su solicitud de asilo ante la policía fronteriza se limitaron a observar el modo en que se desarrolló dicho requerimiento. De esto se deduce que Daniella Brondi verificó y presenció el procedimiento para posteriormente retirarse de dicho complejo fronterizo, no existiendo antecedentes que permitan vincular la labor desempeñada por la abogada con hechos reñidos con la ley o con la ética profesional.

Mediante la presente declaración, el Servicio Jesuita a Migrantes expresa su conformidad con el esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados, rechaza categóricamente toda acusación injustificada e infundada en contra de la abogada Daniella Brondi Salvo y agradece el destacado trabajo profesional que ella viene realizando desde hace años para la promoción y defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en la Región de Arica y Parinacota.

José Tomás Vicuña Undurraga S.J.

Director Nacional Fundación Servicio Jesuita a Migrantes

El pasado cuatro de octubre Mona Carvallo Muñoz publicó en el grupo de Facebook “#PlazaDignidad #YoApruebo #ConvencionConstitucional”, que no estaba segura, pero sus compañeros de trabajo venezolanos le habían contado que les estaban dando el RUT lo antes posible para así poder participar en el plebiscito del 25 de octubre. Además, escribió que, por lo que ella había conversado, todos los venezolanos votarían rechazo. Al día siguiente, luego de generar muchos comentarios xenófobos, desinformativos y otros tantos que acusaban la publicación de falsa, el post fue eliminado.

El Equipo de Factchecking.cl intentó comunicarse con la autora de la publicación, pero no recibió respuesta. En este artículo, revisaremos por qué podríamos considerar esta frase como ciencia ficción y abordaremos lo que las expertas señalan como “problemas institucionales” en torno al voto migrante.

Identificación para personas que viven en Chile

El 15 de febrero de 1969 el Diario Oficial publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, que establece la creación del Rol Único Tributario (RUT) y las normas para su aplicación. En ese documento, se señala que, en términos generales, la creación del RUT se hace para “establecer un sistema que permita identificar a todos los contribuyentes del país y mantener un control del cumplimiento tributario”.

Según Julián Dittus, abogado de Vivir en Chile, un equipo legal y contable especializado en inmigración, en Chile el RUT, el Rol Único Nacional (RUN) y el número de cédula de identidad (CI) son coincidentes para las personas naturales. A los extranjeros, el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile les entrega este documento una vez que el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad les haya otorgado una visa.

El Equipo de Factchecking.cl se comunicó con el Registro Civil para consultar si efectivamente se están otorgando los RUT con más rapidez. Sin embargo, la institución aseguró que, dada la situación actual de pandemia, el tiempo de entrega de la CI (y por tanto RUT) para extranjeros, se extendió de 18 a 30 días hábiles. Contrario a lo que se mencionaba en la publicación de Facebook.

Fernanda Stang, académica e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Henríquez, indicó que “los casos de venezolanos con los que me he vinculado en el trabajo de terreno en los últimos meses, y las numerosas consultas que nos llegan por rechazos arbitrarios de visado, dan cuenta de un escenario opuesto al que se describe en el post”.

¿Qué relación tiene el RUT con el voto?

En términos simples: ninguna.

El abogado Julián Dittus, explica que “lo que se debe tener claro es que las reglas relativas al sufragio tienen carácter constitucional”. En Chile, por tanto, es el “Capítulo II: Nacionalidad y Ciudadanía” de la Constitución el que señala quienes pueden votar y bajo qué requerimientos.

Como podemos ver en la infografía, el RUT no es un requisito a la hora de obtener el derecho a sufragio. Aun cuando los extranjeros tengan un RUT por residencia temporaria, no podrían votar sin cumplir los cinco años de avecindamiento en Chile.

Por otra parte, según la Ley N°18.556, la lista o padrón definitivo de electores debe estar publicada 60 días antes de las elecciones por el Servicio Electoral de Chile (Servel). Por lo que “la hipotética entrega de documentos no tendría ninguna implicancia en esta ocasión”, señala Fernanda Stang, quien cree que “eso deja en evidencia la intencionalidad de movilizar sentimientos xenófobos a través de esta fake news”.

