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El porcentaje de extranjeros con empleo es mayor que el de los chilenos y es menor en labores informales. Acceder a las visas, homologar títulos y el temor a la autoridad complican la integración.

Crédito: ATON Publimetro.

Un millón 960 inmigrantes con trabajo hay en Chile, de acuerdo a las cifras que la semana pasada hizo públicas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que en su parte medular mostraba una mejora de los números de empleo.

Por primera vez, el número de extranjeros con trabajo en el país es de siete cifras, un alza que se venía dando constantemente en los últimos años. El hito anterior, el del medio millón, se había dado en 2017.

Para Manuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, “la cifra de ocupación de trabajadores migrantes en Chile es satisfactoria. Es más, la tasa de desempleo es inferior al que rige a la fuerza de trabajo. La población migrante logra encontrar empleo y lo que es importante es que su tasa de trabajo informal es similar a la chilena”.

De acuerdo a un estudio del Servicio Jesuita Migrante (SJM), con datos de la última Encuesta Casen, entre 2017 y 2020 disminuyeron las tasas de ocupación de la población migrante, de 75% a 68% y había aumentado la desocupación, de 8% a 10%, pero el dato relevante es que en ambos casos, presenta mejor porcentaje de ocupación que la población general en Chile.

Eso se explica porque “el carácter laboral es la motivación inicial de la migración y necesario para establecerse”, explica Juan Bravo en un estudio para la UDP, citado por el SJM, que también desecha la idea de que la informalidad laboral se centre en inmigrantes, pues las diferencias porcentuales no eran significativas (24% los extranjeros y 28% los chilenos).

El millón de trabajadores que se ha integrado a la fuerza laboral nacional no ha tenido, eso sí, una labor fácil. De acuerdo a Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, “el principal problema que tienen los extranjeros es obtener visados en los tiempos necesarios para acceder a un empleo. Muchas veces no son contratados o se ven forzados a trabajar en la clandestinidad”.

En este caso, agrega Lya Rojas, directora de Rojas Abogados, “se cometen abusos con los extranjeros que no se encuentran de manera legal, porque no pueden denunciar por miedo a ser deportados. Pero la ley protege al trabajador sin distinción de ser chileno o extranjero”.

La regla general de prohibición de cambio de categoría migratoria es muy perjudicial, pues incluso los obliga a viajar a su país a regularizar su situación, añade Francisca Vargas, quien señala que “esperamos que la autoridad actual pueda cambiar esto y las personas puedan buscar trabajo en igualdad de condiciones”.

Atractivo para trabajar pese a que no se ejerza la profesión

Desde que comenzó la etapa más reciente de la migración, hay un fenómeno que se repite con recurrencia: que los extranjeros tengan que trabajar en labores muy distintas, la mayoría de las veces de menor jerarquía, que la profesión que ejercían en sus países. Eso podría tener un remedio.

Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Manuel Hidalgo explica que “los extranjeros en ocasiones no logran trabajar en los rubros para los cuales tienen calificación técnica o profesional. Diría que un porcentaje significativo se ocupa en rubros para el que está sobrecalificado”. El vocero indica que esto se debe a “las dificultades económicas y también de tiempo como para poder convalidar los títulos. Este era un proceso costoso que solo hacía la Universidad de Chile, pero entiendo que una nueva ley abrió esta función a otras universidades”.

Según el estudio de SJM, aunque se da una mayor participación laboral porcentual en migrantes que en chilenos, “los ingresos en la ocupación principal disminuyeron 14,3% para trabajadores migrantes entre 2015 y 2020, mientras que para chilenos se incrementaban 23,1%”, lo que se debería “al aumento de la fuerza laboral migrante con educación superior que no pudo acceder a empleos acordes a esas calificaciones”.

De todas maneras, asegura Hidalgo, aunque “Chile ha tenido una baja en la generación de empleo y se percibe que es difícil encontrar un buen trabajo”, sigue siendo un destino atractivo para radicarse y trabajar. “Sí se percibe que hay menos informalidad que en otros países y una institucionalidad laboral y de derechos sociales, pese al neoliberalismo imperante. Y la otra ventaja es la diferencia cambiaria, porque aunque se reciba un sueldo mínimo de 350 mil o 400 mil pesos, eso es cerca de 450 dólares, y si un migrante envía 100 o 150 dólares a Ecuador, Colombia, Venezuela, principalmente, tienen allá una importante capacidad adquisitiva”, cierra Hidalgo.

Rita Lages de Oliveir: “El racismo en Chile no parte ahora, es estructural”

Abogada, académica F. de Derecho U. de Chile, miembro del C. Directivo de Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas.

¿Ha ido cambiando la percepción de los chilenos respecto de los trabajadores inmigrantes? Cuando un país se enfrenta a un aumento de la migración, en un primer momento la actitud es defensiva, con una narrativa racista y xenófoba, pero a medida que la gente conoce los beneficios de una sociedad diversa racial, cultural, etc., las actitudes pueden cambiar. Para mejor.

