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FENÓMENO. Hasta diciembre de 2021, se dio cuenta de 106 mil personas extranjeras viviendo en la zona. Se estima que en los últimos cuatro años hubo un incremento del 15% de esta población.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó su estudio “Estimación de personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre de 2021”, en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). En él se marca que hasta la fecha señalada la cantidad de migrantes que viven en el país es de 1.482.390, representando un alza de 1,5% en comparación al 2020.

En lo que respecta a la segunda región, esta aparece como la que acoge la segunda mayor cantidad de extranjeros, siendo 106.274 personas las que residen en la zona, siendo solo superada por la Región Metropolitana. La cifra representa un alza relativa de un 4,2% respecto al año anterior y una del 15,7% desde el 2018.

En el tramo de los últimos cuatro años, Antofagasta ha recibido 14.451 inmigrantes que han instalado su residencia en la región. Esto también deja a la región como la segunda con mayor incremento absoluto en ese periodo de tiempo, nuevamente por detrás de la Metropolitana.

En términos de comunas, la capital regional también resalta como la segunda con mayor cantidad de extranjeros residentes, con 64.043 personas. Por su parte, la comuna de Calama ocupa el octavo puesto, dando lugar en su territorio a 31.812 personas.
Análisis

Los resultados que marca el estudio se basan principalmente en torno a personas con trámites migratorios iniciados, por lo que se incluyen mayoritariamente a extranjeros en situación regular. Ante esto, desde el SERMIG se indicó que los números referidos a casos irregulares se considerarán en la siguiente estimación.

“Se saca una foto al contexto final de la pandemia y muestra lo que ocurre con una frontera formalmente cerrada. En la próxima estimación vamos a incorporar el dato de la irregularidad en la fórmula. Nos parece importante visibilizar esta realidad, que tanto desde el punto de vista estadístico como de política pública es muy desafiante”, señaló el director nacional de SERMIG, Luis Eduardo Thayer.

A la vez, el también sociólogo destacó la importancia que estos datos pueden tener para las autoridades: “Hoy estamos entregando un importante insumo para la planificación de los municipios, gobiernos regionales y, por supuesto, del Ejecutivo”.

En línea con lo anterior, algunos analistas destacan que estos datos permiten dar cuenta de fenómenos particulares que están ocurriendo en ciertas zonas y que permitirían la implementación de estrategias más específicas para lidiar con potenciales conflictos.

“Se debe entender que lo que nos muestran estas cifras es que la migración hacia Chile es tremendamente diversa, y que las soluciones que se le ofrecen a una región no pueden ser las mismas que a otra. Por ejemplo, en Antofagasta hay una inmigración colombiana y boliviana más predominante que la venezolana. Entonces, hay un tema de cómo se van generando ciertos patrones de interacción”, explicó el investigador del Servicio Jesuita Migrante, Juan Pablo González.

Por otro lado, es muy latente el fenómeno migrante que ha marcado la contingencia durante el último par de años, y que puede llevar a la impresión de que la cantidad de habitantes extranjeros puede ser aún mayor en el futuro. Ante este escenario, se recomienda ser cuidadoso.

“Es complejo. Si bien hay un aumento, ese 1,5% nacional en los últimos cuatro años muestra una desaceleración de los saldos migratorios respecto a periodos anteriores. Como estamos saliendo de la pandemia, estamos en un panorama muy complicado para hacer predicciones. Se debe ser cauto y prepararse para cualquier suceso”, señaló González.

“Creo que el flujo migratorio continuará, sobre todo por parte de Venezuela que mantiene sus problemas políticos y sociales. Pero también hay personas que ya están radicadas que requieren agilizar los trámites burocráticos para integrarse apropiadamente al mercado laboral. En ese sentido, es poco lo que se puede decir al respecto”, indicó por su parte el director del Centro Nacional de Asuntos Migratorios de la Universidad de Talca, Medardo Aguirre.
Desglose

Al ahondar en los datos de la población extranjera residente en la región, se puede destacar que el 53,2% se encuentra en el rango etario entre los 25 y 44 años. Además, se concentra un 11,6% entre los 0 y 14 años, lo que convierte a Antofagasta en la zona con la mayor proporción de menores de edad.

