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En la Universidad Católica del Norte se desarrolló el seminario “Derechos de la niñez en situación de movilidad humana en la Región de Antofagasta”, jornada de formación a través de la cual se capacitó a personas que trabajan con niñez y adolescencia migrantes y refugiados, en temáticas de acceso y ejercicio de derechos, así como en los procedimientos de regularización migratoria.

La instancia es parte del proyecto “Por un Chile más justo para todos y todas”, gestado a partir de la articulación público-privada entre el Gobierno Regional de Antofagasta y Antofagasta Minerals, y ejecutado por el Servicio Jesuita a Migrantes. Además, el seminario contó con el apoyo de los consulados de Colombia y Bolivia en Antofagasta, el Servicio Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Seremi de Educación de la Región de Antofagasta.

“Durante 2023, a través del proyecto por ‘Un Chile más justo para todos y todas’ participaron de las actividades cerca de 800 niños migrantes y también chilenos. Para nosotros es muy importante seguir visibilizando la realidad de la niñez migrante, trabajar con enfoque de derechos y en la promoción de la convivencia intercultural para favorecer su bienestar e inclusión en el país. Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables al momento de migrar junto a sus familias, en muchos casos escapando de sus países de origen que viven crisis políticas, sociales, económicas o medioambientales”, aseguró Fernando Guzmán, jefe de la oficina regional de Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes.

“Este seminario se torna virtuoso y un acto de justicia ante un grupo de especial protección, lo cual como Estado y sociedad nos otorga una responsabilidad ineludible. Visibilizar y proteger la niñez independiente de su origen hoy es una labor primordial”, agregó Waleska Ureta, directora nacional del SJM.

Las presentaciones fueron realizadas por Eduardo Contreras, Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, Noemí Compagno, analista de promoción, participación y educación de Instituto Nacional de Derechos Humanos y la jefa del Departamento Provincial de Educación de Antofagasta, Paulina Véliz. Además, estarán presentes diversas autoridades y representantes de instituciones vinculadas a estos ámbitos.

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio acerca de las exposiciones, al cual también se sumó el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Paulo Palma.

Algunos de los temas tratados fueron la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la región, la garantía del derecho a educación de personas en situación de movilidad y las visas para niños, niñas y adolescentes  según la Política Nacional de Migraciones y Extranjería.

Proyecto por un Chile más justo para todos y todas

Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la inclusión y al acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas en la región de Antofagasta, prestando especial atención a aquellas familias en situación de mayor exclusión social y generando espacios de bienestar, con un enfoque particular en niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, Rosa Salas, jefa de Relaciones Institucionales de Antofagasta Minerals, indicó, “el grupo Antofagasta Minerals busca a través de su trabajo hacer un aporte significativo al territorio donde estamos insertos. Este proyecto aporta a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Es a través de este tipo de acciones que entendemos podemos seguir aportando a hacer una región mucho más inclusiva, más rica culturalmente y por supuesto mucho más desarrollada. Para nosotros es un privilegio participar y ser testigos del trabajo que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes”.

“Agradezco a Antofagasta Minerals por estos años de trabajo y amistad, lo que nos ha permitido servir a miles de familias migrantes y refugiadas, incluidos sus hijos e hijas. También agradecer a la Gobernación Regional y sus consejeros y consejeras por su confianza y valoración de esta alianza, dando cuenta así de la importancia que cobra en la vida de las personas y sus comunidades la mancomunión de esfuerzos públicos y privados”, señaló Waleska Ureta.

En el último año participaron del proyecto más de 5 mil personas, a través de atención social y jurídica, orientación migratoria y acceso a derechos, capacitaciones a funcionarios públicos en materia de migración y refugio y actividades con niñez migrante como talleres, encuentros y celebraciones para conmemorar y promover la convivencia intercultural y su reconocimiento como sujetos de derechos. Esta labor se desarrolló en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Tocopilla, Sierra Gorda, Calama y San Pedro de Atacama.

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Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

30 de Julio, 2024

Como Servicio Jesuita a Migrantes conocemos de cerca la realidad de miles de personas venezolanas que llegan a nuestras oficinas buscando orientación para regularizar su situación migratoria en Chile y reconstruir de la mejor manera posible la vida familiar y laboral que debieron dejar obligadamente por la crisis política, social y económica que vive su país.

Realizar los trámites necesarios y conseguir la documentación requerida ya era sumamente complejo previo a la decisión del Gobierno de Venezuela de retirar su misión diplomática de Chile. Ahora, esto se vuelve imposible, ya que según declararon “se suspende indefinidamente TODOS LOS TRÁMITES, por lo que citas de pasaportes, citas de AFP, citas de retiro de pasaportes, citas de visas y citas de documentos de viaje NO SERÁN PROCESADOS”.

