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En el marco de la alianza entre el Servicio Jesuita a Migrantes y el programa HIPPY de Fundación CMPC, se realizó en el auditorio del edificio Pedro Arrupe S.J. en Santiago, un encuentro sobre salud mental y migración.

HYPPY atiende alrededor de un 90% de familias migrantes, la mayoría de ellas venezolanas. “Ya llevamos dos o tres años haciendo talleres de acceso a derechos y este año, viendo la situación particular que ha pasado en Venezuela, y en general con la situación migratoria, hemos visto con nuestras familias que el tema de la salud mental se ha visto afectado”, señaló Rosa Aguirre, coordinadora del programa HIPPY Santiago.

La charla y la conversación posterior sobre salud mental y migración, se enfocó en reconocer las etapas que experimentan las personas en movilidad, la sintomatología y procesos del duelo migratorio.

Marion Castro, sicóloga del SJM que realizó la presentación, indicó que la sintomatología como estrés y ansiedad, está asociada a “la aculturación que se debe al desarraigo más discriminación, a la discriminación por etnia, género, nacionalidad, entre otros, dificultad en el aprendizaje de nuevas habilidades sociales y normativas de la nueva sociedad a la que se integran y a la marginación, que es el nulo o escaso ejercicio de derechos”.  

En cuanto a las estrategias para acompañar este proceso, destacó el facilitar espacios de escucha, promover redes de apoyo, generar espacios que promuevan el encuentro, entre otros.

“Sirve para salir del miedo y enfrentar todo lo que nos viene”

Las participantes de la charla valoraron la instancia. Yrasema Fernández, señaló que sirve “para salir del miedo y aprender a enfrentar a todo lo que nos viene en la sociedad, de un país a otro”. Además, añadió que la sociedad de acogida puede ayudarles en este proceso “a través de un buen trato, buena conversación”.

Por su parte, Branyulis Zarraga, contó que les serviría mucho en términos de salud mental “hacer un grupo de apoyo para que aquellas personas en situación irregular que queramos trabajar, servirle a la sociedad, que nos busquen una manera de integrarnos a la sociedad, para que podamos hacer lo que sabemos”.

Esta actividad se enmarca en el trabajo habitual de HIPPY, programa con presencia en 17 países, que busca empoderar a los padres, madres y/o cuidadores para que sean los primeros educadores y formadores de sus hijos/as en el hogar.

“Me ha enseñado a crecer más como mamá, ya que yo tengo una niña y el aprendizaje ha sido muy satisfactorio para ella como para mí y sus hermanos. Mis hijos que son más grandecitos han convivido en la tarea diaria con la pequeña a través del programa HIPPY”, destacó Branyulis.

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7 de Abril, 2026

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Jara y Kast dialogan en Foro Social Presidenciales 2025

28 de Noviembre, 2025

Una gran profundidad de contenidos se vio en el Foro Social Presidenciales 2025, donde los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron invitados a responder sobre sus políticas sociales para abordar pobreza y vulnerabilidad en sus eventuales gobiernos. Preliminarmente, se estima que más de un millón y medio de personas siguieron la conversación en […]

La Educación Superior en Chile está compuesta por Universidades, Institutos Profesionales (IP), Centros de Formación Técnica (CFT) y Establecimientos de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden, las cuales deben estar reconocidas por el Estado para funcionar como tal y para otorgar títulos y grados académicos.

¿Cómo acceder a la educación superior en Chile?

Requisitos generales para el acceso a la educación superior: 

  • Enseñanza Media completa: En el caso de estudios en el extranjero, esta debe ser reconocida por el Ministerio de Educación, a través de la “ Convalidación de Estudios”, que es el procedimiento del reconocimiento de los estudios de educación básica y media realizados en el extranjero.
  • Cédula de identidad chilena o permanencia definitiva: Los estudiantes migrantes deben contar con cédula de identidad chilena vigente.
  • Participación en el Proceso de Admisión Centralizado:  Rendir Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) para el ingreso a instituciones de educación superior pertenecientes al Consejo de Rectores 

¿Cuáles son los beneficios estudiantiles para acceder a educación superior?

