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Con gran éxito culminamos una serie de capacitaciones realizadas en diversas regiones del país, en el marco del ciclo llamado “Herramientas para una empresa más intercultural”, realizado junto a la Organización Internacional para las Migraciones en Chile (OIM), cuyo objetivo fue generar espacios de diálogo y reconstrucción de discursos sobre migración, racismo y acceso a derechos, y buscando sensibilizar para promover miradas y prácticas orientadas hacia la construcción de una sociedad intercultural. 

El trabajo se centró en dos líneas principales de ejecución, una de ellas, enfocada en la capacitación socio-jurídica y sensibilización dirigida a empresas para orientar sobre el acceso y ejercicio de derechos de personas migrantes, así como instruir sobre procedimientos legales y la segunda, que está en desarrollo, en la elaboración y entrega de una guía práctica para la contratación de personas migrantes”, aseguró Gustavo Fuentes, director (s) de Sustentabilidad del SJM.

Todas estas instancias fueron bien acogidas por los participantes en las regiones. En Antofagasta, donde se realizó la última jornada, Eduardo Contreras Illanes, Director Regional del Servicio Nacional de Migraciones, comentó que“es importante la integración socioeconómica de las personas migrantes en el territorio nacional, porque eso va de la mano de una migración ordenada, segura y regular. Está comprobado que las empresas interculturales no solo tienen mejores esquemas laborales, sino que también les va mejor”. Además agregó, “si bien el trabajo no sólo dignifica a las personas, también les da un sustento económico y ese sustento económico sirve para continuar un desarrollo que sea permanente, equitativo y sustentable”. 

En cada una de las jornadas se realizaron actividades prácticas y se dieron espacios para preguntas en instancias que permitieron que los participantes compartieran experiencias y que se conocieran, generando un espacio cercano y colaborativo, con el objetivo de construir redes en pro de una sociedad intercultural. El ciclo de capacitaciones estuvo compuesto por cuatro módulos, en los cuales se abordaron temas herramientas para la construcción de una sociedad intercultural, contratación a extranjeros y tipos de visados, charla sobre acceso a derechos y herramientas de Buenas Prácticas para una gestión intercultural. 

En resumen, la mayoría de los participantes expresaron que se cumplieron las expectativas de las capacitaciones, destacando los contenidos explicados y el manejo de los expositores sobre la materia. En todas las instancias, los asistentes valoraron la interacción y participación que tuvieron con sus pares. 

“La capacitación tenía mucha información de conceptos y sobre todo de formas de dirigirse. El hacer propio el concepto intercultural, de que efectivamente hay modismos, formas, que dentro del trabajo del día a día imposibilitan una mayor interculturalidad. Las personas por no equivocarse prefieren pasar desapercibidos, no se atreven a hablar. La manera de romper esa barrera y abrirse a la interculturalidad es que conversamos más con las personas y tratamos que tengan esa cercanía. Nosotros tenemos 12 o 14 trabajadores. Al ser tan distintos, de culturas tan distintas, sobre todo en un tema de hotel,  en el tema de atención es muy bueno, son muy buenas las ideas“, indicó Ignacio Sánchez, gerente del hotel Nikyasan de Antofagasta.

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El requisito de acceso al mercado Lo Valledor solo con cédula de identidad chilena, posteriormente modificado y ampliado a otros tipo de documentación puso en el debate público la discusión sobre las eventuales conductas discriminatoria de estas medida. Al respecto, la directora nacional del Servicio Jesuita a MigrantesWaleska Ureta, dio su visión en conversación con la primera edición de Radioanálisis de Radio Universidad de Chile, “instala un relato de hacer esta distinción entre chilenos y extranjeros. En el contexto de un tema de seguridad, comienza a situar una narrativa que vuelve a criminalizar a la migración”, lamentó.

En esa línea, la también máxima representante del SJM realizó una distinción entre los problemas relacionados a la migración y los que tienen que ver con la crisis de seguridad en el país. “La seguridad es un carril que va paralelo a los temas migratorios. Migración es un tema que tenemos que zanjar, sobre todo la inclusión a través de la regularización. Y la seguridad y criminalidad, independiente de la nacionalidad, requiere una inteligencia y coordinación, y fortalecimiento de las instituciones, y tiene su propia lógica”, sostuvo.

