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Coincidiendo con la conmemoración este 21 de mayo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) estrena dos vídeos en los que se aborda la importancia del concepto de Interculturalidad.

“La realidad ya muestra que somos un país multicultural, en el que vivimos distintas culturas, pero aún no logramos integrarnos, es decir, no siempre surge un espacio para aplicar una nueva mirada más inclusiva, que justamente apunte a la Interculturalidad. No se acepta la cultura del otro, no se aprende de ella, no hay un intercambio que permita aprender e interiorizarnos en cada territorio. La Interculturalidad nos abre la puerta para ser sociedad mucho más rica, sana y armoniosa en que el diálogo entre humanos vaya generando inclusión”,señala Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, siguiendo la línea de lo explicado en los videos a través de animaciones. 

La interculturalidad además va más allá del folklore de cada país, y se propone transformar las injusticias y separaciones que se generan entre distintos grupos, a partir de la nacionalidad, la pertenencia a pueblos indígenas, el género o el color de la piel, buscando construir una sociedad justa donde todos y todas tengamos un lugar y seamos reconocidos.

Ureta, precisa que “una sociedad intercultural no sólo es aquella que permite a las comunidades tener sus símbolos y costumbres, sino que también busca resguardar la dignidad de todos y todas quienes la componen. Para esto, es fundamental partir por asegurar que todas las personas puedan acceder a los derechos, teniendo una normativa que entienda a todas las personas como sujetos de derechos, y derribando las barreras que impiden que todos y todas conozcan y ejerzan aquellos derechos que les corresponden solo por el hecho de ser personas”.

Por último, es clave que, al momento de dialogar, entendamos que las visiones, prácticas, formas de ser y hacer de unas y otros, son válidas y legítimas, es decir, comunicarnos como iguales, de manera simétrica. Una sociedad intercultural implica construir juntos una sociedad donde cada persona tenga un lugar y pueda desarrollarse digna y plenamente.

Hacia un Estado Intercultural

La interculturalidad ha demostrado ser un valor que inspira transversalmente las normas de la nueva Constitución. Esto significa una diferencia del nacionalismo que marcaba la Constitución de 1980, inaugurando un nuevo ciclo político, que ahora incluye un foco de respeto y diálogo entre las distintas culturas de quienes conviven en Chile, incluida la población migrante.

Por ejemplo, el artículo que define al Estado chileno dice que es un “Estado democrático y de Derecho”. Es plurinacional, intercultural y ecológico.” También la interculturalidad se establece como un principio en que el Estado “Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco.”

Revisa aquí los nuevos videos de SJM, realizados por Somos Cofradía:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Ql2CqbCUE0o[/embedyt] [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ueEcMc8aVBY[/embedyt]

La reunificación familiar o cumplir el “sueño chileno” son los motivos que, pese a las condiciones inhóspitas del camino, empujan a los migrantes a seguir las rutas por pasos no habilitados hacia Chile. Solo en 2022 siete personas han fallecido en el límite de Colchane con Bolivia, entre ellas una mujer de 78 años y una bebé de nueve meses. Los que sobreviven jamás olvidan la experiencia de aquel viaje brutal.

Cuando los labios de su hija de tres años comenzaron a volverse cada vez más azules supo que estaban ante una emergencia. De madrugada, exhaustos, a tres mil setecientos metros de altura y con un viaje infernal a cuestas, desde Venezuela hacia Chile, cruzando tantas fronteras para llegar a la de Colchane, no fue sino a minutos de cumplir la meta que Ana Rosa, quién prefiere no entregar su apellido, se dio cuenta que su hija estaba entrando en hipotermia.

El frío de la noche, que los había pillado durante la etapa final del viaje, esa hostil temperatura que ataca, en especial a los más vulnerables, había inmovilizado a su pequeña. Su principal temor, tan cerca de pisar el territorio por el que había caminado kilómetros, era perder lo más importante en su vida y que su hija se convirtiera en otra estadística.

Ana Rosa le tomó la cara, le abrió la boca y los ojos, le habló con voz golpeada hasta que finalmente la niña reaccionó. Manuel, quien la observaba a su lado, se la echó al hombro y comenzó a avanzar con premura hacia una garita de Carabineros, donde le cambiaron la ropa para que entrara en calor.

Al recordar ese momento, sentada en la entrada del albergue Lobito en Iquique –la ciudad más cercana a Colchane–, afirma que tuvo suerte, que la salvó el haber estado llegando a Chile pues los encontraron y los llevaron al refugio más cercano–. La llevaron para un retén en Colchane, la policía, ahí la tuvieron y le dieron el auxilio, tan en la noche, hasta que estaba bien –cuenta.

No es el caso de todos. Esa misma madrugada, dice Miguel, quien iba caminando en el mismo grupo, perdieron la pista de otro de los viajeros–. Sacaron a un chamo que se metió a su carpa después de que había comido, lo fueron a ver y pidieron auxilio, le estaba dando algo. Ese frío es demasiado, lo sacaron de ahí ya ido y no supimos nada más.

En la pandemia, el cierre de los pasos fronterizos terrestres –que el 1 de mayo reabrieron– ha sido el principal motivo de llegada de migrantes por rutas irregulares como ocurre con Colchane, límite con Bolivia que se ubica en la Región de Tarapacá. Un camino de alto riesgo por sus condiciones geográficas y climáticas en el que tan solo este año han fallecido al menos siete personas.

–Uno se mete ese chip en la cabeza, de que puede morir a medio camino o lograrlo –sostiene Miguel.

Si bien la situación migratoria lleva años complicándose, la crisis ha empeorado desde el cierre de fronteras terrestres aplicado a causa de la pandemia, principalmente por la llegada masiva de personas por pasos clandestinos.

Con ese escenario de fondo es que se conjugaron otros aspectos. La jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Chile, Delfina Lawson, explica que, junto al cierre fronterizo, hay otros dos factores que inciden en la crisis: “La exigencia de la visa consular para venezolanos desde junio de 2019; y la falta de alternativas para el ingreso regular”.

Además, en el caso de quienes vienen de Venezuela, plantea que “estamos hablando de un desplazamiento forzado, no es voluntario”. En esa línea, Víctor Flores, coordinador para la macrozona norte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Chile, expone que “a la fecha ya han salido cerca 6,1 millones de venezolanos por la crisis política y social de ese país”.

Según información del Servicio Jesuita Migrante, que se obtuvo mediante una solicitud de Ley de Transparencia a la Policía de Investigaciones (PDI), en 2021 más de 56 mil personas ingresaron por pasos no habilitados a Chile. “Hay una migración que se ha precarizado y se hace más vulnerable, es todo un desafío”, dice Waleska Ureta, directora del organismo.

