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CRISIS. Según análisis de mejoras y desigualdades en cobertura de salud entre población nacional y extranjera de SJM, Colegio Médico e ICIM de la U. del Desarrollo.

Los avances institucionales en la cobertura de salud a la población migrante no han impedido la permanencia de desigualdades en el acceso a estas prestaciones, según se desprende del denominado “Informe Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso a salud de la población migran-te residente en Chile”.

Un análisis elaborado por el Área de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Colegio Médico de Chile (Colmed) y el Programa de Estudios Sociales en Salud del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, de la Universidad del Desarrollo (UDD).

El objetivo del estudio, que este jueves 3 de febrero se difundirá en la plataforma digital migracionenchile.cl, consistió en caracterizar el acceso al sistema de salud chileno de la población migrante, identificando posibles brechas en relación a la comunidad local. Para esto se empleó un enfoque de cobertura universal de salud, que apuntó a conocer bajo que condiciones el acceso a salud resulta similar entre chilenos y migrantes, yen cuáles surgen brechas.

AUMENTA BRECHA

Según comenta Pablo Roessler, jefe de estudios del SJM, la investigación confirma que la mayor vulnerabilidad social dificulta tanto el acceso a la salud de la población chilena, como la extranjera residente en el país.

“Por ejemplo, estar en un empleo informal o no tener previsión afecta tanto a los chilenos como los migrantes en el acceso a salud, pero esta afectación es más intensa en los migrantes. Por el contrario, cuando tienen empleos formales y cuando tienen sistema previsional se empareja la cancha y tienen un acceso a salud empatado en cuanto a porcentaje los chilenos como los migrantes”, sostiene.

La investigación, entre otros aspectos, aborda la incidencia del no acceso a consulta o atención en caso de enfermedad o accidente en chilenos/as y migrantes, según macrozona de residencia, identificando existencia de barreras. Un parámetro analizado de acuerdo a índices de acceso a atenciones médicas, definidas como no acceso bruto o total (el porcentaje total de personas que, teniendo problemas de salud, no accedió a consultas o atenciones médicas) y el no acceso efectivo (aquel porcentaje de personas que, teniendo problemas de salud, no accedieron a consultas o aten-dones médicas debido a barreras ajenas a su voluntad).

Sobre este último análisis, el documento sostiene que en la población migrante asentada en la zona del norte grande el no acceso bruto (total) a prestaciones de salud asciende a 14% y el no acceso efectivo (por barreras) llega a un 9%. Un indicador que supera al 8% y 4% respectivamente que registra la población chilena de la misma macrozona para ambos indicadores.

ACCESO A INFORMACIÓN

Según Roessler esta diferencia se debería, entre otros factores, a menores redes de contacto de migrantes en la zona norte en comparación a otras zonas del país como la Región Metropolitana, donde el no acceso bruto (total) de migrantes a prestaciones de salud llega a 7% y el no acceso efectivo (por barreras) marca un 4%. “Estas menores redes se traducen en menor información acerca de cuándo puedo o no acceder a salud. Aun cuando muchas veces está asegurado el que puedan acceder a este tipo de prestaciones no disponen de esta información”, explica.

“En la macro zona norte además la distribución del tipo de prestación de salud es donde más distinto es entre chilenos y migrantes. Por ejemplo, ahí si solo un 4%de los chilenos no tiene acceso a salud, esto se eleva a 16% en el Norte Grande. Solo un 4% de los migrantes que vive en el Norte Grande tiene Isapre, lo que en los chilenos es un 19%. Aunque hay que reconocer que ha aumentado la cobertura de la salud a la población migrante, se nota aún una brecha en esta zona del país. Si en el 2017, un 21% de migrantes no contaba con previsión esto disminuyó a 16% en 2020, aunque sigue siendo el registro más alto de las macrozonas de Chile”, comenta Roessler, quien detalla las eventuales causas de estos indicadores.

“Según estudios recientes que hemos realizado, los migrantes que viven en la zona norte registran las mayores tasas de pobreza y peores índices de inserción laboral en relación a los migrantes que viven en otras macrozonas. Es también la única Macrozona donde el nivel educativo de los migran-tes es menor que el de los chilenos. Además, lo que dice la experiencia del equipo del SJM, y quienes atienden personas migrantes todos los días, es que en el norte residen personas con menos recursos y redes para arribar al centro del país, por lo que muchos terminan quedándose en esta zona”, agrega. Según el encargado de estudios del SJM estos resultados podrían ser aún más críticos porque la encuesta Casen no considera en su marco muestral personas que habiten viviendas colectivas o campamentos.

