Noticias_Old

El Servicio jesuita a Migrantes (SJM) emitió ayer una declaración en la que denuncia que personas de nacionalidad venezolana, que se autodenunciaron tras ingresar al país por pasos no habilitados en la frontera norte, en los últimos días, fueron retenidas y que luego serían expulsadas por las autoridades locales. Al respecto, el SJM presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Arica, la que paralizó el proceso de expulsión, que se realizaría hoy.

Mediante una declaración pública, Waleska Ureta (directora del SJM), Macarena Rodríguez y Francisca Vargas -directoras de las clínicas jurídicas de la U. Alberto Hurtado y U. Diego Portales, respectivamente-, señalaron que ‘se han efectuado revisiones corporales indebidas’ en medio de estas retenciones.

Hace una semana se anunció que la nueva Ley de Migraciones y Extranjería abriría un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que quienes hicieron ingreso irregular puedan salir del territorio y pedir una visa en el exterior, sin ser sancionadas. En esa línea, el SJM señaló que ‘no se entiende que, al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas de este modo, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso’.

El Departamento de Extranjería y Migraciones señaló que ‘los casos han sido minuciosamente analizados y contaron con amplios plazos para recurrir al procedimiento, ya que fueron informados al momento de la autodenuncia y al momento de notificar presencialmente la expulsión y, pese a ello, decidieron mantenerse en su condición irregular’.

Los retenidos fueron dejados libres, luego de que, durante la tarde de ayer, la Corte de Arica acogiera una orden de no innovar para resolver la situación de los inmigrantes.

Fuente: El Mercurio

Manifestamos nuestra preocupación por la situación que se está viviendo desde el día de ayer en la macrozona norte, donde se ha detenido y retenido a un grupo de personas migrantes para su expulsión mañana domingo 25 de abril. En este escenario, hemos presentado recursos de amparo, por personas que se encuentran en Arica y en Iquique, todas de nacionalidad venezolana.

La detención de estas personas se encuentra plagada de irregularidades: se han efectuado revisiones corporales indebidas, se ha impedido el ingreso de abogados del Servicio Jesuita a Migrantes al cuartel de la Policía de Investigaciones, se está reteniendo a personas que requieren protección internacional y a otras que están acompañadas de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, ambas situaciones impiden que se las expulse; la detención se extiende por más de 24 horas, por sobre el límite legal, fundado en una aparente e ilegal decisión de la autoridad.

La nueva Ley de Migraciones y Extranjería abrió, con su publicación esta semana, un proceso extraordinario de regularización migratoria que permite que quienes hicieron ingreso irregular al país puedan salir de él y pedir una visa en el exterior, sin ser sancionadas. No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas de este modo, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso.

Hace sólo unos días, el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas (CMW) manifestó su preocupación porque en Chile se están efectuando expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional y llamó a que se haga un análisis individual de la situaciones y que se les permita el acceso a la justicia, precisamente lo que no está ocurriendo en este caso.
Hacemos un llamado claro y directo a la autoridad a respetar y cumplir el marco legal de debido proceso que debe existir antes de expulsar a una persona del país, así como aplicar los principios de unidad familiar y de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema debe respetarse el principio de no devolución de personas cuya vida e integridad corre peligro si son expulsadas, como hoy ocurre con muchas personas venezolanas, que deben huir de su país para salvar sus vidas y las de sus familias, y cuya situación se complejiza aún más en un escenario global de pandemia.

Nos mantendremos comprometidos con la defensa irrestricta de las personas, continuaremos trabajando porque sus derechos sean respetados, y seguiremos reiterando nuestra disposición a colaborar para que como país, seamos una comunidad de acogida efectiva y para que la migración sea realmente segura, regular y ordenada.

Macarena Rodríguez Atero, Directora Clínica Jurídica Universidad Alberto Hurtado.

Waleska Ureta Cañas, Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes.

Francisca Vargas Rivas, Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados Universidad Diego Portales.