¿Cuál es la labor del Estado? El racismo en Chile no parte ahora, es de mucho antes, estructural. La migración solo visibiliza discursos racistas que ya estaban gestándose internamente. Se deben involucrar ministerios, desde Educación a Desarrollo Social, y otros, e introducir una cultura de derechos. Los Derechos Humanos también son para los migrantes, ya sea en su calidad de trabajadores, estudiantes u otros.

¿Son valorados? Los migrantes tienen más años de escolaridad que los nacionales, eso hace que los trabajadores migratorios puedan ser una mano de obra bastante productiva y positiva para el mercado nacional, que demanda por esa mano de obra necesariamente ocupada por personas extranjeras, dado el vacío que pueda existir en el mercado laboral interno.

Fuente: Publimetro

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25 de Mayo, 2026

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Servicio Jesuita a Migrantes expone en el Senado claves para avanzar hacia una gestión migratoria sostenible

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Nuestra Directora Jurídica, Gabriela Hilliger, fue invitada a exponer ante la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización del Senado con el fin de entregar antecedentes técnicos que aporten a la discusión del proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.   Durante la intervención de la representante del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó […]

Director del Servicio Nacional de Migraciones reconoció limitación de capacidades para abordar estas tramitaciones, aunque anticipó rediseño en los procesos.

‘Tenemos una capacidad limitada para procesar las solicitudes’, afirmó ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, al referirse a la lenta tramitación y aprobación de los requerimientos de refugio por parte de migrantes.

Según datos del Ministerio del Interior, del cual depende el Servicio Nacional de Migraciones, desde 2012 a la fecha se registran 22.607 solicitudes de refugio (100%). Del total, solo 634 corresponden a otorgamientos (2,8%), mientras que 13.753, a rechazos (60,8%), y 8.220 figuran como pendientes (36,4%).

Durante la sesión en la Cámara, Thayer agregó que el servicio cuenta con ocho abogados que cumplen con las entrevistas para resolver la aplicación de refugio. Una limitante que, sostienen en el servicio, obliga a evaluar la pertinencia de la aplicación de esta medida a extranjeros que por diversas causas temen ser perseguidos y cuya seguridad o libertad se encuentre amenazada, según dicta la Ley 20.430 sobre la materia.

Respecto de la política actual de refugio, el director del Servicio Nacional de Migraciones afirmó que esta se mantendrá en base a las capacidades de procesar estos requerimientos. ‘De otra forma, lo que estaríamos haciendo es ser poco responsables con la política de refugio. No podemos abrir urbi et orbe solicitudes de refugio, si no tenemos capacidad real de ofrecer protección a las personas. En este punto, es fundamental establecer criterios colectivos con nuestros países vecinos’, dijo.

De acuerdo a datos del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes de refugio se reconocieron a 2,9 refugiados/as. Mientras que entre 2020 y 2021 se ha reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes. Un panorama que aborda Pablo Roessler, jefe del Área de Estudios del Servicio jesuita a Migrantes (SJM). ‘La institucionalidad en temas de refugio es uno de los puntos que deben fortalecerse: en los últimos años las cifras de reconocimiento de refugio bajan muchísimo y las de rechazo aumentan exponencialmente, lo que preocupa en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria. Ello no aporta en la construcción de vías regulares para personas que requieren protección’, expresó Roessler.

El SJM encabezó recientemente el lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que como primera medida inició el monitoreo de la nueva Ley de Migraciones y el impacto que pudiera presentar en la vida cotidiana de migrantes. ‘Un principal énfasis se encuentra en la situación de las personas que requieren protección internacional. Para ello vincularemos evidencia sólida con las experiencias y voces de las mismas comunidades migrantes y refugiadas residentes en Chile’, agrega Roessler. Este centro de análisis organizado por SJM cuenta con la participación de una serie de universidades y el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Chile y la embajada de Francia en el país. Además se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven).

A fines de abril, durante la presentación del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, Thayer reconoció el rezago en la tramitación de visados. ‘Hoy nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo’, explicó.

‘Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio es poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos. Porque hay temas de gestión y también temas de criterio en términos de la tramitación de los documentos. Hay definiciones políticas que pueden retrasar o no la tramitación de las visas (…). Tenemos un cuello de botella. Nosotros tenemos 500 mil solicitudes en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad para estas personas’, precisó, en aquella ocasión, el director del Servicio Nacional de Migraciones.

Recuadro

“Hay incentivos muchas veces perversos que generan que el refugio sea también puerta de entrada para la regularidad de personas que no requieren protección internacional’. LUIS EDUARDO THAYER, Director Servicio Nacional de Migraciones

Las solicitudes procesales de residencia permanente tienen en Chile un retraso procesal de 24 meses. Nos parece discriminatorio esperar ese tiempo para solicitar un visado’. PATRICIA ROJAS, Asociación de venezolanos en Chile.

Fuente: El Mercurio

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25 de Mayo, 2026

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El día miércoles 27 de abril se dio el vamos al segundo año de intervención del Programa Migración y Escuela (PMyE) de la región Antofagasta, en el Liceo Politécnico Los Arenales.

En esta instancia, que contó con la participación de aproximadamente 50 estudiantes y el equipo docente, se recordó el objetivo del Programa, el trabajo realizado durante el 2021, las acciones por desarrollar el presente año, y se entregó material informativo para la población migrante.