Metodología del estudio
El estudio contó con dos fuentes de análisis estadístico desde las bases de datos de la Encuesta Casen 2015. 2017 y 2020, y grupos de conversación con parte del equipo del SJM que acompañan a personas migrantes y que ha trabajado más temas de acceso a salud. En cuanto a las variables utilizadas buscó analizar diferentes indicadores de la dimensión de salud. disponibles en la versión 2020. Algunos indicadores no se pudieron ocupar. como es el caso de malnutrición, ya que el MDSF señaló que tuvo mermas en la medición para 2020. debido a la disponibilidad de informaciones sobre estado nutricional a la que acceden cuidadores en contexto de pandemia.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

El día jueves 27 de enero se presentó a través de un punto de prensa un trabajo transversal entre las y los convencionales de Independientes No Neutrales (Benito Baranda, Javier Fuchslocher y Gaspar Domínguez); Movimientos Sociales Constituyentes (María Elisa Quinteros, Janis Meneses y Alondra Carrillo) y la Coordinadora Plurinacional (Giovanna Grandón, Manuel Woldarsky y Elsa Labraña).

Se trata de siete normas presentadas bajo el título de ‘’Agenda Migrante’’ que buscan generar el reconocimiento y garantía de derechos a todas las personas que habitan nuestro país, independiente de su nacionalidad, como también, a los chilenos y chilenas en el exterior.

Este trabajo busca el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de todas y todos sin distinción, con un enfoque proteccionista de derechos humanos.

Las normas fueron trabajadas de forma colaborativa con diferentes organizaciones sociales de la plataforma ‘’Chile Migra’’ y junto al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Las y los convencionales firmantes, a través de este trabajo, buscan visibilizar, por un lado, el compromiso con las normas presentadas y, por otro, la importancia del trabajo transversal y colaborativo entre colectivos para entregar normas inclusivas y que las personas puedan ver que en la Convención Constitucional el primer compromiso es la unión.

A continuación, se enumeran las normas presentadas:

1. Derechos de las personas chilenas en el exterior.
2. Derecho a Migrar.
3. Derecho a la Libertad Ambulatoria.
4. Derecho al Asilo.
5. Derecho a la nacionalidad.
6. Distritos electorales en territorio exterior.
7. Derecho a la Participación

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrante, señaló a Una Nueva Mañana que la problemática de la migración en Chile se ha complejizado y que debería ser abordada de manera coordinada a nivel regional.

“El llamado es a hacer una revisión regional y que todos los países puedan colaborar”, sostuvo.

En el caso de Chile, Rodríguez criticó “una política sistemática” de negación a los ciudadanos venezolanos que solicitan la condición de refugiados.

Además se refirió al vínculo de la migración con la criminalidad asegurando que según las cifras “no existe una asociación directa” y a los desafíos que deberá enfrentar el Gobierno de Gabriel Boric, destacando la “apertura de diálogo” del próximo Ejecutivo.

Escucha el audio completo de la entrevista en este link.

Fuente: Radio Cooperativa

CRISIS. Desde SJM plantean que necesidad que Gobierno Regional y nivel central mantengan asignación de recursos para mantener albergues.

La partida de un último bus con 35 migrantes a la zona central del país este lunes puso término al funcionamiento del Centro de Primera Estadía, recinto que desde noviembre pasado brindó albergue a familias de extranjeros en tránsito por la ciudad de Antofagasta.

Según informaron desde la Fundación Corazones Unidos, entidad a cargo de la gestión del refugio, desde el 1 de noviembre al lunes pasado recibieron a un total de 312 migrantes en el lugar. Un registro conformado por 133 menores edad y 179 adultos, quienes pudieron dejar los espacios públicos en que pernoctaba la mayoría al recibir hospedaje transitorio en el recinto.

