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FENÓMENO. Según evidencian distintos sondeos en nivel nacional. Sin embargo, el Barómetro Regional de IPP-UCN revela que pese a persistir posición crítica a migrantes en Antofagasta esta posición ha disminuido.

“Hay un deterioro en la convivencia”, afirmó recientemente Pablo Roessler, jefe del área de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), sobre las dificultades de cohesión social registradas a nivel país entre comunidades migrantes y la población local, en que el experto reconoce incidirían los ingresos sin precedentes por pasos no habilitados.

Una reacción de malestar de las comunidades receptoras hacia el flujo migratorio que parecieran confirmar recientes sondeos de opinión. No obstante, un matiz lo evidencia la encuesta Barómetro Regional de Antofagasta, del Instituto de Políticas Pública (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN), publicada la semana pasada con levantamiento de datos entre el 5 al 19 de mayo pasado. “Sigue habiendo una mayoría de la población, particularmente de mayor edad que está en contra de la inmigración, sobre todos los grupos socioeconómicos más modestos, pero eso ha ido cambiando en el tiempo fuertemente (.) El primer año que tomamos la encuesta, en 2016, el rechazo a la migración era muy elevado, y llegábamos casi al 80%, pero con el paso del tiempo ha habido una disminución a ese rechazo. Hoy, con los resultados de la última encuesta ha caído casi 20 puntos el rechazo hacia los inmigrantes También preguntamos por la sociabilidad, sobre cómo es la relación con las personas que vienen a vivir de fuera del país. El 70% dice que es regular a buena”, dice Cristian Rodríguez, director del IPP de la UCN.

“Desde 2010 que Antofagasta está recibiendo una oleada de inmigración, y no solo desde el año 2021 y 2022 cuando se produce la crisis venezolana. Entonces, el escenario es un poco distinto. En Santiago hay un fuerte rechazo, y en el sur también, aunque yo diría que esa situación ha comenzado a cambiar en el norte de Chile y particularmente en Antofagasta”, agrega Rodríguez.

Según el Barómetro Regional de Antofagasta, ante la consulta de cómo se evalúa el impacto de la migración en esta zona del país, los consultados se identificaron en su mayoría por la opción “regular” (35%), aunque seguida de cerca por las alternativas “malo” (32%) y “muy malo” (27%). En 2016, en tanto, el sondeo reportaba que un 78% de los consultados identificaba como “malo” y “muy malo” el impacto de la migración, mientras que un 17% lo calificaba como “bueno” y “muy bueno”.

El Barómetro Regional de Antofagasta se suma a la encuesta CEP de abril-mayo pasado, en que un 61% de los consultados se manifestó como partidario de prohibir todo tipo de inmigración. Mientras que el tercer informe de la línea de Anuarios Migración del SJM, denominado “Migración en Chile. Aprendizajes y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018 – 2022”, sostiene que los avances y desafíos aún pendientes en orden a disminuir los índices de irregularidad migratoria han propiciado efectos que se extienden desde lo laboral hasta la convivencia entre chilenos/as y migrantes. El informe sostiene que considerando el ámbito de la convivencia, se expone un aumento de la percepción de existencia de “un gran conflicto entre chilenos y migrantes”, que se incrementa de un 48% a un 64% entre 2019 y 2021 en la población local (Datos de Encuesta Bicentenario).

Mientras que los resultados de la Encuesta Voces Migrantes, en caso de extranjeros con más de cinco años de residencia, determinaron que si en 2019 un 31% percibía la existencia de “un gran conflicto entre chilenos y migrantes”, este registro aumentó a un 56% en 2021. En caso de extranjeros con menos de cinco años de residencia, en tanto, este indicador aumentó 26% a 46% en el mismo período. El estudio de Movilidad Humana revela además que las percepciones hacia la migración empeoran en grupos socioeconómicos de menores ingresos y en mujeres.
Ingresos irregulares

Para la residente colombiana en Antofagasta, Lady Matallana (40), aunque podría considerarse una baja en los niveles de exclusión hacia la población migrante para ella ésta se mantiene vigente. “Hoy yo veo más discriminación, que hace cinco años cuando llegué. Me han ocurrido casos a mí misma (.) Con el tema de los ingresos de venezolanos, creo que ha empeorado”.

Mijaíl Bonito, asesor de migraciones de la Subsecretaría de Interior del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, comenta a El Mercurio de Antofagasta que “el actual rechazo” de la sociedad chilena a la migración resultaba previsible y se advirtió en su momento. “Es por esa razón que se insistió tanto, en los primeros años del gobierno anterior en ‘ordenar la casa’. No había otra forma de absorber el altísimo flujo provocado por la debacle humanitaria venezolana. Este concepto tenía como finalidad evitar la aparición de la xenofobia colocando los incentivos correctos para que los ingresos se hicieran por las vías legales y con las herramientas para que el migrante fuera un aporte a la sociedad chilena desde el minuto de su arribo”, opina.