Con esta información podemos decir que es totalmente falso que solo el RUT es el responsable de conceder el derecho a voto. De la misma forma, es falso que el proceso de entrega de ese documento se esté haciendo más rápido de lo normal. Al contrario, se ha ralentizado.

Percepciones, no realidades

Según los datos del Servel, es una realidad que hay 14.796.197 electores habilitados para sufragar en el Plebiscito 2020. De ellos, 78.829 serían extranjeros, y sólo 7.148 tendrían nacionalidad venezolana. Eso corresponde solamente a un 1,6% del total de población venezolana residente en Chile hasta el 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Sin embargo, según Neida Colmenares, politóloga, doctora en Gobierno y Políticas Públicas y directora de Ciencia Política de la Universidad Central (UCEN), hablar de “que todos los venezolanos votan rechazo”, no es una realidad, es una percepción.

La experta afirmó en conversación telefónica con el Equipo de Factchecking.cl que hasta el momento no existen estudios o encuestas que señalen cuáles son las preferencias políticas de la comunidad inmigrante venezolana en Chile.

La cientista política cree que ciertos actores políticos han instrumentalizado la situación de los inmigrantes venezolanos a fin de “situar a la comunidad en el Apruebo o en el Rechazo para favorecer las propias agendas de discusión política nacional”, dice.

Comparar peras con manzanas

Chile y Venezuela no son los únicos países que han impulsado procesos constituyentes en el último tiempo. Entre 1990 y 2015, 100 países han cambiado su Constitución de acuerdo a los datos entregados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el documento de análisis comparado “Mecanismos de cambio constitucional en el mundo”.

“Ningún proceso constituyente es ideal, se construye en base a factores contextuales y coyunturales de los propios países, entonces estaríamos haciendo premoniciones bajo ningún argumento lógico al decir que nuestro proceso constituyente va a ser igual que el de Venezuela”, menciona Eva Garrido, politóloga, profesional del área de Incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrantes y responsable de la campaña #TodxsParticipamos, una iniciativa que busca incentivar la participación política de personas migrantes en el proceso constituyente. “¿Por qué no podría ser igual al de Islandia, Ecuador, Bolivia, etcétera? es comparar peras con manzanas”, comenta .

“Cuando uno utiliza la experiencia comparada para politizar la agenda electoral en torno al momento constituyente, ahí es donde se genera una distorsión”, explica la politóloga Neida Colmenares. Para ella, la situación actual de crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela no se generó porque hubo una nueva Constitución, además comenta que, según distintos informes de las Naciones Unidas, Venezuela está atravesando por un estado de quiebre institucional «y eso en ningún caso se puede comparar con Chile”.

Además, las expertas concuerdan en que hablar del término “Chilezuela” para referirse a que lo que ocurre en Venezuela podría pasar en Chile, no es válido. De hecho, según la experta del SJM, Eva Garrido, generar una comparación entre ambos países “es simplemente una forma de discriminar e infundir terror o miedo respecto del proceso constituyente, sobre todo cuando Venezuela tiene actualmente una crisis humanitaria que responde a factores institucionales, sociales y culturales muy distintos a los de Chile”.

La invisibilización del voto migrante: una discriminación institucional

Para la académica investigadora Fernanda Stang, es necesario aclarar que los migrantes que no logran acceder a una visa no son ilegales, sino que se encuentran en situación irregular, ya que, “no se está violando la legalidad o cometiendo un delito, se trata a lo sumo de una falta administrativa, a la que los conduce el Estado a partir de las barreras que pone a la migración”.

En diciembre del año pasado, el presidente del Servel, Patricio Santamaría comunicaba por Twitter, que los extranjeros no participarían en el plebiscito del 25 de octubre. La información tuvo que ser desmentida más tarde por la Mesa Técnica del Servel, porque como vimos al comienzo del artículo, los extranjeros tienen derecho a voto según la Constitución.

