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Casi 380.000 extranjeros están llamados a votar en el histórico plebiscito de este domingo 25 de octubre, en el que se decidirá si se cambia o no la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El artículo 14 de la actual Carta Fundamental sostiene que pueden emitir su voto aquellos migrantes que hayan cumplido los 18 años de edad, que no hayan sido condenados a penas aflictivas y que residan en Chile por más de cinco años.

Según el Servicio Electoral, hay 378.829 extranjeros autorizados para participar del referéndum, alcanzando el 2,5 por ciento del total electoral. 

La cifra supera en más de 100.000 los electores registrados en las últimas elecciones presidenciales, en 2017, cuando hubo 267.116 migrantes inscritos en el padrón. De ellos, 50.752 participaron.

La lista es liderada por la comunidad peruana (138.381 votantes), seguido de los bolivianos (43.440), colombianos (42.048), argentinos (28.563) y ecuatorianos (15.993).

A nivel nacional, la Metropolitana es la región que cuenta con el mayor padrón de inmigrantes habilitados para sufragar, con 245.484, seguida por Antofagasta (39.388), Tarapacá (26.767), Arica y Parinacota (11.474) y Valparaíso (16.022).  

Las comunas con más personas inmigrantes habilitadas para votar son Santiago (53.624), Las Condes  (31.955) y Antofagasta (22.507).

GRAN INTERÉS POR PARTICIPAR 

En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 por ciento de la población.

Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración.

“Estamos muy expectantes, muy ansiosos, porque entendemos que es un momento histórico en Chile y, por lo tanto, queremos participar”, dijo a Cooperativa Virginia Migani, argentina avecindada en nuestro país hace 18 años.

Decoradora de interiores de profesión, lidera junto a los periodistas Jorge Rizik y Bárbara Barrera el programa “Chile a todo color”, un proyecto radial dedicado a la migración en Chile.

“Sabemos que los migrantes siempre somos minoría y estos espacios ciudadanos nos dan herramientas para poder hacer oír nuestras voces. El voto es un pequeño paso dentro de todo un proceso que se viene más adelante en el que podemos participar y dar nuestra visión y experiencia”, sostuvo Migani.

Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), contó a Cooperativa que en los últimos meses “venimos trabajando para impulsar el voto migrante independiente a la posición que cada uno pueda tener respecto al plebiscito”.

“Llamamos a todas las personas que están habilitadas para votar puedan hacerlo, que no pierdan la oportunidad de formar parte de este proceso. Una sociedad democrática es una donde todos los actores pueden participar y tienen derecho a que su voz sea escuchada”, enfatizó el joven, de 27 años.

“En el caso de la comunidad venezolana, la gran mayoría va a ejercer su voto. Hay que entender que venimos de una realidad en que la posibilidad de un voto libre, secreto y universal está seriamente comprometida y, por ello, para muchos venezolanos tener la posibilidad de votar es una experiencia que no se quieren perder. Existe una generación, que es la mía, que no sabe cómo realmente es un proceso electoral en un ambiente democrático, con todos los estándares que se quiere, y hacerlo en Chile es un cambio significativo”, explicó.

MÁS DEL 7 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN

El director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, resaltó a Cooperativa que como país “no podemos dejar fuera a una población que representa casi el 8 por ciento del total (de los habitantes). Incluso el 10 por ciento de los niños y niñas chilenas tiene un padre o madre migrante”.

“Una mujer migrante que participó en uno de nuestro proyectos nos dijo: ‘Yo voy a votar por mi hija, que es chilena”. Es algo muy bonito. No es común en otros países que personas migrantes puedan votar y, por lo tanto, esta es una forma de participación”, destacó el sacerdote jesuita.

“Esperamos que las personas migrantes también se sientan ciudadanos de Chile y sientan que en este nuevo Chile nadie sobra”, afirmó Vicuña.

PROCESO

En el plebiscito de este domingo la ciudadanía tendrá que decidir si quieren una nueva Carta Magna -entre las opciones “Apruebo” o “Rechazo”- y qué mecanismo debería redactarla.

Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una “Convención Mixta”, formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una “Convención Constitucional”, integrada sólo por personas escogidas únicamente para ese fin.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en abril del próximo año, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro referéndum, este con voto obligatorio.

Fuente: Cooperativa.

El consejero regional Felipe Rojas manifestó su preocupación por la persistente irregularidad que se viene observando en el ingreso de migrantes, familias con niños y madres embarazadas, por el Complejo Fronterizo Colchane, ubicado en la frontera con Bolivia, en la Cordillera de los Andes, a 3.690 metros de altura.