“Esto encontró una fuerte oposición en sectores de la sociedad civil y políticos que limitaron el desarrollo de esa política, a través de acciones judiciales, incluso contra delincuentes expulsados y que buscaban abrir la frontera a todo evento. Ahora corresponde tomar las acciones diplomáticas que sean necesarias para evitar que el territorio de países vecinos sea usado como tránsito y para el tráfico de migrantes hacia Chile, cumplir a cabalidad la nueva ley que tiene mecanismos que permiten ordenar este flujo. La única forma de que no se incremente este rechazo es que la sociedad chilena comprenda que se busca ordenar la migración, que se toman medidas contra el ingreso irregular, que no se vulneran las leyes impunemente y que habrá sanción contra aquellos que delinquen. En caso contrario, podríamos ver ejemplos lamentables como lo ocurrido en otros países donde la xenofobia es una realidad”, agrega Bonito.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

Tres charlas de diversos temas, dirigidas a personas migrantes y refugiadas, realizó el equipo de SJM de la región de Tarapacá en Alto Hospicio e Iquique.  La primera actividad, tuvo lugar en el Campamento Paso la Mula (Alto Hospicio) y se centró en acceso a vías para regularización y a derechos como salud, educación y refugio.

Por otra parte, en Iquique se realizaron las otras dos reuniones. En encuentro en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Cirujano Aguirre se abordaron el acceso a la salud y aspectos generales de la nueva ley de migración, con la presencia de dirigentes vecinales y profesionales de otras instituciones. Y en Campamento transitorio Lobitos, se orientó a las personas sobre acceso a derechos como salud, educación y acceso a la solicitud de refugio. En todas las actividades participaron alrededor de 60 personas, incluyendo adultos, niñas y niños.

Para Pilar Valencia, responsable de SJM Tarapacá, el balance de esta labor en terreno es positivo. “Estamos felices de haber podido llegar a tres lugares distintos en jornadas de difusión sobre información migratoria y acceso a derechos, ya que hemos detectado esta necesidad de las personas y familias migrantes y refugiadas”.

“Queremos agradecer la disposición y buena recepción por parte de la población migrante, como también de las instituciones con las cuales nos vinculamos para que estas actividades fueran un éxito y que son el Cesfam Cirujano Aguirre, Congregación hijas de la Caridad y la Delegación Presidencial de Tarapacá”, sentenció Valencia.

Francisca Perales se refirió a la Mesa Nacional de Calle y al foco interministerial que desplegará el Ejecutivo para subsanar una crisis que no sólo afecta a adultos sólos sino también a familias e infancias.

En conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas en la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, se refirió a la Mesa Nacional de Calle que inauguró este martes su ciclo 2022. Si bien la instancia no es inédita, la mirada del Ejecutivo ahora es abordar la problemática de las personas en situación de calle desde toda su complejidad, a través de una coordinación interministerial que logre desplegar medidas paleativas, pero en lo fundamental, políticas sociales específicas que permitan profundizar el acompañamiento que se hace a esta población, sostuvo la autoridad.

“Queremos darle un tinte más intersectorial”, subrayó Perales dando cuenta de la gestión mancomunada que se realizará con los ministerios de Salud y Vivienda, entre otras carteras sectoriales, y que considera la participación de las tres asociaciones de municipalidades, la asociación de Gobernadores Regionales y diversas plataformas como el Hogar de Cristo, Servicio Jesuita a Migrantes, Unicef y Acnur, entre otros.

“Vamos a trabajar en conjunto para poder abordar las necesidades de la población de calle desde una perspectiva de derechos, de dignidad, de respeto y poder coordinar no solo la llegada del invierno sino cómo avanzamos con lo que se ha identificado por parte de un montón de organizaciones como una de las soluciones más tangibles para las personas en situación de calle que es el fortalecimiento de un programa que se llama Vivienda Primero que ya existe, que es un piloto del Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero que en la práctica no ha podido crecer”, detalló.

Dicho programa ha sido el de mayor éxito, destacó Perales, considerando que el 90 por ciento de las personas que han sido beneficiadas con él, no han vuelto a vivir en la calle. Este consiste en la “entrega viviendas temporales para personas que han estado en situación de calle y eso se hace a través de distintos mecanismos que contempla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde principalmente tenemos los subsidios de arriendo”, explicó.

Además el Ministerio de Desarrollo Social realiza “un acompañamiento sociolaboral y un acompañamiento de salud mental que permite identificar los temas que aquejan a la persona en situación de calle y por qué salió a la calle”, añadió la autoridad.

Otra meta de la Mesa Nacional de Calle es realizar un nuevo catastro de personas en situación de calle de manera conjunta con los municipios y los gobiernos regionales, señaló, “que permita no sólo identificar a las personas en situación de calle sino que también nos permita tomar mejores decisiones en materia de políticas sociales”, indicó.

En materia de presupuesto, Perales explicó que el Gobierno aumentó los fondos para albergues a 19 mil millones de pesos, lo que sumado a la rutas sociales -que son estrategias de contención para cuando hay temperaturas muy bajas- y el programa Viviendo Primero, da un total de 31 mil millones de inversión del Ministerio de Desarrollo Social para este 2022. Esto para hacer frente a una problemática que ha desarrollado características distintas a las tradicionalmente conocidas.

“No sólo aumenta en cantidad sino que cambia la composición. Antes uno tendía a pensar que las personas en situación de calle eran principalmente hombres adultos solos, muchos de ellos con problemas de salud mental, algunos de ellos con consumo de drogas y alcohol, etcétera, y ahora lo que uno ve en la calle son familias, niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.

“Por tanto, además de aumentar el presupuesto para esos tres programas, lo que nos interesa es habilitar esos programas para que puedan, sobre todo los albergues de Viviendo Primero, acoger a las familias y no hacer que ellos se acomoden a lo que nosotros podemos hacer, sino que desde el Estado nos acomodemos para poder acoger esas familias y darles mínimos de garantías”, añadió.

