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Advierten sobre la excesiva burocracia que ha plagado anteriores instancias similares.

La regularización solamente incluye a quienes hayan ingresado al país antes de marzo de 2020.

Diversas organizaciones de migrantes han manifestado su preocupación ante el inicio del proceso de regularización migratoria, debido a las dificultades que han enfrentado para la realización de trámites en otras oportunidades.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el proceso extraordinario de regulación migratoria empezó este martes de manera digital, permitiendo que los migrantes que ingresaron por pasos habilitados antes del 18 marzo del año pasado y que no tengan antecedentes, podrán acceder al visado sin ser sancionados, además de recibir un permiso temporal de un año para trabajar.

Además de esto, quienes ingresaron por pasos no habilitados podrán salir del país sin ser sancionados ni afrontar una prohibición de reingreso.

Desde la Coordinadora Nacional de Migrantes, su secretario de defensa Rodolfo Noriega planteó que “a nosotros nos preocupa mucho el proceso de regularización migratoria, porque creemos que es un proceso que en realidad no va a resolver el tema de la irregularidad”.

“Va a permitir si que algunas personas entrampadas en las marañas de trámites y la burocracia establecida -entre otras cosas- por este Gobierno, que no ha podido regularizar antes su residencia debido a las malas prácticas que ha establecido principalmente esa gente pueda en estos momentos optar por un procedimiento que, se supone, es muy simple y que debiera dar como resultado el que ellos por lo menos puedan obtener una visa temporaria o que les permita residir regularmente y poder trabajar”, sostuvo.

Waleska Ureta, directora nacional del Servicio de Jesuita a Migrantes (SJM), indicó que “nos parece fundamental que se haga este proceso de regularización extraordinaria, sin embargo, nos preocupa muchísimo que queden fuera de este proceso las personas que ingresaron al país después del 18 de marzo del año 2020 y que además queden excluidas las personas que ingresaron por pasos no habilitados, dado que se debe considerar que estamos en contexto de pandemia -y aún lo estamos- y las personas siguen migrando dadas las diversas crisis que se están produciendo en el continente, por lo tanto, buscando subsistir”.

Fuente: Cooperativa

Como Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) nos parece no sólo fundamental, sino necesario, el proceso de regularización extraordinaria que comienza con la publicación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, el día de hoy martes 20 de abril. 

Sin embargo, también creemos relevante manifestar nuestra inquietud frente a las limitaciones del proceso, pues existen elementos que no permitirán que ésta sea una respuesta efectiva para las personas que se encuentran en situación de irregularidad.

Esta medida no considera a aquello/as que ingresaron al país después del 18 de marzo de 2020; como tampoco y por primera vez, a quienes han ingresado por pasos no habilitados. Será un importante grupo de personas las que permanecerán en la informalidad y sin poder regularizar su situación en el país. Una preocupación latente y permanente y que se hará cada vez más compleja para todos, incluido el Estado. 

La salida del país, sin sanciones, para solicitar una visa en el extranjero, es hoy una medida impracticable, no sólo por la situación sanitaria que vivimos, sino también por los recursos económicos que ello implica, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos y su efectiva obtención.

Las diversas crisis que se están produciendo en nuestro continente, siguen obligando a miles de personas a huir de sus países y las visas consulares no parecen ser la herramienta más adecuada en estos momentos, de muestra solo basta seguir los indicadores de la Visa de Responsabilidad Democrática para la población Venezolana.

Todos queremos una migración segura, una migración ordenada y una migración regular, pero para que ello ocurra es necesario que las vías otorgadas a esa migración sean acordes a la realidad y a las necesidades. De otra forma, seguiremos aumentando la migración irregular.

Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho Antofagasta de la Universidad Católica del Norte firmó convenio con SJM.

La Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho en Antofagasta de la Universidad Católica del Norte (UCN) y su dirección, firmaron un convenio con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). El acuerdo permitirá a estudiantes de la unidad académica convalidar el curso de Clínica Jurídica a través de pasantías sujetas al control y evaluación del organismo que promueve y protege la dignidad y los derechos de migrantes y refugiados en Chile.

Esto, luego de sostener una serie de reuniones durante marzo, con el objetivo de establecer los términos del acuerdo académico.

Camila Banda, responsable del Área Jurídica de Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “desde el SJM nos causa una gran alegría haber celebrado este convenio, ya que consolida el trabajo que hemos venido realizando en conjunto desde el año 2019, respondiendo a nuestra solicitud de adaptar el trabajo de acuerdo a nuestras necesidades como institución”.