Para la politóloga Eva Garrido, esas palabras dieron cuenta de una discriminación institucional hacia los inmigrantes, donde se demostraba que “no hay ninguna disposición desde las instituciones o incluso desde la sociedad civil, para poder impulsar el voto migrante o visibilizar sus voces”.

Además, los expertos acusan problemas en la habilitación automática del voto extranjero porque “por desgracia es algo común que el Departamento de Extranjería no envíe los datos al Servel de aquellas personas que cumplen los requisitos”, asegura el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, quien ha acompañado diversas solicitudes de rectificación al Servel para poder incorporar a inmigrantes que por error (o tardanza en el traspaso de datos, cómo acusan los expertos), no estaban considerados en el padrón.

La cientista política Eva Garrido, afirmó que “si las instituciones estuvieran comprometidas o tuvieran la voluntad para poder promover la participación migrante, entonces estos procesos serían mucho más transparentes, expeditos y claros”.

Todas las expertas mencionadas en este artículo concuerdan en la importancia del voto y la voz migrante para el proceso constituyente. Para ellas, su incorporación permite una constitución más democrática, real, legítima, participativa y estable.

Con toda la información entregada en este artículo podemos afirmar que la publicación hecha en el grupo “#PlazaDignidad #YoApruebo #ConvencionConstitucional”, es totalmente falsa, y tiene más asidero en el campo de la ciencia ficción que en la realidad.

Fuente: T13

En entrevista con ADN, José Tomás Vicuña se refirió a la participación de extranjeros que ya cuentan con los cinco años de residencia para emitir su voto en el país.

Del total de un millón y medio de migrantes, hay casi 380 mil que están habilitados para votar en el plebiscito de este domingo, ya que cumplen con las tres normas fundamentales: ser mayor de 18 años, no tener pena aflictiva y, en el caso de quienes provienen del extranjero, cumplir con los cinco años de residencia en Chile.

El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, conversó con ADN acerca de la participación que tendrá este sector de la población en este proceso constituyente. Además, la entidad impulsó el programa “Todos participamos”, que brindó charlas de formación de cara a este importante hito.

En esa línea, el sacerdote remarcó que “la Constitución es para los habitantes, no es sólo para los que tienen la nacionalidad chilena“.

“Nosotros vemos que las personas migrantes no están de turistas, están radicadas en el país y muchos se proyectan y sufragar es un derecho que da el propio Estado chileno“, sostuvo Vicuña. “Hemos hablado mucho de los migrantes, de la migración. Hemos escuchado poco, hemos dejado hablar poco a las personas migrantes y el domingo su voz será su voto, que valdrá lo mismo que el de cualquier persona. Y eso para nosotros es también hablar de dignidad, de la humanidad”.

También dio cuenta que persiste la discriminación, sin considerar que la población migrante ha sido pieza fundamental en la emergencia sanitaria. “Son parte del país y muchos lo hemos visto como hacia el lado. En Twitter me escriben a veces ‘por qué votan’. Preguntarse por qué votan también es reconocer esos muros internos que tenemos, por qué siempre los dejamos de lado, si están trabajando“.

“Hay miles de médicos (extranjeros) en esta pandemia, muchas personas fueron repartidores de comida a las casas. No puede haber una utilización de las personas migrantes, sino un reconocimiento a que están acá, a que se proyectan, a que están en nuestros barrios, colegios, empresas y dejar caer esos muros internos de separarlos de los procesos”, subrayó Vicuña.

Además, remarcó que “en las miles de manifestaciones ciudadanas, al menos no vi ningún cartel contra la población migrante. Es más bien algo que han puesto algunos políticos de poner a la población migrante como chivo expiatorio y en ese sentido la población migrante tiene las mismas demandas: justicia, dignidad, derechos”.

