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ESTADÍSTICA. Datos otorgados por Fiscalía Regional, evidencian una mayor incidencia de extranjeros en delitos relacionados con la Ley 20.000, además de otros de connotación mayor, según causas ingresadas desde el 2017. No obstante, siguen ponderando los delitos cometidos por nacionales

Tras el aumento sostenido que experimentó la presencia de extranjeros en delitos de la región (un 30%), según cifras entregadas por Fiscalía Regional de Antofagasta, respecto de las causas ingresadas al servicio desde el 2017, para chilenos y extranjeros, diversas autoridades, actores locales y académicos de las principales casas de estudios de la ciudad, manifestaron como, pese a las cifras, es necesario seguir viendo la crisis migratoria, considerando las múltiples aristas que tiene esta problemática.

Según los datos, la preponderancia de los chilenos dentro de crímenes en la región, bajó a un 70,4% en los últimos cinco años; en 2017 se mantenía sobre el 91%. Ese mismo año, las causas ingresadas a Fiscalía donde participaban extranjeros fueron 3.294, y desde entonces, suman más de 10.178 causas, pasando de una presencia en delitos del 8,6% al 29,6% en 2022.

Una problemática con varias aristas, que no hace más que retratar las diversas necesidades y consecuencias que tiene la crisis migratoria actual en Chile y donde niños que deberían estar protegidos por los acuerdos internacionales, terminan cruzando el desierto junto a sus padres, después de viajar cientos de kilómetros como polizontes de algún camión o bus ilegal. Sin duda un tema que más que debatir, necesita soluciones.

“Antofagasta es de aquellos que vienen a aportar y no a delinquir”

“Es preocupante las cifras y el aumento de delitos, tanto en chilenos como en Extranjeros; se logra desmitificar el estigma del que “el extranjero viene a delinquir”. Ahora bien, la percepción de la comunidad es diferente, y guarda relación con la crisis migratoria y la cantidad de ilegales que cruzan las fronteras, el descontrol de personas en situación de calle, delitos que han sido de connotación pública y diferentes al que estábamos acostumbrados y una cruda realidad en las esquinas de las calles de nuestra comuna, donde los vemos, limpiando vidrios y pidiendo monedas junto a sus hijos. La nueva ley de migración nos permitirá controlar el ingreso y evitar que personas ilegales, con antecedentes , ingresen a nuestro país”.

Luis, Aguilera,, concejal RN, Antofagasta

“La mayoría de los delitos estuvo ligado a la pandemia”

“De acuerdo con Subsecretaría de prevención del delito y la tasa anual de casos policiales de mayor connotación para la región de Antofagasta, se puede observar que ésta ha disminuido desde 3.659,4 en 2017 a 2.135 en el año 2021, mismo período en el que ha aumentado la inmigración en la región. Se muestra que la categoría que más ha aumentado en los migrantes es la de “otros hechos y faltas”; en 2020 esta categoría agrupó un 72% de los delitos por los cuales los extranjeros se vinculan con el sistema penal, y de éste un 48% estuvo relacionado con infracciones a las normas sanitarias, es decir, ligadas a la pandemia del Covid-19 y no a delitos de mayor connotación social. Otro punto importante, es que dentro de las categorías delictivas se encuentran las entradas por pasos no habilitados (IPNH), pero hay que contabilizar también que existe un importante porcentaje de autodenuncia entre los migrantes, alcanzando un 30,1% del total de denuncias. Desde nuestra óptica se debe ser cuidadosos y abordar estos hechos generando políticas adecuadas y establecer un proceso de ingreso que sea ordenado y legal”.

Waleska, Ureta,, directora, nacional, del SJM.

“Hoy los datos muestran que no estábamos tan equivocados”

“El 2016 fuimos a La Moneda a entregar una carta a la ex presidenta Bachelet, en la misiva exponíamos los delitos que se estaban cometiendo en la región por delincuentes extranjeros, si bien es cierto, en esa época la estadística para la autoridad de turno era insignificante, en comparación con los delitos cometidos por chilenos, estos eran de gran connotación social, generando un aumento en la sensación de inseguridad de la comunidad. Buscábamos ser escuchados. A 6 años y con estadísticas delictivas y antecedentes actualizados, dados a conocer por la fiscalía, podemos decir que no estábamos equivocados frente al nulo accionar de las autoridades de ese entonces. Merecemos vivir en una región más segura y mejor”.

Fabián, Ossandón,, fundador, Antofa Segura

“No tenemos un sistema unificado que nos permita identificarlos”

“Uno de los problemas que tenemos nosotros como investigadores, son las conexiones internacionales con otros países, primero porque no sabemos si ese migrante se llama como dice que se llama, segundo porque cuando son expulsados del país, después entran por la puerta trasera. Si a mí me llama un fiscal de Colombia y Venezuela, lo que sea, preguntando por Alberto Ayala, porque está detenido en cualquiera de estos países, a mí me basta meterme al sistema chileno para tener toda la información de Alberto Ayala, y en 30 minutos o antes, yo tengo toda la información. Nosotros tenemos una unidad internacional donde tenemos que darnos toda una vuelta para conseguir esos datos y en menos de 24 horas”.

Alberto, Ayala,, fiscal regional Antofagasta

“No se puede estigmatizar a la población migrante así”

“Los datos dan cuenta de un aumento de la criminalidad en la región. Estos guarismos a lo más se acercan a un 30% de presencia de extranjeros/as en delitos, lo cual ya se va haciendo significativo. Sin embargo, no podemos presumir variables causales: más delitos más extranjeros, porque se requiere más investigación que analice en profundidad la crisis humanitaria-política migratoria, por una parte, y el fenómeno de la delincuencia por otro. Los medios y los actores locales no pueden estigmatizar a la población migrante de esa manera, porque en su mayoría viene a trabajar, no a delinquir. Y esto sería aplicable a los/as chilenos/as que fuimos inmigrantes también y que no teníamos conductas delictivas. Me parece que lo que sí es observable es la aparición de delitos cruentos, que no se habían visto en nuestra “tradición criminalística”, y ahí se podría concordar con el fiscal Ayala, de que culturas más violentas reproducen esas practicas fuera y dentro de los países de orígenes. Los datos tampoco dan cuenta de una presencia significativa de la población venezolana, pero sí boliviana, lo cual también amerita un análisis profundo. Particularmente creo que en el país falla un buen servicio de inteligencia que sea capaz de cartografiar los carteles de narcotráfico y trata de gente dentro y fuera del país”.