Arica y Antofagasta: Entregamos tablets a niños y jóvenes refugiados y migrantes junto a ACNUR y World Vision

En el marco de un importante trabajo conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la ONG World Vision, y gracias al auspicio de WOM, las sedes de Arica y Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) accedieron a entregar recientemente 40 tablets, con el objetivo de favorecer la inclusión social y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes, aportando además a la disminución de la brecha digital.

Desde Arica, se detalló que los beneficiarios correspondieron a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad, quienes se encuentran escolarizados .

La actividad de entrega se llevó a cabo en la sede ariqueña del SJM, bajo todos los cuidados que impone la pandemia por el COVID-19, y contando con la presencia de adultos responsables, junto a cada uno de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de las tablets. Las entregas estuvieron a cargo del equipo de profesionales del Área Intervención Social del SJM Arica.

“Esta actividad fue muy importante para todos, pues trajo mucha alegría a los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes beneficiados. Y es que estas herramientas les permiten mejorar el acceso a internet, logrando por fin buenas conexiones que optimizan sus posibilidades de estudio y contacto a nivel general, algo que -sin duda- contribuirá en la educación a distancia en estos tiempos de crisis sanitaria”, sentenció, Makarena Salvatierra, Responsable del Área de intervención Social de Arica.

Antofagasta destaca apoyo de escuelas de la Bonilla

En la capital de la región de Antofagasta, la entrega de estos kits de inclusión escolar, estuvo a cargo del equipo de profesionales del Área de Educación con apoyo el Área Social del SJM y tuvo como escenario el centro comunitario de la Fundación. Se favoreció a 20 niños, niñas y jóvenes migrantes y refugiados en edad escolar que no contaban con dispositivos electrónicos ni acceso a internet suficiente para asistir a sus clases. 

Claudia León, Responsable de Educación e Interculturalidad en SJM Antofagasta, indicó que ” nuestro equipo de Antofagasta está muy agradecido con esta donación realizada por ACNUR y World Visión ya que sin duda es un aporte para acortar las brechas de acceso a la educación que han tenido niñas y niños migrantes y refugiados durante la pandemia.  Igualmente estamos muy agradecidas con las escuelas del territorio Bonilla, ya que nos ayudaron a identificar las familias con mayores necesidades en este sentido, para mejorar -efectivamente- la participación y acceso de los niños, niñas y adolescentes que llegaron a Chile hace poco tiempo y quienes con esta donación se sentirán más incluidos en su comunidad educativa”.

“Desde ACNUR sabemos que la pandemia ha afectado tremendamente a todas las niñas y niños del país, restringiéndoles al máximo sus posibilidades de tener espacios de distensión, entretenimiento o sociabilización con otras niñas y niños, pero también sus chances de continuar con su aprendizaje escolar. En el caso de las niñas y niños refugiados y migrantes, el impacto de esta situación ha sido aún más profundo, debido a que muchos de ellos están en una situación de vulnerabilidad extrema, sin redes de apoyo y en un país nuevo del cual poco conocen. A pesar de ello, tienen enormes ganas de salir adelante”, explicó Rebeca Cenalmor-Rejas, jefa de la Oficina de ACNUR en Chile. “Mediante esta donación quisimos beneficiar a niñas y niños refugiados, migrantes y chilenos, todos los cuales merecen una oportunidad para continuar con sus vidas a pesar del COVID-19”, agregó.

“Como World Vision siempre hemos abogado por salvaguardar a la infancia vulnerada, que es precisamente la situación en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados. La entrega de tablets es sólo un pequeño grano de arena para contribuir a su bienestar y, en concreto, apoyar su consolidación en nuestro país a través de un aspecto tan fundamental como la inclusión educativa”, enfatizó Harry Grayde, Director Ejecutivo de ONG World Vision.

La entrega de los dispositivos para niños, niñas y adolescentes migrantes o refugiados de Arica y Antofagasta también contó con el importante respaldo de la compañía de telecomunicaciones WOM, que donó simcards de 10GB para que los niños puedan acceder a internet durante el periodo de un año, garantizando que puedan acceder sin problemas a las clases telemáticas.