“Creemos -agregó- que es una gran experiencia para los estudiantes patrocinar causas con contacto directo con nuestros usuarios, ya que forman parte de la cara visible de la institución, transmitiendo nuestra misión de promover y proteger la dignidad de las personas que migran a Chile”.

Por su parte, la profesora Constanza Andriola, coordinadora de la Clínica Jurídica, sostuvo que este convenio “formaliza la alianza sostenida entre nuestras instituciones por más de dos años, y brinda a nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de otorgar un servicio jurídico de calidad a la población migrante de nuestra región y que hoy ha respondido a nuevas formas de trabajo producto de la pandemia, pero siempre con miras a brindar servicios humanizados y dignos, principios rectores de la labor tanto de SJM como de la Clínica jurídica”.

Finalmente, el director de la Escuela de Derecho UCN Antofagasta, José Antonio González, manifestó que “este convenio es la prueba tangible del compromiso de nuestra comunidad universitaria de servir al medio local, el cual se ha visto golpeado por el drama que representa para muchas personas la crisis migratoria, entre ellos, niños y niñas de corta edad”.

Fuente: UCN

Aunque valoran la iniciativa, critican que quienes ingresaron por pasos ilegales deban hacer el trámite fuera de Chile.

Con la promulgación de la Ley de Migraciones, solo falta la publicación del reglamento para que entre en vigencia. Sin embargo, en cuanto se divulgue la norma en el Diario Oficial, comenzaría un proceso de regularización para los inmigrantes que están en situación irregular.

Según fuentes cercanas al Departamento de Extranjería (DEM), la publicación sería hoy. El proceso será online e involucraría a personas foráneas bajo dos condiciones: aquellas que ingresaron legalmente antes del 18 de marzo de 2020, pero que ahora están irregulares (podrán realizar su trámite en el país), y quienes entraron a Chile por pasos no habilitados (contarán con 180 días para abandonar el territorio nacional y hacer el trámite desde cualquier consulado).

Por eso, desde el organismo señalan que, en el primer caso, ‘esto les permitirá obtener un permiso de trabajo y por eso esperamos que en los próximos seis meses al menos opten por esta oportunidad’.

Sobre quienes ingresaron por pasos no habilitados, el DEM plantea que ‘se abre una ventana’ para que lo hagan nuevamente, pero ‘de acuerdo con nuestras reglas y respetando nuestra institucionalidad’.

Diversas comunidades migratorias están atentas al proceso. Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, cree que ‘va a haber un buen número de personas beneficiadas’. Eso sí, reconoce que ‘estamos escépticos’ frente a la rapidez del trámite.

Además, lamenta el proceso fijado para quienes ingresaron por pasos no habilitados, ya que ‘para nuestra comunidad, exigirles que salgan del territorio es inviable (…). Carecen de recursos para salir de manera aérea’, y también hay dificultades para viajar a los países vecinos.

La académica Carolina Stefoni, de la U. Mayor, coincide en que ‘un proceso de regularización siempre es bueno’. Sin embargo, critica las opciones para quienes ingresaron clandestinamente porque ‘va a generar que muchos se queden acá, porque pedirlo desde los consulados no da ninguna garantía’.

En tanto, la directora del Servicio jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, califica como positivo el proceso porque ‘es el primer paso para su inclusión’. Pero, sobre quienes entraron ilegalmente, añade que ‘la mayoría de ellos ha huido (…), y no darles la oportunidad de que puedan regularizarse como el resto solo los llenará de angustia’.

El director de la Clínica Jurídica de la U. Central y exdirector de Extranjería, Rodrigo Sandoval, puntualiza que ‘la porfía de tratar la regularidad administrativa como un beneficio, como una concesión, es un error porque termina generando bolsones de irregularidad que no convienen a nadie’.

Fuente: El Mercurio.

La Corte Suprema detectó que hay 31 niños y jóvenes extranjeros que llegaron solos y no tienen familiares en el país. Fueron derivados a centros Sename, pero solo uno permanece allí. El resto escapó. Por ello, el máximo tribunal está impulsando un trabajo intersectorial para abordar la compleja situación.

Solos, vulnerables y en situaciones de salud complejas, por la larga travesía realizada. En esas condiciones han llegado los 34 menores extranjeros que en los últimos seis meses ingresaron a la Región de Tarapacá sin padres, tutores ni acompañantes.

