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Este miércoles 16 de marzo nuestra sede de Antofagasta inició la entrega de 1.000 kits de ayudas humanitarias en las comunas de Tocopilla y Antofagasta en el marco del proyecto “Migrar con derechos y dignidad”. Esta iniciativa es ejecutada por el SJM a partir de  Fondos de Interés Regional (FIR) del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta.

La iniciativa incluye kits de Alimentos, Higiene e Infancia que se repartirán entre los meses de marzo y abril 2022 a familias migrantes en tránsito que se encuentren en la región de Antofagasta. Además de la ayuda humanitaria, se entregará paralelamente orientación migratoria en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Calama y Ollagüe, sumado a información para favorecer el acceso a derechos y una serie de contactos de organizaciones de sociedad civil que funcionan como redes de apoyo para personas migrantes en el contexto de la crisis humanitaria.

“A lo largo de 2021 a la fecha hemos sido testigos de la grave crisis humanitaria que se encuentran atravesando miles de familias migrantes que están recién llegadas al país. Grupos familiares compuestos por niños y niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, que son personas que requieren protección especial y que llegan a Chile en busca de oportunidades que en sus países de orígenes no encuentran”, explica el director de SJM Antofagasta, Fernando Guzmán.

Y agrega, “como SJM trabajamos con enfoque de Derechos Humanos y por tanto comprendemos que los seres humanos cuando migran, también lo hacen con sus derechos. Gracias al financiamiento del GORE en este proyecto logramos brindar información relevante para que las personas al llegar al país no se sientan solas y sepan que hay una red de organizaciones que están a disposición de apoyarlas de diversas maneras y también nos permite brindar alimentos y elementos de higiene y protección porque somos conscientes que aún nos encontramos en medio de una pandemia”.

Gabriel Boric se convierte este viernes en el presidente más joven de la historia de Chile.

Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.

Y su gobierno genera altas expectativas.

El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.

Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.

A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.

Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.

En BBC Mundo te contamos algunos de los más importantes.

1. Convención constituyente

Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.

Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una “salida institucional” a la crisis.

Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.

“Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso”, le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.

“Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido”, añade.

La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.

Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las “posiciones extremas” bajo un “afán refundacional”, y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo “excluidos” de la discusión.

Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.

En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.

Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.

Y Boric ha dado señales en esa línea.

“No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida”, dijo en diciembre pasado.

Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.

2. Conflicto en la “macrozona sur”

En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada “macrozona sur”, con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.

Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.

“La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue”, le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.

“Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia”, agrega.

Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.

La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.

Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el “Comando Jungla”) para hacer frente a la violencia.

Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía “hay terrorismo”, algo que Boric siempre ha evitado mencionar.

“Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división”, ha dicho el nuevo mandatario.

Para Cristóbal Bellolio, “Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista”.

“Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados”, señala.

3. Crisis migratoria en el norte

En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.

En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.

Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.

La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.

Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.

Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.

El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.

Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.

“Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo”, dice Pamela Figueroa.

“Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas“, agrega la académica.

Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, “si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado”.

El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.

“Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada”, afirma.

El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.

4. Crisis económica

Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.

La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.

El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.

Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.

En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.

Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.

Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.

“El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío”, explica Bellolio.

Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.

“Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía”, dice Sajuria.

Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la “gradualidad y responsabilidad fiscal”.

“Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias”, dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.

Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.

Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.

“El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca”, dice Bellolio.

5. Pandemia

La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.

De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.

De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.

La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.

Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.

Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.

Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.

“Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad”, dijo Jadue a mediados de febrero.

“Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición”, remató.

Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.

“Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio”, dice Pamela Figueroa.

Cristóbal Bellolio indica que “el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente”.

“Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas”, concluye.

Fuente: BBC Mundo.

Fernando Guzmán también aseguró que gran parte de las tensiones sociales que se provocan entre chilenos y migrantes se debe a un abandono del Estado en esta materia. Además, asegura que solo el 0,1% de los extranjeros que están en el país ha sido condenado por algún delito.

Si el año 2010 menos del 4% de la población que habita en Chile era migrante, al día de hoy esa se eleva al 10%. Estas son cifras que entregó Fernando Guzmán, director regional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en conversación con el programa “El resto es música” de Timeline.cl en Radio Sol.

“En el año 2021 hubo más de 50 mil personas que hicieron ingreso a Chile por pasos no habilitados, y eso es un aumento importante respecto al 2020 que fueron 16 mil personas”, fue otra de las cifras donde también recalcó que esta nueva ola producto de la crisis humanitaria en Venezuela es un problema continental.

Guzmán también se refirió a ciertos mitos que existen respecto a este fenómeno donde se piensa que es Chile el principal destino de los venezolanos.

“El principal receptor de venezolanos es Colombia, quienes han recibido más de 2 millones, mientras que en Chile son 500 mil, misma cifra de Ecuador, mientras que Perú tiene 1 millón (…) Esto es importante mencionarlo pues muchas veces se menciona que Chile es el principal país de destino”, aseguró el director del SJM Antofagasta.