Francis, Espinoza,, Académica UCN

“Es un fenómeno complejo, con diferencias entre los migrantes”

“Chile es un país que nunca ha estado preparado para la gran cantidad de extranjeros que han llegado, pese a ser un país que recibe inmigrantes, recibimos a los chinos, a los peruanos, los bolivianos, y nunca tuvimos mayores problemas. Hasta el día de hoy, aquellos que vienen a llegar han comenzado a trabajar y a dar trabajo, no así como con aquellos extranjeros de las últimas olas, donde hemos visto mayores índices de delincuencia. Hoy estamos viendo un extremo en cuanto a la migración, un cambio que ha sido brutal . No estamos preparados para recibirlos a todos . Y más cuando hay gente que viene a puro delinquir”.

Ignacio, Pozo,, concejal PR, Antofagasta

“Tenemos que trabajar esta crisis con el nuevo gobierno”

“Hemos hecho un seguimiento con Carabineros respecto del impacto de la delincuencia en nuestra región. Estamos en las mismas cifras más menos de antes del estallido social Y si bien no es que los migrantes cometan más delitos que los ciudadanos chilenos, lo que sí ha impactado es la intensidad del delito. Son delitos de mayor intensidad, mayor connotación pública y eso sin duda que genera una mayor sensación de inseguridad. Tenemos que ir trabajando con el Ministerio del Interior del próximo gobierno, en medidas que aseguren mayor presencia de las policías, pero también en la recuperación de los distintos espacios públicos”.

Ricardo, Díaz,, gobernador Antofagasta.

Fuente: El Mercurio de Antofagasta.

En conversación con The Clinic, la directora social del Servicio Jesuita a Migrantes repasa parte de su primer año en el cargo. Además analiza el actual panorama en la macrozona norte y releva la importancia darle celeridad a la búsqueda y aplicación de soluciones a la situación migratoria: “Cada día que nos demoramos en presentar soluciones robustas, de calidad, vamos a tener un discurso aun más fuerte en contra de la inmigración”, asegura.

El pasado 11 de enero Valentina Latorre cumplió un año como directora social del Servicio Jesuita a Migrantes(SJM). Le tocó asumir en un periodo particular y complejo. Recién llevaba 3 semanas en el cargo cuando la crisis humanitaria en Colchane estalló mediáticamente en febrero del 2021.

“La crisis “sin precedentes” de la pequeña Colchane, el pueblecito chileno que tiene más migrantes que habitantes”, titulaba al BBC al mundo para referirse al embotellamiento de cientos de migrantes que quedaron varados en la zona fronteriza sin la posibilidad de seguir desplazándose.

El año 2021, principalmente en la zona norte del país, lejos de apaciguar la compleja situación registró otros hitos lamentables: Ciudades colapsadas, migrantes caminando por el desierto intentando salir de Colchane, aviones desplegados por el gobierno para la repatriación, desalojos de campamentos, conflictos en Iquique que culminaron en una marcha antimigración que incluyó la quema de carpas y coches en una hoguera y la viralización de la golpiza de un grupo de inmigrantes a carabineros que reavivó las protestas, solo por nombrar algunos ejemplos.

Consciente del complejo panorama y de que hoy la población migrante en Chile se encuentra en un estado de “emergencia permanente”, Valentina dice que prefiere mirar el vaso medio lleno a la hora de proyectar su segundo año en el cargo.

Asegura que trabajar en la institución en este momento es “un regalo”, ya que desde allí se puede aportar “con todos los conocimientos que la institución tiene a poder dar atención en términos masivos e ir rompiendo estereotipos”.

-El conflicto en Ucrania movilizó un poco la agenda con respecto a la situación en Colchane ¿Ustedes tienen algún registro del panorama actual en la zona?

-Sí, efectivamente. Tuvimos hace una semana una visita a la frontera en Colchane. La verdad es que la situación continúa viéndose bastante compleja y sin tener las consideraciones y las soluciones que se hacen tan necesarias en estos momentos para abordar la crisis humanitaria.

-¿Qué pudieron analizar concretamente en estas visitas?

-Lo primero es que hoy la gran mayoría de personas que llegan, y tal como ha sido durante todo el 2021, son personas que no lo hacen por gusto o porque quieran cometer algún delito. Son personas que arriesgan su vida para obtener seguridad, poder sobrevivir en Chile, o poder reunirse con familiares y encontrar trabajo. Desde el Servicio Jesuita a Migrantes creemos en una migración segura, regular y ordenada, pero en esto no solamente podemos abordar un enfoque seguritista. Es relevante que entendamos las múltiples dimensiones. Las familias que están llegando son familias que requieren, quizás, un abordaje humanitario en términos de ayuda, pero también son familias que deben estar en situación regular para poder incluirse en la sociedad de acogida y para poder ejercer sus derechos.

-Hace poco tiempo el SJM expuso en la Convención Constituyente ¿Allí entregaron estos mismo planteamientos?

-Sí, efectivamente. Creemos que es fundamental y lo mencionamos ahí y lo mencionamos en todas las instancias en las que tenemos la posibilidad de aportar miradas, que esto debe incluir la perspectiva de DDHH y que es muy importante confiar en la sociedad de acogida. Aquí somos conscientes de que las personas que viven hoy en la macrozona norte y que reciben a esta población les ha tocado difícil. Han tenido un abandono de parte del Estado. Ellos ven sus espacios públicos ocupados, ven un deterioro en la convivencia, ven su cotidianidad afectada. Pero en la medida en la que la migración, y especialmente la irregular, no se aborde contemplando esto y que una persona que no tiene rut no puede trabajar, no puede arrendar, vamos a continuar viviendo esto desde el conflicto, desde el desencuentro y desde una sociedad acogida que con justa razón está cansada del abandono.

-A su jucio ¿Qué medidas son las que se debiesen implementar urgentemente en la zona Norte?

Primero creemos que tiene que haber un control de fronteras que se haga cargo de identificar quiénes son las personas que están intentando entrar a Chile. Esto porque nos permite, por un lado, revisar antecedentes, pero también nos permite tener claridad de en qué forma pueden aportar al desarrollo de Chile. Esto no es menor porque vemos gremios en los que hay necesidad de empleo, vemos que hay muchos lugares en los que la población podría ser bien acogida e incluida y la única manera en la que vamos a tener claridad de quiénes y cuántos son es con un control fronterizo que sea robusto y que nos permita abordar el ingreso desde la perspectiva de Derechos Humanos.

–¿Y segundo?

-Lo segundo es poder escuchar de una vez por todas a las autoridades locales. Las autoridades locales en la macrozona son quiénes son más expertas y expertos en lo que está sucediendo porque lo ven en lo cotidiano.