La mayoría utilizó pasos no habilitados de la comuna de Colchane, donde Carabineros registró sus nombres, edades y nacionalidades. Se trata principalmente de jóvenes venezolanos, bolivianos y peruanos, de entre 15 y 17 años.

De estos 34 niños, niñas y adolescentes, 21 fueron contactados con sus parientes, que ya residían en Chile. Pero, como medida cautelar, “quienes no pudieron ser reunificados, por no tener familia en nuestro país, fueron ingresados a residencias del Sename en Iquique”, explica la jueza de Familia Olga Troncoso, quien dio a conocer este caso.

La idea era que dicho tribunal continuara la investigación de sus casos, pero 12 menores escaparon de las residencias y actualmente están siendo buscados por personal de Carabineros y de la PDI a nivel nacional.

“Tenemos poca trazabilidad, porque los niños no tienen RUT y cuando se van de las residencias efectivamente nos está costando ver qué pasa con ellos”, explica la subsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato.

La directora ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, plantea que “estos jóvenes que ingresan solos hacen este trayecto, que es muy arriesgado, porque quieren mejorar su vida”. Por ello partieron, muchos en solitario, siguiendo los flujos migratorios que recorrían el continente y cuyo destino final era el Desierto de Atacama.

La jueza Troncoso expone otras aristas: “Hemos podido advertir que muchos de ellos han ingresado a nuestro país por motivos de reunificación familiar, pobreza extrema, situaciones de violencia, por encontrarse sin red familiar en sus países de origen o porque han fallecido sus progenitores. Es decir, en todos los casos que hemos conocido, la situación en su país de origen es de alta vulnerabilidad para ellos”.

Preocupa, además, el frágil estado en el que se encuentran. “Las condiciones físicas y psicológicas de estos menores se ha visto afectadas por la situación de tránsito, por permanecer largos periodos de tiempo bajo condiciones climáticas extremas y expuestos a situaciones de riesgo”, explica la jueza.

Mientras, Paula Pacheco, especialista en Políticas Sociales de Unicef, advierte que estos menores “están en una situación de máxima fragilidad y, de no adoptarse medidas que aseguren su debida protección, el riesgo es que sean víctimas de todo tipo de vulneraciones”.

Una realidad a nivel nacional

La situación de menores de edad que ingresan al país sin padres ni tutores ha ido en aumento y ya está siendo abordada.

De hecho, la Corte Suprema impulsó mesas de trabajo interinstitucionales para abordar los casos, donde se estableció que hay 31 menores migrantes sin acompañamiento a nivel nacional. Además, el análisis indicó que de estos, 30 niños, niñas y adolescentes abandonaron por sus propios medios las residencias del Sename en las que habían sido ubicados. Todos ellos cuentan con medidas cautelares por parte de Tribunales de Familia, que ordenan su búsqueda a las policías.

El máximo tribunal definió la creación de un protocolo para esta situación, basado en la experiencia que atravesó en 2020 la Corte de Apelaciones de Iquique. En esa oportunidad, dicho organismo ordenó “la implementación de una mesa regional sobre menores migrantes, a fin de abordar con todas las instituciones de protección de infancia, policías y organismos internacionales, un modelo de trabajo interinstitucional”, explica la magistrada Troncoso.

La Defensoría de la Niñez participó en esa mesa y su representante, Patricia Muñoz, recalca la importancia de que los órganos del Estado que interactúan con los menores “estén en condiciones de brindarles una atención acorde a sus necesidades y a su protección efectiva”.

En esto hace énfasis Loredo, pues considera que, “en general, estos niños tienen temor a ser expulsados y por eso deciden abandonar las residencias”.

Otras medidas

Para hacer frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes migrantes, tanto los que llegan con sus familias como los que están solos, la subsecretaria de la Niñez explica: “Vamos a fortalecer los territorios, entendiendo que es ahí donde están los niños y donde tienen que acceder a la oferta de programas para la niñez, es decir, fortalecer la institucionalidad que les permite el ejercicio adecuado de sus derechos”. Agregó que, a la par, se está viendo “cómo vamos adecuando el marco normativo que tiene Chile para abordar las distintas necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes migrantes”.

Por otro lado, Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante, explica que esta organización está colaborando con la Subsecretaría de la Niñez desde hace tres semanas, “levantando un diagnóstico sobre la infancia migrante. Ahí salió el tema de los niños en situación irregular, pero también es importante evaluar la situación de los niños no acompañados”.

