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La iniciativa presentada modifica la ley N° 21.325, de migración y extranjería, para facilitar el reconocimiento y revalidación de títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero.

Los autores de la moción señalan que el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 2006, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, dispone en su artículo 6°, inciso primero, que “a la Universidad de Chile le corresponde la atribución de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales”.

No obstante, agregan, el artículo 143 de la Ley Nº 21.325, de migración y extranjería, que amplió la atribución antes señalada a universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación.

Una reciente medición de Clapes UC, reveló que el 62% de los profesionales migrantes con educación superior completa en Chile se encuentra empleado en trabajos de mediana o baja calificación. Esta subutilización de mano de obra calificada no solo representa una pérdida de oportunidades para el crecimiento y la productividad del país, sino que se transforma en un impedimento para facilitar la inserción de la población migrante en la sociedad chilena. Este problema se atribuye, en parte, al engorroso proceso de validación de títulos, lo que podría corregirse con la ampliación de la atribución de reconocimiento a otras universidades.

Los autores de la moción observan una deficiencia en la reforma que se introdujo a la ley de migración y extranjería, en cuanto se desaprovecha el vasto potencial de instituciones de educación superior de excelencia que no forman parte de las universidades del Estado. Y, además, respecto a las universidades estatales distintas a la Universidad de Chile, desde que aún no se ha emitido el reglamento correspondiente para permitir su participación.

Por lo anterior, proponen introducir dos modificaciones a la Ley Nº 21.325, de migración y extranjería.

Este proyecto ha sido presentado por los diputados Héctor Barría, Eduardo Cornejo, Jorge Guzmán, Christian Matheson y Francisco Undurraga, junto a la diputada Marcia Raphael. 

Fuente: Diario Constitucional. 

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Entre el 22 y 29 de enero de 2024, Constanza Castillo, abogada de seguimiento legislativo; y Macarena Medel y Fernando Guzmán, jefes de las oficinas de las regiones Metropolitana y Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes, visitaron Panama y más precisamente a la selva del Darién, con el objetivo de conocer, dar seguimiento y constatar en terreno la situación y los flujos migratorios de la zona.

En una primera etapa, los profesionales del SJM se reunieron con agencias de cooperación internacional como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Médicos sin Fronteras, y también con organizaciones de la sociedad civil, como las fundaciones Fe y Alegría y Cáritas Panama, entre otras. Todo, con el objetivo de contar con información actualizada sobre la situación migratoria en el Darién.


Posteriormente, se trasladaron a la Provincia de Darién, donde visitaron las Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) habilitadas por el Servicio Nacional de Migraciones de Panamá, localizadas en las comunidades indígenas Emberá-Wounaan de Lajas Blancas, Bajo Chiquito y San Vicente. En dichas ERM se reciben a todas las personas que vienen cruzando la selva del Darién, entre la frontera de Colombia y Panamá. 

En terreno, lograron conversar con representantes del sistema de Naciones Unidas que se encuentran brindado orientación y distintos servicios a las familias migrantes, como lo son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), OIM, y también con sus agencias socias: Cruz Roja Sociedad Hebrea de Ayuda al Migrante (HIAS) y Global Brigades.

A su vez, lograron sostener reuniones con funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes son responsables de resguardar la seguridad y el orden en las ERM, y con el Servicio Nacional de Migraciones de Panamá, presentes para realizar registros oficiales de todas las personas que llegan al país en tránsito, la mayoría con la intención de continuar su trayecto rumbo a Estados Unidos. 

Creciente número de personas migrantes atraviesan el Darién

Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones de Panamá, fueron 520 mil personas migrantes las que en 2023 atravesaron la selva del Darién (entre ellas, más de 113 mil niños, niñas y adolescentes), provenientes sobre todo de países como Venezuela (63.1%), Ecuador (11%), Haití (8.5%), China (4.9%), Colombia (3.6%) y Chile (1.1%). Sobre las personas de nacionalidad chilena que han cruzado la selva, estas corresponde en su mayoría a hijos e hijas de ciudadanos haitianos nacidos en Chile, siendo un total de 5.887.

