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El Servicio Jesuita a Migrantes analizó los datos de Extranjería entre el 2010 y el primer semestre del 2021. La información muestra que solo un bajo número de las peticiones formalizadas finalmente adquieren la condición de refugiados. Frente a los reparos por la modificación del reglamento de refugio, el coordinador regional del servicio, Fernando Guzmán, aseguró que Chile tiene filtros rigurosos para asignar esta calidad y que no cualquiera es reconocido dentro de esta categoría.

Luego de las modificaciones al reglamento de refugio que realizó el gobierno y que algunos actores evalúan como la ampliación del margen para conceder esta categoría, el director regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Fernando Guzmán, explicó que no es lo mismo formalizar una solicitud que obtener la categoría de refugiado en el país. “En Chile, la realidad es que la condición de refugiado no se le entrega a cualquiera, hay filtros que son bastante rigurosos. Dentro del Ministerio del Interior, quien tiene la facultad de decidir si se otorga es el subsecretario y en estos casos cuenta también con una comisión que lo asesora”, manifestó.

El profesional sostuvo que el área de estudios del SJM realizó una solicitud de información vía Ley de Transparencia a la Subsecretaria del Interior. El análisis de los datos entregados por el Departamento de Extranjería mostró que entre enero del 2010 y el primer semestre del 2021, en Chile hubo 19.339 solicitudes de refugio formalizadas (58,1% hombres y 41,9% mujeres). En ese periodo, el Estado otorgó refugio solo a 689 personas, y el 2020 y el primer semestre del 2021, solo siete inmigrantes fueron reconocidos en esos respectivos periodos.

El 2017 y el 2018 fueron las temporadas que registraron más solicitudes formalizadas, con 5.723 y 5.727, respectivamente. El 2020 ingresaron 1.628 y el año pasado en el primer semestre fueron 1.359. Del total, el Estado rechazó 7.012 peticiones, 5.862 están pendientes y muchos casos quedan archivados.

Guzmán señaló que la discusión se enmarca en las disposiciones que contempla la ley 20.430, conocida como la ley de refugio. “Realmente lo que ha sucedido son rectificaciones de las modificaciones que, el 11 de enero del 2022, el gobierno anterior hizo al reglamento. Se añadió una parte al artículo 37 bis que facultaba a funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones a restringir de cierta manera el acceso a quienes necesitaran la condición de refugiado. El gobierno actual rectificó ese artículo eliminándolo para que sea acorde a lo que indica la ley 20.430”, advirtió.

Estas aclaraciones son importantes, dijo, sobre todo respecto de lo que comentó el diputado José Miguel Castro, quien apuntó que a partir de la eliminación de ese artículo añadido por el gobierno anterior, toda persona que solicite refugio equivale a un perdonazo, lo que significaría reconocer a todos indiscriminadamente. “La realidad es que esa afirmación es errónea, porque no es lo mismo ser un solicitante de refugio que alguien que ya tiene la condición de refugiado en Chile”, enfatizó.

Según detalló, la ley 20.430 indica que a toda persona que en frontera o ciudad declare que en su país de origen no tiene protección de parte del Estado y su libertad o su vida estén en riesgo, se le tiene que facilitar el llenado de la documentación que corresponde para que se formalice como solicitante de refugio. Con este paso reciben una visa temporaria y un permiso de trabajo mientras la solicitud es procesada. “En Chile la realidad es que la condición de refugiado no se le entrega a cualquiera, hay filtros que son bastante rigurosos. Dentro del Ministerio del Interior, quien tiene la facultad de decidir si se otorga la condición es el subsecretario y en estos casos cuenta también con una comisión que lo asesora”, reiteró Guzmán.

“No se otorgará esta calidad a todos”

El trámite puede demorar cinco años o más, puntualizó, y el SJM acompaña jurídicamente casos de personas que tienen los antecedentes y pruebas de que su vida estuvo en riesgo en su país de origen y que llevan cinco años prorrogando las visas como solicitante de refugio sin tener una resolución final. “Entonces declarar que ahora se otorgará esta calidad indiscriminadamente a todas las personas, es falso. No se le puede negar el acceso a este procedimiento a quien declara que su vida está en riesgo, pero tiene que pasar por varios filtros, es citado a una entrevista y tiene que entregar pruebas de que su relato sea consistente. Luego pasa a la comisión que asesora al subsecretario del Interior para una respuesta”, declaró.

Guzmán contextualizó que el tema es complejo de abordar porque actualmente ocho de cada diez personas que están ingresando al país por pasos no habilitados son de origen venezolano. “Y es sabido que desde el 2014, el gobierno de Venezuela ha cometido violaciones masivas de los derechos humanos sistemáticamente. Bajo ese apartado, toda persona que llega a la frontera podría cumplir con el requisito para solicitar refugio. Acá hay autoridades, una comisión que trabaja con la Subsecretaría del Interior para el reconocimiento, por lo tanto, no es que se otorgue refugio a todos, sino a quienes que presenten pruebas que sean consistente con su relato y la comisión puede perfectamente rechazar o admitir la solicitud”, recordó.