El término de actividades del Centro de Primera Estadía, que funcionó con recursos de emergencia aportados por el Ministerio del Interior, se suma al término de operaciones en diciembre pasado del albergue para migrantes del Arzobispado de Antofagasta. Este último espacio, ubicado en las cercanías del Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada, desde septiembre pasado recibió a más de 700 extranjeros, en su mayoría venezolanos.

Para Claudia Abarca, a cargo de la gestión del Centro de Primera Estadía de Antofagasta, el cierre del recinto abre una interrogante sobre la ayuda humanitaria para familias migrantes que intentan dirigirse a la zona centro sur del país.

“Nosotros entregamos el lugar el lunes. Tuve el viernes una reunión en la mesa de trabajo. Ahí hice la consulta directamente (sobre continuidad de funcionamiento del recinto), y me dijeron que no hay recursos ni del Ministerio de Desarrollo Social, ni del Ministerio del Interior. Hay recursos para que las organizaciones comiencen a postular, pero no sería ahora ya para la continuidad”, dijo.

“Lo más probable es que sería para marzo, porque febrero prácticamente es un período de eventuales vacaciones para funcionarios de gobierno, y porque además en marzo comienza el nuevo gobierno”, agrega Abarca.

El Centro de Primera Estadía operó en las proximidades de caleta Coloso, en la salida sur de la ciudad. Casi la totalidad de los migrantes que pasaron por el albergue correspondieron a venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados de Colchane en la Región de Tarapacá, según reconocieron familias de extranjeros consultadas en el mismo recinto. Una dura travesía que volvió a quedar en evidencia este lunes con la muerte de un migrante de ese país (47 años) en las cercanías de este poblado fronterizo. El marchante venezolano se convirtió en la segunda víctima fatal ocurrida este mes y la número 22 desde que se inició el flujo migratorio masivo en Colchane a partir de febrero del año pasado.

En tanto el delegado presidencial regional de Antofagasta, Daniel Agusto, valoró la habilitación del recinto, como parte de la denominada respuesta humanitaria del gobierno a la crisis migratoria de la frontera norte. “Creo que fue una muy buena iniciativa, desarrollada a través de Corazones Unidos, que entregaron distintos elementos, en términos de alimentación y prestaciones médicas, odontológicas, asistencia social y asistencia para párvulos, con niños en situación vulnerable (.) A través de esta iniciativa pudimos paliar esta situación que se generó principalmente hace algunos meses, pero que sigue siendo un gran desafío”, añadió Agusto.

EXTENSIÓN DE ALBERGUES
Para Fernando Guzmán, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la Región de Antofagasta, resulta necesario que el gobierno central a través del Ministerio del Interior o de otras carteras pueda extender la asignación de recursos para mantener este tipo de hospedajes transitorios debido a que el flujo migratorio en la frontera persiste.

“Es un tema que nos preocupa muchísimo. Estos albergues demostraron ser sumamente necesarios en un contexto de suma complejidad; teniendo como epicentro Iquique, pero que también hemos visto en Antofagasta, especialmente en agosto y septiembre del año pasado, cuando la situación se desbordó acá. Ese fue el motivo, por el cual respondiendo a esa urgencia se habilitaron ambos albergues”, opinó.

“Nos preocupa mucho que el Ministerio del Interior haya tomado la decisión de descontinuar brindando este apoyo para que ese albergue, tanto el de Corazones Unidos como el del Arzobispado continuaran funcionando. Sobre todo, tomando en cuenta que durante esos tres meses lograron dar cobijo a aproximadamente mil personas entre los dos. Vemos que es una necesidad que existe y que tampoco podemos asumir que ha disminuido. Contamos con información que desde hace una semana y media en Ollagüe se han registrado eventos donde han ingresado unas 80 personas migrantes, donde el alcalde ha llamado desde hace meses a dar respuesta desde el gobierno a una situación que los desborda. Allá tampoco tienen albergues, están habilitando las iglesias, pero tampoco dan abasto; no tienen baños químicos ni la capacidad de responder, siendo una municipalidad tan chica y con tan poco presupuesto”, agrega Guzmán.

Fuente El Mercurio de Antofagasta

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes sostuvo que un eventual reconocimiento del asilo en la futura Carta Magna va a significar una revisión de la normativa en materia migratoria.

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó en Sin Tacos Ni Corbata la iniciativa de norma constitucional 44.254 para garantizar el derecho de asilo a migrantes que corran peligro.