En visita al lugar, Rojas informó que pudo constatar que un grupo importante de venezolanos principalmente hace ingreso en forma diaria por los costados de este paso, volumen que se ha visto incrementado el último mes, calculándose cientos de ingresos sin control.

‘Pedimos actuar rápido, reforzar el plan frontera norte presentado hace algunos años y que ha funcionado precariamente en el control migratorio, el paso es vulnerado a diario con el paso de familias que cruzan miles de kilómetros para llegar hasta nuestra frontera acrecentando los riesgos de la población residente, registrándose ya casos positivos por Covid-19, entre otros problemas’, dijo y agregó que el problema se agudiza por el paso de drogas y delitos de tráfico ilícito de personas de mano de los ‘coyotes’ que complejizan el ingreso por Tarapacá.

‘Resulta estratégico que el gobierno le dé prioridad a la discusión en el congreso con una ley de migración que regule el ingreso a las personas que legítimamente escogen nuestro país para desarrollarse, un cuerpo legal actualizado que genere derechos y obligaciones a las personas que ingresan, y que permita controlar el impacto económico que esto conlleva.

Queremos migración de calidad, que aporte y que genere desarrollo y no aquella que sobrecarga el sistema’, dijo enfático Felipe Rojas. En días en que se discute en la Comisión mixta una nueva ley de migración el Core Felipe Rojas recordó lo precario de los pasos fronterizos.

‘Nos preocupa que no exista equipamiento de nivel para la Policía de Investigaciones de Chile, a cargo del control migratorio, así como para el Servicio Nacional de Aduanas, responsable del Control Aduanero, el Servicio Agrícola y Ganadero con la misión del control fitozoosanitario y Carabineros de Chile con la misión de resguardar el orden y la seguridad en la frontera’, dijo y agregó que el desarrollo económico es importante en cuanto al establecimiento de comercio internacional, fortalecimiento de zona franca y puertos, pero que este debe ser protegido mediante la regulación.

El consejero afirmó que una investigación del Servicio Jesuita a Migrantes, hecha con información solicitada a la PDI vía Ley de Transparencia, señala que, de enero a julio de 2020, la policía registró 3.949 ingresos por pasos no habilitados. Por otro lado, durante todo el 2019 las autoridades contabilizaron 8.048 ingresos clandestinos a Chile.

Fuente: Diario 21.

Hace casi un año, Romario Veloz, joven ecuatoriano, residente en Chile desde su infancia, estudiante de Construcción Civil y padre de una niña de tres años, murió tras recibir una bala de efectivos del Regimiento 21 de Coquimbo cuando participaba en una manifestación durante el estallido social.

Desde esa fecha, su madre Mery Cortés ha clamado por justicia. Debido a esto, ella, junto al diputado por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, y representantes de diversas organizaciones de mujeres, migrantes, culturales y de defensa de los derechos humanos, exigieron justicia frente al Palacio de La Moneda.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el frontis de la casa de gobierno para reclamar al Presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad política en la muerte del joven ocurrida el 20 de octubre de 2019 en las afueras del mall de La Serena.

Al respecto, el diputado Núñez expresó que Piñera “es cómplice de la impunidad” que reina en este caso. “He acompañado a la madre de Romario Veloz, a Mery Cortés, que ha venido al Palacio de La Moneda a exigirle al presidente República Sebastián Piñera que responda por qué se asesinó a su hijo por disparos de militares y a denunciar como él, hoy día, se ha convertido en cómplice de este crimen al encubrir a los autores”, manifestó.

“Piñera no sólo es responsable político por haber dado la orden de sacar a los militares a las calles armados, sino que además y, más encima, agravando aún más su accionar criminal, ha avalado y es cómplice de la impunidad que reina en este caso, puesto que no le exigió al Ejército un sumario que aclare lo sucedido y se sigue manteniendo este pacto de silencio que hemos denunciado y que he denunciado tantas veces y que genera una situación de impunidad puesto que no se ha logrado identificar a los militares que dispararon y dieron muerte a Romario”, finalizó.

Fuente: El Mostrador

‘Se requiere apoyo monetario para regiones del norte, ya que los municipios locales no pueden asumir una tarea del Estado’, comentó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, respecto de la ola migratoria que se registra en la frontera norte y la capacidad para atenderlos una vez que ingresan al país.