Gratuidad

Beneficia a estudiantes que en el registro social de hogares (RHS)  pertenecen al 60% de familias con menores ingresos del país.

Abarca el pago del arancel anual y  matrícula durante la duración nominal de la carrera.

*Matrícula realizada en  instituciones adscritas a este beneficio.

Requisitos: 

Pertenecer al 60% de familias con menores ingresos de la población.

Completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en los plazos establecidos. 

Matricularse en instituciones de educación superior adscritas a gratuidad, con modalidad presencial.
Tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjera/o con residencia definitiva vigente o residencia temporal. En caso de tener residencia temporal, la o él estudiante debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile.

Créditos

Préstamos que cubren parte del costo de las carreras, que pueden complementar a las becas, y que se entregan con recursos estatales (Fondo Solidario de Crédito Universitario) o con la garantía del Estado (CAE).

Requisitos: 

Completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en los plazos establecidos.

Al ser preseleccionada/o se activa el beneficio con la matrícula en una institución acreditada y adscrita a gratuidad.

Tener cédula de identidad chilena, ya sea definitiva o temporal.

Becas

Aporte que entrega el Ministerio de Educación, que cubre parte del arancel anual de la carrera. Los recursos se entregan directamente a las Instituciones de Educación Superior y, a diferencia de un crédito, no se deben devolver al egreso o titulación.

*Para estudiar en institución de Educación Superior acreditada

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjera/os.

Requisitos: 

Ser alumna/o extranjera/o con residencia definitiva o temporal. En caso de tener residencia temporal, la o él estudiante debe además contar con enseñanza media completa cursada en Chile.

Pertenecer al 70% de la población de menores ingresos del país.

Completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en los plazos establecidos.

Si tienes dudas sobre esta temática, puedes acercarte: 

  • Servicio Jesuita a Migrantes, ubicado en Avenida Bonilla 9198. Atención de lunes a jueves de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 hrs. Días viernes de 9:00 a 13:00 hrs. Atención social por orden de llegada.
  • Seremi de Educación, ubicada en Arturo Prat N° 470, Antofagasta. 

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7 de Abril, 2026

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En la semana del 2 al 6 de septiembre de 2024, representantes de redes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, como el Grupo Articulador Regional del Plan de acción de Brasil (GAR PAB), la Red CLAMOR y la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC), se reunieron en Ginebra, Suiza, para dialogar, participar y hacer aportes de cara al inicio de las negociaciones de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034. Allí, las especialistas mantuvieron diálogos bilaterales con algunas delegaciones de gobiernos de la región, oficinas del sistema de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil aliadas, con el objetivo de manifestar la imperiosa necesidad de transparentar y democratizar dicho proceso, así como garantizar una participación efectiva y diversa de las organizaciones sociales.


La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados es un documento que, en 1984, amplió la definición de persona refugiada, extendiendo la protección a quienes huyen forzadamente por motivos distintos a los estipulados en el  Estatuto de los Refugiados de 1951. En este 2024, cuando se cumplen 40 años de aquella Declaración, el Gobierno de Chile lidera el proceso de discusión entre distintos actores, en el que la sociedad civil debe tener un rol fundamental, puesto que a lo largo de décadas hemos acompañado a miles de personas y familias migrantes y solicitantes de refugio, brindando asistencia humanitaria, exigiendo el respeto a sus derechos humanos y llevando adelante acciones de incidencia nacional e internacional.

Hasta el momento, las autoridades chilenas no han compartido con la sociedad civil los textos que constituyen la base de la negociación, lo cual dificulta la posibilidad de incorporar aportes y sugerencias precisas, pertinentes y técnicas, basadas en la experiencia y que tienen por objetivo fortalecer la discusión. Este proceso pone sobre la mesa una herramienta que honra el derecho a la protección internacional de las personas refugiadas en la región latinoamericana y caribeña. Por ello, es fundamental que se realice con un procedimiento tan amplio y democrático como lo es la propia Declaración de Cartagena.