Fuente: Radio ADN

Casi 380.000 extranjeros están llamados a votar en el histórico plebiscito de este domingo 25 de octubre, en el que se decidirá si se cambia o no la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El artículo 14 de la actual Carta Fundamental sostiene que pueden emitir su voto aquellos migrantes que hayan cumplido los 18 años de edad, que no hayan sido condenados a penas aflictivas y que residan en Chile por más de cinco años.

Según el Servicio Electoral, hay 378.829 extranjeros autorizados para participar del referéndum, alcanzando el 2,5 por ciento del total electoral. 

La cifra supera en más de 100.000 los electores registrados en las últimas elecciones presidenciales, en 2017, cuando hubo 267.116 migrantes inscritos en el padrón. De ellos, 50.752 participaron.

La lista es liderada por la comunidad peruana (138.381 votantes), seguido de los bolivianos (43.440), colombianos (42.048), argentinos (28.563) y ecuatorianos (15.993).

A nivel nacional, la Metropolitana es la región que cuenta con el mayor padrón de inmigrantes habilitados para sufragar, con 245.484, seguida por Antofagasta (39.388), Tarapacá (26.767), Arica y Parinacota (11.474) y Valparaíso (16.022).  

Las comunas con más personas inmigrantes habilitadas para votar son Santiago (53.624), Las Condes  (31.955) y Antofagasta (22.507).

GRAN INTERÉS POR PARTICIPAR 

En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 por ciento de la población.

Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración.

“Estamos muy expectantes, muy ansiosos, porque entendemos que es un momento histórico en Chile y, por lo tanto, queremos participar”, dijo a Cooperativa Virginia Migani, argentina avecindada en nuestro país hace 18 años.

Decoradora de interiores de profesión, lidera junto a los periodistas Jorge Rizik y Bárbara Barrera el programa “Chile a todo color”, un proyecto radial dedicado a la migración en Chile.

“Sabemos que los migrantes siempre somos minoría y estos espacios ciudadanos nos dan herramientas para poder hacer oír nuestras voces. El voto es un pequeño paso dentro de todo un proceso que se viene más adelante en el que podemos participar y dar nuestra visión y experiencia”, sostuvo Migani.

Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), contó a Cooperativa que en los últimos meses “venimos trabajando para impulsar el voto migrante independiente a la posición que cada uno pueda tener respecto al plebiscito”.

“Llamamos a todas las personas que están habilitadas para votar puedan hacerlo, que no pierdan la oportunidad de formar parte de este proceso. Una sociedad democrática es una donde todos los actores pueden participar y tienen derecho a que su voz sea escuchada”, enfatizó el joven, de 27 años.

“En el caso de la comunidad venezolana, la gran mayoría va a ejercer su voto. Hay que entender que venimos de una realidad en que la posibilidad de un voto libre, secreto y universal está seriamente comprometida y, por ello, para muchos venezolanos tener la posibilidad de votar es una experiencia que no se quieren perder. Existe una generación, que es la mía, que no sabe cómo realmente es un proceso electoral en un ambiente democrático, con todos los estándares que se quiere, y hacerlo en Chile es un cambio significativo”, explicó.

MÁS DEL 7 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN

El director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, resaltó a Cooperativa que como país “no podemos dejar fuera a una población que representa casi el 8 por ciento del total (de los habitantes). Incluso el 10 por ciento de los niños y niñas chilenas tiene un padre o madre migrante”.

“Una mujer migrante que participó en uno de nuestro proyectos nos dijo: ‘Yo voy a votar por mi hija, que es chilena”. Es algo muy bonito. No es común en otros países que personas migrantes puedan votar y, por lo tanto, esta es una forma de participación”, destacó el sacerdote jesuita.

“Esperamos que las personas migrantes también se sientan ciudadanos de Chile y sientan que en este nuevo Chile nadie sobra”, afirmó Vicuña.

PROCESO

En el plebiscito de este domingo la ciudadanía tendrá que decidir si quieren una nueva Carta Magna -entre las opciones “Apruebo” o “Rechazo”- y qué mecanismo debería redactarla.

Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una “Convención Mixta”, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una “Convención Constitucional”, integrada sólo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en abril del próximo año, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro referéndum, este con voto obligatorio.

