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La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes aseguró en CNN Chile que tienen que haber conversaciones bilaterales entre los países para recibir personas porque “básicamente quedan en el limbo”. “Eso, en términos de DD.HH. en general, es inaceptable”, señaló.

En su viaje a las regiones del norte del país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó como un fracaso el proceso de reconducción de migrantes que comenzó a aplicarse durante la administración del presidente Sebastián Piñera.

En un punto de prensa, la autoridad señaló que “la reconducción fue anunciada como una de las grandes medidas para enfrentar el ingreso irregular de inmigrantes, y la verdad cuando no hay un acuerdo bilateral, cuando no han habido gestiones diplomáticas, la reconducción se puede transformar en un gran fracaso y lamentablemente es eso lo que ha ocurrido“.

Ante los dichos de Monsalve, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “nosotros creemos que es una medida muy frágil, una medida que no resuelve todo lo que estamos viviendo hoy“.

“El subsecretario hablaba que era muy importante haber hecho relaciones diplomáticas para que este mecanismo pudiese resultar, pero también hay hartos otros elementos y detalles importantes sobre este mecanismo que hay que hablar”, expresó.

Al respecto indicó que para que la medida resulte “tiene que haber conversaciones bilaterales para que el país no se niegue a recibir a las personas porque, básicamente, lo que sucede es que quedan en el limbo”.

“No los dejan entrar al país que quieren ingresar y tampoco los reciben en el país por el que estaban entrando. Entonces, efectivamente han quedado personas que han estado errando porque no los dejan entrar a ningún país y eso, en términos de DD.HH. en general, es inaceptable”, añadió.

Otro tema importante para la directora del SJM es la fragilidad de la reconducción inmediata “que uno la puede ver por la discrecionalidad que puede existir en los funcionarios de fronteras para definir quienes tienen que retornar y quienes no”.

La reconducción “es un mecanismo que tiene unas fragilidades y es muy delicado si los funcionarios de frontera no están capacitados con un enfoque de derecho, en cómo se implementa y en cómo se hace también un orden en términos de quién debiese ser reconducido y quien no“, concluyó Ureta.

Fuente: CNN Chile.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, 701 de las 21.847 peticiones de refugio han sido aceptadas en la última década. Los colombianos son los que más han conseguido esta condición (443), seguidos por los sirios (109), mientras que los venezolanos son los que más rechazos han obtenido. Expertos advierten que la baja cantidad de aprobaciones tendría relación con un mal funcionamiento del procedimiento de asilo.

Cumplir con los requisitos para ser considerado un refugiado en Chile es una tarea, por lo menos, compleja. Así lo demuestran las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Migraciones, que revelan que en la última década, entre 2010 y 2021, se registraron en total 21.847 solicitudes del beneficio diplomático, pero solo en 701 casos fueron aceptadas, apenas el 3,2% del total.

Y del total de solicitudes de refugio aprobadas, el país que más ciudadanos con esta condición posee es Colombia, con 443 personas (63,2% del total). De ellas, 196 son hombres y 247, mujeres. Además, los colombianos han presentado 7.550 solicitudes en total, siendo la nación que más peticiones ha ingresado.

El segundo país en la lista total de los últimos 11 años es Siria. La nación del Asia Occidental, azotada por una cruenta guerra a mediados de la década pasada, registra 109 solicitudes aceptadas: 67 de varones y 42 de damas. De estas, el 65,1% se aprobó en 2017, justo el año en que el entonces gobierno de Michelle Bachelet lideró un Programa de Reasentamiento de Refugiados con apoyo de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Le siguen Turquía y Venezuela, ambas con 29 personas. Sin embargo, en el caso de los sudamericanos, según los datos del servicio, se registran 6.901 solicitudes de refugio desde 2010 hasta el año pasado, pero apenas el 0,42% fue aprobada.

En quinto lugar se encuentra Palestina, con 16 confirmaciones. En total, son 28 las naciones que cuentan con personas en calidad de refugiadas en Chile.

El año en que se registró la mayor cantidad de solicitudes de refugiados aceptadas de colombianos (103) fue 2018, año en que el conflicto armado en dicho país cobró 243.547 víctimas.

En 2020, cuando se inició la pandemia de Covid-19, fue el año en el que menos solicitudes se aprobaron; fueron solo siete: cuatro colombianos y tres venezolanos. Sumado a eso, también fue el segundo año en el que más peticiones se rechazaron (2.069), solo superado por 2021, cuando se negaron 3.082 de estas peticiones y se aceptaron solo 19 refugiados. Con ello, los dos últimos años suman el 74,5% de todas las peticiones rechazadas.

De hecho, en abril de 2021 un oficio del Ministerio del Interior ordenó suspender la recepción de solicitudes de refugio y otros trámites en 54 gobernaciones provinciales, lo cual limitó el acceso de extranjeros al proceso. Con la firma del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el documento instruyó la suspensión de la recepción de solicitudes de refugio y otros procedimientos migratorios, trasladando estas peticiones a la oficina nacional, ubicada en Santiago. En noviembre, tras una solicitud de pronunciamiento del INDH a la Contraloría General de la República (CGR), ésta emitió un dictamen en el que cuestionó a Interior, decretando la improcedencia del oficio, por contravenir la ley sobre protección de refugiados, además de acuerdos internacionales.

De acuerdo con la Ley 20.430, las personas a las cuales se les puede otorgar aquella condición en el país son “los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país”.