De hecho, la masiva llegada de migrantes por Colchane en los últimos meses motivó la apertura a fines del año pasado de un refugio transitorio que tiene una capacidad para alrededor de 300 personas. Ubicado a 25 kilómetros al sur de Iquique, en un recinto de la Universidad Arturo Prat (UNAP) en el Campus Lobito, está el campamento homónimo en que se albergan a unos 200 extranjeros que ingresaron, principalmente, de manera irregular.

La dificultad de realizar una “migración regulada y segura”, dice Ureta, empuja al uso de los pasos no habilitados, lo que está acompañado de un viaje en duras condiciones que muchas veces termina en la muerte de quienes lo realizan. “Es un tránsito riesgoso, de términos inhumanos: una temperatura baja, las alturas también inciden; hay un tema físico que es muy difícil de sortear”, indica.

“Esto no ha cesado. Hemos visto mayor contingencia policial, del Ejército, pero más bien han realizado labores de rescate humanitario, de alta montaña, muchas veces por el abandono de migrantes en sectores alejados por grupos organizados llamados ‘coyotes’”, comenta el alcalde de Colchane, Javier García.

La autoridad local relata que muchos han fallecido, incluyendo menores de edad “en circunstancias muy tristes, sobre todo producto del abandono, de la desorientación, también por la falta de atención médica oportuna. En su mayoría llegan a la frontera en evidentes signos de maltrato, de deshidratación”.

Víctor Flores de la OIM explica que el terreno hacia Colchane no es auspicioso: “Hay una zona de bofedal que tiene agua y las personas se mojan y eso luego les juega en contra porque la noche tiene condiciones de baja temperatura. Personas no acostumbradas a este tipo de clima, que no vienen con la ropa apropiada, y aquellos que tienen enfermedades de base o se han deteriorado, como personas mayores o niños muy pequeños, fallecen”.

“La situación es dramática, son personas que vienen en ruta por meses, e incluso años. Muchos vienen con lo puesto, los ‘coyotes’ les han quitado hasta los teléfonos para pagar los últimos tramos. Deshidratados, apunados, llegan apenas”, señala Jaime Tocornal, vicario para la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago.

No hay cifras claras de cuántas vidas se han perdido en los trayectos. Carabineros lleva un registro de cinco muertes durante este año, pero otros reportes indican que serían siete, como informa el que elabora la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela ​ (R4V).

Aún así, de acuerdo con los datos entregados a The Clinic por la policía uniformada, desde 2020 a la fecha, han perecido 27 extranjeros en circunstancias de migración irregular. El 88,9% de las muertes son producto de las condiciones climáticas y geomorfológicas extremas, mientras que el 11,1% restante son por atropellos en la ruta 15 CH, autopista que lleva hasta Colchane.

El 27 de marzo Hilda Rosa Quintero de 78 años no logró la meta de ingresar a Chile. Esa noche la Jefatura de la Defensa Nacional escuchó los llamados de un hombre que pedía auxilio en medio de la oscuridad. Cuando lo encontraron, con desesperación les explicó que su suegra no reaccionaba y que ambos estaban en el sector de los bofedales en Pisiga Carpa, una zona colindante con la frontera boliviana.

Los funcionarios, ubicados en uno de los puestos de observación fronterizos, llamaron al servicio médico de urgencia rural de Colchane, y mientras llegaba la ambulancia, se dirigieron al lugar donde yacía la anciana. Cuando la encontraron tenía los signos vitales muy débiles y, tras algunos instantes, falleció mientras le practicaban los primeros auxilios.

En el mismo grupo de Hilda, estaba María, una mujer venezolana que llegó a Chile con cuatro meses de embarazo, que prefiere resguardar su identidad, y que actualmente se encuentra en el refugio Lobito, en la ciudad de Iquique. Según cuenta, esa noche venía un grupo de 17 personas, entre ellos Hilda, sus hijas y su yerno.

–Ellos querían venirse para acá, pero no querían venirse solos y se trajeron a la mamá a todo riesgo. Pasaron muy tarde porque pensaban que Carabineros los iba a agarrar y así fue. Sí, nos agarraron, pero no nos trataron mal –cuenta.

María trata de explicar la sensación de cruzar la frontera. Mira hacia el desierto que se ve en medio de la carretera y afirma que el paisaje es pura niebla y que el frío no se soporta. Dice que hay que caminar con mucho cuidado porque está lleno de pozos con agua y hielo. Sobre la muerte de la anciana se queda en silencio unos momentos y hace un gesto de resignación.

–Nos sentimos muy mal, porque es de nuestro país, y no pudimos ayudarla. Es un momento de desespero muy grande. Nosotros venimos para acá para darle un mejor futuro a nuestros hijos o nuestras madres. Y te digo algo, hay personas a las que han tomado y las han regresado, después de haber viajado tanto, después de haber llegado, de haber muerto y revivido en ese cruce, es muy duro y muy triste –afirma. 

Norwich Castillo, de 30 años, madre de dos niños de 12 y siete años, y que lleva cinco meses viviendo en el campamento Lobito, del que se ha convertido en vocera, añade que para los adultos mayores es un viaje de vida o muerte–. Aquí tenemos el caso de una señora que sufrió un accidente cardiovascular por la baja temperatura de Colchane. Ella está aquí, quedó con su cuerpo en parte paralizado, ahora solo se mueve con su bastoncito –señala.

Pero aquel sábado a fines de marzo, la muerte de Hilda no fue la única. Una guagua de nacionalidad boliviana, identificada como Mía Valentina, nacida el 14 de diciembre de 2021, falleció poco después de que sus padres lograran cruzar por el sector de Pisiga Choque.

Verónica Pérez, médico de turno del recinto asistencial de Colchane, explicó en un comunicado que la mamá llegó con la niña en brazos y solicitando atención. Pese a los esfuerzos y a realizar una reanimación cardiopulmonar, la niña pereció en el lugar, lo que podría estar ligado a una afección preexistente: hidrocefalia.

María, que viajó embarazada, dice que eso no la detuvo, y que aunque es un factor que aumenta la dificultad del trayecto, no es algo tan singular.

–No solo yo venía embarazada, otras también. Y muchas parieron en el camino. Cuando llegamos una había parido pasando –dice.

Yesenia Ramirez de 27 años, y madre de cuatro hijos, agrega que viajar con los niños es lo que te da fuerza para seguir caminando en medio del desierto.

–En la ruta se nos tiene que quitar el frío, la pena, el miedo, porque vamos con nuestros hijos, incluso el sueño, porque vienes con ellos, tienes que estar pendiente de lo que les pase –comenta.

–El perfil ha ido cambiando, nos dimos cuenta de que llegan personas que viven en situación de calle. Además de mayor presencia de ancianos, hay muchas mamás con niños pequeños, guaguitas. Una mamá nos contaba que durante el viaje se le habían congelado los pañales a su hijo. Es un drama gigante –explica Jaime Tocornal, Vicario para la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago.