El director regional del SJM también abordó la fricción que esta ola de migrantes genera en las comunidades locales, habló sobre las medidas del actual gobierno por contener el problema, la asociación de los medios entre delincuencia y migración, como también se refirió al efecto que generó en al comunidad el crimen del joven camionero Byron Castillo y por el cual se encuentran tres venezolanos indocumentados en calidad de formalizados por homicidio.

• ¿Cómo observan la tensión social que esta migración genera en los barrios donde se ve en mayor cantidad la presencia de migrantes irregulares?

Nosotros entendemos (la molestia) que si hay personas que están ocupando espacios que antes eran lugares donde la familia llegaba a entretenerse los fines de semana, pasar una tarde, ir a una playa donde había una convivencia más armónica, pero hoy hay personas que habitan en carpas, que no tienen donde hacer sus necesidades básicas y por lo tanto también ocupan los espacios públicos para aquello, que están pidiendo en la calle, que incluso por desesperación pueden cometer algún acto que afecte el orden público o que cometan un delito como robo. Todo esto se da cuando hay un abandono del Estado.

• Cuando se habla de ver el fenómeno de la migración con un enfoque de Derechos Humanos ¿Esto va por caminos separados de un mejor resguardo de las fronteras?

No necesariamente son excluyentes porque es necesario tener un mayor control fronterizo, no únicamente con un enfoque de seguridad nacional que ha sido básicamente lo que ha estado planteando este gobierno saliente, sino también es necesario para poder planificar la migración. O sea, el gobierno tiene cifras e información desde otros ministerios sobre las necesidades laborales que existen en Chile, y si tienes mayor control fronterizo, y sabes quienes son los que ingresan en términos de si tienen antecedentes penales o no, su calificación profesional, antecedentes laborales, su disposición al trabajo; entonces, conocer eso es positivo y necesario.

• ¿Cree que el próximo gobierno debiera renovar el Estado de Excepción Constitucional para controlar las fronteras?

Sé que es una medida que han valorado los gobernadores de las respectivas regiones, los alcaldes, para ellos ha sido un aporte a la percepción de seguridad sobre todo para dar respuesta al crimen organizado que se estaba intensificando en las fronteras. Desde esa perspectiva, el gobierno verá alternativas de solución porque definitivamente sacar militares a las calles no es una solución estructural, es una medida parche para responder a la emergencia puede dar resultados, pero estás hablando de poner a grupos de personas que están entrenados para la guerra, a dar respuesta a niños y niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, que además han fallecido muchas tratando de hacer ese proyecto, diciéndole: “Usted no puede ingresar acá”. Entonces, dónde queda el derecho superior de la niñez, dónde queda el enfoque de género para enfrentar la migración. Dónde queda la protección a las personas de la tercera edad.

Definitivamente el Estado de Excepción es una medida que en lo inmediato puede ser popular, puede bajar la molestia en los camioneros, en las autoridades locales, pero en ningún momento es una solución estructural ni debiese permanecer en el largo plazo.

Casos mediáticos

• ¿Cómo impactan en la relación de la comunidad con los migrantes casos mediáticos como fue el brutal crimen del joven transportista Byron Castillo en la ruta que une Antofagasta con Mejillones y por el cual hay tres venezolanos irregulares detenidos?

Lo que no compartimos es que frente a estas situaciones los medios de comunicación hacen de estas tragedias humanas hacen un show mediático. Además, se hace faltando a los debidos procesos que deben existir. Esto hace que una situación, que es necesario visibilizar, no se le da la misma importancia a casos de éxitos en la integración de las personas, en cómo favorece la llegada de migrantes al país. Lo que se amplifica son estos hechos donde se cometen delitos graves, y eso hace que los que miran estos medios masivos de comunicación comiencen a incrementar su percepción de inseguridad, pero si nos vamos a datos duros, efectivamente no hay una correlación entre migración y delincuencia. En Chile, al año 2020, la población penal de extranjeros condenados; es decir, que se hizo una investigación y se les encontró culpables, corresponde al 0,1% de la población migrante que reside en el país. O sea, estamos hablando que ni siquiera llega a ser una de cada 100 los migrantes que llegamos al país y cometemos un delito.

Darle tanta cobertura donde se recalca que son personas venezolanas las que cometieron este delito, sin duda hace que se retrocedan las posibilidades de poder generar una convivencia adecuada, y que la sociedad de la acogida, y pasar un proceso de adaptación un poco más natural, sin tanto miedo ni xenofobia.

Revisa la conversación completa en este link.

Fuente: Timeline

El equipo de SJM Antofagasta visitó las localidades de Ollagüe y Calama para establecer nexos y entregar apoyo a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que ayudan a personas migrantes en el territorio.

La coordinadora ayuda humanitaria Antofagasta, Constanza Palape, y gestor de ayuda humanitaria, Cristian Godoy, acudieron a ambas localidades en las que también se inició el establecimiento de alianzas de trabajo.