“Este espacio nos permitió reactivar el vínculo con la comunidad educativa y ver de cerca el interés por parte de estos/as en la construcción de escuela intercultural, entregando incluso ideas y propuestas de acciones que desde sus distintos roles aportarían a ello. Aspecto que sin duda como Programa nos llena de motivación para continuar potenciando la labor del Liceo en su interés por educar desde el enfoque intercultural”, explica Linda Castro, profesional de PMyE.

La experta agrega que esta importante labor es posible gracias al apoyo de Fundación Colunga y Fundación SM y que la intervención este año “va orientada a la generación de prácticas y acciones que aborden los desafíos asociados a la diversidad cultural y a la migración identificados el año pasado en el diagnóstico participativo realizado con cada uno de los estamentos”.

Todo ello en el marco del gran objetivo de potenciar el trabajo de las comunidades educativas en torno a la construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio actual. “Como SJM buscamos que las comunidades educativas eduquen desde un enfoque intercultural que fortalezca acciones para la no discriminación y la inclusión de estudiantes y familias migrantes, dentro y fuera del espacio escolar”, sentencia Castro.

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25 de Mayo, 2026

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ÉXODO. A través de la reciente implementación del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana que encabeza el Servicio jesuita a Migrantes, y en que participan casas de estudios, ACNUR y organizaciones sociales de extranjeros, entre otros.

El fuerte aumento de extranjeros residentes habituales en el país, cuya población entre 2002 y 2020 se ha multiplicado de manera exponencial al pasar de 187 mil a 1,4 millón de habitantes, cuenta a partir de febrero pasado con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería para regular los deberes y obligaciones de los migrantes en el país.

La implementación de la nueva norma, que reemplazó a la de 1975, se ha puesto en marcha junto a un reglamento que permitiría afrontar la agudización de la crisis migratoria en la frontera norte. Esta nueva regulación migratoria surge además como la primera iniciativa que comenzará a monitorear a partir de este mes el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana. Una iniciativa que encabeza el Servicio jesuita a Migrantes (SJM), junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Universidad Arturo Prat (UNAP). Además el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile y la Embajada de Francia en el país han brindado su patrocinio a esta iniciativa, que se ejecutará en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven).

“Felicito a las autoridades de las instituciones por poner a disposición recursos para esto, recursos humanos, materiales y de cualquier tipo porque es un esfuerzo de institucionalización de un instrumento contralor, como este, desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que es una innovación, por lo menos en materia de migración, que no conocíamos en este país. Además como servicio nos sirve para ir ponderando y midiendo, esperamos con una mirada crítica el trabajo que vamos realizando. Activar mecanismos de control de las autoridades y de contraloría social, podríamos decir, me parece que es un instrumento que está poco desarrollado acá en Chile y que debiéramos potenciar más”, señaló el jueves pasado el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien participó del lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que se organizó a través de una plataforma digital.

En la ocasión, Thayer además reconoció el “cuello de botella” generado por las solicitudes de visado. “Hoy el Servicio está entregando permanencias definitivas que fueron ingresadas como solicitudes hace dos años. Nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo. Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio, es justamente poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos (…) Nosotros tenemos 500 mil solicitudes (de visas) en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad a estas personas para arrendar, muchas veces les cuesta acceder a contratos de trabajo”, agregó.

Además, según datos aportados por el SJM durante la presentación sobre solicitudes y reconocimiento de refugios, entre 2012 y 2021 a nivel país de cada 100 solicitudes se reconocieron 2,9 refugiados/as. Mientras, que entre 2020 y 2021 se han reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes.

Otro de los aspectos centrales abordados por los participantes del encuentro consistió en los efectos de la política migratoria implementada en los últimos años en el país. Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), la gestión migratoria bajo la ley antigua ha generado un impacto negativo en la convivencia. “Sobre todo en las ciudades y regiones del norte y definitivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena”.
FRONTERA NORTE

Fernando Guzmán, director del SJM en la Región de Antofagasta, expresó que el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana se ha puesto en marcha como un proyecto que permitirá aportar insumos desde regiones del norte del país ante la implementación de la nueva Ley de Migraciones. “En la Macro Zona Norte, en general, ha tenido mucha visibilidad el tema de la migración, en especial debido a diversas situaciones originadas debido a la crisis humanitaria. Como personas pernoctando en situación de calle, también algunos incidentes lamentables de crímenes en que han estado involucradas personas migrantes, pero sabemos que esta no es la norma, ni la generalidad”, dijo.

“En este contexto, el contar con la posibilidad de consultar y estar en diálogo directo, que es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo de la promoción de derechos de las personas migrantes, para saber cómo está impactando en su vida cotidiana la implementación de la nueva ley, va a ser clave para estar aportando y tratando de ir nutriendo la información del Servicio Nacional de Migraciones”, agrega Guzmán. La plataforma digital del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana sostiene que la entidad busca generar una orgánica que analice, incida y proponga en las políticas públicas en materias de movilidad humana. Para esto se dispone como base de evidencia internacional y nacional, considerando sobre todo la voz, experiencias de las y los migrantes y refugiados que viven en el país.

Para participar de este proceso no se necesita Rut, en una consulta que se ha definido como anónima y confidencial y se puede responder desde cualquier dispositivo a través del siguiente link: https://www.observatoriomigraciones.cl/consultas/, que se encuentra disponible en línea desde el 21 de abril en adelante, hasta el 31 de mayo.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta

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25 de Mayo, 2026

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El Servicio Jesuita a Migrantes analizó los datos de Extranjería entre el 2010 y el primer semestre del 2021. La información muestra que solo un bajo número de las peticiones formalizadas finalmente adquieren la condición de refugiados. Frente a los reparos por la modificación del reglamento de refugio, el coordinador regional del servicio, Fernando Guzmán, aseguró que Chile tiene filtros rigurosos para asignar esta calidad y que no cualquiera es reconocido dentro de esta categoría.

Crédito: Vatican News

Luego de las modificaciones al reglamento de refugio que realizó el gobierno y que algunos actores evalúan como la ampliación del margen para conceder esta categoría, el director regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Fernando Guzmán, explicó que no es lo mismo formalizar una solicitud que obtener la categoría de refugiado en el país. “En Chile, la realidad es que la condición de refugiado no se le entrega a cualquiera, hay filtros que son bastante rigurosos. Dentro del Ministerio del Interior, quien tiene la facultad de decidir si se otorga es el subsecretario y en estos casos cuenta también con una comisión que lo asesora”, manifestó.

El profesional sostuvo que el área de estudios del SJM realizó una solicitud de información vía Ley de Transparencia a la Subsecretaria del Interior. El análisis de los datos entregados por el Departamento de Extranjería mostró que entre enero del 2010 y el primer semestre del 2021, en Chile hubo 19.339 solicitudes de refugio formalizadas (58,1% hombres y 41,9% mujeres). En ese periodo, el Estado otorgó refugio solo a 689 personas, y el 2020 y el primer semestre del 2021, solo siete inmigrantes fueron reconocidos en esos respectivos periodos.

El 2017 y el 2018 fueron las temporadas que registraron más solicitudes formalizadas, con 5.723 y 5.727, respectivamente. El 2020 ingresaron 1.628 y el año pasado en el primer semestre fueron 1.359. Del total, el Estado rechazó 7.012 peticiones, 5.862 están pendientes y muchos casos quedan archivados.

Guzmán señaló que la discusión se enmarca en las disposiciones que contempla la ley 20.430, conocida como la ley de refugio. “Realmente lo que ha sucedido son rectificaciones de las modificaciones que, el 11 de enero del 2022, el gobierno anterior hizo al reglamento. Se añadió una parte al artículo 37 bis que facultaba a funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones a restringir de cierta manera el acceso a quienes necesitaran la condición de refugiado. El gobierno actual rectificó ese artículo eliminándolo para que sea acorde a lo que indica la ley 20.430”, advirtió.

Estas aclaraciones son importantes, dijo, sobre todo respecto de lo que comentó el diputado José Miguel Castro, quien apuntó que a partir de la eliminación de ese artículo añadido por el gobierno anterior, toda persona que solicite refugio equivale a un perdonazo, lo que significaría reconocer a todos indiscriminadamente. “La realidad es que esa afirmación es errónea, porque no es lo mismo ser un solicitante de refugio que alguien que ya tiene la condición de refugiado en Chile”, enfatizó.

Según detalló, la ley 20.430 indica que a toda persona que en frontera o ciudad declare que en su país de origen no tiene protección de parte del Estado y su libertad o su vida estén en riesgo, se le tiene que facilitar el llenado de la documentación que corresponde para que se formalice como solicitante de refugio. Con este paso reciben una visa temporaria y un permiso de trabajo mientras la solicitud es procesada. “En Chile la realidad es que la condición de refugiado no se le entrega a cualquiera, hay filtros que son bastante rigurosos. Dentro del Ministerio del Interior, quien tiene la facultad de decidir si se otorga la condición es el subsecretario y en estos casos cuenta también con una comisión que lo asesora”, reiteró Guzmán.

“No se otorgará esta calidad a todos”

El trámite puede demorar cinco años o más, puntualizó, y el SJM acompaña jurídicamente casos de personas que tienen los antecedentes y pruebas de que su vida estuvo en riesgo en su país de origen y que llevan cinco años prorrogando las visas como solicitante de refugio sin tener una resolución final. “Entonces declarar que ahora se otorgará esta calidad indiscriminadamente a todas las personas, es falso. No se le puede negar el acceso a este procedimiento a quien declara que su vida está en riesgo, pero tiene que pasar por varios filtros, es citado a una entrevista y tiene que entregar pruebas de que su relato sea consistente. Luego pasa a la comisión que asesora al subsecretario del Interior para una respuesta”, declaró.

Guzmán contextualizó que el tema es complejo de abordar porque actualmente ocho de cada diez personas que están ingresando al país por pasos no habilitados son de origen venezolano. “Y es sabido que desde el 2014, el gobierno de Venezuela ha cometido violaciones masivas de los derechos humanos sistemáticamente. Bajo ese apartado, toda persona que llega a la frontera podría cumplir con el requisito para solicitar refugio. Acá hay autoridades, una comisión que trabaja con la Subsecretaría del Interior para el reconocimiento, por lo tanto, no es que se otorgue refugio a todos, sino a quienes que presenten pruebas que sean consistente con su relato y la comisión puede perfectamente rechazar o admitir la solicitud”, recordó.

El proceso completo puede sintetizarse en varios pasos y no es expedito. Primero debe presentarse la solicitud de reconocimiento en la frontera o en una ciudad. Se llena el formulario con los datos y las razones por las que se solicita protección y se otorga una visa temporaria para tener una permiso de trabajo y no depender del Estado. Más tarde viene una entrevista individual en la que se profundiza el caso a caso y luego la comisión debe resolver e informar al subsecretario.

Hablamos de un proceso con pasos muy claros, que demoran mucho tiempo y que por más que existan miles de solicitantes, en los últimos años se otorgó a menos de diez personas esa condición. Por lo tanto, no es correcto decir que esto es un perdonazo y que a todos quienes pidan refugio en frontera se les entregará inmediatamente y dependerán de los beneficios estatales”, insistió.

El director de SJM Antofagasta nació y estuvo hasta los 22 años en Nicaragua, emigró a Panamá y hace diez años llegó a Chile. En cuanto a las diferencias entre países, apuntó que en general el tema va en la línea del derecho internacional, con asambleas que establecieron disposiciones para la protección de migrantes que requieren refugio y desde ahí, cada país aterriza con leyes específicas que respondan a la realidad de sus territorios y a las posibilidades de cada Estado.

En el caso chileno, agregó, la ley es bastante ejemplar, sin embargo, la puesta en práctica es compleja. “Eso pasa con las leyes, que en términos filosóficos están en la línea de los derechos humanos, como la ley 20.430 que es respetuosa de los derechos. Pero en la práctica es más difícil, porque el gobierno anterior se caracterizó por buscar mecanismos para dejar por fuera a personas que querían solicitar la condición. El actual gobierno lo que hizo fue rectificar para que se respete la ley como está estipulada. En ese tiempo vimos que el Servicio Nacional de Migraciones sin aviso, dejaba a la gente fuera, como el proceso demora varios años, y cuando querían renovar la visa temporaria, les decían que el caso estaba archivado y quedaban fuera del procedimiento porque no acudieron a la entrevista, pero no les habían notificado por ninguna vía”, criticó.

Y expresó que en la región han visto que el Servicio Nacional de Migraciones está exigiendo la declaración voluntaria por ingreso clandestino que se interpone ante la PDI, cuando ese requisito es ilegal porque no está contemplado en la ley de refugio. Al mismo tiempo, dijo, en la frontera cuando la persona quiere solicitar la condición, un funcionario de la PDI indica que eso no corresponde porque están cometiendo una infracción por entrar de manera irregular y no les permiten el acceso.

Quiénes son los refugiados

Guzmán expuso que, por lo general, son personas que, por pertenecer a ciertos grupos, de diversidad sexual, ambientalistas, promotores de derechos humanos, activistas políticos o quienes por defender ciertas ideas, son perseguidas. En ese contexto están obligadas a huir de su país y buscan dónde desarrollar su vida de manera segura, por ello la ley también contempla confidencialidad de datos.

“Estarán bajo la protección de los Estados siempre y cuando las condiciones que amenazaban su vida o libertad sigan vigentes, como lo que sucede con gobiernos autocráticos como Nicaragua o Venezuela, que persiguen a quienes se oponen a sus ideas y su sistema político. Los migrantes es general son quienes buscan oportunidades económicas en otros países para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, pero no necesariamente son perseguidos”, aclaró.

Fuente: Timeline

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Participantes de la Mesa Redonda.

Con un público de casi medio centenar de representantes de la sociedad civil y organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas, se desarrolló el pasado sábado 23 de abril, la Mesa Redonda: Desafíos de la Ley de Migraciones y Extranjería. La iniciativa forma parte del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, impulsado por las universidades de Santiago, Arturo Prat y Alberto Hurtado, junto al apoyo de ACNUR y la Embajada de Francia en Chile

Pablo Roessler, jefe de Estudios de SJM, explicó que “el objetivo de esta mesa redonda fue instalar capacidades en organizaciones migrantes y pro migrantes respecto de los cambios que traerá la nueva ley de migraciones y extranjería, por lo que realizamos una serie de exposiciones de distintas temáticas ligadas, se aclararon muchas dudas y finalmente se presentó la consulta dirigida a personas migrantes”.

Respecto de las ponencias que acercaron a las y los migrantes y refugiados a la nueva norma, el sociólogo del Área de Estudios, Juan Pablo González, detalló que “En primer lugar Isis Carrera, gestora de nuestra aplicación de ayuda MigrApp abordó las categorías migratorias hoy presentes en el sistema de visado y las medidas de carácter especial como el asilo político; por su parte, Catalina Bosh y Vanessa González de la Coordinadora nacional de Inmigrantes, se refirieron al catálogo de derechos de los artículos cuarto, noveno y el párrafo segundo de la ley 21. 325, y lo relacionó con el trabajo en torno a la nueva Constitución”.

“Luego Alexis Torreblanca de Infomigra, comentó sobre los derechos digitales y acceso a la información en el marco del nuevo padrón de migrantes que está enmarcado en la Ley; Rodrigo Bolados, abogado de SJM Tarapacá, en tanto, se refirió a las causales de sanción que están en reglamentos y la misma ley de migración como no renovar la visa a tiempo, entrar por paso no habilitado, no informar el domicilio lo que puede conducir a multas y hasta a reconducción o que te rechacen una visa, y como complemento, su colega Valeria Álvarez, de la Clínica Jurídica de la UDP, abordó cuales son los mecanismos establecidos para apelar esas sanciones, con diversos recursos” cerró González.

Los responsables del proyecto también destacaron que se llenaron cerca de un centenar de formularios con inquietudes frente a la ley, que se van a sistematizar. Para cerrar la cita, se invitó a las y los asistentes a participar de la Primera Consulta a Población Migrante y Refugiada residente en Chile, que busca conocer las opiniones de personas migrantes y refugiadas sobre la nueva Ley de Migración y Extranjería.

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Crédito: AMSA

A la fecha, la iniciativa ha beneficiado a 200 familias migrantes, con un alcance aproximado de 800 personas atendidas de manera directa y por extensión. El plan considera apoyo jurídico y procesos de reunificación familiar.

Ofrecer atención socio-jurídica en temáticas migratorias a extranjeros en situación de vulnerabilidad es el pilar del proyecto “Por un Chile más justo para todos y todas”, impulsado en una alianza público -privada por el Gobierno Regional, la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Antofagasta Minerals. El objetivo es dar respuesta a la crisis humanitaria que se vive en el extremo norte del país, promoviendo la dignidad y los derechos humanos de las familias migrantes y refugiadas.

En una visita en terreno al Centro Comunitario del SJM, el gobernador regional, Ricardo Díaz y el gerente de Asuntos Públicos Norte Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, se interiorizaron de los avances del proyecto, resultado de esta labor conjunta y colaboración multisectorial.

Ayudas y atenciones

El programa comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. La iniciativa busca atender las necesidades urgentes de las familias migrantes y/o refugiadas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, brindándoles atención social y jurídica, además de contribuir entregando kits humanitarios, de higiene y de alimentación, según explicó el director del SJM en la Región de Antofagasta, Fernando Guzmán.

Uno de los ejes esenciales del proyecto contempla la reunificación familiar de migrantes en Chile. Para ello, se facilita el traslado de las familias que están de paso en la región hacia sus destinos finales, otorgando pasajes interregionales y orientación para que regularicen su situación migratoria.

Esta iniciativa tiene un costo de ejecución de poco más de 100 millones de pesos, los que fueron aportados por Antofagasta Minerals. A la fecha, el proyecto ha beneficiado a un total de 788 personas, a través de 24 patrocinios legales y 180 seguimientos de casos. A ello se suma la entrega de 17 kits humanitarios, incluyendo 16 pasajes con propósitos de reunificación familiar. Adicionalmente, el proyecto contempla capacitaciones para funcionarios públicos de Tocopilla, Mejillones, Calama y Ollagüe, además de operativos en campamentos en la comuna de Antofagasta y otras localidades de la región.

Impacto social

Tras la visita al Centro Comunitario Bonilla del Servicio Jesuita a Migrantes, el gobernador regional, Ricardo Díaz, comentó que, “la crisis humanitaria que vivimos en el norte del país con la masiva llegada de población migrante trasciende colores políticos y requiere de un tratamiento desde la no discriminación pues hay familias, niñas y niños que no pidieron migrar. Por eso desde el Gobierno Regional destinamos recursos para hacer frente al momento más álgido de la crisis y que con proyectos como este permitieron descongestionar nudos críticos y brindar ayuda humanitaria para catastrar, dar seguimiento y en definitiva, ayudar a que el proceso migratorio sea regulado y ordenado”.

En tanto, el gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Jorge Araneda, se refirió a esta importante colaboración intersectorial. “Este trabajo va en línea con el compromiso que como Grupo Minero tenemos con la región y sus desafíos. Estamos sintonizados con la realidad que se vive en Antofagasta y en el Norte, por lo que nos es imposible permanecer ajenos a la situación que enfrentan las y los migrantes que han llegado a nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida.  Por eso nos sumamos a este proyecto, para desde el trabajo mancomunado dar respuesta a esta problemática que afecta a cientos de personas en la región”.

En los primeros cuatro meses de ejecución, 200 familias han recibido apoyo y orientación. Según los datos recabados por el SJM, los usuarios “son migrantes principalmente de nacionalidad venezolana, boliviana, ecuatoriana y colombiana, en el rango etario de 18 a 29 años, seguido por el rango de 30 a 44 años”.

El Centro Comunitario Bonilla de la Fundación Servicio Jesuita Migrante continuará ofreciendo asistencia a familias extranjeras en sus instalaciones ubicadas en el sector norte de Antofagasta, en Avenida Bonilla 9198, durante todo 2022.

Fuente: Timeline

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Las dinámicas migratorias y de movilidad humana son algo cambiante y complejo de comprender, la realidad de Chile hoy es ejemplo de ello. Desde allí, surge el trabajo del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, proyecto que se lanzó online este jueves 21 de abril y que busca monitorear la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, considerando evidencia científica y la participación activa de la comunidad migrante y refugiada que habita el país.

Luis Eduardo Thayer del SNM.

Esta importante iniciativa, que genera un vínculo entre el conocimiento académico y la participación de las comunidades migrantes, está organizada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Universidad Arturo Prat (UNAP). Cuenta con el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile y la Embajada de Francia en Chile. A su vez, se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven) e Infomigra.

Las voces de los participantes

El evento contó con la intervención de representantes de todos las instituciones y organismos involucrados, a quienes se sumó como comentarista Eduardo Thayer, actual director del Servicio Nacional de Migraciones, quien manifestó gran entusiasmo. “Felicito a las autoridades de las instituciones por poner a disposición recursos para esto, recursos humanos, materiales y de cualquier tipo porque es un esfuerzo de institucionalización de un instrumento contralor, como este, desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que es una innovación, por lo menos en materia de migración, que no conocíamos en este país”, señaló.

Vanessa González de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes

A su turno, Vanessa González de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes manifestó que “estamos aquí hoy día, en este observatorio, en este importante hito, justamente porque este espacio tiene como uno de sus objetivos el visibilizar la voz, las experiencias y los sentires de migrantes y refugiados que hoy día viven en Chile. Es por eso por lo que como Coordinadora somos parte de esta alianza.”

Patricia Rojas de ASOVEN.

Uno de los temas centrales del lanzamiento fue la evaluación de los efectos que tuvo la política migratoria hasta la fecha y qué efectos tendrá en el contexto que la nueva política migratoria busca solucionar. Desde una óptica migrante, Patricia Rojas de ASOVEN, evaluó que la gestión migratoria bajo la ley antigua “ha generado un impacto negativo en la convivencia, sobre todo en las ciudades y regiones del norte y definitivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena.” Juicio que comparte Juan Manuel Zolezzi, Rector de las USACH, “Chile debió enfrentar el fenómeno migratorio con una normativa antigua, la que se actualizó el año 2021, que impidió aprovechar el potencial de desarrollo económico, social y demográfico que ofrece la migración, la trascendencia que para nuestro futuro tendrán los procesos migratorios que hoy se despliegan, así como una necesaria gobernanza, demandan nuevos diseños institucionales que aborden la dimensión intersectorial, integral y multidisciplinaria que exige la gestión de la migración y articule la participación de todas las partes implicadas en este proceso”, declaró.

Juan Manuel Zolezzi de la USACH.

Alberto Martínez, Rector de la UNAP, aportó desde su mirada iquiqueña al diagnóstico de la antigua institucionalidad migratoria al indicar que “nosotros como región fuimos víctimas de un mal manejo de las autoridades gubernamentales por bastante tiempo lo que obviamente contribuyó a que nuestros habitantes no se sintieran tranquilos, no se sintieran seguros y un entorno social que, evidentemente tensionó permanentemente a nuestra región”.

En la misma línea, Eduardo Silva SJ, Rector de la UAH, realizó un análisis sobre los necesarios equilibrios en la regulación “Se nos acaba de mostrar como una mayor exigencia a las visas regulares, lo único que provoca es un aumento de los ingresos irregulares. Esta relación entre la ley y las consecuencias no queridas de la ley, y al revés, como la falta de regulación provoca un incremento significativo de la irregularidad y un rechazo en los propios nacionales,” dijo.

Por su parte Rebeca Cenalmor, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile señaló “Pensamos que iniciativas como este Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana son realmente necesarias para generar información, veeduría e incidencia en la implementación de la normativa nacional pero también sobre el desarrollo de políticas públicas que permitan avanzar hacia una protección más robusta para las personas refugiadas y migrantes.”.  Así también, Perrot Mathieu, Primer consejero de la Embajada de Francia en Chile expresó que “me complace participar en este Observatorio, que es de suma importancia, ya que permitirá proporcionar los datos recopilados por investigadores e investigadoras destinados a los responsables de toma de decisiones y, en primer lugar al gobierno chileno mismo. Por estas razones un orgullo para la cooperación franco-chilena formar parte de esta valiosa iniciativa”.

Rebeca Cenalmor-Rejas de ACNUR.

De cara a la norma que regirá la migración en el país, la elaboración de una nueva carta Magna y su nexo con el Observatorio como espacio de participación, Waleska Ureta, Directora nacional del SJM, comentó que “la entrada en vigencia de la nueva ley y el proceso constituyente abren nuevas ventanas de oportunidades para que la sociedad civil organizada pueda participar en la construcción de una nueva institucionalidad migratoria, que permita brindar garantías para los derechos de las y los migrantes y refugiados que llegan a Chile y a través de éstas, lograr una migración ordenada, segura y regular para todas y todos”.

Waleska Ureta de SJM.

Primera Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada

Para hacer seguimiento de cómo la nueva normativa de Migración y Extranjería se materializa, desde la perspectiva de las y los migrantes es que el primer proyecto será la 1° Consulta Ciudadana a Población Migrante y Refugiada residente en Chile, en la que se buscará conocer tanto la percepción de las personas migrantes y refugiadas sobre estos primeros meses de implementación de la legislación. Además, quienes respondan esta consulta tendrán la opción de recibir orientación con información fidedigna sobre las implicancias de la nueva Ley en su cotidiano.