De este modo, los más de 700 mil venezolanas y venezolanos que viven en nuestro país se verán afectados, ya que no contarán con algo que para nosotros los chilenos es tan básico para distintos aspectos de nuestra vida, como poder acreditar nuestra identidad y la posibilidad de legalizar documentos de nuestro país de origen.

Por ejemplo, cada venezolano que esté en trámite por un permiso de residencia, necesita presentar documentos emitidos por su país de origen, incluyendo niños, niñas y adolescentes que buscan acceder a la visa humanitaria que el Estado de Chile les otorga.

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas venezolanas e instamos a los distintos sectores políticos y sociales que los últimos días han manifestado su inquietud por esta dramática situación que vive la comunidad venezolana, a considerar vías para dar la debida protección que requieren quienes viven en Chile y usar las herramientas de empadronamiento, enrolamiento y protocolos de filiación, para así no obstaculizar las solicitudes de permisos de residencia por no contar con documentos que no dependen de la diligencia de estas personas, sino del abandono del Gobierno de su país de origen.

En tal sentido, los hechos ampliamente difundidos a partir de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela confirman que estamos ante una situación crítica, que debe ser analizada a la luz de los instrumentos internacionales vigentes en Chile, como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, acuerdo regional que precisamente cumple  40 años desde su otorgamiento .

Lamentablemente, en Chile entre 2017 y 2023, de 12.378 solicitudes de refugio interpuestas por personas venezolanas, sólo 68 han sido reconocidas, y se ha  limitado la  protección complementaria únicamente a tres casos (violencia intrafamiliar, de género y por orientación sexual). Nuestro país, en concordancia con sus compromisos internacionales y su propia historia, debe actuar para proteger a quienes hoy ven amenazados sus derechos fundamentales.

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25 de Mayo, 2026

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El 2 de julio de 2024, se llevó a cabo el evento “Proceso Cartagena+40: Declaración de Chile y Plan de Acción 2024-2034” en el que organizaciones católicas presentaron sus recomendaciones en un diálogo con los Embajadores ante la Santa Sede, instituciones italianas y agencias internacionales. 

Este evento, auspiciado por la Embajada de Chile ante la Santa Sede, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Caritas Internationalis, buscó posicionar las voces de las personas refugiadas y desplazadas forzadas, así como los desafíos del contexto migratorio y las recomendaciones que deben ser consideradas por los gobierno para la elaboración del Plan de Acción de Chile, en el que se ponga en el centro a las personas, desde un enfoque de derechos humanos, interseccional e intercultural, de tal manera que se logre impactar positivamente en la protección de la vida de las personas que han tenido que desplazarse.

El evento se desarrolló en dos paneles. En el primero se dialogó sobre los antecedentes y perspectivas de futuro del proceso Cartagena +40, en el que participaron la Embajadora de Chile ante la Santa Sede, la Sra. Patricia Araya; el Embajador Pedro Hernández, Director de Migraciones de la Cancillería chilena; la Sra. Chiara Cardoletti, representante del ACNUR en Italia, la Santa Sede y San Marino; el Sr. Alistair Dutton, Secretario General de Cáritas Internationalis; el P. Fabio Baggio, Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el profesor Rodrigo Guerra, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

En el segundo panel se dialogó sobre las contribuciones de las personas refugiadas y desplazadas, la Iglesia y la sociedad civil en este proceso, considerando la experiencia de acompañamiento que realizan las oficinas nacionales del JRS en México, Venezuela y Ecuador, y el Servicio Jesuita a Migrantes Chile (SJM Chile); así como la experiencia a nivel regional del JRS LAC, Cáritas LAC, la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC) y la Red CLAMOR, esta última representada por la delegada de la Red Franciscana para Migrantes. 

Aprovechando la participación de las distintas delegaciones diplomáticas ante la Santa Sede, las organizaciones basadas en la fe hicieron entrega al gobierno de Chile del documento con recomendaciones, que incluye elementos propuestos en las tres consultas temáticas de abril, mayo y junio pasados, para la negociación de la Declaración y construcción del Plan de Acción de Chile, que se llevará a cabo en Ginebra durante el segundo semestre de 2024.

Documento de propuestas para la construcción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile

El 40 aniversario de la Declaración de Cartagena es una oportunidad para la región y puede erigirse en un modelo que inspire a otros continentes a crear un sistema de protección efectivo para las personas que huyen no solo por los conflictos armados sino también por nuevas causas de desplazamiento.

Como organizaciones basadas en la fe, reconocemos y valoramos los esfuerzos realizados para acoger, acompañar y proteger a las personas en sus lugares de tránsito y destino. Hacemos un llamado a la solidaridad, responsabilidad y compromisos concretos que reconozcan la dignidad de todas las personas, garantizando sus derechos sin discriminación y procurando soluciones duraderas hacia procesos de construcción de una vida digna y en paz. 