En Calama fueron recibidos por Carrete con Cristo, organización que posee un comedor comunitario y provee de canastas familiares y baños a las personas migrantes, entregándoseles Kits de ayuda humanitaria, aseo e infancia.  En esta misma ciudad, además se visitó y hizo entrega de los mismos kits de ayuda a las oficinas de la Pastoral de Movilidad Humana, Fundación Caritas, y la Cruz Roja Calama.

Por su parte en Ollagüe, el equipo humanitario de SJM Antofagasta sumó al capellán nacional, Cristián del Campo SJ, al encuentro en que se reunieron con el alcalde de la localidad Humberto José Flores y la DIDECO, Ninibeth Aguilera, a quienes igualmente se entregaron kits de ayuda humanitaria.

Descentralización

A modo de balance, Constanza Palape explicó que “el gran objetivo fue salir de la capital regional, descentralizando la labor que realizamos hacia comunas de la región. En particular a la frontera de Ollagüe donde se vive la crisis migratoria y a Calama para conocer a las organizaciones de ese territorio y su trabajo, porque finalmente las personas que llegan a Antofagasta vienen justamente de pasar por Ollagüe o Calama, por lo que conocer sus trabajos nos da luces de qué pasaron estas personas; al mismo tiempo con estas visitas empezamos a construir una red regional, que se mantenga en comunicación y articule su trabajo. Como producto de estas visitas, creamos un grupo de Whatsapp con todas las organizaciones ligadas a la migración, para coordinarnos frente a altos flujos migratorios que provengan de la frontera”.

ESTADÍSTICA. Datos otorgados por Fiscalía Regional, evidencian una mayor incidencia de extranjeros en delitos relacionados con la Ley 20.000, además de otros de connotación mayor, según causas ingresadas desde el 2017. No obstante, siguen ponderando los delitos cometidos por nacionales

Tras el aumento sostenido que experimentó la presencia de extranjeros en delitos de la región (un 30%), según cifras entregadas por Fiscalía Regional de Antofagasta, respecto de las causas ingresadas al servicio desde el 2017, para chilenos y extranjeros, diversas autoridades, actores locales y académicos de las principales casas de estudios de la ciudad, manifestaron como, pese a las cifras, es necesario seguir viendo la crisis migratoria, considerando las múltiples aristas que tiene esta problemática.

Según los datos, la preponderancia de los chilenos dentro de crímenes en la región, bajó a un 70,4% en los últimos cinco años; en 2017 se mantenía sobre el 91%. Ese mismo año, las causas ingresadas a Fiscalía donde participaban extranjeros fueron 3.294, y desde entonces, suman más de 10.178 causas, pasando de una presencia en delitos del 8,6% al 29,6% en 2022.

Una problemática con varias aristas, que no hace más que retratar las diversas necesidades y consecuencias que tiene la crisis migratoria actual en Chile y donde niños que deberían estar protegidos por los acuerdos internacionales, terminan cruzando el desierto junto a sus padres, después de viajar cientos de kilómetros como polizontes de algún camión o bus ilegal. Sin duda un tema que más que debatir, necesita soluciones.

“Antofagasta es de aquellos que vienen a aportar y no a delinquir”

“Es preocupante las cifras y el aumento de delitos, tanto en chilenos como en Extranjeros; se logra desmitificar el estigma del que “el extranjero viene a delinquir”. Ahora bien, la percepción de la comunidad es diferente, y guarda relación con la crisis migratoria y la cantidad de ilegales que cruzan las fronteras, el descontrol de personas en situación de calle, delitos que han sido de connotación pública y diferentes al que estábamos acostumbrados y una cruda realidad en las esquinas de las calles de nuestra comuna, donde los vemos, limpiando vidrios y pidiendo monedas junto a sus hijos. La nueva ley de migración nos permitirá controlar el ingreso y evitar que personas ilegales, con antecedentes , ingresen a nuestro país”.

Luis, Aguilera,, concejal RN, Antofagasta

“La mayoría de los delitos estuvo ligado a la pandemia”

“De acuerdo con Subsecretaría de prevención del delito y la tasa anual de casos policiales de mayor connotación para la región de Antofagasta, se puede observar que ésta ha disminuido desde 3.659,4 en 2017 a 2.135 en el año 2021, mismo período en el que ha aumentado la inmigración en la región. Se muestra que la categoría que más ha aumentado en los migrantes es la de “otros hechos y faltas”; en 2020 esta categoría agrupó un 72% de los delitos por los cuales los extranjeros se vinculan con el sistema penal, y de éste un 48% estuvo relacionado con infracciones a las normas sanitarias, es decir, ligadas a la pandemia del Covid-19 y no a delitos de mayor connotación social. Otro punto importante, es que dentro de las categorías delictivas se encuentran las entradas por pasos no habilitados (IPNH), pero hay que contabilizar también que existe un importante porcentaje de autodenuncia entre los migrantes, alcanzando un 30,1% del total de denuncias. Desde nuestra óptica se debe ser cuidadosos y abordar estos hechos generando políticas adecuadas y establecer un proceso de ingreso que sea ordenado y legal”.