En lo relativo a la población migrante, Perales indicó que desde la subsecretaria están desarrollando un trabajo sostenido con organizaciones internacionales como la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur y Unicef a propósito de la cantidad de niños y niñas que viven en la calle. Además, “se está acompañando al Ministerio del Interior a través del Servicio Nacional de Migraciones, quienes tienen la primera tarea en eso”, indicó.

Fuente: Radio Uchile.

La tendencia es esperable, dicen expertos. Lo mismo pasa con el impacto negativo de la suspensión de clases.

Qué políticas debiera tener Chile respecto de la inmigración fue otra consulta de la CEP. Los encuestados elegían una casilla entre 1, que era prohibirla totalmente, y 10, permitirla libremente. El 61% optó por notas de 1 a 4 y solo 8% a la inclinación de 7 a 10.

‘No nos sorprende’, dice Pablo Roessler, jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes. ‘Hay un deterioro en la convivencia que puede deberse a aumentos sin precedentes de los ingresos por pasos no habilitados, lo que genera tensiones con la sociedad de acogida. Además, no son inocuos los discursos y medidas, como las expulsiones televisadas, que no ayudan a impulsar una cohesión social‘, agrega.

A Manuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, no le agradó la pregunta: ‘En medio de una crisis económica y social profunda y prolongada, la receptividad hacia la inmigración razonablemente se resiente. Preguntar esto es sencillamente malintencionado’.

También se indagó por el efecto de la suspensión de clases presenciales durante la pandemia. Un 82% señaló que el impacto en la salud mental fue ‘muy negativo o negativo’ y 83% dijo lo mismo sobre el impacto en el aprendizaje.

Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Santa María, está de acuerdo. ‘Los niños perdieron training de clases, la enseñanza constante, la capacidad de trabajo en grupo, además del desarrollo social, que es una forma de aprendizaje transversal. Sobre salud mental, hay aumento de maltrato infantil y hacia la mujer, sumado a la depresión y ansiedad por el encierro. Y el uso de pantallas afecta la capacidad atencional y de comunicación uno a uno’, asegura.

OTRAS CIFRAS

61% votó entre 1 y 4, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 es permitirla libremente. Un 8% eligió valores de 7 a 10.

82% piensa que la suspensión de clases presenciales impactó de manera negativa en la salud mental de los estudiantes.

Fuente: Publimetro

Balance de la Movilidad Humana en Chile en el período 2018-2022, del SJM. Análisis también detalla progresivo aumento de la percepción de conflicto entre chilenos y extranjeros, en medio de aumento del fenómeno migratorio.

El aumento sostenido del flujo migratorio a partir de 2010, con una diversificación en las naciones de origen, enfrenta avances y retos en cuanto a la migración irregular y el asentamiento de esta población en el país, según reconocen expertos. Un panorama que aborda el informe ‘Migración en Chile. Aprendizajes y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018-2022’, del Servicio jesuita a Migrantes (SJM).

El análisis detalla diagnósticos sobre la situación migratoria, mercado laboral, acceso a subsidio de vivienda, educación, salud, como también temáticas de seguridad pública y convivencia con la sociedad receptora. ‘Los datos exponen una baja en los flujos migratorios totales hacia Chile que venían en claro aumento: si en 2017 se quedaron aproximadamente 103.827 haitianos/as en Chile (diferencia entre entradas y salidas) y en 2018 permanecieron 188.939 venezolanos/as, ello bajó a -3.032 y -29.880, respectivamente en 2021. Estas cifras reflejan la baja del fenómeno de sobreestadía de turismo (…), personas que ingresaban con visa de turismo, con la real intención de residir, y al no lograr un visado, cayeron en situación de irregularidad migratoria’, dice el documento, que consiste en el tercer informe de la línea de Anuarios Migración en Chile del SJM.

‘Sin embargo, se incrementaron sin precedentes los ingresos irregulares notificados por la Policía de Investigaciones; los que en 2017 eran 2.905, en 2021 se elevaron a 56.586, mientras que, solamente en el primer trimestre de 2022, estos llegaron a 13.928, compuestos primordialmente por personas venezolanas. De hecho, entre 2018 y 2021 se produjo el 88% de los registros de ingresos irregulares de los últimos 10 años (…). Estos datos no consideran ingresos de menores de 18 años, los que en 2021 ascendieron, al menos, a 5.983, con datos de Carabineros’, agrega en texto.

El Balance de Movilidad Humana también detalla la marcha de los procesos de expulsiones administrativas (causales de tipo ingreso irregular y trabajar sin permiso, entre otras) y judiciales (sustitución de penas privativas de libertad).

De acuerdo al informe, entre 2013 y 2017, el 75% de las expulsiones ejecutadas correspondieron a las de tipo administrativas (4.615), para bajar a 20% entre 2018 y 2021 (1.326). En este último período, en cambio, se consolidaron las expulsiones judiciales, que constituyeron el 80% (5.341).

Además, según el estudio, los avances y desafíos aún pendientes en orden a disminuir los índices de irregularidad migratoria han propiciado efectos que se extienden desde lo laboral hasta la convivencia entre chilenos/as y migrantes. En este último aspecto, se expone un aumento de la percepción de existencia de ‘un gran conflicto entre chilenos y migrantes’, que se incrementa de un 48% a un 64% entre 2019 y 2021 en la población local (Datos de Encuesta Bicentenario).