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25 de Mayo, 2026

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Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, participó del evento diplomático sobre Declaración de Chile y Plan de Acción 2024-2034, realizado en Roma por cumplirse 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

En la ocasión, y con la presencia de la embajadora de Chile ante la Santa Sede, Hilliger realizó la siguiente intervención:

“El proceso de Cartagena, liderado por la Delegación del Estado de Chile, nos encuentra como país en un momento crítico para la protección internacional. Las tasas de aprobación a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado ronda un 2,8% y se acaba de aprobar la Ley.21.655 que complejiza aún más el acceso al procedimiento.

Se establece en dicha ley un plazo brevísimo de 7 días para solicitar acceso a refugio, desde el ingreso al territorio, y el requisito de que si bien no es necesario llegar directo desde el país de persecución, será requisito no haber permanecido más de 60 días en otro país durante el tránsito.

A su vez, la política nacional de migraciones y extranjería ha establecido que solo pueden solicitar protección complementaria aquellos que hubieren formalizado su solicitud de acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado antes de febrero de 2022, y que el motivo de persecución que fundare dicha solicitud sólo podría ser haber sido víctima de violencia intrafamiliar, de género y/o por orientación sexual.

A 40 años de la Declaración de Cartagena, y pese a que en 2010 la Ley de refugio chilena la incorporó en la definición de quién era refugiado/a, en la práctica esta no se está implementando.

En dicho contexto, este proceso se hace fundamental, porque esta realidad excede las fronteras de Chile, y, como región estamos experimentando una situación crítica en términos humanitarios.

Por eso como red creemos que el trabajo territorial que hace la sociedad civil es fundamental para el éxito de este proceso y para poder abordar las necesidades de protección de las personas que llegan a los distintos países que participan del proceso de Cartagena.

La participación de sociedad civil se definió como un eje importante en el trabajo que se pudiera realizar a nivel local, con el objetivo de fortalecer la participación, promover el diálogo colaborativo y construcción de propuestas con miras a Cartagena +40.

Como Servicio Jesuita a Migrantes Chile hemos realizado tres encuentros con organizaciones de la sociedad civil (todos previos a las consultas regionales y con las mismas temáticas de dichas consultas), con un fuerte énfasis en sumar organizaciones de personas refugiadas.

  1. Protección: El día 2 de abril, previo a la consulta temática que se realizaría sobre “Protección de las personas en situación de movilidad humana y apátridas”, nos reunimos, comenzando con una parte pedagógica e informativa sobre Refugio, la declaración de Cartagena, su incorporación a la legislación chilena actualmente, y la situación de refugio en Chile. Para finalizar realizamos una actividad que nos permitió construir diagnósticos y algunas propuestas. La instancia pedagógica resultó fundamental, porque muchas organizaciones de refugiados no han tenido la oportunidad de interiorizarse en lo que significa el proceso de Cartagena.
  2. Integración: El segundo encuentro se realizó el día 7 de mayo. Pudimos observar que esta temática es algo en lo que las organizaciones de refugiados tienen muchísimo que decir desde su propia experiencia.
  3. Desastres naturales y cambio climático: Este encuentro se realizó el día 11 de junio. En esta ocasión, dividimos la reunión en un espacio pedagógico para dar conceptos generales sobre la temática, para luego dar pie a un espacio participativo y de propuestas.

Actividades pendientes: un encuentro de sociedad civil con la delegación del Estado de Chile, y un encuentro de litigio estratégico en el marco de Cartagena + 40.

Desafíos y aprendizajes:

Para darle un especial protagonismo a las organizaciones de refugiados, es importante considerar que muchas de ellas se sustentan en el profundo compromiso de personas que se dedican a sacarlas adelante de forma voluntaria sin recursos asociados, de ahí a que la asistencia a estos encuentros resulta compleja en horarios que coincidan con sus compromisos laborales.

Es también un límite a la participación los recursos económicos para apoyar que viajen personas, o apoyar a las redes, como la red jesuita o red clamor, para sumar en diversas instancias de coordinación regional, organizaciones de refugiados locales.

En Chile, lamentablemente, las instancias contaron con organizaciones con sede en la capital, Santiago, pese al interés de varias organizaciones a nivel regional, por no contar con los recursos suficientes para organizar encuentros descentralizados. Esto se hace más evidente, respecto de las consultas en México, Colombia y Brasil, como parte del proceso de Cartagena +40, donde los cupos de invitación con financiamiento asociado eran muy limitados.

Hay desafíos con respecto a las brechas de información accesible para organizaciones locales, en las que como redes regionales podemos ayudar haciendo puente con las delegaciones de los Estados para así asegurarnos de que la sociedad civil local pueda contar con toda la información previa a las consultas. En ese sentido, un diagnóstico es que en el proceso de Cartagena + 40 la información llegó muy cerca de las instancias de participación (nota conceptual, convocatorias) lo que dificulto que la sociedad civil pudiera enterarse a tiempo para organizarse y poder hacer llegar propuestas a las delegaciones, y elegir a representantes a las consultas.

