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Con una actividad que nos permitió compartir y conversar sobre los distintos conflictos que pueden existir en una sociedad con distintas culturas presentes, dimos inicio al trabajo de la REI.

La REI nos ha permitido generar espacios de encuentro, reflexión e incidencia en torno a la interculturalidad y la inclusión, y también ha permitido que cada vez sean más personas migrantes las que integren sus empresas y a la vez, que sus condiciones laborales vayan mejorando.

Actualmente participan 10 empresas y cada una de ellas ha sido un valioso aporte en la misión de nuestro servicio, que tiene por objetivo lograr la inclusión de todos y todas.

Nos reunimos con diversas instituciones para hacer el lanzamiento oficial de una investigación que realizaremos durante el año 2023, orientada a conocer el estado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes migrantes y también, de sus cuidadores, en el marco del proceso de inclusión.

“Efectos de la salud mental en los procesos de inclusión NNA migrantes y sus cuidadores/as que viven en la RM”, lleva por nombre la muestra, que nace a partir de la necesidad de conocer las consecuencias que tiene en menores de edad la migración, los nuevos procesos de adaptación y el sentimiento de desarraigo, entre otras.

Hicimos la presentación a Fundación Colunga @AChm Ministerio de Desarrollo Social @FundaciónHorizonteCiudadano y @HogardeCristo para efectuar un trabajo colaborativo que nos permita proponer mejoras a las políticas públicas orientadas a proteger la niñez.

Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior -PAES-. Con gran alegría las comunidades extranjeras destacaban en redes sociales el esfuerzo y resultado de jóvenes migrantes que alcanzaron el máximo puntaje en la evaluación matemática.

Sin duda la educación superior es una herramienta que permite a las familias mejorar su situación socioeconómica, y a las personas, desarrollarse personalmente, pero también es fundamental para la inclusión social y para la formación de profesionales y técnicos que serán parte de la construcción del país que queremos y necesitamos. Por ello se han desarrollado diferentes esfuerzos desde la legislación y la política pública buscando mejorar en calidad y accesibilidad.

En el ámbito migratorio, esto se ha traducido en la consagración del derecho a acceder a la educación, presente en la Constitución como garantía para todas las personas sin distinción de nacionalidad, y en la nueva ley de migraciones como una garantía explícita de acceso en igualdad de condiciones que los nacionales.

Sin embargo, esta igualdad de acceso se está reduciendo crecientemente en lo formal, especialmente si analizamos esta situación desde el contexto de personas en flujos migratorios de alta vulnerabilidad social y económica o situación de irregularidad migratoria. A través del trabajo de nuestros equipos, hemos constatado una serie de trabas que sitúan a los y las estudiantes migrantes en una situación desigual.

Es más, de acuerdo con datos obtenidos a través del Ministerio de Educación, la matrícula de estudiantes migrantes en educación superior para el período 2014-2021 se ha mantenido constantemente por debajo del 2% (desde 1,4% a 1,9%) de la matrícula total, si comparamos el crecimiento de matrícula del sistema escolar para el mismo período que creció de 0,6% a 6,6%, lo que también contrasta con el crecimiento demográfico neto.

En esta ocasión nos queremos referir principalmente a los casos de alumnos que ingresaron al sistema educativo chileno siendo menores de edad y están buscando ingresar al sistema educacional superior en Chile. Si bien hay un avance importante a través del Identificador Provisorio Escolar en lograr una inserción en el sistema educacional básico y medio chileno y en la accesibilidad a rendir la prueba PAES, para acceder a la mayoría de los beneficios estatales de la educación superior, en particular para acceder a la gratuidad, los jóvenes migrantes requieren la visa de residencia definitiva o haber cursado toda la enseñanza media en Chile y contar con una visa temporaria. (art. 8°, inc. a del decreto 333), lo que es una barrera de particular complejidad para todos los y las migrantes.