Víctor Flores de la OIM agrega que han observado que “este flujo mixto de migrantes se ha ido haciendo más precario, más vulnerable. Si antes de 2019 había un 50% con estudios superiores ahora es menor a 20%”.

“En los últimos cuatro años hemos visto un aumento sustancial de personas muertas en las fronteras”, señala Alexis Torreblanca, vocero de la organización InfoMigra, dedicada a asegurar el derecho de acceso a la información y entregar asesoría gratuita a inmigrantes.

De acuerdo a sus registros, en 2021 murieron 25 extranjeros tratando de ingresar a Chile. De ellos 12 eran venezolanos, cuatro bolivianos, dos peruanos, dos colombianos, y los demás de Ecuador, Haití, República Dominicana o no identificados. Del grupo, siete tenían más de 60 años, había también una bebé de nueve meses y en promedio la edad de los fallecidos era de 45 años.

Las cifras de Carabineros difieren, el registro oficial señala que el año pasado fallecieron 21 personas al tratar de cruzar la frontera. Para Torreblanca esto no es extraño, pues no existe un criterio claro a la hora de incluir estos casos en un catastro, por lo que están solicitando por Transparencia las cifras completas. “Nosotros creemos que incluso las cifras son mayores. Al menos hay tres situaciones que hacen que, bajo ciertas circunstancias, las personas fallecidas no se contabilicen: El desminado de las fronteras, la trata y tráfico de personas y el tráfico de drogas.  Por esto creemos que es necesario que se transparenten estas cifras y se aborde esta situación, tanto desde la perspectiva humana como legal que le corresponde al Estado chileno”.

Pero ¿qué ocurre cuando alguien fallece intentando ingresar a Chile en la zona norte? El mayor Mario Palma León, Subprefecto Rural Fronterizo, explica que la primera reacción siempre es prestar auxilio a la víctima: “Los funcionarios verifican el estado de la persona, toman contacto de forma inmediata con personal de salud, para que concurran al lugar y puedan brindar una atención primaria de salud. Si lamentablemente la persona fallece o se encuentra fallecida, se debe aislar el sitio del suceso”.

El protocolo indica que luego deben informar al fiscal de turno de la fiscalía de Pozo Almonte para que un equipo, ya sea del Laboratorio de Criminalística de Carabineros o de la PDI, efectúe “peritajes al sitio del suceso y a la víctima”, señala el mayor Palma.

Según los expertos y varios migrantes, aunque en estas últimas semanas ha bajado un poco la tensión, la crisis no desaparece. “La militarización y todo lo que tenga que ver sólo con medidas expulsivas no resultan. Por la data que tenemos esto no ha provocado que las personas no ingresen por pasos no habilitados (…) Este tema debemos resolverlo de otra manera”, afirma Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante.

Pese al riesgo que significa entrar por un territorio tan inhóspito como la frontera norte de Chile ¿por qué siguen aumentando los ingresos irregulares en esa zona?

Los especialistas consideran que un factor decisivo fue el cierre de las Visas de Responsabilidad Democráticas (VRD) durante la pandemia. Este permiso fue implementado como una ayuda humanitaria por el Gobierno de Sebastián Piñera en abril de 2018, debido a la situación política en Venezuela.

Delfina Lawson, de Acnur, explica que “la VRD estuvo suspendida durante meses. Y obtener esas visas en los hechos era una tarea muy compleja, debido a las demoras, y los cierres de solicitudes, entonces la gente debió volver a solicitarla”.

Tanto la Contraloría como la Corte Suprema, ordenaron a fines del 2021 el restablecimiento de este tipo de permiso, pues no era plausible argumentar su suspensión debido al prolongado cierre de fronteras a causa del covid-19.

Aún sin la posibilidad de estas visas humanitarias, muchos venezolanos emprendieron viaje rumbo a Chile en estos últimos dos años. Javier García, alcalde de Colchane, confirma que el flujo migratorio desde ese país no ha cesado. “Se ha regulado el ingreso de personas de otras nacionalidades como bolivianos o peruanos, sin embargo los ciudadanos venezolanos, siguen ingresando por pasos no habilitados, ya que en su mayoría no cuenta con la documentación para ingresar de manera legal”.

Según la ley migratoria cualquier extranjero que ingrese al país puede autodenunciarse ante la policía y esperar a que llegue su orden de expulsión. En el intertanto la mayoría de ellos apela y solicita posteriormente una visa o la condición de refugiado.

David Vásquez, venezolano de 28 años que llegó a Chile en 2020 y logró regularizar su situación, considera que el alto flujo de sus compatriotas no permite distinguir los casos más urgentes.  “La gran mayoría viene sin un porqué, experimentando. Ese es otro dilema, todo el mundo tiene problemas, y los que realmente estamos necesitando este refugio, mientras estudian tu caso, no hay respuesta, está todo colapsado”, apunta.

La comisario de la PDI Ingrid Rivera Hermosilla explica que “el extranjero que está en condición de irregular puede hacer esta autodenuncia directamente a un policía o a través de nuestra página”.

Respecto a la nueva normativa de migración -cuyo reglamento se publicó el 12 de febrero pasado-, según los datos de la policía civil, desde el 3 de febrero y hasta el 1 de mayo, se han materializado 1.167 reconducciones, proceso que consiste en la reembarcación hacia la frontera de las personas sorprendidas eludiendo el control migratorio. La mayoría desde la macrozona norte, en Tarapacá y Arica y Parinacota. Además, entre enero y marzo han habido 13.928 denuncias –incluyendo las auto realizadas–.

Aunque su celular registraba una decena de llamadas pérdidas, tenerlo en silencio durante la noche impidió que Wendy Godefroy (36) se enterase de inmediato de la muerte de su padre. Su hermano, Walter, trataba de contactarla, pero fue su tía, que vivía en el mismo edificio que ella en Santiago Centro, quien acudió hasta su departamento para avisarle que hablara con él.

–Ahí me dijo que papá había muerto de un edema pulmonar agudo –relata.

Ricardo Vladimir Godefroy Araujo (69) falleció el 3 de febrero de 2021. El día anterior, un martes, cerca de las 18:00 horas, Wendy tuvo la última conversación con él para guiarlo de los pasos a seguir al llegar a Colchane.

Al igual que otros casos, fueron las condiciones del viaje las que pesaron en Ricardo.

–Cuando llegó a Perú le dijo a mi hermano que se sentía cansado y viendo las fotos, tenía los pies hinchados. Pasar por tantas fronteras, de Venezuela a Colombia, luego Ecuador, después Perú, Bolivia y Chile, todo por pasos no habilitados, entre que es puro caminar, que son kilómetros. Me imagino que también el cansancio fue muy duro.