Hasta el 31 de agosto pasado, según cifras del Ministerio del Interior se contabilizaban 5.147 ingresos clandestinos a territorio nacional. Las regiones de Arica y Tarapacá registran 1.619 y 779 casos, respectivamente, el 47% del total.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola (Partido Liberal), llamó al Gobierno a entregar recursos para albergar a estos migrantes ilegales mientras permanecen en el país hasta ser expulsados. La autoridad señaló que, para enfrentar la oleada migratoria, ‘se necesitan recursos nuevos y frescos que no afecten los recursos de la región, como el caso de presupuestos municipales y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional’.

En tanto, el alcalde de Calama, Daniel Agusto (RN), sostuvo: ‘Hemos tenido que destinar recursos para albergues, para cuarentenas de extranjeros, apoyo social, también atenciones en el área de salud primaria. y eso no es reembolsable‘

Nota publicada en El Mercurio.

El 20 de enero de 2020 S.S.L.C., colombiana de 21 años, nacida en Cali, dejó Chile rumbo a su país para ver a su padre enfermo. Iba con su esposo, L.A.P.A, venezolano de 31. Al regreso, el cierre de fronteras por la pandemia los dejó atrapados en Ecuador, pero estaban decididos a regresar: el 15 de julio entraron a Perú por vía terrestre, el 20 llegaron al terminal de buses de Tacna. ‘Un taxista, del cual desconozco antecedentes -declaró la mujer al OS9 de Carabineros- me manifiesta que tiene cómo pasarnos por la frontera de forma ilegal (.) El 21 de julio, en el mismo terminal, llegó un grupo de venezolanos que también esperaba al hombre. Se presentó una gran cantidad de taxis y nos dijeron que nos subiéramos. Nos llevaron al desierto y cuando nos bajamos le pagué al taxista US$120 por persona. Ahí nos esperaban dos muchachos’.

El relato -parte de un caso contra dos coyotes venezolanos atrapados en el lado chileno, mientras metían al país a siete adultos y cuatro niños- devela la creciente organización del tráfico de migrantes. Negocio en auge, según revelan las cifras mostradas el martes en la Cámara por el Servicio Jesuita Migrante: a pesar de las mayores trabas por el covid impuestas en los países de paso antes de llegar a Chile, entre enero y agosto entraron por pasos no habilitados 5.147 personas, mientras que en todo 2019 fueron 8.048 y en 2018, 6.310.

El grupo que más creció fue el venezolano. En 2020 van 2.969, el año pasado fueron 3.333 y en 2018, sólo 101. ‘Hay varias organizaciones criminales trasnacionales operando en la actualidad y detrás de la mayoría de los formalizados como coyotes hay otras personas actuando coordinadamente’, dice la fiscal regional de Arica, Javiera López. La fiscalía tiene 34 causas, con predominio de imputados venezolanos. ‘Puede deberse a que la mayoría reside en Tacna’, dice la fiscal.

¿Hay un capo detrás de cada banda de coyotes? El jefe del OS9 de Carabineros, coronel Juan Francisco González, dice que ‘las investigaciones mantienen avances significativos, enfocadas a los líderes de las organizaciones, pero por razones de reserva es imposible referirse a ellas (.) Hay casos investigados por el OS9 de Arica donde ha existido colaboración internacional para la identificación de los integrantes’.

Aunque son muy raros los casos en que se llega a los jefes de un cartel de tráfico de migrantes, las declaraciones de las ‘víctimas’ dan pistas de cómo se van organizando en distintas etapas de la cadena. Por ejemplo, la pareja de la colombiana de 21 años del comienzo de esta nota, L.A.P.A., recuerda que cuando iba en el taxi, el chofer ‘habló varias veces por celular, señalando que llevaba clientes’.

La última gran pandilla fue desbaratada en 2018. Soledad Maquera, peruana de 55 años, fue condenada a 10 años de prisión por liderar desde Tacna a ocho personas que traficaron principalmente dominicanos entre 2013 y 2016. Les cobraban entre US$ 300 y US$ 3.000. Refinada operación, que incluía el cruce de Ecuador y que tenía dos rutas de acceso a Chile: entre los hitos 1 y 14 en el límite con Perú (fundamentalmente Pisiga) y Colchane en la frontera con Bolivia.

Sin embargo, los coyotes no suelen hablar de sus jefes, como el caso de la venezolana Reyna Navarro (20, Maracaibo), condenada a tres años de libertad vigilada por ingresar a 29 personas en noviembre de 2019. En los documentos judiciales no cuenta quién la fichó.

Haitianos por Tarapacá

Aunque en las últimas semanas la frontera de Tarapacá y Bolivia también ha visto un alza del tránsito de venezolanos, la inquietud actual de la fiscal de Alto Hospicio Camila Albarracín está en los casos de haitianos. Hay seis causas judicializadas, con ocho coyotes imputados de ese país y 100 víctimas. ‘Estas bandas son relativamente recientes. Las investigaciones apuntan a que habría una estructura detrás y se harán las cooperaciones internacionales para averiguarlo. Creemos que son haitianos residentes en Brasil’, dice.

Aquí cobran de $350 mil (US$440) a $500 mil (US$630), y es más caro cuando se trata de un niño que viaja solo y cuya madre está en Chile. Una parte de esta operación quedó en evidencia cuando una madre denunció que su hijo no llegaba: quedó atrapado en Iquique por la cuarentena, desnutrido y con sarna.

La complejidad de la operación apunta hacia la existencia de un cartel: la primera parte del viaje es legal, partiendo en Haití, pasando por Guyana francesa y Brasil, para continuar con la parte ilegal que se inicia en la frontera con Bolivia y luego de Chile. Y un dato curioso, la operación se paga con un depósito en una cuenta RUT del BancoEstado, dinero que se puede retirar en cajeros de Brasil.

Nota Publicada en La Segunda

Un total de diez personas, entre ellas una embarazada y dos menores de edad, forman parte del grupo de migrantes que fueron guiados e ingresados clandestinamente a Chile por tres imputados, en un nuevo caso de tráfico de migrantes registrado en el extremo norte.

Por este hecho fueron detenidos los imputados venezolanos Franki Riko y Rafael Peña, junto al ciudadano colombiano Gustavo Rosario, quienes, tras cobrarle una suma de dinero, guiaron e ingresaron a los migrantes a nuestro país por un paso clandestino en la frontera con Perú.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización, el hecho se registró cerca de las 09:10 horas del sábado, cuando personal del Ejército de Chile detectó al grupo ingresando por el sector del hito 17, siendo interceptados por Quebrada Escritos, dando aviso a funcionarios de la sección OS-9 de Carabineros, quienes por instrucción de la Fiscalía de Arica, realizaron diversas diligencias investigativas.

La indagatoria permitió establecer que los imputados cobraron entre 100 a 120 dólares a cada migrante por guiarlos e ingresarlos a nuestro país. En este contexto, mientras Gustavo Rosario cumplió la función de cobrar y recibir los pagos, Franki Riko y Rafael Peña guiaron a las víctimas en su trayecto.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Los imputados captaron en la ciudad de Tacna (Perú) a los migrantes. Comenzaron a caminar desde Perú durante la madrugada del sábado y fueron detectados ya en la mañana en nuestro país y se estableció que durante el trayecto dieron instrucciones a las víctimas para que borraran de sus teléfonos las llamadas y mensajes relativos a los hechos o de las coordinaciones”, explicó el fiscal Francisco Ganga.

Los imputados fueron formalizados en calidad de autores del delito de tráfico de migrantes agravado y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 90 días.

Con este último procedimiento ya son 30 los casos de tráfico de migrantes registrados en esta región durante el presente año, sumando un total de 219 víctimas extranjeras. Asimismo se ha formalizado a 24 imputados, de los cuales 22 se encuentran en prisión preventiva.

Nota publicada en web de Radio Biobío.

Justo cuando se cumplen 3 años de la muerte de la migrante haitiana Joane Florvil, quien fue acusada de abandonar a su hija, luego fue detenida y trasladada a la ex Posta Central, donde falleció sin que se aclarara del todo el caso, el Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación Interpreta y el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, lanzaron el “Barómetro de Percepción de la Migración”.

Este “barómetro” es una investigación que buscó conocer qué y cómo se opina de la población migrante en Twitter, y que se basó en la recopilación y análisis de 1.453.884 tuits con menciones asociadas a temas migratorios en el país entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de agosto de 2020.

Los tuits fueron clasificados en posteos discriminatorios y no discriminatorios; y se construyó un índice cronológico que, como una suerte de balanza de la discusión migratoria en esta red social, permite visualizar su dinámica, y la vinculación de sus peaks con determinados hitos políticos y noticiosos.

Entre las conclusiones del estudio, se evidenció que los períodos con mayor cantidad de menciones discriminatorias se relacionan, por ejemplo, con hechos noticiosos ligados a la población haitiana y con eventos de connotación política. Asimismo, el 14,5% (211.780 mensajes) fueron categorizados como discriminatorios y surgieron de 53.293 autores.