También es importante pensarlo desde la intersectorialidad que tiene esta situación, pensando en que aquí todos los ministerios tienen cosas que aportar y tienen que ser incluidos en la búsqueda de soluciones para la inclusión efectiva de las personas migrantes y refugiados al país, porque esto no solamente se soluciona desde el control de fronteras. El rol que tiene, por ejemplo, el tema de multilateralismo el próximo gobierno es clave, cómo lo abordamos a nivel regional, cómo nos damos cuenta de que no basta con la política que pueda hacer un país por sí solo, aquí estamos abordando una crisis en Venezuela en las que ya son seis millones las personas que han salido del país. En Chile vemos que los ingresos por pasos no habilitados pasaron de 16 mil en 2020 a 56 mil en 2021. Son 40 mil personas más de las que tenemos registros las que han hecho ingreso por pasos no habilitados.

-Hablamos de la sociedad de acogida ¿Cómo se superan los roces que han habido?

Hay que reconocer y enfrentar los conflictos que han surgido en ciudades como Iquique, como Colchane. Las personas migrantes ya representan cerca del 10% de nuestra población. Están presentes en nuestros barrios, compartimos espacios, compartimos la vida. Una buena convivencia y una inclusión efectiva pasa necesariamente porque va a haber un cambio en la sociedad receptora, y en esto hay recomendaciones internacionales que son bastante claras y no es necesario inventar la rueda. Una persona que es incluida con su regularidad en el espacio común es una persona que, probablemente, no significa un problema para la convivencia. Las recomendaciones internacionales son muy claras en torno a que no se deben usar como primera alternativa, por ejemplo los campos de refugio, sino que es importante incluir a la sociedad que viene llegando en la sociedad de acogida.

-¿Eso para evitar la segregación?

-La meta no es otra que erradicar los discursos y prácticas racistas-discriminatorias que se dedican a estereotipos y prejuicios, y para esto tenemos que encontrarnos, tenemos que conocernos y tenemos que trabajar en conjunto.

-Con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania da la sensación de que los chilenos nos conmovemos mucho, por ejemplo, con lo que está pasando allí en torno a los refugiados, pero cuando esto pasa en Colchane es otra la disposición, ¿No es así?

-Yo creo que es muy relevante analizar la crisis humanitaria que nos toca vivir en el país como una crisis que se da a nivel global. Hoy lo que nos afecta en Chile es una situación con especial cuenta que se vive en Venezuela, pero en unos años más, probablemente, nos toque ver una crisis humanitaria en torno a la crisis medioambiental que estamos viviendo. Y esto va a seguir sucediendo. Lo que vemos en Chile con la macrozona norte, lo vemos en el caso de una guerra hoy en Europa, lo vemos con mucha fuerza en Asia y es relevante que la mirada que tengamos para abordarlo sea una mirada íntegra, una mirada que busque una incorporación de los DDHH, de la inclusión. Hoy estamos en un marco global de movimiento, de desplazamiento de personas, en la gran mayoría desplazamientos forzados.

-Te pregunto eso también porque en los portales se destacó una noticia en la que una periodista europeo que decía “ estos no son refugiados de Siria. Son refugiados de la vecina Ucrania”, algo así era la cuña. ¿Existe una especie de esa segmentación del refugiado?

-Un dato relevante que destacó el SJM en 2021 es que las personas migrantes en Chile que se sienten discriminadas, en su gran mayoría, no se sienten discriminadas por ser de una nacionalidad distinta, sino, como primer motivo, por su apariencia física; como segundo motivo por su condición económica y como tercer motivo por su color de piel. Evidentemente, eso tiene que ser un llamado de atención también para la sociedad de acogida porque no se sienten discriminados por ser migrantes, se sienten discriminados por otros elementos que evidentemente nos hablan de ciertos males sociales. Tenemos que ser capaces de cambiar la mirada y efectivamente apostar por una sociedad en la que todos y todas tengan cabida.

-¿Cómo desde el SJM enfrentan la xenofobia?

-Desde la SJM tenemos una apuesta por la construcción de una sociedad intercultural más humana, más acogedora. Para eso no solamente vamos a plantear soluciones en materia de la población que viene llegando, las personas migrantes y refugiadas, sino que también buscamos promover las instancias de sensibilización a instituciones, a colegios, a municipios. Lamentablemente se ha configurado un discurso que ha sido sistemático y calificado de corte racista para con la población que viene llegando y vemos que ha pasado tanto tiempo sin que se generen soluciones que efectivamente aborden la problemática, que eso cada vez va a aumentar más. Es muy importante que seamos súper conscientes de que cada día que nos demoramos en presentar soluciones robustas, de calidad, vamos a tener un discurso aun más fuerte en contra de la inmigración. Esto es una bomba de tiempo y vimos en febrero pasado que la olla a presión se abrió.

-Quedan un par de días para que asuma un nuevo gobierno ¿Cómo ves las señales que se han dado en torno al tema migratorio?

-Creemos que cualquier cambio de administración es una oportunidad de poder juntarnos en la mesa, no solamente desde las organizaciones migrantes y pro-migrantes, sino también desde las autoridades locales que es algo que ya se ha visto, por ejemplo, a la futura ministra del Interior haciendo. Creemos que hay muchas cosas que es posible abordar de manera rápida, por ejemplo, situaciones administrativas que hoy vemos en torno a los visados, a las permanencias definitivas. Esas cosas se pueden hacer sin grandes complejidades. Esperamos que puedan abordarse prontamente, y desde el SJM estamos a total disposición del próximo gobierno para poder trabajar en conjunto y para poder apoyar en la crisis humanitaria que estamos viviendo.

Fuente: The Clinic

El objetivo es contribuir con que estos espacios para que reúnan ciertas condiciones mínimas que aseguren el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes. La actividad contó con la presencia de jefa regional de Tarapacá de SJM, Pilar Valencia.

El Juzgado de Familia de Iquique se reunió con Carabineros y organizaciones internacionales, con el fin de mantener y reforzar el monitoreo de la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, que se encuentran en el albergue levantado en el sector de la playa Lobito.

Según el Poder Judicial, la jueza presidente del tribunal, Patricia Seguel Muñoz, informó que el objetivo del encuentro fue conocer la actual situación del refugio temporal ubicado en dicho sector, ante la mantención del flujo migratorio en la región.

“El objetivo es mantener un trabajo de coordinación que está establecido desde hace tiempo con el tribunal y las instituciones internacionales, el delegado presidencial y Carabineros, con miras a establecer un refugio que cuente con estándares mínimos de garantía y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y en especial de los niños, niñas y adolescentes en dicha condición”, afirmó la magistrada.

En la reunión se abordaron diversas temáticas como el acceso a la alimentación, salud, condiciones de habitabilidad y el apoyo facilitado por las organizaciones, acordando desarrollar a lo menos una reunión mensual para revisar avances y eventuales problemáticas.