El principal beneficio que una persona refugiada obtiene en Chile es la garantía de quedarse en el país. Delfina Lawson, jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Chile (Acnur), manifiesta que “la piedra angular del sistema de protección de refugiados es el principio de no devolución, que una persona que es reconocida como refugiada no pueda ser devuelta a su país de origen, porque en este correría riesgo su vida, libertad o integridad”.

Y esto lo reafirma la Ley 20.430, Artículo 45, sobre las personas que reciben su condición de refugiados: “La caducidad o revocación de dicho permiso no comporta el cese del estatuto de refugiado, el cual subsistirá mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen”.

Opinión de expertos

La baja cantidad de solicitudes de refugio aceptadas, en comparación con las solicitadas, se explica en parte -de acuerdo a los expertos- por un problema en la articulación del proceso. Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, afirma que “acá hay un problema estructural de cómo funciona el procedimiento de asilo en Chile. Es un proceso que no está pudiendo absorber la cantidad de solicitudes que hay. No creo que 20 mil solicitudes sean infundadas y, además, si miras la cantidad de pendientes de resolución, también muestra una falla estructural en cuanto a la demora”.

Rodrigo Sandoval, exjefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración entre 2014 y 2017, explica que el proceso se debe iniciar con la voluntad de la persona de asistir a la oficina: “Primero se le pide al extranjero que llene un papel, que escriba un formulario en el cual formaliza su solicitud de refugio. Para eso, tiene que ir a una oficina de Extranjería. En este, hoy el Servicio de Migraciones, un funcionario lo va a entrevistar y preguntar algunas cosas, y si él cree que esa persona no se encuadra dentro, le va a decir que no tiene que pedir refugio, sino una visa común y corriente. Esa facultad del funcionario no está en la ley”.

Además, sobre el aumento que hubo de aceptaciones en 2018, Vargas comenta que responde a un tema de voluntad política en la época, “que venía del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que estaba andando en 2018 cuando asumió el Presidente Sebastián Piñera. Las cifras muestran que, luego de eso, la cantidad de personas reconocidas como refugiadas bajó enormemente”.

Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno y director nacional de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, esa disminución se sustenta en el momento político y sanitario que vivía el país. “Estábamos en una crisis institucional severa, en una proyección de una economía que se estaba viendo muy resentida, con altos niveles de desempleo como nunca se había visto desde hace harto tiempo en Chile, ocasionado por el propio Covid-19. En ese sentido, se entendía que no había que dar señales equívocas para los chilenos y por eso probablemente se restringió mucho más el acceder a este tipo de solicitudes”.

Colombianos y venezolanos

Durante los 11 años que contiene el registro del Servicio Nacional de Migraciones, los colombianos lideraron tanto la cantidad de solicitudes como la cifra de aceptaciones. Macarena Rodríguez, directora del Servicio de Jesuitas a Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, menciona que la situación de las personas colombianas “está relacionada al conflicto armado interno y las violaciones a los derechos humanos a las personas que llegan a Chile y piden la condición de refugiadas”.

Algo con lo que concuerda María Elena Osorio, asociada de la Organización de Colombianos Refugiados en Chile (Ocorch), quien además agrega que “hay muchas solicitudes todavía pendientes, porque hay una dinámica a partir de 2017, donde hubo mucho desistimiento, entonces no aparecen como solicitudes vigentes, porque la gente renunció a la espera. Hay gente que lleva seis años esperando, y al no tenerla, toman la decisión de dejar la solicitud de refugio”.

En contraparte, para la directora del Servicio de Jesuitas a Migrantes ha existido una discriminación hacia los venezolanos que solicitan refugio: “Hoy día la principal nacionalidad a la cual se le ha negado el ingreso al procedimiento ha sido a los venezolanos. Esa cifra se esconde, por eso no aparece, ¿por qué uno ve a más sirios? Cuando miras el número de solicitudes aceptadas, o rechazadas, no te aparece ninguna de estas personas, porque no lograron entrar”.

Esto lo confirma Iván Riascos, presidente de la Fundación Red Migrantes y director ejecutivo de la Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados, pero haciendo alusión a la doble nacionalidad que muchos venezolanos tienen, lo que podría explicar las cifras del servicio: “Hay muchos venezolanos que están llegando que tienen doble nacionalidad, y como no tienen su pasaporte o documentos de Venezuela, hacen la solicitud como colombianos, porque el refugio es el único instrumento eficiente donde ellos pueden regularizar su situación. Ellos entran por pasos no habilitados”.

Fuente: La Tercera

Las actividades incluyeron la entrega de 10 tablets a familias migrantes que participan del proyecto Niñez Migrante Protegida.

El equipo del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de la región de Tarapacá, junto a, Francisco Carreño, Jefe Social Nacional, desarrollaron un conjunto de importantes acciones en la frontera, el campamento transitorio para personas migrantes de Lobitos (Iquique) y con los niños que integran el proyecto “Niñez migrante protegida” de Subsecretaría de la Niñez.

El 5 de abril se realizó una visita de monitoreo a la localidad de Colchane y al sector fronterizo donde se encuentra habilitado el albergue transitorio. “Durante la visita recorrimos el albergue transitorio y el Centro de Acogida de Hogar de Cristo donde pudimos hablar con las personas migrantes y profesionales que trabajan en el lugar para conocer las dinámicas de ingreso y permanencia. Además, recorrimos la zona de los bofedales para monitorear los ingresos y resguardo a la frontera”, explica la responsable de SJM Tarapacá, Pilar Valencia. 