En este sentido, es importante recordar que el proceso de obtención de un permiso de residencia definitiva dura al menos dos años, muchas veces más, dada la excesiva dilación en dar respuesta por parte del Servicio Nacional de Migración, y requiere de vínculos con chilenos o con extranjeros con residencia definitiva. Además, si bien hay un mecanismo de regularización para niños, niñas y adolescentes dispuesto a través del art. 41 de la Ley 21.325, su implementación es reciente, llegando a 961 permisos entregados a julio 2022, lo que es un número bajo teniendo en cuenta que solo entre enero y julio se registraron 6.521 NNA en situación de irregularidad, y en términos prácticos condiciona el acceso a la educación superior a la capacidad de los padres de dar cumplimiento a los requisitos de documentación, aun cuando es de público conocimiento que para ciertas nacionalidades tal requisito básico se hace imposible, dado el funcionamiento de sus consulados.

Lo problemático de lo anterior es que se supeditan las trayectorias educativas y la continuidad de estudios de jóvenes migrantes a una serie de factores, como la situación migratoria de sus padres, los tiempos de respuesta del Estado a los procesos de regularización, la capacidad de los consulados, entre otras. Hoy vemos cómo esta primera versión de la prueba PAES, cuyo horizonte es seguir democratizando el acceso a la educación superior, deja fuera a gran cantidad de estudiantes, que cuentan con las condiciones y la intención de seguir desarrollándose y participar de nuestra sociedad a través de sus intereses y habilidades.

Foto: CiperChile

Durante su participación en el programa de Radio Universidad de Chile, Waleska Ureta, analizó las estrategias que el gobierno ha buscado implementar para controlar los flujos migratorios en Chile. A su parecer, “no logran abordar todas las dimensiones y la magnitud de lo que estamos viviendo con las crisis humanitarias en el continente y que tiene un rostro humano también”, señaló. 

Tal como ha sucedido en las últimas semanas, las noticias relacionadas a personas migrantes o refugiadas, no han hecho más que aumentar la estigmatización hacia ellos, sin embargo, la delincuencia en el país viene en aumento desde hace décadas. “Chile hace décadas está con problemáticas sociales en muchísimas poblaciones del país, donde está el narcotráfico instalado hace muchísimo tiempo, hay violencia, hay exclusión social y no lo podemos desconocer”, agregó. 

A lo antes mencionado, la directora del SJM también hizo énfasis en que una regularización jurídica de las personas, es fundamental para mantener un control de quienes ingresan al país. “Chile debiese ir apuntando a los temas de regularización, porque qué te permite eso, que es lo que todos queremos, una migración segura, ordenada y regular“, acotó.

Y añadió que “para nosotros, el que se ordene el tema de la migración tiene que ver con eso y con, por ejemplo, hacer algún tipo de estrategia con el trabajo, que sería una muy buena salida hacer match con los puestos laborales”, puntualizó.

Los análisis presentados por el organismo internacional coinciden con los antecedentes presentados en los tres policys paper realizados por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana durante el año 2022.

Un nuevo informe presentado por la Organización Internacional Human Rights Watch, abordó la situación actual de Chile en temas migratorios. El documento señala que las políticas migratorias que se implementan en el territorio nacional presentan una serie de deficiencias, generando dificultad para conseguir visados o refugios dentro del país. 

Dicha información coincide con lo presentado por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, en el conversatorio recientemente realizado en la Universidad Alberto Hurtado, en donde se dieron a conocer los resultados de una serie de investigaciones realizadas a la población migrante en Chile. 

Las conclusiones principales de lo presentado se señalaron puntos claves que dificultan hoy los procesos, con una visión crítica a la actual de Migraciones y Extranjería, otro punto que coincide con HRW,  pues esta última hace referencia a la ley que fue aprobada en el año 2022 y que establece que la migración irregular al país no constituye un delito, en acuerdo al art. 9 de la Ley de Migraciones. 

Sin embargo, HRW menciona explícitamente que la mayoría de las deportaciones se han realizado sin la adecuada revisión judicial (pp 154). Esto se vuelve más preocupante, ya que en el exámen jurisprudencial llevado a cabo por el equipo del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, se observó  que de las 60 sentencias en materia de expulsión revisadas para este estudio, dictadas entre el 22 de febrero y el 7 de octubre de 2022, solo en 3 ocasiones la Corte Suprema confirmó el criterio de la autoridad administrativa, lo que nos indica un grave problema en que los procedimientos de sanción sean adecuados a lo que las mismas leyes nacionales disponen. 