Fuente: Cooperativa.

El consejero regional Felipe Rojas manifestó su preocupación por la persistente irregularidad que se viene observando en el ingreso de migrantes, familias con niños y madres embarazadas, por el Complejo Fronterizo Colchane, ubicado en la frontera con Bolivia, en la Cordillera de los Andes, a 3.690 metros de altura.

En visita al lugar, Rojas informó que pudo constatar que un grupo importante de venezolanos principalmente hace ingreso en forma diaria por los costados de este paso, volumen que se ha visto incrementado el último mes, calculándose cientos de ingresos sin control.

‘Pedimos actuar rápido, reforzar el plan frontera norte presentado hace algunos años y que ha funcionado precariamente en el control migratorio, el paso es vulnerado a diario con el paso de familias que cruzan miles de kilómetros para llegar hasta nuestra frontera acrecentando los riesgos de la población residente, registrándose ya casos positivos por Covid-19, entre otros problemas’, dijo y agregó que el problema se agudiza por el paso de drogas y delitos de tráfico ilícito de personas de mano de los ‘coyotes’ que complejizan el ingreso por Tarapacá.

‘Resulta estratégico que el gobierno le dé prioridad a la discusión en el congreso con una ley de migración que regule el ingreso a las personas que legítimamente escogen nuestro país para desarrollarse, un cuerpo legal actualizado que genere derechos y obligaciones a las personas que ingresan, y que permita controlar el impacto económico que esto conlleva.

Queremos migración de calidad, que aporte y que genere desarrollo y no aquella que sobrecarga el sistema’, dijo enfático Felipe Rojas. En días en que se discute en la Comisión mixta una nueva ley de migración el Core Felipe Rojas recordó lo precario de los pasos fronterizos.

‘Nos preocupa que no exista equipamiento de nivel para la Policía de Investigaciones de Chile, a cargo del control migratorio, así como para el Servicio Nacional de Aduanas, responsable del Control Aduanero, el Servicio Agrícola y Ganadero con la misión del control fitozoosanitario y Carabineros de Chile con la misión de resguardar el orden y la seguridad en la frontera’, dijo y agregó que el desarrollo económico es importante en cuanto al establecimiento de comercio internacional, fortalecimiento de zona franca y puertos, pero que este debe ser protegido mediante la regulación.

El consejero afirmó que una investigación del Servicio Jesuita a Migrantes, hecha con información solicitada a la PDI vía Ley de Transparencia, señala que, de enero a julio de 2020, la policía registró 3.949 ingresos por pasos no habilitados. Por otro lado, durante todo el 2019 las autoridades contabilizaron 8.048 ingresos clandestinos a Chile.

Fuente: Diario 21.

Hace casi un año, Romario Veloz, joven ecuatoriano, residente en Chile desde su infancia, estudiante de Construcción Civil y padre de una niña de tres años, murió tras recibir una bala de efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo cuando participaba en una manifestación durante el estallido social.

Desde esa fecha, su madre Mery Cortés ha clamado por justicia. Debido a esto, ella, junto al diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, y representantes de diversas organizaciones de mujeres, migrantes, culturales y de defensa de los derechos humanos, exigieron justicia frente al Palacio de La Moneda.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el frontis de la casa de gobierno para reclamar al Presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la muerte del joven ocurrida el 20 de octubre de 2019 en las afueras del mall de La Serena.

Al respecto, el diputado Núñez expresó que Piñera “es cómplice de la impunidad” que reina en este caso. “He acompañado a la madre de Romario Veloz, a Mery Cortés, que ha venido al Palacio de La Moneda a exigirle al presidente República Sebastián Piñera que responda por qué se asesinó a su hijo por disparos de militares y a denunciar como él, hoy día, se ha convertido en cómplice de este crimen al encubrir a los autores”, manifestó.