Creemos que en lo que viene, resulta fundamental que haya transparencia e información clara sobre el avance del proceso, que se evalúe la posibilidad de que haya transmisión en línea de las actividades restantes, y que haya una instancia final de evaluación del proceso en la que se considere formalmente la opinión de la sociedad civil. Agradecemos la buena disposición de la delegación de Chile que lidera el proceso, y esperamos que este proceso culmine con éxito, ya que hay cientos de personas en nuestra región que lo observan con esperanza y atención”.

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La Declaración de Cartagena de 1984 es un instrumento de Protección Internacional para las personas refugiadas en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC). Su trascendencia internacional reside en la ampliación de la definición de persona refugiada a las “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Este año se cumplen 40 años de dicha Declaración, y los países de LAC -liderados por el gobierno de Chile- negocian el Plan de Acción de Chile 2024-2034. Ello supone una oportunidad para que este instrumento regional sea un referente internacional de protección, en un momento de grave crisis de voluntad política a nivel mundial en la que las personas migrantes y refugiadas (casi 120 millones de desplazados forzosos según ACNUR) pagan el precio más alto con sus vidas y su seguridad por la falta de sistemas de protección efectivos.

Con el impulso de este aniversario, y una mayor y mejor aplicación, la Declaración de Cartagena puede erigirse como modelo que inspire a otros continentes a crear un sistema de protección efectiva para las personas que huyen no sólo por conflictos armados sino también por nuevas causas de desplazamiento – crisis climática, violencias por narcotráfico o trata de personas – incluido un mecanismo que ofrezca alternativas regulares y seguras para evitar que las personas desplazadas se embarquen en rutas cada vez más peligrosas, como la del Darién.

Desde su experiencia de desplazamiento forzado, Angie Torres, afrodescendiente colombiana refugiada en Ecuador -acompañada por el JRS-, nos da algunas claves y recomendaciones concretas:

“En mi experiencia como solicitante de asilo me enfrenté junto con mi familia a diferentes dificultades y barreras como la falta de empatía de algunos funcionarios migratorios, la falta de acogida de las comunidades receptoras, lo cual nos hizo mucho más vulnerables en aquel entonces, sobre todo porque el estatus de solicitante de asilo no era reconocido por algunas instituciones y, por tanto, muchos derechos fueron vulnerados (…) Esta experiencia me permite recomendar algunos aspectos para mejorar el proceso de reconocimiento de asilo en nuestra región latinoamericana y caribeña: que se cumplan a cabalidad los procedimientos previstos para evitar jugar con las expectativas y los planes de vida de las personas solicitantes de asilo; políticas públicas que reconozcan los derechos de las personas solicitantes de refugio durante el proceso de solicitud; y mecanismos para evitar la revictimización de las personas durante el proceso de solicitud.”

Siguiendo el liderazgo global del Papa Francisco y las cuatro acciones que insta a aterrizar en los contextos locales -acoger, proteger, integrar y promover- e inspiradas por las recomendaciones de personas que, como Angie, acompañamos y escuchamos, hacemos un llamado como organizaciones católicas para que el Plan de Acción de Chile 2024-2034 sea construido con la participación efectiva de sus protagonistas, las personas desplazadas, y para que garantice una mayor:

-Protección efectiva en lugares de origen, tránsito y destino: aplicando plenamente la definición ampliada de “refugiado”, protegiendo también a las personas vulneradas y desplazadas por la crisis climática, incluidos los desastres
medioambientales provocados por las acciones humanas.

-Mecanismos alternativos, seguros y regulares ante rutas migratorias peligrosas: apertura de sistemas legales para que las personas perseguidas puedan tener acceso al procedimiento de asilo, evitando las condiciones de extrema vulnerabilidad en los corredores migratorios – El Darién es muestra de esta realidad regional ineludible.

-Integración: facilitando el acceso a derechos, incluida la documentación migratoria, y fortaleciendo la coordinación entre distintos niveles de gobierno para hacer efectivos los procesos de integración.

Desde hace cuarenta años, América Latina ha impulsado, de forma pionera, la protección del asilo. Aspiramos a que este proceso permita que la Declaración de Cartagena sea una alternativa al modelo global de contención migratoria, así como un signo de esperanza para construir una América Latina y el Caribe que protege e integra, y reconoce como, en palabras del Papa Francisco, “el trabajo [de las personas migrantes], su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse, si se le ofrece la oportunidad”.

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25 de Mayo, 2026

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5 de Mayo, 2026

Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

El Servicio Jesuita a Migrantes realiza su quinta entrega del anuario de estadísticas migratorias, el cual tiene por objetivo aportar al conocimiento de la realidad de las personas migrantes y refugiadas en el país y servir como insumo para el debate y las propuestas de políticas públicas que se realizan al respecto en Chile.