La comunidad boliviana es la de mayor representación, con un 38,7% del total, seguido por la colombiana con un 29,4%. Las personas venezolanas equivalen a un 8,4% de la población migrante, aunque también han tenido la mayor alza de residentes desde 2018 con un 1,9% de aumento.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

El Jefe de Estado se refirió a las iniciativas concretas que el Ejecutivo impulsa para avanzar en la agenda de Seguridad. Entre las disposiciones confirmadas ayer se encuentran: intervenciones policiales para la seguridad en territorios, Fondos Presupuestarios de Seguridad Nuestro Norte, Plan de Normalización de Vehículos de Carabineros se iniciará en la zona norte y Coordinación Seguridad Transporte en Rutas.

El presidente, Gabriel Boric, endureció este jueves su tono hacia los inmigrantes que no tengan sus papeles al día señalando que “o se regularizan o se van, y si han delinquido, se tienen que ir”.

En su gira por el norte del país, particularmente la región de Antofagasta, el mandatario puso el foco en la crisis migratoria y de inseguridad que hace meses aqueja a la zona. “La respuesta es más complicada, es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas, a quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley”, enfatizó Boric.

“Es un trabajo que tiene como prioridad nuestra delegada (presidencial regional, Karen Behrens), que va a hacer este trabajo intersectorial con (el Ministerio de Salud); en caso de que haya niños, tenemos que garantizar que tengan acceso a la educación; en el caso de Desarrollo Social, los albergues hoy están copados en Antofagasta”, agregó. La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM).

SEGURIDAD PÚBLICA

Durante su segundo día en la región de Antofagasta, el Presidente Boric, encabezó el trabajo del Gabinete Regional, instancia donde le explicó a las autoridades locales nuevas medidas para abordar la seguridad pública, algunas de ellas incluidas en el Presupuesto 2023, ratificando su compromiso con la materia. El Jefe de Estado se refirió a las iniciativas concretas que el Ejecutivo impulsa para avanzar en la agenda de Seguridad.

Entre las disposiciones confirmadas ayer se encuentran: intervenciones policiales para la seguridad en territorios, Fondos Presupuestarios de Seguridad Nuestro Norte, Plan de Normalización de Vehículos de Carabineros se iniciará en la zona norte y Coordinación Seguridad Transporte en Rutas. Sobre esto, el Jefe de Estado afirmó que “le vamos a ganar la batalla a la delincuencia, vamos a recuperar los espacios públicos, queremos devolverles la tranquilidad y la seguridad a los habitantes de la Región de Antofagasta. Eso es una prioridad de nuestro Gobierno y estamos enfocados justamente en eso”. Además de las medidas mencionadas, el Consejo Regional contra el Crimen Organizado priorizará el análisis de delitos relativos a la Ley 20.000, al tráfico, tenencia y porte de armas y municiones, así como robos realizados en contexto de crimen organizado y la reducción de brechas institucionales para el combate de estos en la región.

Respecto a temas que afectan a la región misma, el Presidente explicó que en inversión pública sectorial instruyó reasignar fondos y atender las brechas identificadas producto de la tensión migratoria en materia de Salud, de Educación, Obras Públicas, Vivienda, entre otros. Finalmente, añadió que mandató a los diferentes Delegados, para que se priorice la limpieza del sector La Chimba, que es donde se están construyendo y planificando construir mayores viviendas sociales.

Fuente: El Día de La Serena

Estudio determinó que la mayoría son venezolanos, peruanos y haitianos. Analistas comentan qué edad tienen y si trabajan o no.La población extranjera que reside habitualmente en Chile es de 1.482.390 personas. Así lo determinan estimaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Registro Civil.

Esta cifra, aclaran las instituciones, representa un alza de 1,5% respecto al 2020, año en que se estimaron 1.460.047 personas, y un aumento de 14,1% en comparación al 2018, cuando se calculó un total de 1.299.432 extranjeros residentes en el país. ‘Estas son cifras basadas en trámites migratorios iniciados, por lo que principalmente incluyen a personas en situación regular o que han estado regulares.

Es una estimación que saca una foto al contexto final de la pandemia y muestra lo que ocurre con una frontera formalmente cerrada. En la próxima estimación vamos a incorporar el dato de la irregularidad (personas que viven irregularmente en Chile) en la fórmula’, asegura Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones. El origen. De los casi 1,5 millones de extranjeros que viven de manera regular en Chile, 30% proviene de Venezuela, 16,6% de Perú, 12,2% de Haití, 11,7% de Colombia y 8,9% de Bolivia (ver mapa). ‘Con la pandemia se estancó la llegada de personas migrantes.