La magistrada Seguel Muñoz recordó que durante lo que va del año, el tribunal y el comité de jueces han estado trabajando en la elaboración de estándares mínimos que deben tener los albergues que reciben población migrante, refugiada y/o solicitante de asilo.

“El objetivo es poder contribuir con que estos espacios reúnan ciertas condiciones mínimas que aseguren el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que por distintas razones deban acceder a estos lugares”, dijo.

“La idea es que sirva de orientación, apoyo, guía para todas las personas que están trabajando en este refugio y que obviamente generen un mejor trabajo con los niños, niñas y adolescentes y sus familias en condición irregular”, agregó.

En la reunión participaron representantes de Carabineros, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), OIM, ACNUR, Unicef, Defensoría de la Niñez, Delegación Presidencial y Carabineros.

Fuente: Soy Chile-Iquique

Un conjunto de familias migrantes pesquisadas por el Programa de Atención Social de la sede de Arica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) accedieron a diversas ayudas que incluyeron elementos de higiene, alimentación y subsidios de arriendo.

“Entregamos ayuda humanitaria a 15 familias migrantes vulnerables, ésta consistió en canastas de alimentos además de kit de higiene y kit de primera infancia, además de recibir atención social por parte de SJM. También, entregamos kits de higiene y primera infancia a familias migrantes que estuvieron en situación de calle, algunas de las cuales se alojaron en el albergue Maymuru y que recibieron igualmente más de 20 colaciones frías, con agua, leches, y galletas, pues se trataba de familias numerosas”, explica Marioly Corona, Coordinadora de ayuda humanitaria de SJM Arica.

Los fondos, que permitieron financiar la ayuda humanitaria repartida, proceden del proyecto de Niñez Migrante Protegida que SJM lleva adelante con el apoyo de la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, de ahí el foco en familias que incluyera a niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para aclarar dudas en temática migratoria. Y, por otro lado, se entregaron cuatro subsidios de arriendo por $150.000 a parte de las familias beneficiadas.

“La ayuda humanitaria fue muy aplaudida por todas las familias migrantes. Aquellos que vinieron por canastas familiares venían con sus hijas e hijos, quienes valoraron mucho los ricos alimentos, mientras los mayores destacaron la posibilidad de acceder a orientación diversa. Las familias que accedieron a subsidios de arriendo a su turno, también se mostraron agradecidas, pues estaban en situación de calle, por lo que recibir esta ayuda fue fundamental para mejorar su pasar. Como equipo, recibimos una verdadera lluvia de bendiciones y cariño. Todas las familias con las que trabajamos estaban muy agradecidas y reconocían la labor del SJM y el apoyo y acompañamiento que realizamos como institución no sólo en materia de ayuda humanitaria, sino también en cuanto a entrega de información, acceso a justicia y derechos, entre otros temas”, sentenció Corona.

El pasado jueves 17 de febrero tuvo lugar la actividad de cierre del curso de pastelería y panadería desarrollado por la sede de Antofagasta de Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), con el financiamiento de Fundación Populorum Progressio y la colaboración de la Corporación La Chimba, Cocina con Sentido, quienes se encargaron de ejecutar los talleres.

Este proyecto benefició a un total de 20 mujeres migrantes provenientes de Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Catalina Rojas, Responsable del Área Social en la sede de la II región del SJM, explicó que “con esta iniciativa buscamos generar un espacio de inserción social y laboral de la población migrante en situación de vulnerabilidad, a través de la habilitación de una cocina de alto estándar en nuestro Centro Comunitario ubicado en el sector de Bonilla en Antofagasta”.

“Estamos contentos con la recepción que tuvo este curso. Nos permitió contar con una cocina completamente equipada que será utilizada para diversos proyectos futuros; asimismo la evaluación de las alumnas beneficiadas fue muy buena, dado que lograron adquirir nuevas competencias laborales en torno a la pastelería y panadería, que les permite proyectar nuevos emprendimientos para mejorar su situación actual. Además, se logró crear un espacio acogedor, de interacción y fraternidad entre las participantes quienes ya nos están solicitando una segunda versión. Sin duda estas iniciativas nos permiten contribuir de manera concreta en la construcción de una sociedad intercultural”, agregó Catalina Rojas.

Desde SJM Antofagasta igualmente destacan y agradecen una donación de privados que, coincidiendo con la finalización de curso, permitió entregar un presente con las herramientas básicas que permitirán a las beneficiarias, continuar practicando y emprendiendo en cocina.

Para el Servicio Jesuita Migrante, “hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos”.

El fin de semana entró en vigor el artículo 152 que permite a la policía militarizada “reconducir” a personas que intenten ingresar a Chile.

Cientos de migrantes siguen entrando de forma irregular en Chile a través de la frontera con Bolivia pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno y la política de “devoluciones en caliente” que permite la nueva ley de inmigración, criticadas con dureza por organizaciones locales e internacionales.

En pleno altiplano, a más de 3.700 metros de altura, unos 40 adultos y un número indeterminado de menores -la mayoría venezolanos- fueron el pasado sábado los primeros en ser expulsados al pasar la frontera, entre lamentos desesperados y la fatiga que deja una caminata de meses.

Ese día, y tras un año en barbecho, entró en vigor el artículo 152 que permite a la policía militarizada “reconducir” a personas que intenten ingresar a Chile y que cumplan ciertas condiciones, como cruzar sin documentación o identificaciones falsas, eludir control migratorio mediante pasos clandestinos o estar fichado.

Una norma que actualiza la obsoleta ley de 1975 y que ha desencadenado la preocupación de organizaciones internacionales y locales al facilitar la expulsión inmediata de personas en un “espacio territorial de amplia discrecionalidad de la autoridad” y donde “la posibilidad de que no se cumpla lo establecido es alta”.

LOS RIESGOS DE LA “RECONDUCCIÓN”

No es primera vez que los mecanismos de “devolución en caliente” son cuestionados. En Europa hay casos que han llegado al máximo tribunal de derechos humanos por vulnerar a inmigrantes que llegan a sus costas en pateras.

Para la Presidenta del directorio del Servicio Jesuita Migrante y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, la dimensión de la crisis migratoria en Europa puede replicarse en Latinoamérica y en particular en Chile por el éxodo venezolano, ya comparable a la magnitud de refugiados que dejó la guerra en Siria, con cerca de 6 millones de personas desplazadas.

“La misma norma establece ciertos derechos de las personas que son reconducidas y casos en que no se debe reconducir. Es precisamente esa parte la que genera mayor preocupación y donde se engloba el mayor riesgo de esta medida“, explica a EFE.

“Hay que crear mecanismos para que sepamos que a esas personas se le respetaron los derechos que la ley señala, a ser oído, a contar con un intérprete si es que no habla el idioma, a poder hablar con sus familiares que vivan en el país y asimismo a no ser reconducido cuando existen indicios de delitos como tráfico, trata u otros, o pudiese ser solicitante de refugio“, detalla.