Waleska, Ureta,, directora, nacional, del SJM.

“Hoy los datos muestran que no estábamos tan equivocados”

“El 2016 fuimos a La Moneda a entregar una carta a la ex presidenta Bachelet, en la misiva exponíamos los delitos que se estaban cometiendo en la región por delincuentes extranjeros, si bien es cierto, en esa época la estadística para la autoridad de turno era insignificante, en comparación con los delitos cometidos por chilenos, estos eran de gran connotación social, generando un aumento en la sensación de inseguridad de la comunidad. Buscábamos ser escuchados. A 6 años y con estadísticas delictivas y antecedentes actualizados, dados a conocer por la fiscalía, podemos decir que no estábamos equivocados frente al nulo accionar de las autoridades de ese entonces. Merecemos vivir en una región más segura y mejor”.

Fabián, Ossandón,, fundador, Antofa Segura

“No tenemos un sistema unificado que nos permita identificarlos”

“Uno de los problemas que tenemos nosotros como investigadores, son las conexiones internacionales con otros países, primero porque no sabemos si ese migrante se llama como dice que se llama, segundo porque cuando son expulsados del país, después entran por la puerta trasera. Si a mí me llama un fiscal de Colombia y Venezuela, lo que sea, preguntando por Alberto Ayala, porque está detenido en cualquiera de estos países, a mí me basta meterme al sistema chileno para tener toda la información de Alberto Ayala, y en 30 minutos o antes, yo tengo toda la información. Nosotros tenemos una unidad internacional donde tenemos que darnos toda una vuelta para conseguir esos datos y en menos de 24 horas”.

Alberto, Ayala,, fiscal regional Antofagasta

“No se puede estigmatizar a la población migrante así”

“Los datos dan cuenta de un aumento de la criminalidad en la región. Estos guarismos a lo más se acercan a un 30% de presencia de extranjeros/as en delitos, lo cual ya se va haciendo significativo. Sin embargo, no podemos presumir variables causales: más delitos más extranjeros, porque se requiere más investigación que analice en profundidad la crisis humanitaria-política migratoria, por una parte, y el fenómeno de la delincuencia por otro. Los medios y los actores locales no pueden estigmatizar a la población migrante de esa manera, porque en su mayoría viene a trabajar, no a delinquir. Y esto sería aplicable a los/as chilenos/as que fuimos inmigrantes también y que no teníamos conductas delictivas. Me parece que lo que sí es observable es la aparición de delitos cruentos, que no se habían visto en nuestra “tradición criminalística”, y ahí se podría concordar con el fiscal Ayala, de que culturas más violentas reproducen esas practicas fuera y dentro de los países de orígenes. Los datos tampoco dan cuenta de una presencia significativa de la población venezolana, pero sí boliviana, lo cual también amerita un análisis profundo. Particularmente creo que en el país falla un buen servicio de inteligencia que sea capaz de cartografiar los carteles de narcotráfico y trata de gente dentro y fuera del país”.

Francis, Espinoza,, Académica UCN

“Es un fenómeno complejo, con diferencias entre los migrantes”

“Chile es un país que nunca ha estado preparado para la gran cantidad de extranjeros que han llegado, pese a ser un país que recibe inmigrantes, recibimos a los chinos, a los peruanos, los bolivianos, y nunca tuvimos mayores problemas. Hasta el día de hoy, aquellos que vienen a llegar han comenzado a trabajar y a dar trabajo, no así como con aquellos extranjeros de las últimas olas, donde hemos visto mayores índices de delincuencia. Hoy estamos viendo un extremo en cuanto a la migración, un cambio que ha sido brutal . No estamos preparados para recibirlos a todos . Y más cuando hay gente que viene a puro delinquir”.

Ignacio, Pozo,, concejal PR, Antofagasta

“Tenemos que trabajar esta crisis con el nuevo gobierno”

“Hemos hecho un seguimiento con Carabineros respecto del impacto de la delincuencia en nuestra región. Estamos en las mismas cifras más menos de antes del estallido social Y si bien no es que los migrantes cometan más delitos que los ciudadanos chilenos, lo que sí ha impactado es la intensidad del delito. Son delitos de mayor intensidad, mayor connotación pública y eso sin duda que genera una mayor sensación de inseguridad. Tenemos que ir trabajando con el Ministerio del Interior del próximo gobierno, en medidas que aseguren mayor presencia de las policías, pero también en la recuperación de los distintos espacios públicos”.

Ricardo, Díaz,, gobernador Antofagasta.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

En conversación con The Clinic, la directora social del Servicio Jesuita a Migrantes repasa parte de su primer año en el cargo. Además analiza el actual panorama en la macrozona norte y releva la importancia darle celeridad a la búsqueda y aplicación de soluciones a la situación migratoria: “Cada día que nos demoramos en presentar soluciones robustas, de calidad, vamos a tener un discurso aun más fuerte en contra de la inmigración”, asegura.