En lo que va de este año 2024, aproximadamente unas seis mil personas han cruzado la selva, con una tendencia en estas últimas semanas de un aumento de entre mil a mil quinientas por día, lo que habla de la magnitud de las crisis sociales en la región, donde la pobreza, la violencia, la delincuencia, la corrupción, las crisis climáticas y las violaciones a los derechos humanos son el reflejo de la crisis que se vive y que se expresa en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo en la actualidad. 

La violencia sicológica y sexual sigue siendo uno de los mayores riesgos en la ruta, sobre todo en la de Acandí – Bajo Chiquito. En estas últimas semanas, los robos se han incrementado del lado panameño a unas cinco horas aproximadamente de donde los dejan “los coyotes” del lado colombiano. Según el testimonio de profesionales de Médicos Sin Fronteras, las personas (hombres y mujeres, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes) están siendo obligados a desnudarse para revisar sus partes íntimas en búsqueda de dinero. Además, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual muchas veces no denuncian por miedo o no desean abrir un proceso judicial porque su prioridad es seguir su camino.

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El provincial de la Compañía de Jesús nombró a Pablo Walker S.J. como el nuevo capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, cargo que asumirá desde el mes de marzo.

Pablo Walker S.J. estudió dos años de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, antes de -en 1986- ingresar a la Compañía de Jesús. Posteriormente, hizo sus estudios de Teología y Filosofía en la PUC y en 1998 obtiene la Licenciatura en Filosofía en el Centre Sevres de París.

Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1998 y posteriormente se hizo cargo de la Pastoral Vocacional, acompañando a los jóvenes en discernimiento de su vocación religiosa durante seis años. Luego asumió como rector de la casa de formación para los jesuitas, misión en la que permaneció ocho años.

Entre 2010 y 2018 fue capellán del Hogar de Cristo y actualmente cumple esa labor en el Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Alberto Hurtado.

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Con el objetivo de aportar a la discusión sobre los desafíos que se enfrentan actualmente en materia de migración, en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado se presentaron los resultados del estudio “Efectos de la salud mental en los procesos de inclusión de niños, niñas, adolescentes migrantes y sus cuidadores/as que viven en la Región Metropolitana”, en el Seminario “Salud mental y niñez migrante: La escuela como espacio de inclusión y bienestar emocional”, todo esto en el marco de un  proyecto del Gobierno de Santiago, ejecutado por el Servicio Jesuita a Migrantes.

El objetivo de esta investigación fue conocer la asociación entre la salud mental y los procesos de inclusión de familias migrantes en la Región Metropolitana, a través de un sistema de investigación mixto que combinó recolección de datos cuantitativos y cualitativos. La muestra contempló 30 entrevistas en dos sesiones, considerando una reconstrucción retrospectiva de sus trayectorias de inclusión, problematizando su percepción de salud mental. 

Al respecto, Pamela Hernández, Jefa del Departamento de Planificación Social y Estudios, de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Santiago, señaló que “para el Gobierno de Santiago y para el gobernador Claudio Orrego, ejecutar estudios como el de salud mental en niñez migrante es de vital importancia, pues es un importante insumo para diseñar a futuro programas o proyectos que aborden las necesidades que arrojan los resultados del estudio. Agradecemos el equipo del SJM por su trabajo y a todas y todos quienes asistieron al seminario, pues nos muestra la voluntad de muchos por abordar el tema. Aprovecho de contarles que estamos financiando al Servicio Nacional de Migraciones para que ponga al día más de 80.000 solicitudes de residencia pendientes en la RM. Como Gobierno de Santiago estamos trabajando concretamente en la realidad de las consecuencias de la migración”.

Por su parte, Waleska Ureta, directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, explicó que “en los casos de migración forzada, que son la gran mayoría de las familias que atendemos, los niños, niñas y adolescentes, claramente no son quienes tomaron la decisión de salir de su país de origen. En rigor, sus padres, madres o cuidadores, tampoco, pero es la única opción frente a las crisis humanitarias, políticas, económicas y sociales que azotan a países de la región. Asimismo, la travesía migratoria muchas veces, está llena de peligros y situaciones que, si para los adultos es en extremo complejo de enfrentar e incorporar de manera armónica en sus biografías, para los niños, niñas y adolescentes es aún más difícil de elaborar, por lo que las consecuencias en la salud mental son evidentes”.