A esta preocupación se suma, como comentaron a EFE diferentes fuentes en la zona, la falta de formación adecuada del personal desplegado en la frontera, que debería incluir, según el Pacto Global de Migración, especialistas que verifiquen si los inmigrantes cumplen las condiciones para ser calificados como refugiados o busquen indicios de haber sido víctimas de delitos.

NECESIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Según la coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional, Florencia Moral, y la asesora jurídica del organismo en Chile, María Belén Bravo, “el mecanismo de la reconducción puede traer consigo la exposición de personas en condición de refugiadas a ser devueltas a sus países de origen, contraviniendo el principio de no devolución, además de no brindar la protección debida que exige el Derecho Internacional”.

Además “expone a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o tráfico de personas por parte de los denominados ‘coyotes’, y otra clase de abusos, especialmente en el caso de las mujeres, comúnmente víctimas de agresiones sexuales en contextos de desplazamiento, y los niños, niñas y adolescentes”, agregaron.

En este sentido, Rodríguez asegura que la cooperación internacional puede evitar este tipo de problemas, que surgieron a raíz de la crisis política y económica en Venezuela y que ya afecta a la mayor parte del cono sur.

“Es decir, asumir, entre todos los países de la región, que es un fenómeno que nos sobrepasa y del que hay que encargarse cada uno en los roles y posibilidades que tiene”, precisó.

Fuente: Radio Cooperativa

Con el importante aporte del Área Jurídica y el Programa de Sensibilización del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), elaboramos esta suerte de Guía con 21 preguntas y respuestas básicas para abordar -en términos simples- las principales dudas que surgen en nuestros beneficiarios e interesados en torno a la Nueva Ley de Migración y Extranjería N°21.325.

Esta normativa, que fue publicada el 21 de abril del 2021, entró en vigencia una vez publicado su reglamento, el 12 de febrero del 2022, por lo tanto, hoy se encuentra plenamente vigente.

Queremos enfatizar que este documento es complementario y en ningún caso subsana la lectura completa de la Nueva Ley y su respectivo reglamento.

1.    ¿Qué son las categorías migratorias y cuáles son?

De acuerdo lo que se establece en la Ley de Migración y Extranjería N° 21.325 y su artículo 26, las categorías migratorias son los diferentes tipos de permiso de residencia o permanencia en el país, a los que pueden optar los/as extranjeros/as, entre ellos:

• Permiso de Permanencia Transitoria
• Permiso de Residencia Temporal
• Permiso de Residencia Definitiva

2.    ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al país con permanencia transitoria?

No se requerirá autorización previa o visa para el ingreso y estadía en Chile a quien lo haga en calidad de titular de un permiso de permanencia transitoria. Sin perjuicio de lo establecido, se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior. El listado de países cuyos ciudadanos están sometidos a esta exigencia será fijada mediante decreto supremo, pero entendemos que para los nacionales de Haití, Cuba, República Dominicana y Venezuela se continúa la exigencia de autorización previa para su ingreso a Chile.

3.    ¿Si soy titular de un permiso de permanencia transitoria puedo acceder a un permiso de residencia temporal para permanecer en Chile de forma indefinida?

De acuerdo al artículo 58 y 69 de la referida ley, el cambio de categoría o subcategoría migratoria podrá solicitarse sólo en caso de cumplir con los siguientes criterios de otorgamiento establecidos:

• Vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos
• Que la estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería
• Otros casos debidamente calificados por la Secretaría del Interior mediante resolución.

4.    ¿Cuáles son las nuevas subcategorías migratorias a las cuales se puede postular?

No lo sabemos aún. De acuerdo al artículo 53 y al artículo 5 transitorio de la ley, corresponde a un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Interior definir la nómina de subcategorías migratorias y sus requisitos, y hasta que se dicte el Decreto Supremo, regirán las categorías migratorias establecidas en el Decreto Ley N°1.094, que establece normas sobre extranjeros/as en Chile.

5.    ¿Las personas que entraron al país como turistas antes de la entrada en vigencia de la nueva ley pueden cambiar su estatus migratorio?

Las personas que soliciten iniciar cualquier tipo de tramitación se regirán por la ley que se encuentre en vigencia en la fecha de la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, debido a la reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, no contamos hoy con toda la información para dar respuesta cierta a esta pregunta, ya que dependerá de cómo sean aplicados los procedimientos de parte del Servicio Nacional de Migraciones.

6.    ¿Qué pasará con las personas que actualmente cuentan con una visa de residencia y permanencia definitiva vigente?

De acuerdo al artículo 6 transitorio de la Ley de Migración y Extranjería, los permisos de residencia otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley se asimilarán a los permisos establecidos en la misma sin necesidad de dictar un nuevo acto administrativo y tendrán la duración por la que fueron otorgados.

7.    ¿Qué pasará con las solicitudes de visas de residencia y permanencia definitiva que se encuentran en trámite?

La entrada en vigencia de la ley no afectará las solicitudes que se encuentran en curso. De ser aprobadas regirá lo establecido en el artículo 6 transitorio ya citado.

8.    ¿Qué tipo de protección entrega esta nueva norma a los Niños, Niñas y Adolescentes?

De acuerdo al artículo 4 y 19 inciso final de la Ley de Migración y Extranjería, el Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo una prioridad la tramitación de las solicitudes de reunificación familiar de NNA con extranjeros residentes.

De acuerdo al artículo 41, en el caso de NNA que soliciten permiso de residencia temporal, se les otorgará la misma de forma inmediata, independiente de la situación migratoria del padre, madre, guardador o persona encargada de su cuidado personal. Esta visa no será un beneficio extensible a los miembros del grupo familiar, guardador o persona encargada de su cuidado personal.

9.    ¿Qué pasara con las personas que ingresaron por paso no habilitado y ya se auto denunciaron?

Deberán continuar con el proceso de firma en la Policía de Investigaciones (PDI) hasta que sean notificados con una orden de expulsión en virtud del ingreso por paso no habilitado.

Posteriormente, se recomienda contar con patrocinio jurídico de un abogado para presentar los recursos judiciales correspondientes y recibir orientación en cuanto al proceso de regularización migratoria en Chile.

10.  ¿Se puede seguir realizando el trámite de autodenuncia?

Si, el trámite se encuentra disponible en la página web de la Policía de Investigaciones de Chile > https://www.pdichile.cl/ >Trámites> Declaración voluntaria de ingreso clandestino. El trámite no tiene costo y debe ser realizado únicamente por la persona que ingresó de forma clandestina al territorio nacional.