La abogada explicó que “lo que busca este reconocimiento constitucional es darle fuerza a la ley de refugio, su procedimiento, algo que hoy no está ocurriendo”, y que en la práctica “está metiendo a mucha gente en otro marco que no corresponde”.

La académica U. Alberto Hurtado sostuvo que “el estatuto al refugiado es un derecho aparte de la ley de migración, no se cruzan tanto”, y que “probablemente un reconocimiento va a significar una revisión de la normativa en materia migratoria”.

Rodríguez detalló que la iniciativa lo que hace es reconocer derechos puntuales: Que la persona que llega a la frontera y dice que viene huyendo de su país, tenga derecho a ingresar al territorio, no sea sancionado si lo hace por paso no habilitado, que se agilice un procedimiento justo con garantías de debido proceso para determinar la calidad de refugiada, y que se garantice que aun cuando no de curso a la solicitud de asilo, no sea devuelta a su país si corre peligro su vida o su integridad.

Vuelve a escuchar la entrevista en este link a Radio Usach.

Con el objetivo de regularizar la situación migratoria en Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes ha impulsado una iniciativa popular para la Convención Constitucional. CNN Chile conversó con Valentina Latorre para profundizar en las características del proyecto, como en la actual crisis que se vive en el país.

En medio del debate en torno a la crisis migratoria y las recientes denuncias sobre las precarias condiciones en el albergue de Iquique, el Servicio Jesuita a Migrantes ha impulsado la iniciativa popular de norma para la Convención Constitucional, titulada “El asilo contra la opresión“, que busca regularizar la situación migratoria en Chile.

Para profundizar en la iniciativa, así como en la situación general actual de la migración en Chile, CNN Chile conversó con Valentina Latorre, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. “Busca entregar protección en la Constitución a aquellas personas que puedan solicitar y recibir asilo“, indicó Latorre, añadiendo que “no es aplicable a cualquier persona, sino que busca entregar protección internacional solamente a quienes corran un riesgo al ser devueltos a su país de origen“.

“Hablamos de personas que cuya vida o libertad corre peligro en caso de volver al país de origen”, especificó, manifestando que “este es un derecho que en múltiples países está concedido en la Constitución y creemos es fundamental se reconozca en nuestra carta magna”.

Con respecto al contexto nacional en el último año, la representante del Servicio Jesuita a Migrantes destacó que “A junio de 2021, de las 1.359 que habían solicitado asilo, solo 7 habían sido aprobadas“, sosteniendo que “esto nos habla de un proceso que no se está llevando de la debida forma“.

En cuanto a la situación que se vive en el refugio para migrantes en Iquique, que ha recibido críticas por problemáticos como que se encuentra a varios kilómetros del centro, por lo que no es práctico para quienes buscan o deben trabajar, Latorre confirmó que el servicio jesuita lo visitó y constató otras preocupaciones: “No se estaban haciendo PCR, había gente con visibles síntomas de COVID-19“, pero que actualmente enmendaron ese error y sí están testeando. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que “solo se estaba entregando una comida diaria“.

“Para hacernos cargo tenemos que enfrentar el problema de fondo: Una migración ordenada, segura y regular implica seriedad en las acciones que tomamos“, consignó Latorre, agregando que “esto incluye no olvidarse de las fronteras, trabajar con las policías y autoridades locales, el multilateralismo tan necesario y hoy también en el contexto sanitario, dar protección frente al COVID-19“.

“Pero también implica un proceso de empadronamiento y un nuevo proceso de regularización que permita a las personas poder acceder a derechos, sino veremos que los hechos lamentables que se están dando en el norte se seguirá repitiendo sin solución para quienes llegan ni para las personas receptoras”, sostuvo, señalando que “una persona en situación irregular, sin Rut, no puede acceder a empleo ni arriendo” y que, en ese caso, “les queda asistir a estos albergues que no dan solución en términos estructurales“.

Finalmente, Latorre enfatizó en que, para mejorar la situación, pensando en la administración del nuevo gobierno, “desde el Estado deben escuchar a los organismos y autoridades locales, que tienen la expertise inmediata de lo que se está viviendo”.

Fuente: CNN Chile.

