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Participamos en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, hasta donde llegamos para entregar opiniones y propuestas junto a otros expositores expertos en migración, con quienes abordamos los artículos del 17 al 22 sobre nacionalidad y ciudadanía que contiene el anteproyecto de la Comisión Experta. En esta jornada también participaron los representantes de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Rafael Zavala y Pedro Pablo Rossi, quienes basaron sus exposiciones sobre la nacionalidad y la prevención de la persona apátrida, y el derecho a buscar y recibir asilo.

Ambos también mencionaron que consideran necesario consagrar el derecho a toda persona a la nacionalidad, eliminar la excepción constitucional de adquisición automática de la ciudadanía para los hijos de extranjeros transeúntes y también incluir una salvaguarda en el artículo 17.3 para evitar la apátrida. Gabriela Hilliger, Jefa Jurídica de nuestra fundación también se refirió a este tema y señaló que hoy Chile tiene un 8% de población inmigrante, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Migración y de la Policía de Investigaciones de Chile.

Si bien sostuvo que el anteproyecto de la Comisión Experta tiene varios avances en cuanto a la nacionalidad y ciudadanía, sugirió eliminar del texto que no podrán ser chilenos “los hijos de extranjeros transeúntes”.  Hilliger expresó que en la actualidad la situación es muy complicada para estos menores -especialmente venezolanos y haitianos-, porque no pueden acceder a distintas ayudas básicas del Estado, como por ejemplo educación, salud y a tener una cédula de identidad. Mira aquí su intervención.

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El pasado jueves 6 de julio se dio lanzamiento a la Política Nacional de Migraciones, algo muy esperado por la comunidad migrante en Chile. Se trataba de un asunto fundamental, sin el cual la actual ley de migración y extranjería -que entró en vigencia en febrero de 2022- quedaba incompleta. A la vez, esta política era una sentida necesidad para un país que lleva más de una década recibiendo crecientes flujos migratorios, con una deuda en materia de gestión del fenómeno de movilidad humana presente en todo el continente.

La migración ordenada, segura y regular, es el gran objetivo declarado, recogiendo el principio consagrado en el artículo 7 de la Ley de migración y extranjería. En esa línea, los objetivos que apuntan a fortalecer el Servicio Nacional de Migraciones, que incluye entre sus medidas de aplicación inmediata la implementación de un programa de rezago de solicitudes migratorias, reconocen lo que ha sido una realidad de distintos gobiernos: una gestión deficiente del Estado ante solicitudes.

La nueva política migratoria busca ampliar herramientas para combatir tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Esto apunta a fortalecer una migración que sea segura para todos, tanto para las comunidades receptoras -el reclamo por mayor seguridad es una demanda transversal en la ciudadanía chilena- así como para las mismas personas migrantes que son, a fin de cuentas, las más vulnerables. La inclusión de medidas de especial protección de víctimas de violencia intrafamiliar, así como el énfasis en resolver los obstáculos de regularización que enfrentan niños, niñas y adolescentes -en especial venezolanos- son ejemplos concretos y muy positivos de un compromiso por proteger a ciertos grupos en necesidad de especial protección.

Por otra parte, se incluye entre las medidas que apuntan a seguridad y control de fronteras el proceso de empadronamiento biométrico que ya está en curso. Se menciona que la información recogida por este proceso será útil para el diseño de políticas, como el de la aplicación de modalidades de regularización, aun cuando las autoridades gubernamentales han insistido que este proceso no conducirá a medidas de regularizaciones masivas.

La actual ley de migración, en su artículo 22 referido a la Política Nacional de Migraciones, indica que entre sus elementos debe considerarse la integración e inclusión de los migrantes. Es una buena noticia en esa línea el anuncio del programa de mediación intercultural, enfocado principalmente en los funcionarios municipales y dirigentes sociales, apostando a un trabajo local con miras a mayor cohesión social.

Pero también lo contenido en la nueva política nacional de migración -al menos en su resumen ejecutivo, que es el que se ha hecho público- deja algunas interrogantes y preocupaciones. Se compromete un proyecto de ley para establecer un mecanismo de admisibilidad previa en materia de refugio, sin mayor detalle, y sin referencia a la desastrosa forma en que se ha implementado la ley de refugio hasta el momento, lo que ha tenido como consecuencia el casi nulo reconocimiento de la condición de refugio (Chile tiene una de las tasas más bajas de reconocimiento del refugio en la región), además de una serie de arbitrariedades de la autoridad migratoria en el acceso a procedimiento de personas solicitantes.