“Piñera no sólo es responsable político por haber dado la orden de sacar a los militares a las calles armados, sino que además y, más encima, agravando aún más su accionar criminal, ha avalado y es cómplice de la impunidad que reina en este caso, puesto que no le exigió al Ejército un sumario que aclare lo sucedido y se sigue manteniendo este pacto de silencio que hemos denunciado y que he denunciado tantas veces y que genera una situación de impunidad puesto que no se ha logrado identificar a los militares que dispararon y dieron muerte a Romario”, finalizó.

Fuente: El Mostrador

‘Se requiere apoyo monetario para regiones del norte, ya que los municipios locales no pueden asumir una tarea del Estado’, comentó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, respecto de la ola migratoria que se registra en la frontera norte y la capacidad para atenderlos una vez que ingresan al país.

Hasta el 31 de agosto pasado, según cifras del Ministerio del Interior se contabilizaban 5.147 ingresos clandestinos a territorio nacional. Las regiones de Arica y Tarapacá registran 1.619 y 779 casos, respectivamente, el 47% del total.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), llamó al Gobierno a entregar recursos para albergar a estos migrantes ilegales mientras permanecen en el país hasta ser expulsados. La autoridad señaló que, para enfrentar la oleada migratoria, ‘se necesitan recursos nuevos y frescos que no afecten los recursos de la región, como el caso de presupuestos municipales y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional’.

En tanto, el alcalde de Calama, Daniel Agusto (RN), sostuvo: ‘Hemos tenido que destinar recursos para albergues, para cuarentenas de extranjeros, apoyo social, también atenciones en el área de salud primaria. y eso no es reembolsable‘

Nota publicada en El Mercurio.

El 20 de enero de 2020 S.S.L.C., colombiana de 21 años, nacida en Cali, dejó Chile rumbo a su país para ver a su padre enfermo. Iba con su esposo, L.A.P.A, venezolano de 31. Al regreso, el cierre de fronteras por la pandemia los dejó atrapados en Ecuador, pero estaban decididos a regresar: el 15 de julio entraron a Perú por vía terrestre, el 20 llegaron al terminal de buses de Tacna. ‘Un taxista, del cual desconozco antecedentes -declaró la mujer al OS9 de Carabineros- me manifiesta que tiene cómo pasarnos por la frontera de forma ilegal (.) El 21 de julio, en el mismo terminal, llegó un grupo de venezolanos que también esperaba al hombre. Se presentó una gran cantidad de taxis y nos dijeron que nos subiéramos. Nos llevaron al desierto y cuando nos bajamos le pagué al taxista US$120 por persona. Ahí nos esperaban dos muchachos’.

El relato -parte de un caso contra dos coyotes venezolanos atrapados en el lado chileno, mientras metían al país a siete adultos y cuatro niños- devela la creciente organización del tráfico de migrantes. Negocio en auge, según revelan las cifras mostradas el martes en la Cámara por el Servicio Jesuita Migrante: a pesar de las mayores trabas por el covid impuestas en los países de paso antes de llegar a Chile, entre enero y agosto entraron por pasos no habilitados 5.147 personas, mientras que en todo 2019 fueron 8.048 y en 2018, 6.310.

El grupo que más creció fue el venezolano. En 2020 van 2.969, el año pasado fueron 3.333 y en 2018, sólo 101. ‘Hay varias organizaciones criminales trasnacionales operando en la actualidad y detrás de la mayoría de los formalizados como coyotes hay otras personas actuando coordinadamente’, dice la fiscal regional de Arica, Javiera López. La fiscalía tiene 34 causas, con predominio de imputados venezolanos. ‘Puede deberse a que la mayoría reside en Tacna’, dice la fiscal.

¿Hay un capo detrás de cada banda de coyotes? El jefe del OS9 de Carabineros, coronel Juan Francisco González, dice que ‘las investigaciones mantienen avances significativos, enfocadas a los líderes de las organizaciones, pero por razones de reserva es imposible referirse a ellas (.) Hay casos investigados por el OS9 de Arica donde ha existido colaboración internacional para la identificación de los integrantes’.

