Durante las próximas semanas Chile rendirá un nuevo examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en medio del 140° periodo de sesiones, que permitirá al ministro de Justicia, Luis Cordero, exponer sobre el cumplimiento de las obligaciones de Chile respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En esta sesión se podrá dar cuenta de cómo el país ha enfrentado las recomendaciones que se le han formulado en diversas materias vinculadas con los derechos humanos. Para lo anterior, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil han colaborado en la elaboración de los informes que abordarán temáticas referentes a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y principios de no discriminación, el combate del terrorismo, los tratos que enfrentan las personas privadas de libertad y el trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo.
Con respecto a este último punto, el Servicio Jesuita a Migrantes elaboró un informe llamado Report for the UN Human Rights Committee -The situation of Migrants and Refugees in Chile, que presenta antecedentes de la situación migratoria en Chile y ofrece alternativas para mejorar ciertos aspectos asociados a la criminalización, el criterio Valencia, el resguardo de las fronteras y el control de identidad, la tipificación del ingreso clandestino como delito, el refugio y la protección complementaria y las expulsiones, entre otros.
El informe entregado por el Servicio Jesuita a Migrantes fue recibido y publicado en el sitio web del Comité sobre el 140° Período de Sesiones (en la sección de Chile, Información de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la sesión).
Este tipo de exámenes concluyen con un informe que deberá emitir el Comité de DD.HH. donde se harán una serie de recomendaciones, las que pueden ser más o menos complejas.
Recomendaciones incluidas en el informe del SJM:
Expulsiones:
-Las autoridades encargadas de encauzar los procedimientos de expulsión debieran tener una adecuada formación en protección internacional.
-Se sugiere el establecimiento formal de prioridades en materia de expulsión que focalice los recursos que se usan para esto, considerando las necesidades de protección y el arraigo de las personas sometidas a estos procesos.
-Dada la actual sobrecarga de tribunales de justicia en materia migratoria, se sugiere se evalúe la necesidad de establecer tribunales migratorios que puedan dar respuesta y proteger el debido proceso y avanzar en procesos más eficientes. En ese sentido, dada la falta de acceso a documentación de los países de origen, el uso de los procedimientos de empadronamiento biométrico o de enrolamiento con el Registro Civil para dar por satisfecha la identificación del individuo.
Seguridad:
-Se sugiere que el proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino no se apruebe, dado que diluye la focalización de esfuerzos en aislar amenazas a la seguridad pública, significando además un retroceso en el avance de cumplir con obligaciones internacionales de no criminalizar la migración.
-Para proteger el derecho a la igualdad ante la ley, se solicita que el Estado de Chile encuentre una solución a la falta de documentación de identidad de población extranjera que interactúe con el sistema penal, cautelando el uso de prisión preventiva de acuerdo a criterios que protejan la efectividad de la investigación y tomen en cuenta la seriedad de los delitos imputados.
Refugio y protección internacional:
-Dado que se acaba de aprobar un plazo muy breve para que las personas puedan solicitar refugio desde su ingreso al país, el personal en las fronteras debe tener adecuado entrenamiento para informar a personas de sus derechos, así como de identificar necesidades de protección internacional, permitiéndole a las personas acceder de forma segura al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.
-Habiéndose aprobado en la ley la regla del tercer país seguro, como requisito para pedir refugio, Chile debiera coordinarse con otros países de la región para asegurarse de que los flujos migratorios a nivel regional encuentren protección, antes de rechazar el acceso a dicha protección en territorio chileno.
-Dado que los casos en que se le reconoce a las personas la condición de refugiados son históricamente muy bajos, se sugiere que la limitación que se decidió en la Política Nacional de Migración chilena de aplicar la protección complementaria sólo a casos de violencia de género, familiar y por orientación sexual, se revise.
Apatridia:
-Es urgente que el Estado Chileno de una respuesta a los niños y niñas nacidos en el tránsito hacia el país que en la práctica no tienen opción de obtener el reconocimiento de una nacionalidad.
-Debe establecerse el procedimiento de reconocimiento de la condición de apátrida que sigue pendiente, pese a haber un mandato de que se estableciera en la Política Nacional de Migración.
Niñez migrante:
-Los niños y niñas venezolanas no debieran ser excluidos del mecanismo de regularización al que otros niños han podido exitosamente acceder por medio de la visa de niños, niñas y adolescente, que ha puesto el interés superior del niño primero. Debiera haber un procedimiento especial para los niños y niñas venezolanos, en que se pueda dar por acreditada identidad y filiación, aun cuando el Consulado venezolano en Chile no les de los documentos requeridos.
Regularización:
– El último proceso de regularización en el país fue el año 2021, y solo incluyó a personas cuyas visas habían expirado, no a personas que hubieran ingresado en forma irregular. Dado que el número de población migrante en situación de irregularidad aumenta, con todos los problemas que la irregularidad acarrea para los países y para las personas, debería evaluarse un proceso de regularización que incluya a personas que hubiesen ingresado en forma irregular, priorizando a grupos familiares y personas con necesidades especiales, además de considerar demandas desde el mercado laboral.