En tal sentido, Waleska Ureta, directora nacional del SJM en Chile, destaca que “este documento es el resultado del esfuerzo constante del Servicio Jesuita a Migrantes, a través de su área de Incidencia y Estudios, de recopilar, analizar y difundir información que dé cuenta del estado de la movilidad humana en Chile. Para esto, se considera fundamental el presentar datos de los distintos organismos públicos involucrados, que muestran la transversalidad y complejidad del fenómeno migratorio en el país, que ha experimentado importantes cambios, tanto en las características sociodemográficas de quienes vienen, como en la institucionalidad encargada de la gestión migratoria”.

En la versión 2023 del anuario, se aborda la evolución de la movilidad humana en los últimos años a través de los capítulos: Flujos de movilidad humana, protección internacional y por razones humanitarias en Chile, panorama laboral migrante y ejercicio de derechos.

Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del SJM, asegura que “el 2023 fue un año muy relevante para analizar las características de la movilidad humana en Chile, así como los desafíos para gestionarla desde lo público. Se ha evidenciado un fuerte debate político y legislativo en torno a cómo controlar las fronteras y enfrentar los problemas que podrían estar asociados a la irregularidad migratoria. Esto ha estado presente tanto en la discusión de las autoridades del Poder Ejecutivo, como también en el Congreso y, por cierto, en el último proceso constituyente”.

En lo relacionado con los flujos de movilidad humana, en el anuario se señala que se mantiene la tendencia a que aumente la población extranjera en Chile, con un componente importante de personas con su situación migratoria irregular dentro de este total, observándose una disminución en el otorgamiento de visas temporales y un aumento de las definitivas.

En el capítulo de protección internacional y por razones humanitarias en Chile, se destaca que las solicitudes del reconocimiento de la calidad de refugiado en 2023 fueron 3.612 y en el mismo año, 996 solicitudes fueron resueltas, de las cuales el 20,2% reconoce la condición y el 79,8% la rechaza. Considerando la cantidad de solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiado entre 2017 y 2023 (26.475), de reconocimientos (649) y de rechazos (7.623), podría establecerse que aún hay 18.203 solicitudes en trámite no resueltas.

Con respecto al panorama laboral migrante, el sector de servicios se mantiene como el principal empleador de la población migrante. A su vez, se establece que los hombres migrantes tienen tasas de ocupación más altas que las mujeres. No obstante, ha habido un crecimiento en la participación laboral femenina.

Finalmente, en relación al ejercicio de derechos, en el ámbito de la educación existe un aumento progresivo y sostenido en la matrícula de alumnos extranjeros, particularmente en la zona norte del país. Asimismo, se observa una disminución de los establecimientos educacionales.

Por otra parte, un 24,7% de los hogares migrantes no está adscrito al sistema de salud, siendo particularmente alta en las regiones de Tarapacá, Atacama y Coquimbo. En la atención de salud la carencia es menor (5,8% a nivel nacional), con los índices más altos en las regiones de la Araucanía y Los Ríos. En cuanto a egresos hospitalarios y las consultas, ha existido un aumento entre la población migrante, siendo Venezuela y Haití los países de origen con un mayor número de egresos. Asimismo, se observa un crecimiento constante en las consultas de salud mental.

En cuanto al acceso a la vivienda, las regiones con mayores carencias de los hogares migrantes son las de Tarapacá, Atacama, y Antofagasta. Estas destacan por presentar los déficits más pronunciados en los indicadores de habitabilidad, estado de la vivienda y acceso a servicios básicos.

ANUARIO ESTADÍSTICO DE MOVILIDAD HUMANA EN CHILE 2023

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El Servicio Jesuita a Migrantes, el Centro de Políticas Migratorias, el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Observatorio de Migración y Movilidad Humana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), abren la convocatoria para enviar presentaciones para el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana “Desafíos de la Migración Hoy”, a realizarse en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago de Chile, entre los días los días 9, 10 y 11 de abril de 2025.

¿Qué es el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana “Desafíos de la Migración hoy”?

La última década ha estado marcada por fuertes flujos migratorios en América Latina, tanto entre nuestros países, como  también hacia América del Norte. En este escenario, la crisis política y humanitaria de Venezuela, como también otros conflictos socio políticos, han planteado el urgente desafío de hablar sobre movilidad humana, las políticas migratorias y la protección internacional con visión de futuro.

De esta necesidad surge el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana que pone su foco en la región de Latinoamérica, para congregar a actores del ámbito público, academia, sociedad civil y sector privado, a intercambiar experiencias, buenas prácticas y conocimiento, así como también establecer un diálogo abierto, que nos permita avanzar, tanto a nivel local como regional, en la forma de abordar la movilidad humana en los próximos años.