El pasado 11 de enero Valentina Latorre cumplió un año como directora social del Servicio Jesuita a Migrantes(SJM). Le tocó asumir en un periodo particular y complejo. Recién llevaba 3 semanas en el cargo cuando la crisis humanitaria en Colchane estalló mediáticamente en febrero del 2021.

“La crisis “sin precedentes” de la pequeña Colchane, el pueblecito chileno que tiene más migrantes que habitantes”, titulaba al BBC al mundo para referirse al embotellamiento de cientos de migrantes que quedaron varados en la zona fronteriza sin la posibilidad de seguir desplazándose.

El año 2021, principalmente en la zona norte del país, lejos de apaciguar la compleja situación registró otros hitos lamentables: Ciudades colapsadas, migrantes caminando por el desierto intentando salir de Colchane, aviones desplegados por el gobierno para la repatriación, desalojos de campamentos, conflictos en Iquique que culminaron en una marcha antimigración que incluyó la quema de carpas y coches en una hoguera y la viralización de la golpiza de un grupo de inmigrantes a carabineros que reavivó las protestas, solo por nombrar algunos ejemplos.

Consciente del complejo panorama y de que hoy la población migrante en Chile se encuentra en un estado de “emergencia permanente”, Valentina dice que prefiere mirar el vaso medio lleno a la hora de proyectar su segundo año en el cargo.

Asegura que trabajar en la institución en este momento es “un regalo”, ya que desde allí se puede aportar “con todos los conocimientos que la institución tiene a poder dar atención en términos masivos e ir rompiendo estereotipos”.

-El conflicto en Ucrania movilizó un poco la agenda con respecto a la situación en Colchane ¿Ustedes tienen algún registro del panorama actual en la zona?

-Sí, efectivamente. Tuvimos hace una semana una visita a la frontera en Colchane. La verdad es que la situación continúa viéndose bastante compleja y sin tener las consideraciones y las soluciones que se hacen tan necesarias en estos momentos para abordar la crisis humanitaria.

-¿Qué pudieron analizar concretamente en estas visitas?

-Lo primero es que hoy la gran mayoría de personas que llegan, y tal como ha sido durante todo el 2021, son personas que no lo hacen por gusto o porque quieran cometer algún delito. Son personas que arriesgan su vida para obtener seguridad, poder sobrevivir en Chile, o poder reunirse con familiares y encontrar trabajo. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes creemos en una migración segura, regular y ordenada, pero en esto no solamente podemos abordar un enfoque seguritista. Es relevante que entendamos las múltiples dimensiones. Las familias que están llegando son familias que requieren, quizás, un abordaje humanitario en términos de ayuda, pero también son familias que deben estar en situación regular para poder incluirse en la sociedad de acogida y para poder ejercer sus derechos.

-Hace poco tiempo el SJM expuso en la Convención Constituyente ¿Allí entregaron estos mismo planteamientos?

-Sí, efectivamente. Creemos que es fundamental y lo mencionamos ahí y lo mencionamos en todas las instancias en las que tenemos la posibilidad de aportar miradas, que esto debe incluir la perspectiva de DDHH y que es muy importante confiar en la sociedad de acogida. Aquí somos conscientes de que las personas que viven hoy en la macrozona norte y que reciben a esta población les ha tocado difícil. Han tenido un abandono de parte del Estado. Ellos ven sus espacios públicos ocupados, ven un deterioro en la convivencia, ven su cotidianidad afectada. Pero en la medida en la que la migración, y especialmente la irregular, no se aborde contemplando esto y que una persona que no tiene rut no puede trabajar, no puede arrendar, vamos a continuar viviendo esto desde el conflicto, desde el desencuentro y desde una sociedad acogida que con justa razón está cansada del abandono.

-A su jucio ¿Qué medidas son las que se debiesen implementar urgentemente en la zona Norte?

Primero creemos que tiene que haber un control de fronteras que se haga cargo de identificar quiénes son las personas que están intentando entrar a Chile. Esto porque nos permite, por un lado, revisar antecedentes, pero también nos permite tener claridad de en qué forma pueden aportar al desarrollo de Chile. Esto no es menor porque vemos gremios en los que hay necesidad de empleo, vemos que hay muchos lugares en los que la población podría ser bien acogida e incluida y la única manera en la que vamos a tener claridad de quiénes y cuántos son es con un control fronterizo que sea robusto y que nos permita abordar el ingreso desde la perspectiva de Derechos Humanos.

–¿Y segundo?

-Lo segundo es poder escuchar de una vez por todas a las autoridades locales. Las autoridades locales en la macrozona son quiénes son más expertas y expertos en lo que está sucediendo porque lo ven en lo cotidiano.