Aunque son muy raros los casos en que se llega a los jefes de un cartel de tráfico de migrantes, las declaraciones de las ‘víctimas’ dan pistas de cómo se van organizando en distintas etapas de la cadena. Por ejemplo, la pareja de la colombiana de 21 años del comienzo de esta nota, L.A.P.A., recuerda que cuando iba en el taxi, el chofer ‘habló varias veces por celular, señalando que llevaba clientes’.

La última gran pandilla fue desbaratada en 2018. Soledad Maquera, peruana de 55 años, fue condenada a 10 años de prisión por liderar desde Tacna a ocho personas que traficaron principalmente dominicanos entre 2013 y 2016. Les cobraban entre US$ 300 y US$ 3.000. Refinada operación, que incluía el cruce de Ecuador y que tenía dos rutas de acceso a Chile: entre los hitos 1 y 14 en el límite con Perú (fundamentalmente Pisiga) y Colchane en la frontera con Bolivia.

Sin embargo, los coyotes no suelen hablar de sus jefes, como el caso de la venezolana Reyna Navarro (20, Maracaibo), condenada a tres años de libertad vigilada por ingresar a 29 personas en noviembre de 2019. En los documentos judiciales no cuenta quién la fichó.

Haitianos por Tarapacá

Aunque en las últimas semanas la frontera de Tarapacá y Bolivia también ha visto un alza del tránsito de venezolanos, la inquietud actual de la fiscal de Alto Hospicio Camila Albarracín está en los casos de haitianos. Hay seis causas judicializadas, con ocho coyotes imputados de ese país y 100 víctimas. ‘Estas bandas son relativamente recientes. Las investigaciones apuntan a que habría una estructura detrás y se harán las cooperaciones internacionales para averiguarlo. Creemos que son haitianos residentes en Brasil’, dice.

Aquí cobran de $350 mil (US$440) a $500 mil (US$630), y es más caro cuando se trata de un niño que viaja solo y cuya madre está en Chile. Una parte de esta operación quedó en evidencia cuando una madre denunció que su hijo no llegaba: quedó atrapado en Iquique por la cuarentena, desnutrido y con sarna.

La complejidad de la operación apunta hacia la existencia de un cartel: la primera parte del viaje es legal, partiendo en Haití, pasando por Guyana francesa y Brasil, para continuar con la parte ilegal que se inicia en la frontera con Bolivia y luego de Chile. Y un dato curioso, la operación se paga con un depósito en una cuenta RUT del BancoEstado, dinero que se puede retirar en cajeros de Brasil.

Nota Publicada en La Segunda

Un total de diez personas, entre ellas una embarazada y dos menores de edad, forman parte del grupo de migrantes que fueron guiados e ingresados clandestinamente a Chile por tres imputados, en un nuevo caso de tráfico de migrantes registrado en el extremo norte.

Por este hecho fueron detenidos los imputados venezolanos Franki Riko y Rafael Peña, junto al ciudadano colombiano Gustavo Rosario, quienes, tras cobrarle una suma de dinero, guiaron e ingresaron a los migrantes a nuestro país por un paso clandestino en la frontera con Perú.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización, el hecho se registró cerca de las 09:10 horas del sábado, cuando personal del Ejército de Chile detectó al grupo ingresando por el sector del hito 17, siendo interceptados por Quebrada Escritos, dando aviso a funcionarios de la sección OS-9 de Carabineros, quienes por instrucción de la Fiscalía de Arica, realizaron diversas diligencias investigativas.

La indagatoria permitió establecer que los imputados cobraron entre 100 a 120 dólares a cada migrante por guiarlos e ingresarlos a nuestro país. En este contexto, mientras Gustavo Rosario cumplió la función de cobrar y recibir los pagos, Franki Riko y Rafael Peña guiaron a las víctimas en su trayecto.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Los imputados captaron en la ciudad de Tacna (Perú) a los migrantes. Comenzaron a caminar desde Perú durante la madrugada del sábado y fueron detectados ya en la mañana en nuestro país y se estableció que durante el trayecto dieron instrucciones a las víctimas para que borraran de sus teléfonos las llamadas y mensajes relativos a los hechos o de las coordinaciones”, explicó el fiscal Francisco Ganga.