Que la etapa actual de la negociación sea intergubernamental no debería constituir un impedimento para que la misma esté basada en un diálogo público y plural. Por tal motivo, desde el Grupo Articulador Regional del Plan de acción de Brasil (GAR PAB), la Red CLAMOR y la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC), instamos a las autoridades chilenas a incorporar debidamente la voz y los aportes de quienes día a día trabajamos por el acceso efectivo a los derechos de las personas con necesidades de protección internacional. Sin las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas refugiadas, la academia y los mecanismos de Naciones Unidas -relatorías y comités-, esta no puede ser una negociación democrática ni transparente.

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7 de Abril, 2026

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28 de Noviembre, 2025

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Este martes, en el Liceo Politécnico Los Arenales, se dio inicio al proyecto “Hacia la inclusión: Construyendo escuelas interculturales en Antofagasta y Mejillones”, iniciativa ejecutada por el Servicio Jesuita a Migrantes y financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $34.753.760, F.N.D.R., 8% línea Social Inclusivo, año 2024, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.

Durante la mañana se desarrolló una actividad con los alumnos del Liceo Politécnico Los Arenales, mientras que por la tarde se presentó el proyecto a los representantes de los establecimientos educacionales participantes: los liceos Politécnico Los Arenales e Industrial Eulogio Gordo Moneo, las escuelas Elmo Funez Carrizo y Reverendo Padre Patricio Cariola de Antofagasta y el Complejo Educativo Juan José Latorre Benavente de Mejillones.

Víctor Guzmán, consejero regional presente en la actividad, indicó que “me ha parecido un interesante proyecto, donde hemos podido analizar algunos tópicos que están viviendo los escolares en Antofagasta. Somos una ciudad que ha sido construida desde la migración desde sus inicios y por lo tanto no es un proceso nuevo, pero tiene sus características propias que es necesario abordarlas desde los colegios y para los niños, para poder hacer que tanto chilenos como extranjeros puedan convivir sanamente en todo el ámbito de la educación”.

Los representantes de los establecimientos educacionales que son parte del proyecto destacaron el aporte que este significa para sus comunidades educativas. Susan Aguirre, orientadora del Liceo Industrial Eduardo Gordo Moneo, señaló que “colegios muy grandes como el Liceo Industrial tienen mucho que hacer todavía con la migración y por eso que es tan importante para nosotros aprender de las escuelas básicas y los liceos que han estado presentes”.

Por su parte, Alejandro Gutiérrez, encargado de convivencia escolar del Complejo Educativo Juan José Latorre Benavente de Mejillones, contó que “somos un establecimiento educacional que cuenta con más del 45% de los estudiantes y familias que son extranjeros y es sumamente importante seguir en un rol orientador con respecto a distintas materias, como vulneración de derechos, regularización migratoria”. “El proyecto nos ha ayudado a instalar la temática de una manera ordenada y con objetivos claros, de manera paulatina y a través de capacitaciones a docentes, intervenciones con estudiantes, intervenciones en recreos y en el último año orientando familia en temas migratorias”, agregó Gonzalo Cortés, psicopedagogo de la Escuela Elmo Fúnez.

Los beneficiados directos se estiman en 700 personas, entre profesionales de la educación y estudiantes de distintas nacionalidades  El proyecto contempla realizar un levantamiento diagnóstico en relación a los desafíos asociados a la migración y al enfoque intercultural, generar acciones participativas con los distintos estamentos para promover la convivencia intercultural, capacitar a los profesionales sobre convivencia intercultural, derechos humanos y migración y realizar orientación sobre acceso a educación superior y promover la regularización migratoria de los estudiantes extranjeros de tercero y cuarto medio. “Es relevante construir desde la escuela una mejor sociedad, trabajando en la integración y convivencia de todos quienes estamos viviendo hoy en Chile. La escuela es un espacio donde los niños, niñas y adolescentes definen una forma de relacionarse”, finalizó Fernando Guzmán, jefe de la Oficina de Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes.