En cuanto a la exigencia de este trámite en la nueva Ley de Migración y Extranjería, no contamos con la información para dar una respuesta cierta, ya que dependerá de cómo la autoridad contralora haga la aplicación del artículo 166 de la misma.

11.  ¿Qué es una orden de expulsión?

De acuerdo al artículo 126 de la Ley de Migración y Extranjería, la expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia.

Al momento de dar inicio al proceso de expulsión, se conferirá un plazo de diez (10) días hábiles contados desde su notificación, dentro del que el afectado podrá presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada.

12.  ¿En qué caso se puede expulsar a un extranjero según la nueva ley de migración?

Los artículos 127 y 128 de la Ley de Migración y Extranjería consagran causales de expulsión para aquellos extranjeros/as que poseen permanencia transitoria y residencia temporal o definitiva, así como también, aquellos que no tengan un permiso que los habilite para permanecer válidamente en el país. Para conocer el detalle de las causales, se recomienda la lectura de los artículos citados.

Sobre este punto, hay que destacar que, previo a la dictación de una medida de expulsión, el extranjero/a tendrá el plazo de 10 días hábiles para emitir descargos luego de la correspondiente notificación. Con todo, el artículo 129 de la ley establece ciertas consideraciones previas que el Servicio Nacional de Migraciones debe atender para efectos de fundamentar la sanción.

13.  ¿Cuáles son los derechos de las personas detenidas en caso de orden de expulsión?

De acuerdo al artículo 134 de la Ley de Migración y Extranjería y el artículo 144 de su reglamento, tendrán derecho a:

• Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para contactarse telefónicamente con ellos.
• Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y obligaciones que le asisten de conformidad a la ley, la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.

• Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a partir de que el afectado sea dado de alta médica.
• Comunicarse con su representante consular.

• Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.

• Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo. En todo caso, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer

14.  ¿Qué se entiende por orden de expulsión materializada?

Entenderemos que se materializa una expulsión cuando la persona, con motivo de la sanción de orden de expulsión dictada en su contra, sale del territorio nacional mediante la acción realizada por el ente policial a cargo (PDI).

15.  Si tuve una orden de expulsión en virtud de la antigua ley y fue dejada sin efecto, se puede emitir una segunda orden de expulsión?

Sí, se puede emitir una nueva orden de expulsión pero NO fundada en el mismo hecho que la anterior. Por tanto, y si de acuerdo a las circunstancias particulares la persona se encuentra dentro de alguna de las causales indicadas en la ley para ser sancionada, las que se desarrollan en la pregunta N°12 de este documento, se le podría dictar una nueva orden de expulsión.

16.  ¿Cómo funcionará la reconducción y el principio de no devolución?

Según el artículo 131, el extranjero/a que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo y sin necesidad que se dicte una nueva resolución. Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.

De acuerdo al articulo 157 del reglamento de la ley referida, no se reconducirá a quienes presenten indicios de ser victimas de trata de personas, secuestro o cualquier otro delito que ponga en riesgo su vida, o aquellos/as extranjeros/as que sean sorprendidos de manera flagrante en la perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justicia chilenos.

17.  ¿Qué pasaría con las personas que fueron expulsadas durante los operativos de expulsiones masivas y que posteriormente vuelven a ingresar a Chile por un paso no habilitado?

Si ingresan por paso no habilitado pueden ser expulsadas de acuerdo a las nuevas normas (artículo 131), es decir, mediante un procedimiento de reconducción inmediata, sin necesidad de que se dicte una nueva medida de expulsión.

18.  ¿Qué pasará con las solicitudes de regularización ingresadas luego de revocarse una orden de expulsión?

Aquellas solicitudes de regularización ingresadas previo a la entrada en vigencia de la nueva ley, y luego de revocarse una orden de expulsión continuarán su tramitación por la autoridad competente. De ser aprobadas regirá lo establecido en el artículo 6 transitorio ya citado.

19.  ¿Qué pasa con el procedimiento de refugio con la entrada en vigencia de la nueva ley?

El procedimiento de refugio está regulado por la Ley N° 20.430 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, la que no sufrió modificaciones con la entrada en vigencia de la Ley de Migración y Extranjería, por lo que se mantiene como lo conocemos.

20.  ¿Qué es la protección complementaria?

De acuerdo al artículo 10 de la referida ley, los/as extranjeros/as que no les fuere reconocida su calidad de refugiado, de acuerdo a los requisitos que establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, se les podrá otorgar protección complementaria, ya sea de oficio o a petición de parte.

Ningún/a extranjero/a titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgos de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política.

21.  ¿Qué hago si rechazan mi solicitud de regularización extraordinaria?

Si el rechazo se debe al incumplimiento de uno de los requisitos, éste puede ser subsanado enviando la documentación requerida dentro del plazo correspondiente.

Si se estima que el rechazo es injustificado, recomendamos contar con patrocinio jurídico de un abogado para presentar los recursos administrativos y/o judiciales correspondientes.

Por el contrario, si el rechazo es justificado y el extranjero/a se encuentra conforme, puede realizar la solicitud de un permiso de residencia temporal de acuerdo a las normas ya descritas.

Una olla a presión que cada vez está más cerca de explotar. Así es como el capellán del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Cristián del Campo SJ, ve la situación que se vive con la migración en las fronteras del norte de nuestro país, específicamente en Antofagasta, Iquique y Arica. Asumió recién a principios de septiembre del año pasado, y desde entonces no solo ha visitado frecuentemente la frontera, en especial Colchane, sino que ha visto cómo la crisis humanitaria que afecta a Venezuela –que, se estima, ha significado el desplazamiento de más de 6 millones de personas- ha impactado el flujo migratorio en nuestro país. “Ha habido una evolución en espiral, con pasos para adelante y pasos para atrás”, asegura. “A mi modo de ver, el mayor problema está en Iquique, porque es la primera ciudad donde la gente llega, muchos sin haberse autodenuciado y los que lo hacen, cuando salen de la cuarentena en residencias sanitarias, quedan nuevamente ahí a su suerte. Falta una estrategia más coordinada para que esas personas puedan continuar hacia sus destinos y así descomprimir”.

Sin embargo, la última semana, en particular, para Del Campo da cuenta de la urgencia de descomprimir dicha olla. La muerte del camionero en Antofagasta, a su juicio, incluso es señal de que reventó. A lo que se suma el posterior paro de camioneros, y el hallazgo, ayer, de un joven colombiano de 32 años fallecido a metros del paso fronterizo en Colchane. “Todos entendemos la tensión y rabia acumulada, sobre todo en esas comunidades y territorios. Y si como Estado y sociedad civil no hacemos algo para quitar esa presión, bueno revienta”, afirma. “Pero el error fundamental es creer que esa presión se desactiva con una aspirina o soluciones parche”.