Por otro lado, en la consulta ciudadana migrante, un 73% declaró saber nada o poco conocimiento respecto a las razones por las que se puede prohibir la entrada a Chile y un 86% conoce nada o casi nada sobre cómo presentar una defensa ante una sanción migratoria, lo que aumenta los problemas de acceso a una revisión judicial. Esta tensión entre el poder judicial y el ejecutivo respecto a las expulsiones fue explorada en más detalle, junto con propuestas para mejorar la capacidad del Estado de Chile de brindar respuestas a través de nuestro último policy paper.

ÚLTIMO POLICY PAPER

El evento tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado y participaron instituciones que colaboran con el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, del Servicio Jesuita a Migrantes. 

Un conversatorio sobre la situación migratoria y de refugio en Chile fue lo que se vivió la tarde del miércoles recién pasado en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, en el marco de la presentación de los resultados obtenidos por el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, durante un año de investigación, sobre la implementación y el funcionamiento de la nueva Ley de Migraciones (21.325), a un año de su entrada en vigencia. 

En la ocasión se analizaron los antecedentes que evidencian una grave falta de información en la población migrante sobre la nueva normativa, recomendaciones para mejorar procedimientos de regularización,  diferenciando entre refugiados y migrantes, inequidad social, la importancia de los municipios como primer sistema de atención a familias migrantes y el tratamiento que hoy se da en los medios de comunicación a las noticias relacionadas con personas de nacionalidad extranjeras. 

La situación actual en Chile es compleja, pues nos enfrentamos a uno de los movimientos de migración mixta más grandes del mundo, que sólo es comparado con lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y a la vez, afrontamos un momento clave debido a que las autoridades se encuentran definiendo la Política Nacional de Migraciones. “Estamos en un contexto global muy particular, son más de cien millones las personas que se han visto obligadas a desplazarse de sus países de origen por la fuerza, por distintos motivos, es una cifra que no tiene precedentes. No habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial una cifra de personas que se hayan visto obligadas a dejar sus hogares. América Latina no es una excepción”, señala Rebeca Celnamor, representante de ACNUR. 

En paralelo, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, hizo referencia sobre la inequidad social a la que se enfrentan los gobiernos locales para poder orientar o asesorar a personas migrantes en temas jurídicos, sociales o laborales. Para la edil,  una de las principales falencias actuales es la diferencia de recursos entre un municipio y otro, “La migración pone a los municipios con una gran tarea, que tiene una gran magnitud, pero que nos hace enfrentamos a esta inequidad territorial que hace que muchos municipios puedan prestar excelentes servicios y otros municipios que no tengan la capacidad”, señaló.

La forma de comunicar el aumento de flujos migratorios o situaciones en las que se ven involucradas personas de nacionalidad extranjera, es otro punto clave que se debe tratar con urgencia, pues actualmente sólo aumenta la percepción social negativa ante la migración. Neida Colmenares Presidenta del COSOC del Servicio Nacional de Migraciones, se refirió a este punto y señaló que “Hay un manejo comunicacional negativo. Como Cosoc hicimos un llamado a los medios de comunicación y a las autoridades para que sean ellas quienes salgan a decir cuales son las estadísticas que tienen cuales son las estadísticas que tienen y cual es el tratamiento adecuado” 

En cuanto a la propuesta que más ha sonado con fuerza estos últimas días, sobre cómo controlar la migración irregular en el país, proponiendo la expulsión como sanción inmediata, Macarena Rodríguez, Presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que “desde nuestra experiencia  podemos decir que la expulsión jamás ha sido una solución, es una medida cara, una medida inaplicable, más allá de que saquemos la notificación o la no notificación , la expulsión no es la medida de solución”. 

Y agregó “quien está de manera regular puede buscar un trabajo formal, puede arrendar de manera formal, puede vivir de manera regular y pueden dar cumplimiento a ese deseo forzado muchas veces que los hace caminar, dejar sus países y llegar a este lugar, donde las cosas no son fáciles hasta ahora”.

Vincular el control de identidad con la situación migratoria de las personas produce confusión en la ciudadanía y no contribuye  al objetivo fundamental de construir una sociedad más cohesionada. 

Desde hace tiempo suenan fuertes las discusiones en diversos escenarios políticos sobre temas legislativos en torno a la migración y las modificaciones a la ley existente. Ante el anuncio más reciente, que daba cuenta de una discusión sobre aumentar las facultades policiales en la frontera para detener a personas migrantes, los expertos del Servicio Jesuita a Migrantes explicaron lo que  puede ocurrir con estas nuevas indicaciones. 