Los imputados fueron formalizados en calidad de autores del delito de tráfico de migrantes agravado y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 90 días.

Con este último procedimiento ya son 30 los casos de tráfico de migrantes registrados en esta región durante el presente año, sumando un total de 219 víctimas extranjeras. Asimismo se ha formalizado a 24 imputados, de los cuales 22 se encuentran en prisión preventiva.

Nota publicada en web de Radio Biobío.

Justo cuando se cumplen 3 años de la muerte de la migrante haitiana Joane Florvil, quien fue acusada de abandonar a su hija, luego fue detenida y trasladada a la ex Posta Central, donde falleció sin que se aclarara del todo el caso, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación Interpreta y el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, lanzaron el “Barómetro de Percepción de la Migración”.

Este “barómetro” es una investigación que buscó conocer qué y cómo se opina de la población migrante en Twitter, y que se basó en la recopilación y análisis de 1.453.884 tuits con menciones asociadas a temas migratorios en el país entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de agosto de 2020.

Los tuits fueron clasificados en posteos discriminatorios y no discriminatorios; y se construyó un índice cronológico que, como una suerte de balanza de la discusión migratoria en esta red social, permite visualizar su dinámica, y la vinculación de sus peaks con determinados hitos políticos y noticiosos.

Entre las conclusiones del estudio, se evidenció que los períodos con mayor cantidad de menciones discriminatorias se relacionan, por ejemplo, con hechos noticiosos ligados a la población haitiana y con eventos de connotación política. Asimismo, el 14,5% (211.780 mensajes) fueron categorizados como discriminatorios y surgieron de 53.293 autores.

Tomás Lawrence investigador de la Fundación Interpreta, precisa que “es clave Twitter en la discusión sobre migración, porque el 40% de los trending topics se transforman en noticia y son llevados a los medios tradicionales, llegando a personas que no tienen Twitter o que no tienen redes sociales. Esto se hace aún más relevante porque una de cada tres personas se informa únicamente en redes sociales y Chile tiene más de 15 millones de usuarios activos de internet”. Sobre la clasificación de las posiciones frente a la migración, Lawrence explica que “el logaritmo construido logró gran precisión en la clasificación, llegando al 92,1% y, en concreto, categorizó como discriminatorios a aquellos tuits que niegan o cuestionan los derechos migratorios y el arribo de migrantes, o que estigmatizan o inferiorizan a las comunidades extranjeras en el país”.

Sobresale también una gran cantidad de comentarios discriminatorios (54%), asociados con discriminación clasista, relacionada con la “aporofobia”. Por otro lado se expone que la mayoría de las menciones discriminatorias apuntan a temas relacionados a la seguridad, haciendo un vínculo directo entre migración y delincuencia, en contraposición a estudios recientes que derriban este verdadero mito como el del CEP, o el del Servicio Jesuita a Migrantes.

En tanto, la directora Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Michelle Víquez, destacó que “en redes sociales muchas veces se puede ver una tendencia a la manipulación en los comentarios racistas o xenófobos para intensificar una sensación de conflicto para fines más bien políticos”.

“Desde el SJM acompañamos en el territorio a diversas comunidades y sabemos que la realidad es distinta a la que se percibe en tribunas como Twitter. Las ollas comunes o diversas acciones para paliar la pandemia, demostraron que es mayoría la gente que valora la diversidad cultural, que en el encuentro real apoyan a otros independiente de su nacionalidad, que trabajan en conjunto, frente a aquellos que tienen manifestaciones racistas”, añade Víquez.

Cabe apuntar que según información del Departamento de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadísticas, la población haitiana representa el 12,5% del total de personas migrantes que viven en Chile, antecedida de personas peruanas (15,8%) y venezolanos (30,5%).

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Nota publicada en El Mostrador.