FENÓMENO. Fiscalía investiga seis denuncias por tráfico de personas sólo en lo que va del año

En medio de la pandemia se ha registrado un aumento exponencial de migrantes tratando de ingresar de forma irregular a Chile, y la región de Antofagasta no está exenta de esta problemática producto de su cercanía de la frontera con Bolivia, además de la gran cantidad de pasos no habilitados existentes en la zona.

Durante los últimos meses miles personas se han visto empujadas a migrar desde sus países de origen en busca de mejores oportunidades para trabajar y vivir. Sin embargo, este flujo migratorio también ha dado paso para que aparezcan grupos que se dedican a lucrar con el traslado de personas de una frontera hacia otra, aprovechándose del estado de vulneración en el que se encuentras sus víctimas.
Mafias

La semana pasada la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Calama, en conjunto con la Fiscalía Local El Loa, lograron desbaratar a una agrupación familiar que se dedicaba al tráfico de personas por pasos no habilitados en la frontera.

En este caso la banda delictual, que fue detectada por la policía tratando de ingresar a cuatro personas bolivianas (una de ellas menor de edad) desde Uyuni hasta San Pedro de Atacama, captaba a sus víctimas a través de redes sociales ofreciéndoles ingresar ilegalmente al país, previo pago de 130 dólares por persona (cerca de 91 mil pesos chilenos).

Según detalló la Fiscalía de El Loa, existen a lo menos otros cinco casos asociados al tráfico de personas en la zona.

Uno de ellos se trató de un grupo de extranjeros que intentaron ingresar a la región ocultos en el baño de un bus, situación que fue alertada por efectivos de la PDI, quienes tras interrogar a las víctimas, estas señalaron que le habían pagado el chofer para cruzar la frontera.

En otro caso registrado, un camionero ofreció ingresar de forma ilegal al país a una mujer, trasladándola en primera instancia hasta los límites de la frontera, diciéndole que la esperaría unos metros más allá, hasta que él cruzara, para llevarla luego hasta Calama. Aquí no hubo pago, porque lo haría al llegar a destino.

Desde la Fiscalía de El Loa explicaron que los puntos de ingreso a la región que están utilizando los llamados “coyotes” son las localidades de San Pedro de Atacama y Ollagüe.

“Por pandemia, los van a buscar hasta Hito Cajón y los bajan hasta San Pedro o Calama. La ruta en general es Santa Cruz, Cochabamba o Oruro y desde ahí hacia Uyuni. La mayoría de quienes realizan esta ruta son venezolanos”, se explicó.
Riesgos

Desde diversas ONGs que prestan ayuda a migrantes han advertido que el tráfico de personas en la zona norte del país es un delito que ha ido en aumento en tiempos de pandemia, incluso con consecuencias fatales.

En marzo de este año una mujer de nacionalidad venezolana, de 33 años, se trasformó en la quinta persona que muere en la frontera en lo que va de 2021 y la tercera en las últimas dos semanas en perder la vida intentando ingresar a Chile por un paso no habilitado cercano a la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá.

En su caso, la víctima, con problemas de salud, fue abandonada por el “coyote” que encabezaba este ingreso irregular.

Al respecto, Lizza Aravena, jefa regional del Servicio Jesuita a Migrantes (S]M), indicó que existe un número desconocido de casos de tráfico de personas que no está siendo denunciado por las víctimas, debido al temor que les provoca su condición de irregular en el país, una situación que a su juicio transforma a los migrantes en “presa fácil porque vienen desesperados”.

“El migrante igual tiene alguna información sobre el tema de la militarización de la frontera, entonces sabe que solo no va a poder entrar, y ahí recurre a estos cazadores de personas. Lo que hacen es venderles el sueño de ingresar a Chile de una manera segura, lo que no es efectivo. Si bien hay algunos que han ingresado en camiones casi como ganado, hay otros que ingresan caminado y son abandonados a la mitad del desierto si el traficante que los trae ve que existe riesgo de ser detenido”, comentó Aravena.