Con la misma intención de conocer el funcionamiento del espacio y la situación de las personas migrantes que allí habitan y levantar sus principales necesidades, SJM Tarapacá acudió al Campamento transitorio ubicado en el Campus Lobitos. Valencia precisa que “conversamos con la encargada de la productora, indagamos respecto a los perfiles de atención, la dinámica interna de quienes habitan el espacio, las coordinaciones y valoramos la organización que las propias personas migrantes han tomado para mantener y hermosear el lugar. Sigue siendo preocupante, la situación de NNA respecto a resguardar el interés superior de cada uno y una. La responsable del campamento, nos mencionó que actualmente la principal urgencia que se ha manifestado es la información, ya que hay desconocimiento sobre acceso a derechos e información migratoria, por lo que esperamos replicar operativos informativos y sociales” 

Por último, se entregaron tablets a diez familias migrantes que fueron partícipes del proyecto de la Subsecretaría de la Niñez, que busca contribuir a la superación de la pobreza, por medio de la atención de las necesidades urgentes las niñas, niños migrantes y sus familias, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. “La iniciativa favoreció a un aproximado de 20 adultos y 40 niños. Las familias se mostraron muy agradecidas por la entrega ya que es un gran apoyo para sus hijos/as en el proceso educativo”, agrega Pilar Valencia. 

Trabajo de primera línea 

A su turno, Francisco Carreño, Jefe Social de SJM sintetizó la  experiencia señalando que “caminar, estar al lado, esperanzar la vida, consolar, alegrarnos juntos y juntas, así podría resumir estos días que viví como parte del equipo del SJM Tarapacá. Estar en primera línea y salir de zonas seguras o de comodidad para encontrarse con las personas y familias migrantes más vulneradas es un sello de este equipo, que se manifiesta en la ciudad, en la frontera, en la sede y campamentos. No podemos acoger a miles, pero en las acciones donde estamos, vamos a realizar un trabajo de excelencia para acoger a los niños y niñas, mujeres y hombres participantes de nuestros proyectos. Quiero destacar con especial gratitud y admiración por el trabajo que realizan: Camila, Javiera, Camila, Pilar, Franco, Rodrigo, Benjamín”.

Con la presencia y saludo inicial de la Directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, se realizó este miércoles el primer encuentro del año de la Red de Empresas Interculturales (REI) que nuestra fundación impulsa desde 2018, y que hoy integran 13 empresas chilenas y multinacionales. En la reunión se buscó abordar la situación de crisis humanitaria en la zona norte y la nueva Ley de Migraciones, bajo la óptica laboral. 

“Agradecemos a todas las empresas, que se han sumado a esta primera cita del año y que se la juegan por hacer cambios, avanzar hacia una sociedad más intercultural y apoyar a personas que lo han sufrido mucho. Especial mención a las nuevas empresas que se suman a la red, como Scotiabank, SMU, Motorola y WOM. Juntos esperamos seguir avanzando este año, con nuevas formas de trabajo y compromiso, hacia una sociedad más abierta y humana”, señaló Ureta. 

Los expertos explican 

A su turno el director social de SJM, Francisco Carreño, comentó los alcances de la crisis humanitaria que se vive en la zona norte con gran cantidad de personas migrantes que llegan.  “Esta crisis no fue generada por las personas migrantes, sino que se trata de una crisis de gobernanza, que afecta a nuestra región y al continente, y que tiene que ver con variables sociales y políticas. No ha habido un diálogo entre los países que garantice derechos a las personas que migran. Por lo tanto, los invitamos a crear en sus empresas espacios donde sí haya respeto y se acoja en la cotidianeidad”.

Luego vino el turno del Director Jurídico de SJM, Tomás Greene, quien se refirió a la nueva Ley de migraciones, indicando que “pese a la entrada en vigencia de la nueva normativa en febrero de 2022, seguimos a la espera del decreto que defina los tipos de visas o subcategorías migratorias”. Greene explicó además el funcionamiento de las visas de Desarrollo de Actividades Remuneradas y de Oportunidades laborales y que -en ambos casos- deberán solicitarse fuera del país, es decir, donde resida la persona que busca venir a Chile.

El encuentro culminó con la invitación de Francisca Ibáñez, responsable de la REI, a los más de 20 asistentes para que participen en una nueva charla  introductoria sobre contratación de extranjeros el 4 de mayo . “Igualmente los queremos invitar a sumarse a la Semana de la Diversidad que celebraremos entre el 16 y 20 de mayo, que incluirá charlas diarias, participación y actividades con empresas socias, testimonios de buenas prácticas en empresas y la realidad laboral de este colectivo en el país, todo en el marco del Día Internacional de la Diversidad Cultural que se conmemora todos los 21 de mayo”, sentenció Ibáñez. 

Recientemente la Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras hizo la entrega de una serie de documentos al gobierno de Gabriel Boric para proteger a los niños migrantes. El derecho a ser regularizados, a tener acceso a la salud y a la educación son garantías estatales con las que no todos los menores de edad cuentan, especialmente aquellos que ha ingresado por pasos no habilitados. Aquí, una radiografía a esta situación.