La familia Godefroy Araujo había llegado a Chile con casi todos sus integrantes pues el único faltante era Ricardo. Wendy, quien lleva cinco años radicada en el país, dice que el cierre de fronteras y procesos administrativos fue el gran impedimento para traer a su padre de manera regular, como sí ocurrió con ella y sus parientes.

Incluso, por un momento, creyeron que el hecho de que la madre de Ricardo fuera chilena podría ayudar a su regularización–. Hablé con la PDI para saber si él podía venir por avión y entrar legal con los papeles de la mamá y me dijeron que no, y ahí decidimos por la manera en la que intentamos traerlo.

–Sabíamos que no era la forma correcta de hacerlo, pero la situación en Venezuela era muy mala, nos lo tocó traer porque la plata que le enviábamos ya no le alcanzaba para nada, ni para comida –declara.

La muerte de Ricardo se produjo en el tramo final del viaje entre Bolivia y Colchane. Habría tratado de dormir, pero ni ese poco descanso pudo ayudarlo con la fatiga. Al tratar de levantarse se desplomó, la debilidad que lo había atacado por días, finalmente, se lo llevó.

Una amiga de sus hijos que viajaba con él, y que lo conoció en Maracaibo –donde Ricardo vivía–, fue quien dio la alerta. Sus gritos de auxilio terminaron por hacer volver al “coyote”, quien ya había abandonado al patriarca de los Godefroy. Ahí, el hombre retornó, se echó el cuerpo a la espalda y lo dejó abandonado en Colchane, donde fue encontrado.

–Él solo no se podía venir, tenía que ser acompañado porque los ‘coyotes’ ven que te estás desmayando y les da igual, porque no les duele la persona que se está muriendo, lo mirarán y lo dejarán botado –afirma Wendy–. Me imagino que si hubiese habido un equipo de reanimación, lo tendría aún aquí conmigo.

El pago a esos que tramitan el viaje es costoso–. Te cobran harto, ahí eran 700 dólares que uno de repente no los tiene en el momento, y te piden la mitad de la plata en Colombia y la otra en Perú. Son dos personas. Te dicen que te darán comida, alojamiento, pero en realidad no es así, se pasa mucha necesidad.

Fueron cuatro años sin verlo, aunque conversaban todos los días por teléfono. El domingo anterior, 31 de enero, Wendy había ido a la Vega Central a comprar los alimentos favoritos de Ricardo. Fruta, verdura, algunos sabores salados, pues quería que él tuviera de todo al llegar a Chile. Su padre, hábil para los chistes, conversador, bueno para ayudar, quien estaba a punto de jubilarse después de trabajar décadas en el hospital psiquiátrico de Maracaibo.

–Todo fue muy fuerte. Terrible. Pero siento un pequeño alivió porque murió aquí. Si hubiera pasado en Venezuela no lo habría podido ver nunca de nuevo –confiesa.

Así como son varios los factores que confluyen en la crisis migratoria, también son varias las propuestas provenientes de la sociedad civil y agencias internacionales para tratar de abordar y resolver los principales problemas.

“Frente a situaciones excepcionales se deben pensar en respuestas excepcionales”, recomienda Delfina Lawson de Acnur pues “muchas veces las disposiciones para la migración regular no responden a las necesidades de los flujos mixtos como ocurre en este caso”.

Una alternativa, explica, es fortalecer los mecanismos de ingreso regular al territorio, por ejemplo, “mediante el otorgamiento de visas desde el extranjero; reactivar las visas democráticas, visas de reunificación familiar, desde afuera para que cuando la gente entre sea más fácil (…) Si la gente supiera que puede obtener una visa fuera del territorio chileno y conociendo los riesgos del ingreso irregular, la gente tomaría la visa”.

También plantea que desde la agencia de la ONU “siempre manifestamos la posibilidad de que la primera respuesta no sea en las fronteras, de que en vez de mantenerlos en Colchane sean trasladados de inmediato a un centro donde se les pueda dar la acogida que necesitan (…) a una ciudad donde haya mayor respuesta estatal”.

En ese sentido, enfatiza que la respuesta humanitaria “no puede ser a costa de las comunidades”.

A juicio del alcalde de Colchane, Javier García, falta mayor coordinación y trabajo con los gobiernos locales. Cuenta que el gimnasio techado, que era un espacio que dispusieron para la atención médica de migrantes, “no puede ser utilizado porque está en reparación. Hemos instalado una carpa en un sector cercano al consultorio, sin embargo, el viento es muy fuerte y causa problemas. No tenemos otros espacios disponibles. Falta inversión para enfrentar el tema de salud y el no contar con un SAPU, que hemos solicitado por muchos años, tampoco hace que tengamos los recursos y profesionales adecuados en número para atender la cantidad de migrantes que llegan diariamente y en cualquier horario”.

Desde el Servicio Jesuita Migrante, su presidenta, Waleska Ureta, apunta a que se debe “agilizar el proceso de recibimiento de refugiados, sin generar obstáculos”. Concuerda la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, Patricia Rojas: “Hemos planteado que hay que resolver varias cosas, primero los cuellos de botella en personas que ingresaron de manera regular y siguen esperando una respuesta definitiva y lo segundo, es trabajar en un plan consular que permita enfocarse en una reunificación familiar”.

Añade que a partir de eso se podrían entregar beneficios a quienes han ingresado por pasos no habilitados, pero que no presentan prontuario: “Hay que hacerse cargo de esas personas que ingresaron incumpliendo la normativa, pero bajo una situación de desesperación”.

Con todo, los expertos ponen sus expectativas en la formulación de la futura Política Nacional de Migraciones. La primera semana de mayo se dio inicio al camino para elaborarla, por lo que se han conformado mesas y reuniones entre distintos actores relacionados a la materia. Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, explica que la primera etapa buscará definir los lineamientos y objetivos de la iniciativa para que “sea una política de Estado, de largo plazo, y en ese sentido está siendo una convocatoria muy abierta”.

Enfatiza que no parten de cero ya que “hay acuerdos en temas fundamentales en los que queremos avanzar y en los que creemos que hay pisos suficientes”. Por ejemplo, menciona dentro de estos tópicos a “la gestión de frontera, que sea ordenada; que el ingreso tiene que ser por vías regulares; que se tiene que avanzar en un diálogo con otros países; que esté vinculada con el desarrollo productivo; en que no puede afectar la seguridad de los territorios”, entre otros.

La intención, dice, es que los lineamientos estén listos “dentro de este año, en septiembre o octubre”.

