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Con el importante aporte del Área Jurídica y el Programa de Sensibilización del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), elaboramos esta suerte de Guía con 21 preguntas y respuestas básicas para abordar -en términos simples- las principales dudas que surgen en nuestros beneficiarios e interesados en torno a la Nueva Ley de Migración y Extranjería N°21.325.

Esta normativa, que fue publicada el 21 de abril del 2021, entró en vigencia una vez publicado su reglamento, el 12 de febrero del 2022, por lo tanto, hoy se encuentra plenamente vigente.

Queremos enfatizar que este documento es complementario y en ningún caso subsana la lectura completa de la Nueva Ley y su respectivo reglamento.

1.    ¿Qué son las categorías migratorias y cuáles son?

De acuerdo lo que se establece en la Ley de Migración y Extranjería N° 21.325 y su artículo 26, las categorías migratorias son los diferentes tipos de permiso de residencia o permanencia en el país, a los que pueden optar los/as extranjeros/as, entre ellos:

• Permiso de Permanencia Transitoria
• Permiso de Residencia Temporal
• Permiso de Residencia Definitiva

2.    ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al país con permanencia transitoria?

No se requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile a quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria. Sin perjuicio de lo establecido, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos están sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo, pero entendemos que para los nacionales de Haití, Cuba, República Dominicana y Venezuela se continúa la exigencia de autorización previa para su ingreso a Chile.

3.    ¿Si soy titular de un permiso de permanencia transitoria puedo acceder a un permiso de residencia temporal para permanecer en Chile de forma indefinida?

De acuerdo al artículo 58 y 69 de la referida ley, el cambio de categoría o subcategoría migratoria podrá solicitarse sólo en caso de cumplir con los siguientes criterios de otorgamiento establecidos:

• Vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos
• Que la estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería
• Otros casos debidamente calificados por la Secretaría del Interior mediante resolución.

4.    ¿Cuáles son las nuevas subcategorías migratorias a las cuales se puede postular?

No lo sabemos aún. De acuerdo al artículo 53 y al artículo 5 transitorio de la ley, corresponde a un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Interior definir la nómina de subcategorías migratorias y sus requisitos, y hasta que se dicte el Decreto Supremo, regirán las categorías migratorias establecidas en el Decreto Ley N°1.094, que establece normas sobre extranjeros/as en Chile.

5.    ¿Las personas que entraron al país como turistas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley pueden cambiar su estatus migratorio?

Las personas que soliciten iniciar cualquier tipo de tramitación se regirán por la ley que se encuentre en vigencia en la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, debido a la reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, no contamos hoy con toda la información para dar respuesta cierta a esta pregunta, ya que dependerá de cómo sean aplicados los procedimientos de parte del Servicio Nacional de Migraciones.

6.    ¿Qué pasará con las personas que actualmente cuentan con una visa de residencia y permanencia definitiva vigente?

De acuerdo al artículo 6 transitorio de la Ley de Migración y Extranjería, los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley se asimilarán a los permisos establecidos en la misma sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por la que fueron otorgados.

7.    ¿Qué pasará con las solicitudes de visas de residencia y permanencia definitiva que se encuentran en trámite?

La entrada en vigencia de la ley no afectará las solicitudes que se encuentran en curso. De ser aprobadas regirá lo establecido en el artículo 6 transitorio ya citado.

8.    ¿Qué tipo de protección entrega esta nueva norma a los Niños, Niñas y Adolescentes?

De acuerdo al artículo 4 y 19 inciso final de la Ley de Migración y Extranjería, el Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo una prioridad la tramitación de las solicitudes de reunificación familiar de NNA con extranjeros residentes.

De acuerdo al artículo 41, en el caso de NNA que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma inmediata, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal.

9.    ¿Qué pasara con las personas que ingresaron por paso no habilitado y ya se auto denunciaron?

Deberán continuar con el proceso de firma en la Policía de Investigaciones (PDI) hasta que sean notificados con una orden de expulsión en virtud del ingreso por paso no habilitado.

Posteriormente, se recomienda contar con patrocinio jurídico de un abogado para presentar los recursos judiciales correspondientes y recibir orientación en cuanto al proceso de regularización migratoria en Chile.

10.  ¿Se puede seguir realizando el trámite de autodenuncia?

Si, el trámite se encuentra disponible en la página web de la Policía de Investigaciones de Chile > https://www.pdichile.cl/ >Trámites> Declaración voluntaria de ingreso clandestino. El trámite no tiene costo y debe ser realizado únicamente por la persona que ingresó de forma clandestina al territorio nacional.

En cuanto a la exigencia de este trámite en la nueva Ley de Migración y Extranjería, no contamos con la información para dar una respuesta cierta, ya que dependerá de cómo la autoridad contralora haga la aplicación del artículo 166 de la misma.

11.  ¿Qué es una orden de expulsión?

De acuerdo al artículo 126 de la Ley de Migración y Extranjería, la expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia.

Al momento de dar inicio al proceso de expulsión, se conferirá un plazo de diez (10) días hábiles contados desde su notificación, dentro del que el afectado podrá presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada.

12.  ¿En qué caso se puede expulsar a un extranjero según la nueva ley de migración?