Bajo el título del “El Asilo contra la Opresión”, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) creó y envió a la Convención Constituyente una Iniciativa Popular de Norma (IPN), centrada en la consagración del derecho a buscar y recibir asilo.

Desde el SJM su directora nacional, Waleska Ureta, explica que “este derecho no es aplicable a cualquier persona, pues busca entregar protección internacional únicamente a quienes corran un riesgo al mantenerse o ser devueltos a su país de origen. Este es un derecho que múltiples países concedieron a miles de familias chilenas en la década de los 70 y que actualmente se encuentra ausente en nuestra carta fundamental. Por lo tanto, echamos mano a algo tan emblemático y conocido como nuestro himno nacional para acercar el tema y sensibilizar con el acceso a este importante derecho para quienes hoy lo necesitan de manera concreta debido a que su vida se encuentre en peligro”. 

Según las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre desplazamiento forzado, a fines del 2020, un total de 26,4 millones de personas escaparon de sus países como consecuencia de guerras, persecución, violencia y violaciones de sus derechos humanos, convirtiéndose así, en personas susceptibles de refugio. 

Así, la IPN “El Asilo contra la Opresión” apunta a que puedan solicitar asilo quienes se encuentren en situación de peligro para sus vidas o libertad. Asimismo, se busca garantizar el debido proceso, respetando las leyes y procedimientos establecidos para tales efectos, sumándonos al grupo -mayoritario- de naciones de la región que ya lo han incluido en sus cartas magnas, poniéndonos, por fin, al día con los estándares básicos de DD. HH internacionales.

“Para nosotros, como SJM, es sumamente importante materializar esta iniciativa popular de norma.  El -criticado- manejo de la situación migratoria en Chile, evidencia la necesidad de respetar los derechos humanos y dar un debido proceso a las personas que están llegando a nuestro país solicitando asilo. La consagración de estos derechos permitiría enfrentar de mejor manera la realidad migratoria, sin dilaciones ni falta de claridad en torno a trámites como la regularización. Un ejemplo de esto es la baja cantidad de solicitudes de refugio aprobadas o reconocidas que a junio de 2021 llegaron sólo a siete, algo poco entendible si se tiene en cuenta que hubo 1.359 solicitudes formalizadas”, agrega la directora de SJM.

¿Cómo puedes apoyar la iniciativa “El Asilo contra la Opresión”?

Ingresa a este link: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=44254#apoyar Luego, haz clic en “apoyar”. Por último, para completar el patrocinio y ayudar a SJM a lograr las 15 mil firmas, deberás registrarte con tu clave única o con tu cédula de identidad y número de serie, añade tus datos personales, señala tus áreas de interés ¡Y listo! Ya estás apoyando la iniciativa popular de norma en favor de la consagración del asilo en la nueva Constitución chilena. 

Fuente: El Periodista.

En medio de dunas y arena, sin servicios básicos formales, el recinto recibe a los extranjeros irregulares que se han autodenunciado. Está pensado como albergue nocturno, pero la lejanía del centro de la ciudad -22 km- los obliga a permanecer allí. Distintas ONG han emprendido acciones para alertar sobre la precariedad del recinto.

La costa se encuentra a unos 300 metros, pero el sector de Lobito, en la Región de Tarapacá, se emplaza en un escenario desértico. Ubicado a 22 kilómetros al sur del centro de Iquique, sin transporte público ni servicios básicos en las cercanías, es ahora el epicentro de los extranjeros que han cruzado la frontera por pasos no habilitados: allí el gobierno instaló el albergue para evitar que pernocten en los espacios públicos de la ciudad.

El lugar fue facilitado por la Universidad Arturo Prat (UNAP), que mantiene ahí su centro deportivo, con la idea de dar soporte a la crisis migratoria que afecta a la Tierra de Campeones. Es un recinto de estadía transitoria, acondicionada para albergar a 300 personas en total. Sin embargo, lejos de entregar una solución definitiva al problema, aquí se calienta una olla a presión.

Así lo asegura la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (Ampro), quienes dicen que los 200 extranjeros que hasta ayer se albergaban en el sitio (80 niños, según sus datos) están viviendo en un escenario de “abandono” por parte de las autoridades.