Para los migrantes, mientras tanto, la situación se mantiene compleja y dramática. Parte de esa realidad está incluida en el documental “Esperanza Sin Fronteras”, producido por el Arzobispado de Santiago, que se estrena el 18 de mayo, y recoge el trabajo que han desarrollado en Colchane, donde convirtieron la modesta capilla “Nuestra Señora de Los Dolores” en un albergue provisorio para ofrecer alojamiento en colchonetas y fideos con atún a los viajeros para pasar la noche.

“Tratamos de darles a esas familias una noche digna, porque desde que salen de Venezuela, es la dignidad lo que han perdido, porque les ha tocado dormir en la calle, comer comida vencida, que sacan de la basura”, señala Mauricio González, quién junto a Jazmín Sánchez, trabajan como voluntarios y profesores de los niños del pueblo.

En estas condiciones muchos de los que han logrado la travesía de entrar al país, se sienten decepcionados. “Nosotros teníamos el ‘sueño chileno’. A mí me habían dicho que aquí podría mejorar mi economía, vendí todas mis cositas, porque estaba en Ecuador, y me encontré con esto. Chile no es lo que esperaba, no cumplió con las expectativas que me dijeron”, comenta Norwish Castillo, vocera de los migrantes del campamento Lobito.

Fuente: The Clinic

Convencionales que visitan Antofagasta participaron en distintas actividades con personas migrantes, a quienes les explicaron las normas aprobadas que se encuentran en el borrador de nueva constitución de Chile. Entre las demandas más sentidas expresadas por los asistentes se encontraba el derecho a la vivienda.

La Convención Constitucional arribó el 16 de mayo a la Región de Antofagasta (norte), ubicada a 1.336 kilómetros al norte de Santiago, para presentar el borrador de la nueva constitución. En la zona, además, se encuentran sesionando las últimas comisiones del proceso; Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo. Por otro lado, los convencionales que no se encuentran en ninguna comisión están visitando distintos lugares de la región para reunirse con la ciudadanía y conocer sus inquietudes de cara a la última etapa del proceso constituyente. Este 17 de mayo, se desarrolló un encuentro y conversatorio con organizaciones migrantes y promigrantes, donde los convencionales dieron a conocer la propuesta de texto constitucional en el sector de La Bonilla, lugar donde se encuentran varios campamentos que nacieron por tomas de terrenos.

El director del Servicio Jesuita Migrante en Antofagasta, Fernando Guzmán, conversó con Sputnik para dar a conocer el panorama migratorio en la región: “Antofagasta no ha quedado exenta de la crisis humanitaria que se ha generado a partir de la pandemia, de los cierres de las fronteras y esto también se manifestó en llamada crisis migratoria”.

“Tras la entrada en vigor de la ley de migraciones en febrero de 2022, los flujos en la región disminuyeron significativamente, pero pudimos ver cómo la sociedad civil nos tuvimos que hacer cargo del abandono del Estado, es la realidad. El segundo semestre de 2021 fue bastante complejo, muchas familias migrantes varadas en los terminales de buses, en carpas, en ruca, en situación calle”, agregó.

Guzmán explicó que las familias migrantes han quedado sin empleos en la región producto de la pandemia y esto conlleva a que sean desalojados de las casas donde arriendan, lo que ha producido un incremento de campamentos en la zona.

La vivienda digna

Durante la segunda actividad con comunidades migrantes, los convencionales se dirigieron hasta el sector de Los Arenales, donde se encuentran 14 comités de vivienda y viven 2.700 familias, de los cuales el 80% de la población es migrante. Algunas de las preguntas que más énfasis hacían los ciudadanos a los convencionales giraban en torno a la vivienda y cómo quedó plasmado este derecho en el borrador de nueva constitución presentado por el pleno de la Convención el pasado 16 de mayo.

Algunas de las preguntas que más énfasis hacían los ciudadanos a los convencionales giraban en torno a la vivienda y cómo quedó plasmado este derecho en el borrador de nueva constitución presentado por el pleno de la Convención el pasado 16 de mayo.

Fue el 19 de abril que el pleno de la Convención aprobó el artículo 4 de la Comisión de Derechos Fundamentales que consagra que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.

Al mismo tiempo, el pleno aprobó el segundo inciso del artículo y que establece que “el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”.

Los convencionales hicieron énfasis que los derechos sociales aprobados por el pleno, si llegase a ganar la opción Apruebo en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, no se darán de un día para otro por estar sujetos a materias de ley y a las normas transitorias que se están discutiendo al interior de la constituyente para implementar la nueva carta magna.

Derechos para migrantes en la nueva constitución

Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, señaló a Sputnik que “hay normas que están plasmadas en la propuesta de nueva constitución, como, por ejemplo, el derecho de las mujeres, en la de los niños y la plurinacionalidad”.

Así mismo, Zambrano explicó que los puntos más importantes para los migrantes en la propuesta de nueva constitución tienen que ver con la libertad ambulatoria y la nacionalidad y ciudadanía. El primero señala que “toda persona tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, así como entrar y salir de este”. El segundo hace énfasis en que “las y los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años podrán ejercer el derecho de sufragio”.

Los artículos con respecto a migración son el derecho al asilo y el principio de no devolución. Este último señala que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a su país de origen. Zambrano explicó que la nueva constitución garantiza derechos políticos y sociales específicos a las personas migrantes, refugiadas y chilenas en el exterior. Además, señaló que las normas que destacan del borrador para los migrantes son el derecho a una vida libre de violencia de género, derecho al trabajo decente, derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, derecho a la libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y la educación.

Iquique: una situación urgente

Fue el 25 de septiembre de 2021 cuando unas lamentables imágenes dieron la vuelta al mundo. Esa jornada, un grupo de personas despojó a migrantes venezolanos de sus pertenencias y les prendieron fuego en las calles de Iquique, localidad ubicada 1.757 kilómetros de Santiago. Respecto a cómo han evolucionado los hechos en la ciudad de Iquique, Lorena Zambrano señaló que sigue tensa y “lamentablemente hay más muertes violentas. Por tanto, la situación conlleva una urgencia que se está comenzando a trabajar en las mesas interseccionales”.

“La solución no se da de un día para otro, hay que reconstruir toda la desorganización que dejó el Gobierno de Piñera y volver a reunir a todos los actores que nos conllevan a migración. Hoy dejamos de trabajar por separado e independiente de nuestras expectativas, se está trabajando por un bien común que es cómo proteger a la población migrante”, finalizó Zambrano.

Fuente: Mundo Sputnik

El pasado sábado 7 de mayo, el equipo del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Arica dio el vamos al proyecto Exploradorxs. Esta bonita iniciativa busca promover el reconocimiento de niñas y niños migrantes y refugiados como sujetos activos de derechos a través de espacios de encuentro presenciales y virtuales en donde puedan compartir sus experiencias, desarrollar la imaginación y encontrarse con otros y otras que estén viviendo procesos de vida similares. Este año SJM Arica trabajará con 20 niños y niñas de entre 7 a 12 años.