Los resultados del estudio fueron presentados por el director de Incidencia y Estudios del SJM, Ignacio Eissmann, y analizados por Francisca Morales, oficial de educación de Unicef en Chile y la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien indicó que “en el marco de la implementación de la Nueva Educación Pública, el desafío que tenemos como país es cómo hacer que los establecimientos educacionales sean espacios de inclusión para grupos cada vez más diversos. En ese contexto, como Mineduc hemos trabajado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y en la Política Nacional de niños, niñas y estudiantes extranjeros. Los resultados del estudio presentando ratifican la importancia de la escuela en la vida de las y los estudiantes extranjeros, y de avanzar en la construcción de un país más justo e inclusivo”.

Algunas de las principales conclusiones fueron que los niños y niñas que perciben estar más integrados en sus contextos socioculturales (especialmente el escolar), también presentan una mejor percepción de su bienestar emocional y salud. Por otra parte, la gran mayoría de quienes participaron del estudio se encuentran sin sintomatología de estrés, depresión y/o ansiedad, no obstante, están en niveles muy cercanos a presentar sintomatología diagnosticable, lo que representa tanto un riesgo de que presenten prontamente estos síntomas, como también una alerta y oportunidad para desarrollar medidas preventivas en el cuidado de la salud mental.

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Comenzó el ciclo de capacitaciones que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en conjunto con la Organización para las Migraciones (OIM), organizó de forma gratuita para empleadores y profesionales de empresas que se encuentran en la búsqueda de promover espacios de inclusión para personas migrantes desde una perspectiva de la interculturalidad.

Herramientas para una empresa más intercultural, es un proyecto que tiene por objetivo generar espacios de diálogo y sensibilización respecto a discursos sobre migración, racismo, acceso a derechos y a la promoción de enfoques y prácticas orientadas hacia la construcción de una sociedad intercultural. La primera jornada de inducción contempló cuatro módulos, basados en temáticas como el acceso a derechos, contratación de personas migrantes, interculturalidad en la sociedad y también en los ambientes laborales. 

“Estas instancias son muy relevantes porque – tanto OIM como el SJM –  tenemos mucha expertis y mucha fuerza para estudiar estos temas con las empresas, y en ese sentido podemos mover al ámbito empresarial para construir espacios de inclusión”, comentó Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. 

Este tipo de inducciones contribuyen a eliminar las diferencias culturales entre quienes componen los equipos de trabajo, con el objetivo de enriquecer los ambientes y reducir los conflictos que puedan surgir en el intercambio intercultural, construyendo vínculos y espacios más amenos y más inclusivos para todos y todas. 

Simone Baeza Martignago, coordinadora del Proyecto de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela  de OIM Chile,  señaló que “desde la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, consideramos crucial implementar este ciclo de capacitaciones en colaboración con el SJM, un actor relevante en la sensibilización sobre migración en Chile. Esta iniciativa busca promover un enfoque intercultural en las empresas de una manera concreta, fortaleciendo la integración de la población migrante y reconociendo la importancia del sector privado en estos procesos, pues la evidencia nos indica que la mayoría de las personas migrantes contribuyen de forma positiva a las comunidades de acogida cuando acceden a oportunidades laborales, lo que finalmente es un beneficio para la sociedad en su conjunto“.

Los asistentes de la primera capacitación se mostraron entusiasmados y agradecidos por los conocimientos adquiridos. Algunas de las empresas participantes señalaron que están comenzando a implementar las áreas de Diversidad e Inclusión, por lo que los conocimientos ofrecidos son fundamentales para avanzar en la creación de políticas internas que puedan perdurar en el tiempo. 

“Creo que es primera vez que se genera una capacitación tan detallada, abordando desde sesgos inconscientes, desde qué es diversidad intercultural, las distintas teorías y conceptos y también en temas normativos”, señaló Ornella Viola, encargada de Sostenibilidad e Inclusión de Banco Estado Express.  Y agregó: “Me llevo herramientas prácticas para ir aplicando. Me llevo conocimientos para abordar esto con los liderazgos de equipos y para generar planes y políticas que perduren.

Participaron en esta primera jornada OTEC Sopeña, Blue Express, Caja de Compensación La Araucana, Empresa de Servicios Transitorios Humannet, Velmar, Apoyo al Migrante SPA, Consultora y Administración de Recursos Humanos S.A, Gajewski, Vial y Compañía Limitada, Pontificia Universidad Católica de Chile y Yahel. 