Los artículos 127 y 128 de la Ley de Migración y Extranjería consagran causales de expulsión para aquellos extranjeros/as que poseen permanencia transitoria y residencia temporal o definitiva, así como también, aquellos que no tengan un permiso que los habilite para permanecer válidamente en el país. Para conocer el detalle de las causales, se recomienda la lectura de los artículos citados.

Sobre este punto, hay que destacar que, previo a la dictación de una medida de expulsión, el extranjero/a tendrá el plazo de 10 días hábiles para emitir descargos luego de la correspondiente notificación. Con todo, el artículo 129 de la ley establece ciertas consideraciones previas que el Servicio Nacional de Migraciones debe atender para efectos de fundamentar la sanción.

13.  ¿Cuáles son los derechos de las personas detenidas en caso de orden de expulsión?

De acuerdo al artículo 134 de la Ley de Migración y Extranjería y el artículo 144 de su reglamento, tendrán derecho a:

• Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para contactarse telefónicamente con ellos.
• Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y obligaciones que le asisten de conformidad a la ley, la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

• Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a partir de que el afectado sea dado de alta médica.
• Comunicarse con su representante consular.

• Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

• Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo. En todo caso, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer

14.  ¿Qué se entiende por orden de expulsión materializada?

Entenderemos que se materializa una expulsión cuando la persona, con motivo de la sanción de orden de expulsión dictada en su contra, sale del territorio nacional mediante la acción realizada por el ente policial a cargo (PDI).

15.  Si tuve una orden de expulsión en virtud de la antigua ley y fue dejada sin efecto, se puede emitir una segunda orden de expulsión?

Sí, se puede emitir una nueva orden de expulsión pero NO fundada en el mismo hecho que la anterior. Por tanto, y si de acuerdo a las circunstancias particulares la persona se encuentra dentro de alguna de las causales indicadas en la ley para ser sancionada, las que se desarrollan en la pregunta N°12 de este documento, se le podría dictar una nueva orden de expulsión.

16.  ¿Cómo funcionará la reconducción y el principio de no devolución?

Según el artículo 131, el extranjero/a que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo y sin necesidad que se dicte una nueva resolución. Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

De acuerdo al articulo 157 del reglamento de la ley referida, no se reconducirá a quienes presenten indicios de ser victimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida, o aquellos/as extranjeros/as que sean sorprendidos de manera flagrante en la perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justicia chilenos.

17.  ¿Qué pasaría con las personas que fueron expulsadas durante los operativos de expulsiones masivas y que posteriormente vuelven a ingresar a Chile por un paso no habilitado?

Si ingresan por paso no habilitado pueden ser expulsadas de acuerdo a las nuevas normas (artículo 131), es decir, mediante un procedimiento de reconducción inmediata, sin necesidad de que se dicte una nueva medida de expulsión.

18.  ¿Qué pasará con las solicitudes de regularización ingresadas luego de revocarse una orden de expulsión?

Aquellas solicitudes de regularización ingresadas previo a la entrada en vigencia de la nueva ley, y luego de revocarse una orden de expulsión continuarán su tramitación por la autoridad competente. De ser aprobadas regirá lo establecido en el artículo 6 transitorio ya citado.

19.  ¿Qué pasa con el procedimiento de refugio con la entrada en vigencia de la nueva ley?

El procedimiento de refugio está regulado por la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, la que no sufrió modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley de Migración y Extranjería, por lo que se mantiene como lo conocemos.

20.  ¿Qué es la protección complementaria?

De acuerdo al artículo 10 de la referida ley, los/as extranjeros/as que no les fuere reconocida su calidad de refugiado, de acuerdo a los requisitos que establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, se les podrá otorgar protección complementaria, ya sea de oficio o a petición de parte.

Ningún/a extranjero/a titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgos de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política.

21.  ¿Qué hago si rechazan mi solicitud de regularización extraordinaria?

Si el rechazo se debe al incumplimiento de uno de los requisitos, éste puede ser subsanado enviando la documentación requerida dentro del plazo correspondiente.

Si se estima que el rechazo es injustificado, recomendamos contar con patrocinio jurídico de un abogado para presentar los recursos administrativos y/o judiciales correspondientes.

Por el contrario, si el rechazo es justificado y el extranjero/a se encuentra conforme, puede realizar la solicitud de un permiso de residencia temporal de acuerdo a las normas ya descritas.

Una olla a presión que cada vez está más cerca de explotar. Así es como el capellán del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Cristián del Campo SJ, ve la situación que se vive con la migración en las fronteras del norte de nuestro país, específicamente en Antofagasta, Iquique y Arica. Asumió recién a principios de septiembre del año pasado, y desde entonces no solo ha visitado frecuentemente la frontera, en especial Colchane, sino que ha visto cómo la crisis humanitaria que afecta a Venezuela –que, se estima, ha significado el desplazamiento de más de 6 millones de personas- ha impactado el flujo migratorio en nuestro país. “Ha habido una evolución en espiral, con pasos para adelante y pasos para atrás”, asegura. “A mi modo de ver, el mayor problema está en Iquique, porque es la primera ciudad donde la gente llega, muchos sin haberse autodenuciado y los que lo hacen, cuando salen de la cuarentena en residencias sanitarias, quedan nuevamente ahí a su suerte. Falta una estrategia más coordinada para que esas personas puedan continuar hacia sus destinos y así descomprimir”.