Para llevar a cabo el proyecto desde la virtualidad, el Programa Comunitario de SJM Arica, realizó previamente la entrega de 10 tablets con banda ancha de internet a niños y niñas que participan del proyecto, con el fin de brindar un apoyo y conexión para los encuentros virtuales, en el marco de trabajo conjunto que realizamos con la Subsecretaría de la Niñez.

Makarena Salvatierra, responsable del Programa Comunitario de SJM Arica subraya que el año pasado este proyecto fue un piloto y ya desde este año 2022, se integró a la línea de Niñeces que trabajará la fundación. A reglón explicó que “estamos muy contentos ya que a través de estos tablets se buscará fortalecer no solo a las niñas y niños, sino que a todo el grupo familiar a través del acompañamiento social y de la promoción del buen trato hacia la niñez, gracias a talleres online dirigidos a los madres, padres y cuidadores”.

El pasado 30 abril se llevó a cabo en el centro comunitario Oscar Romero del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Antofagasta, el primer operativo móvil de mesa jurídica de migración y refugio, instancia que fue coordinada por SJM.

En la cita, realizada entre las 11:00 y 17:00 horas, se atendió alrededor de un centenar de casos de personas migrantes gracias al apoyo de las nueve organizaciones de integran la mesa: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR); Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); el proyecto Intervención, Migración e Investigación (IMI) de la UCN; la Clínica Jurídica de la UCN; Fasic – Refugio; la Casa de la Diversidad de la Municipalidad de Antofagasta, y Corporación Migr-acción. Asimismo, la iniciativa conto también con el respaldo de Antofagasta Minerals (AMSA).

Camila Banda, responsable del área jurídica de SJM en la sede Antofagasta comentó que “en el operativo recibimos gran cantidad de consultas por temas de regularización, cómo iniciar el proceso para recibir refugio, también se nos preguntó por el acceso a derechos, y al registro social de hogares, además atendimos dudas sobre defensa penal y asuntos de familia, entre otros temas”.

La abogada precisa, que, respecto del refugio, “se consultaba en concreto, cómo realizar ingreso al procedimiento, debido a que las oficinas del Servicio nacional de Migraciones (SNM) acá en la región de Antofagasta, aún se mantienen cerradas, por lo que no hay información disponible para que comunidad migrante conozca este trámite tan importante en muchos casos, por ello las personas se acercan a nuestras instituciones ya que entregamos asesorías gratuitas para este tema”.

Este operativo móvil de la de mesa jurídica de migración y refugio de la región de Antofagasta se volverá a realizar en la capital regional el segundo semestre; igualmente en el mes de junio se realizará un operativo de la Mesa en la localidad de Mejillones, esta vez con la coordinación INDH Antofagasta.

La de mesa jurídica de migración y refugio nació en 2020 para impulsar el trabajo en red de instituciones pro migrantes, evitando la duplicidad de acciones en las distintas causas patrocinadas y facilitando la derivación entre las organizaciones participantes.

La Compañía de Jesús en Chile informa a la comunidad ignaciana, colaboradores y opinión pública en general, que el jueves 28 de abril se recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por hechos de connotación sexual. Tales sucesos habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad.

En forma inmediata se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) de la institución.

El Provincial de la Compañía de Jesús en Chile, P. Gabriel Roblero SJ, con fecha 2 de mayo decretó la apertura de una investigación previa canónica, nombrando a la abogada laica María Elena Santibañez a cargo de esta investigación.

La Compañía de Jesús dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que esta investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. Mientras se realiza la investigación canónica el Provincial dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal de Felipe Berríos.

Como Compañía de Jesús reiteramos nuestro compromiso para avanzar en verdad y justicia en el cuidado de las personas, así como el respeto al debido proceso y a la ley.

Cualquier otro antecedente puede ser dirigido al correo de la instructora mesantibanez@vgcabogados.cl o a la directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación, María de los Ángeles Solar, al correo msolar@jesuitas.cl

Fuente: Compañía de Jesús.

El porcentaje de extranjeros con empleo es mayor que el de los chilenos y es menor en labores informales. Acceder a las visas, homologar títulos y el temor a la autoridad complican la integración.

Un millón 960 inmigrantes con trabajo hay en Chile, de acuerdo a las cifras que la semana pasada hizo públicas el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que en su parte medular mostraba una mejora de los números de empleo.

Por primera vez, el número de extranjeros con trabajo en el país es de siete cifras, un alza que se venía dando constantemente en los últimos años. El hito anterior, el del medio millón, se había dado en 2017.

Para Manuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, “la cifra de ocupación de trabajadores migrantes en Chile es satisfactoria. Es más, la tasa de desempleo es inferior al que rige a la fuerza de trabajo. La población migrante logra encontrar empleo y lo que es importante es que su tasa de trabajo informal es similar a la chilena”.

De acuerdo a un estudio del Servicio Jesuita Migrante (SJM), con datos de la última Encuesta Casen, entre 2017 y 2020 disminuyeron las tasas de ocupación de la población migrante, de 75% a 68% y había aumentado la desocupación, de 8% a 10%, pero el dato relevante es que en ambos casos, presenta mejor porcentaje de ocupación que la población general en Chile.

Eso se explica porque “el carácter laboral es la motivación inicial de la migración y necesario para establecerse”, explica Juan Bravo en un estudio para la UDP, citado por el SJM, que también desecha la idea de que la informalidad laboral se centre en inmigrantes, pues las diferencias porcentuales no eran significativas (24% los extranjeros y 28% los chilenos).

El millón de trabajadores que se ha integrado a la fuerza laboral nacional no ha tenido, eso sí, una labor fácil. De acuerdo a Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la UDP, “el principal problema que tienen los extranjeros es obtener visados en los tiempos necesarios para acceder a un empleo. Muchas veces no son contratados o se ven forzados a trabajar en la clandestinidad”.

En este caso, agrega Lya Rojas, directora de Rojas Abogados, “se cometen abusos con los extranjeros que no se encuentran de manera legal, porque no pueden denunciar por miedo a ser deportados. Pero la ley protege al trabajador sin distinción de ser chileno o extranjero”.

La regla general de prohibición de cambio de categoría migratoria es muy perjudicial, pues incluso los obliga a viajar a su país a regularizar su situación, añade Francisca Vargas, quien señala que “esperamos que la autoridad actual pueda cambiar esto y las personas puedan buscar trabajo en igualdad de condiciones”.

Atractivo para trabajar pese a que no se ejerza la profesión

Desde que comenzó la etapa más reciente de la migración, hay un fenómeno que se repite con recurrencia: que los extranjeros tengan que trabajar en labores muy distintas, la mayoría de las veces de menor jerarquía, que la profesión que ejercían en sus países. Eso podría tener un remedio.

Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Manuel Hidalgo explica que “los extranjeros en ocasiones no logran trabajar en los rubros para los cuales tienen calificación técnica o profesional. Diría que un porcentaje significativo se ocupa en rubros para el que está sobrecalificado”. El vocero indica que esto se debe a “las dificultades económicas y también de tiempo como para poder convalidar los títulos. Este era un proceso costoso que solo hacía la Universidad de Chile, pero entiendo que una nueva ley abrió esta función a otras universidades”.

Según el estudio de SJM, aunque se da una mayor participación laboral porcentual en migrantes que en chilenos, “los ingresos en la ocupación principal disminuyeron 14,3% para trabajadores migrantes entre 2015 y 2020, mientras que para chilenos se incrementaban 23,1%”, lo que se debería “al aumento de la fuerza laboral migrante con educación superior que no pudo acceder a empleos acordes a esas calificaciones”.

De todas maneras, asegura Hidalgo, aunque “Chile ha tenido una baja en la generación de empleo y se percibe que es difícil encontrar un buen trabajo”, sigue siendo un destino atractivo para radicarse y trabajar. “Sí se percibe que hay menos informalidad que en otros países y una institucionalidad laboral y de derechos sociales, pese al neoliberalismo imperante. Y la otra ventaja es la diferencia cambiaria, porque aunque se reciba un sueldo mínimo de 350 mil o 400 mil pesos, eso es cerca de 450 dólares, y si un migrante envía 100 o 150 dólares a Ecuador, Colombia, Venezuela, principalmente, tienen allá una importante capacidad adquisitiva”, cierra Hidalgo.

Rita Lages de Oliveir: “El racismo en Chile no parte ahora, es estructural”

Abogada, académica F. de Derecho U. de Chile, miembro del C. Directivo de Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas.

¿Ha ido cambiando la percepción de los chilenos respecto de los trabajadores inmigrantes? Cuando un país se enfrenta a un aumento de la migración, en un primer momento la actitud es defensiva, con una narrativa racista y xenófoba, pero a medida que la gente conoce los beneficios de una sociedad diversa racial, cultural, etc., las actitudes pueden cambiar. Para mejor.

¿Cuál es la labor del Estado? El racismo en Chile no parte ahora, es de mucho antes, estructural. La migración solo visibiliza discursos racistas que ya estaban gestándose internamente. Se deben involucrar ministerios, desde Educación a Desarrollo Social, y otros, e introducir una cultura de derechos. Los Derechos Humanos también son para los migrantes, ya sea en su calidad de trabajadores, estudiantes u otros.

¿Son valorados? Los migrantes tienen más años de escolaridad que los nacionales, eso hace que los trabajadores migratorios puedan ser una mano de obra bastante productiva y positiva para el mercado nacional, que demanda por esa mano de obra necesariamente ocupada por personas extranjeras, dado el vacío que pueda existir en el mercado laboral interno.

Fuente: Publimetro

Director del Servicio Nacional de Migraciones reconoció limitación de capacidades para abordar estas tramitaciones, aunque anticipó rediseño en los procesos.

‘Tenemos una capacidad limitada para procesar las solicitudes’, afirmó ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, al referirse a la lenta tramitación y aprobación de los requerimientos de refugio por parte de migrantes.

Según datos del Ministerio del Interior, del cual depende el Servicio Nacional de Migraciones, desde 2012 a la fecha se registran 22.607 solicitudes de refugio (100%). Del total, solo 634 corresponden a otorgamientos (2,8%), mientras que 13.753, a rechazos (60,8%), y 8.220 figuran como pendientes (36,4%).

Durante la sesión en la Cámara, Thayer agregó que el servicio cuenta con ocho abogados que cumplen con las entrevistas para resolver la aplicación de refugio. Una limitante que, sostienen en el servicio, obliga a evaluar la pertinencia de la aplicación de esta medida a extranjeros que por diversas causas temen ser perseguidos y cuya seguridad o libertad se encuentre amenazada, según dicta la Ley 20.430 sobre la materia.

Respecto de la política actual de refugio, el director del Servicio Nacional de Migraciones afirmó que esta se mantendrá en base a las capacidades de procesar estos requerimientos. ‘De otra forma, lo que estaríamos haciendo es ser poco responsables con la política de refugio. No podemos abrir urbi et orbe solicitudes de refugio, si no tenemos capacidad real de ofrecer protección a las personas. En este punto, es fundamental establecer criterios colectivos con nuestros países vecinos’, dijo.

De acuerdo a datos del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, entre 2012 y 2021 de cada 100 solicitudes de refugio se reconocieron a 2,9 refugiados/as. Mientras que entre 2020 y 2021 se ha reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes. Un panorama que aborda Pablo Roessler, jefe del Área de Estudios del Servicio jesuita a Migrantes (SJM). ‘La institucionalidad en temas de refugio es uno de los puntos que deben fortalecerse: en los últimos años las cifras de reconocimiento de refugio bajan muchísimo y las de rechazo aumentan exponencialmente, lo que preocupa en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria. Ello no aporta en la construcción de vías regulares para personas que requieren protección’, expresó Roessler.

El SJM encabezó recientemente el lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que como primera medida inició el monitoreo de la nueva Ley de Migraciones y el impacto que pudiera presentar en la vida cotidiana de migrantes. ‘Un principal énfasis se encuentra en la situación de las personas que requieren protección internacional. Para ello vincularemos evidencia sólida con las experiencias y voces de las mismas comunidades migrantes y refugiadas residentes en Chile’, agrega Roessler. Este centro de análisis organizado por SJM cuenta con la participación de una serie de universidades y el patrocinio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Chile y la embajada de Francia en el país. Además se ejecuta en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven).

A fines de abril, durante la presentación del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, Thayer reconoció el rezago en la tramitación de visados. ‘Hoy nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo’, explicó.

‘Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio es poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos. Porque hay temas de gestión y también temas de criterio en términos de la tramitación de los documentos. Hay definiciones políticas que pueden retrasar o no la tramitación de las visas (…). Tenemos un cuello de botella. Nosotros tenemos 500 mil solicitudes en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad para estas personas’, precisó, en aquella ocasión, el director del Servicio Nacional de Migraciones.

Recuadro

“Hay incentivos muchas veces perversos que generan que el refugio sea también puerta de entrada para la regularidad de personas que no requieren protección internacional’. LUIS EDUARDO THAYER, Director Servicio Nacional de Migraciones

Las solicitudes procesales de residencia permanente tienen en Chile un retraso procesal de 24 meses. Nos parece discriminatorio esperar ese tiempo para solicitar un visado’. PATRICIA ROJAS, Asociación de venezolanos en Chile.