La asistente social de profesión dijo que hoy quienes más se ven amenazados por las mafias dedicadas el tráfico de personas son los venezolanos, quienes atraviesan todo el continente para llegar a Chile, e incluso, familias completas con menores de edad.

“Como nuestra frontera es similar a una explanada gigante eso facilita el ingreso irregular, ya que no tenemos una vigilancia fronteriza centímetro por centímetro. El tema es que las personas no vienen preparadas para la altura, no traen ropa de invierno o están preparados para caminatas extensas, porque mucha gente piensa que van a cruzar la frontera y la ciudad más cercana esta a dos horas caminado, lo que no es así”, detalló la directora regional del SJM.

En esa misma línea, Pablo Rojas, integrante de la ONG Fractal, agrupación que presta ayuda a familias migrantes, advierte que actualmente los migrantes que intentan llegar a Chile están viviendo una situación dramática ya que, por un lado, están a merced de las mafias que se aprovechan de su situación, y por otro, se exponen a los riesgos de las condiciones brutales del desierto.

“El principal riesgo tiene que ver con integridad física y psicológica. Son personas que pagan por cruzar, sin ninguna garantía de que las personas a quienes les pagan cumplan con lo pactado. Incluso, hay veces que las personas no reciben una atención adecuada y se van quedando en el camino, por lo que los riesgos son muy altos”, enfatizó el psicólogo.

Rojas agrega que es el cierre de frontera el que de alguna forma gatilla el aumento de tráfico ilegal de migrantes . “Todas vez que Chile ha puesto visas consulares. Eso pasó con los venezolanos, aumentó la irregularidad migratoria, el paso por lugares no habilitados y el tráfico. Es una cuestión casi automática. De hecho ya llevamos cinco personas muertas por esta situación”, concluyó.

“Si bien hay algunos que han ingresado en camiones casi como ganado, hay otros que ingresan caminado y son abandonados a la mitad del desierto”.

Lizza Aravena, Servicio Jesuita a Migrantes

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

Por otro lado, el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU y sus familias (CMW) -compuesto por 14 expertos independientes en DD.HH. – celebró la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería.

Durante la última sesión del Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU y sus familias (CMW) se refirieron a la situación de los extranjeros en el país y manifestaron su preocupación por la expulsión de grupos de migrantes venezolanos durante el mes de febrero.

Sin embargo, la instancia acogió con satisfacción la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería, que, tras ocho años de discusión, trae cambios positivos en consonancia con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.

Causa preocupación al comité – compuesto por 14 expertos independientes en derechos humanos – que “cientos de personas, incluídos ciudadanos venezolanos, han sido expulsados”. En ese sentido, destacaron que la convención “prohíbe las expulsiones colectivas y que cada caso de expulsión debe ser examinado y decidido de forma individual”.

Por esta razón, el grupo de expertos formuló algunas recomendaciones al Gobierno de Chile como “proteger los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, en particular el derecho a la salud, y mitigar los impactos adversos de la pandemia”.

Además recomiendan implementar medidas para “eliminar la xenofobia y los estereotipos discriminatorios sobre los trabajadores migrantes y sus familias”.

Por otro lado, solicitaron garantizar una protección legal y efectiva para los trabajadores migrantes y sus familias que denuncien abusos.

También el comité de expertos sugiere “proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo con medidas de gestión de fronteras que estén en consonancia con el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas; y restringir el uso de las Fuerzas Armadas en las fronteras”.

Finalmente, también solicitan “implementar una política integral para asegurar una regularización accesible y asequible para los trabajadores migrantes y sus familias en situación irregular”.

El próximo 29 y 30 de abril, el comité volverá a estudiar la situación de los derechos de los trabajadores migrantes en Chile y se volverán a emitir conclusiones.

Fuente: La Tercera

Advierten sobre la excesiva burocracia que ha plagado anteriores instancias similares.

La regularización solamente incluye a quienes hayan ingresado al país antes de marzo de 2020.