Mientras que los resultados de la Encuesta Voces Migrantes del SJM, en caso de extranjeros con más de cinco años de residencia, determinaron que si en 2019 un 31% percibía la existencia de ‘un gran conflicto entre chilenos y migrantes’, este registro aumentó a un 56% en 2021. El estudio revela, además, que las percepciones hacia la migración empeoran en grupos socioeconómicos de menores ingresos y en mujeres.

Desafíos pendientes

‘Como revela el estudio, existieron grandes avances, pero también desafíos aún pendientes de resolver en materia de disminuir los índices de irregularidad migratoria desde 2018 a la actualidad. En esa línea las mermas, como el aumento sin precedentes de ingresos irregulares, y las consecuencias de esto en el norte de Chile, acrecentados por ciertos discursos de autoridades, afectaron la cohesión social entre personas chilenas y migrantes. Esto en un marco de crisis social y económica desde el inicio de la pandemia’ dijo Pablo Roessler, jefe de Estudios del SJM.

– MOVILIDAD

Los nuevos flujos se han intensificado por crisis políticas, sociales y económicas.

Fuente: El Mercurio

A partir de un trabajo de investigación que incluyó la revisión acabada de cifras y su cruce con la experiencia directa de trabajo en terreno en la frontera y zona del Norte Grande, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanzó este jueves 9 de junio el Informe Migración en Chile.  Lecciones y desafíos para los próximos años: Balance de la Movilidad Humana en Chile 2018 – 2022.

Este tercer informe de la línea de Anuarios Migración en Chile abordó tanto los avances ocurridos desde 2018, como también los desafíos en diversas áreas, ligándolos a la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que establece propuestas de políticas públicas para la construcción de una migración segura, ordenada y regular, con respeto a los derechos humanos. Entre los temas abordados sobresale el estado de la regularidad migratoria. Se reconoce como avance, que entre 2018 y 2021 se otorgaran más de Un millón de Visas Temporales y casi 300 mil Permanencias Definitivas (PD), lo que corresponde a la mitad de los visados otorgados desde 2012. No obstante, también se pone atención a los tiempos de demora de los trámites virtuales debido a que un 49% de las PD solicitadas entre 2018 y 2021 aún están pendientes.

Respecto del acceso a visas y al otorgamiento de refugio, Pablo Roessler, jefe de Estudios de SJM, explica que “a febrero de este año, solamente se han otorgado el 14% de las Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) y menos de un tercio de las Visas de Reunificación Familiar (VRF). Además, persistieron las dificultades en la solicitud y otorgamiento de refugio: si entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes realizadas, se reconoció a solamente 2,9 personas como refugiadas, en el período 2018-2021 esto fue aún más bajo, llegando a 1,9. Dichas barreras para acceder a permisos de residencia de manera regular, conjugadas con la crisis humanitaria de la región y el contexto de pandemia a nivel mundial, se tradujeron en un incremento sin precedentes de ingresos irregulares notificados por la Policía de Investigaciones, los que en 2017 eran 2.905 y en 2021 se elevaron al menos a 56.586. El estudio revela además que la presencia militar en frontera, y las expulsiones colectivas realizadas en 2021, no cumplieron el objetivo de disminuir los ingresos irregulares”.

En cuanto a la asociación entre migración, trabajo y economía, el estudio del SJM, no observó un aumento claro del desempleo de la población chilena en períodos de mayor aumento migratorio, ni a nivel de Región Metropolitana, ni en el Norte Grande (en adelante NG, compuesto por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), siendo los mayores incrementos de desocupación laboral asociados con la pandemia. Asimismo, son similares las tasas de ocupación informal en chilenos y migrantes a nivel nacional siendo de un 27% y 26% respectivamente en el trimestre enero-marzo 2022, lo que sin embargo varía por territorio, llegando en el NG a un 42% de tasa de ocupación informal en ocupados/as migrantes, lo que es de solamente un 23% en los locales de dicha macrozona.

En materia de convivencia entre chilenos y extranjeros, por su parte, las mermas en materia de regularidad migratoria ocurridas desde 2018, van de la mano con un aumento de la percepción de existencia de “un gran conflicto entre chilenos y migrantes”, que pasa de un 48% a un 64% comparando 2019 y 2021 en la población local (con Datos de Encuesta Bicentenario). De hecho, este aumento también se da en las percepciones de los mismos extranjeros. De ese modo nuestra Encuesta Voces Migrantes ya indicaba que, si en 2019 un 31% percibía existencia de “un gran conflicto”, ello aumentó un 56% en 2021, en extranjeros/as con cinco años o más de residencia en Chile y de 26% a 46% en los que llevan menos de ese tiempo. Por otro lado, se revela que las percepciones hacia la migración empeoran en grupos socioeconómicos de menores ingresos y en mujeres.  

“Como señalamos, existieron grandes avances, pero también desafíos aún pendientes de resolver en materia de disminuir los índices de irregularidad migratoria desde 2018 a la actualidad. En esa línea las mermas que existieron, como el aumento sin precedentes de ingresos irregulares, y las consecuencias de ello en el norte de Chile, afectaron la cohesión social entre personas chilenas y migrantes, lo que además se dio en un marco de crisis social y económica desde el inicio de la pandemia” comentó Pablo Roessler.