Ureta comentó en específico los problemas de irregularidad en el país. “Con la ley chilena, las personas tienen que llegar con los permisos correspondientes desde sus países de origen, avanzados o listos. Cuando estamos frente a crisis humanitarias, políticas, económicas y sociales, esos trámites son muy lentos. No todos los consulados tienen la capacidad para poder abordar toda la demanda. Y los países de origen, cuando están en crisis, tampoco tienen la capacidad ni voluntad de poder entregar todos los antecedentes, entonces es un proceso que se enlentece muchísimo y es caro”, explicó.

“Entonces las personas no tienen tiempo de esperar cuando está en riesgo tu subsistencia. Entonces salen de sus países de origen, por ejemplo el caso de Venezuela, con todo el grupo familiar y vienen directamente a Chile y la opción que les queda es entrar de manera irregular”, complementó respecto a esta problemática. 

Asimismo, abordó la situación de los niños y niñas que ingresan junto a sus familias de manera irregular. “Las posibilidades de acceder a regularización hoy en Chile está puesto en los niños. No pueden ser sancionados por entrar de forma irregular, están protegidos por la Convención de los Derechos de los Niños, y tienen derecho a regularizar su situación (…) ahí nos encontramos con otro problema, porque los niños están regulares, bien, pero los adultos que están a cargo de ellos no tienen la posibilidad de regularse en Chile”.

Una persona que quiera regularizar, no necesariamente va a poder”, cuestionó Ureta respecto al aspecto administrativo en Chile. “Cuando el Estado no está presente, tenemos más probabilidades de que el crimen organizado opere, que no tengamos noción de quiénes están acá en Chile y que se aprovechen de estas circunstancias dramáticas que muchas personas lo están viviendo”, expuso.

Fuente: Radio U de Chile.

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El Servicio Jesuita a Migrantes y la Defensoría Regional de Antofagasta firmaron un convenio, con la finalidad de establecer un marco para el trabajo coordinado entre ambas instituciones, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la justicia de forma equitativa e igualitaria para todas las personas, sin importar su nacionalidad. 

Entre los objetivos establecidos, se acuerda una coordinación permanente entre ambos organismos con intercambio de información que resulte de interés para ambos y también prestar apoyo técnico y profesional por parte de la Defensoría Regional de Antofagasta, en casos de personas detectadas por el Servicio Jesuita a Migrantes. 

“Para nosotros esto también significa el aseguramiento de trato igualitario frente a la justicia. Esto no se trata de un trato especial, sino de poder tener un trato igualitario para las personas migrantes, entendiendo también, que la migración es un fenómeno multidimensional y debe ser tomado como tal para que podamos construir una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa  para todos y todas”, comenta Waleska Ureta, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. 

“Todas estas vinculaciones entre instituciones tienen este propósito que permite asegurar el acceso efectivo a la justicia y a la defensa. Nos permite conocer los casos en los que podemos intervenir para controvertir los efectos de una resolución expulsiva, derivada de una causa penal”, agrega Ignacio Barrientos, Defensor Regional de Antofagasta. 

Para lo anterior, ambas organizaciones se comprometen a colaborar en iniciativas de difusión e intervención como capacitaciones, charlas, diálogos participativos o mesas de trabajo orientadas a promover y difundir la labor del Servicio Jesuita a Migrantes. Por su parte, la Defensoría se compromete mantener una persona encargada de la ejecución del convenio, como un canal de información eficiente con la encargada de la fundación. 

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El Programa Migración y Escuela se desarrolló en la Región de Antofagasta entre los años 2021 y 2023, con el objetivo de potenciar el trabajo de las comunidades educativas en torno a la construcción de escuelas interculturales, a través de un proceso de acompañamiento técnico, dirigido a establecimientos educacionales con alta presencia de estudiantes migrantes.

Los establecimientos intervenidos fueron las escuelas Juan Pablo II D-129, Elmo Funez Carrizo y Rvdo. Padre Patricio Cariola y el Liceo Politécnico Los Arenales, con un trabajo que involucró a 203 profesionales de la educación y que contó con la participación de 170 estudiantes y 136 apoderadas/os o cuidadores, alcanzando los 509 participantes. 