Sin embargo, la última semana, en particular, para Del Campo da cuenta de la urgencia de descomprimir dicha olla. La muerte del camionero en Antofagasta, a su juicio, incluso es señal de que reventó. A lo que se suma el posterior paro de camioneros, y el hallazgo, ayer, de un joven colombiano de 32 años fallecido a metros del paso fronterizo en Colchane. “Todos entendemos la tensión y rabia acumulada, sobre todo en esas comunidades y territorios. Y si como Estado y sociedad civil no hacemos algo para quitar esa presión, bueno revienta”, afirma. “Pero el error fundamental es creer que esa presión se desactiva con una aspirina o soluciones parche”.

 –Ya en el último año habíamos visto episodios fuertes, como la quema de carpas de migrantes en Iquique y protestas en las que se exigía cerrar las fronteras…

–Como consecuencia de eso, del despertar de una población que se sentía abandonada y del impacto que causaba la violencia contra personas en situación de mucha vulnerabilidad, se puso el albergue en Colchane. Y sí, eso fue bueno, pero es un parche. Aquí, para mí, la reflexión es que, si no hacemos algo más de fondo, seguiremos lamentando situaciones de alta presión que lamentablemente revientan en algo tan dramático como el asesinato del camionero.

–Se decretó un estado de excepción. ¿Es para usted otro parche?

–Es una solución de las más parche de todas. El estado de excepción es una respuesta a la presión de los camioneros, pero no creo que sea la solución ciertamente. Tampoco creo que sea la solución simplemente cerrar el paso y devolver a la gente. Primero, porque vienen en una situación muy vulnerable, y hay muchos niños y niñas. Segundo, ¿existe alguna coordinación en esa devolución con la policía y gobierno boliviano? O ¿simplemente nos desentendemos de la situación en la que está esa
gente? Nuevamente, uno comprende la rabia, la necesidad de pensar en el bienestar de los chilenos, pero eso puede llevarnos a desentendernos de una crisis humanitaria. Porque eso es lo que ocurre en Venezuela.

Y agrega:
–El gran desafío es cómo uno implementa medidas que ayuden a que la migración sea segura, ordenada y regular, y al mismo tiempo sin pasar por encima de los derechos de las personas, porque los migrantes, aunque vengan indocumentadamente, los tienen.

–Cómo hacer eso es un poco la pregunta del millón.
–Ningún país tiene la receta para enfrentar este tema (…) Aquí no tenemos
una bala de plata como para poder solucionar el problema, porque difícilmente podemos encontrar un país que lo haya
solucionado. Cuando de un lugar como Venezuela salen 6 millones de personas en la última década, obviamente irán a alguna parte. Y el tránsito absolutamente mayoritario es hacia Sudamérica, y entre aquellos países que pueden elegir está Chile. Nosotros hemos recibido cerca de
500 mil, Perú ha recibido cerca del doble, Ecuador prácticamente lo mismo que nosotros y en Colombia son cerca de 2 millones. Por eso, la ilusión que tenemos, a veces, de que poniendo más trabas, zanjas o murallas va a detener el flujo es un error.

–Y en ese sentido, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno?
–Creo que no ha sido para nada una política exitosa. Reconozco, si, que es mejor tener una nueva Ley de Migración, que por fin tiene un reglamento que ya se ha publicado, para que todos conozcamos qué ley nos regirá, pero me parece que se ha querido, de manera voluntarista, enfrentar el problema desde un discurso y una aproximación de la política que es
inefectiva. Puede ser políticamente correcto decir “vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a impedir el ingreso”, pero en la práctica solo hemos visto una agravación de la situación por la cantidad de ingresos de personas indocumentadas. Eso ha ocurrido porque el modo de responder
ante una situación como la de Venezuela ha sido poner más restricciones. Y eso no detiene el flujo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

“Un esfuerzo macizo en vías a la regularización”
Con el fin de recoger experiencias y conocer en detalle las vivencias de quienes migran en zonas álgidas de Latinoamérica, a fines de enero el capellán partió a un viaje a dos fronteras importantes: la de Guatemala con México, y la de Venezuela con Colombia, especialmente Cúcuta. “Originalmente también iría a la frontera de México con Estados Unidos, en Nogales, pero ómicron no lo permitió”, explica. “La ida tuvo tres objetivos: primero conocer cómo funciona el Servicio Jesuita de Refugiados, su foco, dinámicas, cómo se organizan en cuanto a sus tiempos de oficina y de terreno, etc. Lo segundo, evidentemente, conversar con las personas;
tuvimos visitas a distintos puntos fronterizos, pero también visitas con personas que ya estaban instaladas para entender las dificultades que habían enfrentado para regularizar su situación y permanencia. Finalmente, quería conocer cómo estos países enfrentan en concreto situaciones de tal envergadura; la operatoria, las instituciones, lo que el Estado hace y no hace para que nosotros podamos aprender de soluciones que puedan ser de más largo aliento”.