Diversas organizaciones de migrantes han manifestado su preocupación ante el inicio del proceso de regularización migratoria, debido a las dificultades que han enfrentado para la realización de trámites en otras oportunidades.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el proceso extraordinario de regulación migratoria empezó este martes de manera digital, permitiendo que los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes del 18 marzo del año pasado y que no tengan antecedentes, podrán acceder al visado sin ser sancionados, además de recibir un permiso temporal de un año para trabajar.

Además de esto, quienes ingresaron por pasos no habilitados podrán salir del país sin ser sancionados ni afrontar una prohibición de reingreso.

Desde la Coordinadora Nacional de Migrantes, su secretario de defensa Rodolfo Noriega planteó que “a nosotros nos preocupa mucho el proceso de regularización migratoria, porque creemos que es un proceso que en realidad no va a resolver el tema de la irregularidad”.

“Va a permitir si que algunas personas entrampadas en las marañas de trámites y la burocracia establecida -entre otras cosas- por este Gobierno, que no ha podido regularizar antes su residencia debido a las malas prácticas que ha establecido principalmente esa gente pueda en estos momentos optar por un procedimiento que, se supone, es muy simple y que debiera dar como resultado el que ellos por lo menos puedan obtener una visa temporaria o que les permita residir regularmente y poder trabajar”, sostuvo.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio de Jesuita a Migrantes (SJM), indicó que “nos parece fundamental que se haga este proceso de regularización extraordinaria, sin embargo, nos preocupa muchísimo que queden fuera de este proceso las personas que ingresaron al país después del 18 de marzo del año 2020 y que además queden excluidas las personas que ingresaron por pasos no habilitados, dado que se debe considerar que estamos en contexto de pandemia -y aún lo estamos- y las personas siguen migrando dadas las diversas crisis que se están produciendo en el continente, por lo tanto, buscando subsistir”.

Fuente: Cooperativa

Como Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) nos parece no sólo fundamental, sino necesario, el proceso de regularización extraordinaria que comienza con la publicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el día de hoy martes 20 de abril. 

Sin embargo, también creemos relevante manifestar nuestra inquietud frente a las limitaciones del proceso, pues existen elementos que no permitirán que ésta sea una respuesta efectiva para las personas que se encuentran en situación de irregularidad.

Esta medida no considera a aquello/as que ingresaron al país después del 18 de marzo de 2020; como tampoco y por primera vez, a quienes han ingresado por pasos no habilitados. Será un importante grupo de personas las que permanecerán en la informalidad y sin poder regularizar su situación en el país. Una preocupación latente y permanente y que se hará cada vez más compleja para todos, incluido el Estado. 

La salida del país, sin sanciones, para solicitar una visa en el extranjero, es hoy una medida impracticable, no sólo por la situación sanitaria que vivimos, sino también por los recursos económicos que ello implica, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos y su efectiva obtención.

Las diversas crisis que se están produciendo en nuestro continente, siguen obligando a miles de personas a huir de sus países y las visas consulares no parecen ser la herramienta más adecuada en estos momentos, de muestra solo basta seguir los indicadores de la Visa de Responsabilidad Democrática para la población Venezolana.

Todos queremos una migración segura, una migración ordenada y una migración regular, pero para que ello ocurra es necesario que las vías otorgadas a esa migración sean acordes a la realidad y a las necesidades. De otra forma, seguiremos aumentando la migración irregular.

Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho Antofagasta de la Universidad Católica del Norte firmó convenio con SJM.

La Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho en Antofagasta de la Universidad Católica del Norte (UCN) y su dirección, firmaron un convenio con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). El acuerdo permitirá a estudiantes de la unidad académica convalidar el curso de Clínica Jurídica a través de pasantías sujetas al control y evaluación del organismo que promueve y protege la dignidad y los derechos de migrantes y refugiados en Chile.

Esto, luego de sostener una serie de reuniones durante marzo, con el objetivo de establecer los términos del acuerdo académico.