El proceso completo puede sintetizarse en varios pasos y no es expedito. Primero debe presentarse la solicitud de reconocimiento en la frontera o en una ciudad. Se llena el formulario con los datos y las razones por las que se solicita protección y se otorga una visa temporaria para tener una permiso de trabajo y no depender del Estado. Más tarde viene una entrevista individual en la que se profundiza el caso a caso y luego la comisión debe resolver e informar al subsecretario.

“Hablamos de un proceso con pasos muy claros, que demoran mucho tiempo y que por más que existan miles de solicitantes, en los últimos años se otorgó a menos de diez personas esa condición. Por lo tanto, no es correcto decir que esto es un perdonazo y que a todos quienes pidan refugio en frontera se les entregará inmediatamente y dependerán de los beneficios estatales”, insistió.

El director de SJM Antofagasta nació y estuvo hasta los 22 años en Nicaragua, emigró a Panamá y hace diez años llegó a Chile. En cuanto a las diferencias entre países, apuntó que en general el tema va en la línea del derecho internacional, con asambleas que establecieron disposiciones para la protección de migrantes que requieren refugio y desde ahí, cada país aterriza con leyes específicas que respondan a la realidad de sus territorios y a las posibilidades de cada Estado.

En el caso chileno, agregó, la ley es bastante ejemplar, sin embargo, la puesta en práctica es compleja. “Eso pasa con las leyes, que en términos filosóficos están en la línea de los derechos humanos, como la ley 20.430 que es respetuosa de los derechos. Pero en la práctica es más difícil, porque el gobierno anterior se caracterizó por buscar mecanismos para dejar por fuera a personas que querían solicitar la condición. El actual gobierno lo que hizo fue rectificar para que se respete la ley como está estipulada. En ese tiempo vimos que el Servicio Nacional de Migraciones sin aviso, dejaba a la gente fuera, como el proceso demora varios años, y cuando querían renovar la visa temporaria, les decían que el caso estaba archivado y quedaban fuera del procedimiento porque no acudieron a la entrevista, pero no les habían notificado por ninguna vía”, criticó.

Y expresó que en la región han visto que el Servicio Nacional de Migraciones está exigiendo la declaración voluntaria por ingreso clandestino que se interpone ante la PDI, cuando ese requisito es ilegal porque no está contemplado en la ley de refugio. Al mismo tiempo, dijo, en la frontera cuando la persona quiere solicitar la condición, un funcionario de la PDI indica que eso no corresponde porque están cometiendo una infracción por entrar de manera irregular y no les permiten el acceso.

Quiénes son los refugiados

Guzmán expuso que, por lo general, son personas que, por pertenecer a ciertos grupos, de diversidad sexual, ambientalistas, promotores de derechos humanos, activistas políticos o quienes por defender ciertas ideas, son perseguidas. En ese contexto están obligadas a huir de su país y buscan dónde desarrollar su vida de manera segura, por ello la ley también contempla confidencialidad de datos.

“Estarán bajo la protección de los Estados siempre y cuando las condiciones que amenazaban su vida o libertad sigan vigentes, como lo que sucede con gobiernos autocráticos como Nicaragua o Venezuela, que persiguen a quienes se oponen a sus ideas y su sistema político. Los migrantes es general son quienes buscan oportunidades económicas en otros países para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, pero no necesariamente son perseguidos”, aclaró.

Fuente: Timeline

Con un público de casi medio centenar de representantes de la sociedad civil y organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas, se desarrolló el pasado sábado 23 de abril, la Mesa Redonda: Desafíos de la Ley de Migraciones y Extranjería. La iniciativa forma parte del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, impulsado por las universidades de Santiago, Arturo Prat y Alberto Hurtado, junto al apoyo de ACNUR y la Embajada de Francia en Chile

Pablo Roessler, jefe de Estudios de SJM, explicó que “el objetivo de esta mesa redonda fue instalar capacidades en organizaciones migrantes y pro migrantes respecto de los cambios que traerá la nueva ley de migraciones y extranjería, por lo que realizamos una serie de exposiciones de distintas temáticas ligadas, se aclararon muchas dudas y finalmente se presentó la consulta dirigida a personas migrantes”.

Respecto de las ponencias que acercaron a las y los migrantes y refugiados a la nueva norma, el sociólogo del Área de Estudios, Juan Pablo González, detalló que “En primer lugar Isis Carrera, gestora de nuestra aplicación de ayuda MigrApp abordó las categorías migratorias hoy presentes en el sistema de visado y las medidas de carácter especial como el asilo político; por su parte, Catalina Bosh y Vanessa González de la Coordinadora nacional de Inmigrantes, se refirieron al catálogo de derechos de los artículos cuarto, noveno y el párrafo segundo de la ley 21. 325, y lo relacionó con el trabajo en torno a la nueva Constitución”.