“Las escuelas son lugares estratégicos para impulsar las grandes transformaciones en una sociedad”, explicó Fernando Guzmán, jefe de la Oficina Regional de Antofagasta del SJM, quien también agregó  que “como Servicio Jesuita a Migrantes logramos trabajar con los distintos estamentos desarrollando talleres, capacitaciones, actividades participativas para reflexionar la importancia de promover una sana convivencia, donde cada persona que forme parte de la comunidad educativa sea tratada con respeto, valorada en su dignidad, se desarrollen en espacios seguros donde se garanticen sus derechos”.

Las más de diez acciones interculturales realizadas estuvieron orientadas a la generación de espacios informativos para familias (charlas, stand, operativos móviles), y difusión de material informativo sobre acceso a derechos y regularización migratoria, además de la construcción de un  protocolo de acogida, planificación y ejecución de talleres para abordar el racismo en el salón de clases. 

Este labor del Servicio Jesuita a Migrantes, se da en un contexto en que la matrícula de escolares extranjeros, según señala el Mercurio de Antofagasta, de acuerdo con datos obtenidos por transparencia del Ministerio de Educación, se duplicó entre 2017 y 2023 alcanzando los 23.820 . 

Según explica el Programa Escuelas Interculturales del Ministerio de Educación (MINEDUC), el espacio escolar desempeña un papel crucial en la inclusión, apoyo y protección de las personas migrantes y refugiadas, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Este espacio les permite acceder al derecho a la educación, integrarse en la sociedad, desarrollar habilidades, proteger sus derechos y empoderarse para un futuro mejor.

Diagnóstico inicial 

Durante las primeras intervenciones el programa detectó grandes desafíos en ámbitos pedagógicos y de convivencia escolar. En cuanto al currículum escolar, percibió la dificultad para realizar adecuaciones curriculares que consideran la diversidad cultural existente dentro del aula y levantó la urgencia de generar espacios de nivelación educacional para quienes presentan lagunas educativas.

En cuanto a Convivencia Escolar, se detectó la necesidad de reforzar y consolidar los espacios de orientaciones sociales de manera transversal, orientado al derribo de mitos asociados a la migración, implementar espacios de conocimiento y reflexión para estudiantes,  pero también entre profesionales de la escuela.

En dicho diagnóstico, también se analizaron los ámbitos culturales y de derechos humanos. En el primero de ellos, se detectó  la escasa preparación para el abordaje de las diferencias socioculturales en relación del rol de crianza y la falta de iniciativas que valoren y promuevan constantemente la diversidad cultural, en el segundo la detección estuvo enfocada en aprender, reconocer y abordar situaciones e interacciones racistas entre las y los estudiantes, escasa preparación para acompañar y orientar las dudas, necesidades y demandas de las y los apoderados en relación con la situación migratoria y la presencia de revictimización, estigmatización o generalización, de estudiantes migrantes y sus familias, respetando la confidencialidad.

Resultados de la intervención 

  • Generación de nuevas formaciones, dirigidas a profesionales de la educación. 
  • Curso: Educar desde un enfoque intercultural en las Escuelas: ejecución de 2 versiones.
  • Taller niñez migrante: recomendaciones para la intervención desde el ámbito escolar. 
  • Participación en seminarios y formaciones en establecimientos de educación superior.
  • Instalación de nueva línea de demanda espontánea para responder a requerimientos de otras escuelas. 
  • Oferta programática: contexto migratorio, derecho a la educación, racismo y discriminación. 
  • Abordaje de situaciones involucradas con el ejercicio del derecho educación. 

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Continúan las capacitaciones a lo largo del país, gracias a una gestión conjunta entre el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de un ciclo de jornadas llamado “Herramientas para una empresa intercultural”, que otorga espacios de aprendizaje para empleadores y trabajadores que desean promover espacios de inclusión para personas migrantes, desde una perspectiva intercultural.

Este reinicio de actividades, comenzó con una gran jornada en la Región de Los Lagos, realizada el pasado martes 5 de marzo, hasta donde llegaron representantes de diversas empresas y organizaciones de la zona.  

Para el Servicio Jesuita a Migrantes, instancias como estas permiten vincular a la sociedad de acogida, de una forma más integral, entendiendo los elementos necesarios que deben existir para fortalecer la inclusión.  Gustavo Fuentes, Director (S) de Sostenibilidad, explicó que “estas alianzas proponen impulsar nuevas formas de visibilizar e integrar los conceptos vinculados a la migración, desde una perspectiva práctica y propositiva, para que organizaciones de todos los sectores productivos del país puedan mejorar – tanto su estrategia como su operación frente a la interculturalidad- , impactando directamente a todos sus territorios de influencia. 