Mientras, en el marco normativo, hace una semana el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Migraciones. La norma facilita la expulsión administrativa de migrantes irregulares, estandariza los procesos de regularización en todo el territorio nacional y controla el ingreso de extranjeros a través de un sistema flexible de visas. No obstante, los niños no pueden ser penados por ingresar al país a través de un paso no habilitado, pues existen acuerdos internacionales. “Chile ha contraído obligaciones internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño. Y los menores migrantes se encuentran en una doble vulnerabilidad”, dice Troncoso.

Fuente: La Tercera.

Macarena Rodríguez, pdta. del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, criticó la nueva Ley de Migraciones del presidente Piñera.

En Mañana será otro día conversamos con Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) por la nueva Ley de Migraciones.

Para iniciar la conversación, Rodríguez dice que esta ley “es multidisciplinaria y que tiene ventajas y falencias”.

La pdta. destaca que “tiene avances como la creación de un Servicio Nacional de Migraciones a nivel nacional. Esperamos que esté a la altura de dar las soluciones que se necesitan”.

Al mismo tiempo, planteó que también tenían preocupaciones con la ley. En específico “nos preocupa profundamente el cambio radical de la obtención de visas en nuestro país. El gobierno ha dicho que todas las solicitudes visas de van a ser consulares.”

Esto quiere decir que “si alguien viene tendría a Chile, tendría que volver a su país para tramitar su visa y volver. Lo cual nos parece muy difícil que ocurra con la situación de pandemia”.

Obtención de visas y migración ilegal

Según cuenta Macarena Rodríguez situaciones como esta podrían incluso ser más incluso perjudiciales. “Si no creamos una visa que reconozca nuestra realidad, que es una regional con derechos a trabajo, estamos ayudando a la migración ilegal”, dijo la pdta. del directorio del SJM.

Por otro lado, la pdta. del directorio de SJM criticó la nueva ley, ya que esta “la nueva Ley de Migración no se hace cargo del cruce ilegal de fronteras y las graves situaciones que ahí puedan ocurrir”.

Cambio de mentalidad

Además, plantea que se necesita un cambio de mentalidad en la población acerca de la inmigración.

“Tenemos que dejar de mirar la migración como el arribo de los vecinos que no queremos. Muchos aportan de manera beneficiosa al país”, dijo la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez.

Fuente: Radio Concierto.

La directora nacional del organismo, Waleska Ureta, destacó que la nueva normativa “avanza en un aspecto muy importante” como la institucionalidad.

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, destacó en ADN Hoy que la nueva ley de migración “avanza en un aspecto muy importante” como la institucionalidad, pero que no considera la realidad del continente y crisis humanitarias como la de Venezuela.

De acuerdo con la legislación, las personas que entraron por un paso no habilitado después del 18 de marzo deberán volver a sus países de origen y obtener una visa en el consulado chileno correspondiente.

“Eso nos preocupa porque tenemos una migración, dada por la crisis humanitaria en Venezuela, que no necesariamente tiene la calificación  profesional para optar a un trabajo o los vínculos, los contactos, para obtener una oferta laboral (…) Eso es preocupante para nosotros con respecto a la ley, porque no considera lo que se está viviendo con las crisis humanitaria venezolana, por ejemplo“, dijo.

“Hemos dicho que la crisis de Venezuela es humanitaria y hemos dicho que es importante tomarlos del punto de vista de la protección. En ese sentido hemos planteado que las personas que vienen desde Venezuela, que vienen huyendo porque en su país no están las condiciones de vida, de subsistencia y hay vulneraciones graves de derechos humanos, debiesen ser consideradas en calidad de refugiadas“, agregó.

Según Ureta, la legislación debe considerar la “coyuntura del continente”, porque las “las restricciones de controles de fronteras sin asumir que hay una crisis humanitaria en uno de los países de la región” puede fomentar el tráfico de personas.

Fuente: ADN Radio.

1.- Nueva Ley de Migración: ¿Cuándo se empieza a aplicar? 

Luego de la promulgación efectuada este 11 de abril por el el Presidente de la República, la nueva Ley entrará en vigencia cuando se publique en el Diario Oficial, para lo cual existe un plazo de cinco (5) días. No obstante, el Reglamento de la ley debe ser dictado por el Ministerio del Interior para que la ley entre en vigencia, para lo que existe un plazo máximo de un año.

Apenas se dé a conocer el Reglamento, lo informaremos.