“Luego Alexis Torreblanca de Infomigra, comentó sobre los derechos digitales y acceso a la información en el marco del nuevo padrón de migrantes que está enmarcado en la Ley; Rodrigo Bolados, abogado de SJM Tarapacá, en tanto, se refirió a las causales de sanción que están en reglamentos y la misma ley de migración como no renovar la visa a tiempo, entrar por paso no habilitado, no informar el domicilio lo que puede conducir a multas y hasta a reconducción o que te rechacen una visa, y como complemento, su colega Valeria Álvarez, de la Clínica Jurídica de la UDP, abordó cuales son los mecanismos establecidos para apelar esas sanciones, con diversos recursos” cerró González.

Los responsables del proyecto también destacaron que se llenaron cerca de un centenar de formularios con inquietudes frente a la ley, que se van a sistematizar. Para cerrar la cita, se invitó a las y los asistentes a participar de la Primera Consulta a Población Migrante y Refugiada residente en Chile, que busca conocer las opiniones de personas migrantes y refugiadas sobre la nueva Ley de Migración y Extranjería.

A la fecha, la iniciativa ha beneficiado a 200 familias migrantes, con un alcance aproximado de 800 personas atendidas de manera directa y por extensión. El plan considera apoyo jurídico y procesos de reunificación familiar.

Ofrecer atención socio-jurídica en temáticas migratorias a extranjeros en situación de vulnerabilidad es el pilar del proyecto “Por un Chile más justo para todos y todas”, impulsado en una alianza público -privada por el Gobierno Regional, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Antofagasta Minerals. El objetivo es dar respuesta a la crisis humanitaria que se vive en el extremo norte del país, promoviendo la dignidad y los derechos humanos de las familias migrantes y refugiadas.

En una visita en terreno al Centro Comunitario del SJM, el gobernador regional, Ricardo Díaz y el gerente de Asuntos Públicos Norte Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, se interiorizaron de los avances del proyecto, resultado de esta labor conjunta y colaboración multisectorial.

Ayudas y atenciones

El programa comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa busca atender las necesidades urgentes de las familias migrantes y/o refugiadas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, brindándoles atención social y jurídica, además de contribuir entregando kits humanitarios, de higiene y de alimentación, según explicó el director del SJM en la Región de Antofagasta, Fernando Guzmán.

Uno de los ejes esenciales del proyecto contempla la reunificación familiar de migrantes en Chile. Para ello, se facilita el traslado de las familias que están de paso en la región hacia sus destinos finales, otorgando pasajes interregionales y orientación para que regularicen su situación migratoria.

Esta iniciativa tiene un costo de ejecución de poco más de 100 millones de pesos, los que fueron aportados por Antofagasta Minerals. A la fecha, el proyecto ha beneficiado a un total de 788 personas, a través de 24 patrocinios legales y 180 seguimientos de casos. A ello se suma la entrega de 17 kits humanitarios, incluyendo 16 pasajes con propósitos de reunificación familiar. Adicionalmente, el proyecto contempla capacitaciones para funcionarios públicos de Tocopilla, Mejillones, Calama y Ollagüe, además de operativos en campamentos en la comuna de Antofagasta y otras localidades de la región.

Impacto social

Tras la visita al Centro Comunitario Bonilla del Servicio Jesuita a Migrantes, el gobernador regional, Ricardo Díaz, comentó que, “la crisis humanitaria que vivimos en el norte del país con la masiva llegada de población migrante trasciende colores políticos y requiere de un tratamiento desde la no discriminación pues hay familias, niñas y niños que no pidieron migrar. Por eso desde el Gobierno Regional destinamos recursos para hacer frente al momento más álgido de la crisis y que con proyectos como este permitieron descongestionar nudos críticos y brindar ayuda humanitaria para catastrar, dar seguimiento y en definitiva, ayudar a que el proceso migratorio sea regulado y ordenado”.

En tanto, el gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, se refirió a esta importante colaboración intersectorial. “Este trabajo va en línea con el compromiso que como Grupo Minero tenemos con la región y sus desafíos. Estamos sintonizados con la realidad que se vive en Antofagasta y en el Norte, por lo que nos es imposible permanecer ajenos a la situación que enfrentan las y los migrantes que han llegado a nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida.  Por eso nos sumamos a este proyecto, para desde el trabajo mancomunado dar respuesta a esta problemática que afecta a cientos de personas en la región”.

En los primeros cuatro meses de ejecución, 200 familias han recibido apoyo y orientación. Según los datos recabados por el SJM, los usuarios “son migrantes principalmente de nacionalidad venezolana, boliviana, ecuatoriana y colombiana, en el rango etario de 18 a 29 años, seguido por el rango de 30 a 44 años”.

El Centro Comunitario Bonilla de la Fundación Servicio Jesuita Migrante continuará ofreciendo asistencia a familias extranjeras en sus instalaciones ubicadas en el sector norte de Antofagasta, en Avenida Bonilla 9198, durante todo 2022.

Fuente: Timeline

Las dinámicas migratorias y de movilidad humana son algo cambiante y complejo de comprender, la realidad de Chile hoy es ejemplo de ello. Desde allí, surge el trabajo del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, proyecto que se lanzó online este jueves 21 de abril y que busca monitorear la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, considerando evidencia científica y la participación activa de la comunidad migrante y refugiada que habita el país.