La siguiente inducción se desarrollará el 23 de enero en la V Región, en la Universidad Católica de Valparaíso. Durante el primer semestre también se llevarán a cabo otras en las regiones del Maule, Biobío, Antofagasta y Los Lagos. 

Inscripciones disponibles para Valparaíso aquí

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Marcelina Meneses tenía solo 30 años de edad. Era una mujer migrante, de origen boliviano, residente en Argentina. Vivía  junto a su familia desde hacía cinco años en la  localidad bonaerense de Quilmes. Un 10 de enero del año 2001, en una calurosa mañana de verano, decidió viajar en un tren para llevar a su hijo de 20 meses al Hospital Fiorito en Avellaneda.

Sin embargo, un conflicto al interior del vagón marcó la fecha con un trágico significado. Marcelina pasó a rozar con sus bolsas a un pasajero mayor, quien no dudó en insultarla. Según testigos de la situación, el hombre gritó “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. Ante lo ocurrido, sólo una persona intervino en la escena y pidió que tuvieran más cuidado porque la mujer llevaba a su bebé de 10 meses de edad en la espalda. Se trata del testigo Julio César Giménez. 

Sin embargo, la situación lejos de calmarse, se puso peor. El hombre que también  había sido rozado por Meneses continuó  lanzando insultos y ahora lo hacía hacia quien había defendido a Meneses, logrando que se sumaran más pasajeros a la discusión.  En medio de la trifulca, aparece un guardia de seguridad, quien en vez de apaciguar las aguas, enardeció más aún el ambiente con una serie de comentarios xenófobos hacia la mujer. 

“¡Uh! ¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido! ¡Yo me las tomo!”, fueron parte de las palabras expresadas por el guardia según relatan testigos. Luego de eso  Marcelina y su bebé fueron empujados del tren y fallecieron inmediatamente sin recibir atención médica. Al interior del vagón se escucha decir “¡Uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste!’”. Minutos más tarde, los cuerpos de Marcelina y su hijo yacen a un costado de la vía del tren. 

Es producto de este trágico hecho se establece el 10 de enero como el Día de las Mujeres Migrantes en homenaje a Marcelina Meneses. Este hecho es considerado un acto racista, ya que la mujer fue víctima de improperios y agresiones xenófobas,  producto de su condición de mujer migrante boliviana, dejando en evidencia que la discriminación mata.

Según la investigación y pese a la declaración de testigos, las autoridades cerraron el caso, señalando que la mujer fue arrollada por el tren, dado que caminaba por la línea al momento del accidente, descartando por completo el episodio ocurrido al interior del vagón. Desde ese entonces, no hay responsables de los asesinatos y el caso continúa impune. Sin embargo cada 10 de enero, en memoria de Marcelina y su hijo se conmemora el Día de la Mujer migrante, con el fin de visibilizar que la violencia machista y racista matan.

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En el marco del proyecto “Promoción y Protección de la niñez migrante en Tarapacá”, el equipo regional del Servicio Jesuita a Migrantes reconoció a los profesionales de 29 establecimientos educacionales que participaron en las capacitaciones sobre acceso a derechos con foco en salud, educación y regularización de niñas, niños y adolescentes. A la instancia asisten, además, el equipo de UNICEF, familias participantes y representantes de organizaciones aliadas.  

El trabajo con los profesionales de la educación permitió transferir contenidos y herramientas a las duplas psicosociales de los establecimientos, para que pudieran orientar y acompañar a los padres en el inicio y desarrollo de procesos de regularización migratoria, así como también en el ejercicio de sus derechos, principalmente en lo relativo al acceso a servicios fundamentales, como son los de educación y salud. Las capacitaciones se realizaron en establecimientos educacionales previamente identificados por el Servicio Jesuita a Migrantes y por la SECREDUC.  

Dicha orientación también estuvo enfocada a madres, padres y/o cuidadores de niñas, niños y adolescentes, a quienes se les brindó acompañamiento y en algunos casos identificados se lideró la representación jurídica de los cuidadores/as para que pudieran iniciar y desarrollar los procesos de regularización de sus hijos e hijas.  

El proyecto que comenzó a funcionar el segundo semestre de este 2023, fue implementado en Iquique, Alto Hospicio y el Dispositivo Lobitos, logrando atender a 195 familias y 387 menores de edad, tuvo como objetivo asesorar y acompañar el proceso de regularización de niños, niñas y adolescentes migrantes de las comunas mencionadas, a través del equipo socio-jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes.  