“Este proyecto nos preocupa especialmente, dado que retrocede en un principio fundamental que se incluyó en la nueva ley de migración y que consolidó el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en la materia, la no criminalización de la migración”, comenta Gabriela Hilliger, Jefa del área de Incidencia Jurídica del SJM. 

Según la abogada, vincular el control de identidad con la situación migratoria de las personas produce confusión en la ciudadanía y no contribuye  al objetivo fundamental de construir una sociedad más cohesionada. “Nos preocupa que de aprobarse este proyecto, esto se traduzca en un uso discriminatorio de esta herramienta, y en vulneraciones de derechos de la población migrante”, agrega.

Con el otorgamiento de estas nuevas facultades el proyecto busca consagrar un control preventivo para migrantes, que consiste poner a disposición de las policías a personas que no puedan acreditar encontrarse en una situación migratoria regular, a fin de corroborar sus datos e iniciar los procesos que correspondan, también  aumentar el plazo que tiene la PDI para expulsar a irregulares y finalmente establecer por decreto una Crisis Migratoria cuando se registren más de mil ingresos por pasos no habilitados, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el cuidado de la frontera. 
“Dentro del debate público se discute mucho acerca de expulsiones, donde claramente desde la evidencia, se da cuenta de la imposibilidad de expulsar a todas las personas con órdenes de expulsión, lo que es algo que ocurre en todos los países dada la capacidad limitada de las policías y la compleja logística de una expulsión. Tal desafío se ha ido abordando, de acuerdo a la experiencia comparada, en la priorización de expulsiones de aquellos grupos de personas extranjeras que representan una amenaza a intereses sociales y públicos (como la seguridad pública)”, finaliza la abogada.

Un nuevo reconocimiento ha recibido la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, por cumplir a cabalidad con los criterios establecidos por el Ministerio de Justicia en su Memoria 2022. De esta forma se hace merecedor de un certificado otorgado por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que da cuenta de la buena gestión realizada durante el año pasado. 

Un reconocimiento que se otorga tras un año de trabajo y a través del cual se da cuenta del balance 2021 de la institución. Este documento permite fortalecer la confianza y la gestión de la entidad jesuita, en el marco de la transparencia. 

“Nosotros como Fundación tenemos que reportarle al Estado los gastos que realizamos con los dineros que se nos entregan. Todas las fundaciones socias hacen rendición con este formato. Es una obligación legal y la hacemos porque estamos en sinergia con otras fundaciones”, comenta Liset Aguayo, Responsable de Control de Gestión del SJM. 

FECU Social es una memoria que permite a las instituciones realizar una rendición de cuentas en aspectos financieros como de gestión y para ser aprobado debe cumplir a cabalidad con los requerimientos que establece el Ministerio de Justicia. Su realización está orientada a fomentar la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Chile.

Revisa la Memoria 2021

El documento, elaborado por el área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes  y entregado al delegado presidencial en la región de Tarapacá, Daniel Quinteros, se realizó a partir de los resultados de  la Primera Consulta a Población Migrante y Refugiada y de espacios de discusión llevados a cabo en distintas regiones del país. 

Hasta la delegación presidencial de la Región de Tarapacá llegaron miembros del equipo de Incidencia del SJM para hacer entrega del “Policy 2”, documento que tiene como objetivo describir y caracterizar el manejo de la información sobre la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325) que poseen las personas migrantes y refugiadas residentes en Chile. 

Este segundo policy paper, de una serie de tres, describe cómo se ha considerado el manejo de la información sobre procesos de regularización, acceso a trabajo y a servicios sociales básicos como uno de los elementos claves para comprender la inclusión de personas migrantes en la sociedad. 

Dentro de los resultados del estudio, se identificaron los siguientes hallazgos: 

1. Las personas extranjeras residentes saben, a nivel general, que entró en vigor una nueva normativa, pero desconocen aspectos relevantes de ésta que impactan en su vida diaria, lo que se intensifica en población más vulnerable; 
2. Para informarse, priman los medios de comunicación extra-institucionales e informales entre las personas extranjeras para informarse del contenido de la ley. 

Finalmente el policy paper presenta propuestas que mejoren la comunicación de la Ley de Migración y Extranjería.