Esta importante iniciativa, que genera un vínculo entre el conocimiento académico y la participación de las comunidades migrantes, está organizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Universidad Arturo Prat (UNAP). Cuenta con el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile y la Embajada de Francia en Chile. A su vez, se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven) e Infomigra.

Las voces de los participantes

El evento contó con la intervención de representantes de todos las instituciones y organismos involucrados, a quienes se sumó como comentarista Eduardo Thayer, actual director del Servicio Nacional de Migraciones, quien manifestó gran entusiasmo. “Felicito a las autoridades de las instituciones por poner a disposición recursos para esto, recursos humanos, materiales y de cualquier tipo porque es un esfuerzo de institucionalización de un instrumento contralor, como este, desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que es una innovación, por lo menos en materia de migración, que no conocíamos en este país”, señaló.

A su turno, Vanessa González de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes manifestó que “estamos aquí hoy día, en este observatorio, en este importante hito, justamente porque este espacio tiene como uno de sus objetivos el visibilizar la voz, las experiencias y los sentires de migrantes y refugiados que hoy día viven en Chile. Es por eso por lo que como Coordinadora somos parte de esta alianza.”

Uno de los temas centrales del lanzamiento fue la evaluación de los efectos que tuvo la política migratoria hasta la fecha y qué efectos tendrá en el contexto que la nueva política migratoria busca solucionar. Desde una óptica migrante, Patricia Rojas de ASOVEN, evaluó que la gestión migratoria bajo la ley antigua “ha generado un impacto negativo en la convivencia, sobre todo en las ciudades y regiones del norte y definitivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena.” Juicio que comparte Juan Manuel Zolezzi, Rector de las USACH, “Chile debió enfrentar el fenómeno migratorio con una normativa antigua, la que se actualizó el año 2021, que impidió aprovechar el potencial de desarrollo económico, social y demográfico que ofrece la migración, la trascendencia que para nuestro futuro tendrán los procesos migratorios que hoy se despliegan, así como una necesaria gobernanza, demandan nuevos diseños institucionales que aborden la dimensión intersectorial, integral y multidisciplinaria que exige la gestión de la migración y articule la participación de todas las partes implicadas en este proceso”, declaró.

Alberto Martínez, Rector de la UNAP, aportó desde su mirada iquiqueña al diagnóstico de la antigua institucionalidad migratoria al indicar que “nosotros como región fuimos víctimas de un mal manejo de las autoridades gubernamentales por bastante tiempo lo que obviamente contribuyó a que nuestros habitantes no se sintieran tranquilos, no se sintieran seguros y un entorno social que, evidentemente tensionó permanentemente a nuestra región”.

En la misma línea, Eduardo Silva SJ, Rector de la UAH, realizó un análisis sobre los necesarios equilibrios en la regulación “Se nos acaba de mostrar como una mayor exigencia a las visas regulares, lo único que provoca es un aumento de los ingresos irregulares. Esta relación entre la ley y las consecuencias no queridas de la ley, y al revés, como la falta de regulación provoca un incremento significativo de la irregularidad y un rechazo en los propios nacionales,” dijo.

Por su parte Rebeca Cenalmor, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile señaló “Pensamos que iniciativas como este Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana son realmente necesarias para generar información, veeduría e incidencia en la implementación de la normativa nacional pero también sobre el desarrollo de políticas públicas que permitan avanzar hacia una protección más robusta para las personas refugiadas y migrantes.”.  Así también, Perrot Mathieu, Primer consejero de la Embajada de Francia en Chile expresó que “me complace participar en este Observatorio, que es de suma importancia, ya que permitirá proporcionar los datos recopilados por investigadores e investigadoras destinados a los responsables de toma de decisiones y, en primer lugar al gobierno chileno mismo. Por estas razones un orgullo para la cooperación franco-chilena formar parte de esta valiosa iniciativa”.

De cara a la norma que regirá la migración en el país, la elaboración de una nueva carta Magna y su nexo con el Observatorio como espacio de participación, Waleska Ureta, Directora nacional del SJM, comentó que “la entrada en vigencia de la nueva ley y el proceso constituyente abren nuevas ventanas de oportunidades para que la sociedad civil organizada pueda participar en la construcción de una nueva institucionalidad migratoria, que permita brindar garantías para los derechos de las y los migrantes y refugiados que llegan a Chile y a través de éstas, lograr una migración ordenada, segura y regular para todas y todos”.

Primera Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada

Para hacer seguimiento de cómo la nueva normativa de Migración y Extranjería se materializa, desde la perspectiva de las y los migrantes es que el primer proyecto será la 1° Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada residente en Chile, en la que se buscará conocer tanto la percepción de las personas migrantes y refugiadas sobre estos primeros meses de implementación de la legislación. Además, quienes respondan esta consulta tendrán la opción de recibir orientación con información fidedigna sobre las implicancias de la nueva Ley en su cotidiano.