Prácticamente no ha crecido esa población. De hecho, si uno calcula con respecto a la población general en Chile, el año 2019 el 7,58% eran extranjeros y ahora son el 7,53% del total de la población del país’, asegura Andrés Scherman Teitelboim, investigador del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (Leas) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Edades. Según las estimaciones, la población extranjera se concentra entre los 25 y 39 años; la mayor cantidad está en el grupo de 30 a 34 años, que concentra 18% del total. ¿La razón? Ese rango corresponde a personas jóvenes activas laboralmente. ‘El INE hizo un estudio en que determinó que 55% de los chilenos de más de 15 años trabaja. En el caso de migrantes, esa cifra es de 73,1%. Es muy fuerte la diferencia.

Lo mismo ocurre con las mujeres. La fuerza de trabajo de chilenas (que trabajan o buscan empleo) es de 49%, pero en extranjeras es de 70%’, aclara Scherman, magíster en Sociología. Familias. Un estudio del Leas sobre la caracterización de migrantes en Chile determinó que 26% de aquella población no tenía a nadie en el país al momento de su llegada, mientras 62% tenía una red de apoyo. ‘Muy pocos han formado familias con chilenos. De los venezolanos, solo 13% tiene familia mixta; de los bolivianos, el 17%; de los peruanos, el 31% y de los colombianos, el 22%’, detalla. Distribución. La Región Metropolitana concentra 61,3% de la población extranjera, equivalente a 909.414 personas. ‘Hay que hacer una salvedad: las regiones no tienen la misma cantidad de habitantes.

En Tarapacá, por ejemplo, hay 73.030 personas extranjeras, lo que equivale al 19% del total de la población de la región. O sea, prácticamente dos de cada diez personas que viven en Tarapacá son extranjeras. Eso es muchísimo. En Antofagasta es el 15% y en la Región Metropolitana es el 11%’, enfatiza. Personas irregulares. Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que pidió los datos por Ley de Transparencia, entre enero y julio del año pasado 23.673 personas ingresaron por pasos no habilitados; el 2019, fueron 16.848m; el 2018, 6.310. ‘Durante los últimos dos años la única manera de entrar al país fue por pasos no habilitados porque las fronteras estuvieron cerradas. Es muy difícil dimensionar el número de personas en situación irregular porque no contestan encuestas, no reportan’, finaliza Scherman.

Fuente: Las Últimas Noticias.

Este domingo 09 de octubre, conmemoramos junto al Instituto Católico de Migración (INCAMI Chile), Fundación Scalabrini, y el Obispado de Arica el Día Nacional del Migrante y Refugiado en el Parque Carlos Ibáñez del Campo de Arica, en un evento organizado por la Pastoral de Movilidad Humana.

Además de conmemorar, el encuentro tuvo como objetivo abordar las características de los procesos migratorios, y profundizar en materia de acogida y protección. Y para ello, promover la integración de personas migrantes y refugiadas que llegan a la ciudad de Arica.

Dentro de las actividades de la jornada, se realizó una Eucaristía encabezada por el Obispado de Arica, además de la generación de espacios de encuentro y reflexión para sensibilizar a la población local. Por otro lado, la oficina del SJM de Arica instaló un stand con orientación migratoria, para finalizar con una muestra folclórica y gastronómica.

Javiera Cerda Valle, Jefa Regional de la oficina del SJM de Arica señaló: “nos llena de alegría compartir, visibilizar e interactuar a través de la cultura y espacios de sensibilización como este. Aquí se nos permite conocer historias de muchas personas que decidieron migrar, las dificultades del proceso, sus anhelos, sus preocupaciones e incluso temores”.

El 30 de septiembre pasado, el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) formalizó el convenio que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región a través de de proyectos de distintos ámbitos desarrollados por 17 organizaciones de la sociedad civil. En el caso del Servicio Jesuita a Migrantes la elaboración del estudio sobre migración y salud mental cuenta con un financiamiento de $130.175.000.

La ceremonia de firma del convenio contó con la presencia de representantes de las 17 organizaciones que se verán beneficiadas con el fondo, miembros del Consejo Regional Metropolitano (CORE), y del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.

En esta instancia, la máxima autoridad regional señaló que “se debe invertir en las personas y en programas que ayudarán a que Santiago sea un mejor lugar para vivir. Santiago tiene profundas desigualdades y múltiples dolores, pero que tiene gente con una resiliencia insospechada y con una sociedad civil que con recursos es un gran aliado en los problemas de la sociedad”.