Los procesos de inclusión también se traducen en el hecho de la participación electoral. En la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, sufragó un 46,7% del total del padrón electoral, mientras que la participación de votantes migrantes se estima (con cálculo de votantes probables desde la Encuesta Voces Migrantes) solamente en un tercio en aquellos habilitados para sufragar.

Las propuestas de SJM

Frente a los desafíos encontrados, “como SJM hemos querido proponer un conjunto de medidas para dar respuesta a las personas que migran hacia Chile, protegiendo de forma efectiva sus derechos y generando condiciones en las sociedades receptoras para una buena convivencia y calidad de vida, tanto para migrantes como nacionales. Igualmente, creemos que, junto con responder a las necesidades urgentes, se deben plantear soluciones de largo plazo, respetando en todo momento los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin excepción”, enfatiza, Waleska Ureta, directora nacional de SJM.

Ureta detalla, diez medidas centrales que apuntan a “crear sistemas de ingreso que garanticen la protección de los Derechos Humanos; regularizar la situación de las personas que ingresan por pasos no habilitados (por medio del procedimiento de refugio o protección complementaria cuando aplique el caso y por medio de procesos de Regularización Extraordinaria); la evaluación individual de las expulsiones; crear una red de servicios de emergencia y referencia de las personas que ingresan al país;  implementar estrategias de intervención comunitaria en las sociedades receptoras; desarrollar mesas y planes de trabajo intersectoriales con la participación de la sociedad civil; incrementar y mejorar la sistematización de los datos públicos sobre migraciones internacionales; promover el intercambio de Información con otros países latinoamericanos; fomentar la cooperación internacional para ordenar y regular los flujos migratorios, y por último trabaja en la prevención de los riesgos asociados a los proceso migratorios, como la trata de personas”.

Revisa aquí completo el encuentro de lanzamiento del Anuario 2022 que contó con la intervenciones e interesantes comentarios de los académicos, Neida Colmenares (Universidad Central); Miguel Yaksic (Universidad Católica de Chile); Rodrigo Vergara (Centro de Estudio Públicos) y Pablo Roessler, Director de Estudios de SJM.

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Desde la Asociación Venezolana y el SJM advierten sobre los riesgos para las víctimas de estos abusos.

‘Este negocio criminal sigue acechando en la frontera’, afirma Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, sobre la expansión de las denominadas ‘mafias’ dedicadas al tráfico de migrantes.

Un delito que sigue vigente en medio del persistente ingreso de extranjeros al país por pasos no habilitados, pese a los mayores controles en zonas limítrofes con Perú y Bolivia. Según cifras de Carabineros, en 2021 se detectaron 147 casos de tráfico de migrantes en el país. La cifra representa un aumento de siete veces en comparación a los 21 casos de 2020, en una tendencia siempre al alza que se evidencia con más fuerza al considerar los 10 casos totales de 2019.

Para Rojas, en el incremento del tráfico de migrantes ha incidido con fuerza el cierre de fronteras adoptado por la pandemia, como también las restricciones impuestas por las denominadas visas consulares implementadas tanto para venezolanos como haitianos.

‘Las personas que salen de Venezuela, más en el período reciente, lo hacen prácticamente sin recursos, y lo poco que tienen justamente lo invierten en pagarles a estas bandas con la esperanza de llegar a destino de una manera segura. Aunque mientras más se ataca a estas ‘mafias’, más costosos se vuelven estos servicios. Estas personas lo hacen sin saber que están siendo víctimas del tráfico de personas’, afirma.

‘Antes veíamos que una persona podía pagar 250 dólares, con lo que llegaba hasta la frontera de Chile con Bolivia. Ahora sabemos que hay personas que pagan hasta mil dólares, pero los dejan tirados en la frontera. Es algo sumamente costoso, pero la situación en Venezuela empuja a los familias a tomar estas medidas de alto riesgo’, añade Rojas, quien precisa que algunos migrantes se arriesgan a secuestros y las mujeres incluso a ejercer la prostitución tras caer en manos de estas bandas.

De acuerdo a datos de Carabineros, entre enero y abril pasado ya se registraban 72 delitos de tráfico de migrantes en el país. Del total, 57 casos se han reportado en la Región de Tarapacá, 10 en Arica y Parinacota y 3 en la Región de Antofagasta.

Pablo Roessler, jefe de estudios del Servicio jesuita a Migrantes (SJM) y coordinador del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, sostiene que los análisis de esta entidad han permitido adentrarse en las causas de esta contingencia fronteriza. ‘En el estudio ‘Migración en Chile: balance de las movilidades humanas entre 2018 y 2022′ se expone una consolidación del seguimiento que hemos realizado con datos administrativos y la experiencia de nuestro equipo en terreno. Así hemos ido observando cómo el aumento de ingreso por pasos no habilitados trae consigo riesgos enormes y entre estos se encuentran las pérdidas de vidas humanas hasta los peligros de quedar a merced del tráfico ilícito de migrantes. Con datos del Ministerio Público podemos conocer que en 2021 se notificaron casi mil víctimas de tráfico ilícito de migrantes, lo que va en clara alza comparándolo con años anteriores’, sostiene el experto del SJM.

RIESGO

Familias han sido abandonadas en pleno desierto o en zonas precordilleranas por estas bandas.

Fuente: El Mercurio

Álvaro Bellolio contradijo a su sucesor, Luis Eduardo Thayer, que afirmó que las deportaciones se mantienen al mismo ritmo que en la administración anterior.

“Lo que pasa es que, a diferencia de antes, (las salidas se realizan) sin la parafernalia”, afirmó el Presidente desde EE.UU.