–¿Con qué te encontraste?
–Lo primero que sorprende es la dimensión. Lo que se vive en México y en
Colombia, en las fronteras, es mucho más masivo que los que vemos acá. Lo segundo que me sorprendió, que no es algo que uno no sepa, es la cantidad de riesgos que las personas que migran enfrentan: el nivel de crimen, de bandas, de coyotes, de grupos militares y paramilitares, de corrupción en las policías. La vulneración de derechos a las mujeres es impactante.
Conversando con personas ya instaladas en Colombia, por ejemplo, provenientes de Venezuela, uno no termina de creer lo que viven, tanto en el tráfico como en la trata. Esa es una dimensión muy triste.

Luego, continúa:
–Ahora, cada país aporta algo interesante. Por ejemplo, la institucionalidad
que el estado mexicano tiene para enfrentar el tema del refugio. Nosotros como país estamos evidentemente bajo los tratados que hemos firmado, pero en lo concreto, en los últimos dos años solo siete solicitudes de refugio han sido aceptadas por año. En parte eso tiene que ver con una carencia de infraestructura a nivel del Estado. Por el lado colombiano, en tanto, me parece muy interesante a nivel de política, lo que se hizo con el estatuto de regularización migratoria que le otorgó un permiso temporal, por 10 años, a la población venezolana que llegó a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Es un esfuerzo macizo en vías a la regularización y creo que tenemos
que estudiar algo así como una manera de hacernos cargo de la enorme cantidad de personas que están indocumentadas en Chile.

El ingreso ilegal es el foco más intenso del problema migratorio, ¿qué podría ayudar a contenerlo?
–Obviamente esto es un cliché, pero es un problema multifactorial. Y nuevamente, nadie tiene la fórmula. Acá en Chile evidentemente tenemos que reforzar la seguridad y los controles en los puntos fronterizos, por supuesto. Cuando uno está en Colchane, uno ve que la gente atraviesa con cierta facilidad, no es que se esté escabullendo. Pero hay que hacerlo sabiendo que de todas maneras la gente va a seguir entrando por pasos no habilitados, y en ese sentido me parece que junto con la ayuda humanitaria, tenemos que caminar hacia modos de regularizar esa presencia. Es la herramienta más efectiva, de más largo aliento para, precisamente,
aminorar o controlar de mejor manera el crimen, cuyo caldo de cultivo es la informalidad e irregularidad.

–¿Una medida tipo Colombia?
–Nosotros estamos por una migración segura, ordenada y regular. Esa respuesta casi intuitiva de “no dejemos entrar más cerrando la puerta” en la práctica no solo es muy difícil de hacer sino que resulta
contraproducente. Yo espero que el nuevo gobierno pueda involucrarse, comprometerse y liderar… ¿Qué medida exacta? Hay inmediatas y más de largo plazo. Obviamente el próximo gobierno lo tendrá que analizar, pero algo como lo que se hizo en Colombia es un camino a estudiar, que me
parece bastante deseable para la situación que vivimos. Prefiero mil veces que quienes ya están aquí lo estén regularmente a sin documentos, sin insertarse (…) Ahora, esto requiere de un pacto continental. Es muy difícil que cada país se rasque con sus propias uñas.

“Ser más proactivos”
–Los habitantes de Iquique, Arica, Antofagasta, no quieren esperar más por una solución. Es más, salen a la calle a exigir que no haya más migración.
–Obviamente que tenemos que ir en ayuda de esas comunidades como Estado chileno. Tenemos que ser más proactivos, trabajar más en coordinación. Esperamos que el nuevo Servicio Nacional de Migración tenga un rol más protagónico, pero también las delegaciones presidenciales, los alcaldes, los gobernadores, hay a veces harto actor y no siempre una buena articulación. Y obviamente tenemos que poner recursos; el Estado los tiene, para que, primero, las personas que llegan puedan ingresar a albergues o refugios transitorios, y segundo, para coordinar con otros lugares del país que esas personas sigan con su
trayecto, mientras a la par inician su proceso de regularización. Así se descomprime el norte.

–El lunes, Álvaro Bellolio dijo que el futuro gobierno era responsable de la agudización de la crisis, que Boric había ofrecido “perdonazos” que incentivaron la llegada de migrantes ilegales. ¿Qué
opina de esto?
–Estoy en desacuerdo y creo que decir eso podría ser culpar al presidente, porque si uno sigue esa línea de argumentación, está la promesa que Piñera hizo en Cúcuta. Yo no creo que uno pudiera culpar al presidente porque hizo un llamado a que los venezolanos vinieran a Chile, por lo que menos me parece que alguien como el director del Servicio Nacional de Migraciones evalúe algunas declaraciones como un incentivo. Considero que debería escuchar más lo que dijo el ministro Delgado:
no es momento de buscar culpables, sino que de enfrentar el problema. La primerísima responsabilidad es de quien administra el Estado y ese es el gobierno, que ya lleva 4 años. No dos meses.

Fuente: La Segunda

Previsión en salud. La investigación cruzó la encuesta Casen con datos de diversos servicios de atención.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanzó un estudio sobre la situación de este fenómeno social en Chile y a partir de la encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional). La investigación fue realizada en conjunto con expertos del Colegio Médico y la Universidad de Desarrollo.