En esta instancia también participó José Ignacio Henríquez Soto, Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Los Lagos, quien comentó que “para nosotros esta capacitación es muy importante porque contribuye principalmente al cumplimiento de un mandato legal de una migración ordenada, segura y regular”. 

Según el Director Nacional del Sermig,  estas jornadas también permiten visibilizar el aporte de la migración en el mundo productivo y contribuye a evitar mensajes negativos que asocian la migración con inseguridad y delincuencia, y a su vez,  concretar tres ejes de la política nacional económica, que es la regularidad migratoria, la inclusión y el desarrollo de fomento productivo.  

Por otra parte, para Carla Mansilla, Asistente Senior de Proyecto de la OIM, considera que ”la realización de esta actividad es fundamental, ya que entrega herramientas y nos puede ir conectando con distintos sectores. Esta es una acción a nivel nacional que va a tener un gran impacto positivo”, señala. 

Este tipo de gestiones en la región de Los Lagos, permite ir fortaleciendo el vínculo con la Oficina de Información Laboral (OMIL), para generar una alianza distinta que promueva la integración en las comunidades de acogida y permita fomentar la integración de personas migrantes en los diversos sectores productivos de la zona. 

Por otro lado, Yasna Faúndez, Concejala de Frutillar, considera que “estas instancias son muy importantes para la región y para nosotros como personas, para que nos vayamos capacitando para poder entregar cada vez un mejor servicio y acompañamiento a cada migrante”. 

Es importante considerar que ser una empresa intercultural, trae múltiples beneficios para las organizaciones, principalmente para los trabajadores, quienes tienen altas probabilidades de proponer ideas nuevas, colaborar con otros equipos, a compartir ideas y mejores prácticas. 

Las próximas capacitaciones se realizarán el 14 de marzo, de forma virtual para empresas de Valparaíso, el 19 en la Región de Biobío, el 26 de marzo en la región del Maule y el 28 de marzo en Antofagasta. En cada jornada se hará entrega del Manual de Buenas Prácticas Laborales, que contiene elementos esenciales para impulsar con más fuerza una sociedad intercultural en Chile.

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En esta nueva conmemoración, es importante conocer la calidad de vida de las mujeres migrantes que han llegado a Chile, conocer cómo viven su vida y cuál es la realidad a la que se enfrentan en territorio nacional. Algunas cifras revelan los niveles de hacinamiento en sus viviendas, sueldos por debajo de la media y falta de acceso a oportunidades de desarrollo y crecimiento, entre otras cosas. 

Los resultados de la última encuesta Casen, muestran que su calidad de vida es precaria, evidenciando importantes brechas entre la población nacional y la extranjera. Un 37,4%  de mujeres extranjeras, indicó haber sentido hambre y no poder comer por falta de dinero, en comparación a un 21,3% de mujeres chilenas. En cuanto a las condiciones de habitabilidad, las extranjeras tienen una tenencia formal de vivienda, cuyo porcentaje es un 64,9%, cifra menor que en el caso de las mujeres chilenas que alcanzan el 79,5%. 

Si hablamos de hacinamiento, los resultados también son similares. La muestra revela que las mujeres extranjeras enfrentan condiciones de vivienda más desfavorables que sus contrapartes chilenas. El 79,2% de ellas vive en hogares no carentes de hacinamiento, porcentaje ligeramente superior al de los hombres extranjeros (78,5%), pero inferior al observado en mujeres chilenas (94,7%) y hombres chilenos (94,7%).

Lo anterior puede estar directamente relacionado con las trabas que muestra la institucionalidad y que no permite a las personas extranjeras regularizarse y acceder a mejores condiciones de vivienda, trabajo o crecimiento económico. 

En cuanto al ámbito laboral, una investigación realizada por el sistema de Inteligencia Artificial de Teamwork, una empresa líder en gestión de personas y reclutamiento en el país, revela que existe una importante brecha entre hombres y mujeres, puesto que solo el 42% de la fuerza laboral migrante corresponde a mujeres. 