Fuente: El Mercurio

El día miércoles 27 de abril se dio el vamos al segundo año de intervención del Programa Migración y Escuela (PMyE) de la región Antofagasta, en el Liceo Politécnico Los Arenales.

En esta instancia, que contó con la participación de aproximadamente 50 estudiantes y el equipo docente, se recordó el objetivo del Programa, el trabajo realizado durante el 2021, las acciones por desarrollar el presente año, y se entregó material informativo para la población migrante.

“Este espacio nos permitió reactivar el vínculo con la comunidad educativa y ver de cerca el interés por parte de estos/as en la construcción de escuela intercultural, entregando incluso ideas y propuestas de acciones que desde sus distintos roles aportarían a ello. Aspecto que sin duda como Programa nos llena de motivación para continuar potenciando la labor del Liceo en su interés por educar desde el enfoque intercultural”, explica Linda Castro, profesional de PMyE.

La experta agrega que esta importante labor es posible gracias al apoyo de Fundación Colunga y Fundación SM y que la intervención este año “va orientada a la generación de prácticas y acciones que aborden los desafíos asociados a la diversidad cultural y a la migración identificados el año pasado en el diagnóstico participativo realizado con cada uno de los estamentos”.

Todo ello en el marco del gran objetivo de potenciar el trabajo de las comunidades educativas en torno a la construcción de escuelas interculturales, en el contexto migratorio actual. “Como SJM buscamos que las comunidades educativas eduquen desde un enfoque intercultural que fortalezca acciones para la no discriminación y la inclusión de estudiantes y familias migrantes, dentro y fuera del espacio escolar”, sentencia Castro.

ÉXODO. A través de la reciente implementación del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana que encabeza el Servicio jesuita a Migrantes, y en que participan casas de estudios, ACNUR y organizaciones sociales de extranjeros, entre otros.

El fuerte aumento de extranjeros residentes habituales en el país, cuya población entre 2002 y 2020 se ha multiplicado de manera exponencial al pasar de 187 mil a 1,4 millón de habitantes, cuenta a partir de febrero pasado con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones y Extranjería para regular los deberes y obligaciones de los migrantes en el país.

La implementación de la nueva norma, que reemplazó a la de 1975, se ha puesto en marcha junto a un reglamento que permitiría afrontar la agudización de la crisis migratoria en la frontera norte. Esta nueva regulación migratoria surge además como la primera iniciativa que comenzará a monitorear a partir de este mes el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana. Una iniciativa que encabeza el Servicio jesuita a Migrantes (SJM), junto a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado (UAH) y Universidad Arturo Prat (UNAP). Además el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Chile y la Embajada de Francia en el país han brindado su patrocinio a esta iniciativa, que se ejecutará en alianza con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Infomigra y la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven).

“Felicito a las autoridades de las instituciones por poner a disposición recursos para esto, recursos humanos, materiales y de cualquier tipo porque es un esfuerzo de institucionalización de un instrumento contralor, como este, desde el punto de vista de la sociedad civil, creo que es una innovación, por lo menos en materia de migración, que no conocíamos en este país. Además como servicio nos sirve para ir ponderando y midiendo, esperamos con una mirada crítica el trabajo que vamos realizando. Activar mecanismos de control de las autoridades y de contraloría social, podríamos decir, me parece que es un instrumento que está poco desarrollado acá en Chile y que debiéramos potenciar más”, señaló el jueves pasado el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien participó del lanzamiento del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, que se organizó a través de una plataforma digital.

En la ocasión, Thayer además reconoció el “cuello de botella” generado por las solicitudes de visado. “Hoy el Servicio está entregando permanencias definitivas que fueron ingresadas como solicitudes hace dos años. Nos estamos demorando dos años en tramitar una permanencia definitiva; y aproximadamente uno en tramitar una visa temporal. Eso implica para las personas precariedad, porque los deja en un limbo. Una de las primeras acciones que hemos tomado al interior del servicio, es justamente poner a los equipos a trabajar en eso, en un rediseño de los procesos (…) Nosotros tenemos 500 mil solicitudes (de visas) en trámite. Esas 500 mil personas están en una situación de limbo, ni regulares ni irregulares. En la práctica no hay reconocimiento de la sociedad a estas personas para arrendar, muchas veces les cuesta acceder a contratos de trabajo”, agregó.

Además, según datos aportados por el SJM durante la presentación sobre solicitudes y reconocimiento de refugios, entre 2012 y 2021 a nivel país de cada 100 solicitudes se reconocieron 2,9 refugiados/as. Mientras, que entre 2020 y 2021 se han reconocido a 26 personas como refugiadas y se han rechazado 5.151 solicitudes.

Otro de los aspectos centrales abordados por los participantes del encuentro consistió en los efectos de la política migratoria implementada en los últimos años en el país. Para Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), la gestión migratoria bajo la ley antigua ha generado un impacto negativo en la convivencia. “Sobre todo en las ciudades y regiones del norte y definitivamente todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto se revierta, que la percepción pública de la migración no sea la negativa que actualmente estamos viviendo, porque esto en nada va a beneficiar a la sociedad chilena”.
FRONTERA NORTE

Fernando Guzmán, director del SJM en la Región de Antofagasta, expresó que el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana se ha puesto en marcha como un proyecto que permitirá aportar insumos desde regiones del norte del país ante la implementación de la nueva Ley de Migraciones. “En la Macro Zona Norte, en general, ha tenido mucha visibilidad el tema de la migración, en especial debido a diversas situaciones originadas debido a la crisis humanitaria. Como personas pernoctando en situación de calle, también algunos incidentes lamentables de crímenes en que han estado involucradas personas migrantes, pero sabemos que esta no es la norma, ni la generalidad”, dijo.

“En este contexto, el contar con la posibilidad de consultar y estar en diálogo directo, que es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo de la promoción de derechos de las personas migrantes, para saber cómo está impactando en su vida cotidiana la implementación de la nueva ley, va a ser clave para estar aportando y tratando de ir nutriendo la información del Servicio Nacional de Migraciones”, agrega Guzmán. La plataforma digital del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana sostiene que la entidad busca generar una orgánica que analice, incida y proponga en las políticas públicas en materias de movilidad humana. Para esto se dispone como base de evidencia internacional y nacional, considerando sobre todo la voz, experiencias de las y los migrantes y refugiados que viven en el país.

Para participar de este proceso no se necesita Rut, en una consulta que se ha definido como anónima y confidencial y se puede responder desde cualquier dispositivo a través del siguiente link: https://www.observatoriomigraciones.cl/consultas/, que se encuentra disponible en línea desde el 21 de abril en adelante, hasta el 31 de mayo.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta