Cuando aumentan las restricciones a la regularización de los migrantes, aumenta también el flujo de quienes ingresan clandestinamente al país, con negativas consecuencias para nuestra sociedad: es tiempo ya de cuestionar y actualizar los procedimientos vigentes, asumiendo el deber de resguardar sus derechos.
Por Waleska Ureta, Directora nacional de Servicio Jesuita a Migrantes
En los últimos años ha aumentado el flujo migratorio hacia Chile, especialmente el ingreso por pasos no habilitados, generando una tensión permanente respecto de cómo se debiera abordar esta situación desde lo público. En nuestro país, hasta el momento, no ha habido una respuesta acorde a lo que requiere esta crisis, que daña gravemente a miles de personas y familias, que merecen un trato digno y el apoyo de instituciones que podrían hacer mucho más por el resguardo de sus derechos esenciales.
Dentro de este escenario, el informe sobre «Migración en Chile. Lecciones y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018-2022», efectúa un diagnóstico y propone medidas que se podrían asumir desde el Estado, y en colaboración con la sociedad civil.
En lo esencial, este documento establece dos grandes conclusiones sobre lo que ha sucedido en los últimos cuatro años en materia de migración.
La primera es que desde lo público el principal esfuerzo ha estado en el propósito de regular el flujo migratorio para gestionar su impacto multidimensional en las dinámicas internas de Chile. El balance de estas políticas muestra que se ha mantenido en el tiempo una crisis migratoria y que, por tanto, se requieren más medidas de corto, mediano y largo plazo, existiendo lecciones importantes que se deben considerar en el diseño de ellas.
La segunda conclusión es que la sociedad chilena está afectada por factores críticos que hacen que tanto individual como colectivamente para las personas migrantes sea difícil insertarse y participar en las comunidades de acogida (SJM, 2022). A partir de esto, se deben establecer acciones que respondan a las necesidades urgentes derivadas de la crisis migratoria, y también crear soluciones de largo plazo para las personas migrantes y la sociedad de acogida. En este sentido, las respuestas deben orientarse a la construcción de una migración segura, ordenada y regular, en un marco que aborde las preocupaciones legítimas de los Estados y comunidades, el bienestar de las sociedades receptoras y la implementación de procesos de inclusión social e interculturalidad de todos/as quienes habitan Chile.
Con el nuevo gobierno es posible sentir que se abre una oportunidad para una acción más proactiva en esta materia, en vista de su apertura a escuchar sugerencias de cambios en las políticas respectivas. Asimismo, la reciente declaración de los presidentes del continente en la Cumbre de las Américas, en cuanto a coordinar esfuerzos entre los países para abordar los flujos migratorios, es también esperanzadora.
Es en este contexto que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó al gobierno una serie de propuestas basadas en un trabajo de investigación que incluyó la revisión de las cifras de los últimos años y su cruce con la experiencia directa de su trabajo en terreno en la Región Metropolitana, la frontera y el Norte Grande. Ese análisis dio forma al recién mencionado informe, que abordó los avances registrados desde 2018 y también los desafíos vigentes.
Balance de la regularidad migratoria
Entre los temas tratados en el informe, sobresale el estado de la regularidad migratoria. Entre el año señalado y 2021, se otorgó más de un millón de visas temporales y casi 300 mil permanencias definitivas, lo que corresponde a la mitad de los visados entregados desde 2012. También se pone atención a los tiempos de demora de los trámites virtuales, debido a que un 49% de las solicitudes de permanencia definitiva hechas entre 2018 y 2021 aún están pendientes. En relación con el acceso a visas y al otorgamiento de refugio, se verificó que, a febrero de 2022, solamente se ha otorgado el 14% de las Visas de Responsabilidad Democrática y menos de un tercio de las Visas de Reunificación Familiar. Asimismo, han persistido las dificultades en la solicitud y otorgamiento de refugio: entre 2012 y 2021, de cada cien solicitudes realizadas, se reconoció a solamente 2,9 personas como refugiadas, y en el período 2018-2021 esto fue aún más bajo, llegando a 1,9.
Descenso en los flujos migratorios
Los datos también muestran una baja en los flujos migratorios totales hacia Chile, los que venían en claro aumento: si en 2017 se quedaron aproximadamente 103.827 haitianos/as en Chile (diferencia entre entradas y salidas) y en 2018 permanecieron 188.939 venezolanos/as, esas cifras se hicieron negativas el año 2021: fueron de -3.032 y -29.880, respectivamente. Esto refleja la gran baja del fenómeno de sobreestadía de turismo, esto es, la cantidad de personas que ingresaban con visa de turismo, con la real intención de residir, y al no lograr un visado, cayeron en situación de irregularidad migratoria.
Los últimos dos años, especialmente, han estado caracterizados por la aplicación de medidas punitivas, como las expulsiones, que se conjugaron con el cierre de fronteras y reducción de la movilidad, a partir de la pandemia. Tales medidas no significaron una disminución clara del flujo migratorio por pasos no habilitados, pues estos se siguieron dando, sin que haya un registro de información adecuado para el ingreso por estos.
Ingresos irregulares: cifras sin precedentes
Se incrementaron a niveles sin precedentes los ingresos irregulares notificados por la Policía de Investigaciones, los que en 2017 eran 2.905 y en 2021 se elevaron a 56.586. En tanto, solamente en el primer trimestre de 2022 han llegado a 13.928, compuestos primordialmente por personas venezolanas.
Las barreras para lograr permisos de residencia de manera regular, conjugadas con la crisis humanitaria de la región y el contexto de pandemia a nivel mundial ocasionaron ese incremento. El estudio revela además que la presencia militar en la frontera y las expulsiones colectivas realizadas en 2021 no cumplieron el objetivo de disminuir los ingresos irregulares.
A consecuencia de lo anterior, un grupo considerable de personas y familias han quedado en situaciones de irregularidad migratoria y sin respuestas de corto plazo. En esta misma línea, las solicitudes de refugio tampoco han sido atendidas oportuna y adecuadamente.
Inclusión de migrantes y relación con la sociedad de acogida
El estudio destaca algunas dimensiones que inciden en cómo evolucionan los procesos de inclusión. La atención a estas puede contribuir a delinear mejores políticas. Resultan críticas, en este sentido, la vinculación que puedan tener los procesos migratorios con variables como el empleo, la tensión entre los migrantes y los ciudadanos que residían desde antes en un territorio, o la cohesión social.
Por ejemplo, se puede considerar que el desempleo no aumenta durante el alza de migración. Es decir, respecto de la asociación entre migración, trabajo y economía, el estudio del SJM no observó un aumento claro del desempleo de la población chilena en períodos de mayor aumento migratorio. No se detectó a nivel de Región Metropolitana ni en el Norte Grande, considerándose que los mayores incrementos de desocupación laboral pueden asociarse con la pandemia. Por otra parte, son similares las tasas de ocupación informal en chilenos y migrantes a nivel nacional: son de 27% y 26%, respectivamente, en el trimestre enero-marzo 2022, llegando a un 42% en el Norte Grande.
Enseguida, en materia de convivencia entre chilenos y extranjeros, por su parte, las disminuciones en la regularización migratoria ocurridas desde 2018 van de la mano con un aumento de la percepción de que existiría un conflicto entre chilenos y migrantes, percepción que aumenta de un 48% a un 64%, comparando 2019 y 2021 en la población local (con Datos de Encuesta Bicentenario).
De hecho, tal aumento se observa también en las percepciones de los mismos extranjeros. En este sentido, la encuesta Voces Migrantes realizada por el SJM ya indicaba que en 2019 un 31% percibía la existencia de «un gran conflicto», lo que aumentó a un 56% en 2021 entre extranjeros/as con cinco años o más de residencia en Chile. Entre quienes llevan menos de ese tiempo en nuestro país, el aumento fue de 26% a 46%. Por otro lado, se revela que las percepciones hacia la migración empeoran en grupos socioeconómicos de menores ingresos y en mujeres.
De lo anterior, se puede concluir que los episodios de aumento de ingresos irregulares y sus consecuencias en el norte de Chile debilitaron la cohesión social entre chilenos y migrantes, efecto agravado por la crisis social y económica sufrida desde el inicio de la pandemia.
Balance y Conclusiones
Del análisis de estos antecedentes se pueden extraer conclusiones importantes para pensar las políticas públicas. En primer lugar, que desde lo público el principal esfuerzo ha estado en regular el flujo migratorio para gestionar su impacto multidimensional en las dinámicas internas de Chile. Lo positivo ha estado en que ha habido medidas enfocadas hacia la regularización migratoria, pero en lo negativo se puede señalar la ausencia o insuficiencia de acciones de regulación del flujo migratorio y de garantizar la protección de derechos de las personas migrantes. En segundo lugar, se observa que la inclusión de las personas migrantes en la sociedad chilena está afectada por las dificultades en los procesos regularización migratoria, por algunas características de la convivencia social a nivel territorial, y por la insuficiente presencia de instituciones y servicios públicos que garanticen oportunidades de regularización e inclusión sociocultural.
Esto genera tres lecciones. Primero, las medidas tendientes a regularizar las situaciones migratorias de las personas deben considerar necesariamente el diseño de soluciones pertinentes, como lo fueron los procesos de regularización extraordinarios y la entrega de visados. En segundo término, se debe considerar un conjunto de medidas para la regularización, que aseguren su correcto uso de cada una de ellas: el caso de las solicitudes de refugio, por ejemplo, generó una tensión entre las posturas que abogan por considerarla una condición a reconocer para todas las personas venezolanas, y quienes señalan que se ha dado un mal uso de este recurso. Por último, se requiere contar con mayor cantidad y consistencia de información, para comprender y gestionar la migración, especialmente en grupos de mayor cuidado y prioridad, como son los niños y niñas.
Se hace patente que se requiere una regularización migratoria que favorezca la participación en el mercado laboral, en las principales instituciones sociales, y la integración en el sistema de protección social y servicios orientados a la provisión de bienestar. Información referida a las tasas de ocupación laboral y cotización en AFP, por ejemplo, muestra claramente que quienes cuentan con una situación regular, pueden participar activamente de la fuerza de trabajo.
En tanto, las características de la convivencia social en los contextos en que se encuentran las personas migrantes afecta directamente su inclusión social. En este sentido, el alto flujo de migración ha generado una disrupción o alteración en las comunidades receptoras, que puede llegar a presentar mayores o menores niveles de conflicto entre chilenos/as y extranjeros/as.
La presencia de instituciones y servicios públicos que garanticen oportunidades tanto de regularización como de participación social, a través de la educación, el trabajo, entre otros ámbitos relevantes, ha sido fundamental para los procesos de inclusión.
Las propuestas del SJM: avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular
Frente a tal escenario, el SJM propuso al Gobierno acciones que protejan de forma efectiva los derechos de los migrantes y además generen condiciones para una buena convivencia y calidad de vida para todos quienes residen en el país. Sin embargo, junto con responder a las necesidades que hoy son urgentes, también urge plantear soluciones de largo plazo, respetando en todo momento los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin excepción.
Con tal inspiración, SJM propuso que la opción principal sea la regularización.
En ese contexto, delineó diez medidas para que sean a sumidas por el Estado, siendo posible que sean compartidas por otras entidades que pudieran colaborar en su implementación.
En definitiva, se trata de diez medidas centrales que apuntan a:
1. Crear sistemas de ingreso que garanticen la protección de los Derechos Humanos. Esto involucra implementar herramientas de identificación y referencia modernas, que permitan categorizar y empadronar en sus diferentes perfiles a las personas que ingresan al país. También se requiere capacitar a quienes controlan ese ingreso en la aplicación de leyes, políticas de protección, derechos humanos y derecho humanitario, e interculturalidad, así como otorgándoles herramientas prácticas para identificar y referir a las autoridades responsables a los solicitantes de refugio y a otras personas con necesidades específicas de protección.
2. Regularizar la situación de las personas que ingresan por pasos no habilitados, que se puede hacer por medio del procedimiento de refugio o protección complementaria cuando aplique el caso y por medio de procesos de Regularización Extraordinaria. Se puede lograr otorgando la condición de refugiado a quienes lo soliciten, siendo esto especialmente pertinente para personas de nacionalidad venezolana o haitiana, por razones de atropello a sus derechos humanos. Una forma de contribuir a la inclusión de personas que han ingresado y no han obtenido la regularización es hacer uso de la facultad que establece el artículo 155 N°8 de la Ley de Migración y Extranjería, que permite una regularización extraordinaria.
3. La evaluación individual de las expulsiones, asegurando un debido proceso.
4. Crear una red de servicios de emergencia y referencia de las personas que ingresan al país, que ayude a su atención e inclusión.
5. Implementar estrategias de intervención comunitaria en las sociedades receptoras. Esto apunta a evitar la creación de asentamientos de personas en espacios públicos y asegurar la presencia de instituciones públicas en zonas de flujos importantes de migrantes, promover la distribución de estos en todo el país y contar con un registro con información de ellos en todas las instituciones públicas con que se vinculan.
6. Desarrollar mesas y planes de trabajo intersectoriales con la participación de la sociedad civil. Para realizar un trabajo intersectorial eficiente de diseño e implementación de políticas públicas, el SJM propone que, desde el gobierno, se generen mesas de trabajo permanentes entre el nivel central, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, principalmente aquellas que estén presentes en los territorios involucrados en las crisis migratorias.
7. Incrementar y mejorar la sistematización de los datos públicos sobre migraciones internacionales.
8. Promover el intercambio de Información con otros países latinoamericanos.
9. Fomentar la cooperación internacional para ordenar y regular los flujos
migratorios.
10. Trabajar en la prevención de los riesgos asociados a los procesos migratorios, como la trata de personas.
Fuente: Revista Mensaje.