 –Ya en el último año habíamos visto episodios fuertes, como la quema de carpas de migrantes en Iquique y protestas en las que se exigía cerrar las fronteras…

–Como consecuencia de eso, del despertar de una población que se sentía abandonada y del impacto que causaba la violencia contra personas en situación de mucha vulnerabilidad, se puso el albergue en Colchane. Y sí, eso fue bueno, pero es un parche. Aquí, para mí, la reflexión es que, si no hacemos algo más de fondo, seguiremos lamentando situaciones de alta presión que lamentablemente revientan en algo tan dramático como el asesinato del camionero.

–Se decretó un estado de excepción. ¿Es para usted otro parche?

–Es una solución de las más parche de todas. El estado de excepción es una respuesta a la presión de los camioneros, pero no creo que sea la solución ciertamente. Tampoco creo que sea la solución simplemente cerrar el paso y devolver a la gente. Primero, porque vienen en una situación muy vulnerable, y hay muchos niños y niñas. Segundo, ¿existe alguna coordinación en esa devolución con la policía y gobierno boliviano? O ¿simplemente nos desentendemos de la situación en la que está esa
gente? Nuevamente, uno comprende la rabia, la necesidad de pensar en el bienestar de los chilenos, pero eso puede llevarnos a desentendernos de una crisis humanitaria. Porque eso es lo que ocurre en Venezuela.

Y agrega:
–El gran desafío es cómo uno implementa medidas que ayuden a que la migración sea segura, ordenada y regular, y al mismo tiempo sin pasar por encima de los derechos de las personas, porque los migrantes, aunque vengan indocumentadamente, los tienen.

–Cómo hacer eso es un poco la pregunta del millón.
–Ningún país tiene la receta para enfrentar este tema (…) Aquí no tenemos
una bala de plata como para poder solucionar el problema, porque difícilmente podemos encontrar un país que lo haya
solucionado. Cuando de un lugar como Venezuela salen 6 millones de personas en la última década, obviamente irán a alguna parte. Y el tránsito absolutamente mayoritario es hacia Sudamérica, y entre aquellos países que pueden elegir está Chile. Nosotros hemos recibido cerca de
500 mil, Perú ha recibido cerca del doble, Ecuador prácticamente lo mismo que nosotros y en Colombia son cerca de 2 millones. Por eso, la ilusión que tenemos, a veces, de que poniendo más trabas, zanjas o murallas va a detener el flujo es un error.

–Y en ese sentido, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno?
–Creo que no ha sido para nada una política exitosa. Reconozco, si, que es mejor tener una nueva Ley de Migración, que por fin tiene un reglamento que ya se ha publicado, para que todos conozcamos qué ley nos regirá, pero me parece que se ha querido, de manera voluntarista, enfrentar el problema desde un discurso y una aproximación de la política que es
inefectiva. Puede ser políticamente correcto decir “vamos a cerrar nuestras fronteras, vamos a impedir el ingreso”, pero en la práctica solo hemos visto una agravación de la situación por la cantidad de ingresos de personas indocumentadas. Eso ha ocurrido porque el modo de responder
ante una situación como la de Venezuela ha sido poner más restricciones. Y eso no detiene el flujo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

“Un esfuerzo macizo en vías a la regularización”
Con el fin de recoger experiencias y conocer en detalle las vivencias de quienes migran en zonas álgidas de Latinoamérica, a fines de enero el capellán partió a un viaje a dos fronteras importantes: la de Guatemala con México, y la de Venezuela con Colombia, especialmente Cúcuta. “Originalmente también iría a la frontera de México con Estados Unidos, en Nogales, pero ómicron no lo permitió”, explica. “La ida tuvo tres objetivos: primero conocer cómo funciona el Servicio Jesuita de Refugiados, su foco, dinámicas, cómo se organizan en cuanto a sus tiempos de oficina y de terreno, etc. Lo segundo, evidentemente, conversar con las personas;
tuvimos visitas a distintos puntos fronterizos, pero también visitas con personas que ya estaban instaladas para entender las dificultades que habían enfrentado para regularizar su situación y permanencia. Finalmente, quería conocer cómo estos países enfrentan en concreto situaciones de tal envergadura; la operatoria, las instituciones, lo que el Estado hace y no hace para que nosotros podamos aprender de soluciones que puedan ser de más largo aliento”.

–¿Con qué te encontraste?
–Lo primero que sorprende es la dimensión. Lo que se vive en México y en
Colombia, en las fronteras, es mucho más masivo que los que vemos acá. Lo segundo que me sorprendió, que no es algo que uno no sepa, es la cantidad de riesgos que las personas que migran enfrentan: el nivel de crimen, de bandas, de coyotes, de grupos militares y paramilitares, de corrupción en las policías. La vulneración de derechos a las mujeres es impactante.
Conversando con personas ya instaladas en Colombia, por ejemplo, provenientes de Venezuela, uno no termina de creer lo que viven, tanto en el tráfico como en la trata. Esa es una dimensión muy triste.

Luego, continúa:
–Ahora, cada país aporta algo interesante. Por ejemplo, la institucionalidad
que el estado mexicano tiene para enfrentar el tema del refugio. Nosotros como país estamos evidentemente bajo los tratados que hemos firmado, pero en lo concreto, en los últimos dos años solo siete solicitudes de refugio han sido aceptadas por año. En parte eso tiene que ver con una carencia de infraestructura a nivel del Estado. Por el lado colombiano, en tanto, me parece muy interesante a nivel de política, lo que se hizo con el estatuto de regularización migratoria que le otorgó un permiso temporal, por 10 años, a la población venezolana que llegó a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Es un esfuerzo macizo en vías a la regularización y creo que tenemos
que estudiar algo así como una manera de hacernos cargo de la enorme cantidad de personas que están indocumentadas en Chile.

El ingreso ilegal es el foco más intenso del problema migratorio, ¿qué podría ayudar a contenerlo?
–Obviamente esto es un cliché, pero es un problema multifactorial. Y nuevamente, nadie tiene la fórmula. Acá en Chile evidentemente tenemos que reforzar la seguridad y los controles en los puntos fronterizos, por supuesto. Cuando uno está en Colchane, uno ve que la gente atraviesa con cierta facilidad, no es que se esté escabullendo. Pero hay que hacerlo sabiendo que de todas maneras la gente va a seguir entrando por pasos no habilitados, y en ese sentido me parece que junto con la ayuda humanitaria, tenemos que caminar hacia modos de regularizar esa presencia. Es la herramienta más efectiva, de más largo aliento para, precisamente,
aminorar o controlar de mejor manera el crimen, cuyo caldo de cultivo es la informalidad e irregularidad.

–¿Una medida tipo Colombia?
–Nosotros estamos por una migración segura, ordenada y regular. Esa respuesta casi intuitiva de “no dejemos entrar más cerrando la puerta” en la práctica no solo es muy difícil de hacer sino que resulta
contraproducente. Yo espero que el nuevo gobierno pueda involucrarse, comprometerse y liderar… ¿Qué medida exacta? Hay inmediatas y más de largo plazo. Obviamente el próximo gobierno lo tendrá que analizar, pero algo como lo que se hizo en Colombia es un camino a estudiar, que me
parece bastante deseable para la situación que vivimos. Prefiero mil veces que quienes ya están aquí lo estén regularmente a sin documentos, sin insertarse (…) Ahora, esto requiere de un pacto continental. Es muy difícil que cada país se rasque con sus propias uñas.

“Ser más proactivos”
–Los habitantes de Iquique, Arica, Antofagasta, no quieren esperar más por una solución. Es más, salen a la calle a exigir que no haya más migración.
–Obviamente que tenemos que ir en ayuda de esas comunidades como Estado chileno. Tenemos que ser más proactivos, trabajar más en coordinación. Esperamos que el nuevo Servicio Nacional de Migración tenga un rol más protagónico, pero también las delegaciones presidenciales, los alcaldes, los gobernadores, hay a veces harto actor y no siempre una buena articulación. Y obviamente tenemos que poner recursos; el Estado los tiene, para que, primero, las personas que llegan puedan ingresar a albergues o refugios transitorios, y segundo, para coordinar con otros lugares del país que esas personas sigan con su
trayecto, mientras a la par inician su proceso de regularización. Así se descomprime el norte.

–El lunes, Álvaro Bellolio dijo que el futuro gobierno era responsable de la agudización de la crisis, que Boric había ofrecido “perdonazos” que incentivaron la llegada de migrantes ilegales. ¿Qué
opina de esto?
–Estoy en desacuerdo y creo que decir eso podría ser culpar al presidente, porque si uno sigue esa línea de argumentación, está la promesa que Piñera hizo en Cúcuta. Yo no creo que uno pudiera culpar al presidente porque hizo un llamado a que los venezolanos vinieran a Chile, por lo que menos me parece que alguien como el director del Servicio Nacional de Migraciones evalúe algunas declaraciones como un incentivo. Considero que debería escuchar más lo que dijo el ministro Delgado:
no es momento de buscar culpables, sino que de enfrentar el problema. La primerísima responsabilidad es de quien administra el Estado y ese es el gobierno, que ya lleva 4 años. No dos meses.

Fuente: La Segunda

Previsión en salud. La investigación cruzó la encuesta Casen con datos de diversos servicios de atención.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) lanzó un estudio sobre la situación de este fenómeno social en Chile y a partir de la encuesta Casen (Caracterización Socioeconómica Nacional). La investigación fue realizada en conjunto con expertos del Colegio Médico y la Universidad de Desarrollo.

Esta investigación se titula ‘Casen y Migración: Avances y brechas en el acceso a salud de la población migrante residente en Chile’. En cuanto a la adscripción a Fonasa, Isapre u otro sistema previsional de salud, el estudio expuso que en la Encuesta Casen 2020 se registraron mayores semejanzas entre chilenos y migrantes que en 2015 y 2017.

Sin embargo, sigue siendo mayor el porcentaje de personas sin protección de salud en migrantes, lo que se da independientemente del sexo, tramo de edad, macrozona de residencia, decil de ingresos, entre otras características.

‘Un 16% de las y los extranjeros residentes en el Norte Grande señala no tener sistema previsional de salud, lo que corresponde a un 4% en las personas chilenas que ahí habitan’, sostuvo el jefe de Estudios del SJM, Pablo Roessler.

En la misma línea, agregó que ‘mientras en 2020 un 10% de los migrantes que recibieron subsidios no estaban adscritos en ningún sistema previsional, la cifra sube a un 20% entre los extranjeros que no accedieron a subsidios’.

Desde el Colegio Médico, Matías Libuy, coordinador de la Comisión Salud y Migrantes, afirmó que ‘el porcentaje de personas que, habiendo tenido un accidente o enfermedad, no accedieron a consultas o atenciones médicas se tiende a emparejar entre chilenos y migrantes’.

‘El acceso se iguala en chilenos y migrantes que poseen empleos formales y previsión; si bien en ambos se eleva el no acceso con empleos informales o cuando no se tiene sistema previsional, esto es más crítico en la población extranjera’, añadió.

‘El acceso (a sistemas de salud) se iguala en chilenos y migrantes que poseen empleos formales y previsión’.
Matías Libuy Colegio Médico de Chile

CIFRAS

16% de los migrantes que residen en el Norte Grande no tienen sistema previsional de salud.

Fuente: Publimetro

“Sin embargo, nadie está preparado cuando hay una crisis de tal envergadura”, aseguró el representante en Cooperativa.

Consultado por el aumento de la delincuencia en el norte, señaló que “muchas veces no son delitos de alta connotación”.

El capellán del Servicio Jesuita a Migrante, Cristián del Campo, analizó la crisis migratoria en el norte de nuestro país, y aseguró que ellos buscan “una migración ordenada, segura y regular“.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Del Campo señaló que “todos tenemos que ser muy concientes que cuando hay una altísima concentración de personas que están viviendo en una situación irregular en las calles, en las plazas, que vienen en una situación de extrema vulnerabildiad, obviamente que eso es caldo de cultivo para que se pueden presenciar situaciones como las que hemos visto en estos días, como las que vimos en septiembre del año pasado”.

“Evidentemente hay un aumento de ciertas situaciones que se pueden catalogar como delito en ciudades como Iquique, Arica y en Antofagasta mismo, donde evidentemente hay una concentración mayor de personas migrantes que han entrado de manera indocumentada, pero muchas veces esos delitos no son delitos de alta connotación, sino que muchas veces tienen que ver con situaciones de transgresión a las normas sanitarias”, aseguró el capellán.

Consultado respecto a las protestas de las últimas jornadas, Del Campo sostuvo que “tenemos que poner las pilas, partiendo por el Gobierno, para evitar estas concentraciones, que obviamente van a tensionar Iquique“.

“Todos queremos que el Estado chileno regule la migración… Nosotros estamos por una migración ordenada, segura y regular. Lo que nosotros estamos presenciando hoy es una situación distinta a la que vivimos hace 8 años atrás -explicó- porque estamos ante una crisis humanitaria de altísima envergadura en Venezuela“.

“Esa situación hace que haya un éxodo masivo de seis millones de personas que se han movido por el continente (…) Nadie está preparado cuando hay una crisis de tal envergadura“, cerró.

Fuente: Radio Cooperativa.