Otro estudio realizado en 2023 por la Fundación PRODEMU junto a Hola América, a través de sus redes de colaboración con entidades pro migrantes, que alcanzó a 574 personas migrantes distribuidas en tres macrozonas: norte, centro y macrozona sur, determinó qué un 98,8% de los encuestados se identifica como mujer, con un promedio de edad de 38 años, un 47,4% tiene estudios superiores, un 38,7% cuenta con educación media completa y un 11,7% solo educación básica completa. 

El estudio también identificó que entre las principales dificultades que tienen las mujeres migrantes para insertarse socialmente, se mantiene la regularización migratoria, las labores de cuidado y no contar con redes de apoyo, ya que esto determina especialmente el tipo de trabajos a los que pueden optar, por lo que el principal obstáculo sería la poca compatibilidad de los horarios laborales y los tiempos en los que sus hijos e hijas deben asistir a clases.

En esta línea, el 69,2% de las encuestadas declaró estar trabajando de forma remunerada. Sin embargo, un 75,1% reportando ingresos menores a $500.000, y mientras un 38,5% indicó tener contrato indefinido y un 29% reportó trabajar sin contrato. Además, un 46% de las encuestadas indicó no encontrarse cotizando en ningún sistema previsional.

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Durante las próximas semanas Chile rendirá un nuevo examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en medio del 140° periodo de sesiones, que permitirá al ministro de Justicia, Luis Cordero, exponer sobre el cumplimiento de las obligaciones de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

En esta sesión se podrá dar cuenta de cómo el país ha enfrentado las recomendaciones que se le han formulado en diversas materias vinculadas con los derechos humanos. Para lo anterior, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil han colaborado en la elaboración de los informes que abordarán temáticas referentes a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y principios de no discriminación, el combate del terrorismo, los tratos que enfrentan las personas privadas de libertad y el trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo.

Con respecto a este último punto, el Servicio Jesuita a Migrantes elaboró un informe llamado Report for the UN Human Rights Committee -The situation of Migrants and Refugees in Chile, que presenta antecedentes de la situación migratoria en Chile y ofrece alternativas para mejorar ciertos aspectos asociados a la criminalización, el criterio Valencia, el resguardo de las fronteras y el control de identidad, la tipificación del ingreso clandestino como delito, el refugio y la protección complementaria y las expulsiones, entre otros.  

El informe entregado por el Servicio Jesuita a Migrantes fue recibido y publicado en el sitio web del Comité sobre el 140° Período de Sesiones (en la sección de Chile, Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la sesión).

Este tipo de exámenes concluyen con un informe que deberá emitir el Comité de DD.HH. donde se harán una serie de recomendaciones, las que pueden ser más o menos complejas. 

Recomendaciones incluidas en el informe del SJM:

Expulsiones: 

-Las autoridades encargadas de encauzar los procedimientos de expulsión debieran tener una adecuada formación en protección internacional.

-Se sugiere el establecimiento formal de prioridades en materia de expulsión que focalice los recursos que se usan para esto, considerando las necesidades de protección y el arraigo de las personas sometidas a estos procesos. 

-Dada la actual sobrecarga de tribunales de justicia en materia migratoria, se sugiere se evalúe la necesidad de establecer tribunales migratorios que puedan dar respuesta y proteger el debido proceso y avanzar en procesos más eficientes. En ese sentido, dada la falta de acceso a documentación de los países de origen, el uso de los procedimientos de empadronamiento biométrico o de enrolamiento con el Registro Civil para dar por satisfecha la identificación del individuo.

Seguridad:

-Se sugiere que el proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino no se apruebe, dado que diluye la focalización de esfuerzos en aislar amenazas a la seguridad pública, significando además un retroceso en el avance de cumplir con obligaciones internacionales de no criminalizar la migración.

-Para proteger el derecho a la igualdad ante la ley, se solicita que el Estado de Chile encuentre una solución a la falta de documentación de identidad de población extranjera que interactúe con el sistema penal, cautelando el uso de prisión preventiva de acuerdo a criterios que protejan la efectividad de la investigación y tomen en cuenta la seriedad de los delitos imputados. 