Preocupa también la redacción general de medidas que buscan ampliación de prohibiciones de ingreso y de causales de expulsión. Por ejemplo, frente al proyecto de ley comprometido que buscaría la posibilidad de materializar la expulsión a pesar de la existencia de causas judiciales pendientes en casos de simples delito, cuando se cuente con autorización del tribunal. Cabe preguntarse: ¿a qué tipo de expulsión se refiere la medida propuesta? ¿Administrativa o judicial? ¿No estamos con este tipo de proyectos volviendo a tiempos de la antigua ley de extranjería, donde los tribunales de justicia debieron dejar sin efecto una gran cantidad de expulsiones que se fundaban en la comisión de un delito, ya que no se esperaba a contar con una condena, elemento fundamental del debido proceso?

En el ámbito laboral, el proyecto Plataforma de Empleabilidad para Migrantes propuesto busca vincular la demanda de empleo con la oferta de trabajadores migrantes que, según se indica, hayan ingresado solicitud al sistema perteneciente al Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, no sabemos si en la versión final de la política se incluirá a trabajadores migrantes en situación irregular, para así no desaprovechar la posibilidad de avanzar sustantivamente en el objetivo de una política orientada hacia la regularidad migratoria.

En su discurso de lanzamiento de la Política Nacional de Migración, la ministra del Interior, Carolina Tohá, invitó a pensar en el futuro y en la actitud del Estado de Chile ante la migración. En su intervención expresaba que las personas migrantes y refugiadas debiesen tener la certeza de que Chile es un país decente.

En el actual contexto, lamentablemente, el debate sobre movilidad humana se reduce a tema de seguridad y control frente a la amenaza de aquellos a quienes no conocemos. Sin embargo, aquellos desconocidos habitan hace varios años entre nosotros, anhelando, tal como las familias chilenas, un futuro mejor y más seguro para sus hijos e hijas. Lo que tenemos hoy es la oportunidad de tomar, de una vez por todas, el desafío de esta nueva sociedad intercultural en la que vivimos, de crisis humanitaria a nivel regional, y de un fenómeno migratorio que debemos aprender a gestionar de la mejor manera posible: con mirada de largo plazo, protegiendo los derechos humanos de todos y todas, y atendiendo tanto los anhelos de quienes migran como las preocupaciones de las comunidades receptoras. Es de esperar que la política y las medidas que sigan a ésta, den espacio a una gestión eficiente, pero a la vez, como dice la ministra Tohá, decente.

Así lo explicó Macarena Rodríguez, Académica de la Universidad Alberto Hurtado y Presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, en una entrevista realizada en Radio ADN, en donde conversó sobre las Iniciativas Populares de Norma que buscan proteger a las personas migrantes y refugiadas, presentadas para que puedan ser discutidas en el próximo Consejo Constitucional. 

Como Servicio Jesuita a Migrantes y junto a la Universidad Alberto Hurtado y a la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales hemos propuesto dos Iniciativas que tienen relación con los temas de Movilidad Humana para que puedan ser considerados en la discusión del próximo Consejo Constitucional, en el marco de la elaboración de la Nueva Constitución. 

“Ocurre que nuestra constitución tiene una norma que dice que son chilenos los que nacen en Chile, a excepción los hijos de diplomáticos en términos generales y los hijos de extranjeros transeúntes”, explica Macarena Rodríguez, Abogada y Presidenta del Directorio del SJM. 

En tal sentido, la propuesta sobre el Derecho a la Nacionalidad para niños y niñas nacidos en Chile,  busca garantizar un derecho fundamental como lo es el derecho a la identidad, el que se encuentra consagrado en el ámbito internacional y que tiene por objetivo permitir que menores de edad tengan derecho a un nombre, a la identidad, a tener padres y a ser criados por ellos, entre otras cosas. 

Actualmente la normativa vigente  especifica que si el niño o niña nace en territorio chileno y sus padres no tienen intención de asentarse en el país, no tiene sentido entregar este vínculo, sin embargo, dicha normativa ha dado paso a abusos y a normas impropias que han sido tremendamente dañinas. 

“Se trata de niños que nacen en contexto de alta vulnerabilidad, que están en Chile de forma irregular o con una visa de turismo, a esos niños se les desconoce la nacionalidad, esos niños no tienen carnet de identidad. Actualmente tenemos 1800 niños que están en esta situación. A la madre no se le pregunta si ella tiene ánimo de permanencia, pero la institucionalidad sigue operando de manera distinta y esos niños son los que se ven afectados”, explica la experta en Derecho Migratorio. 

Con esta medida los niños y niñas pierden su derecho a desarrollarse de manera plena, puesto que al no tener rut, no pueden postular a becas, ni a cualquier tipo de beneficios educativos e incluso están en riesgo de apatridia.

Derecho a buscar y recibir asilo y el Principio de No Devolución

Otras de las iniciativas propuestas es el Derecho a buscar y recibir asilo y el Principio de No Devolución, que actualmente está ratificado en el ámbito internacional que busca proteger a las personas cuya movilidad ha sido forzada, mediante una residencia en otro país. 

“La mayoría de las personas lo que busca es una oportunidad, poder tener un espacio seguro y en paz para desarrollarse”, agrega Rodríguez. 

Puedes firmar por ambas iniciativas hasta el próximo viernes 7 de julio en www.secretariadeparticipacionciudadana.cl . 

Una verdadera fiesta colores y alegría vivimos este jueves en nuestro Centro Comunitario, en la actividad de cierre del primer semestre del 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗔𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀, que forma de nuestro 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶ó𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮.

En esta ocasión los participantes prepararon un show de títeres llamado “𝗚𝗿𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝗗𝗼𝗻 𝗝𝗼𝘀é”, obra que fue elaborada junto a las y los estudiantes en práctica de la carrera psicopedagogía.

Este proyecto está dirigido a niños y niñas migrantes, residentes de la comuna de Estación Central y en él se desarrollan actividades lúdicas de aprendizaje que tienen por objetivo brindar apoyo pedagógico en base al juego.

Durante el primer semestre de este 2023 se realizaron los Encuentros Regionales en el marco del Proyecto Construyendo una Sociedad Intercultural, que ejecutamos junto a Open Society Foundations. 

En total realizamos 17 reuniones regionales, en las que participaron casi 140 invitados, todos ellos representantes de organizaciones civiles y personas migrantes de diversas zonas del país. Estos primeros encuentros se llevaron a cabo en  las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, RM, Concepción y Maule. 

Dicho proyecto busca generar espacios de participación para la población migrante y la sociedad receptora, con el propósito de promover su incidencia en las discusiones políticas y legislativas sobre el contexto migratorio del país.

Prontamente realizaremos los hitos regionales con autoridades locales y comunidades, con el objetivo de crear  instancias de carácter expositivo y participativo para presentar los trabajos realizados en cada región.  

En paralelo se realizará una socialización estratégica de las propuestas emanadas del proceso participativo, como la construcción de material gráfico y estrategias para la comunicación, despliegue de acciones de influencia en espacios de debate y discusión política, entre otras iniciativas. 

Una vez culminado el proceso participativo, se abre un proceso de análisis, devolución y presentación de resultados.

Cada 20 de junio se conmemora el Día del Refugiado, personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares en busca de protección. En Chile, nos acostumbramos a creer que los refugiados huyen de lugares muy lejanos, como Ucrania por causa de la guerra, o de Afganistán y Siria por la crisis política y social. Esto ha hecho que nos cueste empatizar con el dolor de personas de nuestra propia región que están viviendo situaciones similares.

Si miramos los números de reconocimiento de la condición de refugiados en nuestro país, veremos que como Estado estamos en deuda con un compromiso que es internacional. Entre 2010 y 2022, de un total de 26.987 solicitudes de reconocimiento, solo se aceptaron 714, lo que equivale al 3%, información solicitada por transparencia al Servicio Nacional de Migraciones que puede encontrarse en el anuario del SJM, recientemente lanzado. Si solo consideramos personas venezolanas, esta cifra es más crítica. En el mismo período de tiempo se han recibido 10.382 solicitudes de las cuales solo se reconocieron 33, equivalentes a un 0,32%.

Pese a que esos números debieran llevarnos a una reflexión sobre qué estamos haciendo como Estado de Chile para responder ante la humana y compleja realidad de las personas que buscan refugio, hoy estamos hablando sobre cómo complejizar el acceso al procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado.

La letra de nuestro himno dice en uno de sus versos: “o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión”. Hoy más que nunca como país debemos estar a la altura comprometiéndonos clara y permanentemente con la protección a quienes deben dejar todo atrás por su vida y seguridad.

Waleska Ureta Cañas

Directora Nacional

Servicio Jesuita a Migrantes