Dentro de las instituciones que integran el convenio, el SJM recibirá recursos para implementar en la elaboración del estudio “Efectos de la salud mental en los procesos de inclusión social de los niños, niñas, adolescentes migrantes y sus cuidadores/as que viven en la Región Metropolitana”.

Este estudio se plantea responder la pregunta sobre ¿Cuáles son los efectos de la salud mental en los procesos de inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y familias migrantes en la Región Metropolitana? a modo de poder identificar cómo el mejoramiento de la salud mental, puede ayudar a que tengan procesos de inclusión social efectivos.

A la ceremonia de firma y formalización, asistió Paula Tejeda, directora (s) de Sostenibilidad del SJM, junto a Waleska Ureta, directora nacional del SJM.

“Agradecemos al Gobierno Regional y al CORE por esta iniciativa, que sin dudas, viene a aportar en la protección de la salud mental de niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes en muchos casos han vivido experiencias de alta vulneración, tanto en el trayecto a Chile como en su estadía aquí. Es por ello que, teniendo en consideración la complejidad de esta temática, indagar en dichas experiencias y, también, en las de sus cuidadores/as es relevante para mejorar nuestras políticas en salud mental e inclusión” señaló Waleska Ureta.

Por último, El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social del CORE, Leonardo Jofré, se refirió a la importancia de democratizar la ciudad y poner en perspectiva las temáticas que muchas veces han sido invisibilizadas. “Hoy vamos a trabajar temáticas relevantes como lo son la discapacidad, salud mental, inclusión, deporte, cultura, y salud en general. Estamos a disposición de trabajar con la sociedad civil para pensar desde nuestros territorios en construir una región distinta”.

De acuerdo con información preliminar, el afectado era parte de una caravana de 50 personas que ingresó irregularmente al país en medio de la noche.Un migrante venezolano cayó a la zanja que divide Bolivia y Chile mientras cruzaba por un paso inhabilitado la noche del martes, a la altura de Colchane, donde han muerto al menos siete personas este año.

Según reportaron las autoridades municipales de Colchane, la persona afectada sufrió heridas y lesiones de gravedad al caer a tres metros de profundidad, por lo que debió ser trasladado desde el centro sanitario de Colchane al Hospital Regional de Iquique.

“El paciente, de 32 años, fue trasladado por carabineros que lo encontraron en la zanja (…) se pudo evidenciar una herida expuesta de tibia con aumento de volumen, siendo trasladado al Hospital Regional de Iquique para su observación y evaluación por el especialista”, señaló la médico de Colchane Yajaira Lobera.

De acuerdo con información preliminar, el afectado era parte de una caravana de 50 personas que ingresó irregularmente al país en medio de la noche, soportando las inclemencias de la zona que se ubica a 3.700 metros sobre el nivel del mar y alcanza temperaturas extremas a distintas horas del día.

Desde el departamento de Salud de la municipalidad de Colchane aseguran que durante el mes de septiembre se vio un aumento en las atenciones a inmigrantes irregulares, aunque no ha alcanzado niveles como los de principio de año, cuando la crisis tuvo uno de sus puntos más álgidos.

“Nada ha cambiado con respecto al ingreso de la migración irregular. Evidenciamos un aumento de estos durante este mes, ya que siguen ingresando sin ningún freno desde Bolivia. Nos preocupa el silencio del Gobierno”, afirmó por su parte el alcalde de la comuna, Javier García.

“En el periodo de la exministra Siches se comprometieron cifras millonarias, sin embargo no se ha materializado nada de lo comprometido. Tampoco hemos tenido ninguna respuesta o intento de comunicarse con nosotros de parte de la ministra del Interior (Carolina Tohá) para que nos explique qué pasa con los compromisos. Es preocupante tal incertidumbre”, agregó el edil.

Panorama en Colchane

Colchane, con casi 1.600 habitantes, no tiene supermercados, bancos ni alcantarillado.

Su cobertura telefónica es débil o nula y el servicio de salud primario tiene capacidad para atender poco más de 10 casos al día, con el hospital más cercano a 250 kilómetros en coche por un camino sinuoso y con tramos sin pavimentar.

La precaria infraestructura comunal ha sido desbordada en múltiples ocasiones por las oleadas migratorias, en su mayoría compuesta por ciudadanos venezolanos cuyo éxodo, de casi 6 millones, se compara con otros como la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental.

La migración irregular no era un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanas, según el Servicio Jesuita Migrante.