Tomás Lawrence investigador de la Fundación Interpreta, precisa que “es clave Twitter en la discusión sobre migración, porque el 40% de los trending topics se transforman en noticia y son llevados a los medios tradicionales, llegando a personas que no tienen Twitter o que no tienen redes sociales. Esto se hace aún más relevante porque una de cada tres personas se informa únicamente en redes sociales y Chile tiene más de 15 millones de usuarios activos de internet”. Sobre la clasificación de las posiciones frente a la migración, Lawrence explica que “el logaritmo construido logró gran precisión en la clasificación, llegando al 92,1% y, en concreto, categorizó como discriminatorios a aquellos tuits que niegan o cuestionan los derechos migratorios y el arribo de migrantes, o que estigmatizan o inferiorizan a las comunidades extranjeras en el país”.

Sobresale también una gran cantidad de comentarios discriminatorios (54%), asociados con discriminación clasista, relacionada con la “aporofobia”. Por otro lado se expone que la mayoría de las menciones discriminatorias apuntan a temas relacionados a la seguridad, haciendo un vínculo directo entre migración y delincuencia, en contraposición a estudios recientes que derriban este verdadero mito como el del CEP, o el del Servicio Jesuita a Migrantes.

En tanto, la directora Social del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Michelle Víquez, destacó que “en redes sociales muchas veces se puede ver una tendencia a la manipulación en los comentarios racistas o xenófobos para intensificar una sensación de conflicto para fines más bien políticos”.

“Desde el SJM acompañamos en el territorio a diversas comunidades y sabemos que la realidad es distinta a la que se percibe en tribunas como Twitter. Las ollas comunes o diversas acciones para paliar la pandemia, demostraron que es mayoría la gente que valora la diversidad cultural, que en el encuentro real apoyan a otros independiente de su nacionalidad, que trabajan en conjunto, frente a aquellos que tienen manifestaciones racistas”, añade Víquez.

Cabe apuntar que según información del Departamento de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadísticas, la población haitiana representa el 12,5% del total de personas migrantes que viven en Chile, antecedida de personas peruanas (15,8%) y venezolanos (30,5%).

Lea el informe completo en el siguiente link.

Nota publicada en El Mostrador.

Fundadora de la Agrupación de Colombianos y Migrantes Unidos en Arica, conocida como “Ami”, trabaja de manera incansable para llevar alimentos a las poblaciones más vulnerables de la ciudad, gracias a las donaciones de empresarios privados.

Amira Rebeca Lecompte León (53), colombiana, llegó a Arica por vacaciones de tres meses a visitar una compatriota y lleva ya una década radicada en la ciudad junto a su hija de 23 años. Primero trabajó como administrativa de una empresa constructora y después en el hospital Juan Noé. Paralelamente, creó la Agrupación de Colombianos y Migrantes Unidos en Arica y es la representante de Migrantes Zona Norte de Chile COSOC en el Ministerio del Interior.

Ami fue invitada a comentar el resultado del estudio “Pobreza y Pandemia: Diagnóstico y Propuestas para un Chile más Digno y Justo”, en el que trabajaron los equipos técnicos de TECHO-Chile, INFOCAP, Fondo Esperanza, Servicio jesuita al Migrante (SJM), Fundación Súmate, Fundación Emplea, Fundación Lican, Espacio Mandela, el Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado y Hogar de Cristo. Todas estas organiza-dones participaron del diagnóstico a partir de su trabajo territorial de Arica a Punta Arenas con los grupos poblacionales más afectados por la pandemia y generaron una serie de propuestas concretas de protección para afrontar y superar la emergencia.

Esta activa mujer colombiana fue escogida por el SJM para participar del lanzamiento del estudio en su condición precisamente de migrante y comentar las propuestas de políticas de protección que la tocan a ella y a todos los extranjeros que tratan de construir una mejor vida en nuestro país.

“Yo fui funcionaria pública en la alcaldía de Cartagena de Indias, en Colombia, por lo que cuando empecé a hacer mis trámites en la gobernación para quedarme, no podía creer el mal trato que se daba a los extranjeros, especialmente a los bolivianos. No me cabía en la cabeza tanta mala atención, por eso decidí que había que organizarse”, señala Amira.