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7 de Abril, 2026

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Con la presencia de personas migrantes y refugiadas, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, y el capellán del SJM, Pablo Walker S.J. se celebraron los tres años de alianza en el Centro Comunitario Ignacio Vergara, ubicado en la comuna de Estación Central.

Este centro fue inaugurado para el trabajo del Servicio Jesuita a Migrantes en 2020 y en él se entrega atención y orientación migratoria a las personas migrantes y refugiadas del sector y se realiza talleres para niñas y niños. A partir de la continuidad del vínculo entre CMPC y el SJM, este espacio fue hermoseado.

“Esta alianza partió en momentos álgidos de la pandemia y ha continuado siendo fundamental cuando miles de personas siguen teniendo que migrar forzadamente, dejando sus seres queridos y sus vidas atrás. El trabajo con CMPC ha sido valioso porque nos ha permitido realizar el trabajo y atención a las personas. Agradecemos también a la Fundación CMPC y a Hippy. Solo palabras de gratitud infinita por su invaluable compromiso por las personas migrantes y refugiadas y por estar presentes donde más hoy el país lo necesita y donde no todos quieren estar”, señaló Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.

Por su parte, Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, indicó que “son ocasiones como estas las que dan sentido a lo que nosotros hacemos como compañía. Somos una compañía global presente en diez países y tenemos personas de treinta nacionalidades, eso da cuenta de una compañía multicultural. Somos una compañía que desde su origen se preocupó de la cuestión social”.

Además, agregó que “si queremos ser una compañía que agregue valor no podemos estar solo en los problemas sociales fáciles y la migración es compleja, por eso estamos en esto. No es una cuestión casual ni aleatoria. Nosotros sabemos que en Chile según cifras oficiales hay del orden de un millón seiscientas mil personas que se han visto obligadas a migrar forzadamente, con todo lo que significa el desarraigo, problemas de vinculación en los países donde llegan… y ese es un tema que hemos creído que es valioso aportar. Apoyar al Servicio Jesuita a Migrantes está en esa línea”.

El capellán del SJM, Pablo Walker, valoró este apoyo asegurando que el “SJM es todavía un par de líneas en el agua, gracias por ayudarnos a que sea más que eso, que desencadene una actitud para convivir entre quienes somos distintos. Este lugar podría ser aún más convocante y gracias por ayudarnos a hacerlo, está la infraestructura material, pero está la infraestructura del alma, espiritual, gracias por hacerla posible”.

En la oportunidad se pintaron dos murales realizados por el dibujante y muralista, Luis “Mico” Enríquez, quien señaló a los asistentes: “los animo a que la actividad de hoy, un mural que va a quedar en la comunidad, en este espacio de encuentro y acogida, sea una oportunidad de participar”.

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7 de Abril, 2026

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Este año se cumplen 40 años de la Declaración de Cartagena, texto que protege a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en las Américas, quienes viven hoy una gran vulnerabilidad y desprotección que pone en riesgo sus vidas. En este marco, distintas organizaciones del país pedimos con urgencia al Estado chileno a comprometerse con su plena vigencia y aplicación sin discriminación, asegurando que la Declaración y Plan de Acción de Chile, que será adoptada en diciembre de 2024, esté basada en el respeto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de las personas refugiadas, incorporando una perspectiva antirracista y de género.

Este proceso de declaración de Chile y Plan de Acción 2024-2034 es una oportunidad para la región, pues las Américas enfrentan actualmente desafíos considerables en términos de protección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Es por este motivo que en una reunión con representantes de la delegación chilena, organizaciones migrantes y organismos internacionales presentaron sus recomendaciones para que este instrumento regional sea un referente internacional de protección, en un momento de grave crisis de voluntad política a nivel mundial en la que las personas migrantes y refugiadas pagan el precio más alto con sus vidas y su seguridad por la falta de sistemas de protección efectivos.