Fuente: Emol.com

Señor Director:

En el marco de la discusión pública de las políticas sobre migración, hay aspectos que se deben abordar cuidadosamente, como son las reconducciones y expulsiones a personas que ingresan por pasos no habilitados.

Si bien la actual Ley de Migración posee puntos positivos que apuntan hacia movilidades humanas seguras, ordenadas y regulares, algo que ha sido difícil de implementar en la práctica, son las reconducciones de personas que ingresan por un paso irregular, ya que requieren de una coordinación previa con el país vecino por donde ingresan las personas. Esta coordinación no existió antes de la entrada en vigor de la ley (febrero de 2022) y reflejo de ello, es que (según datos de PDI) entre febrero y julio de este año, solamente el 9,5% de las 11.816 medidas de reconducciones han logrado materializarse, debido a que las personas reconducidas no fueron recibidas por la autoridad del país limítrofe. A su vez, la evidencia muestra que las expulsiones administrativas no inhiben los ingresos por paso irregular. En efecto, desde inicios de 2021 se aplicaron medidas como expulsiones colectivas y presencia militar en la frontera, no obstante, en los meses posteriores a las cuatro expulsiones masivas realizadas en 2021, se incrementaron los registros de ingresos clandestinos, llegando incluso a 10.038 en octubre y 8.507 en noviembre de 2021. 

Abordar el tema migratorio de manera integral requiere incluir propuestas que vayan más allá de las expulsiones, para no caer en una mirada miope sin resultados efectivos. Una mirada integral debe tener la inclusión como horizonte, sin dejar de lado las herramientas que dé la ley para lidiar con los ingresos por paso no habilitado, pero comprendiendo que ante la crisis humanitaria que vivimos como región, hay principios que nos deben orientar hacia un manejo mejor y con mayor diálogo. En este sentido, iniciar una conversación sobre regularización es fundamental para comenzar a construir una respuesta integral de largo plazo.

Waleska Ureta Cañas

Directora Nacional SJM

El Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, formado por una alianza entre el Servicio Jesuita a  Migrantes (SJM), el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat; y el Centro Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), y apoyado por la Oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Embajada de Francia, presenta su más reciente investigación: “Chile ante la crisis humanitaria y los desplazamientos forzados: Propuestas para abordar la situación de las personas en búsqueda de protección internacional”.

Se trata de un policy paper, que además contó con la colaboración de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, y la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN Chile); donde se presentan una serie de propuestas dirigidas a fortalecer las capacidades del Estado de Chile para abordar el flujo de personas que arriban al país en búsqueda de protección internacional debido a los procesos de desplazamiento forzado.

Patricia Rojas, Presidenta de ASOVEN Chile comentó: “estamos complacidos de haber colaborado en la difusión de la consulta a las personas migrantes y refugiadas en el país y consideramos que el documento es un instrumento que evidencia la necesidad de avanzar en la protección internacional de personas en movilidad forzosa y que además toma en cuenta el impacto de la crisis humanitaria en las comunidades de acogida” tras participar como comentarista en este proyecto. “Se trata de un documento que desde data dura hace recomendaciones y propuestas para la construcción de la política migratoria nacional y sube el nivel del debate sobre la materia” puntualizó. 

En este sentido, las propuestas buscan fortalecer la participación ciudadana en políticas de protección internacional, potenciar la intersectorialidad entre las diferentes instituciones del Estado y articular una coordinación internacional a nivel latinoamericano que permita abordar las consecuencias de los desplazamientos forzados, que devienen de conflictos y crisis sociales, económicas y medioambientales.

Bajo esta línea, las propuestas buscan delimitar el rol que debería tener la institucionalidad estatal ante este fenómeno;  definir el rol del Estado en la promoción de la coordinación internacional para acoger y dar respuesta a las personas que migran por razones humanitarias; abordar la preparación de Chile para afrontar procesos de desplazamiento forzado producto del cambio climático; y definir cómo se puede articular la sociedad civil y el Estado para asegurar a la ciudadanía mecanismos de participación en el levantamiento de políticas públicas.

Pablo Roessler Coordinador del Comité de Gobernanza del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana y Jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes,  se refirió al trabajo detrás de la redacción del policy paper: “estas propuestas representan un trabajo conjunto entre la academia, la sociedad civil y la comunidad migrante, buscando aportar a que el Estado pueda extender las protecciones que la ley encomienda a aquellas y aquellos que más las necesitan” 

Por su parte, Daisy Margarit, Directora de Magíster de Ciencias Sociales USACH y Académica del Instituto de Estudios Avanzados, señala que la intención de estas propuestas es “avanzar hacia un modelo de gestión de la migración basado en la corresponsabilidad, y la solidaridad, que permita movilizar a la sociedad civil y la institucionalidad de los Estados en el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos humanos”.