En medio de los cuestionamientos de la oposición, el Presidente Gabriel Boric destacó el trabajo del Gobierno en materia de expulsión de migrantes, asegurando que estos procedimientos “se siguen desarrollando”, aunque -dijo- sin espectáculos, marcando la diferencia con la Administración anterior, que solía sacar a extranjeros del país vestidos con overoles blancos.

“Las expulsiones se siguen desarrollando como corresponde. Lo que pasa es que, a diferencia de antes, sin la parafernalia y sin la vulneración de la dignidad de las personas que se ven expuestas a esta situación”, indicó el Mandatario el martes tras ser consultado por la continuidad de las deportaciones en una rueda de prensa en Los Ángeles, en medio de su visita oficial a Estados Unidos.

Esta postura ya fue entregada semanas atrás por el Jefe de Estado, quien aseguró en entrevista con El Diario de Cooperativa que durante su mandato no se volverán a ver escenas de “mamelucos blancos” siendo expulsados “como terroristas”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición proliferaron en la última jornada los cuestionamientos al Servicio Nacional de Migraciones por la aplicación de las expulsiones durante la actual Administración, luego de que quien fuera director del organismo en el periodo de Gobierno de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, contradijo a su sucesor, Luis Eduardo Thayer, que afirmó que las salidas se mantienen en el mismo nivel.

En una entrevista publicada el domingo por El Mercurio de Antofagasta, el actual titular de la repartición informó sobre el ritmo que se lleva en esta materia, destacando que “en los últimos dos meses hemos expulsado -con el apoyo fundamental de la PDI- a 316 personas, 228 de ellas en marzo y 88 en abril. Si sumamos las 30 personas que se expulsaron en febrero y las 80 de enero, tenemos que, en lo que va del año, se han concretado 427 expulsiones”.

Thayer explicó que “hemos optado por ir realizando las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales, dándole curso a dos contratos con agencias de viajes de alrededor de 300 millones de pesos cada uno”, dado que esta medida permite -a su juicio- “agilizar el proceso y bajar los costos”.

“Hicimos la solicitud de transparencia a la Policía de Investigaciones y podemos ver que efectivamente en el mes pasado hay 88 expulsiones. De ellas, hay dos administrativas y 86 judiciales. Las administrativas son de dos ciudadanos dominicanos que habían ingresado clandestinamente y salieron por su cuenta, por lo tanto fue una gestión de los mismos ciudadanos”, respondió Bellolio en conversación con Ex-Ante.

“En ese sentido, la cantidad de expulsiones administrativas que está gestionando el Servicio al menos desde que está el director Thayer es cero. Se ha instalado la idea de que si una persona ingresa clandestinamente, no hay ninguna sanción y no hay ninguna expulsión”, agregó el ex director de Migraciones.

Coincidió con esta crítica la senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, Paulina Núñez: “En la práctica, este Gobierno, en cuanto a las expulsiones, no ha hecho nada”.

“El director de Migraciones habla de 316 expulsiones, pero la gran mayoría fue tramitada en el Gobierno anterior y sólo 88 corresponden a abril. Es decir, cuando él ya había asumido en el cargo. De esas 88, 86 son judiciales, es decir, ordenadas por un tribunal, no por el Ejecutivo, no por el Gobierno, y las dos restantes fueron gestionadas por los propios ciudadanos. Expulsiones tramitados por este Gobierno van cero”, fustigó la parlamentaria.

TENDENCIA NO ES NUEVA

Pese a lo dicho desde la oposición, que el grueso de las expulsiones sean judiciales no es un fenómeno nuevo: según cifras entregadas por la PDI, en enero hubo 80 salidas y todas fueron ordenadas por tribunales, al igual que 27 de las 31 deportaciones de febrero y 225 de las 228 de marzo, el último mes de la gestión Piñera.

“La misma autoridad (en el mandato anterior) señaló públicamente que, según su interpretación, el poder judicial le estaba impidiendo hacer las expulsiones administrativas. Si miras sólo las cifras, vas a ver que estos aviones que se habían contratado, finalmente, en su gran mayoría, lo que hacían era llevar personas con expulsiones judiciales”, apuntó Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Fuente: Radio Cooperativa

El Programa Migración y Escuela Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), llevó a cabo en nuestra sede de Antofagasta un importante hito. Se trata de la ejecución en el Liceo Politécnico Los Arenales del taller “Herramientas de mediación intercultural para la resolución de conflictos” con la presencia de 28 estudiantes de 3°medio C, la facilitación de las responsables del Programa de Arica y Santiago y la visita de María Eugenia Díaz contraparte del Fondo Colunga Transforma.

“Este taller surge como propuesta de abordaje frente al desafío de la ausencia de espacios de interacción entre estudiantes en los que se resalte la importancia de la convivencia intercultural, esta situación fue identificada en el proceso de diagnóstico realizado en el 2021 en este establecimiento”, explica Linda Castro, responsable del Programa en Antofagasta.

Milena Collazos, responsable nacional del Programa agrega que, en este escenario “apostamos por reconocer la mediación intercultural como una acción de derechos y una oportunidad que tiene el estudiantado en la Escuela para atender algunos conflictos de manera diferente a lo regular o institucional”.