Si quieres sumarse, no se requiere rut, la consulta es totalmente anónima y confidencial, se puede responder en 8 minutos, y se puede acceder desde cualquier dispositivo a través de este link. La consulta migrante estará disponible en línea desde el 21 de abril en adelante, hasta el 31 de mayo.

Revisa aquí el video del lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=L5BCPB1Oibo[/embedyt]

Fuente: El Concecuente.

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En esta edición de jueves de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con Waleska Ureta, directora general del Servicio Jesuita a Migrantes, por el video que viralizado en redes sociales que documentó el ataque xenófobo a un extranjero en un minimercado. Además, Ureta se refirió a la legislación nacional de migración y al trabajo constituyente sobre esta materia.

Sobre el hecho, Ureta comentó que “lo que se ve en el video no nos causa tanta sorpresa, hace tiempo hemos visto situaciones de menosprecio y maltrato a migrantes por su condición”. En esa línea, también sostuvo que el registro “es una muestra de cómo la sociedad chilena debe cuestionarse el trato y la relación que tiene con los otros desde el punto de vista de la racialización, de la xenofobia y la aporofobia, que tiene que ver con la precariedad de la migración”.

Desde esa premisa, Ureta relevó la urgencia respecto a la necesidad del desarrollo de políticas de inclusión a personas migrantes con la intención de avanzar hacia un país intercultural. “Debemos preguntarnos cómo podemos abrir espacios de intercambio y aprendizaje mutuo para hacer que nuestra sociedad le tenga un lugar digno a cada uno de sus habitantes”, enfatizó.

Consultada por el trabajo constituyente en la materia, Ureta dijo que “nos va a permitir tener un paraguas legislativo, pero lo realmente importante es que se aplique (…) el 14% de las visas solicitadas por responsabilidad diplomática se han entregado y peor aún, solo 7% de las solicitudes de refugio han sido acogidas”. Además, cuestionó la política de reconducción, señalando que “tiene posibilidades de vulnerar derechos, porque se basa en la discrecionalidad de un funcionario de fronteras que decide si alguien es reconducido o no”.

Fuente: Tele 13 Radio.

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Convencionales de oposición aseguran que se fomenta una ‘migración descontrolada’. Mientras, representantes de extranjeros destacan que propuestas ‘nos ponen a la altura de estándares internacionales’.

El pleno de la Convención Constituyente discutió ayer los artículos sobre migración, los cuales generaron tensiones entre los convencionales. Cerca de la medianoche se terminaron de votar en particular, luego de la aprobación en general de todo el tercer informe de la comisión de Principios Constitucionales.

La jornada partió a las 15:00 horas cuando distintas entidades convocaban una manifestación a las afueras del Congreso de Santiago para promover la aprobación de los artículos 8, 9 y 10 relativos al derecho a migrar, el derecho al asilo y el principio de no devolución, respectivamente.

En definitiva, el artículo 8 fue rechazado y sus tres incisos volverán a la comisión. El texto sometido a votación postulaba que ‘toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile con sujeción a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’ y enfatizaba que ‘no se identificará ni se considerará a ninguna persona como ilegal por su condición migratoria’.

El artículo 9 (derecho a asilo) fue aprobado por 120 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones y pasó al borrador de Constitución. Establece que ‘toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes’.

También fue rechazado el 10 (principio de no devolución), cuyos dos incisos volverán a comisión. El texto planteaba que ‘ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a la frontera o al territorio del país de nacionalidad o residencia habitual en caso de ser apátrida, o a cualquier otro lugar donde su vida, libertad o seguridad peligren, a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, o bien por la existencia de una situación de violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país’.

El convencional Martín Arrau (UDI) sostuvo que los tres artículos fomentan ‘una migración descontrolada’ y facultades a los extranjeros que ingresan de forma irregular para continuar en Chile. Otros convencionales de oposición también criticaron los artículos, argumentando que no resuelven la crisis migratoria que se vive en el norte.

Por su parte, Ignacio Eissmann, director de Incidencia y Estudios del Servicio jesuita a Migrantes, destacó la relevancia de que ‘nuestro país que integre de manera inclusiva el fenómeno migratorio y de movilidad humana’. Y aspira a ‘una futura Constitución que incorpore valores de inclusión e interculturalidad efectiva, nos permitirán avanzar como sociedad. Hay normas ya aprobadas que nos ponen a la altura de estándares internacionales, de derechos humanos y las constituciones de la región’. En tanto, la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, remarcó que ‘ninguno de estos artículos está actualmente en la Constitución’ y espera que todas las temáticas puedan avanzar hacia el borrador final.

Previo a la votación, el académico Samuel Fernández, de la Facultad de Derecho de la U. Central, sostuvo que ‘los artículos me parecen bien. Hacen una distinción entre migración, asilo y refugio’, y que ‘lo importante es que se mantiene el cumplimiento de las normas internacionales y se deja subordinado a estas, que es lo que corresponde’.

Fuente: El Mercurio

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