Además, se capacitó a duplas psicosociales y equipos de convivencia escolar de colegios de la región de Tarapacá, en temas relacionados con regularidad migratoria y ejercicio de derechos de estudiantes y familias migrantes.  Durante todo este proceso UNICEF entregó acompañamiento técnico para que el programa pudiera ser implementado de forma correcta, mediante la facilitación de espacios de retroalimentación y actualización del foco de protección.  

Vicente Jiménez, coordinador del proyecto SJM-UNICEF, indicó que “los colegios y las escuelas son agentes claves en la promoción y la protección de los derechos del niño y de la niña, por lo que se hace necesario que los equipos de convivencia escolar y de inclusión cuenten con herramientas actualizadas y pertinentes para acoger y orientar a las familias migrantes en contexto de movilidad humana que integran las respectivas comunidades”.  

El proyecto Promoción y Protección de la niñez migrante, en su fase de capacitación, ejecutó cuatro sesiones dirigidas a los profesionales quienes demostraron gran interés en adquirir nuevas herramientas para abordar la interculturalidad, destacan el trabajo colaborativo y reflexivo con el objetivo de fortalecer el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Con todo lo anterior, el proyecto logró contribuir a la prevención de vulneración de derechos y a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, mediante un trabajo conjunto con actores claves de la sociedad como lo son las familias y las escuelas. El proyecto se desarrollará hasta Junio de 2024.  

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Gracias a una alianza conjunta entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), se realizará un ciclo de capacitaciones dirigidas a trabajadores/as y/o empresas que busquen propiciar la inclusión en los ambientes de trabajo. Este proyecto tiene por objetivo generar espacios de diálogo y sensibilización respecto a discursos sobre migración, racismo, acceso a derechos y a la promoción de enfoques y prácticas orientadas hacia la construcción de una sociedad intercultural. 

El proyecto contempla dos líneas principales de trabajo: una de ellas es una capacitación socio – jurídica y de sensibilización a empresas que busquen dar una mejor orientación sobre acceso y ejercicio de derechos a las personas migrantes, así como también instruir sobre los procedimientos legales y una guía práctica para la contratación de personas migrantes. En segundo lugar, en línea con promover la equidad, se entregarán herramientas informativas para propiciar un trato equitativo y no discriminatorio. 

“Nuestro objetivo es crear espacios de aprendizaje que aborden temas de migración y fomenten perspectivas y acciones orientadas a construir una sociedad intercultural. Por lo mismo, invitamos a todas las empresas y empleadores interesados a participar en esta capacitación. Para nosotros es fundamental que las personas migrantes puedan encontrar espacios laborales que permitan su desarrollo profesional y humano, donde se sientan incluidas y acogidas”, comenta Francisca Chacc, Jefatura de Alianzas de SJM.

En tanto, para la Coordinadora del Proyecto de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela  de OIM Chile, Simone Baeza Martignago, “esta alianza junto al SJM, socio clave con décadas de experiencia en atención e integración de personas migrantes en el país, nos permite fortalecer las  buenas prácticas en la inserción de esta población en espacios de trabajo inclusivos, potenciando así el aporte de la migración a las comunidades y países de acogida a través de las contribuciones que realizan en materia sociocultural y económica“.

Sobre las capacitaciones 

¿Quiénes pueden inscribirse? Empleadores/as y profesionales de empresas que se encuentren en la búsqueda de promover espacios de inclusión para personas migrantes desde una perspectiva de la interculturalidad.

Puedes inscribirte

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Una colaboración entre la Fundación Chilena para la Discapacidad y el Servicio Jesuita a Migrantes, se realizará un ciclo de charlas sobre temáticas de migración y discapacidad, orientada a trabajadores y colaboradores de ambas organizaciones, con el propósito de desarrollar competencias interculturales. Lo anterior es un esfuerzo conjunto por abordar las problemáticas que enfrentan las personas migrantes en situación de discapacidad y las dificultades que pueden encontrar al momento de buscar trabajo. 

La colaboración entre organizaciones, no solo busca concientizar sobre las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad al migrar, sino también ofrecer soluciones y herramientas para su integración exitosa en la sociedad chilena.