Hay que destacar que el Programa Migración y Escuela es financiado de 2021 por Fundación Colunga Transforma en tres regiones con sedes de SJM (Arica, Antofagasta y Santiago en un total de seis establecimientos), con un acompañamiento que se extenderá hasta 2023, alcanzando al final del año la implementación de la iniciativa en 12 escuelas.

Representando un 12,5% de los migrantes en Chile, la comunidad haitiana ha asumido ese desafío desde que llegó al país, hace poco más de 10 años. No obstante, las improvisadas y urgentes labores de los intérpretes, intermediadores culturales o facilitadores de idioma han sido una estrategia esencial y multisectorial para permitir la comunicación con personas no hispanohablantes.

En 2010 y a sus 17 años de edad Stanley Joseph arribó a Chile con la intención de alcanzar estudios superiores. Venía desde la comuna Los Cayos, ubicada al sur de Haití, “donde el futuro no era muy prometedor”, relata. En los últimos doce años Joseph ha llegado a dominar el español de manera fluida, casi nativa. Incluso, cuenta con una empresa que ofrece servicios de traducción al español de inglés, francés y creole. 

La migración desde Haití comenzó a aumentar ese año, tras el terremoto que devastó al país y cuyo epicentro se encontró a 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe, la capital. Los destrozos provocados por el sismo de magnitud 5,9 en la escala de Ritcher aún persisten en la isla, la que se posiciona como la nación más pobre de América.

De acuerdo a los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas, de los 1.462.103 residentes extranjeros en el país, el 12,5% de ellos tienen nacionalidad haitiana. Los demás grupos migrantes, provenientes de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%, Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%) son todos de habla castellana.

“Hay muchas cosas hoy en las instituciones estatales que antes no estaban. Por ejemplo, hoy en día la página de Extranjería tiene la opción de traducirse a creole. En el BancoEstado, también puedes cambiar la bandera del idioma por la haitiana. Esas cosas no existían cuando yo llegué. El creole es un idioma como tal y no un dialecto. La  gente suele confundirlo y tratan de disminuir nuestra lengua haitiana», agrega Joseph.

Las adecuaciones en servicios de Salud

Luego de visitar la Embajada de Haití para tener sus papeles en orden, Stanley Joseph se inscribió en un liceo para extranjeros en Quilicura y luego de un año se graduó de IV Medio. Su siguiente objetivo era estudiar para ser Técnico Informático, por lo que postuló y quedó en el Instituto Profesional de Chile (IP Chile). “Durante todo ese tiempo aprendí español por mi cuenta; compraba y leía diccionarios en español, escuchaba música, veía televisión, esforzándome y hablando, así fue cómo aprendí”, detalla. 

Actualmente un traductor de creole gana 300 mil pesos aproximadamente, de acuerdo a lo que explica Joseph. “Nadie vive con eso. Entonces, tampoco hay un incentivo para que las personas se dediquen a ese oficio. En mi caso, trabajo en varios lugares y en varias cosas». Una de ellas fue como facilitador de idiomas en un Cesfam en Recoleta. 

“Ahí me di cuenta de que la mayoría de los problemas ocurrían cuando no había un traductor, porque esas personas que no hablaban español quedaban en un limbo. Nadie las atendía, no sabían cómo. Además, no podían entender las recetas y prescripciones de los remedios que les entregaba el médico”, narra. 

Frente a este escenario, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales declaran que a partir de 2017 se consolidó el Programa de Acceso a la Atención de Salud de Personas Migrantes. La iniciativa ha considerado la inclusión de Facilitadores Interculturales (FI) en centros de atención primaria y hospitales ubicados en comunas con mayor densidad de población migrante vulnerable.

De acuerdo al último catastro realizado en 2019 (dado que el levantamiento de información fue suspendido debido a la pandemia en 2020 y 2021), existen un total de 104 FI en todo el país y el 90% de ellos no es de origen haitiano. Desde el organismo anticipan una actualización del catastro para el segundo semestre de este año.

“Como Gobierno y como Ministerio de Salud estamos comprometidos con la garantía irrestricta de los derechos humanos, y eso incluye por supuesto, el derecho al acceso a la salud para todas y todos. Es por eso que estamos trabajando en reducir la brecha que existe de facilitadores con el fin de cubrir toda la red, tanto en la Atención Primaria como en los hospitales, y no sólo para personas migrantes, sino también para personas de pueblos originarios, con respeto e integración de su cultura y cosmovisión en las atenciones de salud”, establece el Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. 

El rol de la Educación 

En términos de educación, Joseph considera que “siempre será beneficioso para un niño recibir educación en dos idiomas”. Sin embargo, aún no existe una política uniforme sobre cómo incentivar la inclusión lingüística y la de alumnos que no hablan castellano. 

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) recalcan que se han desarrollado 64 proyectos educativos que promueven la inclusión de estudiantes extranjeros. También, destacan la formación de Monitores para la Enseñanza de la Segunda Lengua, a través de cursos especializados los cuales comenzaron a impartirse en 2019. Este año serán 25 los monitores que apoyarán a 59 establecimientos educacionales que declaran tener estudiantes extranjeros que no saben hablar o escribir español.

Paralelamente a los proyectos anteriores, “se ha formado a distintas comunidades educativas de las tres regiones del país con la más alta concentración de estudiantes no hispanohablantes, y se entregó al sistema escolar una Guía Metodológica para la Comunicación Intercultural. Como este es un tema relevante para nosotros, una de las líneas de trabajo del Plan de Reactivación de Aprendizajes es dar continuidad a la formación de comunidades educativas en la enseñanza del español como segunda lengua”, establece la Jefa División de Educación General (DEG), Daniela Eroles.