Son las 15:35 de la tarde al interior de una antigua casona ubicada en la calle Huérfanos, en el centro de Santiago. Más de veinte mujeres están sentadas una al lado de la otra, calladas, escuchando a la expositora. Entre las oyentes se ven colombianas, argentinas, chilenas, italianas, brasileras, mexicanas; mujeres morenas, blancas, negras, trigueñas. También hay niñas, madres, adolescentes, jóvenes, ancianas, solteras y casadas. Todas reunidas por el genuino interés de generar una suerte de refugio entre ellas.

De pronto las sillas se mueven y el círculo de participantes se abre, cuando ingresan tres mujeres más al salón de paredes blancas y recovecos florales.

–Mi nombre es Rosa María Hernández, vine con mi hermana y mi hija…

–¡Paz! –aclara la infante con zapatos brillantes que se sienta sobre su regazo. Las risas producen un eco que rebota en el alto techo del edificio.

–Ella es mi hija Paz, y somos venezolanas.

¡No! Chilena –la interrumpe de nuevo.

–Bueno, ella se asume chilena, pero no tiene pasaporte.

***

La crisis sanitaria, política y económica que atraviesan diversos estados de la región, como Venezuela y Haití, ha impulsado un flujo migratorio sin precedentes. Miles de personas, incluyendo a menores de edad, se desplazan hasta llegar a las principales ciudades del país, como Santiago, Iquique y Valparaíso. Pero, muchos de estos trayectos comienzan con un ingreso dificultoso, en los desérticos y extensos límites entre Chile, Perú y Bolivia.

La cifra exacta de niños y adolescentes que han migrado a Chile de manera irregular se mantiene incierta. De acuerdo a los datos recabados por Carabineros en la Región de Tarapacá, solo en 2020 ingresaron 5.930 menores por pasos fronterizos no habilitados. Y, según las estadísticas solicitadas por el Servicio Jesuita Migrante a la Policía de Investigaciones (PDI), en 2021 este número ascendió, al menos, a 6.114.  

Asimismo, desde marzo de 2021 que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile y el Colectivo Sin Fronteras han levantado una campaña que promociona el resguardo los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que hayan ingresado al país de manera irregular. La titulada “Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras”, cuyo informe estadístico se publicará durante el mes de mayo, evidenció que de los 731 NNA migrantes irregulares encuestados, el 72% de ellos tiene menos de 12 años.

Paz Florencia Hernández Fernández forma parte de este grupo. Cuando las demás asistentes del encuentro le preguntan qué edad tiene, la pequeña de pelo cobrizo y ojos oscuros las queda mirando. Uno por uno, levanta tres dedos de su mano izquierda. Luego, cuando continúa la narración de otra madre migrante, la niña guarda silencio mientras su madre la abraza y le besa la mejilla.

Acceso a regularización de los niños

Cuando un menor de edad ingresa al país de manera no autorizada, generalmente pueden ser registrados por dos tipos de autoridades. “Una de ellas es la PDI, pero el problema es que no registran a menores de 18 años. La otra vía es Carabineros, que tienen datos sobre los NNA  pero que también registran menos cantidad de personas, porque la autoridad fronteriza es la PDI (…) Entonces la cifra total se vuelve un número gris”, reflexiona Pablo Roessler, jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes.

Sin embargo, el trabajo de Carabineros, PDI y de las autoridades sanitarias es la primera respuesta humanitaria que reciben aquellos que migran irregularmente, según detallan desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Chile. “Tenemos equipos desplegados en fronteras y existe una coordinación permanente con las policías, quienes han sido fundamentales en este proceso. Hasta hace un par de meses existía un campamento de asistencia a primeras necesidades habilitado en la misma Comisaría de Carabineros en Colchane (Región de Tarapacá)”, explica Francisca Valdivia, asistente senior de implementación de la OIM Chile.

En este caso, Paz tenía apenas diez meses cuando cruzó en 2019 la frontera entre Tacna y Arica, en los brazos de su madre. A ella, Rosa María, le alarmaba el sofocante calor que la ahogaba esa tarde de febrero mientras caminaba. Al llegar a territorio chileno, realizó una solicitud de refugio para ella y su hija.

–Yo tengo años viviendo en Chile, desde el 2014, pero he hecho intermitencias porque soy actriz de teatro. En ese momento yo tenía la Visa Temporaria porque contaba con un empleo formal. Estuve de gira en diferentes países y en Argentina quedé embarazada, pero fue una relación que no funcionó. Regresé a Venezuela en 2018, donde nació mi hija. Salimos de allí cuando tenía seis meses y estuvimos en Ecuador un rato porque en Chile no nos recibían.

–¿Por qué?

–Porque no tenía un pasaporte para mi hija, porque Venezuela no se lo emitió cuando ella nació. Estando en Ecuador, allí el Consulado Chileno nos dijo que sí podíamos venir, pero que teníamos que entrar por tierra.

A propósito de la legislación, la Nueva Ley de Migraciones determina en su artículo 28 que cuando un menor ingresa sin documentación “deberá darse lugar al procedimiento descrito, procurando en todo momento el interés superior del niño, niña o adolescente y su puesta en cuidado de la autoridad competente”. Pero en ese entonces la normativa era otra, y su solicitud de refugio fue rechazada. Tuvieron que comenzar su proceso de regularización desde cero.

“Además, hay que recordar que Venezuela no emite carnet de identidad para menores de nueve años, lo cual provoca todo un desafío de identificación para las autoridades fronterizas”, aclara Francisca Valdivia de la OIM Chile. En relación a esto, en 2018 Chile se adhirió los principales tratados sobre la apatridia: la Convención de 1954 sobre el Estatuto de las Personas Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.