Esta investigación se titula ‘Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso a salud de la población migrante residente en Chile’. En cuanto a la adscripción a Fonasa, Isapre u otro sistema previsional de salud, el estudio expuso que en la Encuesta Casen 2020 se registraron mayores semejanzas entre chilenos y migrantes que en 2015 y 2017.

Sin embargo, sigue siendo mayor el porcentaje de personas sin protección de salud en migrantes, lo que se da independientemente del sexo, tramo de edad, macrozona de residencia, decil de ingresos, entre otras características.

‘Un 16% de las y los extranjeros residentes en el Norte Grande señala no tener sistema previsional de salud, lo que corresponde a un 4% en las personas chilenas que ahí habitan’, sostuvo el jefe de Estudios del SJM, Pablo Roessler.

En la misma línea, agregó que ‘mientras en 2020 un 10% de los migrantes que recibieron subsidios no estaban adscritos en ningún sistema previsional, la cifra sube a un 20% entre los extranjeros que no accedieron a subsidios’.

Desde el Colegio Médico, Matías Libuy, coordinador de la Comisión Salud y Migrantes, afirmó que ‘el porcentaje de personas que, habiendo tenido un accidente o enfermedad, no accedieron a consultas o atenciones médicas se tiende a emparejar entre chilenos y migrantes’.

‘El acceso se iguala en chilenos y migrantes que poseen empleos formales y previsión; si bien en ambos se eleva el no acceso con empleos informales o cuando no se tiene sistema previsional, esto es más crítico en la población extranjera’, añadió.

‘El acceso (a sistemas de salud) se iguala en chilenos y migrantes que poseen empleos formales y previsión’.
Matías Libuy Colegio Médico de Chile

CIFRAS

16% de los migrantes que residen en el Norte Grande no tienen sistema previsional de salud.

Fuente: Publimetro

“Sin embargo, nadie está preparado cuando hay una crisis de tal envergadura”, aseguró el representante en Cooperativa.

Consultado por el aumento de la delincuencia en el norte, señaló que “muchas veces no son delitos de alta connotación”.

El capellán del Servicio Jesuita a Migrante, Cristián del Campo, analizó la crisis migratoria en el norte de nuestro país, y aseguró que ellos buscan “una migración ordenada, segura y regular“.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Del Campo señaló que “todos tenemos que ser muy concientes que cuando hay una altísima concentración de personas que están viviendo en una situación irregular en las calles, en las plazas, que vienen en una situación de extrema vulnerabildiad, obviamente que eso es caldo de cultivo para que se pueden presenciar situaciones como las que hemos visto en estos días, como las que vimos en septiembre del año pasado”.

“Evidentemente hay un aumento de ciertas situaciones que se pueden catalogar como delito en ciudades como Iquique, Arica y en Antofagasta mismo, donde evidentemente hay una concentración mayor de personas migrantes que han entrado de manera indocumentada, pero muchas veces esos delitos no son delitos de alta connotación, sino que muchas veces tienen que ver con situaciones de transgresión a las normas sanitarias”, aseguró el capellán.

Consultado respecto a las protestas de las últimas jornadas, Del Campo sostuvo que “tenemos que poner las pilas, partiendo por el Gobierno, para evitar estas concentraciones, que obviamente van a tensionar Iquique“.

“Todos queremos que el Estado chileno regule la migración… Nosotros estamos por una migración ordenada, segura y regular. Lo que nosotros estamos presenciando hoy es una situación distinta a la que vivimos hace 8 años atrás -explicó- porque estamos ante una crisis humanitaria de altísima envergadura en Venezuela“.

“Esa situación hace que haya un éxodo masivo de seis millones de personas que se han movido por el continente (…) Nadie está preparado cuando hay una crisis de tal envergadura“, cerró.

Fuente: Radio Cooperativa.

CRISIS. Según análisis de mejoras y desigualdades en cobertura de salud entre población nacional y extranjera de SJM, Colegio Médico e ICIM de la U. del Desarrollo.

Los avances institucionales en la cobertura de salud a la población migrante no han impedido la permanencia de desigualdades en el acceso a estas prestaciones, según se desprende del denominado “Informe Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso a salud de la población migran-te residente en Chile”.

Un análisis elaborado por el Área de Incidencia Pública y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Colegio Médico de Chile (Colmed) y el Programa de Estudios Sociales en Salud del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, de la Universidad del Desarrollo (UDD).

El objetivo del estudio, que este jueves 3 de febrero se difundirá en la plataforma digital migracionenchile.cl, consistió en caracterizar el acceso al sistema de salud chileno de la población migrante, identificando posibles brechas en relación a la comunidad local. Para esto se empleó un enfoque de cobertura universal de salud, que apuntó a conocer bajo que condiciones el acceso a salud resulta similar entre chilenos y migrantes, yen cuáles surgen brechas.

AUMENTA BRECHA

Según comenta Pablo Roessler, jefe de estudios del SJM, la investigación confirma que la mayor vulnerabilidad social dificulta tanto el acceso a la salud de la población chilena, como la extranjera residente en el país.

“Por ejemplo, estar en un empleo informal o no tener previsión afecta tanto a los chilenos como los migrantes en el acceso a salud, pero esta afectación es más intensa en los migrantes. Por el contrario, cuando tienen empleos formales y cuando tienen sistema previsional se empareja la cancha y tienen un acceso a salud empatado en cuanto a porcentaje los chilenos como los migrantes”, sostiene.

La investigación, entre otros aspectos, aborda la incidencia del no acceso a consulta o atención en caso de enfermedad o accidente en chilenos/as y migrantes, según macrozona de residencia, identificando existencia de barreras. Un parámetro analizado de acuerdo a índices de acceso a atenciones médicas, definidas como no acceso bruto o total (el porcentaje total de personas que, teniendo problemas de salud, no accedió a consultas o atenciones médicas) y el no acceso efectivo (aquel porcentaje de personas que, teniendo problemas de salud, no accedieron a consultas o aten-dones médicas debido a barreras ajenas a su voluntad).

Sobre este último análisis, el documento sostiene que en la población migrante asentada en la zona del norte grande el no acceso bruto (total) a prestaciones de salud asciende a 14% y el no acceso efectivo (por barreras) llega a un 9%. Un indicador que supera al 8% y 4% respectivamente que registra la población chilena de la misma macrozona para ambos indicadores.

ACCESO A INFORMACIÓN

Según Roessler esta diferencia se debería, entre otros factores, a menores redes de contacto de migrantes en la zona norte en comparación a otras zonas del país como la Región Metropolitana, donde el no acceso bruto (total) de migrantes a prestaciones de salud llega a 7% y el no acceso efectivo (por barreras) marca un 4%. “Estas menores redes se traducen en menor información acerca de cuándo puedo o no acceder a salud. Aun cuando muchas veces está asegurado el que puedan acceder a este tipo de prestaciones no disponen de esta información”, explica.

“En la macro zona norte además la distribución del tipo de prestación de salud es donde más distinto es entre chilenos y migrantes. Por ejemplo, ahí si solo un 4%de los chilenos no tiene acceso a salud, esto se eleva a 16% en el Norte Grande. Solo un 4% de los migrantes que vive en el Norte Grande tiene Isapre, lo que en los chilenos es un 19%. Aunque hay que reconocer que ha aumentado la cobertura de la salud a la población migrante, se nota aún una brecha en esta zona del país. Si en el 2017, un 21% de migrantes no contaba con previsión esto disminuyó a 16% en 2020, aunque sigue siendo el registro más alto de las macrozonas de Chile”, comenta Roessler, quien detalla las eventuales causas de estos indicadores.

“Según estudios recientes que hemos realizado, los migrantes que viven en la zona norte registran las mayores tasas de pobreza y peores índices de inserción laboral en relación a los migrantes que viven en otras macrozonas. Es también la única Macrozona donde el nivel educativo de los migran-tes es menor que el de los chilenos. Además, lo que dice la experiencia del equipo del SJM, y quienes atienden personas migrantes todos los días, es que en el norte residen personas con menos recursos y redes para arribar al centro del país, por lo que muchos terminan quedándose en esta zona”, agrega. Según el encargado de estudios del SJM estos resultados podrían ser aún más críticos porque la encuesta Casen no considera en su marco muestral personas que habiten viviendas colectivas o campamentos.

Metodología del estudio
El estudio contó con dos fuentes de análisis estadístico desde las bases de datos de la Encuesta Casen 2015. 2017 y 2020, y grupos de conversación con parte del equipo del SJM que acompañan a personas migrantes y que ha trabajado más temas de acceso a salud. En cuanto a las variables utilizadas buscó analizar diferentes indicadores de la dimensión de salud. disponibles en la versión 2020. Algunos indicadores no se pudieron ocupar. como es el caso de malnutrición, ya que el MDSF señaló que tuvo mermas en la medición para 2020. debido a la disponibilidad de informaciones sobre estado nutricional a la que acceden cuidadores en contexto de pandemia.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

El día jueves 27 de enero se presentó a través de un punto de prensa un trabajo transversal entre las y los convencionales de Independientes No Neutrales (Benito Baranda, Javier Fuchslocher y Gaspar Domínguez); Movimientos Sociales Constituyentes (María Elisa Quinteros, Janis Meneses y Alondra Carrillo) y la Coordinadora Plurinacional (Giovanna Grandón, Manuel Woldarsky y Elsa Labraña).

Se trata de siete normas presentadas bajo el título de ‘’Agenda Migrante’’ que buscan generar el reconocimiento y garantía de derechos a todas las personas que habitan nuestro país, independiente de su nacionalidad, como también, a los chilenos y chilenas en el exterior.

Este trabajo busca el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de todas y todos sin distinción, con un enfoque proteccionista de derechos humanos.

Las normas fueron trabajadas de forma colaborativa con diferentes organizaciones sociales de la plataforma ‘’Chile Migra’’ y junto al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Las y los convencionales firmantes, a través de este trabajo, buscan visibilizar, por un lado, el compromiso con las normas presentadas y, por otro, la importancia del trabajo transversal y colaborativo entre colectivos para entregar normas inclusivas y que las personas puedan ver que en la Convención Constitucional el primer compromiso es la unión.

A continuación, se enumeran las normas presentadas:

1. Derechos de las personas chilenas en el exterior.
2. Derecho a Migrar.
3. Derecho a la Libertad Ambulatoria.
4. Derecho al Asilo.
5. Derecho a la nacionalidad.
6. Distritos electorales en territorio exterior.
7. Derecho a la Participación

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrante, señaló a Una Nueva Mañana que la problemática de la migración en Chile se ha complejizado y que debería ser abordada de manera coordinada a nivel regional.

“El llamado es a hacer una revisión regional y que todos los países puedan colaborar”, sostuvo.

En el caso de Chile, Rodríguez criticó “una política sistemática” de negación a los ciudadanos venezolanos que solicitan la condición de refugiados.

Además se refirió al vínculo de la migración con la criminalidad asegurando que según las cifras “no existe una asociación directa” y a los desafíos que deberá enfrentar el Gobierno de Gabriel Boric, destacando la “apertura de diálogo” del próximo Ejecutivo.

Escucha el audio completo de la entrevista en este link.

Fuente: Radio Cooperativa

CRISIS. Desde SJM plantean que necesidad que Gobierno Regional y nivel central mantengan asignación de recursos para mantener albergues.

La partida de un último bus con 35 migrantes a la zona central del país este lunes puso término al funcionamiento del Centro de Primera Estadía, recinto que desde noviembre pasado brindó albergue a familias de extranjeros en tránsito por la ciudad de Antofagasta.

Según informaron desde la Fundación Corazones Unidos, entidad a cargo de la gestión del refugio, desde el 1 de noviembre al lunes pasado recibieron a un total de 312 migrantes en el lugar. Un registro conformado por 133 menores edad y 179 adultos, quienes pudieron dejar los espacios públicos en que pernoctaba la mayoría al recibir hospedaje transitorio en el recinto.

El término de actividades del Centro de Primera Estadía, que funcionó con recursos de emergencia aportados por el Ministerio del Interior, se suma al término de operaciones en diciembre pasado del albergue para migrantes del Arzobispado de Antofagasta. Este último espacio, ubicado en las cercanías del Terminal de Buses Cardenal Carlos Oviedo Cavada, desde septiembre pasado recibió a más de 700 extranjeros, en su mayoría venezolanos.

Para Claudia Abarca, a cargo de la gestión del Centro de Primera Estadía de Antofagasta, el cierre del recinto abre una interrogante sobre la ayuda humanitaria para familias migrantes que intentan dirigirse a la zona centro sur del país.

“Nosotros entregamos el lugar el lunes. Tuve el viernes una reunión en la mesa de trabajo. Ahí hice la consulta directamente (sobre continuidad de funcionamiento del recinto), y me dijeron que no hay recursos ni del Ministerio de Desarrollo Social, ni del Ministerio del Interior. Hay recursos para que las organizaciones comiencen a postular, pero no sería ahora ya para la continuidad”, dijo.

“Lo más probable es que sería para marzo, porque febrero prácticamente es un período de eventuales vacaciones para funcionarios de gobierno, y porque además en marzo comienza el nuevo gobierno”, agrega Abarca.

El Centro de Primera Estadía operó en las proximidades de caleta Coloso, en la salida sur de la ciudad. Casi la totalidad de los migrantes que pasaron por el albergue correspondieron a venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados de Colchane en la Región de Tarapacá, según reconocieron familias de extranjeros consultadas en el mismo recinto. Una dura travesía que volvió a quedar en evidencia este lunes con la muerte de un migrante de ese país (47 años) en las cercanías de este poblado fronterizo. El marchante venezolano se convirtió en la segunda víctima fatal ocurrida este mes y la número 22 desde que se inició el flujo migratorio masivo en Colchane a partir de febrero del año pasado.

En tanto el delegado presidencial regional de Antofagasta, Daniel Agusto, valoró la habilitación del recinto, como parte de la denominada respuesta humanitaria del gobierno a la crisis migratoria de la frontera norte. “Creo que fue una muy buena iniciativa, desarrollada a través de Corazones Unidos, que entregaron distintos elementos, en términos de alimentación y prestaciones médicas, odontológicas, asistencia social y asistencia para párvulos, con niños en situación vulnerable (.) A través de esta iniciativa pudimos paliar esta situación que se generó principalmente hace algunos meses, pero que sigue siendo un gran desafío”, añadió Agusto.

EXTENSIÓN DE ALBERGUES
Para Fernando Guzmán, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la Región de Antofagasta, resulta necesario que el gobierno central a través del Ministerio del Interior o de otras carteras pueda extender la asignación de recursos para mantener este tipo de hospedajes transitorios debido a que el flujo migratorio en la frontera persiste.

“Es un tema que nos preocupa muchísimo. Estos albergues demostraron ser sumamente necesarios en un contexto de suma complejidad; teniendo como epicentro Iquique, pero que también hemos visto en Antofagasta, especialmente en agosto y septiembre del año pasado, cuando la situación se desbordó acá. Ese fue el motivo, por el cual respondiendo a esa urgencia se habilitaron ambos albergues”, opinó.

“Nos preocupa mucho que el Ministerio del Interior haya tomado la decisión de descontinuar brindando este apoyo para que ese albergue, tanto el de Corazones Unidos como el del Arzobispado continuaran funcionando. Sobre todo, tomando en cuenta que durante esos tres meses lograron dar cobijo a aproximadamente mil personas entre los dos. Vemos que es una necesidad que existe y que tampoco podemos asumir que ha disminuido. Contamos con información que desde hace una semana y media en Ollagüe se han registrado eventos donde han ingresado unas 80 personas migrantes, donde el alcalde ha llamado desde hace meses a dar respuesta desde el gobierno a una situación que los desborda. Allá tampoco tienen albergues, están habilitando las iglesias, pero tampoco dan abasto; no tienen baños químicos ni la capacidad de responder, siendo una municipalidad tan chica y con tan poco presupuesto”, agrega Guzmán.

Fuente El Mercurio de Antofagasta

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes sostuvo que un eventual reconocimiento del asilo en la futura Carta Magna va a significar una revisión de la normativa en materia migratoria.

Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, abordó en Sin Tacos Ni Corbata la iniciativa de norma constitucional 44.254 para garantizar el derecho de asilo a migrantes que corran peligro.

La abogada explicó que “lo que busca este reconocimiento constitucional es darle fuerza a la ley de refugio, su procedimiento, algo que hoy no está ocurriendo”, y que en la práctica “está metiendo a mucha gente en otro marco que no corresponde”.

La académica U. Alberto Hurtado sostuvo que “el estatuto al refugiado es un derecho aparte de la ley de migración, no se cruzan tanto”, y que “probablemente un reconocimiento va a significar una revisión de la normativa en materia migratoria”.

Rodríguez detalló que la iniciativa lo que hace es reconocer derechos puntuales: Que la persona que llega a la frontera y dice que viene huyendo de su país, tenga derecho a ingresar al territorio, no sea sancionado si lo hace por paso no habilitado, que se agilice un procedimiento justo con garantías de debido proceso para determinar la calidad de refugiada, y que se garantice que aun cuando no de curso a la solicitud de asilo, no sea devuelta a su país si corre peligro su vida o su integridad.

Vuelve a escuchar la entrevista en este link a Radio Usach.

Con el objetivo de regularizar la situación migratoria en Chile, el Servicio Jesuita a Migrantes ha impulsado una iniciativa popular para la Convención Constitucional. CNN Chile conversó con Valentina Latorre para profundizar en las características del proyecto, como en la actual crisis que se vive en el país.

En medio del debate en torno a la crisis migratoria y las recientes denuncias sobre las precarias condiciones en el albergue de Iquique, el Servicio Jesuita a Migrantes ha impulsado la iniciativa popular de norma para la Convención Constitucional, titulada “El asilo contra la opresión“, que busca regularizar la situación migratoria en Chile.

Para profundizar en la iniciativa, así como en la situación general actual de la migración en Chile, CNN Chile conversó con Valentina Latorre, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. “Busca entregar protección en la Constitución a aquellas personas que puedan solicitar y recibir asilo“, indicó Latorre, añadiendo que “no es aplicable a cualquier persona, sino que busca entregar protección internacional solamente a quienes corran un riesgo al ser devueltos a su país de origen“.

“Hablamos de personas que cuya vida o libertad corre peligro en caso de volver al país de origen”, especificó, manifestando que “este es un derecho que en múltiples países está concedido en la Constitución y creemos es fundamental se reconozca en nuestra carta magna”.

Con respecto al contexto nacional en el último año, la representante del Servicio Jesuita a Migrantes destacó que “A junio de 2021, de las 1.359 que habían solicitado asilo, solo 7 habían sido aprobadas“, sosteniendo que “esto nos habla de un proceso que no se está llevando de la debida forma“.

En cuanto a la situación que se vive en el refugio para migrantes en Iquique, que ha recibido críticas por problemáticos como que se encuentra a varios kilómetros del centro, por lo que no es práctico para quienes buscan o deben trabajar, Latorre confirmó que el servicio jesuita lo visitó y constató otras preocupaciones: “No se estaban haciendo PCR, había gente con visibles síntomas de COVID-19“, pero que actualmente enmendaron ese error y sí están testeando. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que “solo se estaba entregando una comida diaria“.

“Para hacernos cargo tenemos que enfrentar el problema de fondo: Una migración ordenada, segura y regular implica seriedad en las acciones que tomamos“, consignó Latorre, agregando que “esto incluye no olvidarse de las fronteras, trabajar con las policías y autoridades locales, el multilateralismo tan necesario y hoy también en el contexto sanitario, dar protección frente al COVID-19“.

“Pero también implica un proceso de empadronamiento y un nuevo proceso de regularización que permita a las personas poder acceder a derechos, sino veremos que los hechos lamentables que se están dando en el norte se seguirá repitiendo sin solución para quienes llegan ni para las personas receptoras”, sostuvo, señalando que “una persona en situación irregular, sin Rut, no puede acceder a empleo ni arriendo” y que, en ese caso, “les queda asistir a estos albergues que no dan solución en términos estructurales“.

Finalmente, Latorre enfatizó en que, para mejorar la situación, pensando en la administración del nuevo gobierno, “desde el Estado deben escuchar a los organismos y autoridades locales, que tienen la expertise inmediata de lo que se está viviendo”.

Fuente: CNN Chile.