Al mismo tiempo, recalcó que, “este documento de política, espera constituir un aporte para la profundización en el conocimiento del fenómeno de la migración y movilidad humana. Además, se espera poder incidir en las políticas públicas que impactan en el reconocimiento de los migrantes, por ello, buscamos con este aporte, fortalecer el intercambio de miradas y enfoques, entre la sociedad civil y la institucionalidad del Estado”.El texto, publicado el 27 de septiembre, está disponible en su versión online en https://www.observatoriomigraciones.cl/publicaciones/ y en https://www.migracionenchile.cl/publicaciones-2022 .

Documento aborda situación de personas en búsqueda de protección internacional. Este año, el país solo ha aprobado el 0,5% de las solicitudes.La crisis migratoria en la frontera norte, con un sostenido flujo de extranjeros en condición migratoria irregular, mantiene hasta hoy la presión en zonas limítrofes con el aumento exponencial de ingresos clandestinos en 2020.

En medio de esta crisis migratoria, el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, entidad que integra el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre otras, desarrolló una investigación como parte de un estudio comparado para abordar esta contingencia.

El análisis denominado ‘Chile ante la crisis humanitaria y los desplazamientos forzados’ considera propuestas para acometer la situación de personas en búsqueda de protección internacional debido a los procesos de desplazamientos forzados. ‘Estas propuestas representan un trabajo conjunto entre la academia, la sociedad civil y la comunidad migrante, buscando aportar a que el Estado pueda extender las protecciones que la ley encomienda a aquellas y aquellos que más las necesitan’, comenta Pablo Roessler, coordinador del comité de gobernanza del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana y jefe de estudios del SJM.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, el total de solicitudes de refugio formalizadas desde 2010 al 30 de junio pasado asciende a 24.657 casos. Entre 2010 y 2022 se ha formalizado el 2,9% de las solicitudes, mientras que hasta mediados de año se mantenía una tasa de otorgamientos del 0,5%.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, expresó su satisfacción por haber colaborado en la difusión de la consulta en personas migrantes y refugiadas en el país. ‘Es un instrumento que evidencia la necesidad de avanzar en la protección internacional de personas en movilidad forzosa y que además toma en cuenta el impacto de la crisis humanitaria en las comunidades de acogida’, afirma.

‘Se trata de un documento que hace recomendaciones y propuestas para la construcción de la política migratoria nacional y sube el nivel del debate sobre la materia’, añade Rojas.

Las propuestas surgidas de la investigación buscan fortalecer la participación ciudadana en políticas de protección internacional, potenciar la intersectorialidad entre las diferentes instituciones del Estado y articular una coordinación internacional a nivel latinoamericano, que permita abordar las consecuencias de los desplazamientos forzados, que devienen de conflictos y crisis sociales, económicas y medioambientales.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), hasta agosto pasado se registraban 38 mil denuncias por ingresos por pasos no habilitados al país. Un registro que, según fuentes vinculadas a temas migratorios, permitiría proyectar que a fin de año se supere el registro histórico de 56.586 ingresos clandestinos reportados en 2021.

Fuente: El Mercurio.

El sábado 24 de septiembre, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)  junto a la Pastoral de Movilidad Humana de Talca, realizaron una jornada de asesoría migratoria en Curicó que contó con la participación de más de 65 personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana y haitiana.

La actividad se desarrolló en el Centro de Formación Técnica San Agustín de Curicó, y contó con la disposición de un stand informativo para atender dudas y solicitudes; entregar información y orientación migratoria a los/as participantes; y promocionar la aplicación gratuita del SJM, “MigrApp”, cuyo objetivo es facilitar el acceso a información en temáticas de regularización y de derechos

Macarena Medel, Responsable del Proyecto MigrApp destacó que “estas instancias son importantes para promover el derecho al acceso a la información de calidad en procesos de regularización, sobretodo al considerar que son personas que habitan en regiones, donde, el acceso a información, servicios y derechos es más complejo que en Santiago”.

Al mismo tiempo, “es una oportunidad para acercar a las personas migrantes y refugiadas a las instituciones, organizaciones y canales de información oficial para que realicen sus procesos de regularización de forma autónoma, segura y ordenada, para así incidir positivamente en su integración e inclusión en Chile” agregó.