Dicha iniciativa contempla un enfoque integral, combinando la experiencia y conocimientos de FCHD y del Servicio Jesuita a Migrantes en áreas claves de migración y discapacidad.  Para lograr estos objetivos, se realizarán charlas formativas dirigidas a trabajadores y colaboradores de ambas fundaciones, con el propósito de desarrollar competencias interculturales y conocimientos relacionados con la migración contemporánea, el racismo y la interculturalidad.

“Es importante reconocer la interseccionalidad que se manifiesta cuando existen personas migrantes que además están en situación de discapacidad. También es relevante conocer cómo poder apoyar de mejor manera a las personas que están en esta condición, y entregar herramientas efectivas para que puedan ser incluidos en nuestro país”, dijo Matías Poblete, presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad.

Por su parte, Katerina Lazcano,  jefa Nacional del área de Formación en Servicio Jesuita a Migrantes, señala qué “Una lectura interseccional de la inclusión podría visibilizar las exclusiones sociales y estructurales que viven las personas migrantes y refugiadas que hoy se encuentran en situación de discapacidad y no cuentan con la misma calidad de acceso al derecho a la salud.

Cabe destacar que, el intercambio de conocimientos se llevará a cabo mediante un proceso de formación que fomente la participación y la reflexión. Los participantes podrán explorar enfoques relevantes para potenciar prácticas de acogida más inclusivas, y al mismo tiempo aprenderán a aplicar herramientas desde una perspectiva intercultural para promover el acceso y ejercicio de los derechos de las personas migrantes, especialmente aquellas en situación de discapacidad. 

Se espera que esta colaboración tenga un impacto positivo en la inclusión de personas migrantes con discapacidad en la sociedad chilena. Al fortalecer las competencias interculturales y sensibilizar a los trabajadores involucrados, se aspira a crear un entorno más acogedor y facilitador para aquellos que enfrentan desafíos adicionales al migrar.

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Un reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI), reveló una estimación actual de la población migrante en Chile, hasta diciembre de 2022. El documento llamado Estudio Estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile 2022, contiene estadísticas relevantes sobre las personas extranjeras en el país y su condición migratoria, entre otros factores medibles, como por ejemplo, los países de origen con mayor procedencia y la distribución geográfica en el territorio nacional.

Según la información publicada, en Chile hay 1.625.074 personas extranjeras residentes. Respecto a 2021, el aumento absoluto de la población fue de 60.914 personas y el relativo de 3,9%. En relación a los menores de edad que han ingresado, se contabilizan 210.521 niños, niñas y adolescentes (NNA), menores de 19 años migrantes, lo que representa el 13% del total de la población estimada, esto equivale a 14,9 NNA cada 100 adultos.

En cuanto a los principales países de orígen, existe una mínima variación en la posición de Haití, siendo superado por Colombia. De esta forma, las seis nacionalidades con más presencia en Chile son: Venezuela con un  32,8% , lo que equivale a 532.715 personas, le sigue Perú con un  15,4%, correspondiente a 250.908 personas, luego Colombia con 11,7%, con un total de 189.524 personas, Haití con un  11,4% , equivalente a 184.721 personas, Bolivia con un 9,1%, sumando en total 148.059 personas y finalmente Argentina con 4,9% y un total de 79.335 personas.

Por primera vez el informe contiene información estimada sobre la población migrante que se encuentra en situación irregular. Al 31 de diciembre de 2022, la aproximación señala que hay 107.223 personas extranjeras residentes en situación irregular, lo que corresponde al 6,6% del total de la estimación de este año. Las nacionalidades son principalmente de Venezuela con 65,9%, seguido de Bolivia con 11,3% y Colombia con 6,6%. En cuanto al análisis por género, la investigación revela que existe una mayor concentración de hombres, con un total de 61.985 personas, lo que representa un 57,8% sobre el total de este grupo.

Puedes ver el informe aquí Estimación población migrante 2022

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Declaración Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

16 de Octubre, 2025

El Servicio Jesuita a Migrantes, Hogar de Cristo, TECHO Chile, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fondo Esperanza y Comunidad Organizaciones Solidarias, realizaron la siguiente declaración conjunta que fue publicada por el diario El Mercurio. Chile ha dejado de hablar de pobreza y, sin embargo, millones de compatriotas ven afectados sus derechos fundamentales por […]

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