Camila Banda, responsable del Área Jurídica de Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “desde el SJM nos causa una gran alegría haber celebrado este convenio, ya que consolida el trabajo que hemos venido realizando en conjunto desde el año 2019, respondiendo a nuestra solicitud de adaptar el trabajo de acuerdo a nuestras necesidades como institución”.

“Creemos -agregó- que es una gran experiencia para los estudiantes patrocinar causas con contacto directo con nuestros usuarios, ya que forman parte de la cara visible de la institución, transmitiendo nuestra misión de promover y proteger la dignidad de las personas que migran a Chile”.

Por su parte, la profesora Constanza Andriola, coordinadora de la Clínica Jurídica, sostuvo que este convenio “formaliza la alianza sostenida entre nuestras instituciones por más de dos años, y brinda a nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de otorgar un servicio jurídico de calidad a la población migrante de nuestra región y que hoy ha respondido a nuevas formas de trabajo producto de la pandemia, pero siempre con miras a brindar servicios humanizados y dignos, principios rectores de la labor tanto de SJM como de la Clínica jurídica”.

Finalmente, el director de la Escuela de Derecho UCN Antofagasta, José Antonio González, manifestó que “este convenio es la prueba tangible del compromiso de nuestra comunidad universitaria de servir al medio local, el cual se ha visto golpeado por el drama que representa para muchas personas la crisis migratoria, entre ellos, niños y niñas de corta edad”.

Fuente: UCN

Aunque valoran la iniciativa, critican que quienes ingresaron por pasos ilegales deban hacer el trámite fuera de Chile.

Con la promulgación de la Ley de Migraciones, solo falta la publicación del reglamento para que entre en vigencia. Sin embargo, en cuanto se divulgue la norma en el Diario Oficial, comenzaría un proceso de regularización para los inmigrantes que están en situación irregular.

Según fuentes cercanas al Departamento de Extranjería (DEM), la publicación sería hoy. El proceso será online e involucraría a personas foráneas bajo dos condiciones: aquellas que ingresaron legalmente antes del 18 de marzo de 2020, pero que ahora están irregulares (podrán realizar su trámite en el país), y quienes entraron a Chile por pasos no habilitados (contarán con 180 días para abandonar el territorio nacional y hacer el trámite desde cualquier consulado).

Por eso, desde el organismo señalan que, en el primer caso, ‘esto les permitirá obtener un permiso de trabajo y por eso esperamos que en los próximos seis meses al menos opten por esta oportunidad’.

Sobre quienes ingresaron por pasos no habilitados, el DEM plantea que ‘se abre una ventana’ para que lo hagan nuevamente, pero ‘de acuerdo con nuestras reglas y respetando nuestra institucionalidad’.

Diversas comunidades migratorias están atentas al proceso. Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, cree que ‘va a haber un buen número de personas beneficiadas’. Eso sí, reconoce que ‘estamos escépticos’ frente a la rapidez del trámite.

Además, lamenta el proceso fijado para quienes ingresaron por pasos no habilitados, ya que ‘para nuestra comunidad, exigirles que salgan del territorio es inviable (…). Carecen de recursos para salir de manera aérea’, y también hay dificultades para viajar a los países vecinos.

La académica Carolina Stefoni, de la U. Mayor, coincide en que ‘un proceso de regularización siempre es bueno’. Sin embargo, critica las opciones para quienes ingresaron clandestinamente porque ‘va a generar que muchos se queden acá, porque pedirlo desde los consulados no da ninguna garantía’.

En tanto, la directora del Servicio jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, califica como positivo el proceso porque ‘es el primer paso para su inclusión’. Pero, sobre quienes entraron ilegalmente, añade que ‘la mayoría de ellos ha huido (…), y no darles la oportunidad de que puedan regularizarse como el resto solo los llenará de angustia’.

El director de la Clínica Jurídica de la U. Central y exdirector de Extranjería, Rodrigo Sandoval, puntualiza que ‘la porfía de tratar la regularidad administrativa como un beneficio, como una concesión, es un error porque termina generando bolsones de irregularidad que no convienen a nadie’.

Fuente: El Mercurio.