Refugio y protección internacional: 

-Dado que se acaba de aprobar un plazo muy breve para que las personas puedan solicitar refugio desde su ingreso al país, el personal en las fronteras debe tener adecuado entrenamiento para informar a personas de sus derechos, así como de identificar necesidades de protección internacional, permitiéndole a las personas acceder de forma segura al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

-Habiéndose aprobado en la ley la regla del tercer país seguro, como requisito para pedir refugio, Chile debiera coordinarse con otros países de la región para asegurarse de que los flujos migratorios a nivel regional encuentren protección, antes de rechazar el acceso a dicha protección en territorio chileno. 

-Dado que los casos en que se le reconoce a las personas la condición de refugiados son históricamente muy bajos, se sugiere que la limitación que se decidió en la Política Nacional de Migración chilena de aplicar la protección complementaria sólo a casos de violencia de género, familiar y por orientación sexual, se revise.

Apatridia:

-Es urgente que el Estado Chileno de una respuesta a los niños y niñas nacidos en el tránsito hacia el país que en la práctica no tienen opción de obtener el reconocimiento de una nacionalidad. 

-Debe establecerse el procedimiento de reconocimiento de la condición de apátrida que sigue pendiente, pese a haber un mandato de que se estableciera en la Política Nacional de Migración. 

Niñez migrante:

-Los niños y niñas venezolanas no debieran ser excluidos del mecanismo de regularización al que otros niños han podido exitosamente acceder por medio de la visa de niños, niñas y adolescente, que ha puesto el interés superior del niño primero. Debiera haber un procedimiento especial para los niños y niñas venezolanos, en que se pueda dar por acreditada identidad y filiación, aun cuando el Consulado venezolano en Chile no les de los documentos requeridos. 

Regularización:

– El último proceso de regularización en el país fue el año 2021, y solo incluyó a personas cuyas visas habían expirado, no a personas que hubieran ingresado en forma irregular. Dado que el número de población migrante en situación de irregularidad aumenta, con todos los problemas que la irregularidad acarrea para los países y para las personas, debería evaluarse un proceso de regularización que incluya a personas que hubiesen ingresado en forma irregular, priorizando a grupos familiares y personas con necesidades especiales, además de considerar demandas desde el mercado laboral. 

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Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, se encuentra en Kuala Lumpur, Malasia, participando en la Conferencia Mundial de Apatridia e Inclusión, junto a más 400 expertos en temas migratorios. 

El objetivo de su participación es presentar buenas prácticas que puedan servir de ejemplo para otros países de la región y también hacer un análisis sobre la situación, la complejidad y los grandes desafíos que enfrentan los países hacia el futuro en materia de la prevención de la apatridia. 

En esta instancia junto a otras abogadas participó de un panel que realizó un balance sobre la apatridia en América. “Lo que hicimos fue presentar una revisión sobre el riesgo de apatridia o casos de apatridia que existe en diversos países de la región, específicamente República Dominicana, Bahamas y Colombia, y cuáles son las principales directrices o principales lineamientos que se han impartido en la materia, principalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las grandes decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de nacionalidad y prevención de la apatridia”, señala la experta. 

En dicha conferencia tuvo la oportunidad de realizar una presentación conjunta con Ana María Moreno de Colombia, sobre una política pública que se implementó en ese país, cuyo objetivo era obtener el reconocimiento de la nacionalidad de hijos o hijas de personas venezolanas nacidos en territorio colombiano. “Lo que yo presenté es el trabajo que  hemos hecho en Chile con los niños que producto de esa política pública, si bien hoy  se les reconoce la nacionalidad colombiana, eso solo se le reconoce en Colombia, no está permitido que puedan obtener su certificado estando fuera del país. Entonces lo que implementamos en este proyecto fue acercarnos, crear los vínculos con las instituciones para que nosotros vayamos a Colombia, obtengamos los certificados, se los traigamos y después podamos pedir en el consulado los pasaportes”, explicó Rodríguez. 

Esta Conferencia Mundial de Apátrida e Inclusión, que se realiza cada cuatro años, se ha convertido en una importante vitrina para mostrar qué están haciendo las instituciones en Chile, para prevenir la apatridia, como es el caso del Servicio Jesuita a Migrantes y la Universidad Alberto Hurtado, con el apoyo de ACNUR, La Agencia de la ONU para los Refugiados.

¿Qué es una persona apatridia? 