De esta forma, el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana, está orientado a abrir espacios de diálogo y de colaboración entre los participantes; aumentar la masa crítica de personas e instituciones involucradas en el debate sobre movilidad humana en la región; y contribuir a mejorar -en contenido y forma- la manera en que se desarrolla esta discusión.

Puedes ser parte del Congreso Internacional de Movilidad Humana 2025 enviando:

  1. Resultados de estudios e investigaciones aplicadas.
  2. Sistematizaciones de experiencias de intervención, políticas públicas u otros temas de interés en movilidad humana.
  3. Buenas prácticas de experiencias de intervención, políticas públicas u otros temas de interés en movilidad humana.
  4. Tesis de Pregrado y Postgrado.
  5. Otros tipos de trabajos que contribuyan a la reflexión sobre la movilidad humana en América Latina.
  6. También se considerarán trabajos de países no latinoamericanos que incluyan en sus conclusiones análisis comparados.

La conferencia aceptará presentaciones en los idiomas español y portugués, se realizará bajo modalidad presencial, y se orientará prioritariamente a las siguientes líneas temáticas:

  1. Desarrollo y experiencias en la gobernanza migratoria.
  2. Prácticas de convivencia intercultural.
  3. Protección Internacional y Plan de Acción Cartagena + 40.
  4. Integración social, cultural y económica.
  5. Regularidad migratoria.
  6. Niñez migrante y refugiada.
  7. Movilidad humana, género y diversidades.
  8. Movilidad humana, cambio climático, desastres y emergencias.
  9. Territorio y habitabilidad migrante.
  10. Seguridad y control fronterizo.

POSTULACIÓN

Las postulaciones se pueden realizar en dos modalidades:   Resultados de Investigación y Experiencias de la Sociedad Civil, hasta el 31 de agosto de 2024. (Revisa toda la información en: https://www.cinmhu.org/)

1. Resultados de Investigación

Envíanos el resumen o abstract de la investigación o trabajo que quieres presentar en el Congreso Internacional de Movilidad Humana 2025, antes del 31 de agosto de 2024. Los trabajos seleccionados serán parte de las jornadas preparatorias que se llevarán a cabo en noviembre de 2024 (por vía telemática) y serán incluidos entre las ponencias del Congreso que se realizará en Santiago los días 9, 10 y 11 de abril de 2025.

​Los resúmenes o abstract deben cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Deben estar escritos en inglés o castellano.
  2. Se aceptará un máximo de 2 autores/as por ponencia.
  3. La extensión máxima de los resúmenes debe ser de 4.500 caracteres (sin considerar título, palabras claves ni bibliografía).
  4. Los trabajos a postular deben referirse a alguno de los ejes temáticos del Congreso.
  5. El título del resumen debe dar cuenta del tema a analizar y se deben incorporar 3 a 5 palabras claves.
  6. Se debe incorporar una breve descripción del problema o hipótesis de la investigación, metodología, hallazgos (pueden ser provisorios) y conclusiones (pueden ser provisorias).
  7. Se deben incluir referencias, con un tope de 10 obras o artículos.
  8. Señalar la adscripción y estatus institucional de los/as autores/as.

2. Experiencias de la Sociedad Civil

El Congreso Internacional de Movilidad Humana está pensado en ser una instancia de participación transversal para dialogar y reflexionar sobre ésta a nivel regional. La presente convocatoria está dirigida a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, interesadas en participar  de la primera edición del Congreso, para compartir en mesas redondas y stands, buenas prácticas relativas al trabajo con personas refugiadas y/o migrantes, que desarrollen en sus entornos locales.

​El espacio de la sociedad civil en el Congreso, busca reconocer aquellas acciones y/o actividades que llevan adelante  organizaciones  y que tienen como objetivo contribuir a mejorar la vida de personas migrantes y refugiadas, en la recepción, protección e integración en las sociedades receptoras, difundir su cultura y generar iniciativas de cooperación entre diversos actores, así como fomentar una convivencia cohesionada y que permita avanzar en prácticas contra cualquier tipo de discriminación y exclusión.

​Las organizaciones interesadas deberán manifestar su interés en participar, enviando un resumen que presente el foco de trabajo de la organización, así como la práctica o experiencia destacada que les interese compartir y los datos para ser contactadas.

El plazo límite para postular experiencias destacadas será el 31 de agosto de 2024.

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25 de Mayo, 2026

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El 20 de junio es una fecha emblemática para poner en el centro de las decisiones y articulaciones de protección a las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadamente que se desplazan en busca de protección, seguridad y un lugar donde puedan vivir en paz y con dignidad.