Sin embargo, para el académico de la Universidad de Las Américas y Director del Grupo Interdisciplinario de Investigación y Transformación Educativa (GRÏNTE), Felipe Jiménez, la situación nacional en este sentido es “regular”, ya que “los estudiantes no castellano hablantes solo logran expresarse en un nivel comunicativo, para pedir ir al baño por ejemplo, y eso no es suficiente”. 

El investigador afirma que, dado que no existe una directriz clara respecto a qué hacer frente a la diversidad lingüística, las escuelas han tenido que responder de manera autodidacta frente a estas situaciones. Así, reconoce tres tipos de iniciativas: «Hay escuelas que han incorporado a mediadores interculturales o facilitadores lingüísticos que han apoyado dentro del aula la traducción de las clases que desarrollan los profesores para ayudar a aquellos alumnos que no hablaban español”. 

Otra de ellas han sido las denominadas Aulas de Acogida, “donde una profesora de nacionalidad haitiana sacaba a algunos alumnos que  no manejaban el idioma y los llevaba a otra sala y les hacía clases de español”. Y, por último, Jiménez menciona las Comunidades de Aprendizaje, “que en principio se basan en grupos interactivos. Es decir, un aula se divide en grupos heterogéneos y éstos van pasando por diferentes estaciones con diferentes actividades, como lectura, escritura, etc. La apuesta es que esta metodología facilite a adultos y menores a aprender más rápido». 

Las reacciones desde el sector del Trabajo

A pesar de que nunca había estudiado Traducción y de que tampoco había terminado sus estudios como Técnico Informático aún, en 2015 Joseph consiguió un empleo en esa área en el Ministerio Público. Así, mientras vivía en Santiago viajaba reiteradamente a Rancagua para ejercer su labor como intérprete para juicios y audiencias.

Fue en ese momento que el joven conoció los problemas que existían en el ámbito laboral cuando los empleados extranjeros no se pueden comunicar con sus pares o no comprenden las instrucciones de sus jefes. Dice que, por lo menos, hoy existen avances: los reglamentos y normativas empresariales están traducidos al creole. 

Si bien Joseph hoy se alegra de que la lista de comunas que pertenecen al Sello Migrante ha crecido, aún considera que hay mucho por resolver. Esta es una certificación que se le otorga a aquellos municipios que se comprometen a cumplir las acciones necesarias para promover y atender la migración en su territorio. Entre ellas, se encuentra la entrega de información relevante clara y en el idioma pertinente. 

Por otro lado, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social declaran que estas iniciativas de inclusión lingüística dependen del momento y de la organización, ya que no son necesarias dado que los migrantes que no hablan español ya tendrían redes suficientes que los ayudarían a traducir la información. En los casos de migrantes haitianos que estén recién llegando a Chile la Dirección del Trabajo cuenta con folletería en creole, hasta la fecha. 

Asimismo, también se está implementando un piloto en las oficinas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) donde se instaura un tótem con derivación a un funcionario que habla creole. Si bien el servicio de interpretación no está suspendido, ya no sería una estrategia fundamental pues los solicitantes ya tendrían un entendimiento mucho más acabado del español.

ONGs y organizaciones religiosas

“Las organizaciones religiosas de las que participa la comunidad haitiana, como también las ONG, han aportado mucho a la integración lingüística, porque son éstos espacios de participación que facilitan la cohesión al interior del colectivo y la socialización con personas de otras nacionalidades, especialmente en una primera etapa. Además, estas organizaciones cuentan con credibilidad y favorecen el contacto social, por lo que pueden actuar como facilitadores en los procesos de inclusión social y lingüística, tarea que no está asumiendo el Estado el día de hoy de manera coordinada”, expresa Daniela Poblete Godoy, docente de la Universidad Austral de Chile y becaria de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID Chile). 

Son diversos proyectos de fundaciones laicas y religiosas han liderado la inclusión lingüística para la comunidad haitiana durante los últimos años. Una de ellas es la Fundación FRE, agrupación de acogida y promoción de personas migrantes establecida en el barrio Yungay. La organización entrega información práctica en su sitio de Facebook, como gráficas explicativas sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA) traducidas al creole.  

También cuenta con intérpretes culturales que facilitan la comunicación e integración de personas que no hablan español. “La Fundación está llevada por voluntarios laicos y laicas”, explica el Padre Álvaro Chordi, vicepresidente de la agrupación, “quienes ayudan a organizar la esperanza entre las personas del barrio que llegan hasta aquí buscando ayuda”. 

Asimismo, la plataforma del Servicio Jesuita Migrante, Migración en Chile, ofrece la Red de Cursos en Español desde agosto de 2019. Esta iniciativa busca entregar clases georreferenciadas a personas no hispanohablantes en Chile, entregando contenidos que fomenten la cooperación entre los alumnos.

No obstante, la experta pone énfasis en que las iniciativas privadas no son suficientes para satisfacer la necesidad de instancias de inclusión lingüística en el país. “Esto no significa que la autogestión o la auto-organización estén de más, lo que pasa es que no hay una articulación programática con bases comunes que se orienten a la inclusión social al largo plazo, ni tampoco una distribución a nivel nacional de los servicios que garanticen el aprendizaje idiomático, la traducción y la interpretación, así como el reconocimiento y la valoración plural de las lenguas».

Fuente: The Clinic