Le escribió al Presidente Piñera en su primer mandato una carta contando lo que había visto: “A una pobre señora muy mayor le hablaban de que escribiera a www.extranjería.cl y ella lloraba porque no entendía nada de lo que le decían, con una indolencia tremenda. Me paré indignada a reclamar que esa no era forma de atender sobre todo a una adulta mayor que no tenía facilidad de internet tampoco. Mis amigos se reían de mi carta al presidente, pero para sorpresa de todos, a los cuatro días ¡me respondió!”.

Cuenta que vino un funcionario desde Santiago y la enfrentó con el personal que ella había denunciado por malos tratos. “Así fue que nació mi agrupación de colombianos y migrantes unidos en Arica”, relata.

Esa misma percepción tuvo en su trabajo como administrativa en el hospital Juan Noé. Por ello no dudó en vincularse desde aquel tiempo con el Servicio Jesuita a Migrantes y participar en las Mesas Intersectoriales de salud y educación. “Se fueron creando más agrupa-dones: la de Perú, de Bolivia. Pero pasó algo muy grave: a una joven boliviana que no tuvo cómo pagar su parto en el hospital, le retuvieron su bebé una vez que la dieron de alta. Le dijeron que no se lo entregarían hasta que pagara todo el servicio. En esto intervino la Coordinadora Nacional de Migrantes y la misma senadora Isabel Allende”, recuerda Amira.

Otro drama fue el de una migrante que llegó a la urgencia del hospital con su guagua de dos años y medio y no tenía para pagar la consulta de 25.000 pesos. Se quedó esperando en la sala y el bebé murió sin ser atendido.

“Así nació el 2015, el Convenio Salud para Migrantes, que Piñera aprobó para cinco comunas: Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago y Recoleta, que establece atención y una guía de salud para migrantes. Yo fui administrativa de ese convenio en el consultorio Remigio Sapunar por cinco años”, dice.

APOYO A MIGRANTES

Actualmente está sin trabajo y abrió una oficina de asesorías y trámites migratorios para subsistir. “Diariamente entre 30 a 40 personas, niños incluidos, ingresan al país por pasos no habilitados. Nunca antes había visto mendicidad en Arica y ahora se está viendo. Estamos haciendo almuerzos para la gente de la calle”, dice.

El cierre de la frontera y los dos meses de cuarentena que lleva Mica, la motivó a buscar la manera de ayudar a los más afectados por la pandemia: “El apoyo del estado para los migrantes ha sido cero en este tiempo. Ha sido gracias al aporte de empresarios privados, entre ellos don Raúl Loinbardi, que me conocen desde hace muchos años, que podemos semanalmente subir al Valle de Azapa, para buscar cajas de tomates, aceitunas, pimentones, limones, todo lo que queda después del packing nos lo dona. Empezamos con cuatro cajas en marzo y ahora ya vamos en 40 cajas de tomate, 20 de pepino”.

Esto lo distribuye en todo Arica: poblaciones Juan Antonio Ríos, Cerro Chuño y Juan Noé, entre otras. “En esta pandemia no hay migrantes, somos todos iguales y entregamos las cajas a todos los que se ponen en la fila, extranjeros y chilenos. Ellos saben que deben hacer su fila con su tapabocas y a un metro de distancia. La empresa Kola Real nos regala agua, bebidas, energéticas, jugo entonces también las obsequiamos”.

¿QUÉ DICE EL ESTUDIO SOBRE ARICA, POBREZA Y COVID-19?

“En la Región se han identificado 4.699 casos con COVID-19 acumulados, 1.954 casos actuales y 59 personas fallecidas por ese motivo, todos estos concentrados en Arica. En relación a las medidas que están tomando las autoridades, se percibe desorganización y poca información disponible, tanto al inicio de la pandemia como una vez que se ha entrado en cuarentena total. Esta situación se observa en la zona norte en general, siendo preocupante además el escaso cumplimiento de la población de las medidas preventivas y de aislamiento social, lo cual se observa en el movimiento de los habitantes de Arica —y de otras ciudades como Iquique o Antofagasta— antes de la cuarentena total, lo cual guarda re-lación con la gran relevancia del comercio informal en la región.

“Un tema preocupante en Arica ha sido la situación de los migrantes, donde hay una gran cantidad de personas que, por los cierres de las fronteras, se han quedado varadas en el país y se encuentran en una situación de alta precariedad. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes de la región se informa que durante los últimos meses ha habido un creciente flujo de personas, lo que ha llevado que muchas familias de migrantes están en situación de calle expuestas constantemente al contagio por no contar con medidas de prevención (lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento social, contacto con otras personas)”, expresa el informe.