“No están recibiendo ni la comida ni el agua suficientes, apenas unas galletas y una botella pequeña de líquido al día. Tampoco tienen la debida asistencia médica y duermen sobre colchonetas puestas en la arena, cubiertos solo por carpas. Realmente, es un trato deshumanizado”, asegura Lorena Zambrano, dirigenta dirigenta de Ampro, organización que, apoyada por al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ayuda a las personas albergadas en Lobito.

Y es que, por tratarse de un albergue nocturno, en Lobito sus residentes no están obligados a permanecer en el lugar durante el día. Por eso, solo está considerada una colación fría al día, por las mañanas, que consiste en una porción de galletas, pan o frutos secos, y algún líquido.

“Su funcionamiento comenzó el día 20 de diciembre, sin embargo, su ocupación fue lenta por los procesos de traslados. Durante los últimos días estos se han optimizado y se ha logrado que las personas puedan estar en estos lugares, donde cuentan con servicios”, explica el delegado presidencial de la región, Miguel Ángel Quezada.

Los extranjeros llegan al sitio caminando o en buses dispuestos por la autoridad. Para ingresar, deben presentar un examen PCR de hasta 72 horas de vigencia o haber salido de una residencia sanitaria. En la Seremi de Salud de la región explican que no tienen asignaciones sobre el recinto, pero que apoyan cuando desde la Delegación Presidencial lo solicitan.

Al interior, los migrantes duermen en tiendas de campaña con otras 20 personas o en sus propias carpas, sobre colchonetas puestas en la arena. No hay transporte público ni locales de abarrotes, y llegar a la ciudad les demanda una caminata de más de cuatro horas. El día es largo, cuentan, y acceder a alimentos, muy difícil.

En el lugar, Zambrano y su agrupación están haciendo llegar alimentos. “Nosotros hemos entregado comidas para las personas, pero tampoco son las mejores. No contamos con los recursos suficientes, por lo que un arroz con huevo frito difícilmente entregue los nutrientes necesarios y no sabemos si contaremos con la comida suficiente para terminar esta semana. Por suerte, no ha habido brotes de Covid”, asegura Zambrano.

En el lugar también se han registrado conflictos internos. El pasado 10 de enero, tras el incendio que consumió cientos de hogares en el campamento Laguna Verde, muchos damnificados fueron albergados ahí. “A ellos sí se les dieron los alimentos correspondientes, lo que generó obviamente un conflicto entre las personas”, explica Zambrano.

Para el alcalde de la comuna, Mauricio Soria Macchiavelo (PPD), la situación es compleja. “Esto está lejos de ser realmente una solución. Solo se alejó a los migrantes que dormían en los espacios públicos de la ciudad, pero siguen ahí”, asegura la autoridad comunal.

El centro fue montado por la productora Grupo 370, que también se adjudicó por asignación directa el contrato por los refugios de Colchane y Huara, por más de $ 600 millones. En su página web, la empresa aparece como prestadora de servicios para distintos eventos masivos, pero sin experiencia en el albergue de personas en situación de migración irregular.

Sin embargo, Juan Ignacio Urrutia, representante legal de la compañía, explica que hace años cambiaron de rubro. “Nuestra página web está desactualizada. Y aunque no tenemos la experiencia en albergues, porque esta emergencia nunca la habíamos tenido en Chile, sí contamos con el conocimiento para montar distintos servicios sanitarios. Por ejemplo, hemos establecido cinco de los siete centros de vacunación que tuvo Lo Barnechea. El más grande aún sigue a cargo de nosotros”, explica.

El Servicio Jesuita a Migrantes también ha estado atento al asunto. Waleska Ureta, directora nacional, manifiesta que mañana pedirán una intervención formal. “Vimos condiciones bastante precarias en el lugar, por lo que entregaremos mañana (hoy) un oficio a las autoridades para formalizar una intervención socio-jurídica, en la que entregaremos información de los procesos de autodenuncia y acceso a derechos”, anuncia.

Por ahora, el albergue continuará recibiendo a los migrantes que se hayan autodenunciado y que estén a la espera de poder viajar a su lugar de destino final.

Fuente: La Tercera.

Un tercio de los encuestados se declaró fanático de un club chileno durante 2021.

El Servicio Jesuita a Migrantes y la agencia Ekhos dio a conocer los resultados de la Encuesta Voces Migrantes 2021, en donde se reveló de qué equipo son los extranjeros que han llegado a nuestro país, siendo Colo Colo el equipo más popular entre los encuestados.

De acuerdo a los datos, solo un tercio de los migrantes declaró ser hincha de un equipo chileno en 2021 y Colo Colo fue el favorito, con un 52 por ciento de las preferencias.

En segundo lugar aparece Universidad de Chile, con un 24 por ciento, mientras que la UC, tetracampeón del fútbol chileno, ocupa el tercer puesto de las preferencias de los migrantes con apenas un cinco por ciento.

Fuera del podio quedaron La Roja, también con un cinco por ciento, y Cobreloa, con un cuatro por ciento.

Según explicó Gonzalo Tapia, socio de la agencia Ekhos a 24 horas, este sondeo se realizó entre septiembre y octubre de 2021, a través de encuestas presenciales en hogares, con 1.020 encuestas entre Arica y Punta Arenas.

Además, explicaron que fueron los extranjeros venezolanos los que menos interés o conocimiento mostraron sobre el fútbol nacional. Mientras que la comunidad haitiana es la más fanática de Colo Colo.

“Así ser hincha o sentirse simpatizante, representado por algún equipo, habla de la manera en que se inserta la población migrante en el país. Orígenes como los de Perú que llevan más tiempo en Chile habitando se sienten más representados por un equipo de fútbol, y por otro lado se asocia mucho con los territorios donde se insertan. De igual manera, parecido a la población local, hay más interés en el fútbol en hombres que en mujeres” explica Pablo Roessler, Jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Finalmente, la encuesta también consultó por la persona chilena que más admiran en la actualidad, siendo los deportistas los predilectos de los migrantes, con Alexis Sánchez y Arturo Vidal como los más admirados.

Fuente: Al Aire Libre / Cooperativa.

La Red de Empresas Interculturales (REI) realizó un desayuno con un grupo de representantes de algunas de las 12 empresas que integraron con membresías esta instancia el año pasado. La REI nació en 2018, buscando generar transformaciones claves el mundo laboral chileno, a través de espacios de encuentro, reflexión, capacitación e incidencia en torno a la interculturalidad e inclusión de personas migrantes en el ámbito laboral.

La cita, que contó con la presencia de ejecutivos de las empresas SB, Bupa, Caja Los Andes, Metro de Santiago y Arcos Dorados, se inició con una intervención de la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Waleska Ureta, quien subrayó “nuestro agradecimiento por este camino compartido, este compromiso tan profundo que tienen ustedes y sus empresas con la interculturalidad, hoy, sobre todo de cara a las situaciones dolorosas que viven muchas personas migrantes. Vivimos una crisis humanitaria muy grande en el mundo y en nuestra región y eso nos impulsa y llena de esperanza al ver que podemos trabajar también con empresas que se suman a esta causa. Valoramos mucho este compromiso de ustedes y el resto de los socios, de poder estar con los más excluidos o que sufren discriminación y esa desigualdad tan presente en nuestro continente”.

“Desde ahí, cuentan con la gratitud de nuestro equipo y el directorio de SJM en este camino que recorremos en conjunto, con ustedes presentes hoy aquí. Apostamos a que la REI siga creciendo es 2022 y en eso ustedes son claves al poder motivar a otros a sumarse. Las empresas nos abren la puerta no solo a sus trabajadores, también están sus familias a quienes también queremos llegar con el mensaje de interculturalidad, la inclusión, la igualdad de derechos y dignidad para todas y todos, para así construir una mejor sociedad”, agregó Ureta.

A su turno, la profesional de sensibilización y promoción de empresas Interculturales, Francisca Ibáñez, recordó que “a lo largo de 2021, el trabajo de la REI estuvo marcado por encuentros virtuales, el trabajo en torno al voluntariado corporativo, el reinicio de algunas actividades presenciales, todo lo cual buscamos extender en este 2022, generando también innovaciones en la promoción de la interculturalidad como nuestra gran meta”. 

Francisca Ibáñez destacó asimismo que “las empresas asistentes a este encuentro coincidieron al destacar la gran importancia que le asignan a la diversidad cultural de sus equipos y a la inclusión de las personas migrantes; además aplaudimos mucho que valoren y compartan las buenas prácticas que han desarrollado en este ámbito y se hayan creado espacios de colaboración entre ellas”.