Según señala ACNUR es una persona que carece de nacionalidad al no ser considerada nacional por ningún Estado. Esta situación puede darse cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad (no se le atribuyó al nacer) o porque ha perdido su nacionalidad sin adquirir otra.

Una causa importante de la apatridia es la discriminación por raza, etnia, religión, idioma o género. La exclusión de grupos específicos del conjunto de la ciudadanía por motivos discriminatorios se vincula con la existencia de la apatridia prolongada y a gran escala en el país de nacimiento.

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Con el objetivo de brindar asistencia a las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos en Valparaíso, la oficina de la quinta región ha gestionado una serie de actividades que permiten brindar apoyo y entregar ayuda de primera necesidad. 

De esta forma, la semana pasada realizamos un catastro de familias afectadas por el incendio, junto a la Oficina Migrante de Viña del Mar e Incami, en el albergue Municipal  Escuela Humberto Vilches. En el  lugar pudimos registrar a 45 familias, principalmente de nacionalidad  ecuatoriana y colombiana. 

Luego participamos en un operativo junto al Consulado de Colombia, cuyo objetivo fue  entregar documentación perdida a la comunidad colombiana víctima de los incendios, y también entrega de ayuda humanitaria. Entregamos kits de primera necesidad a 32 grupos familiares, previamente identificados.  

Avanzada la semana, hicimos un catastro de familias afectadas, junto a la red de organizaciones migrantes y pro migrantes en el sector de Pompeya Sur, Quilpué. Allí registramos a 21 familias, una vez en el sector participamos de una olla común gestionada por las y los vecinos/as del sector.

El día jueves continuamos en terreno, realizando un catastro de familias afectadas por los incendios junto a la red de organizaciones migrantes y pro migrantes en el sector de Miraflores Altos, Toma Naciones Unidas y Viña del Mar. Se registraron 21 familias y se entregó ayuda humanitaria como;  alimentos no perecibles y pañales al centro de acopio de la toma.  

Durante la tarde hicimos un nuevo catastro de familias, esta vez junto a la Oficina Migrante de Viña del Mar e Incami, en el albergue Municipal  Liceo Bicentenario . Se registraron a  35 familias principalmente de nacionalidad  Ecuatoriana, Colombiana y Haitiana.  

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A partir de este martes 20 de febrero, se publicó la Ley 21.655, que modifica la Ley 20.340 para establecer una etapa inicial en el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado y la Ley 21.325, en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. 

Actualmente en Chile el reconocimiento de la condición de refugiado es muy bajo. Entre los años 2010 y 2022 se presentaron 26.985 solicitudes, de las cuales solo el 3% (756) finalizó con el reconocimiento. Durante el mismo periodo se rechazaron un 28% de las solicitudes, equivalente a 7.571, mientras que el 69% restante estaba pendiente de respuesta.

En 2023, de acuerdo a los datos obtenidos hasta julio, se habían formalizado 1.962 solicitudes de refugio, siendo rechazadas un total de 194. Pese a la baja tasa de reconocimiento, el ejecutivo presentó un proyecto para hacer frente a un aumento de este tipo de solicitudes en nuestro país, fundado en que dichas solicitudes serían presentadas por personas que buscarían eludir los controles locales, generando una innecesaria carga para la institucionalidad chilena involucrada.

Por ello es que se incorpora una etapa inicial al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, con varias modificaciones al mismo, orientadas a realizar un análisis preliminar para excluir las solicitudes que se consideren manifiestamente infundadas.

Estas modificaciones implican varios cambios que reflejan mayores barreras de acceso al procedimiento. En general, esta nueva ley contempla varias modificaciones, tanto en el procedimiento de refugio, como en las reconducciones.

Sobre la reconducción 

En cuanto a modificaciones en la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, se propone determinar el ámbito de aplicación de la medida de reconducción, la oportunidad en que dicha medida puede ser adoptada, y el lugar donde esta medida de reconducción puede ser realizada.

Así amplía hasta 10 kilómetros el límite fronterizo, además de modificar el plazo de prohibición de ingreso provisorio que dispone la ley. Esta medida sería aplicable a extranjeros que ingresen al país mientras tengan una orden de expulsión vigente, orden de abandono o prohibición de ingreso al país, o ingresen eludiendo el control migratorio, serán reconducidos a su país de origen o procedencia. O en el caso que tengan documentos de identidad falsificados, adulterados.

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