Acceso a la Salud

Mientras Paz juega con el teléfono de su madre, acostada sobre sus piernas, su nariz comienza a gotear. Su mano se tiñe roja y rápidamente Rosa María saca un pañuelo de su bolso morado para contener el sangrado. Al ver que la niña se asusta por el hilo rojo que le destila, desde otro lado de la habitación una mujer migrante le sugiere, con señas, que la acurruque para calmarla.

–El año pasado le detectaron una condición autoinmune crónica, ella tiene artritis idiopática juvenil. Cuando comenzó su tratamiento, Paz no tenía ni siquiera el RUT provisorio de salud. Todo tuvo que hacerse de manera privada y yo peleé con garras y dientes. Finalmente, con ese RUT provisorio pudo entrar al sistema público por el AUGE, donde está siendo bien atendida.

–¿Por eso le dio sangre de narices?

–Ja, ja. No, es porque estábamos jugando  –sonríe mientras mira a Paz, quien ahora está tomada de la mano de su tía.

Los datos revelados por la “Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras” demuestran que el 57% de los NNA migrantes irregulares no ha recibido ningún tipo de apoyo relacionado al ámbito de la salud en Chile. Además, un 11% presenta enfermedades crónicas, infecciones agudas o algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, en 2016 entró en vigencia el Decreto número 67 el cual incorpora a los extranjeros sin Visa o documentos como beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Desde el inicio de sus travesías, “estos niños están expuestos a condiciones difíciles: viajes largos, caminatas extenuantes, dormir a la intemperie. Además, no han completado el esquema de vacunación necesario durante la infancia temprana y no tienen una nutrición adecuada que les permita un desarrollo físico y mental. También están expuestos a enfermedades por falta de higiene, hacinamiento y pobreza. Y los adolescentes son vulnerables de ser víctimas de robos, abusos y tráfico de personas”, manifiesta Adriana Palomares, coordinadora regional de Médicos Sin Fronteras para  Sudamérica.

Acceso a la educación

El mismo estudio de las colectividades también expuso que el 28% de los NNA encuestados no cuenta con una matrícula en una institución educativa. De ellos, un 45% tiene menos de 7 años, al igual que Paz.

–La niña está a punto de cumplir cuatro años y solamente tiene un acta de nacimiento, apostillado. No tiene identidad venezolana, no tiene identidad chilena. Yo sí me encuentro en el Registro Nacional de Hogares, pero aparezco sola, ella no sale como carga mía. Me preocupa. El tiempo pasa y ella sigue creciendo, necesita escolarizarse.

–¿Y no puedes acceder a los beneficios estatales?

–Podríamos acceder a JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) o Integra, que son los sistemas públicos y gratuitos de jardines infantiles, pero las listas de espera son muy amplias en Santiago Centro y todo el tema del pasaporte ha sido una conversación permanente en Salud, Educación e Interior. En todas las oficinas a las que llegamos, nos miran y nos dicen «¿pero por qué no tiene pasaporte?». Te ven como irresponsable, como si no hubiéramos hecho nada.

The Clinic intentó contactarse con la JUNJI sobre eso, pero al cierre de este reportaje no había obtenido respuesta.

Respecto a este asunto, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, establece que “todo niño/a independiente de su situación migratoria, tiene derecho a la educación, por lo que es deber de los organismos del Estado asegurar este derecho. (…) Los problemas de exclusión educativa debido a la falta de matrícula de niños, niñas y adolescentes generan una serie de efectos, como rezago educativo y afectación del aprendizaje esperado. Existe suficiente evidencia de que, a mediano plazo, se ha comprobado el efecto de la exclusión educativa en, por ejemplo, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias, así como en la reincidencia de la conducta delictiva”.

La jornada está por terminar. Una de las asistentes propone escuchar un poema del artista haitiano Makanaky Adn y desde un parlante se escucha el cantar suave de las aves. Paz aprovecha ese momento de calma para subir la escalera de madera en forma de caracol y sentarse en uno de los peldaños. Lleva las manos a sus rodillas y presta atención a las palabras que emergen de una esquina del salón:

Hace tuto niñito de mamá

Y en cada gesto

No llores, esto se repite

Cada gota de lágrima

Es más pena que despierta.

La campaña que propone superar los obstáculos

Son las 11 de la mañana, han pasado cinco días desde el encuentro, y las murallas del centro de la capital resplandecen con la luz del sol. Hay diez personas reunidas frente al Palacio de La Moneda, llevan cientos de papeles y gruesos archivadores de oficina en sus manos. Vinieron a realizarle una petición a la Subsecretaria de Interior, en representación de la “Campaña por una Niñez con Derechos Sin Fronteras”. De pronto, despliegan un lienzo azul, con la imagen de un volantín naranjo.

–Vinimos a entregarle insumos a la Subsecretaría para abordar el contexto grave de vulnerabilidad que están viviendo niños, niñas y adolescentes que han ingresado por pasos no habilitados. Esto debe poner un punto de inflexión en la Política Migratoria de este nuevo gobierno –declara Patricia Loredo, directora del Colectivo Sin Fronteras.

–Estamos ante una emergencia nacional con respecto a la niñez migrante. Por eso hemos visitado diferentes regiones y establecido distintos operativos para levantar estas noventa peticiones de regularización de menores –agrega Vanessa González, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

Ambas organizaciones ya habían realizado 240 peticiones a la Subsecretaría del Interior durante el Gobierno de Sebastían Piñera. Aún no consiguen respuesta. Esta vez, se trata de la primera petición realizada a la administración del Presidente Gabriel Boric.

No obstante, en enero de 2022, antes de asumir como Ministra del Interior, Iskia Siches, ya había recibido una carta que solicitaba una reforma a la Visa para menores de edad migrantes, para que luego de un año puedan acceder de manera automática a una Permanencia Definitiva. El documento llevaba la firma de más de cincuenta expertos y organizaciones dedicadas a la migración y los derechos humanos.

Antes de ingresar al edificio y entregar la carta de petición, la decena de personas exclaman al unísono:

¡Por derecho a migrar

Nadie en Chile es ilegal!

María Rosa quería participar de la convocatoria con su hija, pero el compañero con quien vende tabaco por Facebook faltó al trabajo y tuvo que reemplazarlo. Con su voz hecha un suspiro, lamenta haberse perdido la oportunidad de encarar a las autoridades.

–Espero que la regulación de Paz ocurra pronto y que sea tratada como la ciudadana que es. Que haya garantía de que sus derechos serán respetados, porque hasta hoy solo se han respetado en el papel y no en la práctica. Quiero que cuando crezca ella pueda decir que es migrante y que fue tratada de manera justa– reflexiona. Mañana Paz cumple cuatro años.

Fuente: The Clinic

La cartera liderada por Marco Antonio Ávila formó una mesa de 13 profesionales en el ámbito de la salud mental y educación, quienes deberán elaborar recomendaciones técnicas para orientar la promoción de políticas públicas que mejoren la convivencia en los establecimientos.

Ante los episodios de violencia que han sufrido algunos establecimientos educacionales en el país tras la vuelta a la presencialidad, el Ministerio de Educación (Mineduc), encabezado por Marco Antonio Ávila, presentó esta tarde la “Estrategia de Bienestar y Convivencia”, que busca reducir los sucesos que han puesto en alerta a las comunidades escolares. El programa tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas a corto y mediano plazo, las cuales deben aportar al cuidado y el reencuentro de las familias y estudiantes..

El programa tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas a corto y mediano plazo, las cuales deben aportar al cuidado y el reencuentro de las familias y estudiantes..

El jefe del Mineduc afirmó que la “estrategia considera la entrega de recursos pedagógicos para apoyar a las comunidades educativas, acciones de intervención directa para apoyar a los establecimientos educacionales con casos críticos y la creación de un consejo asesor”.

“Es fundamental entender el problema de la convivencia escolar y la salud mental de manera educativa. No resolveremos nada si incorporamos sólo elementos sancionatorios o si nos fijamos únicamente en aquello que dicen los distintos protocolos”, añadió el secretario de Estado.

En un punto de prensa, el ministro Ávila explicó que una de las medidas que han surgido desde la cartera es la flexibilización de la Jornada Escolar Completa: “Ahí tenemos una deuda muy grande, porque en los meses anteriores al retorno presencial no fueron previstas las complejidades que iban a tener los establecimientos que no tenían casino o que no tenían el espacio de la infraestructura para que todos sus estudiantes volvieran”.

En una primera etapa, la “Estrategia de Bienestar y Convivencia” considera establecer acciones de intervención territorial focalizadas para abordar las situaciones de violencia escolar más críticas que se están produciendo.

Asimismo, busca realizar jornadas de reflexión que ayuden a la convivencia de todos los establecimientos. Estos encuentros deberán ser realizados en abril, en una fecha que cada establecimiento debe definir.

Además, el programa tiene como tarea implementar recursos pedagógicos para docentes y directivos, con estrategias y herramientas para abordar el retorno a clases, con experiencias que pueden ser importantes en materia de salud mental.

Comité de expertos

El último punto que considera el programa emanado desde el Mineduc es la creación de un comité asesor, el cual estará integrado por expertos y expertas en el área de la salud mental, convivencia escolar y bienestar.

Su función, según explica el Ministerio de Educación, “será elaborar recomendaciones técnicas para orientar la promoción de políticas públicas. Los 13 expertos que integran el Consejo Asesor para la Convivencia Escolar y la No Violencia son:

Verónica López, psicóloga de la Universidad Católica, doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y actual directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.

Jorge Varela, psicólogo y magíster en Psicología Educacional, además de doctor en Educación y Psicología de la Universidad de Michigan.

Isidora Mena, psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, con especialidad en Psicología Educacional y clínica de orientación sistémica. Actualmente es directora ejecutiva del programa Valoras UC.

Christian Berger, psicólogo, magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil y doctor en Psicología Educacional de la Universidad de Illinois, EEUU. Hoy se desempeña como subdirector de Investigación y postgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica.

Carolina Hirmas, profesora de Lengua y Literatura en Enseñanza Media. Magíster en Estudios Sociales y Políticos de Latinoamérica. Es encargada del Área de Desarrollo Profesional Docente de la OEI-Chile.

Mary Guinn Delaney, economista. Actual asesora regional de Educación para la Salud y el Bienestar para América Latina y el Caribe de la UNESCO.

Francisca Morales, psicóloga. Actual oficial de Educación de Unicef Chile.

Vivianne Alfaro, profesora especialista en Educación Diferencial y magíster en Gestión, Liderazgo y Política Educativa. Es directora de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y representante de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Matías Nieto, politólogo. Director ejecutivo de la Fundación Semilla.

Marcela Bornand, profesora de filosofía. Magíster en Educación con mención currículum y comunidad educativa. Especialización en género y docencia. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de Género y Educación No Sexista de la Dirección de Educación Municipal de Santiago.

Carlos Ojeda, representante del Colegio de Profesores.

Camila Ostornol, representante de la Subsecretaría de la Niñez.

Trinidad Del Río, directora de Educación e Interculturalidad de la Fundación Servicio Jesuita Migrantes.

Fuente: Emol.com  

El proceso de escritura de la nueva Carta Magna ha captado la atención de los chilenos en los últimos meses. Pero ¿qué ocurre con los inmigrantes que residen en Chile? Los datos de un análisis del Servicio jesuita a Migrantes revela que casi la mitad está “poco” o “nada interesado” en la redacción del texto que podría regir al país, sin embargo, quienes llevan más años residiendo en el país y los mayores de 55 años sí estarían más atentos a la instancia.

En 2020, los chilenos aprobaron por una abrumadora mayoría cambiar la Constitución actual. Desde entonces, las miradas han estado puestas en la creación del nuevo texto.

Sin embargo, en el caso de los inmigrantes -según un análisis hecho por el Servicio jesuita a Migrantes (SJM) a partir de la Encuesta Voces Migrantes 2021-, un porcentaje importante no tiene mucho interés en su redacción, aunque quienes llevan más años residiendo en el país y los mayores de 55 años serían el grupo más atento a la instancia.

Es así como un 46% de los migrantes señaló estar “poco” o “nada interesado” en la redacción de la nueva Carta Magna, según la encuesta, realizada junto a la agencia Ekhos, que fue efectuada cara a cara a 1.020 inmigrantes mayores de 18 años residentes en 42 comunas del país, entre septiembre y octubre del año pasado. Mientras que solo el 37% de los migrantes indicó estar “interesado” o “muy interesado” en el proceso, según esta radiografía. Un 16% no sabe o no responde.

El director del área de Incidencia y Estudios del Servicio jesuita a Migrantes, Ignacio Eissmann, explica que esto puede reflejar varios fenómenos. Uno de ellos es la “naturaleza del proyecto migratorio, porque cuando el objetivo es laboral, todos los esfuerzos se ponen en tener mejores condiciones económicas y poder asentarse”.

Por otro lado, estos datos también reflejarían que “en las sociedades de acogida, donde Chile no es una excepción, a los migrantes se les imprime un carácter de semiciudadanía, al no considerarlos sujetos legítimos de derecho en el país que los recibe. Es como el típico: ´qué vienes a opinar, si no es tu país”, afirma Eissmann.

Quiénes son los más interesados

Sin embargo, la comunidad extranjera en Chile no es homogénea y los números así lo demuestran. De acuerdo al estudio, el interés en el proceso constituyente varía según factores como la edad, el país de nacimiento y el tiempo de residencia en el país.

Los inmigrantes de 55 o más años tienen más interés en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna que las personas entre 18 y 54 años. Un 48% de los encuestados mayores de 55 se siente “interesado” o “muy interesado”, cifra que baja a un 36% en los menores de 55.

Respecto del país de nacimiento, el interés es mayor en personas provenientes de Colombia, donde un 44% está interesado en el proceso. Le siguen los migrantes peruanos (41% de ellos) y venezolanos (31% de ellos).

En tanto, solo un 23% de quienes provienen de Haití se encuentran interesados en la tarea que está desarrollando la Convención. De acuerdo con el director de Incidencia y Estudios del SJM, ello se debería tanto a “la diferencia idiomática, como la mayor racialización que se asocia a las personas haitianas, quienes presentan los mayores índices de discriminación”.

En relación al periodo de permanencia en territorio nacional, la radiografía muestra que quienes llevan más años de residencia se encuentran más interesados en el proceso que está llevando a cabo la Convención Constitucional que quienes están hace menos tiempo en el país.

Un 44% de quienes llevan más de cinco años de residencia se encontraban interesados en la redacción del texto que podría regir a Chile, lo que baja a un 34% en quienes llevan menos que ese período.

Sus prioridades

Ante la pregunta abierta de qué temas se debiesen incorporar a la Constitución, el 28% señaló tópicos asociados al “Acceso y ampliación de derechos sociales”, destacando la necesidad de que la nueva Carta Magna aborde temas de salud, educación y desigualdad social.

Mientras que un 18% apuntó a temas exclusivamente relacionados con migración, como agilizar los procesos y plazos de respuesta de visados, bajar los índices de irregularidad migratoria y temáticas de racismo. En tercer lugar aparecen temas de seguridad pública, como delincuencia y narcotráfico (6%), y más atrás tópicos específicos de economía y trabajo (5%). No obstante, casi un 40% no respondió a la interrogante.

Actualmente, el Servicio jesuita a Migrantes está desarrollando el Proyecto Constitución y Migración, que busca incentivar la participación de la población migrante en los distintos instrumentos de participación popular contemplados en el proceso, como cabildos y plebiscitos. De hecho, este sábado 2 de abril realizará un cabildo online con los convencionales Gaspar Domínguez, Malucha Pinto y Yarela Gómez. Además, busca que se plasmen elementos que favorezcan la inclusión de las personas migrantes en Chile en la nueva Carta Magna.

Fuente: La Tercera.

Al igual que en otras oficinas de la organización y territorios, la sede del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Arica realizó en este mes de marzo de 2022 la entrega de ayuda humanitaria a un total de 16 familias migrantes de diversas nacionalidades, tales como bolivianas, venezolanas, peruanas.

Estos apoyos incluyeron nueve subsidios para el pago de arriendos, 13 canastas de alimentos y once kits familiares, asimismo hay que subrayar que todas las familias beneficiadas, tienen entre sus integrantes a niños, niñas y adolescentes, por lo que provienen de fondos entregados a SJM en el marco del proyecto Niñez Migrante Protegida, financiado por Subsecretaría de la Niñez en su tercer ciclo.

Tal como explica, la coordinadora de Ayuda Humanitaria de SJM Arica, Marioly Corona, “el objetivo del proyecto es contribuir a la superación de la pobreza, por medio de la atención de las necesidades urgentes de niños, niñas, adolescentes y familias migrantes que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Por tanto, les brindamos atención social, alimentación, apoyo económico, asesoría jurídica, conectividad y apoyo en procesos educativos, y espacios adecuados para el cuidado y estimulación de NNA migrantes. Las familias recibieron la ayuda se mostraron muy felices y agradecidas, a muchas de ella incluso les entregamos estos elementos en sus propias casas y otras acudieron a nuestra oficina”.

“Lo más importante de estas entregas es la información y el acompañamiento social que está detrás de cada atención en cuanto a la orientación sobre el acceso a derechos de las familias. Como equipo, profesionales y personas, nos emociona mucho ver que las familias que migran puedan mirar la vida hoy con más dignidad”, añade Corona.

Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Diego Portales (UDP) y Adolfo Ibáñez (UAI), Jaime Couso e Isabel Aninat, respectivamente, se reunieron con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), representado por su directora nacional, Waleska Ureta y el jefe de área Jurídica, Tomás Greene, para suscribir un importante acuerdo de colaboración conjunta.

La iniciativa, en concreto, incluirá la realización de pasantía por parte de estudiantes de Derecho de la UAI y de la UDP ante el SJM. Asimismo, se elaborará un boletín de jurisprudencia y derecho migratorio. Las docentes Mayra Feddersen (UAI) y Francisca Vargas (también directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP) se harán cargo de la evaluación de las pasantías y la coordinación junto a Tomás Greene de SJM.

Fortaleciendo vocaciones y trabajo social

La directora nacional de SJM, Waleska Ureta, manifestó que “nos llena de emoción esta alianza, no sólo porque tenemos la convicción de que, en red, juntos, somos más fuertes para empujar los cambios que requiere el tratamiento de los derechos de las personas migrantes, sino que porque también, hitos como éste, generan una gran esperanza para ellos y ellas, pues en lo jurídico se juega su porvenir y la vida entera de quienes buscan en otros suelos nuevas oportunidades”.

A su turno el Decano de Derecho de la UDP, Jaime Couso, agradeció y valoró la instancia, al tiempo que indicó que “junto a la profesora Francisca Vargas, quien también dirige nuestra clínica jurídica migratoria, que expresa nuestro compromiso el desarrollo de esta disciplina jurídica y un compromiso con las personas migrantes y refugiadas. Establecer coordinaciones, permite, además, ampliar la formación de nuestros alumnos pues actividades fuera del aula tienen un impacto probablemente mayor a la de aula, al tiempo que se fortalece la vocación y la pasión por el derecho”.

Finalmente, la Decana de Derecho de la UAI, Isabel Aninat, partió felicitando a todos las y los abogados y docentes que se unieron en esta labor en torno a la firma de este acuerdo, “ya que detrás de todo ha habido un gran espíritu de colaboración, generosidad y mucho entusiasmo por liderar un proyecto interesante, que involucra a las y los estudiantes, pero también nos permite acercarnos como facultades para desarrollar una colaboración, no muy habitual, pero marcada por una importante entrega la sociedad”.

Alrededor de 200 personas migrantes se beneficiaron con una visita del equipo de profesionales del Servicio Jesuita a Migrantes de Tarapacá al campamento transitorio para migrantes ubicado en la zona de Lobitos en las afueras de la ciudad de Iquique.

Las ayudas se entregaron, gracias al apoyo de la empresa Bechtel, quienes donaron 100 Kits de alimentación, 100 de higiene y 100 para lactantes que se distribuyeron en Lobitos y en la localidad de Colchane. Asimismo, se difundió el trabajo de SJM a través de volantes que explican cómo acceder a la aplicación de ayuda y orientación Migrapp y se entregó orientación en los ámbitos social y jurídico.

El capellán nacional de SJM, Cristián del Campo sj, quien lideró la actividad en la playa Lobitos, indicó que “nos encontramos con una gran mayoría de personas de origen venezolano, que han ingresado a Chile por Colchane. Observamos a unas 250 personas en el total del campamento (incluyendo unos 70 niñas y niños), que ya llevaban varios días o incluso semanas, la mayoría esperaba poder seguir su camino a otros puntos del país como Santiago, Concepción o Viña del Mar, por lo que nos comentaron”.  

Del Campo agrega que “este campamento está a uno 20 kilómetros de Iquique, por lo que es difícil para ellos salir pues no hay locomoción a la ciudad y por lo tanto, les resulta difícil trabajar y conseguir dinero para un transporte a Santiago u otro punto. La gente está parada allí, un lugar inhóspito, algunos se levantan muy temprano y con complicaciones logran llegar a trabajar a la zona -cercana- de Laguna Verde, pero son los menos. Por ello la entrega de ayuda o orientación es clave”.