Por ello, como obras de la Compañía de Jesús que les acompañamos en diversos lugares de la región latinoamericana y caribeña, compartimos sus mensajes y llamados:

Independientemente de su nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, religión u otras características, todas las personas tienen derecho al asilo. Esta conmemoración permite insistir y procurar acciones que prioricen las necesidades, sueños y motivaciones de quienes migran forzosamente y su derecho a solicitar asilo sin barreras y discriminaciones.

La conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena en el año 2024 es la oportunidad para que todas las personas con necesidad de protección internacional en la región latinoamericana y caribeña sean el centro de las decisiones políticas de los Estados y de las articulaciones necesarias para protegerlas, teniendo presentes las nuevas realidades y diversas causas que les obligan a desplazarse, tales como violencias, conflictos armados internos, narcotráfico, crisis sociopolíticas, económicas y/o ambientales, discriminaciones y despojos, entre otras.

Como obras de la Compañía de Jesús en la región LAC, este año 2024 incidimos para que el Plan de Acción de Chile 2024-2034 aborde los vacíos de protección, las decisiones y realidades que han aumentado las violencias y vulnerabilidades. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas. Llamamos a la acción efectiva y la cooperación, para unir esfuerzos, afrontar los desafíos presentes y futuros de las migraciones en la región, buscando la transformación de las causas estructurales que obligan a las personas a desplazarse en busca de condiciones de vida dignas.

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Este miércoles 12 de junio, los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) dieron a conocer, en conferencia de prensa, un documento con el que buscan contribuir a lograr una mirada cristiana del fenómeno de la migración.

Los miembros del Episcopado expresaron, además, su máxima preocupación por el creciente sentimiento desfavorable hacia la migración que se advierte entre los chilenos y subrayaron la importancia de abordar esta temática desde una perspectiva de solidaridad y acogida, fundamentada en los principios de la fe cristiana. En tal sentido, fueron enfáticos en abogar por la regularización de los migrantes 

El documento denominado “Fui forastero y me recibieron (Mt 25, 35), una mirada cristiana a la migración” fue presentado en las oficinas del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) que está emplazado en la Parroquia Latinoamericana en la comuna de Providencia.

En la conferencia de prensa, los integrantes de la CECH se reunieron con agrupaciones de la sociedad civil y del Estado que trabajan en temas migratorios. Participaron Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias; Felipe Harboe, abogado y ex senador por las regiones de Ñuble y Bío-Bío; y Francisco Jiménez, integrante de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC).

La reunión se centró en la discusión y coordinación de esfuerzos para mejorar las condiciones y derechos de los migrantes en Chile. Las autoridades presentes destacaron la importancia de trabajar para abordar de manera integral los desafíos que enfrenta la población migrante en el país.

Trabajo conjunto

Entre los miembros de la Conferencia Episcopal de Chile, estuvieron presentes monseñor René Rebolledo, arzobispo de La Serena (presidente); monseñor Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta (vicepresidente), y monseñor Sergio Pérez de Arce, arzobispo de Concepción (secretario general).

También participaron el arzobispo de Santiago, monseñor Fernando Chomali G.; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y el obispo de Arica, Moisés Atisha, presidente de INCAMI y de Cáritas Chile.

René Rebolledo destacó lo fundamental de esta reunión “para coordinar esfuerzos y ofrecer un apoyo integral a los migrantes que llegan a nuestro país”.

Por otro lado, Felipe Harboe destacó la importancia de la colaboración entre las organizaciones civiles y religiosas: “solo trabajando juntos podremos crear políticas efectivas que aseguren los derechos y la dignidad de todas las personas migrantes”.

Más allá de la exposición teórico-política, también se dieron a conocer experiencias de migrantes que han tenido acceso a los beneficios que entrega INCAMI, como el caso de Verónica Moreno, migrante venezolana con siete años en el país: “He tenido dificultades con la visa definitiva que no se ha podido concretar. Esta es mi segunda visita a INCAMI. En la primera oportunidad ellos me orientaron en el trámite, algo muy puntual. Yo recurro acá porque entiendo que es un servicio que está puesto al servicio de todos quienes lo necesiten. Este es un lugar donde puedo encontrar una respuesta concreta y certera de lo que tengo que hacer”. 

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Según el principal informe estadístico de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, de 2024: Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, por doce años consecutivos se han registrado incrementos en las cifras globales de desplazamiento forzado. El aumento más reciente, que eleva el número total de personas desplazadas por la fuerza a 120 millones, según datos de mayo de 2024, que según indica el informe “se debe tanto a las consecuencias de conflictos nuevos y existentes como a la incapacidad de resolver crisis prolongadas. En base a estos datos, la población desplazada a nivel global casi equivaldría a la población de un país del tamaño de México”.

A finales de 2023, la región de las Américas acogía a 23 millones de personas protegidas o asistidas por los Estados, en colaboración con ACNUR y sus organizaciones socias, como el Servicio Jesuita a Migrantes en Chile. A pesar de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes sin precedentes en la región – a menudo a lo largo de rutas mortalmente peligrosas – se están adoptando soluciones para garantizar la protección, la regularización y la integración de las personas en situación de desplazamiento.