Hoy más que nunca es necesario que los Estados de la región se comprometan a proteger a las personas migrantes y refugiadas. Apelamos a que los Estados den respuestas coordinadas, duraderas y con respeto a la dignidad de las personas que buscan y requieren protección. Consideramos que el reconocimiento y la plena vigencia a la Declaración de Cartagena es un paso fundamental para responder los desafíos que enfrentamos en América y el Caribe. 

Información de contexto:

La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección en América Latina y el Caribe. Desde 2004, la región ha adoptado planes de acción decenales (el Plan de Acción de México de 2004 y el Plan de Acción de Brasil de 2014) para abordar los desafíos cambiantes del desplazamiento. 

En 2024 se cumple el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, que da lugar al proceso de Cartagena+40, auspiciado por el gobierno de Chile con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el cual los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a producir: tres consultas regionales, una por cada eje temático, entre abril y junio; la negociación y adopción de una Declaración política y un Plan de Acción de Chile 2024-2034, cuyas negociaciones se darán en Ginebra entre septiembre y noviembre; y un evento ministerial, que tendrá lugar en el marco de la CEPAL, en Chile, entre el 11 y 12 de diciembre de 2024, y será el cierre del proceso.

Organizaciones firmantes:

Servicio Jesuita a Migrantes Chile

Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)

Asociación Venezolana en Chile (Asoven Chile)

Amnistía Internacional Chile

Infomigra

Asociación de exiliados peruanos en Chile

Comisión de Refugio de la Coordinadora Nacional de inmigrantes

Red Hemisférica de Derechos de Migrantes Haitianos (REDMA)

Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS)

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Jorge Alís vuelve renovado con un mensaje más claro que el agua: ¡nos están cagando! Una auténtica obra teatral llena de sarcasmo, humor, crítica social, actualidad y el clásico estilo de Jorge.

Este divertido show será exhibido en vivo y de manera online a beneficio del Servicio Jesuita a Migrantes, por un valor de $12.000, comprando tu entrada acá.

El link de acceso al evento será enviará 2 horas antes del mismo.

¡Apoya a las personas migrantes y refugiadas y diviértete con este show en vivo, desde la tranquilidad de tu hogar, junto a tu familia o amigos!

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En la Universidad Católica del Norte se desarrolló el seminario “Derechos de la niñez en situación de movilidad humana en la Región de Antofagasta”, jornada de formación a través de la cual se capacitó a personas que trabajan con niñez y adolescencia migrantes y refugiados, en temáticas de acceso y ejercicio de derechos, así como en los procedimientos de regularización migratoria.

La instancia es parte del proyecto “Por un Chile más justo para todos y todas”, gestado a partir de la articulación público-privada entre el Gobierno Regional de Antofagasta y Antofagasta Minerals, y ejecutado por el Servicio Jesuita a Migrantes. Además, el seminario contó con el apoyo de los consulados de Colombia y Bolivia en Antofagasta, el Servicio Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Seremi de Educación de la Región de Antofagasta.

“Durante 2023, a través del proyecto por ‘Un Chile más justo para todos y todas’ participaron de las actividades cerca de 800 niños migrantes y también chilenos. Para nosotros es muy importante seguir visibilizando la realidad de la niñez migrante, trabajar con enfoque de derechos y en la promoción de la convivencia intercultural para favorecer su bienestar e inclusión en el país. Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables al momento de migrar junto a sus familias, en muchos casos escapando de sus países de origen que viven crisis políticas, sociales, económicas o medioambientales”, aseguró Fernando Guzmán, jefe de la oficina regional de Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes.

“Este seminario se torna virtuoso y un acto de justicia ante un grupo de especial protección, lo cual como Estado y sociedad nos otorga una responsabilidad ineludible. Visibilizar y proteger la niñez independiente de su origen hoy es una labor primordial”, agregó Waleska Ureta, directora nacional del SJM.