2.- Nueva Ley de Migración: ¿Cómo se podrá ingresar al país? 

Turistas: cualquier persona puede entrar al país como turista sin necesidad de solicitar una visa antes de llegar, salvo los nacionales de países específicos a los que se les exija haber solicitado con anterioridad una Visa Consular de Turismo.

Vivir en Chile: antes de entrar al país, se deberá tramitar un visado de residencia temporal desde un consulado chileno en el exterior. El artículo 70 de la ley enumera distintos tipos de visados de residencia temporal, como por ejemplo visa para familiares de chilenos o residentes definitivos, visa de búsqueda de oportunidades laborales, visa para trabajadores de temporada, entre otras. Un decreto especificará los requisitos de cada visado y podrá establecer visados adicionales.

3.- Nueva Ley de Migración: Proceso de Regularización Extraordinaria 

Cuando la nueva Ley de Migración sea publicada en el Diario Oficial, comenzará el período de inscripción para un proceso de regularización extraordinaria.

Podrán solicitar un permiso de residencia temporal quienes estén en situación irregular siempre y cuando hayan ingresado al país por pasos habilitados y no tengan antecedentes penales. El plazo para hacer esta solicitud es de 180 días desde que sea publicada la ley.

Quienes hayan ingresado al país por pasos no habilitados podrán salir del país sin ser sancionados, en el plazo de 180 días desde que se publique la ley. El requisito es que no tengan una prohibición judicial de salir de Chile. Una vez que hayan salido, pueden solicitar su ingreso al país por las vías que establece la ley.

4.- Nueva Ley de Migración: reunificación familiar 

Los extranjeros residentes en el país podrán solicitar la reunificación familiar con:

1. Su cónyuge o con quien tengan una relación produzca efectos similares al matrimonio (conforme al derecho aplicable)
2. Sus padres
3. Hijos menores de edad
4. Hijos en situación de discapacidad
5. Hijos solteros menores de 24 años 
6. Menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal

La reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes deberán tramitarse de manera prioritaria.

5.- Nueva Ley de Migración: visa para mujeres en situación de especial protección 

La Ley señala que tratándose de mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes; el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa especial, a partir de antecedentes fundados.

6.- Nueva Ley de Migración: Convalidación de títulos profesionales y técnicos 

Las universidades estatales que tengan al menos 5 años de acreditación, podrán reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero, así como convalidar actividades curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior. Respecto de las instituciones de educación superior que reconozcan o revaliden títulos técnicos, deberán ser preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de 5 años de acreditación. 

El Ministerio de Educación reglamentará este procedimiento, determinando los aranceles y reglas que deberán aplicar las universidades que lleven a cabo las convalidaciones o reconocimientos.

7.- Nueva Ley de Migración: Servicio Nacional de Migraciones 

Nueva autoridad migratoria que reemplaza al Departamento de Extranjería y tendrá dentro de sus principales funciones:

• Ejecutar la Política Nacional de Migración
• Decidir sobre el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de permisos de permanencia y residencia en el país
• Autorizar el ingreso, estadía y salida de extranjeros del país
• Determinar cuándo procede la expulsión de extranjeros

8.- Nueva Ley de Migración: Consejo de Política Migratoria

Nueva instancia multisectorial que tiene como principal función asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Migración. Será presidido por el Ministro del Interior y estará además integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Hacienda, Desarrollo Social y Familia, Trabajo y Seguridad Social, y Salud.

También participarán en el Consejo, con derecho a voz, los presidentes de las asociaciones de municipalidades más representativas. Adicionalmente, el Ministro del Interior podrá invitar a participar, con derecho a voz, a otros ministros, funcionarios públicos, o personas de reconocida competencia en el ámbito migratorio.

9.- Nueva Ley de Migración: Política Nacional de Migración 

La Política Nacional de Migración y Extranjería buscará la integración e inclusión de las personas migrantes en el país, y tiene como algunos de sus elementos centrales:

• El respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes
• La realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país
• La contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país
• El mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante

10.- Nueva Ley de Migración: Acceso de extranjeros a beneficios estatales 

La nueva Ley establece que los extranjeros podrán acceder, en igualdad de condiciones que los chilenos, a prestaciones de seguridad social y beneficios de cargo fiscal. 

Sin embargo, habrá una excepción tratándose de programas o beneficios de transferencia monetaria directa (esto es, los que implican la entrega de dinero a las personas, como por ejemplo un bono), cuando sean financiados en su totalidad por el Estado. Sólo podrán acceder a este tipo de beneficios los residentes que lleven al menos 24 meses en el país.