También es importante pensarlo desde la intersectorialidad que tiene esta situación, pensando en que aquí todos los ministerios tienen cosas que aportar y tienen que ser incluidos en la búsqueda de soluciones para la inclusión efectiva de las personas migrantes y refugiados al país, porque esto no solamente se soluciona desde el control de fronteras. El rol que tiene, por ejemplo, el tema de multilateralismo el próximo gobierno es clave, cómo lo abordamos a nivel regional, cómo nos damos cuenta de que no basta con la política que pueda hacer un país por sí solo, aquí estamos abordando una crisis en Venezuela en las que ya son seis millones las personas que han salido del país. En Chile vemos que los ingresos por pasos no habilitados pasaron de 16 mil en 2020 a 56 mil en 2021. Son 40 mil personas más de las que tenemos registros las que han hecho ingreso por pasos no habilitados.

-Hablamos de la sociedad de acogida ¿Cómo se superan los roces que han habido?

Hay que reconocer y enfrentar los conflictos que han surgido en ciudades como Iquique, como Colchane. Las personas migrantes ya representan cerca del 10% de nuestra población. Están presentes en nuestros barrios, compartimos espacios, compartimos la vida. Una buena convivencia y una inclusión efectiva pasa necesariamente porque va a haber un cambio en la sociedad receptora, y en esto hay recomendaciones internacionales que son bastante claras y no es necesario inventar la rueda. Una persona que es incluida con su regularidad en el espacio común es una persona que, probablemente, no significa un problema para la convivencia. Las recomendaciones internacionales son muy claras en torno a que no se deben usar como primera alternativa, por ejemplo los campos de refugio, sino que es importante incluir a la sociedad que viene llegando en la sociedad de acogida.

-¿Eso para evitar la segregación?

-La meta no es otra que erradicar los discursos y prácticas racistas-discriminatorias que se dedican a estereotipos y prejuicios, y para esto tenemos que encontrarnos, tenemos que conocernos y tenemos que trabajar en conjunto.

-Con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania da la sensación de que los chilenos nos conmovemos mucho, por ejemplo, con lo que está pasando allí en torno a los refugiados, pero cuando esto pasa en Colchane es otra la disposición, ¿No es así?

-Yo creo que es muy relevante analizar la crisis humanitaria que nos toca vivir en el país como una crisis que se da a nivel global. Hoy lo que nos afecta en Chile es una situación con especial cuenta que se vive en Venezuela, pero en unos años más, probablemente, nos toque ver una crisis humanitaria en torno a la crisis medioambiental que estamos viviendo. Y esto va a seguir sucediendo. Lo que vemos en Chile con la macrozona norte, lo vemos en el caso de una guerra hoy en Europa, lo vemos con mucha fuerza en Asia y es relevante que la mirada que tengamos para abordarlo sea una mirada íntegra, una mirada que busque una incorporación de los DDHH, de la inclusión. Hoy estamos en un marco global de movimiento, de desplazamiento de personas, en la gran mayoría desplazamientos forzados.

-Te pregunto eso también porque en los portales se destacó una noticia en la que una periodista europeo que decía “ estos no son refugiados de Siria. Son refugiados de la vecina Ucrania”, algo así era la cuña. ¿Existe una especie de esa segmentación del refugiado?

-Un dato relevante que destacó el SJM en 2021 es que las personas migrantes en Chile que se sienten discriminadas, en su gran mayoría, no se sienten discriminadas por ser de una nacionalidad distinta, sino, como primer motivo, por su apariencia física; como segundo motivo por su condición económica y como tercer motivo por su color de piel. Evidentemente, eso tiene que ser un llamado de atención también para la sociedad de acogida porque no se sienten discriminados por ser migrantes, se sienten discriminados por otros elementos que evidentemente nos hablan de ciertos males sociales. Tenemos que ser capaces de cambiar la mirada y efectivamente apostar por una sociedad en la que todos y todas tengan cabida.

-¿Cómo desde el SJM enfrentan la xenofobia?

-Desde la SJM tenemos una apuesta por la construcción de una sociedad intercultural más humana, más acogedora. Para eso no solamente vamos a plantear soluciones en materia de la población que viene llegando, las personas migrantes y refugiadas, sino que también buscamos promover las instancias de sensibilización a instituciones, a colegios, a municipios. Lamentablemente se ha configurado un discurso que ha sido sistemático y calificado de corte racista para con la población que viene llegando y vemos que ha pasado tanto tiempo sin que se generen soluciones que efectivamente aborden la problemática, que eso cada vez va a aumentar más. Es muy importante que seamos súper conscientes de que cada día que nos demoramos en presentar soluciones robustas, de calidad, vamos a tener un discurso aun más fuerte en contra de la inmigración. Esto es una bomba de tiempo y vimos en febrero pasado que la olla a presión se abrió.

-Quedan un par de días para que asuma un nuevo gobierno ¿Cómo ves las señales que se han dado en torno al tema migratorio?