Las presentaciones fueron realizadas por Eduardo Contreras, Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, Noemí Compagno, analista de promoción, participación y educación de Instituto Nacional de Derechos Humanos y la jefa del Departamento Provincial de Educación de Antofagasta, Paulina Véliz. Además, estarán presentes diversas autoridades y representantes de instituciones vinculadas a estos ámbitos.

Posteriormente, se desarrolló un conversatorio acerca de las exposiciones, al cual también se sumó el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Paulo Palma.

Algunos de los temas tratados fueron la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la región, la garantía del derecho a educación de personas en situación de movilidad y las visas para niños, niñas y adolescentes  según la Política Nacional de Migraciones y Extranjería.

Proyecto por un Chile más justo para todos y todas

Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la inclusión y al acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas en la región de Antofagasta, prestando especial atención a aquellas familias en situación de mayor exclusión social y generando espacios de bienestar, con un enfoque particular en niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, Rosa Salas, jefa de Relaciones Institucionales de Antofagasta Minerals, indicó, “el grupo Antofagasta Minerals busca a través de su trabajo hacer un aporte significativo al territorio donde estamos insertos. Este proyecto aporta a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Es a través de este tipo de acciones que entendemos podemos seguir aportando a hacer una región mucho más inclusiva, más rica culturalmente y por supuesto mucho más desarrollada. Para nosotros es un privilegio participar y ser testigos del trabajo que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes”.

“Agradezco a Antofagasta Minerals por estos años de trabajo y amistad, lo que nos ha permitido servir a miles de familias migrantes y refugiadas, incluidos sus hijos e hijas. También agradecer a la Gobernación Regional y sus consejeros y consejeras por su confianza y valoración de esta alianza, dando cuenta así de la importancia que cobra en la vida de las personas y sus comunidades la mancomunión de esfuerzos públicos y privados”, señaló Waleska Ureta.

En el último año participaron del proyecto más de 5 mil personas, a través de atención social y jurídica, orientación migratoria y acceso a derechos, capacitaciones a funcionarios públicos en materia de migración y refugio y actividades con niñez migrante como talleres, encuentros y celebraciones para conmemorar y promover la convivencia intercultural y su reconocimiento como sujetos de derechos. Esta labor se desarrolló en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Tocopilla, Sierra Gorda, Calama y San Pedro de Atacama.

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30 de Julio, 2024

Como Servicio Jesuita a Migrantes conocemos de cerca la realidad de miles de personas venezolanas que llegan a nuestras oficinas buscando orientación para regularizar su situación migratoria en Chile y reconstruir de la mejor manera posible la vida familiar y laboral que debieron dejar obligadamente por la crisis política, social y económica que vive su país.

Realizar los trámites necesarios y conseguir la documentación requerida ya era sumamente complejo previo a la decisión del Gobierno de Venezuela de retirar su misión diplomática de Chile. Ahora, esto se vuelve imposible, ya que según declararon “se suspende indefinidamente TODOS LOS TRÁMITES, por lo que citas de pasaportes, citas de AFP, citas de retiro de pasaportes, citas de visas y citas de documentos de viaje NO SERÁN PROCESADOS”.

De este modo, los más de 700 mil venezolanas y venezolanos que viven en nuestro país se verán afectados, ya que no contarán con algo que para nosotros los chilenos es tan básico para distintos aspectos de nuestra vida, como poder acreditar nuestra identidad y la posibilidad de legalizar documentos de nuestro país de origen.

Por ejemplo, cada venezolano que esté en trámite por un permiso de residencia, necesita presentar documentos emitidos por su país de origen, incluyendo niños, niñas y adolescentes que buscan acceder a la visa humanitaria que el Estado de Chile les otorga.

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas venezolanas e instamos a los distintos sectores políticos y sociales que los últimos días han manifestado su inquietud por esta dramática situación que vive la comunidad venezolana, a considerar vías para dar la debida protección que requieren quienes viven en Chile y usar las herramientas de empadronamiento, enrolamiento y protocolos de filiación, para así no obstaculizar las solicitudes de permisos de residencia por no contar con documentos que no dependen de la diligencia de estas personas, sino del abandono del Gobierno de su país de origen.