Un factor que ha resultado determinante en el aumento de las cifras ha sido el devastador conflicto en Sudán: a finales de 2023, un total de 10,8 millones de personas sudanesas habían sido desplazadas. Además, millones de personas fueron desplazadas en Myanmar y en la República Democrática del Congo debido a violentos enfrentamientos que tuvieron lugar el año pasado. Asimismo, UNRWA estima que, a finales de 2023, alrededor de 1,7 millones de personas en la Franja de Gaza (el 75 por ciento de la población) fueron obligadas a desplazarse debido a catastróficos niveles de violencia, en su mayoría refugiados palestinos. De igual manera, Siria sigue siendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, con 13,8 millones de personas desplazadas por la fuerza dentro y fuera del país.

“Detrás de estas crudas cifras, que se mantienen al alza, se esconden innumerables tragedias humanas. El sufrimiento debe impulsar a la comunidad internacional a actuar con urgencia para abordar las causas del desplazamiento forzado”, declaró Filippo Grandi, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados.

“Es momento de que las partes en conflicto respeten el derecho internacional y las leyes básicas de la guerra. La realidad es que, si no hay una mayor cooperación ni esfuerzos conjuntos para abordar los conflictos, las violaciones de los derechos humanos o la crisis climática, las cifras de desplazamiento seguirán aumentando, lo que traerá consigo más sufrimiento y costosas respuestas humanitarias”, agregó.

El aumento más pronunciado en las cifras de desplazamiento global se produjo entre las personas que huyen de conflictos y permanecen dentro de su país, que suman 68,3 millones, según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC). Esto supone un aumento de casi el 50 por ciento en cinco años.

El número de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional ascendió a 43,4 millones, considerando a quienes se encuentran bajo los mandatos de ACNUR y de UNRWA. Gran parte de la población refugiada ha sido acogida por los países más cercanos al suyo, y el 75 por ciento reside en países de renta baja o media que, en conjunto, producen menos del 20 por ciento de la renta mundial.

El informe mostró que, en todo el mundo, más de 5 millones de personas desplazadas internas y un millón de personas refugiadas retornaron a sus hogares en 2023; estas cifras muestran ciertos avances hacia soluciones a más largo plazo. Otro dato positivo es que las llegadas por reasentamiento aumentaron a 154.300 en 2023.

Los países de América están desempeñando un papel importante en cuanto a reasentamiento y otras soluciones. Según el informe, los Estados Unidos de América recibieron el mayor número de refugiados reasentados a nivel mundial, en 2023, con 75.100 personas, seguidos de Canadá, con casi 51.100 refugiados. Además, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador están llevando a cabo vastos programas de regularización para personas refugiadas y migrantes vulnerables, garantizando la documentación y el acceso a los servicios. A finales de 2023, los países de la región también acogían a la mayoría de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Además, en la región Colombia lidera los esfuerzos para poner en marcha soluciones innovadoras para las personas desplazadas internas.

“Las personas refugiadas y las comunidades que las acogen necesitan solidaridad y una mano amiga. Todas ellas pueden contribuir a la sociedad, y en efecto lo hacen, cuando hay inclusión”, destacó Grandi.

“Cada vez más, los países de la región – junto con las agencias de la ONU y nuestros socios, y con el apoyo de la comunidad internacional – están aplicando un enfoque hemisférico en su trabajo conjunto para abordar las causas profundas del desplazamiento en los países de origen, responder a las necesidades humanitarias y de protección de las personas en tránsito, y fortalecer la protección, la inclusión y las soluciones en los países de destino y de retorno”, añadió José Samaniego, Director Regional de ACNUR para las Américas.

El informe también ofrece un nuevo análisis sobre la crisis climática y señala cómo afecta cada vez más y de forma desproporcionada a las personas desplazadas por la fuerza.

Dados los inmensos retos a los que se enfrentan los 120 millones de personas desplazadas por la fuerza que se describen en el informe de Tendencias Globales, ACNUR se mantiene firme en su compromiso de ofrecer nuevos enfoques y soluciones para ayudar a las personas forzadas a huir de sus hogares, sin importar dónde se encuentren.

Los países de las Américas conmemoran este año el 40 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, un proceso liderado por el Gobierno de Chile, con el apoyo de los Gobiernos de Brasil, Colombia y México. El proceso culminará con la adopción de una nueva Declaración y Plan de Acción: una aplicación regional del Pacto Mundial sobre Refugiados. El espíritu de Cartagena mantiene sus raíces en la protección y las soluciones, promoviendo la solidaridad, la cooperación internacional y la responsabilidad compartida.

Foto de Sébastien Goldberg en Unsplash

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