Si quieres sumarse, no se requiere rut, la consulta es totalmente anónima y confidencial, se puede responder en 8 minutos, y se puede acceder desde cualquier dispositivo a través de este link. La consulta migrante estará disponible en línea desde el 21 de abril en adelante, hasta el 31 de mayo.

Revisa aquí el video del lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana:

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Fuente: El Concecuente.

En esta edición de jueves de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Waleska Ureta, directora general del Servicio Jesuita a Migrantes, por el video que viralizado en redes sociales que documentó el ataque xenófobo a un extranjero en un minimercado. Además, Ureta se refirió a la legislación nacional de migración y al trabajo constituyente sobre esta materia.

Sobre el hecho, Ureta comentó que “lo que se ve en el video no nos causa tanta sorpresa, hace tiempo hemos visto situaciones de menosprecio y maltrato a migrantes por su condición”. En esa línea, también sostuvo que el registro “es una muestra de cómo la sociedad chilena debe cuestionarse el trato y la relación que tiene con los otros desde el punto de vista de la racialización, de la xenofobia y la aporofobia, que tiene que ver con la precariedad de la migración”.

Desde esa premisa, Ureta relevó la urgencia respecto a la necesidad del desarrollo de políticas de inclusión a personas migrantes con la intención de avanzar hacia un país intercultural. “Debemos preguntarnos cómo podemos abrir espacios de intercambio y aprendizaje mutuo para hacer que nuestra sociedad le tenga un lugar digno a cada uno de sus habitantes”, enfatizó.

Consultada por el trabajo constituyente en la materia, Ureta dijo que “nos va a permitir tener un paraguas legislativo, pero lo realmente importante es que se aplique (…) el 14% de las visas solicitadas por responsabilidad diplomática se han entregado y peor aún, solo 7% de las solicitudes de refugio han sido acogidas”. Además, cuestionó la política de reconducción, señalando que “tiene posibilidades de vulnerar derechos, porque se basa en la discrecionalidad de un funcionario de fronteras que decide si alguien es reconducido o no”.

Fuente: Tele 13 Radio.

Convencionales de oposición aseguran que se fomenta una ‘migración descontrolada’. Mientras, representantes de extranjeros destacan que propuestas ‘nos ponen a la altura de estándares internacionales’.

El pleno de la Convención Constituyente discutió ayer los artículos sobre migración, los cuales generaron tensiones entre los convencionales. Cerca de la medianoche se terminaron de votar en particular, luego de la aprobación en general de todo el tercer informe de la comisión de Principios Constitucionales.

La jornada partió a las 15:00 horas cuando distintas entidades convocaban una manifestación a las afueras del Congreso de Santiago para promover la aprobación de los artículos 8, 9 y 10 relativos al derecho a migrar, el derecho al asilo y el principio de no devolución, respectivamente.

En definitiva, el artículo 8 fue rechazado y sus tres incisos volverán a la comisión. El texto sometido a votación postulaba que ‘toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile con sujeción a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’ y enfatizaba que ‘no se identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria’.

El artículo 9 (derecho a asilo) fue aprobado por 120 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones y pasó al borrador de Constitución. Establece que ‘toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes’.

También fue rechazado el 10 (principio de no devolución), cuyos dos incisos volverán a comisión. El texto planteaba que ‘ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a la frontera o al territorio del país de nacionalidad o residencia habitual en caso de ser apátrida, o a cualquier otro lugar donde su vida, libertad o seguridad peligren, a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o bien por la existencia de una situación de violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país’.

El convencional Martín Arrau (UDI) sostuvo que los tres artículos fomentan ‘una migración descontrolada’ y facultades a los extranjeros que ingresan de forma irregular para continuar en Chile. Otros convencionales de oposición también criticaron los artículos, argumentando que no resuelven la crisis migratoria que se vive en el norte.

Por su parte, Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del Servicio jesuita a Migrantes, destacó la relevancia de que ‘nuestro país que integre de manera inclusiva el fenómeno migratorio y de movilidad humana’. Y aspira a ‘una futura Constitución que incorpore valores de inclusión e interculturalidad efectiva, nos permitirán avanzar como sociedad. Hay normas ya aprobadas que nos ponen a la altura de estándares internacionales, de derechos humanos y las constituciones de la región’. En tanto, la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, remarcó que ‘ninguno de estos artículos está actualmente en la Constitución’ y espera que todas las temáticas puedan avanzar hacia el borrador final.

Previo a la votación, el académico Samuel Fernández, de la Facultad de Derecho de la U. Central, sostuvo que ‘los artículos me parecen bien. Hacen una distinción entre migración, asilo y refugio’, y que ‘lo importante es que se mantiene el cumplimiento de las normas internacionales y se deja subordinado a estas, que es lo que corresponde’.

Fuente: El Mercurio

La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes aseguró en CNN Chile que tienen que haber conversaciones bilaterales entre los países para recibir personas porque “básicamente quedan en el limbo”. “Eso, en términos de DD.HH. en general, es inaceptable”, señaló.

En su viaje a las regiones del norte del país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó como un fracaso el proceso de reconducción de migrantes que comenzó a aplicarse durante la administración del presidente Sebastián Piñera.

En un punto de prensa, la autoridad señaló que “la reconducción fue anunciada como una de las grandes medidas para enfrentar el ingreso irregular de inmigrantes, y la verdad cuando no hay un acuerdo bilateral, cuando no han habido gestiones diplomáticas, la reconducción se puede transformar en un gran fracaso y lamentablemente es eso lo que ha ocurrido“.

Ante los dichos de Monsalve, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “nosotros creemos que es una medida muy frágil, una medida que no resuelve todo lo que estamos viviendo hoy“.

“El subsecretario hablaba que era muy importante haber hecho relaciones diplomáticas para que este mecanismo pudiese resultar, pero también hay hartos otros elementos y detalles importantes sobre este mecanismo que hay que hablar”, expresó.

Al respecto indicó que para que la medida resulte “tiene que haber conversaciones bilaterales para que el país no se niegue a recibir a las personas porque, básicamente, lo que sucede es que quedan en el limbo”.

“No los dejan entrar al país que quieren ingresar y tampoco los reciben en el país por el que estaban entrando. Entonces, efectivamente han quedado personas que han estado errando porque no los dejan entrar a ningún país y eso, en términos de DD.HH. en general, es inaceptable”, añadió.

Otro tema importante para la directora del SJM es la fragilidad de la reconducción inmediata “que uno la puede ver por la discrecionalidad que puede existir en los funcionarios de fronteras para definir quienes tienen que retornar y quienes no”.

La reconducción “es un mecanismo que tiene unas fragilidades y es muy delicado si los funcionarios de frontera no están capacitados con un enfoque de derecho, en cómo se implementa y en cómo se hace también un orden en términos de quién debiese ser reconducido y quien no“, concluyó Ureta.

Fuente: CNN Chile.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, 701 de las 21.847 peticiones de refugio han sido aceptadas en la última década. Los colombianos son los que más han conseguido esta condición (443), seguidos por los sirios (109), mientras que los venezolanos son los que más rechazos han obtenido. Expertos advierten que la baja cantidad de aprobaciones tendría relación con un mal funcionamiento del procedimiento de asilo.

Cumplir con los requisitos para ser considerado un refugiado en Chile es una tarea, por lo menos, compleja. Así lo demuestran las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones, que revelan que en la última década, entre 2010 y 2021, se registraron en total 21.847 solicitudes del beneficio diplomático, pero solo en 701 casos fueron aceptadas, apenas el 3,2% del total.

Y del total de solicitudes de refugio aprobadas, el país que más ciudadanos con esta condición posee es Colombia, con 443 personas (63,2% del total). De ellas, 196 son hombres y 247, mujeres. Además, los colombianos han presentado 7.550 solicitudes en total, siendo la nación que más peticiones ha ingresado.

El segundo país en la lista total de los últimos 11 años es Siria. La nación del Asia Occidental, azotada por una cruenta guerra a mediados de la década pasada, registra 109 solicitudes aceptadas: 67 de varones y 42 de damas. De estas, el 65,1% se aprobó en 2017, justo el año en que el entonces gobierno de Michelle Bachelet lideró un Programa de Reasentamiento de Refugiados con apoyo de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Le siguen Turquía y Venezuela, ambas con 29 personas. Sin embargo, en el caso de los sudamericanos, según los datos del servicio, se registran 6.901 solicitudes de refugio desde 2010 hasta el año pasado, pero apenas el 0,42% fue aprobada.

En quinto lugar se encuentra Palestina, con 16 confirmaciones. En total, son 28 las naciones que cuentan con personas en calidad de refugiadas en Chile.

El año en que se registró la mayor cantidad de solicitudes de refugiados aceptadas de colombianos (103) fue 2018, año en que el conflicto armado en dicho país cobró 243.547 víctimas.

En 2020, cuando se inició la pandemia de Covid-19, fue el año en el que menos solicitudes se aprobaron; fueron solo siete: cuatro colombianos y tres venezolanos. Sumado a eso, también fue el segundo año en el que más peticiones se rechazaron (2.069), solo superado por 2021, cuando se negaron 3.082 de estas peticiones y se aceptaron solo 19 refugiados. Con ello, los dos últimos años suman el 74,5% de todas las peticiones rechazadas.

De hecho, en abril de 2021 un oficio del Ministerio del Interior ordenó suspender la recepción de solicitudes de refugio y otros trámites en 54 gobernaciones provinciales, lo cual limitó el acceso de extranjeros al proceso. Con la firma del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el documento instruyó la suspensión de la recepción de solicitudes de refugio y otros procedimientos migratorios, trasladando estas peticiones a la oficina nacional, ubicada en Santiago. En noviembre, tras una solicitud de pronunciamiento del INDH a la Contraloría General de la República (CGR), ésta emitió un dictamen en el que cuestionó a Interior, decretando la improcedencia del oficio, por contravenir la ley sobre protección de refugiados, además de acuerdos internacionales.

De acuerdo con la Ley 20.430, las personas a las cuales se les puede otorgar aquella condición en el país son “los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país”.

El principal beneficio que una persona refugiada obtiene en Chile es la garantía de quedarse en el país. Delfina Lawson, jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Chile (Acnur), manifiesta que “la piedra angular del sistema de protección de refugiados es el principio de no devolución, que una persona que es reconocida como refugiada no pueda ser devuelta a su país de origen, porque en este correría riesgo su vida, libertad o integridad”.

Y esto lo reafirma la Ley 20.430, Artículo 45, sobre las personas que reciben su condición de refugiados: “La caducidad o revocación de dicho permiso no comporta el cese del estatuto de refugiado, el cual subsistirá mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen”.

Opinión de expertos

La baja cantidad de solicitudes de refugio aceptadas, en comparación con las solicitadas, se explica en parte -de acuerdo a los expertos- por un problema en la articulación del proceso. Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, afirma que “acá hay un problema estructural de cómo funciona el procedimiento de asilo en Chile. Es un proceso que no está pudiendo absorber la cantidad de solicitudes que hay. No creo que 20 mil solicitudes sean infundadas y, además, si miras la cantidad de pendientes de resolución, también muestra una falla estructural en cuanto a la demora”.

Rodrigo Sandoval, exjefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración entre 2014 y 2017, explica que el proceso se debe iniciar con la voluntad de la persona de asistir a la oficina: “Primero se le pide al extranjero que llene un papel, que escriba un formulario en el cual formaliza su solicitud de refugio. Para eso, tiene que ir a una oficina de Extranjería. En este, hoy el Servicio de Migraciones, un funcionario lo va a entrevistar y preguntar algunas cosas, y si él cree que esa persona no se encuadra dentro, le va a decir que no tiene que pedir refugio, sino una visa común y corriente. Esa facultad del funcionario no está en la ley”.

Además, sobre el aumento que hubo de aceptaciones en 2018, Vargas comenta que responde a un tema de voluntad política en la época, “que venía del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que estaba andando en 2018 cuando asumió el Presidente Sebastián Piñera. Las cifras muestran que, luego de eso, la cantidad de personas reconocidas como refugiadas bajó enormemente”.

Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno y director nacional de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, esa disminución se sustenta en el momento político y sanitario que vivía el país. “Estábamos en una crisis institucional severa, en una proyección de una economía que se estaba viendo muy resentida, con altos niveles de desempleo como nunca se había visto desde hace harto tiempo en Chile, ocasionado por el propio Covid-19. En ese sentido, se entendía que no había que dar señales equívocas para los chilenos y por eso probablemente se restringió mucho más el acceder a este tipo de solicitudes”.

Colombianos y venezolanos

Durante los 11 años que contiene el registro del Servicio Nacional de Migraciones, los colombianos lideraron tanto la cantidad de solicitudes como la cifra de aceptaciones. Macarena Rodríguez, directora del Servicio de Jesuitas a Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, menciona que la situación de las personas colombianas “está relacionada al conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos a las personas que llegan a Chile y piden la condición de refugiadas”.

Algo con lo que concuerda María Elena Osorio, asociada de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (Ocorch), quien además agrega que “hay muchas solicitudes todavía pendientes, porque hay una dinámica a partir de 2017, donde hubo mucho desistimiento, entonces no aparecen como solicitudes vigentes, porque la gente renunció a la espera. Hay gente que lleva seis años esperando, y al no tenerla, toman la decisión de dejar la solicitud de refugio”.

En contraparte, para la directora del Servicio de Jesuitas a Migrantes ha existido una discriminación hacia los venezolanos que solicitan refugio: “Hoy día la principal nacionalidad a la cual se le ha negado el ingreso al procedimiento ha sido a los venezolanos. Esa cifra se esconde, por eso no aparece, ¿por qué uno ve a más sirios? Cuando miras el número de solicitudes aceptadas, o rechazadas, no te aparece ninguna de estas personas, porque no lograron entrar”.

Esto lo confirma Iván Riascos, presidente de la Fundación Red Migrantes y director ejecutivo de la Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados, pero haciendo alusión a la doble nacionalidad que muchos venezolanos tienen, lo que podría explicar las cifras del servicio: “Hay muchos venezolanos que están llegando que tienen doble nacionalidad, y como no tienen su pasaporte o documentos de Venezuela, hacen la solicitud como colombianos, porque el refugio es el único instrumento eficiente donde ellos pueden regularizar su situación. Ellos entran por pasos no habilitados”.

Fuente: La Tercera

Las actividades incluyeron la entrega de 10 tablets a familias migrantes que participan del proyecto Niñez Migrante Protegida.

El equipo del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de la región de Tarapacá, junto a, Francisco Carreño, Jefe Social Nacional, desarrollaron un conjunto de importantes acciones en la frontera, el campamento transitorio para personas migrantes de Lobitos (Iquique) y con los niños que integran el proyecto “Niñez migrante protegida” de Subsecretaría de la Niñez.

El 5 de abril se realizó una visita de monitoreo a la localidad de Colchane y al sector fronterizo donde se encuentra habilitado el albergue transitorio. “Durante la visita recorrimos el albergue transitorio y el Centro de Acogida de Hogar de Cristo donde pudimos hablar con las personas migrantes y profesionales que trabajan en el lugar para conocer las dinámicas de ingreso y permanencia. Además, recorrimos la zona de los bofedales para monitorear los ingresos y resguardo a la frontera”, explica la responsable de SJM Tarapacá, Pilar Valencia. 

Con la misma intención de conocer el funcionamiento del espacio y la situación de las personas migrantes que allí habitan y levantar sus principales necesidades, SJM Tarapacá acudió al Campamento transitorio ubicado en el Campus Lobitos. Valencia precisa que “conversamos con la encargada de la productora, indagamos respecto a los perfiles de atención, la dinámica interna de quienes habitan el espacio, las coordinaciones y valoramos la organización que las propias personas migrantes han tomado para mantener y hermosear el lugar. Sigue siendo preocupante, la situación de NNA respecto a resguardar el interés superior de cada uno y una. La responsable del campamento, nos mencionó que actualmente la principal urgencia que se ha manifestado es la información, ya que hay desconocimiento sobre acceso a derechos e información migratoria, por lo que esperamos replicar operativos informativos y sociales” 

Por último, se entregaron tablets a diez familias migrantes que fueron partícipes del proyecto de la Subsecretaría de la Niñez, que busca contribuir a la superación de la pobreza, por medio de la atención de las necesidades urgentes las niñas, niños migrantes y sus familias, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. “La iniciativa favoreció a un aproximado de 20 adultos y 40 niños. Las familias se mostraron muy agradecidas por la entrega ya que es un gran apoyo para sus hijos/as en el proceso educativo”, agrega Pilar Valencia. 

Trabajo de primera línea 

A su turno, Francisco Carreño, Jefe Social de SJM sintetizó la  experiencia señalando que “caminar, estar al lado, esperanzar la vida, consolar, alegrarnos juntos y juntas, así podría resumir estos días que viví como parte del equipo del SJM Tarapacá. Estar en primera línea y salir de zonas seguras o de comodidad para encontrarse con las personas y familias migrantes más vulneradas es un sello de este equipo, que se manifiesta en la ciudad, en la frontera, en la sede y campamentos. No podemos acoger a miles, pero en las acciones donde estamos, vamos a realizar un trabajo de excelencia para acoger a los niños y niñas, mujeres y hombres participantes de nuestros proyectos. Quiero destacar con especial gratitud y admiración por el trabajo que realizan: Camila, Javiera, Camila, Pilar, Franco, Rodrigo, Benjamín”.

Con la presencia y saludo inicial de la Directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, se realizó este miércoles el primer encuentro del año de la Red de Empresas Interculturales (REI) que nuestra fundación impulsa desde 2018, y que hoy integran 13 empresas chilenas y multinacionales. En la reunión se buscó abordar la situación de crisis humanitaria en la zona norte y la nueva Ley de Migraciones, bajo la óptica laboral. 

“Agradecemos a todas las empresas, que se han sumado a esta primera cita del año y que se la juegan por hacer cambios, avanzar hacia una sociedad más intercultural y apoyar a personas que lo han sufrido mucho. Especial mención a las nuevas empresas que se suman a la red, como Scotiabank, SMU, Motorola y WOM. Juntos esperamos seguir avanzando este año, con nuevas formas de trabajo y compromiso, hacia una sociedad más abierta y humana”, señaló Ureta. 

Los expertos explican 

A su turno el director social de SJM, Francisco Carreño, comentó los alcances de la crisis humanitaria que se vive en la zona norte con gran cantidad de personas migrantes que llegan.  “Esta crisis no fue generada por las personas migrantes, sino que se trata de una crisis de gobernanza, que afecta a nuestra región y al continente, y que tiene que ver con variables sociales y políticas. No ha habido un diálogo entre los países que garantice derechos a las personas que migran. Por lo tanto, los invitamos a crear en sus empresas espacios donde sí haya respeto y se acoja en la cotidianeidad”.

Luego vino el turno del Director Jurídico de SJM, Tomás Greene, quien se refirió a la nueva Ley de migraciones, indicando que “pese a la entrada en vigencia de la nueva normativa en febrero de 2022, seguimos a la espera del decreto que defina los tipos de visas o subcategorías migratorias”. Greene explicó además el funcionamiento de las visas de Desarrollo de Actividades Remuneradas y de Oportunidades laborales y que -en ambos casos- deberán solicitarse fuera del país, es decir, donde resida la persona que busca venir a Chile.

El encuentro culminó con la invitación de Francisca Ibáñez, responsable de la REI, a los más de 20 asistentes para que participen en una nueva charla  introductoria sobre contratación de extranjeros el 4 de mayo . “Igualmente los queremos invitar a sumarse a la Semana de la Diversidad que celebraremos entre el 16 y 20 de mayo, que incluirá charlas diarias, participación y actividades con empresas socias, testimonios de buenas prácticas en empresas y la realidad laboral de este colectivo en el país, todo en el marco del Día Internacional de la Diversidad Cultural que se conmemora todos los 21 de mayo”, sentenció Ibáñez.