En tal sentido, los hechos ampliamente difundidos a partir de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela confirman que estamos ante una situación crítica, que debe ser analizada a la luz de los instrumentos internacionales vigentes en Chile, como la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, acuerdo regional que precisamente cumple  40 años desde su otorgamiento .

Lamentablemente, en Chile entre 2017 y 2023, de 12.378 solicitudes de refugio interpuestas por personas venezolanas, sólo 68 han sido reconocidas, y se ha  limitado la  protección complementaria únicamente a tres casos (violencia intrafamiliar, de género y por orientación sexual). Nuestro país, en concordancia con sus compromisos internacionales y su propia historia, debe actuar para proteger a quienes hoy ven amenazados sus derechos fundamentales.

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El 2 de julio de 2024, se llevó a cabo el evento “Proceso Cartagena+40: Declaración de Chile y Plan de Acción 2024-2034” en el que organizaciones católicas presentaron sus recomendaciones en un diálogo con los Embajadores ante la Santa Sede, instituciones italianas y agencias internacionales. 

Este evento, auspiciado por la Embajada de Chile ante la Santa Sede, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Caritas Internationalis, buscó posicionar las voces de las personas refugiadas y desplazadas forzadas, así como los desafíos del contexto migratorio y las recomendaciones que deben ser consideradas por los gobierno para la elaboración del Plan de Acción de Chile, en el que se ponga en el centro a las personas, desde un enfoque de derechos humanos, interseccional e intercultural, de tal manera que se logre impactar positivamente en la protección de la vida de las personas que han tenido que desplazarse.

El evento se desarrolló en dos paneles. En el primero se dialogó sobre los antecedentes y perspectivas de futuro del proceso Cartagena +40, en el que participaron la Embajadora de Chile ante la Santa Sede, la Sra. Patricia Araya; el Embajador Pedro Hernández, Director de Migraciones de la Cancillería chilena; la Sra. Chiara Cardoletti, representante del ACNUR en Italia, la Santa Sede y San Marino; el Sr. Alistair Dutton, Secretario General de Cáritas Internationalis; el P. Fabio Baggio, Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el profesor Rodrigo Guerra, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

En el segundo panel se dialogó sobre las contribuciones de las personas refugiadas y desplazadas, la Iglesia y la sociedad civil en este proceso, considerando la experiencia de acompañamiento que realizan las oficinas nacionales del JRS en México, Venezuela y Ecuador, y el Servicio Jesuita a Migrantes Chile (SJM Chile); así como la experiencia a nivel regional del JRS LAC, Cáritas LAC, la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC) y la Red CLAMOR, esta última representada por la delegada de la Red Franciscana para Migrantes. 

Aprovechando la participación de las distintas delegaciones diplomáticas ante la Santa Sede, las organizaciones basadas en la fe hicieron entrega al gobierno de Chile del documento con recomendaciones, que incluye elementos propuestos en las tres consultas temáticas de abril, mayo y junio pasados, para la negociación de la Declaración y construcción del Plan de Acción de Chile, que se llevará a cabo en Ginebra durante el segundo semestre de 2024.

Documento de propuestas para la construcción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile

El 40 aniversario de la Declaración de Cartagena es una oportunidad para la región y puede erigirse en un modelo que inspire a otros continentes a crear un sistema de protección efectivo para las personas que huyen no solo por los conflictos armados sino también por nuevas causas de desplazamiento.

Como organizaciones basadas en la fe, reconocemos y valoramos los esfuerzos realizados para acoger, acompañar y proteger a las personas en sus lugares de tránsito y destino. Hacemos un llamado a la solidaridad, responsabilidad y compromisos concretos que reconozcan la dignidad de todas las personas, garantizando sus derechos sin discriminación y procurando soluciones duraderas hacia procesos de construcción de una vida digna y en paz. 

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