Este requisito no será aplicable a niños, niñas y adolescentes que estén al cuidado de su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal del menor; ni tampoco cuando se trate de becas o bonos para estudiantes de educación básica y media.

11.- Nueva Ley de Migración: Principio de Protección Complementaria 

La Ley establece que a los solicitantes de refugio que no les sea reconocida la calidad de refugiados, se les podrá otorgar protección complementaria, según requisitos que establecerá la Política Nacional de Migración. 

Quien sea titular de protección complementaria no podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas “en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género”. Por otro lado, no podrán invocar estos beneficios quienes se encuentren exceptuados por la ley, en su artículo 10.

12.- ¿Cuál será la nueva regla para el manejo de ingresos por pasos no habilitados una vez que entre en vigencia la nueva ley?

La regla general es que quien ingrese por un paso no habilitado incurre en una causal de expulsión del país, por lo que la autoridad administrativa podrá disponer su expulsión (artículos 32 y 127). 

La ley no contempla mecanismos de regularización específicos para quienes hayan ingresado por pasos no habilitados, salvo algunas excepciones que podrían ser eventualmente aplicadas: 

1. Artículo 13: establece que respecto de las mujeres víctimas de trata u objeto de tráfico de migrantes, “el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su permanencia, de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos competentes.”
2. Artículo 71: establece una visa para víctimas de trata.
3. Artículo 156 número 9: la Subsecretaría del Interior puede disponer la entrega de permisos de residencia temporal de forma excepcional a personas en situación irregular, en casos calificados o por motivos humanitarios.

– Respecto de quienes ya hayan sido notificados de la orden de expulsión, se puede interponer recurso de amparo.

– Una vez que la ley empiece a regir, se establece un recurso judicial a deducirse a los 10 días de notificada la orden de expulsión. No obstante ello, nada obsta a que se pueda interponer recurso de amparo

– Se sugiere recopilar a la brevedad sus antecedentes para que por sí o por un abogado deduzca recurso judicial.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este domingo una nueva ley migratoria que busca regular el ingreso ilegal de extranjeros, principalmente venezolanos, y que facilita las expulsiones administrativas, una medida que preocupa a organizaciones que protegen los derechos de los migrantes.

La norma, promulgada tras ocho años de tramitación en el Congreso y que reemplaza a una ley que data de 1975, estipula que los extranjeros que quieran radicarse en el país deberán solicitar una visa para este fin en los consulados chilenos.

También crea el Servicio Nacional de Migraciones para estandarizar los procesos migratorios.

“El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden a través de una política ordenada, segura y regular” tras la gran ola migratoria que llegó a Chile a partir de 2014, principalmente compuesta de venezolanos, dijo Piñera tras promulgar el texto en Iquique, unos 2.000 km al norte de Santiago.

La nueva ley también facilitará las expulsiones administrativas de extranjeros que intenten ingresar “clandestinamente, sin cumplir nuestras leyes ni tampoco validar sus antecedentes penales”, explicó Piñera.

Esta medida “deja un espacio muy amplio de discrecionalidad y sin control de la autoridad policial que está en frontera”, dijo a la AFP, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

También “podría constituir una alteración de derechos de los migrantes, al no permitirles exponer las razones de porqué ingresaron por paso no habilitado, ni solicitar refugio”,

En enero, más de 3.800 venezolanos intentaron ingresar a pie desde Bolivia hacia Chile principalmente por el paso fronterizo de Colchane, a más de 3.500 metros de altitud, soportando el clima duro del altiplano y la hostilidad de los habitantes de la zona.

Cuatro migrantes murieron en su intento por llegar a Chile, otros 87 fueron expulsados y devueltos a su país mientras que el gobierno de Piñera aumentó el resguardo de la frontera con militares, lo que redujo la llegada de extranjeros.

“Las personas que provienen de Venezuela, que están viviendo una crisis humanitaria en su país, deben ser consideradas como sujeto de protección, más aún con las crisis sanitaria (por el covid-19) que mantiene cerradas las fronteras”, sostuvo Ureta.

Desde 2014, unos 500.000 venezolanos se han afincado en Chile escapando de la crisis política en su país y se han convertido en la colonia extranjera más numerosa.

En 2018, el gobierno de Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero sólo cerca de un 27% de las solicitudes fueron aprobadas.

Fuente: AFP. France24.com