-Creemos que cualquier cambio de administración es una oportunidad de poder juntarnos en la mesa, no solamente desde las organizaciones migrantes y pro-migrantes, sino también desde las autoridades locales que es algo que ya se ha visto, por ejemplo, a la futura ministra del Interior haciendo. Creemos que hay muchas cosas que es posible abordar de manera rápida, por ejemplo, situaciones administrativas que hoy vemos en torno a los visados, a las permanencias definitivas. Esas cosas se pueden hacer sin grandes complejidades. Esperamos que puedan abordarse prontamente, y desde el SJM estamos a total disposición del próximo gobierno para poder trabajar en conjunto y para poder apoyar en la crisis humanitaria que estamos viviendo.

Fuente: The Clinic

El objetivo es contribuir con que estos espacios para que reúnan ciertas condiciones mínimas que aseguren el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes. La actividad contó con la presencia de jefa regional de Tarapacá de SJM, Pilar Valencia.

El Juzgado de Familia de Iquique se reunió con Carabineros y organizaciones internacionales, con el fin de mantener y reforzar el monitoreo de la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, que se encuentran en el albergue levantado en el sector de la playa Lobito.

Según el Poder Judicial, la jueza presidente del tribunal, Patricia Seguel Muñoz, informó que el objetivo del encuentro fue conocer la actual situación del refugio temporal ubicado en dicho sector, ante la mantención del flujo migratorio en la región.

“El objetivo es mantener un trabajo de coordinación que está establecido desde hace tiempo con el tribunal y las instituciones internacionales, el delegado presidencial y Carabineros, con miras a establecer un refugio que cuente con estándares mínimos de garantía y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y en especial de los niños, niñas y adolescentes en dicha condición”, afirmó la magistrada.

En la reunión se abordaron diversas temáticas como el acceso a la alimentación, salud, condiciones de habitabilidad y el apoyo facilitado por las organizaciones, acordando desarrollar a lo menos una reunión mensual para revisar avances y eventuales problemáticas.

La magistrada Seguel Muñoz recordó que durante lo que va del año, el tribunal y el comité de jueces han estado trabajando en la elaboración de estándares mínimos que deben tener los albergues que reciben población migrante, refugiada y/o solicitante de asilo.

“El objetivo es poder contribuir con que estos espacios reúnan ciertas condiciones mínimas que aseguren el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que por distintas razones deban acceder a estos lugares”, dijo.

“La idea es que sirva de orientación, apoyo, guía para todas las personas que están trabajando en este refugio y que obviamente generen un mejor trabajo con los niños, niñas y adolescentes y sus familias en condición irregular”, agregó.

En la reunión participaron representantes de Carabineros, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), OIM, ACNUR, Unicef, Defensoría de la Niñez, Delegación Presidencial y Carabineros.

Fuente: Soy Chile-Iquique

Un conjunto de familias migrantes pesquisadas por el Programa de Atención Social de la sede de Arica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) accedieron a diversas ayudas que incluyeron elementos de higiene, alimentación y subsidios de arriendo.

“Entregamos ayuda humanitaria a 15 familias migrantes vulnerables, ésta consistió en canastas de alimentos además de kit de higiene y kit de primera infancia, además de recibir atención social por parte de SJM. También, entregamos kits de higiene y primera infancia a familias migrantes que estuvieron en situación de calle, algunas de las cuales se alojaron en el albergue Maymuru y que recibieron igualmente más de 20 colaciones frías, con agua, leches, y galletas, pues se trataba de familias numerosas”, explica Marioly Corona, Coordinadora de ayuda humanitaria de SJM Arica.

Los fondos, que permitieron financiar la ayuda humanitaria repartida, proceden del proyecto de Niñez Migrante Protegida que SJM lleva adelante con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de ahí el foco en familias que incluyera a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para aclarar dudas en temática migratoria. Y, por otro lado, se entregaron cuatro subsidios de arriendo por $150.000 a parte de las familias beneficiadas.

“La ayuda humanitaria fue muy aplaudida por todas las familias migrantes. Aquellos que vinieron por canastas familiares venían con sus hijas e hijos, quienes valoraron mucho los ricos alimentos, mientras los mayores destacaron la posibilidad de acceder a orientación diversa. Las familias que accedieron a subsidios de arriendo a su turno, también se mostraron agradecidas, pues estaban en situación de calle, por lo que recibir esta ayuda fue fundamental para mejorar su pasar. Como equipo, recibimos una verdadera lluvia de bendiciones y cariño. Todas las familias con las que trabajamos estaban muy agradecidas y reconocían la labor del SJM y el apoyo y acompañamiento que realizamos como institución no sólo en materia de ayuda humanitaria, sino también en cuanto a entrega de información, acceso a justicia y derechos, entre otros temas”, sentenció Corona.

El pasado jueves 17 de febrero tuvo lugar la actividad de cierre del curso de pastelería y panadería desarrollado por la sede de Antofagasta de Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), con el financiamiento de Fundación Populorum Progressio y la colaboración de la Corporación La Chimba, Cocina con Sentido, quienes se encargaron de ejecutar los talleres.

Este proyecto benefició a un total de 20 mujeres migrantes provenientes de Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Catalina Rojas, Responsable del Área Social en la sede de la II región del SJM, explicó que “con esta iniciativa buscamos generar un espacio de inserción social y laboral de la población migrante en situación de vulnerabilidad, a través de la habilitación de una cocina de alto estándar en nuestro Centro Comunitario ubicado en el sector de Bonilla en Antofagasta”.

“Estamos contentos con la recepción que tuvo este curso. Nos permitió contar con una cocina completamente equipada que será utilizada para diversos proyectos futuros; asimismo la evaluación de las alumnas beneficiadas fue muy buena, dado que lograron adquirir nuevas competencias laborales en torno a la pastelería y panadería, que les permite proyectar nuevos emprendimientos para mejorar su situación actual. Además, se logró crear un espacio acogedor, de interacción y fraternidad entre las participantes quienes ya nos están solicitando una segunda versión. Sin duda estas iniciativas nos permiten contribuir de manera concreta en la construcción de una sociedad intercultural”, agregó Catalina Rojas.

Desde SJM Antofagasta igualmente destacan y agradecen una donación de privados que, coincidiendo con la finalización de curso, permitió entregar un presente con las herramientas básicas que permitirán a las beneficiarias, continuar practicando y emprendiendo en cocina.

Para el Servicio Jesuita Migrante, “hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos”.

El fin de semana entró en vigor el artículo 152 que permite a la policía militarizada “reconducir” a personas que intenten ingresar a Chile.

Cientos de migrantes siguen entrando de forma irregular en Chile a través de la frontera con Bolivia pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno y la política de “devoluciones en caliente” que permite la nueva ley de inmigración, criticadas con dureza por organizaciones locales e internacionales.

En pleno altiplano, a más de 3.700 metros de altura, unos 40 adultos y un número indeterminado de menores -la mayoría venezolanos- fueron el pasado sábado los primeros en ser expulsados al pasar la frontera, entre lamentos desesperados y la fatiga que deja una caminata de meses.

Ese día, y tras un año en barbecho, entró en vigor el artículo 152 que permite a la policía militarizada “reconducir” a personas que intenten ingresar a Chile y que cumplan ciertas condiciones, como cruzar sin documentación o identificaciones falsas, eludir control migratorio mediante pasos clandestinos o estar fichado.

Una norma que actualiza la obsoleta ley de 1975 y que ha desencadenado la preocupación de organizaciones internacionales y locales al facilitar la expulsión inmediata de personas en un “espacio territorial de amplia discrecionalidad de la autoridad” y donde “la posibilidad de que no se cumpla lo establecido es alta”.

LOS RIESGOS DE LA “RECONDUCCIÓN”

No es primera vez que los mecanismos de “devolución en caliente” son cuestionados. En Europa hay casos que han llegado al máximo tribunal de derechos humanos por vulnerar a inmigrantes que llegan a sus costas en pateras.

Para la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la dimensión de la crisis migratoria en Europa puede replicarse en Latinoamérica y en particular en Chile por el éxodo venezolano, ya comparable a la magnitud de refugiados que dejó la guerra en Siria, con cerca de 6 millones de personas desplazadas.

“La misma norma establece ciertos derechos de las personas que son reconducidas y casos en que no se debe reconducir. Es precisamente esa parte la que genera mayor preocupación y donde se engloba el mayor riesgo de esta medida“, explica a EFE.

“Hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos que la ley señala, a ser oído, a contar con un intérprete si es que no habla el idioma, a poder hablar con sus familiares que vivan en el país y asimismo a no ser reconducido cuando existen indicios de delitos como tráfico, trata u otros, o pudiese ser solicitante de refugio“, detalla.

A esta preocupación se suma, como comentaron a EFE diferentes fuentes en la zona, la falta de formación adecuada del personal desplegado en la frontera, que debería incluir, según el Pacto Global de Migración, especialistas que verifiquen si los inmigrantes cumplen las condiciones para ser calificados como refugiados o busquen indicios de haber sido víctimas de delitos.

NECESIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Según la coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional, Florencia Moral, y la asesora jurídica del organismo en Chile, María Belén Bravo, “el mecanismo de la reconducción puede traer consigo la exposición de personas en condición de refugiadas a ser devueltas a sus países de origen, contraviniendo el principio de no devolución, además de no brindar la protección debida que exige el Derecho Internacional”.

Además “expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o tráfico de personas por parte de los denominados ‘coyotes’, y otra clase de abusos, especialmente en el caso de las mujeres, comúnmente víctimas de agresiones sexuales en contextos de desplazamiento, y los niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

En este sentido, Rodríguez asegura que la cooperación internacional puede evitar este tipo de problemas, que surgieron a raíz de la crisis política y económica en Venezuela y que ya afecta a la mayor parte del cono sur.

“Es decir, asumir, entre todos los países de la región, que es un fenómeno que nos sobrepasa y del que hay que encargarse cada uno en los roles y posibilidades que tiene”, precisó.

Fuente: Radio Cooperativa